Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 27.917-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 788/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el expediente SC57-21/2010 (luego Actuación SIGEA 12517-91-2010), en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana Alicia Victoria Fanjul por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. con costas por su orden (art. 1163 C.A.)
2Condenar a la firma Cargill S.A.C.I. y a la despachante de aduana Alicia Victoria Fanjul en forma solidaria al pago de una multa de $ 10.000 (diez mil pesos), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del C.A. la que, por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-124579198-APN-VOCXVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 17 de Noviembre de 2022 recurso de apelación”, expediente N° 35451-A;
En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo A. Garbarino, para dictar sentencia en los autos caratulados “CARGILL S.A.C.I. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, expediente N° 35451-A, El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
I. A fs. 22-34 vta. se presenta, por apoderado, la firma CARGILL S.A.C.I. e interpone recurso de apelación contra la resolución Nro. 788/2014 dictada el 11/12/2014 por la Aduana de San Lorenzo, en las actuaciones SC57-21/2010, luego SIGEA 12517-91-2010, por la que resultó condenada solidariamente con la despachante de aduana Alicia Victoria FANJUL, al pago de una multa, por la presunta infracción al art. 954, ap. 1, inciso b) del Código Aduanero (CA), todo ello en relación a la destinación de exportación N° 10 057 EC01 000324 B. Sostiene que no existe la infracción endilgada por la Aduana, dado que no se configura el tipo penal. Entiende que no se declaró una inexactitud, sino que se produjo una omisión de comunicación previa al organismo de control. Afirma que la omisión cometida configura un incumplimiento a un deber formal que no necesariamente conlleva una prohibición sino que configura una restricción. Asimismo expresa que dicha omisión no pudo pasar inadvertida por el servicio aduanero. Cita la Disposición de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) N° 4377/2001, la Resolución de la Administración Nacional de Aduanas (ANA) N° 1946/1993 y se refiere a la Nota A/501433/10 del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) obrante a fs. 13 de las actuaciones administrativas. Alega la inexistencia de reproche penal, por la ausencia de culpabilidad exigida por el art. 902, ap. 1 del C.A. Solicita la aplicación del principio in dubio pro reo. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Formula reserva de caso federal. Solicita se revoque la resolución apelada con costas y en subsidio, se proceda a atenuar la multa dispuesta, en virtud de lo establecido por los arts. 915 y 916 del C.A. o eventualmente se reencuadre su conducta según lo establecido en los arts. 994 o 995 del mismo plexo legal. A Fs. 34 vta. se presenta Alicia Victoria FANJUL -despachante de aduana- ratifica los términos de la presentación de Cargill S.A.C.I. en su recurso de apelación y solicita se dicte fallo absolutorio a su respecto.
II. A fs. 45-47 se presenta la representación fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Niega todos y cada uno de los hechos expresados en la apelación no reconocidos expresamente. Afirma que la restricción es una prohibición. Sostiene que la Disposición N° 4377/2001 de la ANMAT establece que el INAL lleva a cabo el control y fiscalización sanitaria de alimentos y todo producto que se encuentre bajo su competencia a fin de autorizar su salida del país. Asimismo sostiene que la Resolución ANA N° 445/96 estipula las condiciones generales para la importación y exportación de alimentos y en su anexo I, punto 4.3.2.2 (exportación) dice “A los fines de la exportación, el documentante debe comprometer en la solicitud de destinación que ha dado intervención al INAL de acuerdo a las normas que éste determine, a los fines de la fiscalización y control sanitario, encontrándose autorizada la exportación.” Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas. Formula reserva de caso federal. Solicita se dicte sentencia rechazando la apelación y confirmando la resolución recurrida, con costas.
III. A fs. 50 se declara la causa de puro derecho. A fs. 72 vta. se elevan los autos a la Sala “F” y, a fs. 73, quedan en estado de dictar sentencia.
IV. La Actuación N° 12517-91-2010 se inicia a raíz del Acta de denuncia N° 057/2010 del 16/02/2010, labrada por la División Aduana de San Lorenzo, por la que se dejó constancia de que el 15/01/2010 la empresa CARGILL S.A.C.I. presentó la DDT 10057EC01000324B mediante la cual oficializó la exportación de aceite refinado de algodón para consumo humano sin solicitar el certificado INAL que se requiere en los términos de la Resolución ANA 1946/1993. A fs. 2/3 de las actuaciones obra la Nota N° 028/10 “V” del 15/02/2010 mediante la cual se informa al Jefe de Sección “V” que el despacho en cuestión se pasó a Canal Rojo el 15/01/2010 por ser mercadería no habitual en esa dependencia y se inició el control documental. De dicho control surge que “no se adjunta el Certificado INAL para la exportación de productos de uso alimenticio, según lo normado en las Res. ANA 1946/93; ANA 445/96; Disposición ANMAT 4377/01.” La Aduana consideró que, según la Resolución ANA 1946/93, se debía presentar certificado de intervención del INAL, el cual no surgía de la información vertida en la documentación de oficialización presentada por la firma exportadora. Por ello se detuvo la carga hasta su regularización. Una vez intervenido por INAL, se autorizó la carga y se procedió a la denuncia conf. Art. 954, inc. b).
