Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 36.486-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DE PRLA N° 2961/2015, en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I., al pago de una multa equivalente a pesos un millón seiscientos doce mil trescientos cincuenta y tres con 60/100 ($1.612.353,60), en los términos del art. 969 del C.A.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-39775769-APN-VOCXIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 20 de Abril de 2026 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “E”, Dres. Horacio Joaquín Segura (Vocal Subrogante), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria, con la presidencia del segundo de los Vocales nombrados, a fin de resolver en los autos caratulados: “CARGILL S.A.C.I. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expte. Nº 36.486-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 2961/2015 , dictada en la Actuación N° 12192-15673-2012, en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. a la pena de una multa cuyo monto asciende a la suma de $1.612.353,60, en los términos del art. 969 del C.A., art 9 de la Ley 21.453 y art. 1122 del C.A. Ello por cuanto no habría cumplido dentro del plazo establecido, con la exportación del 90% de la mercadería declarada en la DJVE N° 11 001 DJVE 002319P.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 19/31 y vta., se presenta la firma CARGILL S.A.C.I. mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, efectúa un breve relato de los antecedentes del caso. Manifiesta que se presentó de forma voluntaria ante la UCESCI informando que por cuestiones logísticas atribuibles al comprador del exterior, era necesario que se le otorgue una prórroga para el cumplimiento de la DJVE en cuestión. Indica que en la mencionada presentación solicitó que para el caso en que no se le concediera la prorroga se le aplique el art 917 del CA, es decir la multa mínima correspondiente al art 969 del CA, con la atenuación del 75% prevista en el instituto de la autodenuncia. Continúa con un pormenorizado análisis de la normativa atinente al caso. Fundamenta la procedencia de la aplicación del instituto de la autodenuncia. Cita el texto del art. 917 del C.A. y el art. 1 del Decreto 142/2010. Asegura que la presentación efectuada fue realizada sin que el error cometido fuese previamente detectado por el servicio aduanero y sin que hubiera en curso un proceso de inspección aduanera respecto de dicha operación. Considera que el rechazo a su pretensión efectuado por el servicio aduanero, basado en el inciso 3 del art. 917 del CA, ha sido superado por la jurisprudencia que cita. Analiza el texto del art. 9 de la Ley 21.453 y del art. 969 del C.A. Cuestiona el hecho de que se le impute la infracción prevista en el art. 969 del C.A. y, sin embargo, se le establezca la sanción del 15% prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, lo cual considera violatorio de los principios de legalidad, debido proceso y defensa en juicio. Refiere a la retroactividad de la ley penal más benigna. Subsidiariamente invoca la inaplicabilidad del art. 969 del C.A. toda vez que el registro de las DJVE no significa a su criterio el acogimiento voluntario a un régimen opcional, y solicita la atenuación de la multa mínima por aplicación de los arts. 915 y 916 del C.A. Finalmente, hace reserva del Caso Federal, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 42/45 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, realiza una muy breve reseña de los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Niega que en el caso resulte de aplicación lo normado en el art 917 del CA, argumentando que el plazo para el que habría sido viable la autodenuncia debe ser computado desde el vencimiento de la DJVE (23/08/2011), siendo que al momento de hacer la presentación ante la UCESCI ya se encontraba vencido. Alude que la autodenuncia pretendida por la recurrente resulta extemporánea e inoficiosa. Invoca lo establecido en el apartado 3 del art 917 del CA y arguye que el incumplimiento de una DJVE es uno de los supuestos allí previstos al tratarse de una obligación sujeta al mero cumplimiento de un plazo. Cita jurisprudencia, aduce que en la causa el plazo para la autodenuncia venció el 23/08/2011 y recién se realizó el 14/09/2011 ante la UCESCI y no ante la Aduana. Manifiesta que tampoco resulta aplicable la graduación prevista en el art 916 del CA. Manifiesta que la recurrente no ha desvirtuado el hecho imputado. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita que se confirme el fallo recurrido, con costas.
