Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 33.068-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2Rechazar las excepciones de prescripción y nulidad esgrimidas por la recurrente, con costas.
3Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 49.252 (Pesos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos) por el patrocinio letrado y de $ 19.701 (Pesos diecinueve mil setecientos uno) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 7.098 (Pesos siete mil noventa y ocho) por el patrocinio letrado y de $2.881 (Pesos dos mil ochocientos ochenta y uno) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las excepciones de prescripción y nulidad tratadas en autos, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe firma conjunta Número: IF-2023-21223761-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 27 de Febrero de 2023 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 33.068-I y sus acumulados N° 33.070-I, N° 33.069-I y N° 37.753-I caratulados “CARLOS GONZALEZ S.A. s/recurso de apelación – Impuesto a las Ganancias, Impuesto al Valor Agregado”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 1302/1380, 2657/2729, 4067/4142 y 4221/4252 la firma Carlos González S.A. interpone recursos de apelación contra las Resoluciones N° 110/2008, 109/2008, 108/2008 (DV ORR1) de fecha 15/12/2008 y la Resolución N° 58/2013 (DV ORR1) del 27/05/2013, todas dictadas por la Jefa y Jefe (en el último caso) (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la A.F.I.P.- DGI, por las que se resolvió en la primera de ellas (Expte. N° 33.068-I) impugnar las declaraciones juradas presentadas por el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2005 y 2006, determinar de oficio con carácter parcial la obligación frente a dicho impuesto por los mismos períodos fiscales, detrayéndose las retenciones y percepciones sufridas, los anticipos ingresados y por último, imponer la obligación de ingresar un saldo en concepto de Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2005 y 2006, con más intereses, aplicándose una multa graduada en tres (3) veces el tributo evadido, por los períodos fiscales 2005 y 2006 conforme los arts. 46 y 47 incs. b) y d) de la Ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.). Que por la segunda resolución (Expte. N° 33.070-I) se resolvió impugnar las declaraciones juradas presentadas por el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2003 y 2004, determinar de oficio con carácter parcial la obligación frente a dicho impuesto por los mismos períodos fiscales, detrayéndose las retenciones y percepciones sufridas, los anticipos ingresados y por último, imponer la obligación de ingresar un saldo en concepto de Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2003 y 2004, con más intereses, quedando diferidas las sanciones según lo ordenado en el art. 20 de ley N° 24.769. (hoy ley N° 27.430, art. 279 como nuevo Régimen Penal Tributario). Que por la tercera resolución (Expte. N° 33.069-I) se resolvió impugnar las declaraciones juradas presentadas por el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales 12/2002 al 04/2003, determinar de oficio con carácter parcial la obligación frente a dicho impuesto por los mismos períodos fiscales, detrayéndose las retenciones y percepciones sufridas, los anticipos ingresados, y saldos a favor. Finalmente, por la cuarta resolución (Expte N° 37.753-I) se resolvió aplicar una multa en el Impuesto a las Ganancias graduada en tres (3) veces el tributo evadido, por el período fiscal 2004 conforme los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley de rito.
Explica que es una compañía que se dedica a la fabricación de envases plásticos en formas básicas y artículos de plástico no clasificados, flexibles tales como: bolsas, zipper, polipropileno, polietileno, flexografía y laminación. Que fabrica y comercializa envases para productos alimenticios a las primeras marcas del mercado local y exporta a Brasil y Chile.
Plantea en los Exptes. N° 33.068-I, 33.070-I y 33.069-I como excepción previa la nulidad de los actos administrativos, alegando irregularidades en la notificación de las resoluciones que viene a apelar por cuanto recién el 06/02/2009 tuvo oportunidad de tomar conocimiento de ellas. Que, además los actos poseen vicios que los tornan anulables, afectándose el debido proceso, el principio de congruencia, razonabilidad y defensa en juicio.
Que plantea la prescripción de las acciones del Fisco Nacional para determinar: el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2003 (cierre de ejercicio abril de cada año) por el Expte. N° 33.070-I, el IVA por los períodos fiscales 12/2002 a 04/2003 por el Expte. N° 33.069-I y el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2004 por el Expte N° 37.753-I.
Expresa que el Organismo fiscal por medio de indicios y presunciones pretende impugnar las operaciones realizadas, debido a que los instrumentos utilizados para la operatoria ponen en duda su real existencia. Menciona que los elementos colectados por el Fisco Nacional no son suficientes para fundar la pretensión fiscal. Que cumplió con todas sus obligaciones y que los servicios facturados se encuentran debidamente demostrados y respaldados.
Sostiene que el método presuntivo para determinar los ajustes es inadecuado e infundado, ya que aportó prueba que demuestra que los hechos cuestionados han sido tales y como se declaran. Que el Fisco Nacional no pudo constatar ninguna irregularidad por lo que recurrió a efectuar un ajuste de escritorio, sin fundamentación técnica, obviando datos suministrados y sin prueba.
Carlos González S.A. deja en claro que la cuestión a debatir se centra en un préstamo otorgado por el Sr. Carlos González el cual es socio de la misma (sic). Que el Fisco Nacional tildó supuestamente de apócrifo al mutuante, lo que generó consecuencias para el pasivo. Que así las cosas, no se puede inferir que ese pasivo no sea real, ya que los pagos a los proveedores, empleados, demás gastos y fondos fueron debidamente acreditados y expuestos en sus declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales (sic).
Aclara que existe coincidencia entre las fechas de los préstamos aportados y la contabilización de los mismos. Que se chequeó a lo largo de toda la fiscalización el circuito de compras, ventas, los inventarios, los saldos de clientes y proveedores, las cajas y los bancos. Que se trató de un préstamo del Presidente de la empresa utilizado para la compra de materia prima y así no llegar al cierre de la fábrica, para el pago de sueldos y cargas sociales, pago de proveedores y demás obligaciones en un mercado en el que opera hace más de cuarenta años. Respecto de la multa impuesta en el Expte. N° 37.753-I considera que el organismo fiscal no acreditó las diferencias en la contabilidad o documentación para habilitar la aplicación de presunciones y que el dolo no se pudo probar en sede penal.
