Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa p 135919
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, se revoca la sentencia impugnada de fs. 80/90 en virtud de la errónea aplicación de la ley sustantiva y, en consecuencia, en ejercicio de competencia positiva, se restablecen la calificación legal y la pena impuesta en primera instancia, quedando Walter Antonio Meza condenado a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (arts. 45 y 79, Cod. Penal y 496, CPP).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa P. 135.919, "Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fiscal de Casación Penal, Dr. Carlos A. Altuve, en causa n° 95.716 del Tribunal de Casación Penal, Sala IV, seguida a Walter Antonio Meza", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan.
La Sala IV del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento del día 19 de septiembre de 2019, declaró procedente el recurso interpuesto por el defensor particular de Walter Antonio Meza contra el fallo del Tribunal en lo Criminal n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes que -por mayoría- lo condenó a la pena de doce años de prisión, accesorias legales y costas, por hallarlo autor responsable del delito de homicidio simple (arts. 45 y 79, Cód. Penal). En consecuencia, casó la sentencia recurrida, recalificó el hecho materia de estudio como homicidio preterintencional (art. 81 inc. 1 apdo. "b", Cód. Penal) y, asumiendo competencia positiva, le impuso la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento, con más el pago de las costas (v. fs. 80/90).
El señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 94/98 vta.), el que fue concedido por el tribunal intermedio (v. resol. de fs. 105/106 vta.).
El señor Procurador General mantuvo el recurso fiscal y aconsejó su procedencia (v. fs. 144/148). Dictada la providencia de autos (v. fs. 150) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Dado el alcance de la resolución de admisibilidad (v. fs. 105/106 vta.) solo corresponde analizar el planteo admitido relativo a la denuncia de infracción de una norma sustantiva, ya que el referido a la arbitrariedad de la sentencia, quedó marginado de dicho examen y el recurrente no interpuso recurso de queja contra esa decisión (v. informe de fs. 153).
II. El señor Fiscal ante la instancia casatoria denunció la errónea aplicación del art. 81 inc. 1 apartado "b" y la inobservancia del art. 79, ambos del Código Penal (v. fs. 95 vta.).
En coincidencia con lo manifestado por el señor Fiscal adjunto en el memorial, expresó que en la estructura del dolo eventual resulta basal que el sujeto activo incluya el dato cierto de la probabilidad de la producción del resultado lesivo y que tal conocimiento forme parte de la aprehensión global de la situación (v. fs. 97 y vta.).
En esa dirección, señaló que Meza desplegó acciones que abarcaron ineludiblemente la aceptación como necesarias o posibles del resultado muerte, toda vez que patear con gran fuerza en la cabeza a una persona sea que se esté cayendo, sea que esté en el piso, no puede llevar a descartar la posibilidad de dar muerte (v. fs. 97 vta.).
Enfatizó, en definitiva, que la decisión del órgano revisor sobre la razonabilidad del medio empleado minimizó que el imputado luego de darle dos golpes de puño en la cabeza a la víctima, aprovechando su estado de ebriedad y en el momento en que caía al piso, le asestó una patada en la cabeza, medio que estimó razonablemente apto para producir el resultado muerte valorando justamente el contorno que rodeaba el suceso (v. fs. 98).
En consecuencia, pidió que se deje sin efecto el encuadre jurídico dispuesto por la Casación y se restituya la calificación legal y la pena oportunamente impuesta por el tribunal de grado (v. fs. cit.).
III. Al igual que lo aconseja la Procuración General (v. fs. 144/148), el recurso debe ser acogido favorablemente.
III.1. Cabe recordar que el tribunal del juicio tuvo por debidamente acreditado que: "El día 16 de enero de 2017, siendo aproximadamente las 16:00 horas, en la intersección de las calles Antártida Argentina y Don Jorge de Florencio Varela, Walter Antonio Meza, aprovechando el estado de ebriedad de Nahuel Alejandro Lezcano, le propinó dos golpes de puño que le impactaron en su rostro, provocando su caída. Acto seguido, y mientras la víctima caía, la misma persona, amparándose en el estado de indefensión de su oponente, le arrojó un puntapié en el rostro que provocó su deceso" (fs. 14).
Sobre dicha plataforma fáctica, calificó el hecho como homicidio con dolo eventual (art. 79, Cód. Penal).
En tal sentido, la posición que hizo mayoría explicó que la figura legal escogida admite el dolo eventual, el cual se manifiesta con el conocimiento de la situación para el bien jurídico protegido y la indiferencia ante el riesgo de lograr el resultado muerte que el imputado procuró con el medio utilizado, como en definitiva se produjo (v. fs. 27 vta. y 28).
