Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 34937-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto, de conformidad con el dictamen de fs. 157 del Sr. Fiscal, se confirma la sentencia apelada en cuanto en ella se declara la incompetencia del Tribunal Fiscal para abordar los presentes autos y se ordena la remisión de las actuaciones a la AFIP para entender en la cuestión planteada, con costas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
Causa N° 53.387/2012 “CARMAQ S.A. (TF 34.937I) contra D.G.I.”
Buenos Aires, de febrero de 2014.
Estos autos caratulados: “Carmaq S.A. (TF 34.937I) contra D.G.I.”, venidos en recurso del Tribunal Fiscal;
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación declaró la improcedencia formal del recurso interpuesto, con costas (fs. 96/vta.). Para resolver de ese modo, sostuvo que lo que la actora pretendía impugnar copias de pantallas generadas a partir de la página web del organismo fiscal no revestía la calidad de “acto administrativo” y “mucho menos aúno de aquéllos previstos en el art. 159 de la ley Procedimiental” que habilitaban la competencia de ese tribunal. Sin perjuicio de lo expuesto, añadió que los preceptos que facultaban a la DGI a aplicar recaudos y fiscalizar los aportes de la seguridad social y su ejecución judicial no disponían de vía recursiva ante ese órgano jurisdiccional (fs. 96 y vta.).
II. Que a fs. 105/106 y 107/111 la actora dedujo y fundó su recurso de apelación ante esta Cámara.
En dicha presentación sostiene que la circunstancia de que la DGI no hubiera recurrido a un procedimiento de la ley fiscal no obsta a que la materia propuesta sea igualmente revisable en sede de dicho tribunal si es que ella, en esencia, constituye una verdadera revisión administrativa del contenido material de la obligación tributaria declarada por el contribuyente o responsable. Afirma que los actos por los que se estableció el monto del impuesto y el plazo para su vencimiento, cálculo de intereses compensatorios, punitorios y multas, implican un análisis previo de las operaciones realizadas por ella y de las circunstancias del caso, para verificar si se ha producido el hecho imponible descripto por la normativa y posteriormente efectuar una cuantificación de la obligación fiscal correspondiente.
A su entender, la verificación y cuantificación del tributo realizado constituye un indiscutible procedimiento determinativo del impuesto, por lo que carece de sustento la declaración de improcedencia formal de recurso resuelta. En consecuencia, la vía del TFN resulta formalmente hábil para atender los recursos de su parte.
III. Que se discute en autos la competencia del Tribunal Fiscal para entender en un recurso de apelación deducido contra un listado adjunto consistente en copias de pantallas generadas a partir de la página web del organismo fiscal (confr. fs. 5/9), según las cuales surge adeudarse conceptos en períodos identificados con planes caducos o próximos a vencer, colocándolo “en un estado de incertidumbre” que violenta sus derechos constitucionales a trabajar y ejercer toda industria lícita.
IV. Que el artículo 159 de la ley 11.683 t.o. en 1998 y modificaciones, vigente en autos, dispone que el Tribunal Fiscal será competente para conocer de los recursos de apelación contra las resoluciones de la Dirección General Impositiva que determinen tributos y sus accesorios en forma cierta o presuntiva o ajusten quebrantos, que impongan multas o sanciones de otro tipo salvo las de arresto, o que denieguen reclamaciones de repetición de impuestos; de las demandas directas de repetición que se entablen ante ese Tribunal; de los recursos por retardo en la resolución de las causas radicadas ante la Dirección General Impositiva y del recurso de amparo a que se refieren los artículos 182 y 183 de la misma ley. V. Que de la simple lectura de las copias adjuntadas en autos se infiere que en ellas no se determinan impuestos en forma cierta o presuntiva, ni se ajustan quebrantos, ni se imponen multas, ni están encuadradas en alguno de los demás supuestos previstos por el artículo 159 de la ley 11.683 antes citado.
VI. Que tampoco puede ser incluida en el concepto de “sanciones de otro tipo”, como lo pretende la aquí apelante, pues el artículo 159 de la ley 11.683 establece como requisito para abrir la competencia de ese Tribunal, en su inciso b, la necesidad de que la Administración dicte un acto que aplique una sanción. En autos no media un acto expreso de la Administración lo cual, de por sí, resulta suficiente para declarar la incompetencia del Tribunal Fiscal.
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En ese sentido, el argumento con que la presentante intenta soslayar ese presupuesto, anticipándose a una probable caducidad, “que importará un nuevo castigo, que tendrá recién lugar después de aplicada la sanción”, no puede prosperar.
VII. Que en tales condiciones, el Tribunal Fiscal es incompetente para entender en la cuestión debatida en autos, debiéndose dejar sentado, además, que la suya no alcanza a cualquier cuestión relacionada con la materia tributaria o aduanera por más compleja que ésta resulte, sino exclusivamente a aquéllas taxativamente enumeradas en la ley. En ese sentido, cabe aclarar que los precedentes jurisprudenciales a los que alude la apelante no son de aplicación al caso de autos, pues en ellos medió previamente un acto expreso de la Administración Fiscal por medio del cual efectivamente se decretó la caducidad de un plan de facilidades de pago al que había adherido el contribuyente.
VIII. Que, a mayor abundamiento, la ley de procedimientos tributarios habilita remedios procesales para hacer cesar un estado de mora excesiva, si en ello consiste la incertidumbre de la actora, en la resolución de un trámite o diligencia a cargo de empleados del organismo recaudador, en donde posibilita al contribuyente a ocurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación mediante recurso de amparo de sus derechos, requiriendo previamente haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de quince días sin que se hubiere resuelto su trámite (conf art. 182 y ss. de la ley 11.683).
IX. Que si bien la actividad del Tribunal Fiscal es de naturaleza jurisdiccional, no deja por ello de ser un organismo administrativo respecto del cual resultan aplicables, supletoriamente, las disposiciones de la ley 19.549 y su decreto reglamentario. Con tal premisa ha de recordarse que, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la ley mencionada, ante la declaración de incompetencia de un organismo administrativo, éste deberá remitir las actuaciones al que reputare competente (confr. sentencias de esta Sala in re: “Giocattoli S.A.”, del 28121992, y “Egese Logística y Tercerización S.R.L.”, del 6 de julio de 1999, entre muchas otras).
Por lo expuesto, de conformidad con el dictamen de fs. 157 del Sr. Fiscal, se confirma la sentencia apelada en cuanto en ella se declara la incompetencia del Tribunal Fiscal para abordar los presentes autos y se ordena la remisión de las actuaciones a la AFIP para entender en la cuestión planteada, con costas.
Se deja constancia de que el Dr. Rogelio W. Vincenti no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia (art. 109 del R.J.N.).
Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos al Tribunal Fiscal a fin de que sean remitidos a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que se les imprima el trámite que corresponda.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia