Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74787
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la parte demandada por resultar vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
En la ciudad de La Plata, a 3 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Negri, Kogan, de Lázzari, Pettigiani, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 74.787, "Leonardi, Sergio Daniel contra Munic. Carlos Casares. Amparo".
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín, hizo lugar al recurso articulado por el accionante, revocó la decisión de grado y, en consecuencia, admitió la demanda instaurada, declarando la inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3, del Anexo II del decreto reglamentario 529/09. Ordenó, asimismo, que la autoridad administrativa pertinente debía ajustarse a los procedimientos y vías judiciales tendientes al cobro de las multas correspondientes (v. fs. 202/210).
Contra dicho pronunciamiento Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 224/236 vta.), el que fue concedido por la Cámara a fs. 241.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 244) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, esta Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín -en lo que aquí interesa-, hizo lugar al recurso articulado, revocó la decisión de grado y, en consecuencia, admitió la demanda instaurada, declarando la inconstitucionalidad del inciso 3 del artículo 10 del Anexo II del decreto reglamentario 529/09. Asimismo, ordenó a la autoridad administrativa pertinente a ajustarse a los procedimientos y vías judiciales tendientes al cobro de las multas correspondientes.
Sostuvo que, si bien es cierto que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio del ordenamiento, la reglamentación aludida, en cuanto exige el pago de la multa de modo ineludible para la renovación de la licencia de conductor resulta violatoria del principio constitucional de razonabilidad (art. 28, Const. nac.), conduciendo -en definitiva- a una afectación al derecho a la libre circulación.
Consideró que tal exigencia no tiende a un objetivo vinculado con la seguridad vial, sino que posee un fin claramente recaudatorio y que aquel propósito no se condice con el medio empleado, en tanto la administración cuenta con vías ejecutivas más apropiadas para su cobro rápido y eficaz (conf. art. 35 bis, ley 13.927, t.o. ley 14.393).
Adujo que la disposición reglamentaria desconoce o restringe derechos que la ley reglamentada otorga, subvierte su espíritu y finalidad, contraría el principio de jerarquía normativa, configura un exceso en el ejercicio de las atribuciones que la Constitución concede al Poder Ejecutivo, infringe el principio de razonabilidad, lleva a cabo una indebida discriminación en razón de la situación económica, sobrepasa la proporcionalidad de la punición. Motivos por los que declaró la invalidez e inaplicabilidad de la norma referida.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, el apoderado de Fiscalía de Estado denuncia errónea interpretación o aplicación de los arts. 28, 99 inc. 2 y concordantes de la Constitución nacional; ley 26.353; 20 inc. 2 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial; 1 y concordantes de la ley 13.928; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 de la ley 13.927 y 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09. También alega absurdo y arbitrariedad (v. fs. 224/225).
Expresa que la decisión de la Cámara es arbitraria al omitir una interpretación amplia e integral del plexo normativo imperante en materia de seguridad vial. Con tal sentido, sostiene que el art. 10 inc. 3 del Anexo II del decreto 532/09, tiene su razón de ser en el cumplimiento de la cláusula vigésima de la ley nacional 26.353 y que la medida impuesta es complementaria de otros mecanismos.
En defensa del precepto legal alega que resulta una adaptación de lo establecido por la normativa nacional en cumplimiento de un compromiso ratificado por el Congreso nacional. Aduce que, aunque el pago de una multa no convierte al infractor en hábil conductor o garantiza en forma automática la seguridad vial, es pública y notoria la reducción de accidentes en rutas provinciales desde su implementación, de lo que se deriva su idoneidad y eficacia para tutelar un bien jurídico tan trascendental como es la seguridad vial.
Aduce que la declaración de inconstitucionalidad es una función delicada y debe ser decretada cuando no exista otro medio para salvaguardar un derecho o garantía consagrados por la Constitución, circunstancia que no se da en autos. Afirma que, por el contrario, la inconstitucionalidad declarada por el Tribunal de Alzada no cumple con aquellos extremos básicos, ni advierte violación de los derechos de transitar libremente y trabajar, analizados de manera sesgada por el resolutorio atacado.
No hay aquí, asevera, un acto manifiestamente arbitrario o ilegal que le pueda ser atribuido a la Provincia de Buenos Aires, por cuanto la autoridad se limitó a exigir a la amparista el cumplimiento de los recaudos exigidos por la ley provincial 13.927 y leyes nacionales 23.363 y 24.449 y, de su lado, aquella no precisó ni probó que los restantes carriles procesales no constituyeran remedios hábiles para la protección de sus derechos.
Alega que la Cámara contradijo su propia postura, expresada en diversas causas, respecto a la improcedencia de la acción entablada y a la doctrina sentada por esta Corte en el precedente B. 65.096, "Sagrario Casas", sent. de 23-II-2005, entre otros, e incurre en absurdo al efectuar un esfuerzo para demostrar la pertinencia del amparo como único instrumento eficaz que torne viable la pretensión entablada.
Por último, afirma que la ley nacional 26.353 no ha sido declarada inconstitucional, por lo que aduce que el art. 10 inc. 3 del decreto 532/09 tampoco podría serlo, pues cumple con lo establecido por la primera norma citada.
