Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente la Resolución N° 93/08 con los alcances indicados en el Considerando VI del voto de la Vocal Instructora. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2Ordenar que el Fisco Nacional en el plazo de 30 (treinta) días practique liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente. A tal fin, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remitir los antecedentes administrativos a la AFIP-DGI por el plazo indicado.
3Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta la aprobación de la liquidación ordenada.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-55538400-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 2 de Junio de 2022 apelación” - Sentencia.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N° 31.973-I caratulado “ Carlos Lombardi e Hijos S.R.L s/ apelación”
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Carlos Lombardi e Hijos S.R.L interpone el recurso de apelación que prevé el art 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N° 93/08 dictada por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional de Salta de la Administración Federal de Ingresos Públicos en las que se determinó de oficio su obligación frente al impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2002, intimándoselo a pagar $120.440,33, más intereses resarcitorios, y se le aplica multa por omisión de $84.308,23 (art. 45 de la ley).
De los Considerandos de dicho acto surge que los ajustes practicados fueron tres: 1) impugnación de la deducción de gastos por improcedentes, 2) objeción al cómputo del efecto inflacionario en distintos rubros y 3) impugnación de deducción de gastos por incumplimiento a la ley 25.345, de Prevención de la Evasión Fiscal.
En esta instancia, el recurrente sostuvo que:
-la nulidad de la Resolución, ya que “no existe ningún fundamento lógico, racional, y mucho menos jurídico que avale la posición traducida en la resolución determinativa”. Agrega que carece de explicación suficiente y elementos que justifiquen la metodología escogida para inferir la materia imponible.
-en relación con los gastos impugnados por improcedentes por $13.617,02, concretamente en concepto de combustibles y lubricantes adquiridos a la firma José Montero que son los únicos a los que se refiere en el recurso de apelación, invoca su relación con la actividad principal gravada que es la venta de repuestos, y dice que fueron incurridos en las tareas de distribución domiciliaria de las mercaderías vendidas a los clientes en vehículos de empleados de la empresa. Agrega que su vinculación fue confirmada con los testimonios de la Sra. Flores Rosa y del Sr. Quipildor Rolando, quienes expusieron que “la firma José Montero S.A proveía a Carlos Lombardi e Hijos S.R.L de combustibles y lubricantes” y que “los insumos adquiridos tenían por finalidad la utilización en camiones que operaban en reparto de repuestos”.
-respecto al cómputo del ajuste por inflación en la declaración jurada del período fiscal 2002, expone que a partir de la entrada en vigencia de la ley 25.561 y el Dto. 214/02, ya no rige al régimen de convertibilidad (ley 23.928) aunque se mantuvo vigente el art. 39 de la ley 24.073 prohibiendo a los contribuyentes la posibilidad de deducir de su total impositivo el ajuste por inflación, creando así un impuesto sin ley. Agrega, que el art. 39 de la ley 24.073 altera el impuesto a las ganancias, transformándolo en apropiación del patrimonio del contribuyente al obligarlo al pago de un impuesto sobre ganancias que nunca recibió.
-en cuanto a la impugnación de la deducción de gastos por no cumplir con la ley 25.345 dice que las facturas por compras a Lombardi Camiones S.A. fueron canceladas con LECOP que en el año 2002 era un “…medio de cambio cuasi obligatorio de todo circuito comercial” y que la fiscalización comprobó su existencia y veracidad, por lo que no pueden ser impugnadas amparándose únicamente en la ley 25.345.
Por último, ofrece la producción de prueba pericial contable y solicita que se revoque la Resolución, con costas.
II. A fs. 28/38 contesta el traslado el Fisco Nacional, el que por los argumentos vertidos en la Resolución solicita que se confirme, también con costas.
III. A fs. 43 se abre la causa a prueba y se hace lugar a la prueba pericial contable; sin embargo, a fs. 56 se da por desistida a la recurrente de la producción de dicha prueba por su inactividad procesal.
