Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 31.273-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la nulidad de los cargos 70/08 y 69/08; y en consecuencia, de las Resoluciones 20/12 y 21/12, recaídas en las actuaciones SIGEA nros. 13289-30678-2008 y 13289-30680-2008.
2Costas por su orden, a excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora y cuya constancia de pago luce a fs. 250.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-139453791-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 23 de Noviembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18ª. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “CARGILL S.A.C.I. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente n° 31.273-A La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 195/247 se presenta la firma referida en el epígrafe, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra las Resoluciones números 20/12 y 21/12, recaídas en las actuaciones SIGEA números 13289-30678-2008 y 13289-30680-2008; mediante las cuales se rechazaron los recursos de impugnación y en consecuencia se confirmaron los cargos números 70/08 y 69/08, relativo a la destinación nº 08053EC01000609K y 08053EC01000601C, respectivamente. Aduce que ambos cargos se encuentran asociados a la DJVE 69158 y que los mismos fueron emitidos por aplicación del nivel arancelario establecido en la Resolución 125. Solicita se dejen sin efecto dichas Resoluciones, con costas. Efectúa un relato de los antecedentes históricos de la ley 21.453 y 26.351.
Destaca que la ley 26.351 al establecer la exigencia de probar la tenencia o en su caso la adquisición de los productos con anterioridad al incremento de la alícuota implica una alteración sustancial del régimen de la ley 21.453. Alega que su aplicación retroactiva es inconstitucional y viola el derecho de propiedad -derecho a tributar según el nivel vigente a la fecha de registro de la DJVE-. Asimismo, sostiene que los cargos suplementarios confirmados por el servicio aduanero en las Resoluciones aquí apeladas son inválidos porque fueron emitidos con sustento en derechos de exportación que el Ministerio de Economía pretendió establecer por sí mismo, en violación a la garantía constitucional de reserva de ley.
Agrega que la ONCCA no ajustó su conducta a las disposiciones de la ley 26.351 ya que elaboró listados de DJVE por sí misma, en base a su propia base de datos y sin dar intervención a los exportadores. Alega que en este marco de ilegalidad, la ONCCA emitió sus Resoluciones números 1487/08 (26/6/08) y 1898/08 (21/7/08), en las que dispuso hacer saber a la AFIP de un listado de DJVE respecto de las cuales -a juicio de este organismo- correspondía la tributación según los derechos vigentes a la fecha de oficialización de los P.E. En función de esta información, la aduana formuló 534 cargos contra la actora; basándose en información recibida por la ONCCA. Por esta razón, la recurrente impugnó todos los cargos.
Relata que contra las Resoluciones 1487 y 1898, la actora interpuso recurso de reconsideración, que tramitaron como expediente n° S01:0008070/09 del registro del Ministerio de Economía y Producción. Asimismo, destaca que mediante la Resolución 1413 de la ex ONCCA se establece que todas las DJVE de la actora acreditan tenencia; razón por la que una vez emitida, el servicio aduanero debería haber dictado inmediatamente las correspondientes resoluciones revocatorias de los cargos. Por otro lado, se agravia de la tasa de interés aplicable. Puntualmente, aduce que la Resolución apelada debe ser revocada porque las DJVE involucradas se encuentran entre aquellas respecto de las cuales la ONCCA rectificó lo actuado en la Resolución 1487, y tuvo por acreditada la tenencia - DJVE 69158-.
Sostiene que la aduana no puede desconocer la Resolución 1413, toda vez que la misma resolución dispone hacer una comunicación a la AFIP. Asimismo, destaca que esta Resolución fue invocada por el propio fisco, e invocada por el Ministerio de Economía. Agrega que esta resolución fue acompañada a autos. Alega que la aduana en las resoluciones aquí apeladas directamente ha “prescindido” de la Resolución 1413, mediante la invocación de “graves defectos” o “falencias” que no son tales. Sostiene que el primero de tales “defectos” se observa en el último considerando en el cual se indica que “ el suscripto es competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto en el Artículo 94 y subsiguientes del Decreto 1759/1972 (T.O. 1991)”.
