Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 32586-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 26/12/2023 del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A).
12.581/2024 CARGILL SACI (TF 32586-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO
Buenos Aires, 06 de septiembre de 2024.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento de fecha 21/12/2023, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación, declaró la nulidad de los Cargos nros. 1190, 1191 y 1194/12 y en consecuencia, revocó la Resolución (AD SALO) 983/12, recaída en el expediente administrativo SIGEA n° 12509-1103-2012, con costas a la demandada.
Para así decidir, el tribunal administrativo señaló que esa Sala “F” había fijado posición uniforme en casos análogos, donde la cuestión visceral desentrañaba analizar cargos -suplementarios o no- y resoluciones aduaneras adonde el único sustento que los motivaba tenía como piedra basal la norma de referencia, madre de las Resoluciones ONCCA 1487 y 1898.
Adujo que el razonamiento adoptado tenía como eje de motivación la ya pacífica jurisprudencia sobreviniente en sendas impugnaciones judiciales que tuvieron como objeto la validez de las resoluciones ONCCA dictadas al amparo de la también cuestionada Ley 26.351 y su Decreto reglamentario 764/2008 (Cámara Federal de la Plata -Exptes. T.F.N. nros. 31.068-A y 30.969-A “MOLINO CAÑUELAS S.A.C.I.F.I.A. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Sala IV -Exptes. T.F.N. nros. 36.646-A, 30.808-A y 33.201-A “OLEAGINOSA MORENO HNOS S.A.”- ).
Apuntó que, en todos ellos se declaró la nulidad de sendas resoluciones ONCCA y la inconstitucionalidad de la Ley n° 26351 y su Decreto reglamentario n° 764/2008 solicitada por las exportadoras, y los pronunciamientos dictados a tales efectos consolidaron su primigenia convicción de que lo justo encontraba marco en los criterios sentados en tales procesos, en tanto no se podía mantener la presunción de legitimidad de las Resoluciones ONCCA nros. 1487/08 y 1898/08, en tanto no se hallaban adecuadamente motivadas ni sustentadas en los antecedentes de hecho referidos a la situación de las exportadoras, limitándose, de modo general y abstracto, a la falta de acreditación, por parte de los exportadores incluidos en el Anexo I, de la adquisición o tenencia de la mercadería registrada para exportación.
En ese orden de ideas, y para dar respuesta a la cuestión sometida a estudio, recordó que, el objeto del recurso interpuesto por ante este Tribunal fue el de revocar la resolución aduanera en tanto rechazaba la impugnación formulada por CARGILL S.A.C.I., donde el único sustento fáctico y legal de la instancia administrativa fueron aquellas normas que judicialmente fueron reputadas nulas e inconstitucionales.
En tales condiciones, estimó que, eran razones de economía procesal, certeza, celeridad y seguridad jurídica y en consecuencia de justicia, las que aconsejaban la conveniencia de sostener y mantener la uniformidad de la jurisprudencia, en el entendimiento que de este modo se contribuía a “afianzar la justicia” uno de los pilares del Preámbulo de nuestra Constitución Nacional, siendo repugnante a derecho convalidar la existencia de pronunciamientos disímiles, ante el planteo de casos similares, sólo por las diferentes interpretaciones que de la Ley pudieran llevar a cabo jueces de distintas jurisdicciones (cf. Fallos CNE 3100/03 y 4387/2010).
Por lo expuesto, consideró que, correspondía revocar la Resolución AD SALO n° 983 del año 2012, recaída en el expediente administrativo SIGEA n° 12509-1103-2012, mediante el cual no se hizo lugar a la impugnación presentada y declarar la nulidad de los Cargos n° 1190, 1191 y 1194/12, formulados a la firma CARGILL S.A.C.I.
En cuanto a las costas del proceso, alegó que, el particular contexto de la cuestión llevada a debate y, centralmente, que lo decidido encontraba razón en la tacha de invalidez de un acto emanado por el Estado Nacional, entendía que las costas las debía soportar la demandada vencida.
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 14/03/2023 interpuso recurso de apelación, el Fisco Nacional, expresando agravios el 16/04/2023, los que fueron por la contraria el 7/05/2023. Se agravia respecto de la imposición de costas resuelta por el Tribunal Fiscal, en tanto, considera que existen, en las presentes actuaciones, circunstancias que habilitan el apartamiento del principio general de la derrota.
En este sentido, destaca que, por las particularidades del caso, las divergentes opiniones anteriormente mantenidas por los organismos estatales intervinientes (entre ellos, la ONCCA) y que la Aduana oportunamente se consideró con derecho a litigar, atento la letra de la normativa en cuestión, la solución equitativa y justa del caso sugiere imponer las costas por su orden, como ha ocurrido en numerosos precedentes similares al presente caso.
Señala que mediante la sentencia recurrida el Tribunal Fiscal revocó las resoluciones aduaneras con fundamento en lo resuelto en la causa radicada ante el Justicia en lo Contencioso Administrativo “Cargill SACI c/Estado Nacional - MS Agricultura GyP- Resolución 928/12 - ONCCAResolución 1413/11 si Proceso de Conocimiento” (expediente N° 59.415/2012)”, decisión que adquirió firmeza recién con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de fecha 12/09/2023, que rechazó el recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional (Ministerio de Agricultura. Ganadería y Pesca).
