Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes · Causa SI-117405
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la sentencia apelada, y condenar a la demandada a pagar al actor la suma de $ 25.530, con más intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distintos períodos de aplicación, desde la mora (08/08/07), hasta el efectivo pago.
2Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida. NOT. Y DEV.-
Nro de Orden:
Libro: S-201 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N° 6 Dptal Expte: SI-117405 Juicio: CARNERO ARMANDO C/ COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO ELECTRICO DE SALTO S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, a los 13 días del mes de Junio de 2019, se reúnen en Acuerdo Ordinario los señores Jueces de la Sala I de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes de la Pcia. de Buenos Aires, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y ROBERTO ANGEL BAGATTIN, con la presencia de la Secretaria actuante, para dictar sentencia en el Expte. Nº SI-117405 , en los autos: “CARNERO ARMANDO C/ COOPERATIVA LIMITADA DE CONSUMO ELECTRICO DE SALTO S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”.-
La Cámara resolvió votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la Constitución Provincial y 266 del C.P.C.-
1ª.) ¿Es justa la sentencia apelada?
2ª.) ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votación: Dres. Emilio A. Ibarlucía y Roberto A. Bagattin.-
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
I. La sentencia de fs. 903/06 es apelada por la parte actora, quien expresa agravios a fs. 925/31, los que no son contestados.
II.- 1.- El sr. Armando Carnero promovió contra Cooperativa Ltda. de Consumo Eléctrico de Salto por indemnización de los daños y perjuicios que le produjo la ruptura intempestiva de la relación contractual que mantuvo durante, según afirmó, más de veinte años.
Dijo que comenzó un vínculo con la cooperativa mediante sucesivas contrataciones para que se ocupara de hacer pozos, zanjeos, podas de árboles y otras tareas que eran necesarias para que la accionada llevara a cabo su actividad de suministro de la red eléctrica. Para ello – dijo – formó una cuadrilla con operarios, de forma tal que se convirtió en un proveedor de servicios permanente de la cooperativa, lo que llegó a hacer casi en forma exclusiva. Dijo que al principio, como no estaba registrado impositivamente, le pasaba a la cooperativa facturas de terceros, y luego, cuando cumplió con la registración en la AFIP, comenzó a pasarle facturas propias, ante cada una de las cuales la demandada emitía órdenes de pago.
Expresó que a comienzos de 2007, sin mediar explicación alguna, la cooperativa dejó de requerir sus servicios, con lo que él y su cuadrilla se quedaron abruptamente sin trabajo. Citó jurisprudencia sobre la ruptura intempestiva de contrato (sin preaviso) y el derecho a indemnización que ello genera a favor del prestador del servicio a quien se le corta el vínculo. Pidió reparación por daño emergente (haciendo un cálculo sobre la base de la facturación anual de los últimos siete meses de la relación contractual) y por daño moral.
2. Contestó la demanda la cooperativa, y luego de la negativa pormenorizada de los hechos expuestos en la demanda, dijo que el comportamiento del actor era contradictorio dado que, de acuerdo a telegramas y cartas-documentos que acompañó, en julio de 2007 había intimado para que se aclarara “situación laboral”, y ante la negativa de relación de dependencia, se había dado por despedido, solicitando las indemnización laborales correspondientes. Dijo que el actor había sido contratado en diversas oportunidades para realizar tareas específicas (pozos, podas de árboles, movimientos de tierra) pero no en forma exclusiva. Manifestó que la cooperativa contrataba a distintos proveedores previos concursos de precios o licitaciones, para lo cual pedía presupuestos y luego elegía con quienes hacer los trabajos. Expresó que todos los trabajos encomendados a Carnero fueron pagados, no desprendiéndose de la demanda que hubiera saldos impagos. Negó que hubiera habido ruptura intempestiva, unilateralidad de la rescisión o arbitrariedad de su parte.
Sostuvo que se trataron de distintas locaciones de obra con obligaciones de resultado (podar árboles, hacer pozos, etc.), por lo que, con cada terminación, cesó cada contrato.
