Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 32.536-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 7964/2012, en cuanto condena a CARGILL S.A.C.I. al pago de una multa –la que se reduce- equivalente a pesos doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos veinticinco con 97/00 ($ 286.425,97.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a la actora y 33 % al fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-105457286-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Septiembre de 2023 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Horacio Joaquín Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis, a fin de resolver en los autos caratulados: “CARGILL S.A.C.I. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expte. Nº 32.536-A.
El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 7964/2012, dictada en la Actuación N° 13289-11300-2012, en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. a la pena de una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 429.638,96, en los términos del art. 969 del C.A., de la Ley 21.453 y art. 1122 del C.A. Ello por cuanto no habría cumplido dentro del plazo establecido, con la exportación del 90% de la mercadería declarada en la DJVE N° 11 001 DJVE 013939 C.
II. Fundamentos de la apelación: A fs. 24/33 se presenta CARGILL S.A.C.I. mediante apoderado, e interpone recurso de apelación contra la resolución mencionada. En primer lugar, efectúa un breve relato de los antecedentes del caso. Manifiesta que se presentó de forma voluntaria ante el servicio aduanero informando el incumplimiento de la DJVE y solicitando la atenuación de la multa con motivo de la autodenuncia. Continua con un pormenorizado análisis de normativa atinente al caso. Fundamenta la procedencia de la aplicación del instituto de la autodenuncia. Sostiene que habiéndose prepagado los derechos de exportación por el 90% de la mercadería que se debía exportar, resulta evidente que el incumplimiento autodenunciado fue producto de un error en el sistema informático de seguimiento de las DJVE. Cita el texto del art. 917 del C.A. y el art. 1 del Decreto 142/2010. Asegura que la presentación efectuada fue realizada sin que el error cometido fuese previamente detectado por el servicio aduanero y sin que hubiera en curso un proceso de inspección aduanera respecto de dicha operación. Considera que el rechazo efectuado por el servicio aduanero, basado en el inciso 3 del art. 917, ha sido superado por la jurisprudencia, la cual cita. Analiza el texto del art. 9 de la Ley 21.453 y del art. 969 del C.A. Cuestiona el hecho de que se le impute la infracción prevista en el art. 969 del C.A. y, sin embargo, se le establezca la sanción del 15% prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, lo cual considera violatorio de los principios de legalidad, debido proceso y defensa en juicio. Refiere a la retroactividad de la ley penal más benigna. Subsidiariamente sostiene la inaplicabilidad del art. 969 del C.A. toda vez que el registro de las DJVE no significa a su criterio el acogimiento voluntario a un régimen opcional, y solicita la atenuación de la multa mínima por aplicación de los arts. 915 y 916 del C.A. Finalmente, hace la reserva del caso federal, ofrece prueba y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
III. Contestación del traslado: A fs. 44/50 se presenta la representante del fisco y contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. En primer lugar, realiza una muy breve reseña de los hechos y niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no fueran objeto de su expreso reconocimiento. Cita los arts. 728, 729, 730 y 731 del C.A. En un apretado análisis, hace referencia al sistema de responsabilidad infraccional aduanera, a través de jurisprudencia que cita al respecto. Finalmente, hace la reserva del caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que se confirme el fallo recurrido, con costas.