Por todo lo expuesto, finalmente ofrece prueba documental, informativa, testimonial y pericial contable. Que por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 1397/1410, 2736/2751, 4154/4169 y 4267/4275 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Destaca que los actos sancionados gozan de legalidad y reúnen todos los requisitos necesarios para ser convalidados tanto en su causa, como en su procedimiento y motivación.
Manifiesta que el método presuntivo utilizado devino como consecuencia de la falta de elementos de juicio puestos a disposición por la actora al momento de ser fiscalizada. Que en definitiva, la detección de irregularidades e indicios que dieron lugar a las determinaciones y sanciones, son consecuencia de no haber justificado los ingresos o ahorros no declarados.
Señala que la contribuyente pretende ampararse en instrumentos inválidos frente a terceros utilizando facturación apócrifa y así justificar operaciones comerciales inexistentes, descontando gastos y computándose crédito fiscal. (sic)
Indica que el Sr. González (Presidente de la firma) no pudo acreditar el origen de los fondos que habría prestado a la recurrente, y si bien luego aportó extractos bancarios y fotocopias de venta de inmuebles, ello no resultó suficiente para acreditar el origen del préstamo. En consecuencia, estima que la deuda declarada por la sociedad es inexistente, ajustando el ejercicio cerrado al 30/04/2003 como diferencia patrimonial no justificada e impugnando el gasto cargado en la cuenta “Diferencia de cambio” respecto de los ejercicios del 30/04/2004, 30/04/2005 y 30/04/2006.
Hace saber que la actora no expresó agravios respecto de los intereses resarcitorios ni de la sanción impuesta específicamente en el Expte. N° 33.068-I, por lo que solicita se tengan por consentidos.
En lo que hace a las nulidades y prescripciones planteadas por la actora las rechaza. Las primeras, alegando que no existió estado de indefensión sino negligencia de la actora. Las segundas, aclarando que no resulta aplicable a los casos la prescripción establecida en el Código Civil tal como lo manifiesta la recurrente, en tanto la ley de procedimiento tributario, como ley especial, establece la prescripción en materia tributaria.
Por último, se opone a la prueba ofrecida, acompaña antecedentes administrativos, y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, solicita se rechacen los recursos interpuestos y confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la actora. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 1413 se resolvió tratar la nulidad articulada por la recurrente junto con el fondo. Que a fs. 1416 se hizo lugar parcialmente a la oposición formulada por el Fisco Nacional con relación a la prueba siguiente: informativa a fs. 1376 ap. V.1.3.; testimonial de fs. 1377/1378 ap. V.3. ptos. c), d), e), f) y pericial contable de fs. 1378/1379 en lo que respecta al apartado V.4 pto. A.2). En consecuencia, se intimó a la recurrente para que identifique los bancos que pretendía sean oficiados, dé cumplimiento a lo dispuesto por el art. 429 del CPCCN en lo relativo a la prueba testimonial y proponga perito contador. Que a fs. 1421 se reiteró la intimación para finalmente a fs. 1435 dar por decaído el derecho a producir toda la prueba ofrecida.
Que a fs. 2753 se resolvió acumular el Expte. N° 33.070-I. A fs. 2763 se hizo lugar parcialmente a la prueba ofrecida por la recurrente intimándolo a que proponga perito contador.
Que a fs. 4183 se resolvió acumular el Expte. N° 33.069-I, en el que previamente se dictó sentencia (fs. 4172/4173) respecto de la nulidad opuesta por la actora, rechazándola con costas por su orden. Seguidamente, a fs. 4198 se reordenó el trámite e intimó a la actora para que adecúe la prueba ofrecida para su producción (respecto del Expte. N° 33.070-I y del Expte. N° 33.069-I). Que no habiendo cumplido con las intimaciones a fs. 4199 y 4206 se dio por decaído el derecho a producir toda la prueba ofrecida por los expedientes mencionados. Que por último, a fs. 4282 se resolvió acumular el Expte. N° 37.753-I y a fs. 4287 se reordenó la causa rechazando la prueba ofrecida.
IV. Que mediante PV-2022-137659232-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “D” y mediante IF-2023-17265624-APN-VOCXII#TFN se pasan los autos para sentencia.
V.- 1. Que a fin de seguir un orden en la exposición considero conveniente referirme, previo a todo, a las defensas de nulidad planteadas por la actora por los Expte. N° 33.068-I y 33.070-I como de previo y especial pronunciamiento.
Que la actora plantea que tomó conocimiento de las resoluciones que apela el 06/02/2009 debido a una serie de irregularidades. Que el Acta de notificación labrada –supuestamente- el 15/12/2008 dice no haber encontrado persona alguna en la empresa para notificar, por lo que entiende que no fue notificada debidamente, aunque el organismo fiscal alegue haberlo hecho por el art. 100 de la ley procedimental. Que por este motivo se siente agraviada en tanto resultan lesionados sus derechos, agregando que las actuaciones son nulas por padecer de vicios en la causa, finalidad, forma y procedimiento.
El Fisco Nacional responde que ha cumplido con todas las disposiciones contenidas en la ley N° 11.683 (t.o 1998 y mod.), concediéndole vista a la empresa conforme las resoluciones dictadas y notificadas el 22/12/2008 (FS. 854,855 Y 867 aa CPO. Nota 228/09) de acuerdo a lo normado en el art. 100 inc e) de la ley citada. Aclara que los empleados de AFIP concurrieron al domicilio de la empresa, y al no encontrar empleado -que accediera a recibir copia de la resolución de vista- procedieron a fijarla en la puerta de acceso en sobre cerrado, dejando constancia labrada en actas con fecha, hora.
Cabe destacar que la nulidad importa la privación de efecto de los actos que adolecen de algún vicio y por ello carecen de aptitud para cumplir con el fin al que se hallan destinados, sin que pueda advertirse en este estadio procesal que el Fisco haya incurrido en ninguna causal que invalide el procedimiento seguido. No se advierte en la especie en qué medida se encuentra violado o cercenado el derecho de defensa de la actora, toda vez que ha quedado evidenciado que la misma tuvo a su disposición la totalidad de las actuaciones, encontrándose debidamente notificado de la vista corrida.