Es decir, que -sin dudas- su parte se consideró con derecho a litigar hasta el dictado de dicho pronunciamiento, por cuanto el mismo Estado Nacional se encontraba continuando la vía recursiva correspondiente respecto de las DJVE aquí involucradas.
Destaca que, el pronunciamiento judicial en base al cual el Tribunal Fiscal resolvió el caso de autos recién adquirió firmeza el con el rechazo por parte de la CSJN del recurso extraordinario interpuesto por el Estado Nacional, lo que ocurrió con fecha posterior al dictado de la Resolución Aduanera, así como también es posterior a la apelación deducida por la contraria ante el Tribunal Fiscal de la Nación y a la contestación del mismo efectuada por la representación fiscal. En tales condiciones, entiende que, de lo expuesto, surge claramente la convicción y el derecho a litigar de la representación fiscal.
Pondera que, en la especie existen motivos para imponer las costas en el orden causado por cuanto, del relato de los antecedentes de la causa realizado por el Tribunal Fiscal y de las constancias de la causa "Cargill", se observa que, al momento del dictado de la resolución aduanera apelada que confirmó los cargos no existía ningún impedimento que obstaculizara su emisión. Además, la AFIP- Dirección General de Aduanas no fue parte en el proceso judicial citado en la sentencia recurrida.
Partiendo de la premisa apuntada, concluye que el juez administrativo aduanero obró conforme a derecho al rechazar la repetición promovida por cuanto las decisiones de la ONCCA, atento revestir la calidad de actos administratives, gozaban en ese momento de la presunción de legitimidad contemplada en el art. 12 Ley 19.549 (aplicable al caso en virtud del art. 1017 C.A.), máxime cuando fueron emitidas por el organismo competente en la materia.
En este contexto, precisa que, el principio general objetivo de la derrota no es absoluto, sino que admite excepciones, cuando existen motivos objetivamente considerados que permitan inferir la existencia de una justa causa para litigar, lo cual se ha dado en autos. En ese sentido, resalta que el artículo 1163 del C.A. -
con la modificación introducida por la ley 27.430- dispone que la parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido. Y, en la misma línea, el segundo párrafo del artículo 68 del C.P.C.C.N. Sin embargo, el juez podrá eximir total o parcialmente de esa responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello.
Por lo expuesto, considera que, no caben dudas de que en los presentes se configuran circunstancias que permiten eximir a su parte del pago de costas, y que las mismas constituyen mérito suficiente para apartarse del principio general que ordena la imposición de costas al litigante vencido.
Cita jurisprudencia favorable a su postura.
III. Que el artículo 1163 del C.A. establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad de la eximición (…) Cuando en función de las facultades que otorga el artículo 1143, el Tribunal Fiscal de la Nación recalifique la conducta o reduzca la sanción a aplicar, las costas se impondrán por el orden causado. No obstante, el Tribunal podrá imponer las costas al Fisco Nacional, cuando la tipificación o la cuantía de la sanción recurrida se demuestre temeraria o carente de justificación”.
Es decir que, el principio general es que las costas se impondrán al vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, su eximición debe ser excepcional y de carácter restrictivo.
En el sub examine, el tribunal a quo revocó la resolución aduanera nro. 983/12 (AD SALO), con fundamento en la jurisprudencia sobreviniente en sendas impugnaciones judiciales que tuvieron como objeto la validez de las resoluciones ONCCA dictadas al amparo de la también cuestionada Ley 26.351 y su Decreto reglamentario 764/2008, donde se declaró la nulidad de las resoluciones ONCCA que dieron lugar a los cargos aquí impugnados.
En tales condiciones, no hay duda alguna de que la demandada ha resultado perdidosa, en su totalidad, en el asunto llevado a conocimiento del organismo jurisdiccional administrativo por lo que corresponde que cargue con los accesorios, por ser la consecuencia necesaria, teniendo en cuenta la forma en que se ha dirimido la cuestión planteada.
En este sentido, corresponde recordar que, la activación del mecanismo jurisdiccional generó gastos a la firma exportadora (interpuso el presente recurso de apelación), los cuales en virtud del principio de la derrota adoptado por nuestro ordenamiento procesal, deben ser soportados por el perdidoso (conf. esta Sala, "De Elizalde Diego Agustín c/ EN- SC- Resol 100/10 s/amparo ley 16.986", del 28/6/11; "Mena Gelvez, Lisa M. c/EN -H. Cámara Senadores de la Nación s/amparo ley 16.986", del 15/12/16, entre otros).
Así las cosas, no advirtiéndose en el caso que exista una circunstancia objetiva que justifique la exoneración, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar el pronunciamiento del 21/12/2023, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A.). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 26/12/2023 del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto es materia de agravio, con costas (arts. 68, 1º parte del C.P.C.C.N. y 1163 del C.A). Regístrese, notifíquese y oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia