Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N° 186/2013, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en el carácter de representación procesal, la suma de $10.456, y por el patrocinio letrado $26.364, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y demás pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-20572040-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 4 de Marzo de 2022 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N°38.968-I caratulado “ Carluccio Mario Armando/ apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El señor Mario Armando Carluccio interpone el recurso de apelación que establece el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra la Resolución N°186/2013 (DV RNEU), dictada el 29 de noviembre de 2013 por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Neuquén de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se le aplica una multa de $719.020,80, por la presentación inexacta de las declaraciones juradas del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales enero 2004 y febrero 2004 y la falta de presentación en los períodos marzo 2004 a diciembre 2005, con sustento en el art. 46 de la misma ley. Entre sus agravios, opuso la excepción de nulidad por considerar que en el dictado de la Resolución se omitieron formas esenciales del procedimiento, por haberse violado las normas al debido proceso y la garantía de defensa en juicio; asimismo, opone la excepción de prescripción de las acciones del Fisco Nacional para aplicar la sanción sobre los períodos fiscales enero 2004 a diciembre 2004.
Sostiene también la ilegitimidad de la sanción aplicada por inexistencia del elemento subjetivo requerido en la defraudación. Explica que es arquitecto y que realizaba gestiones de administración de obras, para lo cual le depositaban en su cuenta bancaria dinero que era utilizado para la adquisición de materiales, pero aclara que de ello no se puede inferir que el dinero depositado en la cuenta bancaria fuera contraprestación de los servicios brindados a sus clientes. Cita jurisprudencia y doctrina y solicita que se deje sin efecto la Resolución, con costas.
II. A fs.48/58 contesta el recurso el Fisco Nacional, solicitando por las mismas razones esgrimidas por el juez administrativo que se la confirme, también con costas.
Destaca allí que la multa impuesta es consecuencia de la Resolución N°220/2008 (DV RNEU) en la que se determinaron de oficio las obligaciones en el gravamen por los períodos fiscales diciembre 2002 a febrero 2006 por haber omitido declarar depósitos bancarios existentes en cuentas de su propiedad. Agrega que en dicho acto se hizo reserva de aplicar sanciones por los períodos fiscales enero 2004 a diciembre 2005 hasta tanto fuera dictada la sentencia definitiva en sede penal. Destaca que la Resolución N° 220/2008 fue confirmada por la Sala A de este Tribunal en sentencia del 27 de marzo de 2013 y que, además, se encuentra firme.
III. A fs.68 y 78 se le requirió al Fisco Nacional que informara si la multa se encontraba alcanzada por el beneficio de condonación establecido en las leyes 27.260 y 27.541, respectivamente, obrando sus respuestas a fs. 72 y 83, en el sentido de que no correspondía dicho beneficio, ya que las obligaciones permanecen impagas.
IV. Por medio de la PV-2021-95347237-APN-VOCXI#TFN, se elevan los presentes autos a consideración de la Sala y mediante el F-2022-16609405-APN-VOCXI#TFN pasan los mismos a sentencia.
V. Corresponde, en primer lugar, resolver el planteo de prescripción opuesto respecto de los períodos fiscales enero 2004 a diciembre 2004. Para ello debe tenerse en cuenta que de los antecedentes administrativos se desprende que el 18 de diciembre de 2008 la Administración Tributaria formuló la denuncia en sede penal y la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca dictó sentencia el 17 de febrero de 2012, en la que dispuso el sobreseimiento del señor Mario Armando Carluccio.
Según el art. 58 de la ley 11.683, el plazo de prescripción de los períodos fiscales enero 2004 a noviembre 2004 se inició el 1°de enero de 2005 y transcurrió hasta el 18 de diciembre de 2008 momento en el que se realizó la denuncia en sede penal. El plazo quedó suspendido desde esa fecha hasta que la sentencia del 17 de febrero de 2012 quedó firme, el 17 de marzo de 2012.
