Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 31.134-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad del cargo 162/08; y en consecuencia, de la Resolución nº 112/12, recaídas en las actuaciones SIGEA nros. 13289-32755-2008.
2Costas por su orden, a excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora y cuya constancia de pago luce a fs. 241.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-139836923-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Noviembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “CARGILL S.A.C.I. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente n° 31.134-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 187/238 vta. se presenta, por apoderado, la firma referida en el epígrafe, e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 112/2012, recaída en las actuaciones administrativas n° 13289- 32755-2008, mediante la cual se rechaza la impugnación incoada por la aquí actora contra el cargo n° 162/08 relativo a la destinación n° 08008EC01007969D; y en consecuencia, se lo confirma y se le exige el importe de u$s 6.480 con más intereses. Relata que el P.E. se encuentra asociado a la DJVE 69158 y que por aplicación de la Resolución 125 se le reclama este importe. Efectúa un relato de los antecedentes históricos y de las normas. Destaca que contra las Resoluciones 1487 y 1898 emitidas por la ONCCA, CARGILL interpuso recurso de reconsideración -Expediente n° S01:0008070/09 del registro del Ministerio de Economía y Producción-.
Agrega que en el anexo aprobado por la ONCCA en su Resolución 1413/11 se rectifica la condición “no acredita tenencia” de todas las DJVE de CARGILL informadas a la AFIP en esa condición en la Res. 1487; pero en relación a las 110 DJVE de CARGILL informadas como “ no acredita tenencia” en la Res. 1898, la Res. referida solamente rectifica 86 de ellas. Aduce que con el dictado de esta Resolución, la D.G.A. debió revocar los cargos; pero no lo hizo. Destaca que en septiembre de 2011 canceló un total de 310 cargos -aquellos formulados en relación a las DJVE cuya condición “sin tenencia” informada por la ONCCA en su Resolución 1487 y 1898 resultó ratificada en la Res. 1413. Aduce que la aduana no puede desconocer la Resolución 1413/11.
Agrega un listado de todas las DJVE en relación a las cuales el servicio aduanero dictó resoluciones confirmatorias de los cargos -como la apelada en autos-, pese a que la exigencia “tenencia” se encuentra cumplimentada y ello fuera informado a la AFIP por la ONCCA en la Res. 1413. Por otro lado, aduce que la ley 26.351 no cumple con el estándar de razonabilidad exigido por el art. 28 de la CN, ya que la ley 21.453 permitió declarar y registrar operaciones de venta al exterior sin exigir en ningún momento la “tenencia” o “adquisición” de las mercaderías. Alega que no corresponde aplicar en forma retroactiva la ley 26.351, toda vez que los P.E. fueron afectados a las DJVE registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la citada ley.
Invoca el principio de la inviolabilidad de la propiedad. Hace referencia a que CARGILL tenía un derecho adquirido. Asimismo, sostiene que la Res. 125/08 es inválida ya que establece Derechos de Exportación en violación al principio de reserva de ley. Invoca la doctrina sentada por la CSJN en el caso “Gallo Llorente ”. Agrega que la resolución referida se encuentra a extramuros de la potestad delegada. Concluye que la Resolución apelada debe ser revocada en tanto la DJVE involucrada en autos se encuentra entre aquellas respecto de las cuales la ex-ONCCA rectificó lo actuado y tuvo por acreditada la tenencia. En forma subsidiaria, solicita se tenga en cuenta la pericial contable. Asimismo, plantea que en el caso de que este Tribunal confirme los cargos suplementarios emitidos por el servicio aduanero, se disponga la no aplicación de intereses resarcitorios, ya que la mora no le es imputable.