Aduce que ello es un error ya que la norma mencionada es la que regula el recurso de alzada, en tanto lo que se estaban resolviendo eran recursos de reconsideración. Por otro lado, aduce que contrariamente a lo que alega el servicio aduanero, los errores en la instrumentación formal de la Resolución 1413 no afectan la “certeza” respecto del alcance de este acto, esto es, acerca de qué es lo que ese acto resuelve; ni tampoco afectan la validez de dicho acto. Subsidiariamente, ofrece prueba pericial para acreditar la tenencia o en su caso la adquisición de los productos a las fechas en que se produjeron los incrementos de las alícuotas relevantes (9/11/07 y 11/03/08) por volúmenes de los que resulta satisfecha la exigencia contenida en la ley 26.351, respecto de las DJVE asociadas a las operaciones aduaneras involucradas en el caso.
Por otro lado, plantea la invalidez de la Resolución 125 debido a la falta de ajuste a la norma legal delegante invocada para su dictado. Subsidiariamente, peticiona se la exima de abonar los intereses del art. 794 del C.A. porque la mora no le es imputable a la actora. Asimismo, solicita la reducción de la tasa de interés aplicable. Cita jurisprudencia. A su vez, plantea se revoque la Resolución apelada ya que es inconstitucional la ley 26.351 y su reglamentación ya que no cumple con las pautas de la jurisprudencia de la CSJN y doctrina, toda vez que no se ha actuado dentro del límite de la razonabilidad que impone la CN. Asimismo, se agravia de su aplicación en forma retroactiva. Entiende que se vulnera el derecho de propiedad.
Agrega que la Ley 26.351 no es aclaratoria de la ley 21.453 por introducir una modificación sustancial al régimen de esta ley. Pone énfasis en que este Tribunal debe declarar la inconstitucionalidad de la aplicación retroactiva de la ley 26.351 y de las resoluciones del Ministerio de Economía que sirvieron de base para que la aduana formule los cargos. Aduce que los derechos de exportación no fueron fijados por ley, violándose en consecuencia el principio de “reserva de ley”. A su vez, invoca la jurisprudencia del fallo “Gallo Llorente, Santiago Emilio y otro c/ Estado Nacional -Ministerio de Economía”. Destaca que la Resolución 125 no fue ni expresa ni tácitamente ratificada por el Congreso; sino que fue explícitamente rechazada.
Ofrece prueba. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se revoquen las Resoluciones apeladas, con costas.
II. Que a fs. 254/257 vta. la actora acompaña copia de la Resolución nº 928/12 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Aduce que el tratamiento que esta norma otorga a la Resolución 1413 viene a ratificar la existencia, validez y efecto de esta última, y con ello la indudable antijuricidad de la conducta del servicio aduanero en la emisión de las resoluciones apeladas en estos autos, en tanto resulta notorio que la aduana tuvo plena evidencia de que la aquí actora no adeudaba derecho de exportación, cuyo pago se le estaba exigiendo. Asimismo, sostiene que la Resolución 928 fortalece la procedencia de la prueba pericial contable ofrecida en autos. Ofrece prueba.
III. Que a fs. 259/261 la actora hace saber que va a interponer recurso administrativo contra el art. 1 de la Resolución nº 1413 y contra la Resolución 928; y que, en caso en que ellas sean confirmadas, interpondrá demanda contenciosa peticionando ante la Justicia Federal la revocación de tales actos.
