Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2020-00128814-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la Resolución N° 634/19 (AD CAMP), dictada en las actuaciones N° 008-SC-324-2016/3 por el Sr. Jefe del Departamento Aduana de Campana.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-35721641-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 9 de Abril de 2024 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis (el Dr. Horacio J. Segura se encuentra en uso de licencia) a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “CARLOS ESTEBAN FABIO c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° EX-2020-00128814- -APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se trae a consideración de este tribunal se condenó al recurrente, en su carácter de despachante de aduanas, al pago de una multa de $338.493,55 por haber incurrido en la infracción prevista y penada por el art. 954, inc. a) del Código Aduanero (“CA”).
II. Contra dicho pronunciamiento, la actora presentó un recurso de apelación, mediante el cual arguye que el fallo aduanero debe ser declarado nulo, puesto que la única referencia al despachante para sustentar su condena se encuentra en el último considerando, donde la aduana afirma que no se acreditó el cumplimiento de las instrucciones brindadas por la empresa. Insiste en que ha intervenido en la destinación en trato, siguiendo las instrucciones y en base a la documentación remitida por la empresa, dando cumplimiento al mandato otorgado en los términos del art. 908 del CA. Advierte que la divergencia clasificatoria surge como resultado de un análisis de tal especialidad que fue cumplido en un instituto específicamente competente en la materia. Aclara no haber tenido ningún contacto con la mercadería exportada en forma previa al momento en que el servicio aduanero efectúa la comprobación y confronte contra lo declarado. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se rechace el fallo aduanero.
III. Por su parte, la representación fiscal defiende la validez del acto administrativo. Sostiene que el solo hecho de invocar el haber seguido instrucciones de su mandante no puede resultar eximente de responsabilidad en los términos del art. 908 del CA. Señala que no se le está exigiendo al despachante en modo alguno ser perito sobre la calidad de la mercadería o tener los conocimientos técnicos para detectar lo que resultó de un análisis de laboratorio, sino que lo que se le reprocha es no haber puesto la debida diligencia al momento de su declaración. Resalta que la actora no cumplió en ningún momento con los requisitos exigidos por la normativa aplicable para poder eximirse de responsabilidad en el caso de marras, siendo responsable por la infracción cometida en su carácter de ser un profesional especializado en clasificación arancelaria y, por lo tanto, conocedor de las reglas generales para la interpretación del sistema armonizado. Indica que en el caso se encuentran dados los presupuestos para tener por configurada la infracción contenida en el art. 954, inc. a) del CA. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. De acuerdo a la índole de las cuestiones planteadas, en primer lugar, corresponde tratar el agravio relativo a la nulidad de la resolución. En tales condiciones, es preciso resaltar que el análisis de las circunstancias en relación con la nulidad, no puede efectuarse en forma mecánica, sino sopesando la gravedad de la irregularidad y la posibilidad de su subsanación en cada caso en concreto.
Es así que, en el caso de autos, no se constata que en sede aduanera haya existido error o vicio alguno que causare a la actora una indefensión o gravamen que no pueda ser subsanado en esta instancia. En ese sentido, observo que la imputación recaída en el despachante de aduanas se basa en no haber acreditado en autos: “haber limitado su accionar al cumplimiento de las instrucciones dadas por el exportador, por cuanto no ha sido acreditada la existencia de las mentadas instrucciones en las que se expresara que la mercadería cumplía con la condición de 'preparaciones' exigidos por la normativa vigente, sin perjuicio de que la errónea clasificación de la mercadería por el declarada resulta suficiente para concluir en forma indubitable que el despachante de aduana no ajustó su conducta al claro deber de los operadores de comercio exterior” (ver fs. 104 a 106 de las Actuaciones Administrativas).
Así las cosas, es claro que la actora contó con la suficiente oportunidad para ofrecer y producir toda la prueba que evaluare pertinente en esta sede a fin de ejercer su derecho de defensa.