Según el art. 65 inc. d) de la misma ley, desde la fecha en que dicha sentencia quedó firme más el plazo que aún estaba pendiente de correr antes de la denuncia y los 180 días previstos en dicha norma, se advierte que a la fecha de la notificación de la Resolución -2/12/2013- el término de prescripción para aplicar la sanción no se había agotado, es decir, que la Resolución fue dictada en término. La misma solución corresponde adoptar respecto de la multa aplicada por el periodo fiscal diciembre de 2004, ya que el plazo de prescripción se inició el 1° de febrero de 2006 por lo que al 2° de diciembre de 2013, fecha de notificación de la Resolución recurrida, aún no había finalizado.
Por lo expuesto, corresponde rechazar el planteo prescripción, sin costas, por no haberse opuesto ni tramitado como una cuestión de previo y especial pronunciamiento.
Cabe referirse ahora al planteo de nulidad, el que, cabe ya adelantarlo, no puede prosperar, por cuanto la Resolución se encuentra debida y suficientemente motivada en los antecedentes de hecho y de derecho que surgen de las actuaciones sumariales, por lo que no se advierte violación alguna a ninguna de las disposiciones de la ley 19.549, ni tampoco afectacióna la garantía constitucional de defensa en juicio invocada, prueba de lo cual es que el contribuyente tuvo posibilidad de ejercerla en la instancia administrativa previa –conf. art. 71, ley- y ahora ante este Tribunal. No se advierte que el Fisco Nacional haya incurrido en las vías de hecho que invoca la recurrente, ni ningún vicio que lleve a este Tribunal a declarar la nulidad de dicho acto.
A ello cabe agregar, que de la simple lectura de la Resolución surge el cumplimiento a los requisitos externos de validez y que en la misma se han valorado las particularidades fácticas y jurídicas que la presuponen, más allá del acierto o error en que pueda haber incurrido el ente fiscal al valorarlas, cuestión que será analizada en el momento de resolver la procedencia de la multa aplicada. Así, los cargos imputados a la recurrente son concretos, claros y expresan los hechos en que se sustenta la sanción.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin costas (“Bolland”, Fallos 336:70).
VI. Corresponde ahora resolver sobre la legitimidad de la multa aplicada en la Resolución recurrida. Para ello cabe recordar que la sanción es consecuencia de la Resolución N° 220/2008 en la que se determinaron de oficio las obligaciones del señor Carluccio en el impuesto al valor agregado en los períodos fiscales diciembre de 2002 a febrero de 2006 al considerar como ventas omitidas de declarar a los montos detectados en sus cuentas bancarias, por aplicación de la presunción que al efecto prevé el art. 18, inc. g) de la ley 11.683. En dicho acto, se aplicó también al señor Carluccio la multa de defraudación prevista en el art. 46 por los períodos fiscales diciembre 2002, enero a diciembre 2003 y enero y febrero 2006.
Por sentencia del 27 de marzo de 2013, la Sala A de este Tribunal dictó sentencia en el Expte. N°33.018 “Carluccio Mario Armando s/ apelación” en la que confirmó la Resolución N° 220/2008, con costas. En lo que aquí interesa, que es el aspecto sancionatorio, dijo allí que “De las constancias de autos, surge que la conducta desplegada por el contribuyente en cuanto a la omisión de ingresar el impuesto en su justa medida (a partir de la no declaración de depósitos bancarios existentes en cuentas de su propiedad, los que han sido el producto de ingresos omitidos de declarar), por lo que reúnen en la especie los elementos materiales e intencionales requeridos como presupuesto para la configuración de la sanción impuesta, por lo que debe considerarse correctamente encuadrada y ponderada. Por otra parte, la actora no aportó ningún elemento para demostrar su falta de intencionalidad dolosa”.
La misma decisión es la que debe adoptarse respecto de la multa aplicada en la Resolución recurrida. Es que en estos autos tampoco el contribuyente aportó ningún elemento de prueba tendiente a refutar la presunción de ventas omitidas, esto es que los depósitos encontrados en su cuenta bancaria obedecen a conceptos diferentes que la percepción de ingresos por el ejercicio de su actividad profesional, de lo que se sigue la materialidad de la infracción cometida; por otro lado, respecto al elemento subjetivo, recaía también sobre él probar en contra de las maniobras dolosas que se le imputaran dolo, lo que no hizo, por lo que corresponde tener este elemento por configurado también.