IV. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 13289-11300-2012 se iniciaron a fs. 1/5 con la presentación efectuada por CARGILL S.A.C.I. en fecha 18/05/12 con motivo de la autodenuncia. A fs. 15/26 lucen copias acompañadas por la firma exportadora de la siguiente documentación: DJVE N° 11 001 DJVE 013939 C, PE N° 12 052 EC01 000494 G, PE N° 12 057 EC01 000542 F, PE N° 12 057 EC01 000541 E, PE N° 12 052 EC01 000733 C, PE N° 12 003 EC01 000650 T, PE N° 12 052 EC01 003258 H y PE N° 12 052 EC01 003273 E. A fs. 28 se agregan prints de pantalla. A fs. 30 se encuentra el Acta de denuncia de fecha 12/06/12 “POR CUMPLIR EN MENOS DEL 90% LA DECLARACIÓN JURADA DE VENTA AL EXTERIOR 11 001 DJVE 013939 C, NO ALCANZANDO EL MÍNIMO TOLERABLE POR LA NORMATIVA VIGENTE RESOLUCIÓN 1365/02 (AFIP), ANEXO II, PUNTO 7, RESULTANDO DE APLICACIÓN LO DISPUESTO EN EL ART. 969 DEL CÓDIGO ADUANERO”. A fs. 31 luce la Nota N° 1027/12 (DV REEX) de fecha 12/06/12. A fs. 32 se liquida en fecha 22/06/12 la multa mínima por la suma de $ 429.638,96. A fs. 33, con fecha 05/07/12 se dispone la apertura del sumario y la corrida de vista al considerar configurada “prima facie” la infracción prevista y penada por el art. 969 del C.A. de conformidad con lo dispuesto por el art. 9 de la ley 21.453, sus decretos y resoluciones reglamentarias y modificatorias. A fs. 35 luce la cédula de notificación respectiva (notificada en fecha 16/07/12). A fs. 36/40 obra la contestación de vista de fecha 03/08/12. A fs. 41 se tiene por contestada la vista, por reconocida la documental y se declara la cuestión de puro derecho. Finalmente, a fs. 42/45vta. obra la resolución aduanera apelada en autos (Res. DE PRLA N° 7964/12) mediante la cual se condena a CARGILL S.A.C.I. al pago de la multa que asciende a la suma de $ 429.638,96, en los términos de los arts. 969 del C.A., ley 21.453 y art 1122 del C.A.
V. Que no se encuentra discutido ante esta instancia que la recurrente no ha cumplido con la exportación del 90% de la mercadería documentada mediante la DJVE Nro. 11 001 DJVE 013939 C, la cual ha sido comercializada bajo el régimen establecido en la Ley 21.354 y que, en consecuencia, mediante la resolución apelada en autos, se le exige a la actora el pago de una multa en los términos del artículo 969 del C.A., Ley 21.453 y art. 1.122 del C.A.
Que, el artículo 969 del C.A. dispone que “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto por el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731, será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”
Que, por su parte, el artículo 730 del C.A. dispone que “Cuando hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729, el exportador deberá, una vez registrado el contrato y dentro de los plazos que al efecto se establecieren, cumplir con la respectiva exportación. Se considerará que se ha cumplido con la exportación cuando la misma comprendiere por lo menos a un NOVENTA (90%) por ciento de la cantidad, peso o volumen declarados en el contrato registrado, de acuerdo a la especie de mercadería de que se tratare.” Que, el art. 9° de la ley 21.453 preceptúa: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador. El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada. …”.
Que, el Acta labrada por la DGA, obrante a fs. 30 de las act. adm., funda la denuncia en la Resolución AFIP N° 1365/02, la cual establecía en su Anexo II, punto 7, que “El sistema sólo permitirá a la Aduana de registro de la DJVE cancelar esta declaración cuando cumpla o supere el NOVENTA POR CIENTO (90%) del volumen declarado, en caso contrario emitirá un mensaje informando sobre la anormalidad del hecho (…) impidiéndole su cancelación.”.
Que dicha norma ha sido abrogada mediante la Resolución General N° 4977/2021 (B.O. 28/04/2021, modif. por Res. Gral. N° 5053/2021), la cual dispone, en cuanto aquí interesa: “5. Cierre y cancelación de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). 5.1. Cierre. a) La cantidad embarcada debe ser igual o superior al NOVENTA POR CIENTO (90%) y menor o igual al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104%) de la cantidad declarada en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). (…) Cuando, a la fecha de su vencimiento, una Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE) tenga un nivel de cumplimiento inferior al NOVENTA POR CIENTO (90 %) o superior al CIENTO CUATRO POR CIENTO (104 %), el Sistema Informático MALVINA (SIM) efectuará una marca sobre la misma para que sea analizada, en conjunto con las destinaciones definitivas de exportación por la aduana de registro de la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE). En caso de corresponder, se procederá a efectuar la denuncia pertinente,…”.