En ese marco interpretativo, la CSJN ha sostenido en reiteradas oportunidades que la violación de la garantía constitucional contenida en el art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa judicial posterior (Fallos, 205:549, 247:52, 267:393, entre otros).
En consecuencia, conforme a lo expuesto, no corresponde hacer lugar a la nulidad planteada.
V. Sentado lo anterior, resulta decisivo en el sub examine precisar el sentido y alcance de las obligaciones del despachante de aduana. Es que, en efecto, siendo claro que en el caso de marras la divergencia clasificatoria produjo una diferencia en el porcentaje de los tributos a ser liquidados, corresponde ahondar en el sentido de la responsabilidad del despachante de aduana y la posibilidad de aplicar, en el caso de marras, la figura infraccional atribuida.
VI. Por de pronto, encuentro necesario hacer notar que, si bien el art. 954 hace aplicable la sanción a quien efectuare una declaración inexacta, no debe colegirse la existencia de una sanción automática que se configura ante la comprobación del resultado. Es menester ponderar, en cada caso en particular, si cualquier auxiliar del servicio aduanero hubiera podido precaver que lo declarado iría a diferir con el resultado de la comprobación. Lo cierto es que el carácter de garante del cumplimiento de la manda administrativa, que asume el colaborador del servicio aduanero, no lo hace responsable de cualquier contingencia. Tal conclusión resulta adecuada a las especiales características de las obligaciones para con el sistema de fiscalización.
A nadie se le puede pedir responsabilidad por obligaciones que son de imposible cumplimiento.
VII. En tal sentido, cabe destacar las diferencias que existen entre un sistema de responsabilidad objetiva y un sistema de responsabilidad automática. En el primer caso, siempre resultará menester ahondar en si el obligado está en condiciones “objetivas” de cumplir con la manda legal. En el segundo caso, se examinan meros resultados. Lo primero es propio de las relaciones de justicia distributiva. Lo segundo es característico de las relaciones de justicia conmutativa. Precisamente, en el caso en concreto, encuentro que la discrepancia en cuanto a la clasificación de la mercadería surgió luego de practicarse un análisis (ver protocolo de análisis obrante a fs. 5 de las Actuaciones Administrativas) mediante la utilización de una muestra representativa sobre la mercadería objeto de exportación, la cual superaba en demasía los exámenes que normalmente deben realizar los despachantes de aduana.
VIII. Es crucial subrayar que el análisis minucioso llevado a cabo sobre la mercadería objeto de exportación, tal como consta en el protocolo de análisis adjunto a las Actuaciones Administrativas, implicó la utilización de una muestra representativa y excedió en gran medida las tareas habituales y las capacidades técnicas esperadas de un despachante de aduana. Esto sugiere que la discrepancia en la clasificación de la mercadería no puede ser atribuida a una falta de diligencia por parte del despachante, sino más bien a circunstancias extraordinarias que escapaban a su control y ámbito de responsabilidad. Queda claro entonces que la actuación de dicho auxiliar del servicio aduanero debe ser evaluada dentro de los límites de sus competencias y capacidades, evitando así la imputación de responsabilidades injustas o desproporcionadas.
Por consiguiente, corresponde revocar la resolución apelada.
Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Revocar la Resolución N° 634/19 (AD CAMP), dictada en las actuaciones N° 008-SC-324-2016/3 por el Sr. Jefe del Departamento Aduana de Campana.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Revocar la Resolución N° 634/19 (AD CAMP), dictada en las actuaciones N° 008-SC-324-2016/3 por el Sr. Jefe del Departamento Aduana de Campana.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y oportunamente, archívese.
Suscriben la presente el Dr. Miguel N. Licht y la Dra. Claudia B. Sarquis por encontrarse en uso de licencia el Dr. Horacio J. Segura (conf. art. 1162 del C.A.)
Date: 2024.04.08 19:42:37 ART Date: 2024.04.09 13:55:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.04.09 13:56:20 -03:00
Fin de la sentencia