IV. Que a fs. 46 se declara la causa de puro derecho. A fs. 90 se elevan los autos a la Sala “E” y a fs. 91 se los pasa a sentencia.
V. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12192-15673-2012 se iniciaron a fs. 1 con la cédula de notificación dirigida a CARGILL S.A.C.I., por la que se la intima a presentar los permisos de embarque cancelatorios de una serie de DJVE, entre las que se encuentra la DJVE N° 11 001 DJVE 002319P, obrando a fs. 4/6 la documentación aportada por la exportadora. A fs. 9 se encuentra el Acta de denuncia de fecha 24/10/12 “POR CUMPLIR EN MENOS DEL 90% LA DECLARACIÓN JURADA DE VENTAS AL EXTERIOR 11001DJVE002319P, NO ALCANZANDO EL MÍNIMO TOLERABLE POR LA NORMATIVA VIGENTE RESOLUCIÓN 1365/02 (AFIP), ANEXO II, PUNTO 7, RESULTANDO DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN EL ART. 969 DEL CÓDIGO ADUANERO”. A fs. 10 luce la Nota N° 2119/12 (DV REEX) de fecha 25/10/12. A fs. 11, el 31/10/2012, se liquida la multa mínima por la suma de $1.612.353,60. A fs. 12, con fecha 02/11/12, se dispone la apertura del sumario y la corrida de vista al considerar configurada “prima facie” la infracción prevista y penada por el art. 969 del C.A. de conformidad con lo dispuesto por el art. 9 de la ley 21.453, sus decretos y resoluciones reglamentarias y modificatorias. A fs. 14 luce la cédula de notificación respectiva (diligenciada el 05/11/12). A fs. 33/38 obra la contestación de vista formulada por la exportadora. A fs. 39 se tiene por contestada la vista y por reconocida la documental aportada. A fs. 40 se declara la cuestión de puro derecho. A fs. 44/52 se agregan prints de pantalla del registro de infractores. Finalmente, a fs. 53/57 obra la resolución aduanera apelada en autos (Res. DE PRLA N° 2961/15) mediante la cual se condena a CARGILL S.A.C.I. al pago de la multa que asciende a la suma de $1.612.353,60, en los términos de los arts. 969 del C.A., ley 21.453 y art 1122 del C.A.
VI. Que no se encuentra discutido ante esta instancia que la recurrente no ha cumplido con la exportación del 90% de la mercadería documentada mediante la DJVE N° 11 001 DJVE 002319P, la cual ha sido comercializada bajo el régimen establecido en la Ley 21.354 y que, en consecuencia, mediante la resolución apelada en autos, se le exija a la actora el pago de una multa en los términos del artículo 969 del C.A., Ley 21.453 y art. 1.122 del C.A.
Que, el artículo 969 del C.A. dispone que “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto por el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731, será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”
Que, por su parte, el artículo 730 del C.A. dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.”
Que, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada…”.
Que, el Acta labrada por la DGA, obrante a fs. 9 de las act. adm., funda la denuncia en la Resolución AFIP N° 1365/02, que establecía en su Anexo II, punto 7, que “El sistema sólo permitirá a la Aduana de registro de la DJVE cancelar esta declaración cuando cumpla o supere el NOVENTA POR CIENTO (90%) del volumen declarado, en caso contrario emitirá un mensaje informando sobre la anormalidad del hecho (…) impidiéndole su cancelación”.
Que dicha norma ha sido abrogada mediante la Resolución General N° 4977/2021 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021), la cual dispone, en cuanto aquí interesa: “5. Cierre y cancelación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). 5.1. Cierre. a) La cantidad embarcada debe ser igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) y menor o igual al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104%) de la cantidad declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). (…) Cuando, a la fecha de su vencimiento, una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) tenga un nivel de cumplimiento inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %) o superior al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104 %), el Sistema Informático MALVINA (SIM) efectuará una marca sobre la misma para que sea analizada, en conjunto con las destinaciones definitivas de exportación por la aduana de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de corresponder, se procederá a efectuar la denuncia pertinente,…”.