En subsidio peticiona la reducción de la tasa de interés y entiende que se deben reliquidar los importes a la tasa de 1% mensual. Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoque la Resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 249/262 se presenta la D.G.A., por apoderada, y contesta el traslado que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza un breve relato de los hechos. Aduce que no hay que entender las normas en sentido literal; sino buscar su “valor”. Invoca el art. 1164 del C.A. Cita normativa y jurisprudencia. Aduce que una vez verificada la “no acreditada tenencia antes de la suba de la alícuota”, se impone como solución que el exportador deba tributar conforme el régimen general. Agrega que no se aplica una pena sino que solamente se tiende a evitar que el particular se beneficie de un régimen de excepción. Sostiene que esta doctrina del “efecto noticia” tiende a evitar los efectos de conductas elusivas del tributo por parte de contribuyentes, originadas, a su vez, por el “conocimiento” de una situación futura. Hace referencia al marco social y normativo en el que fueron dictadas las normas. Concluye que resultan exigibles los derechos de exportación plasmados en los cargos formulados por el servicio aduanero. En cuanto al planteo de la actora vinculado a los intereses, aduce que es obligación del deudor abonarlos sobre el importe del tributo no ingresado. Agrega que no resulta procedente acudir a la aplicación supletoria de normas generales contenidas en otro ordenamiento jurídico, resultando indiscutible que ninguno de los recursos articulados por la firma suspendió el curso de los intereses. Sostiene que si la actora no usó el derecho que el régimen le otorgaba y optó por esperar hasta que se resolviesen las impugnaciones, ahora no puede pretender eximirse de las consecuencias que su conducta provocó. Agrega que la firma nunca desvirtuó los argumentos sostenidos por la aduana para establecer los intereses ni logró demostrar qué circunstancias excepcionales, ajenas a la empresa, le hayan impedido a ésta el oportuno cumplimiento de su obligación. Acompaña las actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirme la Resolución apelada, con costas.
III. Que a fs. 263 se abre la causa a prueba. A fs. 269/297 luce la contestación de oficio del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A fs. 313 se agrega la contestación de oficio del BCRA. A fs. 317/318 obra la de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina. A fs. 336/337 luce la contestación de oficio del BNA. A fs. 338/348 obra la contestación de oficio de la Federación Argentina de la Industria Molinera. A fs. 349/351 vta. la actora hace saber que va a interponer recurso administrativo contra el art. 1 de la Resolución 1413 y contra la Resolución 928. A fs. 352/378 vta. lucen las copias del recurso de reconsideración -expediente S01:0008370/2009 del Registro del ex Ministerio de Economía y Producción- , mediante el cual solicita la actora se revoque el art. 1 de la Res. 1413/11 y los arts. 1, 2 y 3 de la Res. 928/12.
A fs. 387/396 se agrega copia del informe pericial contable -las que se certifican a fs. 402-. A fs. 401 luce la contestación de oficio de la Bolsa de Comercio de Rosario. A fs. 418 luce la contestación de oficio de S.A. La Nación y a fs. 425/431 se agrega la del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4. A fs. 437 obra la contestación de oficio de la de la Bolsa de Cereales. A fs. 441/495 luce copia de la demanda presentada ante la Justicia por la actora, la que tiene por objeto que se declare la nulidad del art. 1 de la Res. 1413/11 y de los arts. 1, 2 y 3 de la Res. 928/12. A fs. 496/499 la actora solicita se suspenda el trámite de las actuaciones hasta que se resuelva en la Justicia.
A fs. 510/566 luce la contestación de oficio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. A fs. 567/579 se agrega la contestación de oficio de la D.G.A. Luego, se agregan copias de la causa nº 3081/09. A fs. 609/611 luce la contestación de oficio de S.A. La Nación. A fs. 613/627 la actora acompaña certificación notarial de las copias que indican los pasos a seguir por el BCRA en su página web. A fs. 637 la firma CARGILL SACI hace saber que la demanda interpuesta en sede judicial con fecha 26 de diciembre de 2012 tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Federal Nº 3, y el número asignado es: 59415/12. A fs. 640 la actora solicita se deje sin efecto la presentación efectuada a fs. 629.
A fs. 642, 644 las partes acuerdan suspensión de plazos -la que es concedida a fs. 653-. A fs. 645/647 luce la contestación de oficio de S.A. La Nación. A fs. 663 la actora y demandada solicitan suspensión de plazos -la que es ordenada a fs. 666-. A fs. 667 peticionan nuevamente suspender los plazos -lo que es concedido a fs. 670-. A fs. 671, 675, 678, 685, 689, 693, 697, 699, 705, 709, , 713, 717, 721, 727, 733, 737, 741, 745, 749, 753, 757, 761, 765, acuerdan lo mismo -suspensión que ha sido concedida-. A fs. 811/815 lucen las copias de la sentencia dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3 en la causa nº 59415/2012. A fs. 816 la actora hace saber que la DGA es codemandada en la causa referida.