3. Corrido traslado de la documentación, el actor reconoció los telegramas y documentación acompañados.
4. Producida la prueba, se dictó sentencia rechazándose la demanda, con costas. El juez dio por probado, de acuerdo al informe pericial contable, que el actor tenía con la demandada una cuenta corriente a través de la cual se registraban las facturas y órdenes de pago por los trabajos que realizaba para la cooperativa. No obstante, dijo que se trataron de contratos de locación de obra, que eran facturados y abonados en forma independiente. Dijo que en nada cambiaba que el actor hubiera formado una cuadrilla para hacer los trabajos, ya que, de no tener un equipo no hubiera podido participar en los concursos de precios y/o licitaciones respectivas, y el precio de los trabajos debía comprender el costo de mantener a ese equipo. Entendió que cada trabajo fue facturado por separado y que no había prueba de que hubiera mediado un contrato general del tipo alegado en la demanda. Agregó que no había razones para indagar por qué motivo dejó de contratarse al actor, como que era ajeno a la litis que nunca hubiera habido quejas o disconformidades con las tareas que realizaba.
III. En sus agravios el actor se queja de que el magistrado reconozca el vínculo contractual (de locación de obra o de servicios) por más de veinte años y que, pese a la ruptura intempestiva del mismo, rechace la demanda. Dice, en tal sentido, que la sentencia es incoherente y contradictoria. Cita jurisprudencia acerca de contrataciones sucesivas facturadas y pagadas y sobre ruptura intempestiva de contrato, que reconoce el derecho a la indemnización.
IV. El actor, con la demanda, acompañó abundante documentación consistente en talonarios de recibos, facturas y órdenes de pago. Algunas de estas se remontan al año 1985 (fs. 115/20) y otras a 1989 (fs. 132/35), y con posterioridad la documentación es abrumadora. Si bien hubo una negativa genérica en la contestación de demanda, la accionada implícitamente reconoció la documentación cuando a fs. 703vta. dijo “Tal como surge de las facturas y órdenes de compra acompañadas, el precio de la locación está relacionada con la entidad de la obra…” (obviamente se refirió a la acompañada por el actor porque su parte no agregó documentación de ese tipo).
Y no podía ser de otra manera cuando sabía que el largo y estrecho vínculo que uniera a la cooperativa con el actor iba a surgir de la pericial contable, como efectivamente ocurrió. El informe pericial de fs. 740/770 es contundente. Si bien se circunscribe al detalle de las facturas y órdenes de pago desde 1996, da cuenta de que el actor, como prestador de servicios de la cooperativa, tenía un número de cuenta corriente. Acompaña la perito un Anexo con el detalle de las facturas y otro Anexo con el detalle de la órdenes de pago. El dictamen no fue observado por ninguna de las partes, por lo que no hay mérito para apartarse (arts. 473 y 474 C.P.C.).
El juez también se apoya en el informe pericial pero sostiene que del mismo se derivan distintos contratos de locación de obra facturados y pagados por separado, lo que le impide entender que había un “contrato general” de prestación de servicios.
Discrepo con tal evaluación. En primer lugar, a mi juicio es intrascendente la calificación de la relación contractual como locaciones de obra o de servicios. En realidad siempre fue muy confusa la línea divisoria entre ambos tipos de contratos. La prueba está que el Código de Vélez los trataba en el mismo capítulo bajo el título “locación de servicios” (Cap. VIII de la Sección III del Libro II). El art. 1627 hablaba de “El que hiciere algún trabajo, o prestare algún servicio a otro…”; el art. 1629 decía “Puede contratar un trabajo o la ejecución de una obra, conviniendo el que la ejecute ponga sólo su trabajo o su industria, o que también provea la materia principal”, etc.
El Código Civil y Comercial continúa este tratamiento conjunto de la locación de obra y de la de servicios. El Capítulo 6 del Título IV del Libro III se titula “Obra y servicios” y comienza la Sección 1ra con “Disposiciones comunes a las obras y servicios”. Dentro de esta sección, el art. 1252 hace la distinción: “Si hay duda sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independientemente de su eficacia. Se considera que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega”. Luego establece disposiciones comunes. Luego establece “disposiciones especiales para las obras” (Sección 2da.) y “normas especiales para los servicios” (Sección 3ra.).
Cito el nuevo código pese a que no estaba vigente a la fecha de los hechos que motivan el presente juicio, dado que echa luz acerca de cómo debe resolverse la cuestión planteada, ya que, como es bien sabido, el C.C.C. recogió las interpretaciones predominantes de la doctrina y de la jurisprudencia. Es así que el art. 1279 plasma lo que se venía reconociendo en varios fallos (y hasta en proyectos de reforma del código, que luego veremos) como ruptura intempestiva de contrato. Reza el precepto: “El contrato de servicios continuados puede pactarse por tiempo determinado. Si nada se ha estipulado, se entiende que lo ha sido por tiempo indeterminado. Cualquiera de las partes puede poner fin al contrato de duración indeterminada, para ello debe dar un preaviso con una razonable anticipación”.