IV. Que a fs. 289 la actora informa sobre la efectiva interposición del recurso de impugnación -presentado en sede administrativa- contra el art. 1º de la Resolución nº 1413/2011 de la ex-ONCCA y arts. 1, 2 y 3 de la resolución nº 928/2012 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. A fs. 291/299 vta. la recurrente acompaña informe pericial, a fs. 300/306 vta. manifiesta sobre la incompatibilidad entre lo establecido en la Resolución nº 928/12 y la forma como se emitieron y confirmaron los cargos impugnados en autos. Agrega que mantiene interés en la producción de la pericial contable, lo que es reiterado a fs. 307/311 vta. A fs. 376/387 la actora acompaña documental (copia del informe técnico emitido por la Dirección de Control de Gestión Comercial de la ONCCA, de fecha 27/01/11 -que sirvió de sustento a la Resolución nº 1413/11-; copia del Dictamen Nº 1291/11, emitido el 17 de febrero de 2011 por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ONCCA; copia de la Nota del 4 de mayo de 2011, emitida por el Ministerio de Agricultura; copia del Informe de Auditoría Interna nº 050-001/2012; actuaciones correspondientes al expediente nº S01:00008370/2009; fotocopia de la Resolución 928/12)
V. Que a fs. 391 se corre traslado a la representación fiscal de la documentación acompañada y de lo manifestado por la actora a fs. 317/387.
VI. Que a fs. 447/452 la recurrente informa que interpuso demanda judicial contra el Estado Nacional, en la que peticiona la declaración de nulidad del art. 1 de la Resolución nº 1413/2011 de la ex ONCCA y de los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución 928/12 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En consecuencia, solicita la suspensión del trámite de los presentes autos a los efectos de evitar pronunciamientos contradictorios.
VII. Que a fs. 454 se corre traslado a la representación fiscal de dicha presentación por el plazo de ley. VIII.- Que a fs. 455/457 la demandada contesta el traslado que le fuera conferido. Destaca que el cargo fue formulado con sustento en las Resoluciones 1487 y 1898, ambas del 2008, habiendo sido dictadas por un organismo competente. Agrega que las mismas son ratificadas por la Resolución 928/12. Concluye que la actora no acreditó la tenencia o adquisición de la mercadería -requisito para tributar una alícuota menor-; razón por la que el cargo formulado resulta ajustado a derecho. Aduce que los hechos de autos se encuentran relacionados con la aplicación de las leyes 21.453 y 26.351, siendo el propósito de la misma, evitar que ante un inminente cambio normativo que al aumentar los derechos de exportación, se registren operaciones a los efectos de tributar con la alícuota menor. Aduce que estas situaciones producirían alteraciones en el normal desenvolvimiento del mercado exportador, acarreando un perjuicio para el fisco.
IX. Que a fs. 458 se tiene presente lo manifestado por la demandada.
X. Que a fs. 459/461 la aduana contesta el traslado conferido. Aduce que este Tribunal no es el órgano competente para expedirse respecto de la legitimidad de las resoluciones ONCCA. Agrega que las mismas son actos administrativos emitidos en uso de las facultades acordadas a dicho organismo por la ley 26.351 y su decreto reglamentario. Invoca el principio de presunción de legitimidad y ejecutoriedad establecido en el art. 12 de la LNPA. En cuanto a la solicitud de la pericial contable, aduce que este Tribunal al momento de abrir a prueba el presente proceso ha supeditado evaluar la concesión de esta prueba a que se produzca su similar informativa.
XI. Que a fs. 465 se ordena librar en los términos del art. 400 del CPCCN el oficio al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal para que certifique la autenticidad de las copias acompañadas por la actora, previo a resolver lo solicitado por la actora a fs. 447/452-
XII. Que a fs. 467/475 vta. se presenta la representación fiscal, por apoderada, y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido. Efectúa una negativa genérica de las afirmaciones de la actora que no sean objeto de su reconocimiento expreso. Realiza una breve reseña de los hechos. Cita el art. 1 de la ley 21.453. Relata que ante la expectativa de un inminente cambio normativo que incremente las alícuotas de derechos de exportación, se produce un sustancial aumento del número de Registro de las DJVE por parte de los exportadores; es por ello que se ha dictado la Ley 26.351 y el art. 3 del decreto 764/08. En este contexto normativo, la ONCCA en cumplimiento de las funciones que le fueran encomendadas dicta las Resoluciones 1487/08 y 1898/08 que establecen el listado de las DJVE respecto de las cuales no ha sido acreditado por parte de las empresas exportadoras, la adquisición y/o tenencia de la mercadería -requisito indispensable para tributar la alícuota menor-.