VI. Que corresponde entonces dirimir si la multa aplicada a la firma CARGILL S.A.C.I., mediante la resolución aquí apelada, se encuentra ajustada a derecho o no.
Que conforme surge de las actuaciones administrativas, mediante la DJVE Nro. 11 001 DJVE 013939 C, oficializada en los términos de la Ley 21.453, la actora comprometió la exportación de 20.000 TONELADAS de la mercadería clasificada en la P.A. 1507.10.00.100Q a un valor FOB unitario de U$S 1.082 por TN. (ver copia de la DJVE aportada por la firma a fs. 15 de las actuaciones administrativas). No obstante, tanto la aquí recurrente como el fisco en sede aduanera, coinciden en que no se cumplió con la exportación del 90% de la mercadería por una diferencia de 609,39 toneladas. Ello, de conformidad con el cálculo efectuado por el servicio aduanero (ver fs. 28 y 31 de las actuaciones administrativas) y lo informado por CARGILL S.A.C.I. tanto en sede aduanera (ver autodenuncia y contestación de vista obrantes –respectivamente- a fs. 1/5vta y 36/40 de las actuaciones administrativas) como ante esta instancia mediante la apelación deducida. Que, de este modo, la recurrente reconoce no haber cumplido con el porcentaje de exportación legalmente requerido a los fines de tener por cancelada la DJVE comprometida, argumentando que la causa ha sido un error en el sistema informático de seguimiento de las DJVE, lo que le permitió considerar que se había alcanzado el 90% exigible.
VII. Que el art. 1 de la Resolución Conjunta General 2606 y 4122/2009, sustituye el art. 8º de la Resolución ONCCA Nº 543 del 28/05/08 y sus modificatorias, en los siguientes términos: “Fíjase en CUARENTA Y CINCO (45) días corridos el plazo de validez del "ROE VERDE" para que el exportador oficialice las destinaciones de exportación ante la Dirección General de Aduanas. (…) El plazo de validez del "ROE VERDE" comenzará a correr a partir del día hábil siguiente a la fecha de la autorización conferida por la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO (ONCCA), la que será comunicada mediante el sitio "web" "www.oncca.gob.ar" y sólo podrá prorrogarse mediante acto expreso de dicha Oficina Nacional, a solicitud del interesado y siempre que se hubiere configurado caso fortuito o fuerza mayor dentro del período de su validez. Se entenderá por fuerza mayor la falta de disponibilidad logística para el transporte de la mercadería, lo que deberá ser acreditado por el interesado al momento de la solicitud de la prórroga referida. …”.
Que conforme lo expuesto precedentemente y la documentación obrante en autos, la DJVE aquí involucrada no fue cumplida y tampoco consta que se haya pedido a su respecto alguna prórroga durante el plazo de validez de la misma, o bien que se hubiese acreditado la configuración de caso fortuito o de fuerza mayor que haya impedido su cumplimiento, incumpliéndose así la normativa vigente. Que el acogimiento al régimen de la ley N° 21.453 fue voluntario, por el cual la recurrente debía cumplir ciertas obligaciones (exportar al menos el 90% de la mercadería declarada en el plazo reglado a tal fin), teniendo como contrapartida los beneficios otorgados por la normativa (tipo de cambio aplicable al momento de la fecha de cierre de venta).
Que cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos “Medefin S.A.”, sentencia del 01/10/91)
Que, así las cosas, según se constata en el caso de autos, y habiendo operado el vencimiento para la exportación de la mercadería documentada en la DJVE involucrada sin que se haya cumplido –como lo reconoce la actora- con la referida exportación del tonelaje mínimo del 90 %, y resultando inoponible a la Aduana la circunstancia que alega respecto al error en el sistema de seguimiento de las DJVE, considero ajustada a derecho la aplicación de una multa por parte del servicio aduanero.