IV. A fs. 80 se clausura el período probatorio y se elevan los autos a consideración de la Sala; por último a fs…. queda en estado de dictar la sentencia.
V. Corresponde referirse, en primer término, a la defensa de nulidad opuesta por la recurrente por supuestos vicios en la motivación de la Resolución, que debe ser rechazada en tanto se sustenta en los mismos argumentos con los que critica la pretensión fiscal, es decir que en realidad lo que pretende es atacar los fundamentos de la determinación de oficio recurrida, los que serán analizados en los siguientes párrafos al resolverse sobre la legitimidad de la pretensión fiscal. De cualquier modo, se advierte que en la Resolución se han tratado los cargos fiscales con suficiente detalle, por lo que no puede atribuirse al juez administrativo haber incumplido con lo dispuesto por el art. 7° de la ley 19.549 por lo que es válida desde el punto de vista formal.
Cabe recordar, asimismo, que la nulidad de un acto no puede invocarse en forma abstracta, sino que es indispensable acreditar la existencia de afectación en algún derecho de quien la pide y un perjuicio concreto, requisitos que en el caso no se han invocado, menos aún acreditados.
Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la nulidad opuesta, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
VI. Cabe ahora pronunciarse sobre la legitimidad de los ajustes notificados en la Resolución.
En primer término, sobre la impugnación de la deducción de los comprobantes emitidos por la firma Jose Montero S.A. en concepto de combustibles y lubricantes adquiridos por falta de relación con la actividad gravada, su fundamento principal es que la firma no tenía en sus estados contables rodados afectados como bienes de uso. Al contestar la vista de los ajustes en la instancia administrativa previa, dijo la recurrente que repartía la mercadería a sus clientes por medio de vehículos propios y vehículos de sus empleados o confiados a éstos por familiares o allegados, y que ello fue acreditado con el testimonio de dos personas, una empleada y el Vicepresidente de Carlos Lombardi e Hijos S.R.L., que dijeron que eran insumos que se destinaban a las tareas de reparto (v. fs. 435/438, Cpo. III, Imp. Gcias.).
En efecto, a fs. 460 obra el testimonio de la Sra. Flores, entonces empleada de la firma que dio cuenta de la provisión de combustibles y lubricantes por parte de José Montero y, además, que existía con dicha firma un convenio de cuenta corriente mercantil en el que se asentaba la carga diaria a los vehículos que se cancelaba a los 10 días con cheque y/o en efectivo. Por su parte, el testigo Quilpidor, Vicepresidente de la aquí recurrente, agregó que las entregas se hacían en las localidades de Orán, Tartagal y en las Provincias de Salta y Jujuy, en donde estaban ubicados sus clientes.
A criterio de este Tribunal, la prueba rendida permite concluir que en este particular casos Carlos Lombardi e Hijos S.R.L. ha demostrado que las cargas de combustibles y la adquisición de lubricantes a un único proveedor –la firma José Montero S.A.- y documentada en comprobantes fiscales sin objeciones sobre su validez formal, fueron afectadas al proceso productivo de la recurrente, más precisamente en la entrega de mercaderías a sus clientes ubicados en diferentes ciudades del norte del país, operatoria en la que se utilizó como modalidad la cuenta corriente mercantil mediante la emisión de facturas que se cancelaban a los 10 días. A fs. 369/371 de las act. adm. obra el detalle de la facturación, del que surge en promedio tres facturas por mes.
A dicha conclusión no obsta la falta de inclusión de los rodados como bienes de uso en los estados contables, que es la principal objeción que esgrime el juez administrativo a la hora de impugnar su deducibilidad, no solamente por no ser un requisito legal, sino también porque surge de las act. adm. sino porque los automotores de propiedad de la recurrente eran camiones, tractores, automóviles, entre otros, que permiten presumir su afectación al uso comercial que ella invoca –v. fs. 384/385, act. adm.-.