Cabe destacar que no obra en el expediente administrativo el sobre contenedor del despacho original, no obstante a fs. 4-6 se agrega copia autenticada de la documentación.
A fs. 9 se agrega copia autenticada de la solicitud de inscripción del producto aceite de algodón refinado para ser exportado a la República Federativa de Brasil, dirigida al (INAL), presentada por la firma CARGILL S.A.C.I. el 19/01/2010.
A fs. 13 obra copia autenticada de la nota A/S 01433/10 de fecha 21/01/2010 emitida por el INAL y dirigida a la firma exportadora en la cual se informa que “EL PRODUCTO ACEITE DE ALGODON REFINADO NO LLEVA LA INTERVENCIÓN DEL INAL POR NO ESTAR COMPRENDIDO EN LA DISPOSICIÓN 4377/01”, suscripto por la Bioquímica Patricia Andreo (A/C Serv. Libre Circulación. INAL).
No obstante ello, el servicio aduanero realizó la consulta vía mail al INAL acerca de la obligatoriedad de intervención de dicho organismo de control en relación a la destinación de exportación de marras. La licenciada Estela Camauer, también perteneciente al Servicio Libre Circulación, informó que el aceite refinado de algodón está contemplado en el art. 527 del Código Alimentario Argentino por lo cual, para su exportación, corresponde la intervención del INAL y debe contar con el Registro Nacional de Productores Alimenticios (RNPA) A fs. 14/15 de las actuaciones obra impresión del intercambio de e-mails entre el Administrador de la Aduana de San Lorenzo y el INAL.
Asimismo, a fs. 16-18 obra copia autenticada de documentación de un despacho de exportación oficializado el 15/02/2010 por la firma CARGILL S.A.C.I. en relación al mismo producto (aceite de algodón refinado para uso alimentario) respecto del cual, según constancias de fs. 19/20 se procedió a dar previa intervención al organismo de control (INAL). Como consecuencia de los antecedentes reseñados precedentemente, a fs. 23-25 de las actuaciones, mediante Resolución N° 70/2010 del 22/02/2010 dictada por la Aduana de San Lorenzo, se procedió a instruir sumario contencioso por la presunta infracción al art. 954, ap. 1, inc. b). Se corrió vista a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana interviniente en la destinación. Una vez efectuada la defensa de las sumariadas, a fs. 96-100 se emitió el Dictamen N° 243/2014. Posteriormente, a fs. 103-106 se dictó la Resolución N° 788/2014 apelada en autos, por la que se condenó solidariamente a la firma y a la despachante de aduana.
El servicio aduanero consideró que se configuró la infracción prevista y penada por el art. 954, ap. 1, inc. b), en tanto quedó acreditado que la mercadería no contaba con la intervención previa del organismo de control (INAL) y en consecuencia, dicho incumplimiento, tornaba de condición prohibida a la mercadería.
V. Sentado lo que antecede, corresponde analizar si es ajustada a derecho la resolución que aquí se apela, en cuanto condena en forma solidaria a la firma exportadora CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana, Alicia Victoria Fanjul, por infracción al art. 954, inc. b), del C.A.
De la comprobación realizada por el servicio aduanero, surge que la recurrente habría incurrido en una declaración inexacta, al oficializar el despacho de exportación N° 10 057 EC01 000324 B, en razón de que la mercadería allí documentada requeriría, a los fines de su exportación, la previa intervención del organismo de control competente (INAL).
No se encuentra controvertido en autos, que la firma exportadora omitió dicha intervención previa.
La cuestión a dilucidar es si esa conducta omisiva de la importadora configura la infracción endilgada por el servicio aduanero.
El art. 954 del CA sanciona al que para cumplir una operación de importación o de exportación efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que en caso de pasar inadvertida produjere o pudiere producir: “… inc. b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación será sancionada con una multa de uno a cinco veces el valor en aduana de la mercadería en infracción.”
Las prohibiciones o restricciones a la importación y exportación previstas en el Código Aduanero, Sección VIII, constituyen disposiciones que impiden o limitan la introducción de la mercadería al territorio aduanero. Se trata de normas que expresamente prohíben en forma absoluta o relativa la importación o exportación de cierta mercadería, como también el sometimiento de la mercadería a otras restricciones, tales como normas de calidad, de acondicionamiento, la presentación de autorizaciones, certificados, en el momento indicado por las normas, ya sea al momento del registro del despacho o en un momento posterior.