A fs. 819 se ordena librar el oficio ofrecido por la actora a fs. 818. A fs. 826/877 se agrega la contestación de oficio del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3. A fs. 882 la demandada contesta el traslado que le fuera conferido oportunamente. Puntualmente, aduce que los objetos procesales dirimidos en la causa judicial y en esta instancia no son idénticos. A fs. 883 se resuelve suspender el trámite del presente expediente hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa nº 59415/2012, caratulada: “CARGILL SACI C/ ESTADO NACIONAL -MS AGRICULTURA GYP- RESOL. 928/12 -ONCCA- RESOL. 1413 S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”
y la misma quede firme y ejecutoriada. A fs. 889/890 la actora hace saber que el 27 de agosto de 2020 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó sentencia -a fs. 891/921 lucen copias de la sentencia-. De dicha presentación se le corre vista a la demandada. A fs. 927 la recurrente hace saber el dictado de la sentencia de fecha 26 de abril de 2022 de la Sala III de Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal -copias obrantes a fs. 929/939-. A fs. 942/943 luce la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mediante RE-2023-123124580-APN-SGASAD#TFN la recurrente acompaña copia de la sentencia referida, solicita se suspendan los plazos y se dicte sentencia, revocando en todas sus partes la resolución apelada, con costas al servicio aduanero. En consecuencia, se tiene presente lo manifestado por la actora y la documentación acompañada para su oportunidad, se levanta la suspensión de los plazos dispuesta a fs. 883 y se resuelve que sigan los autos según su estado. Luego, se certifica que el período probatorio ha concluido, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. Se agregan los alegatos de las partes y se ponen autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas nº 13289-32755-2008 se inician con la impugnación efectuada por la actora del cargo 162/08. A fs. 112/114 (refoliado) luce el informe técnico nº 395/08. A fs. 27 (refoliado) obra en sobre contenedor el P.E. nº 08 08 EC01 007969D. A fs. 117/118 (refoliado) se notifica la actora del cargo. A fs. 121 se tiene por presentada a la firma CARGILL SACI, por impugnado el cargo 162/08 y se abre la causa a prueba. A fs. 127/130 luce el Dictamen nº 126/12. A fs. 131/134 obra la Resolución nº 112/2012, aquí apelada.
Que, las actuaciones administrativas nº 12574-35-2009 se inician con el escrito presentado por la actora mediante el cual informa dictado y notificación de la medida cautelar con fecha 30 de diciembre de 2008, que fuera dictada en los autos “CARGILL SACI c/ E.N. -ONCCA-Resol. 1487/08 1898/08 -D.G.A. s/ medida cautelar” y acompaña documental.
Que en las actuaciones administrativas nº 12574-3186-2010 la actora reitera la solicitud de suspensión del procedimiento hasta tanto se resuelva el recurso interpuesto por la exportadora contra las Res. 1487/08 y 1898/08 ex-ONCCA. Luego, se dispone la suspensión de los recursos de impugnación hasta que se resuelvan los recursos interpuestos por la actora. Después, se agregan contestaciones de oficios y copias de la normas referidas.
Que, luce en sobre contenedor el informe pericial efectuado por la Bolsa de Comercio de Rosario.
V. Que corresponde resolver si resulta ajustada a derecho la Resolución nº 112/2012, recaída en las actuaciones administrativas nº 13289-32755-2008, mediante la cual se rechaza la impugnación incoada por la firma CARGILL SACI contra el cargo nº 162/08, relativo a la destinación nº 08008EC01007969D; y en consecuencia, se confirma el cargo referido y se la intima a a abonar el importe de u$s 6.480 en concepto de capital con más intereses.