Tales gastos, fueron entonces para Carlos Lombardi e Hijos S.R.L. necesarios en los términos de los arts. 17 y 80 de la ley del impuesto a las ganancias, y debe en consecuencia admitirse su deducción.
Al respecto, en fecha reciente dijo la Cámara que ejerce de tribunal de alzada, que “…, hace a la estructura del impuesto a las ganancias establecer la forma y oportunidad de la deducción de los gastos para así obtener la ganancia” y que “… el criterio es que cuando los gastos hayan sido realizados con el propósito de mantener y conservar la fuente u obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas y en tanto no se verifique alguno de los casos no admitidos por el artículo 88, la deducción de tales gastos es procedente en todas las categorías por responder a la idiosincrasia del impuesto a la renta neta, sin que el organismo recaudador se encuentre autorizado a trabar el cómputo so pretexto de no compartir el criterio de necesariedad o de pertinencia del gasto, asignado por el contribuyente”.
Dijo también que “…es doctrina aceptada que la necesidad de deducir ciertos gastos en la determinación del tributo no puede ser evaluada con certeza por el organismo recaudador, toda vez que es ajeno al negocio de que se trate y ella corresponde al contribuyente, porque siempre se trata de circunstancias del directo conocimiento de éste. En efecto, el control no puede ir tan lejos como para determinar la inutilidad del gasto o la exageración de su monto para la producción de la ganancia juzgando discrecionalmente la buena administración de la empresa de que se trata. En otros términos, el Fisco puede controlar los gastos por su función productiva, para aceptar o no su existencia y su magnitud en relación con la ganancia bruta, pero no puede censurar los gastos, sustituyendo la decisión empresaria y sus motivaciones por el criterio administrativo de conveniencia y oportunidad (conf. Dino Jarach “Impuesto a las Ganancias”, Ed. Cangallo, 1980, p. 73)”.
Y concluyó que “…, la deducción de los gastos necesarios para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente no exige otro recaudo que la comprobación de orden teleológico, respecto a que la erogación está destinada a lograr la ganancia o mantener y conservar su fuente (conf. Dino Jarach “Finanzas Públicas y Derecho Tributario”, Abeledo Perrot, 1996, p. 552) (de conformidad con lo resuelto en la causa 24130/2011 “Gelbrlung Samuel c/DGI” del 14/2/2012)” –conf. “Tauil, Juan Manuel”, sentencia del 22.3.2022-.
Respecto del resto de los comprobantes de compras impugnados en concepto decompras de bebidas alcohólicas y obra social del socio gerente, la recurrente no expresa agravios en su recurso de apelación, y por ello deben ser confirmados, además, por tratarse de gastos claramente no relacionados con la actividad gravada. Por otro lado, Carlos Lombardi e Hijos S.R.L aplicó el ajuste por inflación invocando el art. 39 de la ley 24.073 planteo que ya fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Santiago Dugan Trocello” del 30 de junio de 2005, a cuyos términos debe estarse y confirmar la pretensión fiscal por este concepto, más aun cuando no se han esgrimido otros agravios, ni rendido otras pruebas que permitan el análisis de sus agravios a la luz de otros principios constitucionales.
Cabe recordar que en dicha oportunidad dijo, remitiéndose al dictamen del Procurador General de la Nación, que “…que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas)”.
Se queja también de la liquidación practicada por este ajuste porque se utiliza un monto erróneo de valuación final, aunque no puede explicar que no llevaba inventario físico de bienes de cambio ni de bienes de uso al 31/12/2001 y 31/12/2002, ya que según dijo los extravío y así lo denunció, pero la denuncia es del 19 de diciembre de 2004, posterior al inicio de la fiscalización el 26 de abril de 2004, lo que impide dar certeza a sus dichos.
Por este motivo, el ajuste por este concepto debe ser confirmado.