VII. Que corresponde entonces dirimir si la multa aplicada a la firma CARGILL S.A.C.I., mediante la resolución aquí apelada, se encuentra ajustada a derecho o no.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante la DJVE Nro. 11 001 DJVE 002319P, oficializada en los términos de la Ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 6.000 TONELADAS de la mercadería clasificada en la P.A. 1107.10.10.190D a un valor FOB unitario de U$S435 por TN. (ver copia de la DJVE aportada por la firma exportadora a fs. 5 de las actuaciones administrativas). No obstante, tanto la aquí recurrente como el fisco en sede aduanera, coinciden en que no se cumplió con la exportación del 90% de la mercadería por una diferencia de 5.400 toneladas. Ello, de conformidad con el cálculo efectuado por el servicio aduanero (ver fs. 10 y 11 de las actuaciones administrativas) y lo informado por CARGILL S.A.C.I. tanto en sede aduanera (ver Nota y contestación de vista obrantes –respectivamente- a fs. 4 y 33/38 y vta de las actuaciones administrativas) como ante esta instancia mediante la apelación deducida.
Que, de este modo, la recurrente reconoce no haber cumplido con el porcentaje de exportación legalmente requerido a los fines de tener por cancelada la DJVE comprometida, invocando circunstancias logísticas de fuerza mayor, ajenas a la voluntad de la firma, atribuibles al cliente del exterior y señala que fue en razón de ello que solicitó la pertinente prórroga de la operación.
VIII. Que el art. 1 de la Resolución Conjunta General 2606 y 4122/2009, sustituye el art. 8º de la Resolución ONCCA Nº 543 del 28/05/08 y sus modificatorias, en los siguientes términos: “Fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de validez del "ROE VERDE" para que el exportador oficialice las destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. (…) El plazo de validez del "ROE VERDE" comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha de la autorización conferida por la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA), la que será comunicada mediante el sitio "web" "www.oncca.gob.ar" y sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de dicha Oficina Nacional, a solicitud del interesado y siempre que se hubiere configurado caso fortuito o fuerza mayor dentro del período de su validez. Se entenderá por fuerza mayor la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería, lo que deberá ser acreditado por el interesado al momento de la solicitud de la prórroga referida. …”.
Que conforme lo expuesto precedentemente y la documentación obrante en autos, la DJVE aquí involucrada no fue cumplida y si bien a fs. 30 obra el pedido de prorroga formulado ante la UCESCI con fecha 14/09/2011 el mismo fue presentado una vez vencido el plazo de validez de la DJVE / ROE verde en trato. A ello cabe agregar que no obra en la causa que la recurrente hubiera acreditado la configuración de caso fortuito o de fuerza mayor que haya impedido su cumplimiento, incumpliéndose así la normativa vigente. Cabe destacar que en el mencionado pedido es la propia exportadora la que aduce que “…para el caso en el que se considere que Cargill ha cometido alguna infracción solicito la aplicación del artículo 917 del Código Aduanero”.
Que el acogimiento al régimen de la ley N° 21.453 fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de venta).
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos “Medefin S.A.”, sentencia del 01/10/91)
Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en la DJVE cuestionada sin que se haya cumplido -como lo reconoce la actora- con la referida exportación del tonelaje mínimo del 90 %, y resultando inoponibles a la Aduana las circunstancias logísticas ajenas a la voluntad de la firma, que no han sido acreditadas ni probadas en la causa, considero ajustada a derecho la aplicación de una multa por parte del servicio aduanero.