Resulta así aplicable el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Excma. Cámara, en cuanto a que ”… en el derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (C.S.J.N. Fallos: 271:2997; 303:1548; 312:149), y que si bien es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación (Fallos: 316:1313; esta Cámara, Sala V, "Martínez, Rodolfo Francisco (T.F. 15.042-I)", del 12/5/99; ídem, id., "Basf Argentina S.A. (T.F. 9209-1) c/D.G.I." fallo del 14/06/00)” -conf. “Andechaga, Jose Luis”, sentencia del 15.4.2009, entre muchos otros-. Ello, sumado a que no invocó, menos aún probó, otras circunstancias excepcionales que debidamente justificadas pudieren atenuar o inclusive eliminar la imputación infraccional, llevan a este Tribunal a confirmar la sanción (conf. “Importaciones Alfatex S.A.”, del 9/5/02, entre otros).
Por lo expresado, corresponde confirmar la Resolución N°186/2013. Con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiero en lo sustancial al voto de la Dra. O´Donnell en cuanto rechaza las excepciones de nulidad y prescripción articuladas, debiéndose imponer las costas al actor en virtud de haber sido planteadas como de previo y especial pronunciamiento (vide Objeto del recurso, puntos VII y VIII en donde se desarrollan las defensas pertinentes y punto c. del Petitorio).
II. Que respecto al art. 46 de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y modif.), la Sala IV de la Alzada in re “MG Promociones SRL” (sentencia del 9/09/2014) ha dicho que “... la configuración del ilícito tipificado en el art. 46 de la ley 11.683 requiere la realización de una conducta que debe ir acompañada de los siguientes tres elementos: a- la existencia de un ardid o engaño desplegado por el sujeto activo del ilícito; b- un error de la víctima del ilícito; y c- la existencia de una lesión ocasionada al patrimonio del sujeto pasivo del ilícito. “De manera tal que la figura tipificada en el art. 46 de la ley 11.683 requiere para su configuración el elemento intención, según surge de las expresiones “declaraciones engañosas” u “ocultación maliciosa”, utilizadas para su descripción. De allí que resulta necesaria la prueba de aquel elemento subjetivo, carga ésta que incumbe al Fisco" “Ese elemento intencional se debe exteriorizar en una acción antijurídica por comisión o por omisión y necesariamente se debe acompañar con un elemento material que se traduce en engaño”.
En este caso, habiendo quedado firme la determinación de oficio del Fisco respecto a los períodos que dan origen a la sanción (vide fs. 49), la atribución de dolo efectuada luce justificada en tanto surge de las constancias de autos que el actor no justificó los ingresos que surgen de sus acreditaciones bancarias, debiendo imputarse a la actividad comercial declarada. En tal sentido, ello no puede ampararse en omisiones o meros errores, agregando que de no mediar la labor de la fiscalización tal irregularidad no hubiera sido detectada, vislumbrándose una intención del aquí demandante de ocultar su realidad impositiva, lo que repercutió en un menor ingreso al erario público.
En efecto, no existiendo prueba producida ni agravios en autos que conmuevan el dolo achacado por el ente fiscal, cabe concluir que las razones y argumentos expuestos por el juez administrativo para aplicar la multa bajo examen no han sido rebatidos y resultan suficientemente aptos para fundar tanto su procedencia como su graduación.
Atento el resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar la Resolución N° 186/2013, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, en el carácter de representación procesal, la suma de $10.456, y por el patrocinio letrado $26.364, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, y demás pautas establecidas por la ley 21.839 modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2022.03.04 12:22:03 -03:00 Date: 2022.03.04 13:01:45 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.03.04 13:05:37 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.03.04 13:05:38 -03:00
Fin de la sentencia