Por último, en relación a la cancelación de las operaciones en LECOP, no existe controversia que los ajustes se fundaron en el incumplimiento a lo dispuesto por los arts. 1° y 2° de la ley 25.345, que "… condiciona el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios correspondientes al contribuyente y/o responsable, a la utilización de determinados medios de pago para operaciones superiores a $1000…", sin embargo, no fue éste el único motivo de la impugnación que habilitara aquí hacer aplicación del criterio adoptado por la Corte Suprema de Justicia de la nación al fallar en la causa “Mera” el 19 de marzo de 2014.
En efecto, las compras canceladas con dicho medio consistieron en la compra de cuatro camiones a Lombardi Camiones S.A., empresa que forma parte del grupo económico y en la que el Sr. Carlos Lombardi era Presidente. La fiscalización compulsó los libros de esta última y no encontró reflejada en su contabilidad la misma operación, ni tampoco la entrega de los LECOP, tal lo que surge de las tareas que obran en un cuerpo que forma parte de las act. adm., lo que a criterio de la fiscalización y luego del juez administrativo, impide darle validez y veracidad a tales operaciones. Es que, a diferencia del supuesto que dio lugar al criterio adoptado por la Corte Suprema en el precedente citado, en el caso no desconoce las operaciones exclusivamente por la forma en que fueron canceladas, sino por haber reunido una serie de indicios que lo llevaron a concluir en su simulación, sin que en este caso tampoco la recurrente haya hecho esfuerzo alguno en probar una realidad diferente.
Por ello, corresponde confirmar también el ajuste por este concepto.
VII. Por último, respecto a la multa por omisión aplicada en la Resolución con sustento en el art. 45 de la ley 11.683, corresponde su confirmación, salvo en la parte del primer ajuste que se revoca, toda vez que se encuentra configurado tanto elemento objetivo -la presentación con bases imponibles en defecto de las declaraciones juradas- y el subjetivo –su confección con bases menores a las realmente debidas, a lo que resta agregar que conforme a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 271:297, era a la recurrente a la que le correspondía demostrar pruebas mediante, la falta de la culpa o de la negligencia que exige el tipo del art. 45 de la ley (conf. CNACAF, "Velocidad Tiempo Cero S.A.”, del 28/06/2007; "La Rueca Porteña S.A.", del 27/10/1998; “Italcred S.A.”, del 28/04/2016, entre otros).-
A ello debe agregarse que la recurrente no ha probado motivos o jurisprudencia referida a la materia que justifique que este Tribunal atenúe o, en su caso, exculpe dicha conducta con arreglo a la causal prevista en el último párrafo del art. 45 de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente la Resolución recurrida, con los alcances indicados en el Considerando VI, ordenándose la reliquidación de la obligación fiscal.
Las costas se imponen en proporción a los respectivos vencimientos.
El Dr. Martín dijo:
Adhiero a la conclusión de la Vocal Instructora, por análogos argumentos.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que comparte la solución propiciada por la Dra. O´Donnell en cuanto rechaza las defensas sobre la invalidez del acto y revoca el ajuste en el Impuesto a las Ganancias relativo a los gastos impugnados por improcedentes; asimismo, comparte lo expuesto con la Vocal Instructora en tanto confirma el criterio del Fisco con relación a la impugnación del efecto inflacionario en distintos rubros y la indebida deducción en concepto de compras de bebidas alcohólicas y la obra social del socio gerente, como también en lo que respecta a la liquidación de intereses resarcitorios.
II. Que cabe referirse a la objeción de los gastos correspondientes a operaciones concertadas entre la recurrente y el proveedor Lombardi Camiones S.A. por haberse incumplido con lo fijado en el art. 1° de la ley 25.345, aplicando en consecuencia las previsiones del artículo 2° de la misma.