IX. Que ahora bien, y en virtud de la redacción del artículo 1 de la parte resolutiva de la resolución aduanera aquí apelada, corresponde determinar si la multa que debe aplicarse es la establecida en el art. 969 del C.A. o bien la dispuesta en el art. 9 de la Ley 21.453. Ello así también en tanto ha sido materia de agravio por parte de la apelante. Que en consonancia con lo resuelto en recientes causas que tramitaran ante la Vocalía de la 21° Nominación, en la que me desempeño como Vocal Titular (Causa Nº 32.411-A “BUYATTI S.A.I.C.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 05/05/2023 y Causa Nº 31.839-A "BIOCARDALES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 20/04/2023), y a raíz de lo dispuesto por la Resolución General 4977/2021, la cual dispone expresamente en su artículo 3 que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero …”, cabe señalar que, más allá de la especificidad del régimen contenido en la Ley 21.453, la AFIP, dando intervención a la propia DGA (como bien surge del considerando de la RG 4977/2021), ha dejado sentado expresamente que en lo atinente al ámbito sancionatorio se aplica el procedimiento infraccional previsto en el Código Aduanero.
Que si bien la norma en comentario entró en vigencia el 28/04/21, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, considero que la misma debe ser aplicada al caso de autos. Ello, con fundamento en los principios de derecho penal aplicables al ámbito del derecho aduanero. Así lo ha entendido prestigiosa doctrina al citar jurisprudencia de la CSJN la cual “… ha destacado la naturaleza penal de las sanciones aduaneras y la aplicación a la materia de los principios generales de derecho penal. Ha señalado que, visto que la multa aduanera no tiene carácter retributivo del daño causado, sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de normas legales, debe considerársela de tipo represivo. También se ha señalado que la existencia de un interés de tipo fiscal no obsta a su naturaleza principalmente punitiva, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios generales del derecho penal.”. Continúa diciendo el autor citado que “En relación a la validez temporal de la ley penal, el principio general es que resulta aplicable la ley vigente al momento de la comisión de la infracción. Es un derivado natural del principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales. (…) El principio de aplicación de la ley penal más benigna, constituye una excepción a este principio general que se encuentra tutelado en el art. 18 de la CN (…) La excepción resulta plenamente justificada (…) la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas (…) La ley más benigna es la que produce, en el caso concreto, el resultado más favorable para el autor. Y a ese efecto, corresponderá al juez resolver en el caso concreto, a partir de ambos marcos normativos para determinar cuál arroja el resultado más favorable para el imputado. …” (Juan Patricio Cotter, Estudios de Derecho Aduanero, Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, Ed. Abeledo Perrot).
Que el propio Código Aduanero recepta en su artículo 899 el principio de ley penal más benigna en los siguientes términos: “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado.…”, dejando a salvo una excepción al principio: “… No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.”
Que en base a dichos fundamentos, y teniendo en cuenta que el principio de irretroactividad de la ley contiene en el ámbito del derecho penal (aplicable al campo sancionatorio del derecho aduanero) una excepción cuando se trata de una ley penal más benigna, considero que contando actualmente con una norma que expresamente dispone que a los fines de la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, se debe aplicar el procedimiento para las infracciones previsto en el Código Aduanero, y siendo que allí el artículo 969 prevé una multa que podría graduarse entre el 10 y el 20% “… del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”, ofreciendo así una graduación que podría ser menor a la multa del 15% que estipula la Ley 21.453, entiendo que en el caso procede estar a lo dispuesto por la RG 4977/21. La cual, por otro lado, enfatiza el principio de especialidad al regular, ya sin lugar a otras interpretaciones jurisprudenciales o doctrinarias, la aplicación del régimen para las infracciones previsto en el Código Aduanero, dentro del que se encuentra la infracción del artículo 969.
X. Que la recurrente sostiene que, en virtud de haber presentado la autodenuncia por el incumplimiento de la DJVE comprometida, de conformidad con lo establecido por el art. 917 del C.A., corresponde reducir el importe de la multa que se le pretende aplicar.