Que de las resoluciones apeladas en autos como de la vista cursada se evidencia que cumplen con los requisitos establecidos por el artículo 7° de la ley N° 19.549, sin concurrir las circunstancias contempladas por el art. 14 de la ley N° 19.549 como causales de nulidad absoluta, de la manera que la actora pretende.
Que la adopción de una decisión contraria a la que aquí se propicia implicaría la admisión de la nulidad por la nulidad misma, cuando tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen para su configuración la existencia de un efectivo perjuicio, el que como ha quedado antes expresado no se vislumbra en el supuesto bajo análisis. Que ello así, corresponde rechazar las nulidades intentadas, con costas. Se advierte que respecto del Expte. N° 33.069-I como ya se mencionó, se dictó sentencia – previa a la acumulación- como cuestión previa (fs. 4172/4173), rechazando la nulidad con costas.
V.- 2. Resta tratar las prescripciones planteadas por la actora en los Exptes. N° 33.070-I, 33.069-I y 37.753-I. Que en base al art. 3949 del CC la actora manifiesta que las acciones del Fisco para poder para determinar y exigir el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2003, IVA período fiscal 12/2002 a 04/2003 y la multa en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2004 –esto es por los expedientes mencionados- están prescriptas. Así es como plantea la prescripción liberatoria de los impuestos por el transcurso del tiempo y la inactividad del Organismo fiscal.
El Fisco, a su tiempo, menciona que la ley N° 11.683 posee un instituto propio de prescripción en materia tributaria contenida en los arts. 56 a 69, por lo que entiende que no resulta aplicable la normativa citada por la actora, por gozar la prescripción de legislación propia.
Que le asiste razón al Fisco Nacional en cuanto a que la ley N° 11.683 contiene legislación específica en materia de tributos, mediante la cual dispone, entre otras cuestiones, que las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir el pago de los impuestos regidos por dicha ley, para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella prevista, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaraciones juradas e ingreso del gravamen o al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerados como hecho u omisión punible (cfr. artículos 56, 57 y 58 de la ley citada).
Que para el caso de autos, se trata de un contribuyente inscripto, cuyo vencimiento para presentar las declaraciones juradas por el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2003 e IVA 12/2002 a 04/2003 comenzó a correr desde el 01/01/2004, por lo que se evidencia que al momento del dictado de las resoluciones apeladas - 15/12/2008- el Organismo fiscal se encontraba plenamente facultado para efectuar los ajustes realizados. Para el caso de la multa en el Impuesto a las Ganancias periodo fiscal 2004 –resolución del 27 de mayo de 2013-, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2005, debiendo vencer el 01/01/2010.
Que el art. 65 inc. d) tercer párrafo de la ley N° 11.683 (texto vigente al momento de la resolución) menciona que “ Se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:… La prescripción para aplicar sanciones se suspenderá desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 20 del Régimen Penal Tributario, por presunta comisión de algunos de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores a la comunicación a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la sentencia judicial firme que se dicte en la causa penal respectiva.”
Ahora bien, surge de la resolución apelada que la AFIP el 30/12/2008 interpuso denuncia penal por presunta comisión de delitos conforme ley N° 24.769 (ley vigente al momento), por lo que el plazo de prescripción se vio suspendido primero por un año por Ley 26.476 –art 44- y luego hasta 180 días posteriores al 24/04/2012, fecha en que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de San Martin dictó sentencia por la que se sobreseyó al Sr. González -responsable de la firma que lleva su nombre- en relación a la presunta evasión que se le imputó. Quedando pendiente aún el cómputo de un año –habían transcurrido solo cuatro al momento de la primera suspensión-, conforme el art. 20 de la ley N° 24.769 y en función de la firmeza de la decisión del fuero penal, el organismo se encontraba plenamente habilitado para aplicar sanciones derivadas de la ley de rito. Que el 27/05/2013 la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Oeste de la DGI-AFIP dicta la resolución N° 58/2013, la que fuera notificada a la recurrente el 30/05/2013.
Sin más que agregar corresponde rechazar los planteos de prescripción efectuados por la recurrente, con costas.
VI. Que corresponde establecer si las resoluciones apeladas se ajustan a derecho.
Como ya se dijo anteriormente la cuestión a debatir se centra en el origen del supuesto préstamo otorgado a la recurrente por quien fuera el presidente de la sociedad anónima, el Sr. Carlos González. De esa manera, se le adeudaría – al 30 de abril de 2005- la suma de $ 958.728,45 no habiéndose aportado elemento alguno de respaldo de ese crédito.
El 21/06/2006 se notificó a la sociedad del inicio de la fiscalización tramitada bajo la OI 145.416 en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2002 a 2005. Que la contribuyente por medio de su autorizado el Sr. Gustavo Estévez aportó los Estados Contables con cierre 30/04/2005 donde se exteriorizaba a la fecha de inicio y de cierre un pasivo por $ 668.821,92 y $ 958.748,45 respectivamente. Que también aclaró en la nota 3 que el préstamo había sido realizado por uno de los accionistas y director de la sociedad, el Sr. Carlos González por una suma de USD 329.431 que serían devueltos en el largo plazo cuando la sociedad estuviera en condiciones de hacerlo, “también se estudia la posibilidad de capitalizarlo.” (sic) (fs. 1 a 19 cpo. Gan. N° 1 y fs. 7 y 8 cpo. IVA, de la OI 145.416). Este supuesto no se produjo ni en fecha posterior a las determinaciones de oficio. Se destaca que al 30 de abril de 2002 no había registro de préstamos en la contabilidad de la actora. A su vez el mismo monto se registró en los ejercicios finalizados en abril de 2003 y abril 2004 con más sus diferencias de cambio. Que los responsables de la fiscalización, a efectos de conocer la procedencia del pasivo declarado, requirieron a la firma que exhiba la documental de respaldo del préstamo en cuestión, como así también asientos, mayores, libros diarios, etc, lo que no sucedió. Ahora bien, lo que sí aportó fueron fotocopias de extractos bancarios de la cuenta JPT-329043-79 radicada en el Banco Prudencial Securities abierta en enero de 1997, con extractos bancarios hasta el 31/12/2000 con un saldo de U$S 1.120,13 lo que resultó insuficiente para justificar el origen del dinero prestado.