III. El recurso no prospera (art. 279, CPCC).
III.1. En primer término, en lo referido a la improcedencia de la vía del amparo, la recurrente alega someramente que no existió un acto manifiestamente arbitrario o ilegal. Sin embargo, sus argumentos carecen de entidad en razón de basarse en afirmaciones genéricas y dogmáticas, técnicamente insuficientes, en tanto omite atacar el fundamento sobre el cual se asienta el pronunciamiento impugnado en relación a la procedencia de la acción promovida.
Ninguna de sus razones ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida por este Tribunal para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (conf. causas Ac. 39.671, "Estevez", sent. de 7-VI-1988; Ac. 55.498, "De Cunto", sent. de 26-IX-1995; Ac. 73.602, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-XI-2000; A. 71.535, "A., G. C.", sent. de 30-X-2013; e.o.).
En el caso, el recurrente sólo se limita a esbozar genéricamente que el accionante debió demostrar la idoneidad del amparo, pero omite indicar la falla del decisorio o las transgresiones que atribuye a los juzgadores. En definitiva, no pasan sus acertos de la mera enunciación (conf. causas Ac. 83.252, "Aguirre", sent. de 3-XII-2003 y A. 70.596, "Gónzalez", sent. de 24-IX-2014), cuando es sabido que resulta requisito de ineludible cumplimiento la crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido.
En cuanto a la mención de la doctrina legal de esta Suprema Corte que alega conculcada, cabe señalar que resulta inapropiada la cita de aquella cuando, tal como sucede en autos, difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente invocado (conf. causas Ac. 76.777, "Cooperativa Agrícola Ltda. La Victoria", sent. de 28-III-2001; Ac. 76.888, "Cabrejas de Aló", sent. de 19-II-2002; Ac. 84.617, "Carpignano", sent. de 5-V-2004; A. 68.808, "Maidana" y A. 68.817, "Bersani Ledesma", sents. de 20-VI-2007; e.o.).
III.2. Analizando ahora la cuestión de fondo, un detenido análisis de la impugnación deducida permite concluir en su insuficiencia, dada la deficiente técnica recursiva empleada en su postulación. Ello se revela en dos cuestiones centrales: en primer lugar, los argumentos que sustentan el recurso no están desarrollados con la claridad que exige una pieza de esta naturaleza y, en segunda instancia, tampoco cumplen los extremos de rigor exigidos por esta Suprema Corte para convalidar su suficiencia.
El art. 279, en su segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial, dispone que el escrito de deducción deberá contener, en términos claros y concretos, la mención de la ley o de la doctrina legal que se repute violada o erróneamente aplicada en la sentencia, y en forma específica, indicar igualmente en qué consiste la violación o el error.
El escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley debe cumplir con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley, los argumentos que en él se formulen deben referirse directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia (Ac. 79.513, "Di Benedetto", sent. de 23-XII-2002; Ac. 80.763, "Melo", sent. de 2-IV-2003; e.o.).
Como quedó visto, ello no ocurre en este supuesto pues no se atacan los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto a la desproporcionalidad entre los medios empleados -pago de la multa- y los fines a alcanzar -seguridad vial-, y al señalar que existe un medio judicial mucho más idóneo a fin de obtener el cobro de la sanción pecuniaria (el proceso de apremio).
Contra eso, resulta débil la argumentación que se limita a exponer que el precepto legal en cuestión tiene como cuestión prioritaria la seguridad vial y que el sistema de cancelación de multas en la forma impuesta constituye una herramienta disuasiva que persigue a los infractores para la protección de la sociedad, desde que no acredita con claridad la proporcionalidad entre aquella medida y los fines a resguardar y tampoco demuestra la imposibilidad de utilizar las vías legales para obtener el cobro de las multas derivadas de infracciones de tránsito (v. causa A. 74.612, "Alvarez", sent. de 26-XII-2018).
III.3. Igual suerte ha de correr la denuncia de absurdo.
Para que proceda este agravio, es necesario demostrar que lo concluido por el a quo es el producto de un error grave u ostensible que ha derivado en afirmaciones incongruentes o contradictorias con las constancias objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes (causas C. 96.946, "Labaronnie", sent. de 4-XI-2009; C. 105.822, "Ricci", sent. de 6-IV-2011 y A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016), recaudos que no exhibe la denuncia en tratamiento.
III.4. En otro orden, la pieza recursiva se limita a enumerar los preceptos supuestamente infringidos por la sentencia impugnada -arts. 28 y 99 inc. 2 de la Constitución nacional; ley 26.353; 20 inc. 2 y 144 inc. 2 de la Constitución provincial; 1 de la ley 13.928; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 8 de la ley 13.927-, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que aquéllos tienen con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. causas Ac. 94.316, "F., E.A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013 y A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014).
IV. Por las razones expuestas, frente al incumplimiento de las cargas técnicas establecidas por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado (art. 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (art. 289 in fine, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Negri, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por los fundamentos expuestos en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la parte demandada por resultar vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI HECTOR NEGRI
HILDA KOGAN
JUAN JOSE MARTIARENA
Secretario
Fin de la sentencia