El art. 610 del C.A. establece, entre otras prohibiciones no económicas, aquellas referidas a la salud pública (inc. e). Las prohibiciones a la importación por razones no económicas deben ser establecidas por ley o por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las facultades conferidas por el Código Aduanero o por el Ministerio de Economía, en virtud del ejercicio de facultades delegadas conforme las normas del Dto. 2752/91 y Ley 22.792.
La Ley N° 18.284 establece la vigencia del Código Alimentario Argentino en todo el territorio de la República y dispone que dicha ley y sus disposiciones reglamentarias se aplicarán y harán cumplir por las autoridades sanitarias de las jurisdicciones nacional, provincial o municipal y, agrega que la autoridad sanitaria nacional también podrá concurrir para hacer cumplir dichas normas en cualquier parte del país.
El artículo 4° de la mencionada norma establece que “Los alimentos que se importen o exporten deberán satisfacer las normas del Código Alimentario Argentino. La Autoridad Sanitaria Nacional podrá verificar las condiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial de los productos que entren o salgan del país, siendo actualmente dichas funciones ejercidas por la Secretaría de Salud del Ministerio de Salud, a través de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y específicamente en la órbita de productos alimenticios, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL).”
La Resolución ANA Nº 1946/1993, modificada por la Resolución ANA 445/1996, reglamentó las condiciones impuestas a la importación y a la exportación de productos alimenticios. Allí se dispuso que el servicio aduanero debiera exigir la intervención, previa al libramiento de la mercadería, por parte del INAL, para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura del Comercio Exterior (N.C.E.) comprendidas en los Capítulos, Partidas, Subpartidas y Posiciones que se consignan en el Anexo III de esa resolución.
De lo expuesto, se colige que el régimen de las normas mencionadas ha tenido por objeto un mecanismo de certificación/verificación previo al libramiento de la mercadería con la finalidad de garantizar a los consumidores la salud pública y no una prohibición a la exportación toda vez que por prohibición debe entenderse un impedimento para que la mercadería egrese del territorio aduanero general.
Conforme lo hasta aquí expuesto, resulta claro, que la falta de presentación de intervención previa del INAL no deviene punible en los términos del art. 954 ap. 1, inc. b) del CA por cuanto, dicho requisito, no condiciona la permisión de exportación de la mercadería en trato.
Cabe destacar que, sin perjuicio del criterio fijado sobre la cuestión por la mayoría de esta Sala en diversos precedentes, entre otros en “Navarro Fernando Javier c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación” (expte. Nº 27.917-A), del 05/02/14, corresponde al caso aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en la sentencia del 12/6/2012, recaída en los autos “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A)”, por la cual, con remisión al fundado dictamen de la Procuración General de la Nación del 4/10/2010, el más Alto Tribunal recordó que las prohibiciones de importación o exportación habrán de surgir de manera expresa de la norma, no pudiéndose asimilar a las mismas, las restricciones habituales o requisitos. Allí se señaló que el Código no establece prohibición específica alguna, sino que ellas deben surgir de la legislación que corresponda a la materia de que se trate. Se destaca, asimismo, que las prohibiciones aduaneras han de surgir de la letra expresa e inequívoca de la norma, de forma tal que su existencia como regla general merecedora de acatamiento, como así de la respectiva sanción a su inobservancia, puedan ser efectivamente discernidas y constatadas.
Asimismo el Tribunal cimero, en el fallo precitado, expresó “toda operatoria aduanera ha de realizarse siguiendo las pautas reglas en cuanto a horarios, modos, trámites administrativos, declaraciones y pagos de los correspondientes tributos, y demás requisitos consabidos propios de un régimen tan delicado. Pero ello no puede implicar la inversión de la regla fundamental consagrada en el arto 19 de la Constitución Nacional, elevando entonces tales requisitos al grado de prohibición, la que sólo se vería levantada para los casos en que se siguiesen tales pasos legal y reglamentariamente determinados, supuesto en que -siempre desde esta perspectiva que considero errónea se trataría de una "excepción" a la regla de la prohibición.”
En el mismo sentido, la Sala IV de la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que “toda prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser efectivamente discernida y constatada, sin que pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia está sujeta la importación” (v. sentencia de fecha 2/07/15, in re “UNILEVER ARGENTINA S.A. c/DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”).
Por los fundamentos vertidos en el caso, a mi juicio no corresponde atribuir a la recurrente la infracción imputada (art. 954 ap. 1 inc. b. del C.A.).
Estimo que los gastos casuídicos deben ser impuestos por su orden en razón a que la presente encuentra respuesta en un fallo del Tribunal cimero acaecido con posterioridad a la interposición del recurso aquí interpuesto. (art.1163 C.A.)