Por su parte, el Sr. Estévez manifestó que “respecto de las deudas contraídas por la firma con el Sr. Carlos González el origen de los fondos de dichos aportes corresponde a ventas de propiedades” (fs. 298 cpo. Gan) -no aportó materialmente prueba de sus dichos-.
Sin embargo, y conforme las reiteradas solicitudes a la actora para que exhiba la documentación necesaria, ésta incluyó fotocopias de escrituras de ventas de inmuebles propios y de la sociedad VETIER S.A., habiendo aportado tres escrituras de ventas por U$S 18.000, U$S 1.500 y U$S 1.700 (fs. 1 a 197 cpo. justificación ingreso préstamo).
En armonía con lo mencionado anteriormente, el 02/07/2007 se inició al presidente de la firma una fiscalización mediante la OI 239.879 en el Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales por los períodos fiscales 2002 a 2006 (fs. 2 a 7 cpo. Ganancias). Así el Sr. González informó que el 30/11/2001 realizó un aporte en efectivo de USD 329.000 debido a la necesidad de financiamiento de la compañía y que los fondos tienen origen en ventas de propiedades de años anteriores. (fs. 93 a 95 cpo GAN N°1 OI 239.879). Al requerirle justificar por medio de documentación o instrumentos válidos el préstamo otorgado a la firma que preside, y el Organismo fiscal sumar los importes declarados por las propiedades vendidas se llegó a la conclusión de que entre febrero de 1996 y noviembre de 2001 se totalizaban USD 188.000 (fs. 96 a 121 cpo Gan N° 1), lo que no alcanzaría para justificar los fondos que hacen al mutuo que se debate entendiendo que fue otorgado en noviembre de 2001 y que sin embargo no está registrado en la contabilidad de la empresa al 30 de abril de 2002.
A su vez resulta relevante la información que surge de los asientos del 20 de agosto de 2002 y 30 de abril de 2003 en las cuales se debitó la cuenta proveedores y diferencias de cambio y se acreditaron préstamos de Carlos González por $ 329.431 y $ 76.411,26. En el asiento del 29 de junio de 2001 se debitó la cuenta caja, acreditándose la cuenta proveedores por $ 329.431, no registrándose cuenta alguna relativa al préstamo. El asiento exhibido no guarda ninguna vinculación con el préstamo cuestionado.
Que se le solicitó en reiteradas ocasiones a la firma que exhibiera documental que responda al pasivo declarado. Por su parte el Sr. Estévez –autorizado por la firma- contestó lo siguiente:
1. El préstamo otorgado por el Sr. Carlos González consta en el Libro de Actas de Asamblea N°1 bajo la identificación Acta de Directorio N° 40.
2. Se efectivizó en dólares estadounidenses.
3. Lo utilizó para el pago de proveedores de materias primas.
4. En esos momentos se debía realizar en esa moneda para poder fijar precio.
También se aportó copia de Libros Diarios N° 6 y 7, con asientos de los períodos 04/2005 y 04/2006 donde se registraron las deducciones por diferencias de cambio del supuesto pasivo. Por último, aportó copia de fs. 90 del Libro Diario N° 4 pasada ante escribano donde se registraba el préstamo. Que la fiscalización observó que el Acta de Directorio N° 40 mencionado se halla fechada el 19/08/2002, nueve meses después de efectuado el presunto préstamo.
Que se menciona la gran inconsistencia que surge de la documental aportada, en razón de que se firmó un acta donde constaba la recepción de dólares estadounidenses y la operación equivalente a ese valor se efectuó en pesos, ambas con fecha 19/08/2002, manteniendo una paridad en ambas monedas (un peso un dólar) cuando la convertibilidad ya no existía desde el 06/01/2002.
En conclusión, no se acompañó prueba concreta que acredite el origen del préstamo, y los papeles aportados para justificar el mutuo dado a la mutuante o a los proveedores resultó débil e insuficiente. Asimismo, se impugnó el pasivo en el período fiscal 2003 y las deducciones por diferencias de cambio, por su carácter accesorio, en los ejercicios 2003, 2004, 2005 y 2006, tratándolas como deducciones no erogadas conforme art. 33 de la ley citada. Que en base a los ajustes efectuados en el Impuesto a las Ganancias, y conforme su condición de inscripto ante el Impuesto al Valor Agregado, se procedió a efectuar el ajuste respecto de este por los períodos fiscales 12/2002 a 04/2003. Que por su parte, el incremento patrimonial no justificado fue tomado como ventas omitidas conforme art. 18 inc. f) de la ley de rito A la luz de lo expuesto, el Fisco Nacional consideró que no se logró acreditar fehacientemente el origen del préstamo efectuado por el Sr. Carlos González a la recurrente. En consecuencia, se procedió a declarar la deuda como inexistente, y se ajustó el ejercicio cerrado al 30/04/2003 impugnando el gasto/costo y crédito fiscal y aplicando la figura del incremento patrimonial no justificado contenido en el art. 18 inc. f) de la ley 11.683 de la Ley de Procedimiento Tributario.
VII. Que corresponde exponer los agravios planteados por la recurrente con relación a las determinaciones de oficio practicadas, junto con la prueba documental agregada en las actuaciones administrativas, sin haber presentado otra prueba conducente para desvirtuar las pretensiones fiscales; en especial aquellas que ofreció y que se dieron por decaídas por su propia inacción.