A partir de una serie de consideraciones teóricas referidas a los elementos volitivo e intelectual que integran el dolo, sostuvo que "...el elemento volitivo del dolo ha sido una cuestión problemática [...] ya que la ley no menciona en ningún momento a la voluntad, sino que hace referencia a ella cuando se regula el error o mejor dicho el desconocimiento o conocimiento erróneo y de esas normas a contrario, se infiere el elemento cognitivo" y que "...con relación a la realización de la conducta prohibida y la voluntad propiamente dicha de ello, dependerá de actitudes que no son en sí mismas 'la voluntad' pero que entregan una pauta objetiva plausible como para sostenerla, como ser la realización de la conducta sin siquiera tomar en consideración su resultado" (fs. 28 vta. y 29).
Sentado ello, estimó que tal aseveración tomaba sentido intrínseco en el caso: "...dos personas discutiendo, una de ellas en estado de ebriedad, se genera una pelea y cuando el sujeto ebrio cae producto de la ref[r]iega, recibe una patada mortal en la sien". En ese discurrir, enfatizó que "[n]o escapa al conocimiento de la esfera del profano que propinar un p[u]ntapié en la sien conlleva una elevación del riesgo de concreción de un suceso como el que nos ocupa y desnuda la indiferencia de Meza hacia la suerte de Nahuel Lezcano" (fs. 29).
Culminó señalando que podría sintetizarse al dolo para el caso como el conocimiento del peligro (v. fs. cit.).
A su vez, descartó la pretensión de la defensa relativa a la aplicación del tipo previsto en el art. 81 inc. "b" del Código Penal "...toda vez que la propia ley marca un baremo [...] como valladar para la procedencia de la pretensión ya que es prístina en reclamar que el medio empleado para causar un daño en el cuerpo o en la salud en el caso puntual no debía razonablemente ocasionar la muerte, extremo que en forma palmaria no se da en el sub lite " y que "...no se trata de un análisis ex post con las consecuencia palpables del resultado a flor de piel, sino que finca en la aptitud que ostenta un puntapié a la sien para lograr el resultado muerte, que excede a todas luces el parámetro de razonabilidad respecto que no debía causar la muerte el medio utilizado que reclama la norma de cita para su procedencia, con lo cual, con tal piso en función de la argumentación vertida supra, aunado a la total falta de configuración de los elementos nucleares del tipo atenuado invocado, la moción, pese al esfuerzo del Sr. Defensor, mal puede ser conjugada aquí" (fs. 29 vta. y 30).
III.2. Por su parte, la Sala IV del Tribunal de Casación Penal -voto del doctor Kohan, que concitó la adhesión del doctor Natiello- mutó el encuadre legal de este suceso y lo calificó como homicidio preterintencional (art. 81 inc. 1 apdo. "b", Cód. Penal).
Para así decidir, luego de efectuar consideraciones teóricas en torno al elemento subjetivo que reclama la figura de homicidio simple, expresó que no se podía sostener que la conducta de Meza hubiese tenido como propósito, eventual, causar la muerte de Nahuel Alejandro Lezcano (v. fs. 83).
Señaló que "...el plexo probatorio meritado, permite entrever un quiebre en el razonamiento de los sentenciantes, que dirigen su foco a la existencia del dolo eventual sobre la base de prolijas y profusas citas dogmáticas, mas con ausencia de explicación de las circunstancias que aplican ellas al caso concreto, reprochándose a Meza un grado de previsibilidad y representación que exorbita lo razonable...", al desconocer el contexto y las circunstancias que rodearon el suceso en juzgamiento (v. fs. 83 y vta.).
Bajo ese entendimiento, sostuvo que el juicio de previsibilidad debe ser objetivo, es decir, que la conducta del imputado debe ser analizada ex ante y no puede verse divorciada de las circunstancias que rodearon al hecho.
Con apoyo en la plataforma fáctica acreditada, estimó que no obraba en autos prueba alguna que permitiera aseverar una indiferencia en la acción desplegada por Meza frente al resultado lesivo muerte, por lo cual debía descartarse la ocurrencia del dolo homicida, ya que "...el contexto del hecho revela que el resultado no sólo no fue querido, sino que tampoco fue previsto por el imputado como de posible producción en la mecánica de su accionar, que consistió en lanzar dos golpes de puño y una patada, lo cual aparece, a primera vista, como un mecanismo inidóneo para obtener el resultado fatal" (fs. 83 vta. y 84).
Expresó que los jueces de grado efectuaron un análisis de los hechos ex post , basando su razonamiento en las consecuencias lesivas de la conducta desplegada por el imputado, enfatizando que, de no haber ocurrido el resultado fatal, no se estaría discutiendo una tentativa de homicidio (v. fs. 84).