Ahora bien, y en virtud de la redacción del artículo 1 de la parte resolutiva de la resolución aduanera aquí apelada, corresponde determinar si la multa que debe aplicarse es la establecida en el art. 969 del C.A. o bien la dispuesta en el art. 9 de la ley 21.453. Ello así también en tanto ha sido materia de agravio por parte de la apelante.
VIII. Que en consonancia con lo resuelto en recientes causas que tramitaran ante esta misma Vocalía (Causa Nº 32.411-A “BUYATTI S.A.I.C.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 05/05/2023 y Causa Nº 31.839-A "BIOCARDALES S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”, Sent. del 20/04/2023), y a raíz de lo dispuesto por la Resolución General 4977/2021, la cual dispone expresamente en su artículo 3 que: “A los efectos de las sanciones previstas en los artículos 8° y 9° de la Ley N° 21.453 y sus modificaciones, será de aplicación el procedimiento para las infracciones y el régimen recursivo establecido en el Código Aduanero. …”, cabe señalar que, más allá de la especificidad del régimen contenido en la Ley 21.453, la AFIP, dando intervención a la propia DGA (como bien surge del considerando de la RG 4977/2021), ha dejado sentado expresamente que en lo atinente al ámbito sancionatorio se aplica el procedimiento infraccional previsto en el Código Aduanero.
Que si bien la norma en comentario entró en vigencia el 28/04/21, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, considero que la misma debe ser aplicada al caso de autos. Ello, con fundamento en los principios de derecho penal aplicables al ámbito del derecho aduanero. Así lo ha entendido prestigiosa doctrina al citar jurisprudencia de la CSJN la cual “… ha destacado la naturaleza penal de las sanciones aduaneras y la aplicación a la materia de los principios generales de derecho penal. Ha señalado que, visto que la multa aduanera no tiene carácter retributivo del daño causado, sino que tiende a prevenir y reprimir la violación de normas legales, debe considerársela de tipo represivo. También se ha señalado que la existencia de un interés de tipo fiscal no obsta a su naturaleza principalmente punitiva, de donde se deriva la aplicabilidad a la materia de los principios generales del derecho penal.”. Continúa diciendo el autor citado que “En relación a la validez temporal de la ley penal, el principio general es que resulta aplicable la ley vigente al momento de la comisión de la infracción. Es un derivado natural del principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de las leyes penales. (…) El principio de aplicación de la ley penal más benigna, constituye una excepción a este principio general que se encuentra tutelado en el art. 18 de la CN (…) La excepción resulta plenamente justificada (…) la nueva ley se aplica a los hechos cometidos con anterioridad a su vigencia si sus disposiciones resultan más benignas (…) La ley más benigna es la que produce, en el caso concreto, el resultado más favorable para el autor. Y a ese efecto, corresponderá al juez resolver en el caso concreto, a partir de ambos marcos normativos para determinar cuál arroja el resultado más favorable para el imputado. …” (Juan Patricio Cotter, Estudios de Derecho Aduanero, Homenaje a los 30 años del Código Aduanero, Ed. Abeledo Perrot)
Que el propio Código Aduanero recepta en su artículo 899 el principio de ley penal más benigna en los siguientes términos: “Si la norma penal vigente al tiempo de cometerse la infracción fuere distinta de la que estuviere vigente al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará la que resultare más benigna al imputado. …”, dejando a salvo una excepción al principio: “… No surtirá ese efecto la que modificare el tratamiento aduanero o fiscal de la mercadería.”