Sostiene la recurrente que los cargos formulados giran en torno a una serie de indicios que culminan en meras presunciones simples, sin entidad suficiente para poner en duda la existencia de las operaciones. Que el Fisco Nacional no ha manifestado los impedimentos que tuvo para formular determinaciones sobre base cierta, teniendo los elementos para generarlas, lo que da a entender que nunca fue su intención hacerlo, sino que se limitó a un “ajuste de escritorio” sin fundamentación técnica y sin prueba que avale sus dichos. El Organismo fiscal refuta este agravio explicando que la pretensión fiscal se sustenta en la impugnación de deducciones en concepto de diferencias de cambio carentes de respaldo. Que el pasivo impugnado otorgado el 30/11/2001 resultó inoponible en los términos del art. 2246 del CC y los ajustes por los períodos fiscales 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, se sustentan en la impugnación de las diferencias de cambio generadas por el supuesto mutuo.
Se agravia la actora, sosteniendo que no se han analizado los movimientos de la cuenta bancaria del Prudential Securities JPT 329043-79 que arroja un saldo de depósitos desde 1997 hasta 2000 de USD 378.900.-, sino que solo se tomó el saldo al cierre en el año 2000, sin considerar que se estaban repatriando fondos personales para hacer frente en un futuro a obligaciones asumidas por la empresa. El Fisco nacional destaca que los movimientos de fondos no logran acreditar la tenencia de los montos que se cuestionan (año 2002) como tampoco el nexo causal entre los ingresos obtenidos y el préstamo. Que en el extracto de 2000 no se observa la tenencia del Sr. González de saldos significativos, habiendo exteriorizado para el 31/12/2000 USD 1.120,13.-, no habiendo incluido en las declaraciones juradas de ganancias y bienes personales tenencia de fondo alguno en cuentas del exterior en fechas 31/12/2001, 31/12/2002 y 31/12/2003.
La firma expone que el préstamo debatido que consta en el libro Actas de Asamblea N°1, se efectivizó por USD 329.431.- y fue utilizado para el pago de proveedores. Que el tratamiento del mutuo en asamblea no es más que el derecho que le asiste a cualquier privado de efectuar un acuerdo escrito entre voluntades de partes. Al respecto, el Fisco Nacional manifiesta que la constancia en el libro de Actas de Asamblea no prueba el préstamo, ya que su registración no reviste la condición de instrumento privado de fecha cierta conforme lo requiere el Código Civil de la Nación.
Respecto de la discusión dada en relación a la recepción en dólares estadounidenses y recepción en pesos, sostiene la actora que el crédito se especificó en pesos para fijar la moneda de devolución, y no es verdad que se haya mantenido la paridad al momento de su contabilización. A esta situación el Fisco Nacional respondió que tal como consta en el libro Diario N° 4 en asiento de fecha 20/08/2002, el supuesto mutuante prestó dólares estadounidenses en vez de pesos. Que si el Sr. González hubiera aportado esa cantidad en moneda extranjera a un tipo de cambio comprador ($ 3,53.-) vigente a fecha 20/08/2002, el préstamo ascendería a $ 1.162.891,43.- en lugar del monto registrado.
VIII. Que sentado lo que antecede entiendo que para poder acreditar la veracidad del pasivo declarado por la recurrente, es necesario identificar el origen del préstamo efectuado por el mutuante, tal como lo manifiesta el Fisco Nacional.
Que ello así, corresponde a Carlos González S.A. demostrar, con comprobantes, documentos, y toda la prueba que haga a su favor, la veracidad de las operaciones y el flujo de dinero para poder deducir los gastos y computar el crédito fiscal, lo que no ha sucedido en autos al no lograr refutar la presunción aplicada por el ente fiscal. La falta de trazabilidad al demostrar el vínculo entre el dinero que ingresa a la sociedad y el dinero que sale del patrimonio del Sr. González – originador del préstamo- no hace más que afirmar la pretensión fiscal en donde el origen de los fondos es una incertidumbre. Que no se pone en duda el ingreso del dinero por parte de la sociedad y que lo haya destinado a su mantenimiento, pago de proveedores, etc.
Sin embargo, resultan insuficientes los elementos probatorios reunidos en la instancia administrativa y ante este Tribunal para demostrar la veracidad del mutuo recibido por la actora, lo que evidencia la ausencia de pruebas categóricas y conducentes para desvirtuar la postura fiscal. A lo largo de la etapa de instrucción, se ha instado a la actora reiteradas veces a comparecer y hacer valer su derecho de defensa, sin éxito, al no demostrar interés en realizar la prueba ofrecida.
Que las circunstancias descriptas hacen aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración efectiva de los hechos. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Ahora bien, para analizar el pasivo impugnado a la luz del mecanismo previsto en el art. 18 de la ley de procedimiento fiscal como ha hecho el Fisco, es necesario reiterar que es una carga de la firma Carlos González S.A. demostrar que no se trata de un incremento patrimonial no justificado, pero – y me adelanto a la conclusiónal no tener dicho pasivo documentación respaldatoria conforme se desprende de todo lo expuesto y al no haberse producido las pericias contables, el pasivo resulta inoponible tal y como lo manifiesta el Organismo fiscal, quedando la causa reducida a una cuestión de puro derecho.
Por su parte, y respecto del agravio mencionado por la actora respecto del método presuntivo, es dable recordar el art. 18 de la ley de rito cuando establece que “La estimación de oficio se fundará en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular su existencia y medida.”. Y continua “…f) Los incrementos patrimoniales no justificados, representan: 1) En el impuesto a las ganancias: Ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un DIEZ POR CIENTO (10%) en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.”. Que entonces, para poder cuantificar la base imponible y así determinar la situación tributaria del contribuyente, es necesario reconstruir su historia siempre que la administración no cuente con los elementos fehacientes y suficientes para hacerlo de acuerdo al procedimiento previsto en el art. 17 de la ley de rito. Que el método presuntivo es un mecanismo subsidiario y válido habilitado por ley, mediante el cual la administración puede determinar la real capacidad contributiva del contribuyente ante un hecho cierto que se denomina indicio y que deriva en otro hecho al que llamamos presunto .