Que sin perjuicio de lo establecido en la citada normativa no puede pasarse por alto que el artículo 34 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998) faculta a la AFIP a condicionar el cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios de interés del contribuyente y/o responsable a la utilización de determinados medios de pago u otras formas de comprobación de las operaciones en los casos que los contribuyentes no utilicen tales medios o formas de comprobación, estando éstos obligados a acreditar la veracidad de esas operaciones para poder computar a su favor los conceptos indicados. Es decir que la procedencia del cómputo de deducciones, créditos fiscales y demás efectos tributarios, queda condicionada a la acreditación de veracidad de las operaciones que los originan, esto es que, ante una eficaz comprobación de la realización de las operaciones, la ocasión de haberse abonado con dinero efectivo montos superiores a $1.000, no origina la aplicación de dichos efectos. Que la cuestión planteada ya sido objeto de análisis por parte de la Alzada -Sala V-, que al resolver con fecha 12 de julio de 2011 la causa “Mera, Miguel Ángel”, donde al examinar las disposiciones de la ley N° 25.345 y el art. 34 de la ley de rito fiscal expresó: “...en primer lugar, cuando la expresión literal presenta imperfecciones técnicas, suscita dudas o ambigüedades, es necesario recurrir a la ratio legis (Fallos 322:1699, consids. 6º y 8º). Sobre el particular, cabe señalar que la limitación de la deducción y del cómputo del crédito fiscal con respecto a los pagos en efectivo establecida en el artículo 2º de la ley 25.345 fue concebida con la finalidad de que ellos se realicen por medios bancarios, debido a que la necesaria intervención de una entidad financiera con carácter de intermediaria de los pagos, que registra y deja constancia de ellos, evita la posibilidad de que los contribuyentes eventualmente no los declaren. Sin embargo, cabe advertir que esa misma ratio legis es la que inspiró la facultad, conferida en el artículo 34 de la ley 11.683, de condicionar las deducciones de los gastos y el cómputo del crédito fiscal a la utilización de determinados medios de pago. Además, la exigencia de que el contribuyente cumpla con determinados deberes de carácter "formal" no puede traer aparejada como consecuencia la desnaturalización de las leyes que crean los impuestos y definen los respectivos hechos imponibles.”
Más adelante precisó que “...en consecuencia, cuando por medio de la aplicación literal de lo establecido en artículo 2º de la ley 25.345 con relación a los medios de pago admitidos, se niega al contribuyente la posibilidad de descontar los gastos efectivamente realizados para obtener o conservar las ganancias gravadas, el impuesto deja de recaer exclusivamente sobre las ganancias propiamente dichas, para alcanzar también a los gastos realizados para obtenerlas. De la misma manera, si por aplicación literal de ese precepto no se admitiera que el responsable pudiera computar a su favor el crédito fiscal efectivamente facturado y pagado a su proveedor, el impuesto que le es exigido deja de guardar relación con el mayor valor agregado por él en la etapa respectiva.
En ambos casos se altera el hecho imponible definido en las leyes que determinan la materia imponible y la medida de ella pues, en el primer caso, además de gravarse las ganancias reales también se gravan las ganancias aparentes o ficticias, mientras que en el segundo caso también se grava el mayor valor agregado en la etapa anterior por el proveedor del responsable.” y concluye diciendo que “... en suma, la existencia de pagos realizados por otros medios distintos de los previstos en la ley 25.345 constituye un serio indicio que permite poner en duda la existencia de las operaciones respectivas, y obliga al interesado a aportar la prueba detallada de ellas. Sin embargo, lo dispuesto en el artículo 2º de esa ley, de conformidad con el cual tales gastos, a pesar de haber sido realizados, no pueden ser computados para la determinación de las ganancias sujetas al impuesto, significa tanto como gravar ganancias aparentes o ficticias, y cobrar el impuesto sobre un valor agregado mayor que el añadido por el interesado.