Cita doctrina, jurisprudencia y normativa a los efectos de justificar que no se vulnera el derecho de propiedad de la actora. Concluye que se ha admitido la retroactividad de la ley en los casos justificados por razones imperativas de interés común. Respecto al planteo de inconstitucionalidad del aumento de los derechos de exportación, hace énfasis en el marco social en que se dictaron las normas. Cita el art. 755 del C.A. y establece que la Ley 23.668 determina que el Jefe de Gabinete de Ministros y 11 Ministros tendrá a su cargo los negocios de la Nación, lo que fundamenta la medida adoptada. Aduce que la Resolución ME N° 11/02 no resulta ser una mera interpretación ministerial, sino una que constituye un acto dictado para conferir atribuciones dadas por ley; imprimiéndose el carácter de legislación delegada.
En consecuencia, alega que son exigibles los derechos de exportación plasmados en los cargos formulados por el servicio aduanero. Cita el art. 1164 del C.A. Destaca que los cargos impugnados en autos fueron formulados con sustento en las Resoluciones 1487 y 1898, ambas del 2008, habiendo sido dictadas por un organismo competente, en virtud de las funciones que le fuera acordada por el Decreto 764/08. Agrega las referidas resoluciones son ratificadas por la Resolución 928/12. Concluye que la actora no acreditó la tenencia o adquisición de la mercadería, requisito indispensable para tributar por la alícuota menor; motivo por el cual los cargos formulados resultan ajustados a derecho. Cita jurisprudencia a su favor.
En cuanto al planteo de la actora vinculado a la improcedencia de los intereses del art. 794 del C.A. con fundamento a que la mora no le es imputable, alega que si la recurrente no utilizó el derecho que el régimen le otorgaba y optó por esperar hasta que se resolviesen las impugnaciones, ahora no puede pretender eximirse de las consecuencias que su conducta provocó. Acompaña actuaciones administrativas. Efectúa reserva de caso federal. Finalmente, solicita se confirmen las Resoluciones apeladas, con costas.
XIII. Que a fs. 482 se tiene por contestado el traslado que le fuera conferido a la demandada. Asimismo, se abre la causa a prueba. A fs. 483/538 obra copia certificada del expediente n° 59415/12, caratulado “CARGILL SACI C/ EN-M° AGRICULTURA GYP-RESOL 928/12-ONCCA-RESOL 1413/11 Y OTRO S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”, en trámite por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 3, Secretaría N° 5. A fs. 543 la actora manifiesta que mantiene interés en la suspensión de la presente causa hasta tanto recaiga sentencia definitiva y firme en el proceso iniciado por la recurrente ante la Justicia Federal, a los efectos de obtener la declaración de nulidad del art. 1 de la Resolución 1413/11 y los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución 928/12.
A fs. 544/557 luce la contestación de oficio de la Federación Argentina de la Industria Molinera y a fs. 587 la del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. A fs. 620/621 se agrega contestación de oficio de la Cámara de Industria Aceitera y a fs. 624 la de la Bolsa de Comercio de Rosario. A fs. 626/631 se agrega la contestación de oficio del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 4. A fs. 636/639 luce la contestación de oficio de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. A fs. 646 y 650 obran las contestaciones de oficio de la DGA y a fs. 660 la de la Bolsa de Cereales. A fs. 664/665 luce la contestación de oficio del Banco Nación.
A fs. 686 se agrega la contestación de oficio del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nª 10. A fs. 687/727 obra la contestación de oficio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. A fs. 733, 738, 742, 746, 750, 753, 760, 764, 768, 772, 774, 784, 788, 792, 796, 800, 804, 808, 812, 816, 820, 824, , 828, 832, 836, 840 las partes acuerdan suspensión del curso de todos los plazos de estas actuaciones. A fs. 892/895 la actora hace saber que la DGA es codemandada en la causa en la que Justicia Federal habrá de resolver respecto de la validez o invalidez de las Resoluciones 18598/08, 1413/11 y 928/11. A fs. 908/958 se agrega contestación de oficio del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal nº 3.