Que, por su parte, el servicio aduanero considera que la multa prevista en el art. 969 del C.A. no puede ser reducida en virtud de encontrarse encuadrada en el apartado 3 del art. 917 del C.A.
Que, corresponde entonces, me expida respecto de si la multa exigida a la recurrente, en virtud de la infracción prevista en el art. 969 del C.A., puede acogerse al beneficio de la autodenuncia preceptuado por el art. 917 del mencionado cuerpo legal.
Que el art. 917 del CA prevé un supuesto de atenuación, por el cual se reduce la multa en el 75% de su importe mínimo, que es el de la autodenuncia. Antes de la ley 25.986 -BO 5/1/2005-, este beneficio sólo se circunscribía a las declaraciones inexactas y se limitaba a supuestos muy reducidos. La ley 25.986 amplió los supuestos y extendió el beneficio a todas las infracciones aduaneras.
Que el actual art. 917 del CA, aplicable en la especie (según la reforma introducida por la ley 25.986) dispone: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: “a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o “b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería. “2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación 3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”.
Que, si bien no se trata de una infracción de fondo al régimen de destinaciones suspensivas, el régimen especial bajo el cual la actora confeccionó la DJVE (Ley 21.453) sí conlleva una obligación -material- y un plazo determinado para su realización. Por lo que, el mentado régimen no se encuentra excluido de aquellas “destinaciones u operaciones” descritas en el apartado 3 del precepto legal examinado, toda vez que no surge de este último que se encuentre taxativamente circunscripto a las infracciones relativas a destinaciones suspensivas, sino que -recalco- a todas aquéllas “destinaciones u operaciones” cuya realización se halle sujeta a un plazo reglado.
Que, en conclusión, el supuesto en trato encuadra en el ap. 3 del art. 917 del C.A., por lo cual no puede beneficiarse con el instituto de la autodenuncia.
XI. Que, en consecuencia de todo lo antes expuesto se impone la aplicación de la sanción prevista en el art. 969 del C.A., correspondiendo en este caso, y en base a lo analizado en los considerandos precedentes, confirmar la multa del 15% dispuesta por la Aduana. Ello en tanto y en cuanto, en razón de las particularidades del caso y las constancias del registro de infractores obrantes en la causa, no resulta de aplicación la reducción prevista por el art. 916 del CA.
XII. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas a la vencida (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 2961/2015, en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I., al pago de una multa equivalente a pesos un millón seiscientos doce mil trescientos cincuenta y tres con 60/100 ($1.612.353,60), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas a la vencida.
El Dr. Héctor Juárez dijo:
Adhiero en lo sustancial al Voto del Sr. Vocal preopinante.
El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
Adhiero al Voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución DE PRLA N° 2961/2015, en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I., al pago de una multa equivalente a pesos un millón seiscientos doce mil trescientos cincuenta y tres con 60/100 ($1.612.353,60), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese a la actora en el CUIT 27-23696433-2 (Dra. Bacigalupo), a los Dres Hood en el CUIT 27- 26372215-4, Caniggia Bengolea en el CUIT 20-28910209-5, Mallea en el CUIT 23-24312017-9 y al fisco nacional en el CUIT 33-69345023-9 y oportunamente por Secretaría General de Asuntos Aduaneros remítanse en devolución las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Horacio J. Segura (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 14ª Nominación), Héctor H. Juárez y Juan Manuel Soria (cfme Art. 1162 del C.A.).
Date: 2026.04.20 13:15:23 ART Date: 2026.04.20 17:34:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Hector Hugo Juarez Juan Manuel Soria Vocal Vocal Vocalía XV Sala E Competencia Aduanera Vocalía XIII Sala E Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.04.20 18:09:02 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Subrogante Vocalía XIV Sala E Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.04.20 18:09:31 -03:00
Fin de la sentencia