Para finalizar, al no obrar en autos constancias suficientes que permitan tener por acreditada la total veracidad del préstamo entre el mutuante y mutuario en orden a admitir el pasivo y el cómputo de las diferencias de cambio que de él devienen en los cuatro ejercicios comerciales afectados, deducidas en el Impuesto a las Ganancias se deben confirmar los ajustes practicados en dicho tributo, con costas.
En lo referente al Impuesto al Valor Agregado y su encuadre normativo recordemos que al haberse impugnado el pasivo exteriorizado por el contribuyente y resultar inoponible, el Fisco Nacional resolvió tratarlo conforme lo normado en el art. 18 inc. f) de la ley de rito.
Entonces aquí juega un papel fundamental la actividad probatoria que se llegue a desplegar. En este pasaje del análisis está en debate el Impuesto al Valor Agregado, ya que el Fisco Nacional consideró que aquellos ingresos no estaban justificados en el pasivo inexistente ni en ninguna otra fuente y los trató como ingresos/ventas alcanzados con el Impuesto al Valor Agregado por considerarlos generados por la actividad declarada del recurrente. En rigor pudo haber provenido de cualquier otro origen, pero en el terreno de lo razonable no se puede exigir que el Fisco Nacional después de haber demostrado la inexistencia del pasivo también deba demostrar cuál fue el “verdadero origen”, sería una situación kafkiana de imposible resolución (detectar fondos que no se facturaron, servicios que no dejaron rastro alguno, o pasivos con infinitos acreedores). Una lectura en contrario constituiría una prueba diabólica. Por ello a mi entender la solución hay que encontrarla en el terreno de lo posible, lo ecuánime y sin apartarse del marco legal de la legislación sustantiva y del derecho de defensa del contribuyente. Se trata de una presunción que debe ser analizada en el ámbito de un equilibrado margen lógico y legal.
En tal estado, ante la evidencia y la falta de prueba que motive un cambio en la pretensión fiscal resulta correcto considerar como ventas omitidas el incremento patrimonial no justificado. Que a esos ingresos omitidos se le aplicó la alícuota del art. 28 de la ley del impuesto incrementándose los débitos fiscales. Como resultado, esa liquidación absorbió los saldos a favor declarados del 1° y 2° párrafo del art. 24 de la ley del impuesto, lo que terminó dando como consecuencia el ajuste que se debate. En consecuencia, voto por confirmar el ajuste, con costas.
IX. Que resta referirse a las multas aplicadas en los Expedientes N° 33.068-I y N° 37.753-I en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2004, 2005 y 2006.
Que el artículo 46 de la ley Nº 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones) (texto vigente al momento del dictado de las resoluciones) dispone que “el que mediante declaraciones engañosas u ocultación maliciosa, sea por acción u omisión, defraudare al Fisco, será reprimido con multa de dos (2) hasta diez (10) veces el importe del tributo evadido”. (ley vigente al momento de los hechos)
Con respecto al elemento subjetivo del ilícito, se ha interpretado que para su configuración se requiere no sólo la intención (dolo) de evadir el pago del impuesto, sino que también se exige un plus representado por la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el objeto de generar un error en la víctima del mismo. No toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, "Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)", Expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08).
A su turno, el artículo 47 establece “Que se presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones juradas engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas cuando: a) Medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas o con los que deban aportarse en la oportunidad a que se refiere el último párrafo del artículo 11; b) Cuando en la documentación indicada en el inciso anterior se consignen datos inexactos que pongan una grave incidencia sobre la determinación de la materia imponible; c) Si la inexactitud de las declaraciones juradas o de los elementos documentales que deban servirles de base proviene de su manifiesta disconformidad con las normas legales y reglamentarias que fueran aplicables al caso; d) En caso de no llevarse o exhibirse libros de contabilidad, registraciones y documentos de comprobación suficientes, cuando ello carezca de justificación en consideración a la naturaleza o volumen de las operaciones o del capital invertido o a la índole de las relaciones jurídicas y económicas establecidas habitualmente a causa del negocio o explotación.” Ahora bien, el Fisco Nacional menciona que por la sanción impuesta en el Expte. N° 33.068-I, la actora no expresó agravios por lo que, analizando los hechos y sin haber aportado prueba en la etapa de instrucción, le asiste razón al Organismo fiscal. Esto es que, al momento de efectuarse la fiscalización, se verificó que en las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias por los periodos fiscales 2005 y 2006, la firma exteriorizó un pasivo con su presidente, por el que se determinó su inoponibilidad. Que dicha pretensión se sustentó en la falta de documentación fehaciente que respalde el préstamo otorgado a la firma apelante y en consecuencia al cómputo de diferencias de cambio.
Que por la sanción establecida en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2004 el Fisco Nacional ha demostrado que en las declaraciones juradas originales presentadas se consignaron datos falsos y engañosos no ingresando el gravamen debido, en la medida en la que se declara un préstamo recibido de una persona sin capacidad de otorgarlo. De esta forma se evidencia la intención fraudulenta del accionar de la recurrente, que conociendo cuál es su deber fiscal ocultó el tributo que debía ingresar.
En consecuencia, analizadas las actuaciones y al no haber elementos probatorios contundentes que reviertan la conducta fiscal, cabe concluir que las sanciones debatidas en autos deben ser confirmadas, con costas.
X. Con relación a los intereses resarcitorios incluidos en las determinaciones de oficio, tal como señala el representante fiscal, los mismos no fueron objeto de agravio en el Expte. N° 33.068-I, pero sí lo fueron en el Expte. N° 33.070-I. En ambos casos, cabe señalar que han sido liquidados conforme art. 37 de la ley de procedimiento fiscal y debe señalarse que ellos son la consecuencia de la existencia de deudas impositivas impagas a su vencimiento y teniendo en cuenta que los mismos han sido liquidados de conformidad con las normas establecidas al efecto por la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.), procede disponer su confirmación.
XI. Por todo lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparte la solución propiciada por el Dr. Martín, en cuanto rechaza la excepción previa de nulidad interpuesta por la recurrente, efectuando algunas precisiones adicionales.