A fs. 972/972 vta. se resuelve suspender el trámite del presente expediente hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la causa nº 59415/2012, caratulada “CARGILL SACI c/ Estado Nacional -Ms Agricultura GYP- Resol. 928/12-ONCCA-RESOL. 1413 s/ Proceso de conocimiento” y la misma quede firme y ejecutoriada. Mediante IF-2020-74902112-APN-DTD#JGM la actora hace saber que se dictó sentencia en la causa nº 59415/2012, mediante la cual se declaró la nulidad del art. 1 de la Resolución ONCCA Nº 1413/11 y de los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución nº 928/12 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; al tiempo que se declaró la subsistencia del art. 2 de Resolución 1413, en cuanto implicó acoger la impugnación formulada por CARGILL contra Resolución 1898/08.
Asimismo, hace saber que la sentencia fue apelada por la demandada y el recurso fue concedido; por lo que pide la suspensión de los plazos de la presente causa hasta que se resuelva. Mediante IF-2023- 60186343-APN-DTD#JGM la actora acompaña copia de la sentencia de Cámara, Sala III, donde se desestiman los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y por la AFIP-DGA; y en consecuencia, se confirma la sentencia apelada. Las costas de alzadas se imponen a las demandadas vencidas. Conforme surge de la página del sistema del pjn, la CSJN se expidió con fecha 12 de septiembre de 2023 -copia que luce agregada en autos a fs. 1112-. En consecuencia, con posterioridad se levanta la suspensión de los plazos dispuesta a fs. 972 y atento a lo dispuesto por la Justicia, se hace saber que resulta abstracta la prueba pendiente de producción.
Asimismo, se resuelve que sigan los autos según su estado. Luego, se certifica que el período probatorio ha concluido, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen a alegar. Se agregan los alegatos de las partes y se ponen autos a sentencia.
XIV. Que las actuaciones administrativas nº 13289-30678-2008 se inician con la impugnación del cargo nº 070/08, de fecha 7/11/08. A fs. 96 (refoliado) obra en sobre contenedor el P.E. nº 08 053 EC01 000609K. A fs. 100/102 (refoliado) se notifica del cargo la actora el 25/10/08. A fs. 103 (refoliado) se tiene por interpuesta la impugnación de la firma CARGILL SAIC contra el cargo nº 70/08 y se abre la causa a prueba. A fs. 105 (refoliado) la actora solicita la suspensión de términos, en atención a la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 que ordena la suspensión de los efectos de las Resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08. A fs. 115 (refoliado) se suspenda el trámite de las presentes actuaciones hasta que recaiga resolución definitiva al respecto. A fs. 123 (refoliado) se reanuda enl trámite de las presentes actuaciones. En lo que aquí interesa, a fs. 156/954 (refoliado) obra la pericia. Con posterioridad se agregan copias autenticadas de expedientes EX-S01:0235003/2006 y S01:0235003/2009 y se agrega copia de Resoluciones y contestación de oficios del BNA. A fs. 1054/1055 la actora solicita se revoque el cargo nº 70/08. A fs. 1068/1071 se dicta la Resolución nº 20/12, aquí apelada, mediante la cual se rechaza la impugnación contra el cargo nº 70/08 relativo a la destinación nº 08053EC01000609K.