En consonancia con lo anterior, el señor juez Kohan trajo a colación su postura en el marco de la causa 82.687 de esa Sala IV -que transcribió parcialmente- a través del cual se estableciera un límite entre la culpa consciente y el dolo eventual; de tal precedente surge -entre otras consideraciones- que "El comportamiento voluntario está ligado a los conocimientos que el agente tenga sobre la relevancia del riesgo propio de su conducta [...] cuando el sujeto actúa conociendo la relevancia típica de su conducta habrá dolo y cuando no la conoce habrá imprudencia..." (fs. 85).
En ese discurrir, insistió con que la existencia del dolo debe considerarse ex ante , es decir, al momento en que se desarrolla la conducta del sujeto (v. fs. cit.).
En consecuencia, sostuvo que correspondía hacer lugar al reclamo del impugnante en cuanto había referido que el fallo presumió el dolo eventual, pues "...es necesario analizar la conducta del sujeto en un estadio previo a la producción del resultado, donde lo determinante es el conocimiento del riesgo que ejecuta el activo con su conducta soslayando la producción o no del resultado, y tales extremos no pudieron ser acreditados en el presente" (fs. 85 vta.).
Concluyó que "...los medios empleados por el activo no resultaron incuestionablemente aptos para causar el óbito del damnificado. Aunque dos golpes de puño y el puntapié hayan sido aplicados con fuerza, no puede sostenerse con plena certeza que fuera un medio apto para producir muerte" (fs. 86). Y, circunscribiéndose al caso analizado, expresó que la escasa entidad del conflicto que había precedido a la agresión -que venía ponderada por el tribunal de juicio-, el conocimiento previo entre ambos participantes del mismo y los tres golpes lanzados por el imputado en la forma reseñada en la materialidad ilícita por ambas instancias, determinaban -en su parecer- la inexistencia de un dolo eventual homicida, pero sí la presencia de un homicidio preterintencional (v. fs. 86 y vta.).
Finalmente, estimó que correspondía a esa instancia asumir competencia positiva y fijar el monto de pena. De esa manera, luego de evacuar los reclamos de la defensa en el nivel de la determinación de la pena, la redujo conforme se hizo referencia en los antecedentes (v. fs. 87/89).
IV. Como se adelantó, el recuso prospera.
Tal como arriba comprobada ante esta instancia, entiendo que la conducta atribuida a Walter Antonio Meza permite corroborar -desde un juicio de apreciación ex ante - que su obrar efectivamente creó un peligro concreto de que se produzca el resultado desvalorado por la norma.
Como bien señala la acusación fiscal, patear con gran fuerza en la cabeza a una persona, dadas las particularidades del caso, no puede llevar a descartar la posibilidad de dar muerte, de modo que, frente a esa forma de actuar en el caso concreto, no es posible que el imputado no hubiera previsto y aceptado tal resultado.
A diferencia de lo resuelto por el tribunal intermedio, estimo, en virtud del material probatorio recabado en autos y teniendo en cuenta las especiales características del suceso analizado, que los golpes de puño y la patada con fuerza dirigidos sobre una zona vital y de alta vulnerabilidad del cuerpo (cabeza) de una víctima indefensa (en estado de ebriedad) constituyen en este caso puntual un medio que razonablemente debe tenerse como potencial y absolutamente idóneo para provocar el resultado muerte.
Por ello, asiste razón al recurrente cuando señala que la Casación aplicó erróneamente el art. 81 inc. 1 apartado "b", e inobservó el art. 79, ambos del Código Penal.
En base a la materialidad ilícita comprobada y firme, considero que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el señor Fiscal, revocar la sentencia recurrida en el nivel correspondiente a la calificación legal y, en ejercicio de competencia positiva, reestablecer la de homicidio simple actuada en la instancia de grado, así como la pena de doce años de prisión allí establecida, teniendo en consideración que la Casación mantuvo las pautas de mensura establecidas en la sentencia de grado.
Las consideraciones que anteceden, asimismo, constituyen respuesta suficiente a las alegaciones llevadas por la defensa de Walter Antonio Meza ante la instancia intermedia, que deben ser atendidas en función del principio de adhesión a la apelación, pues la base fáctica acreditada es demostrativa de la configuración del elemento subjetivo propio de la figura en cuestión.
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Soria y Genoud y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por la Procuración General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor Fiscal ante el Tribunal de Casación Penal, se revoca la sentencia impugnada de fs. 80/90 en virtud de la errónea aplicación de la ley sustantiva y, en consecuencia, en ejercicio de competencia positiva, se restablecen la calificación legal y la pena impuesta en primera instancia, quedando Walter Antonio Meza condenado a la pena de doce (12) años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (arts. 45 y 79, Cod. Penal y 496, CPP).
Regístrese, notifíquese y devuélvase (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21).
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/12/2023 10:57:15 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:54:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 11:55:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 15:39:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/12/2023 15:47:51 - JOFRÉ Lucía - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 28/12/2023 16:52:20 hs. bajo el número RS-188-2023 por SP-VILLAFAÑE MARIA BELEN.
Fin de la sentencia