Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31281-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso de apelación intentado por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravio- el pronunciamiento dictado el 25/10/2023 por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación.
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2024.-
VISTOS estos autos 7861/2024 caratulados “Cargill SACeI - TF 31.281-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución del 25/8/2023, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación admitió la apelación deducida por Cargill SACeI, revocó la resolución AD POCI 32/2012 y, a fin de cuentas, declaró la nulidad de los cargos 607/2008, 608/2008, 609/2008 y 610/2008, con costas a cargo del Fisco Nacional (conf. esp. fs. 143/148 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Para así decidir, en cuanto al fondo del asunto, en sustancial síntesis, el tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales concluyó que los cargos impugnados en autos debían ser dejados sin efecto por carecer de sustento y fundamentación fáctica, por haberse declarado la subsistencia de la resolución MAGyP 1413/2011, que rectificó el Anexo I de la resolución ONCCA 1898/2008, indicando expresamente que la DJVE “69158”, involucrada en autos, cambió su estado de “no acredita tenencia” a “acredita tenencia”.
Para alcanzar tal consideración, destacó:
-que los cargos impugnados habían sido labrados con relación a las destinaciones de exportación “08 045 EC01 000765 Y”, “08 045 EC01 000771 L”, “08 045 EC01 000782 N” y “08 045 EC01 000788 T”, que se encontraban asociadas a la DJVE “69158”;
-que por resolución ONCCA 1898/2008, la AFIP fue informada respecto de cuáles DJVE debían tributar una alícuota mayor en concepto de derechos de exportación en virtud de no haber acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada en los términos de la ley 26.351 (Anexo I) y aquellas DJVE que sí la acreditaban (Anexo II); sirviendo dicho precepto como fundamento de los cargos objeto de autos; -que si bien, ante el cuestionamiento de la exportadora, la resolución ONCCA 1898/2008, fue inicialmente rectificada por resolución MAGyP 1413/2011 (indicando expresamente que la DJVE “69158” cambió su estado de “no acredita tenencia” a “acredita tenencia”), luego, por resolución MAGyP 928/2012, fue dejada sin efecto tal corrección; lo que determinó el inicio por parte de Cargill SACeI de una acción ordinaria teniente a cuestionar la legitimidad de las citadas resoluciones ONCCA (causa 59.415/2012 “Cargill SACI c/EN - Mº Agricultura GyP - Resol. 928/12 - ONCCA - Resol. 1413/11 y otro s/proceso de conocimiento”), que culminó con una declaración judicial de nulidad de tales preceptos y el reconocimiento que debió considerarse acreditada la tenencia de la mercadería amparada por la DJVE involucrada en autos.
Al punto, resaltó que la condena judicial se encontraba firme y pasada en autoridad de cosa juzgada desde septiembre de 2023, siendo informada en autos tal circunstancia por Cargill SACeI. Luego, en punto a las costas, consideró, tal como se anticipara, que debían ser soportadas por el Fisco Nacional, conforme lo normado por el artículo 1163 del Código Aduanero, atento haberse definido la cuestión conforme argumentos planteados oportunamente por la recurrente en todas las instancias de discusión.
II. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva (conf. es. fs. 152 y 158/168 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Cuestionó únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas del proceso.
Sostuvo que, en el caso, existirían razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia.
En este sentido, hizo hincapié las divergentes opiniones anteriormente mantenidas por los organismos estatales intervinientes (entre ellos, la ONCCA); sumado a que se habría considerado con derecho a litigar atento la letra de la normativa en cuestión; todo lo cual determinaría -en su entendimiento- que la solución más equitativa y justa para el caso sería distribuir las costas por su orden. Advirtió que el pronunciamiento judicial en el que se sustentara la decisión de fondo, habría adquirido certeza con posterioridad a que la actora cuestionara la resolución que denegara la impugnación administrativa de los cargos involucrados en autos por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
En este sentido, postuló que al momento de dictar la resolución aduanera que denegara en sede aduanera el cuestionamiento de los cargos, así como al tiempo de defenderse ante el Tribunal Fiscal de la Nación, mal podía conocer lo que iba a resolverse a futuro en el marco de la causa judicial aludida por el pronunciamiento motivo de apelación, viéndose forzado a seguir lo resuelto por la ONCCA; actuación que gozaba de la presunción de legitimidad conforme lo normado por el artículo 12 de la ley 19.549.
En definitiva, planteó que en tanto la revocación de la resolución aduanera que denegara en sede administrativa la impugnación seguida contra los cargos antes mencionados se habría sustentado en las decisiones judiciales que recayeron y adquirieron firmeza con posterioridad a la traba de la litis, existirían motivos suficientes para que las costas fueran distribuidas por su orden.
Agregó que no fue parte en el proceso judicial en la que se sustentara el pronunciamiento recurrido y que hacerle cargar con las costas resultaba “de interés público” (sic), trascendiendo lo individual, dado que existían muchos casos similares en trámite, por manera que, de mantenerse el criterio, lo resuelto repercutiría en el erario público y, en definitiva, en la sociedad y en los contribuyentes.
Entendió que las particularidades del caso, detalladas anteriormente, justificaban apartarse del principio general rector en materia de costas.
Citó jurisprudencia, en su entendimiento, favorable a su postura.
Por lo expuesto, el Fisco Nacional solicitó que se revocara parcialmente el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, se dispusiera que las costas relacionados con la actuación seguida ante el Tribunal Fiscal de la Nación se distribuyeran por su orden, con costas de esta instancia judicial a cargo de su contraria.