Que las actuaciones adminsitrativas nº13289-30680-2008 se inician con la impugnación del cargo nº 69/08. A fs. 95 (refoliado) obra en sobre contenedor el P.E. nº 08 053 EC01 000601C. A fs. 101/103 se notifica la actora del cargo referido el 22/10/08. A fs. 104 se tiene por interpuesta en tiempo y forma la impugnación contra el cargo 69/08 y se abre la causa a prueba. A fs. 116 se suspende el trámite de las presentes actuaciones en atención a la medida cautelar dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, que ordena la suspensión de los efectos de las Resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08; términos que se reanudan a fs. 124. A fs. 143 obra la contestación de oficio de la Bolsa de Comercio de Rosario. A fs. 156/200 luce la pericia. fs. 203/206 obra la contestación de oficio de FAIM. A fs. 212/213 (refoliado) la actora acompaña estadísticas del BCRA. Luego, seagrega el informe pericial (fs. 225/958 refoliado). A fs. 959/968 (refoliado) obra la contestación de oficio de la Bolsa de Cereales. Luego, se agrega la del Banco Nación. A fs. 1003 (refoliado) lucen copias autentidas del expediente S01:0235003/2006 y S01:0235003/2009. A fs. 1006/1019 (refoliado) se agregan copias del proyecto S01:0007872/2006. A fs. 1025 obra la contestación de oficio del BNA. A fs. 1028/1038 (refoliado) luce el alegato de la actora. A fs. 1051 (refoliado) la recurrente solicita la revocación del cargo nº 69/08 con fundamento en que la DJVE aplicada al P.E. -DJVE 69158- se encuentra incluida en el Anexo I de la Resolución ONCCA 1898/08. A fs. 1063 obra el Dictamen nº 57/12. A fs- 1064/1067 (refoliado) se dicta la Resolución nº 21/12, aquí apelada, mediante la cual se confirma el cargo nº 69/08, relativo a la destinación nº 08053EC01000601C.
XV. Que, corresponde analizar si resultan ajustadas a derecho las Resoluciones números 20/2012 y 21/2012, recaídas en las actuaciones administrativas nº 13289-30678-2008 y 13289-30680-2008, respectivamente, aquí apeladas.
Que, mediante la Resolución nº 20/12 se rechaza la impugnación incoada por la firma CARGILL S.A.C.I. contra el cargo nº 70/08 vinculado a la destinación nº 08053EC01000609K, y en consecuencia, se confirma el cargo referido y se la intima a pagar el importe de u$s 3.069 en concepto de capital con más intereses.
Que, a través de la Resolución nº 21/12 se rechaza la impugnación interpuesta por la actora contra el cargo nº 69/08, formulado respecto de la destinación nº 08053EC01000601C; y en consecuencia, se confirma el cargo y se la intima a pagar u$s 3.069 en concepto de tributos con más intereses.
Que, en lo que aquí interesa, la aduana se basa en las Resoluciones ex-ONCCA Nº 1487/08 y 1898/08, a través de las cuales se le comunicó a la AFIP la nómina de las Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) cuyos titulares no habían acreditado la adquisión o tenencia de la mercadería registrada, de confomidad con lo dispuesto en la Ley 26.351 y el Decreto 764/08.
Que, en los P.E. números 08053EC01000609K -oficializado el 15/07/08- y 08053EC01000601C - oficializado el 11/07/08- figuran en el campo “Documentos a Presentar: DJVE07001DJVE005890E” Que, conforme surge de la DJVE referida, oficializada el 26/12/07, la misma fue prorrogada -29-08-08-, figurando en el campo: “Documentos a presentar: 00069158”.
Que del detalle de esta DJVE surge que se autoriza la mercadería clasificada en la P.A. 11010010190D - mercadería declarada en los PE referidos-, producto embarcado: “Harina de trigo, Harina de Trigo Fortificada con hierro y vitaminas”, siendo el volumen de venta a exportar: 8.000 toneladas, FOB Oficial: u$s 360, FOB total: u$s 2.880.000.
Que el fundamento de los cargos formulados, como ya se dijo, radica en la Resolución ONCCA 1898/2008 que dispuso en su art. 1º: “Hágase saber a la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS (AFIP), que del total de las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior analizadas, no han acreditado la tenencia o adquisiciòn de la mercadería registrada, en los términos de la Ley Nº 26.351 y su Decreto reglamentario Nº 764 de fecha 12 de mayo de 2008, las que se detallan en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución, debiendo tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación”, entre las que se encontraba la DJVE involucrada en la causa -esto es: DJVE 69158-.