Que en base a dichos fundamentos, y teniendo en cuenta que el principio de irretroactividad de la ley contiene en el ámbito del derecho penal (aplicable al campo sancionatorio del derecho aduanero) una excepción cuando se trata de una ley penal más benigna, considero que contando actualmente con una norma que expresamente dispone que a los fines de la aplicación de la sanción prevista en el art. 9 de la Ley 21.453, se debe aplicar el procedimiento para las infracciones previsto en el Código Aduanero, y siendo que allí el artículo 969 prevé una multa que podría graduarse entre el 10 y el 20% “… del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada.”, ofreciendo así una graduación que podría ser menor a la multa del 15% que estipula la Ley 21.453, entiendo que en el caso procede estar a lo dispuesto por la RG 4977/21. La cual, por otro lado, enfatiza el principio de especialidad al regular, ya sin lugar a otras interpretaciones jurisprudenciales o doctrinarias, la aplicación del régimen para las infracciones previsto en el Código Aduanero, dentro del que se encuentra la infracción del artículo 969.
IX. Que la recurrente sostiene que, en virtud de haber presentado la autodenuncia por el incumplimiento de la DJVE comprometida, de conformidad con lo establecido por el art. 917 del C.A., corresponde reducir el importe de la multa que se le pretende aplicar. Que, por su parte, la Aduana en la resolución apelada (no así en la contestación del recurso donde nada dice al respecto) considera que la multa prevista en el art. 969 del C.A. no puede ser reducida en virtud de encontrarse encuadrada en el apartado 3 del art. 917 del C.A.. Que, corresponde entonces, me expida respecto de si la multa exigida a la recurrente, en virtud de la infracción prevista en el art. 969 del C.A., puede acogerse al beneficio de la autodenuncia preceptuado por el art. 917 del mencionado cuerpo legal.
Que el art. 917 del CA prevé un supuesto de atenuación, por el cual se reduce la multa en el 75% de su importe mínimo, que es el de la autodenuncia. Antes de la ley 25.986 -BO 5/1/2005-, este beneficio sólo se circunscribía a las declaraciones inexactas y se limitaba a supuestos muy reducidos. La ley 25.986 amplió los supuestos y extendió el beneficio a todas las infracciones aduaneras. Que el actual art. 917 del CA, aplicable en la especie (según la reforma introducida por la ley 25.986) dispone: “1.- El importe mínimo de la multa que correspondiere en una infracción aduanera se reducirá en un setenta y cinco por ciento (75%) y, sin necesidad de proceder a la apertura del sumario, aplicará dicha sanción y se dispondrá la pertinente rectificación, cuando el responsable comunicare por escrito la existencia de la misma ante el servicio aduanero con anterioridad a que: “a) éste por cualquier medio lo hubiere advertido; o “b) en el trámite del despacho se hubiera dado a conocer que la declaración debiera someterse al control documental o a la verificación de la mercadería.
“2.- La reducción de pena procederá aun cuando la comunicación se hiciera con posterioridad al libramiento de la mercadería, siempre que no hubiere en curso un proceso de inspección aduanera o impositiva y el servicio aduanero pudiere constatar la inexactitud, en los plazos y con las formalidades que establezca la reglamentación “3.- La reducción de pena no procederá en los supuestos en los cuales la infracción consistiera en el mero incumplimiento de los plazos acordados para la realización de determinadas destinaciones u operaciones”.
Que, si bien no se trata de una infracción de fondo al régimen de destinaciones suspensivas, el régimen especial bajo el cual la actora confeccionó la DJVE (Ley 21.453) sí conlleva una obligación -material- y un plazo determinado para su realización. Por lo que, el mentado régimen no se encuentra excluido de aquellas “destinaciones u operaciones” descritas en el apartado 3 del precepto legal examinado, toda vez que no surge de este último que se encuentre taxativamente circunscripto a las infracciones relativas a destinaciones suspensivas, sino que - recalco- a todas aquéllas “destinaciones u operaciones” cuya realización se halle sujeta a un plazo reglado.
Que, en conclusión, el supuesto en trato encuadra en el ap. 3 del art. 917 del C.A., por lo cual no puede beneficiarse con el instituto de la autodenuncia.
