Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 31929-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de esta instancia a su cargo por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
44406/2023 CARGILL SACI-TF 31929-A Y OTRO c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de septiembre de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por Decisorio de fs. 385/389 , el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó con costas a cargo de las coactoras –Cargill SACI y D’Amuri, Gustavo Alberto- las excepciones de nulidad opuestas. Asimismo, revocó la Resolución nro. 51/2012 (AD SAPE) del 23/07/12 dictada en el marco de la Actuación SIGEA NRO 12634-46-2011 -SC060 46 2011-0, con costas a la demandada vencida.-
II.-Que a fs. 409/421 apeló y fundó el Fisco Nacional, agravios que fueron contestados a fs. 443/449 por el coactor Gustavo Alberto D’Amuri y a fs. 450/457 por Cargill SACI. A fs. 396/396vta se regularon los honorarios del perito oficial, quien los apeló por bajos a fs. 424/430. El 27/2/2024 se llamaron autos para sentencia.- III.-Que como surge de los antecedentes administrativos por Resolución nº 51/2012 (AD SAPE) del 23/7/2012, dictada en el marco de la Actuación SIGEA nº 12634-46-2011 – SC 060 46 2011/0, se condenó a la actora Cargill SACI y al Despachante de Aduana Gustavo Alberto D’Amuri, por encontrarlos solidariamente responsables de la comisión de la infracción prevista y penada en el artículo 954 Punto 1 inc. a) y b) del Código Aduanero y se los intimó al pago de la suma de $164.938,50 en concepto de multa y de $ 11.501,40 (U$S 2922,10) en concepto tributario, art. 1112 inc. b) del CA por diferencia de derechos de exportación, con más intereses previstos por el art. 794 del CA.-
IV.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).- V.-Que como lo puso de relieve el Tribunal Fiscal de la Nación: “…resulta necesario determinar la posición arancelaria a la que corresponde la mercadería exportada: si debería ser declarada tal como lo hizo CARGILL como residuo cernido de cebada PA NCM 2302.40.00.900E (que tributa el 5% de derechos de exportación) o, como sostiene el Fisco, que se trata de cebada fuera de estándar clasificable en la PA NCM 1003.00.98.100 U y alcanzada por la ley 21 .453 (que tributa el 20% de derechos de exportación y la obligación de documentar una Declaración Jurada de Venta al Exterior autorizada por la ONCCA como condición previa a su exportación). Además, si fuera este segundo caso debe determinarse si la omisión de registro constituye una transgresión a una prohibición a la exportación, configurativa del tipo infraccional previsto por el art. 954 en su inciso b del CA”.- VI.-Que analizada la prueba producida en sede del Tribunal Fiscal de la Nación, éste se refiere a lo dictaminado por el perito designado de oficio: “Que en función de todo lo expuesto debo coincidir con CARGILL cuando sostiene que la mercadería exportada trata de un residuo cernido de cebada que clasifica por la PA NCM 2302.40.00 .900E”.-
VII.-Que en su expresión de agravios, afirma la demandada que el a quo debió remitirse a las conclusiones de los organismos oficiales que actuaron en las actuaciones administrativas y no tener en cuenta lo expuesto por el perito designado de oficio por ante el Tribunal Fiscal de la Nación.-
Esta pretensión no puede tener cabida desde que el perito que fuera designado de oficio es un tercero imparcial con conocimiento técnico en la materia en debate y su intervención, cuando resulta necesaria y apropiada, puede salvaguardar de manera objetiva y eficaz los derechos en juego involucrados.-
VIII.-Que por lo demás, cabe recordar que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305 :2261; C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26-10-84; Sala I, in re: “Scioli S.A.”, sentencia CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8-95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A .”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001).-
IX. Que dejando a salvo las posibles objeciones que pueda hacerse a tales prescripciones del legislador en cuanto a la posible vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva, lo cierto es que, no mediando en el caso solicitud de inconstitucionalidad, tales postulados normativos deben ser atendidos por el juzgador, salvo que exista arbitrariedad o irrazonabilidad en la apreciación de los hechos y de las pruebas rendidas en la causa.-
X.-Que por lo demás, el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-
La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
XI.-Que conforme lo desarrollado hasta aquí, no se advierte en el decisorio apelado arbitrariedad, ilegalidad o irrazonabilidad en cuanto a la valoración de la prueba y los hechos de la causa.-
Por lo antes expuesto, SE RESUELVE:
Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio recurrido en cuanto ha sido materia de agravios, con costas de esta instancia a su cargo por aplicación del principio general de la derrota (art. 68 del CPCCN).-
Regístrese, notifíquese y sigan los autos según su estado.-
Pablo Gallegos Fedriani Guillermo F. Treacy Jorge Alemany
Fin de la sentencia