Ello comporta una exacción que carece de base legal ya que, so pretexto del incumplimiento de un "deber formal", se habilita la recaudación de una cantidad mayor que la permitida por la ley que crea el impuesto respectivo y determina la medida del hecho imponible. Si los pagos en cuestión han sido realizados por medios distintos de los previstos en la ley 25.345, pero después de un escrutinio riguroso, se ha concluido que el contribuyente efectivamente los realizó, no es posible negarle el derecho a realizar las deducciones a las que se refieren los artículos 17 y 80 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, y a computar el crédito fiscal al que se refiere el artículo 12 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.
Ello es así pues, de lo contrario y por las razones ya expresadas, no se respetaría el principio de razonabilidad de la ley, en la medida en que no se gravan las ganancias sino también los gastos (cfr. mutatis mutandi, Fallos 333:993).”
Que dicho decisorio fue confirmado por nuestro Más Alto Tribunal con fecha 19 de marzo de 2014, donde en su parte pertinente señaló que “...ese mismo orden de consideraciones lleva a coincidir con él a quo en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 25.345, máxime cuando en el caso en examen la norma impugnada prohíbe lisa y llanamente el cómputo de las operaciones cuyos pagos hayan sido efectuados por medios distintos de los mencionados en ese ordenamiento, lo que equivale a establecer una ficción legal que pretende desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada. 16) Que, por otra parte, es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.”
Que en el caso concreto, el Fisco no desconoce la efectiva concreción de las operaciones realizadas con Lombardi Camiones S.A. (cuatro adquisiciones de rodados, fs. 360 a.a.), es decir que no cuestiona su materialidad, transitando su impugnación solamente sobre el medio de pago utilizado para saldar las mismas.
Que conforme lo expuesto, corresponde analizar los elementos que surgen de las actuaciones administrativas a fin de establecer si se encuentra acreditada la veracidad de las operaciones cuestionadas Que del cotejo de los antecedentes administrativos surge que se constató que las ventas fueron al contado y que en la contabilidad de Lombardi Camiones S.A., fueron constatadas las registraciones de las ventas efectuadas a la aquí recurrente y las operaciones se registraron como cobradas en efectivo; es decir la contrapartida de la cuenta Ventas fue la cuenta Caja.
Que en definitiva y atento la jurisprudencia reseñada, se verificaron en autos los medios de prueba a los que se refiere el art. 34 de la Ley N° 11.683 para tener por acreditada la veracidad de la operatoria referida en este punto, correspondiendo por ello revocar el ajuste tratado en este punto.
III. Finalmente, adhiere a la solución propiciada por la Dra. O´Donnell con relación a la aplicación de la multa prevista en el art. 45 de la ley de rito, ello en proporción a los ajustes aquí convalidados.
IV. Por lo expuesto, corresponde confirmar parcialmente las resoluciones apeladas, imponiéndose las costas en proporción a los respectivos vencimientos.
En tal sentido, corresponde ordenar al Fisco Nacional que en el plazo de treinta (30) días practique la liquidación correspondiente a fin de establecer el monto del Impuesto a las Ganancias adeudados con más los intereses resarcitorios y sanción. A tal fin corresponde que por Secretaría General de Asuntos Impositivos se remitan al ente fiscal los antecedentes administrativos de la causa por el plazo indicado.
Atento al resultado de la votación que antecede,
SE
1. Confirmar parcialmente la Resolución N° 93/08 con los alcances indicados en el Considerando VI del voto de la Vocal Instructora. Costas en proporción a los respectivos vencimientos.
2. Ordenar que el Fisco Nacional en el plazo de 30 (treinta) días practique liquidación de las sumas que en definitiva deberá ingresar la recurrente. A tal fin, por Secretaría General de Asuntos Impositivos remitir los antecedentes administrativos a la AFIP-DGI por el plazo indicado.
3. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes hasta la aprobación de la liquidación ordenada.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.06.02 14:05:58 -03:00 Date: 2022.06.02 14:50:09 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.06.02 15:34:12 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.06.02 15:34:13 -03:00
Fin de la sentencia