X. Que, sentado el marco normativo a aplicar, y habiendo considerado inaplicable al caso el instituto de la autodenuncia (art. 917 del C.A.), según se constata en el caso de autos, y si bien no se ha demostrado causal alguna de exclusión total de la culpabilidad, debe considerarse la graduación de la sanción aplicada.
Que, en efecto, el acta de denuncia data del 12/06/2012 (ver fs. 30 de las act. adm.), es decir, resulta a todas luces posterior a la presentación efectuada por la firma ante la DGA con fecha 18/05/2012 anoticiando del incumplimiento de la DJVE N° 11 001 DJVE 013939 C, pudiendo en dicha oportunidad tomar conocimiento el servicio aduanero.
Que, por ende, y teniendo en cuenta lo expuesto en el considerando precedente en torno a lo dispuesto por el artículo 3 de la RG AFIP 4977/2021, considero aplicable al caso de autos la reducción del art. 916 del CA., en tanto, la recurrente había denunciado una infracción aún no advertida por el servicio aduanero. En dicho sentido, propicio que se fije la multa en el mínimo del 10% establecido en el artículo 969 del C.A., lo que da por resultado una multa de $ 286.425,97.
XI. En cuanto a las costas, corresponde imponerlas según los respectivos vencimientos (art. 1163 del C.A.).
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 7964/2012, en cuanto condena a CARGILL S.A.C.I. al pago de una multa –la que se reduce- equivalente a pesos doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos veinticinco con 97/00 ($ 286.425,97.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a la actora y 33 % al fisco.
El Dr. Miguel Nathan Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a VII del voto del Dr. Segura y a ellos me remito por motivos de brevedad, excepto en lo señalado en el Considerando VIII -que no incide en la resolución del presente-.
II. Adhiero al criterio del Dr. Segura en cuanto sostiene que se trata en autos de un supuesto encuadrable en el ap. 3 del art. 917 del C.A. Razón por la cual, la reducción de la pena en los términos previstos por dicha norma, es improcedente.
III. Disiento, en cambio, con el Voto del vocal preopinante en cuanto propicia la atenuación de la multa en los términos del art. 916 del C.A.. Al respecto, cabe señalar que, tratándose de un acto administrativo dictado en el ejercicio de facultades discrecionales, no corresponde que este organismo jurisdiccional sustituya al órgano administrativo competente en la determinación de la sanción aplicable. Que así lo he dicho al publicar en doctrina al sostener que, si bien cabe reconocer al juez autoridad para verificar el cumplimiento de los elementos reglados y descalificar a la administración cuando deja de observarlos, ello no implica que el juez se encuentre autorizado para suplir el silogismo practicado por ella, salvo que las premisas que lo componen se encuentren puramente regladas, en cuyo caso, el juez, como lo hemos advertido precedentemente, vería reducido su papel a activar el supuesto de hecho previsto en la norma (Cfr. La potestad sancionadora de la Administración y su control judicial de cara a la realidad normativa, ED-DCCLXIV-708).
IV. las costas deben imponerse por su orden en atención a la existencia de jurisprudencia contradictoria sobre el tema.
Por ello, VOTO POR:
Confirmar la Resolución DE PRLA Nº 7964/2012 dictada en la Actuación Nº 13289-11300-2012. Costas por su orden.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Segura.
En virtud de la votación que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar parcialmente la Resolución DE PRLA N° 7964/2012, en cuanto condena a CARGILL S.A.C.I. al pago de una multa –la que se reduce- equivalente a pesos doscientos ochenta y seis mil cuatrocientos veinticinco con 97/00 ($ 286.425,97.-), en los términos del art. 969 del C.A.
2. Costas conforme a los respectivos vencimientos, las que quedan fijadas en un 67 % a la actora y 33 % al fisco.
Regístrese, notifíquese, oportunamente, devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.-
Date: 2023.09.07 14:56:21 ART Date: 2023.09.07 14:58:34 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.09.07 18:36:07 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.09.07 18:36:27 -03:00
Fin de la sentencia