Que resulta procedente señalar que la Ley 21.453 (BO 11/11/76) en el art. 6 estableció que a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de la mercadería a que dicha ley se refiere (productos agrícolas), eran aplicables los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Que, luego del dictado de dicha ley y bajo el título “Aclaración de la Ley nro. 21.453. Alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios”, se dictó la Ley 26.351 (B.O. 16/1/08) en la que en el art. 1 se dispuso que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la Ley 21.453 en el periodo comprendido entre el registro de la DJVE y el de la oficialización del permiso de embarque con el que se documente la exportación de la mercadería amparada por las referidas Declaraciones Juradas, los exportadores deberían acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento. Asimismo, agregó que, quienes no cumplieran con los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos) para el cumplimiento del art. 1, deberían tributar la mayor alícuota en concepto de derechos de exportación entre las vigentes a la fecha de registro de las DJVE y las vigentes a la fecha oficialización de las respectivas destinaciones de exportación, disponiendo asimismo en el art. 4, la aplicación retroactiva a aquellas DJVE que hubiesen sido registradas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Que, con fecha 12/5/08, se dicta el Dto. 764/08 (BO 13/5/08) en el que se estableció que las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la Ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9 de noviembre de 2007 -caso de autos-, disponiéndose asimismo en el art. 3 que la ONCCA (creada por Decreto 1067/2005) sería la encargada de llevar el registro de las DJVE a las que se refiere la ley 21.453 y de dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el art. 1 de la ley 26.351 e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el art. 2 de la misma.
Que en los términos del Decreto 764/2008, la ONCCA dictó la Resolución 543/2008 (BO 30/5/08) por la que se dispuso el procedimiento para acreditar la tenencia o adquisición de la mercadería en los términos del art. 1 de la ley 26.351.
Que la ONCCA, con fecha 21/07/08, dicta la Resolución 1898 mediante la cual le informó a la AFIP cuáles eran las DJVE que debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II).
Que, conforme surge de la parte dispositiva de las Resoluciones apeladas -20/12 y 21/12- la DJVE involucrada en los P.E. se encontraba en el Anexo I de la Resolución nº 1487/08 y/o 1898/08, como ya se dijo.
Que, resulta pertinente destacar que la actora interpuso recursos de reconsideración contra las Resoluciones referidas -expediente: S01:0008070/09 del registro del Ministerio de Economía y Producción-.
Que, en lo que aquí interesa, mediante la Resolución ONCCA 1413/2011, en su artículo 1º dispuso rechazar los recursos de reconsideración interpuestos por la recurrente contra las Resoluciones 1487 y 1898 -Resoluciones en las que se basa la aduana para formular los cargos apelados-.
Que, cabe resaltar que en el art. 2 se ordenó la comunicación a la AFIP de las rectificaciones realizadas respecto de las DJVE registradas por la firma CARGILL SACI incluidas en los Anexos de la Resolución 1898/08, conforme el cuadro que integra la misma a modo de anexo, donde para varias de ellas se tuvo por acreditada la tenencia de la mercadería involucrada -encontrándose la DJVE 69158 en este anexo-. Que, posteriormente, la Resolución MAGYP 928/12 resolvió ratificar el art. 1 de la Resolución 1413/11, respecto del rechazo de los recursos de reconsideración contra las resoluciones ONCCA 1487/08 y 1898/08 por resultar improcedentes y dejó sin efecto lo establecido en el art. 2 de la Resolución 1413/11. Que en el art. 3 de la Resolución MAGYP 928/12 se ordenaba que se comunique a la AFIP que a los fines de la ley 21.453 debería estarse a lo establecido en el Anexo 1 de la Resolución 1898/08. Que, la actora promueve demanda contra el Estado Nacional-Ministerio de Agricultura Ganadería y Pescaex-ONCCA, en cuyo marco solicita la declaración de nulidad del art. 1 de la Resolución ONCCA nº 1413/2011 y de los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución MAGYP nº 928/12, la que tramitó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 3, causa nº 59415/2012, caratulada: “CARGILL SACI c/ EN-M AGRICULTURA GYP-RESOL 928/12-ONCCA-RESOL 1413/11 Y OTRO s/ PROCESO DE CONOCIMIENTO”.