En primer lugar, se ha dicho que “la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, in re “Sosa Mirta Elena”, sentencia del 4 de junio de 1997)
En efecto, surge de las constancias de autos que la actora pudo presentar los recursos ante este Tribunal en tiempo y forma, exponiendo las defensas correspondientes, con lo cual no puede sostenerse que se haya vulnerado el derecho de defensa ni al debido proceso que le asiste.
A mayor abundamiento, habiendo el oficial notificador actuado conforme lo dispuesto por el art. 100 e) de la ley de rito fiscal y las normas al respecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, procede tener por válida las notificaciones cuestionadas.
Finalmente, se evidencia que los actos cuestionados emanaron de autoridad competente e hicieron mención de los antecedentes de hecho y de derecho que justificaron su dictado, razón por la cual no puede considerarse válidamente que se haya visto afectada la garantía del debido proceso adjetivo, ni existencia de vicio alguno que colocara a la recurrente en estado de indefensión. En tal sentido, los argumentos vertidos como fundamento de las defensas intentadas, resultan ser una mera discrepancia con el criterio fiscal y que, en realidad, integran el fondo de la cuestión que este Tribunal está llamado a resolver.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de nulidad aquí tratada. Que en cuanto a la imposición de costas, no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, debiendo imponerse a la recurrente (cfr. art. 68 CPCN).
II. Corresponde referirse al planteo de prescripción para determinar gravamen por el Impuesto a las Ganancias período 2003 e IVA períodos 12/2002 a 04/2003.
En esta línea, la actora invoca la aplicación del Código Civil para el cómputo del plazo pertinente (vg. vide fs. 2666/2669). Al respecto, esta juzgadora expresó recientemente in re Ingeniería L&H S.R.L. (sentencia del 1 de septiembre de 2022) que, la aplicación de los denominados códigos de fondo implicaría vulnerar el derecho federal específico llamado a ordenar la prescripción de las acciones y poderes fiscales para determinar obligaciones tributarias, impidiendo al Fisco Nacional el ejercicio de sus atribuciones. Ello así, para evaluar la prescripción de las acciones del organismo recaudador para determinar gravámenes resulta de aplicación la ley 11.683.
Que en lo que aquí interesa, conforme lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de esa ley de rito, a la fecha del dictado de los actos apelados (15 de diciembre de 2008), no se había cumplido el plazo de prescripción dispuesto legalmente.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo efectuado. Con costas.
III. Que adhiere a la solución propiciada por el Dr. Martín en cuanto confirma el ajuste a la recurrente por incremento patrimonial no justificado tanto en IVA y el Impuesto a las Ganancias derivado de la impugnación de un pasivo con Sr. Carlos González reputado como inexistente, más las deducciones por diferencias de cambio computadas en virtud de aquel, todo ello con sustento en los elementos colectados por el Fisco durante la inspección, los que no fueron desvirtuados en estos autos atento el decaimiento de prueba ordenado (vide fs. 4199 y fs. 4206).
Sobre este aspecto cabe recordar que, para la comprobación de la realidad de un pasivo, resulta necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo y, en particular, la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien presta, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución (cfr. Sala IV de la CNACAF in re, “Molnar Hugo c/D.G.I.”, sentencia del 27/09/16 y más recientemente “Eidico S.A.”, confirmando el criterio de esta Sala “D”, sentencia del 5/12/2022).
En efecto y ante la señalada orfandad probatoria, resulta de aplicación la jurisprudencia de este Tribunal, en cuanto ha dicho que: “la circunstancia de que una deuda declarada por el responsable carezca de la adecuada documentación, constituyen una fundada presunción de que dicho pasivo es ficticio o simulado, presunción esta que puede ser derribada por otros medios que justifiquen la existencia de aquella. Sin embargo, dicha prueba debe estar debidamente enderezada a comprobar la realidad del pasivo, refiriéndose tanto al nacimiento y modalidades como a la extinción de la deuda, si es que la obligación se hubiera cumplido. Admitir lo contrario, esto es, la posibilidad de invocar pasivos improbados, en base a las declaraciones juradas del contribuyente, que los responsabilizan por los datos en ella consignados y tornaría, además, inoperante su control por parte de la administración fiscal, máxime cuando los ingresos pueden ser fácilmente ocultados mediante la simulación de pasivos” (cfr. Sala B in re “Bolsa de Comercio de San Juan S.A.”, sentencia del 27/3/1981).
Por lo expuesto, corresponde confirmar los ajustes practicados en los actos apelados.
IV. Sobre la liquidación de intereses resarcitorios, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. De conformidad con el artículo 37 de la Ley Nº 11.683, "la falta total o parcial de pago de los gravámenes, retenciones, percepciones, anticipos y demás pagos a cuenta, devengará desde los respectivos vencimientos, sin necesidad de interpelación alguna, un interés resarcitorio". Tal consideración, basada en la literalidad de la norma, permite descartar sin más los cuestionamientos ante su imposición (cfr. Sala V in re "Cuerolandia SACIF (TF 9740-I) c/ DGI", sentencia del 27/07/2005). Que en esta línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en autos “Cittibank NA C/D.G.I” (sentencia del 1/06/2000), resolviendo que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias y que la exención de tales accesorios con sustento en las normas del Código Civil queda circunscripta a casos en los cuales circunstancias excepcionales, externas al deudor y que deben ser restrictivamente analizadas -las cuales definitivamente no se presentan en el caso concreto- resaltando que la imposición de intereses es ajena a la de las normas represivas, con lo cual se desestima la necesariedad del elemento culpa para su imposición.