Dicha presentación mereció réplica de la exportadora (conf. esp. fs. 170/192 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
III. Así contextualizado el caso, cuadra señalar que tras la modificación introducida por el artículo 273 de la ley 27.430 (BO 29/12/2017), el artículo 1163 del Código Aduanero consagra como principio general que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiera solicitado.
Sin embargo, dicho precepto habilita a la Sala aduanera del Tribunal Fiscal de la Nación interviniente a eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrara mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición.
Asimismo, en caso de verificarse una recalificación de la conducta o bien una reducción de la sanción a aplicar en los términos del artículo 1143 del Código Aduanero, las costas han de imponerse en el orden causado; no obstante lo cual el mentado organismo ha de cargar las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demostrase temeraria o carente de justificación. Cabe destacar que la modificación introducida por ley 27.430 es de neto corte procesal, por lo que resulta de aplicación inmediata, aún a procesos en trámite (conf. CSJN, Fallos 323:1285 y Sala IV del Fuero, en autos 3424/2020 “Sancor Cul c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 5/3/2020 y su cita).
IV. Sin perder de vista ello, indíquese que, en la especie, Cargill SACeI acudió al mentado organismo administrativo con facultades jurisdiccionales al fin de obtener la declaración de invalidez de los cargos 607/2008, 608/2008, 609/2008 y 610/2008; pretensión que había sido desestimada en sede aduanera mediante resolución AD POCI 32/2012 (conf. esp. fs. 27/130 del hipervínculo que antecede). Por su parte, el Fisco Nacional, al tiempo de contestar el traslado de la apelación deducida, se pronunció por la validez del acto dictado por el Administrador de la Aduana de Pocitos (conf. esp. fs. 133/141 del hipervínculo que antecede)
Finalmente, según se vio, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación admitió la pretensión actoral, revocando la resolución AD POCI 32/2012 y, a fin de cuentas, los cargos 607/2008, 608/2008, 609/2008 y 610/2008; decisión de fondo, que se encuentra firme y consentida.
Y, en punto a las costas, dispuso que debían ser soportadas por el Fisco Nacional, conforme lo normado por el artículo 1163 del Código Aduanero, atento haberse definido la cuestión de fondo conforme argumentos planteados oportunamente por la recurrente en todas las instancias de discusión.
Así las cosas, evaluado el caso y la solución de fondo adoptada, a la luz de los agravios planteados, a consideración del Tribunal, en consonancia con lo dispuesto por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, no existen razones valederas para apartarse del lineamiento general consagrado en el artículo 1163 del Código Aduanero; máxime si se tiene presente que la posición asumida por el Fisco Nacional respecto del planteo relativo a la improcedencia de los cargos aduaneros, obligó a la aquí actora a formular el cuestionamiento y solicitar su revisión, obteniendo, según se vio, un resultado favorable; que -en la especie, como consecuencia de lo hasta aquí expuesto- ha de verse reflejado en la imposición de costas.
V. Al fin de reforzar tal decisión, cuadra añadir:
i) que lo argumentado por el Fisco Nacional, en punto a la oportunidad en que habría quedado firme el pronunciamiento referido por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación a efectos de sustentar su decisión luce improcedente a poco que se repare que no medió de su parte un allanamiento a la pretensión actoral, sino, por el contrario, sostuvo la improcedencia de la impugnación de los cargos.
En efecto, al fin de considerar la pretensión del Fisco Nacional, con asiento en la oportunidad en que habría quedado firme la decisión en que se basara la solución del presente caso, exigía el allanamiento a la pretensión de su contraria; recaudo que no se verificaría en la especie.
ii) que, contrariamente a lo indicado por la presentación recursiva bajo trato, la AFIP - DGA fue parte en autos 59.415/2012 “Cargill SACI c/Mº de Agricultura GyP - Resol. 928/18- ONCCA - Resol.1413 y otros s/proceso de conocimiento”; y iii) que la sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para efectuar un planteo, no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, lo hace porque cree tener razón de su parte, más ello no le exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable (conf. esta Sala, en autos 33.089/2023 “LDC Argentina SA (TF 34.376-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 18/10/2024 y su cita; entre otros).
En definitiva, la posición asumida por la Administración dio lugar a la reclamación, obligando a Cargill SACeI a interponer el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación; todo lo cual, en el caso, debe verse reflejado en la imposición de las costas.
VI. Por lo demás, sin perjuicio de las salvedades propias de cada caso, en igual sentido se ha pronunciado ante análogos planteos esta Sala en autos 12.581/2024 “Cargill SACI (TF 32.586-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 6/9/2024; así como la Sala IV del Fuero, en autos 7442/2024 “Cargill SACeI (TF 31.273-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 13/6/2024 y en autos 7643/2024 “Cargill SACI (TF 31.134-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 19/6/2024.
VII. Así las cosas, por aplicación del principio general rector en la materia (conf. artículo 1163 del Código Aduanero) y a falta de razones valederas que justifiquen apartarse del mismo, corresponde desestimar el recurso interpuesto por el Fisco Nacional y, consecuentemente, confirmar, en cuanto fue motivo de agravio, la resolución apelada.
VIII. En atención a la forma en que se resuelve, y al no advertirse tampoco en esta oportunidad motivos valederos para apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas de esta instancia judicial se imponen también a cargo del Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar el recurso de apelación intentado por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravio- el pronunciamiento dictado el 25/10/2023 por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MARQUEZ
Fin de la sentencia