Que, el 27 de agosto de 2020 el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal dictó sentencia, y resolvió admitir la demanda promovida por la actora contra el Estado Nacional (Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca, ex-ONCCA); y en consecuencia, declarar la nulidad del art. 1 de la Resolución ONCCA 1413/11 y de los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución nº 928/12 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; aclarando que subsiste el art. 2 de la Resolución 1413/11 en cuanto implicó acoger la impugnación formulada por CARGILL SACI. Las costas se imponen a la demandada. Asimismo, las relativas a la relación procesal con la AFIP-DGA, quedan a su cargo -ver IF-2020- 74902112-APN-DTD#JGM- (el resaltado me pertenece)
Que, contra esta sentencia el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y la DGA interpusieron recurso de apelación.
Que, el 26 de abril de 2022 la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió desestimar los recursos de apelación interpuestos y en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Las costas de alzadas se imponen a las demandadas vencidas -ver IF-2023-
60186343-APN-DTD#JGM-.
Que, el Estado Nacional- Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca interpuso recurso extraordinario federal contra esta sentencia.
Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 12/9/2023 resolvió que el recurso extraordinario es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se lo desestima. Con costas. -ver fs. 1012-.
Que, ello implica que pasara en autoridad de cosa juzgada la sentencia de fecha 26 de abril de 2022 dictada por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, mediante la cual se confirmó la sentencia de fecha 27 de agosto de 2020. En consecuencia, quedó firme el decisorio dictado en Cámara.
Que, resulta pertinente destacar que no corresponde evaluar ante esta instancia la validez de las Resoluciones de la ONCCA, haciendo verdad, en relación a la firma CARGILL S.A.C.I. las cuestiones allí dirimidas.
Que, teniendo en cuenta lo expuesto, y toda vez que ha quedado firme el decisorio que resolvió declarar la nulidad del art. 1 de la Resolución 1413/11 y de los arts. 1, 2 y 3 de la Resolución 928/12 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; y resolvió mantener el art. 2 de la Resolución 1413/11, en cuanto implicó hacer lugar a la impugnación formulada por la actora -en cuyo Anexo figura la DJVE de autos-; corresponde declarar la invalidez de los cargos 69/08 y 70/08 y de todo lo actuado en consecuencia.
XVI. Que de acuerdo al modo en que se resuelve deviene abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones planteadas.
XVII. Que, en cuanto a las costas, corresponde imponerlas por su orden en atención a las particularidades del caso y a la reciente decisión en sede judicial; ello con excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora y cuya constancia de pago luce a fs. 250.
Por ello, voto por:
1. Declarar la nulidad de los cargos 70/08 y 69/08; y en consecuencia, de las Resoluciones 20/12 y 21/12, recaídas en las actuaciones SIGEA nros. 13289-30678-2008 y 13289-30680-2008.
2. Costas por su orden, a excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora y cuya constancia de pago luce a fs. 250.
El Dr. Garbarino dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis; salvo en cuanto a las costas, las que deben imponerse a la D.G.A. No encuentro razón para apartarme del “principio general de la derrota”.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Declarar la nulidad de los cargos 70/08 y 69/08; y en consecuencia, de las Resoluciones 20/12 y 21/12, recaídas en las actuaciones SIGEA nros. 13289-30678-2008 y 13289-30680-2008.
2. Costas por su orden, a excepción de la tasa de actuación, la que queda íntegramente a cargo de la actora y cuya constancia de pago luce a fs. 250.
Regístrese y notifíquese.
Firme que quede la presente, devuelvánse las actuaciones administrativas; y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis (Vocal Subrogante de la Vocalía de la 18a. Nominación), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Fisco: 20354123518 Silvia Crespin 27168258122 Date: 2023.11.21 23:04:01 -03:00 Date: 2023.11.22 12:23:50 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.23 11:19:03 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.23 11:19:04 -03:00
Fin de la sentencia