Que, en lo que aquí interesa, la aduana se basa para formular el cargo referido en las Resoluciones ex- ONCCA Nº 1487/08 y 1898/08, a través de las cuales se le comunicó a la AFIP la nómina de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) cuyos titulares no habían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, de confomidad con lo dispuesto en la Ley 26.351 y el Decreto 764/08.
Que, no se encuentra discutido en autos que la firma actora se encontraba en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 y 1898/08 -DJVE nº 69158-. Es decir, se encontraba en la situación: “no acredita tenencia”. Que, puntualmente el P.E. nº 08 008 EC01 007969D está asociado a dicha DJVE.
Que del detalle de la DJVE referida surge que se autoriza la mercadería clasificada en la P.A. 11010010190D -mercadería declarada en los PE referidos-, producto embarcado: “Harina de trigo, Harina de Trigo Fortificada con hierro y vitaminas”, siendo el volumen de venta a exportar: 8.000 toneladas, FOB Oficial: u$s 360, FOB total: u$s 2.880.000.
Que el fundamento del cargo formulado, como ya se dijo, radica en la Resolución ONCCA 1898/2008 que dispuso en su art. 1º: “Hágase saber a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), que del total de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior analizadas, no han acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada, en los términos de la Ley Nº 26.351 y su Decreto reglamentario Nº 764 de fecha 12 de mayo de 2008, las que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución, debiendo tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación”, entre las que se encontraba la DJVE involucrada en la causa -esto es: DJVE 69158-.
Que resulta procedente señalar que la Ley 21.453 (BO 11/11/76) en el art. 6 estableció que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), eran aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Que, luego del dictado de dicha ley y bajo el título “Aclaración de la Ley nro. 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la Ley 26.351 (B.O. 16/1/08) en la que en el art. 1 se dispuso que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley 21.453 en el periodo comprendido entre el registro de la DJVE y el de la oficialización del permiso de embarque con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas Declaraciones Juradas, los exportadores deberían acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Asimismo, agregó que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del art. 1, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y las vigentes a la fecha oficialización de las respectivas destinaciones de exportación, disponiendo asimismo en el art. 4, la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Que, con fecha 12/5/08, se dicta el Dto. 764/08 (BO 13/5/08) en el que se estableció que las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9 de noviembre de 2007 -caso de autos, P.E. nº 08 08 EC01 007969D oficializado el 16/7/08-, disponiéndose asimismo en el art. 3 que la ONCCA (creada por Decreto 1067/2005) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE a las que se refiere la ley 21.453 y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
Que en los términos del Decreto 764/2008, la ex-ONCCA dictó la Resolución 543/2008 (BO 30/5/08) por la que se dispuso el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351.
Que la ex-ONCCA, con fecha 21/07/08, dicta la Resolución 1898 mediante la cual le informó a la AFIP cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II).
Que, como ya se dijo, la aduana formula el cargo con fundamento en que la DJVE 69158 no acredita la tenencia. Es decir, la DJVE se encuentra en el Anexo I de la Res. 1898/08.
Que, conforme surge de fs. 352/378 vta. la aquí actora interpuso recurso de reconsideración contra las Resoluciones 1487 y 1898 emitidas por la ex-ONCCA,-expediente S01:0008370/2009 del Registro del ex Ministerio de Economía y Producción-.
Que, en lo que aquí interesa, mediante la Resolución ONCCA 1413/2011, en su artículo 1º dispuso rechazar los recursos de reconsideración interpuestos por la recurrente contra las Resoluciones 1487 y 1898 -Resoluciones en las que se basa la aduana para formular los cargos apelados-.
Que, cabe resaltar que en el art. 2 se ordenó la comunicación a la AFIP de las rectificaciones realizadas respecto de las DJVE registradas por la firma CARGILL SACI incluidas en los Anexos de la Resolución 1898/08, conforme el cuadro que integra la misma a modo de anexo, donde para varias de ellas se tuvo por acreditada la tenencia de la mercadería involucrada -encontrándose la DJVE 69158 en este anexo-. Que esta rectificación implica que para la DJVE 69158 se pasa de la situación “no acredita tenencia” a “acredita tenencia”.