En esta línea, debe precisarse que los accesorios previstos en el art. 37 de la ley de rito trascienden el mero interés particular de las partes pues ponen de relieve una finalidad de otra naturaleza, esto es la necesidad de estructurar un sistema que permita una más eficiente y rápida recaudación tributaria. De allí que, en principio, resulta razonable que frente a la mora en que incurra el contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, la ley prevea la posibilidad de fijar una tasa de interés más elevada que la prevista para las relaciones entre particulares (conf. "Arcana Orazio" del 3/7/84 y "Marthay, Jorge" del 6/6/1995, entre otras), sin que se advierta en el caso que el Fisco se haya extralimitado de forma alguna en el cálculo de los accesorios bajo trato. A mayor abundamiento, debe precisarse que "el interés común en el pago puntual de los impuestos a fin de permitir el normal desenvolvimiento de las finalidades del Estado, interés que justifica la elevación de las tasas más allá de lo normal, elevación que -por otra parte- no beneficia a personas determinadas, sino a la comunidad toda" (Fallos: 308:283).
Que en virtud de todo lo expuesto, procede confirmar la liquidación de los intereses resarcitorios obrantes en los actos recurridos, toda vez que los mismos se ajustan a lo dispuesto por el art. 37 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y modif.).
V. Que resta referirse a las multas aplicadas en autos.
V.1.En primer término, corresponde dar tratamiento al planteo de prescripción respecto de la posibilidad de aplicar multa por el período 2004 del Impuesto a las Ganancias.
Si bien la actora reedita la aplicación del Código Civil, lo cual ya fue abordado y desestimado en el punto II de este voto, corresponde en virtud del derecho de defensa en materia sancionatoria resolver si a la luz de la norma aplicable, esto es la ley 11.683 el Fisco estaba habilitado para imponer sanciones.
Que de acuerdo con lo establecido por los arts. 56 y 58 de la Ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y modif.) las acciones y poderes del Fisco para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en el caso de contribuyentes inscriptos prescriben por el transcurso de cinco (5) años, término que comienza el 1º de enero siguiente al año en que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible.
Que corresponde analizar si durante dicho transcurso operaron causales suspensivas o interruptivas. En efecto, debe considerarse el año de suspensión que, con carácter general estableció el art. 44 de la ley 26.476, el que se computa a partir del 24/12/2008 (fecha de su publicación en el Boletín Oficial y fecha de vigencia conforme art. 50 de la citada ley). Que se entiende que el art. 44 de la ley 26.476 dispone expresamente que el curso de la prescripción se suspenderá por el término de un año con carácter general, desprendiéndose -con total claridad-, la intención del legislador, la cual ha sido extender los efectos de la suspensión a todos los contribuyentes sin excepción, esto es, hayan o no acogido sus deudas a los beneficios conferidos por dicha ley. Finalizado ese plazo, el Fisco no se encontraba habilitado para aplicar sanciones en virtud de encontrarse en trámite la denuncia efectuada el 30 de diciembre de 2008 por la presunta comisión de los delitos tipificados en la ley 11.683, resultando de aplicación la causal fijada por el inciso d) del art. 65 de la ley N° 11.683 ( modificación introducida por la N° Ley 25.795): “se suspenderá por un año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales: ...d) Igualmente se suspenderá la prescripción para aplicar sanciones desde el momento de la formulación de la denuncia penal establecida en el artículo 29 de la ley N° 24.769, por presunta comisión de alguno de los delitos tipificados en dicha ley y hasta los ciento ochenta (180) días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que se dicte en la causa penal respectiva.” Que cabe traer a colación, que el artículo 4 de la ley de rito fiscal expresamente establece que para todos los términos establecidos en dicha norma se computaran únicamente los días hábiles administrativos; con cual los 180 días previstos en el mentado inciso deben contarse de ese modo y recién a partir de allí reanudar el cómputo del plazo de prescripción restante. En consecuencia, teniendo en cuenta la fecha del dictado de la sentencia de sobreseimiento (24 de diciembre de 2012, vide fs. 4215) más los 180 días hábiles posteriores a que tal decisorio quedara firme, al momento del dictado de la resolución que aplicó sanción por el Impuesto a las Ganancias 2004, no se encontraban prescriptas las acciones del Fisco Nacional al respecto.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo de prescripción formulado. Con costas.
V.2. Sentado ello, resulta ajustada a derecho la conclusión del Vocal Instructor en cuanto confirma el encuadre de la conducta de la recurrente en el artículo 46 de la ley de rito, con la debida utilización de las presunciones establecidas en el artículo 47. Ello así y no advirtiendo la existencia de causal exculpatoria alguna, corresponde confirmar tanto la procedencia como la graduación de las multas impuestas en los actos recurridos.
VI. Por lo expuesto, voto por: 1) Rechazar las excepciones de nulidad planteadas en las causas N° 33.068-I y 33.070. Con costas; 2) Rechazar los planteos de prescripción con relación a las facultades del Fisco para determinar el Impuesto a las Ganancias período 2003 e IVA 12/2002 a 04/2003 y para imponer sanciones por el Impuesto a las Ganancias período 2004. Con costas; 3) Confirmar los actos apelados en todas sus partes los actos apelados; con costas.
La Dra. O'Donnell dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Vocal Instructor, excepto en la imposición de costas por el rechazo del planteo de nulidad tratado en el Considerando V.1 por la aplicación de la doctrina de Fallos 336:70, “Bolland”. Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas.
2. Rechazar las excepciones de prescripción y nulidad esgrimidas por la recurrente, con costas.
3. Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 49.252 (Pesos cuarenta y nueve mil doscientos cincuenta y dos) por el patrocinio letrado y de $ 19.701 (Pesos diecinueve mil setecientos uno) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en la etapa cumplida, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
Regular honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, por su actuación en autos en la suma de $ 7.098 (Pesos siete mil noventa y ocho) por el patrocinio letrado y de $2.881 (Pesos dos mil ochocientos ochenta y uno) por la representación procesal, los que quedan a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tal fin la labor desarrollada por los mismos en las excepciones de prescripción y nulidad tratadas en autos, el resultado obtenido y demás pautas establecidas en la Ley N° 21.839, modificada por la Ley N° 24.432.
4. Se deja constancia que los honorarios regulados no incluyen el IVA.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.- Date: 2023.02.27 12:00:16 -03:00 Date: 2023.02.27 12:46:43 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.02.27 14:14:05 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.02.27 14:14:06 -03:00
Fin de la sentencia