VI. Sin perjuicio de la conclusión arribada precedentemente, corresponde aseverar que la recurrente incumplió con lo dispuesto en la Resolución ANA N° 445 relativa “… a las consideraciones generales sobre la importación y exportación de alimentos y a la intervención del INAL respecto de dichos productos”, al omitirla en la operación de exportación de marras.
En este orden de ideas, corresponde determinar, si la omisión resulta sancionable en alguno de los supuestos previstos en el CA, para lo cual este Tribunal es competente por aplicación de lo dispuesto en el art. 1143 de dicho plexo normativo, en cuanto lo faculta para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso, independientemente de lo alegado por las partes.
Dicho ello, estimo que la conducta analizada encuadra en la infracción establecida en el art. 995 del código de fondo, por cuanto tuvo como consecuencia la transgresión a los deberes impuestos en la legislación aduanera y la afectación al control aduanero.
El reproche aquí formulado, si bien se basa en los hechos tenidos en cuenta por el servicio aduanero en el resolutorio recurrido en la especie, no lo hace sobre la misma conducta endilgada por éste. Lo hace integrándolo con el libre accionar desplegado por la firma imputada que se reprocha como antijurídico, por la afectación de un bien jurídico tutelado que difiere de aquél que conformara el reproche aduanero. En definitiva la condena que se impone en esta instancia comparte con aquél solamente el reconocimiento de una conducta ilícita.
El distinto encuadre legal que se efectúa en autos, de ninguna manera afecta la garantía de la defensa en juicio, ya que se juzgaron los mismos hechos que fueron objeto de debate y prueba en la tramitación del sumario, y encuentra su justificación en la naturaleza del proceso, en el que prima la búsqueda de la verdad objetiva de los hechos, constituyendo un deber el encuadre de los mismos dentro de las normas que resultan aplicables. En este sentido, la CSJN ha afirmado que: “la normativa procesal, indispensable y jurídicamente valiosa, no se reduce a una mera técnica de organización formal de los procesos sino que, en su ámbito específico, tiene como finalidad y objetivo ordenar adecuadamente el ejercicio de los derechos en aras de lograr la concreción del valor justicia en cada caso y salvaguardar la garantía de la defensa en juicio, ello no puede lograrse si se rehúye atender a la verdad objetiva de los hechos que de alguna manera aparecen en la causa como de decisiva relevancia para la justa decisión del litigio” (Fallos 302:1611). A modo de colofón, corresponde señalar que tampoco se está violando el principio de la reformatio in pejus, en atención a que el monto de la multa impuesta por el servicio aduanero es claramente superior.
Corresponde, entonces, revocar la resolución apelada en cuanto condena a la exportadora y a la despachante de aduanas en los términos del art. 954, ap. 1, inc. b) del CA y condenarlas solidariamente por la comisión de la infracción establecida en el art. 995 del C.A., la que, por disposición de la Ley 27260, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
Por ello, VOTO por:
1. Revocar la Resolución N° 788/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el expediente SC57-21/2010 (luego Actuación SIGEA 12517-91-2010), en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana Alicia Victoria Fanjul por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. con costas por su orden (art.1163 C.A.)
2. Condenar a la firma Cargill S.A.C.I. y a la despachante de aduana Alicia Victoria Fanjul en forma solidaria al pago de una multa de $ 10.000 (diez mil pesos), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del C.A. la que, por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP N° 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
Así voto.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que adhiero, en lo sustancial, al voto del Vocal preopinante. ASI LO VOTO.
Por ello, en virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 788/2014, dictada por el Administrador de la Aduana de San Lorenzo, en el expediente SC57-21/2010 (luego Actuación SIGEA 12517-91-2010), en cuanto condena a la firma CARGILL S.A.C.I. y a la despachante de aduana Alicia Victoria Fanjul por la comisión de la infracción prevista en el art. 954, ap. 1, inc. b), del C.A. con costas por su orden (art. 1163 C.A.)
2. Condenar a la firma Cargill S.A.C.I. y a la despachante de aduana Alicia Victoria Fanjul en forma solidaria al pago de una multa de $ 10.000 (diez mil pesos), de conformidad con lo establecido por el art. 995 del C.A. la que, por disposición de la Ley 27260 y la Resolución AFIP 4007/2017, se encuentra condonada de pleno de derecho y así cabe declararlo con costas por su orden.
Suscriben la presente los Dres. Christian M. González Palazzo y Pablo Garbarino por encontrarse vacante la Vocalía de la 18º Nominación (art. 1162 del C.A.).
Regístrese y notifíquese. Firme que queda la presente, por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.11.17 15:14:24 -03:00 Date: 2022.11.17 17:00:58 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.17 17:00:59 -03:00
Fin de la sentencia