Que, posteriormente, la Resolución MAGYP 928/12 resolvió ratificar el art. 1 de la Resolución 1413/11, respecto del rechazo de los recursos de reconsideración contra las resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08 por resultar improcedentes y dejó sin efecto lo establecido en el art. 2 de la Resolución 1413/11. Que en el art. 3 de la Resolución MAGYP 928/12 se ordenaba que se comunique a la AFIP que a los fines de la ley 21.453 debería estarse a lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 1898/08. Que, ante esta situación, la actora promueve demanda contra el Estado Nacional-Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca- ex-ONCCA, en cuyo marco solicita la declaración de nulidad del art. 1 de la Resolución ONCCA nº 1413/2011 y de los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución MAGYP nº 928/12, la que tramitó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, causa nº 59415/2012, caratulada: “ CARGILL SACI c/ EN-M AGRICULTURA GYP-RESOL 928/12-ONCCA-RESOL 1413/11 Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”.
Que, el 27 de agosto de 2020 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó sentencia, y resolvió admitir la demanda promovida por la actora contra el Estado Nacional (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, ex-ONCCA); y en consecuencia, declarar la nulidad del art. 1 de la Resolución ONCCA 1413/11 y de los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución nº 928/12 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; aclarando que subsiste el art. 2 de la Resolución 1413/11 en cuanto implicó acoger la impugnación formulada por CARGILL SACI. Las costas se imponen a la demandada. Asimismo, las relativas a la relación procesal con la AFIP-DGA, quedan a su cargo – ver fs. 891/921-. (el resaltado me pertenece)
Que, contra esta sentencia el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la DGA interpusieron recurso de apelación.
Que, el 26 de abril de 2022 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió desestimar los recursos de apelación interpuestos y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzada se imponen a las demandadas vencidas -ver IF-2023-
60186389-APN-DTD#JGM-.
Que, el Estado Nacional- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca interpuso recurso extraordinario federal contra esta sentencia.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 12/9/2023 resolvió que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se lo desestima. Con costas. -ver fs. 942/943-.
Que, ello implica que pasara en autoridad de cosa juzgada la sentencia de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante la cual se confirmó la sentencia de fecha 27 de agosto de 2020. En consecuencia, quedó firme el decisorio dictado en Cámara.
Que, resulta pertinente destacar que no corresponde evaluar ante esta instancia la validez de las Resoluciones de la ONCCA, haciendo verdad, en relación a la firma CARGILL S.A.C.I. las cuestiones allí dirimidas.
Que, teniendo en cuenta lo expuesto, y toda vez que ha quedado firme el decisorio que resolvió declarar la nulidad del art. 1 de la Resolución 1413/11 y de los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución 928/12 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y resolvió mantener el art. 2 de la Resolución 1413/11, en cuanto implicó hacer lugar a la impugnación formulada por la actora -esto es: implicó tener por acreditada la tenencia de la mercadería vinculada a la DJVE 69158-; corresponde declarar la invalidez del cargo nº 162/08, y de todo lo actuado en consecuencia.
VI. Que de acuerdo al modo en que se resuelve deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas.
VII. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas por su orden en atención a las particularidades del caso y a la reciente decisión en sede judicial; ello con excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora y cuya constancia de pago luce a fs. 241.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar la nulidad del cargo 162/08; y en consecuencia, de la Resolución nº 112/12, recaídas en las actuaciones SIGEA nros. 13289-32755-2008.
2. Costas por su orden, a excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora y cuya constancia de pago luce a fs. 241.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis; salvo en lo que respecta a las costas, las cuales deben imponerse a la D.G.A. No encuentro razón para apartarme del “principio general de la derrota”.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad del cargo 162/08; y en consecuencia, de la Resolución nº 112/12, recaídas en las actuaciones SIGEA nros. 13289-32755-2008.
2. Costas por su orden, a excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora y cuya constancia de pago luce a fs. 241.
Regístrese y notifíquese. Firme que quede la presente, devuélvanse las actuaciones administrativas; y oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Crespin 27168258122 Fisco: 20360887074 Date: 2023.11.23 18:57:31 -03:00 Date: 2023.11.23 20:38:28 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.23 21:44:10 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.23 21:44:11 -03:00
Fin de la sentencia