Cierto es que esta norma no está en las “disposiciones especiales para las obras”. Cabe volver, entonces, a la lectura del art. 1252. No puede, a mi juicio, entenderse que cavar pozos o zanjas, podar árboles o mover tierras es hacer obras. No se trata de obras (una casa, un edificio, un alambrado, etc.) que tienen que ser entregadas. Se trata, en realidad, de un trabajo de operario manual, que bien podría haber sido realizado por empleados en relación de dependencia de la cooperativa, pero ésta, seguramente para evitarse el “costo laboral” (aportes previsionales, etc.) optó por tercerizarlo (como es tan habitual). Ahora bien, ¿a un operario en relación de dependencia, se le exige hacer trabajos “independientemente de su eficacia”? Obviamente que no. Los capataces o jefes de personal controlan y verifican la realización de las tareas. Y lo mismo ocurre con un trabajador tercerizado; hacen lo que les indica el comitente, quien supervisa y verifica que lo hagan bien (v.g.: si se trata de poner un poste que tenga la altura necesaria y que pueda sostener los cables).
A mi modo de ver la distinción que hace el art. 1252 del C.C.C. no es muy feliz, toda vez que da a entender que si el trabajo se hace con eficacia es locación de obra y por ende no genera derecho al preaviso con razonable anticipación, pero si no se hace de esa manera, sí lo genera. Es bastante absurdo. En los dos casos el locador debe hacer el trabajo bien, eficazmente (como aparentemente ocurrió en el caso de autos, dado que la relación contractual duró largos años).
Pero no es el C.C.C. el ordenamiento que debe aplicarse en autos dada la fecha en que los hechos ocurrieron. Vayamos, entonces, a la jurisprudencia anterior a su entrada en vigencia.
La jurisprudencia reconocía el derecho a indemnización en caso de ruptura intempestiva de contrato. En la mayoría de los casos se trató de contratos de concesión o de distribución por tiempo indeterminado (ver: Rivera, Julio César, “Cuestiones vinculadas a los contratos de distribución”, Rev. de Derecho Privado y Comunitario, Ed. Rubinzal-Culzoni, n° 3, 1993, p. 149 y ss.; Bustingorry, Rodrigo y Del Rosario, Christian, en “Tratado de Derecho Comercial”, T. IV, La Ley, p. 351 y ss., dirigido por Martorell, Ernesto).
El tema fue abordado por esta Sala en la causa n° 114.606, “Goven S.A. c. Verónica SACIAFEI s. Cumplimiento de contrato” (del 10/12/13) y viene al caso recordar los conceptos vertidos.
Dije en mi voto que los autores citados sostenían que cuando el contrato ha sido celebrado por tiempo indeterminado, la rescisión no puede ser ejercida abusivamente. Cuestión esta última importante, dado que debe partirse de la base de que contrato por tiempo indeterminado no quiere decir eterno. Así lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el conocido caso “Automóviles Saavedra c. Fiat Argentina“ del 4/08/88 (L.L. 1989- B, 5). Dijo el alto tribunal que, al no haber pactado las partes un plazo de duración del contrato, “la posibilidad de denuncia en cualquier tiempo por cualquiera de las partes no sólo no es abusiva ni contraria a las reglas morales, sino que se muestra como la consecuencia lógica de esta especie de negocio jurídico” (en igual sentido: C.N.Com., Sala B, “Conti, Carlos c. Nobleza Piccardo S.A.I.C.I.y F.”, 18/12/07, L.L. AR/JUR/6116/2007).
Ahora bien, esta posibilidad de ruptura, no puede ejercerse abusivamente; es decir, no puede ser intempestiva (C.N.Com., Sala C, “Dismar S.A. c. Kraft Foods Argentina S.A.”, 24/07/09, L.L. AR/JUR/2897/2009). Ello implica - siguiendo a Rivera (ob. cit., p. 169) -, entre las consecuencias más importantes, que existe obligación de preavisar, lo que no debe ser sorpresivo; debe existir una razonable proporción entre el preaviso y el tiempo de ejecución del contrato; y finalmente que la rescisión incausada efectuada con un preaviso razonable no se convierte en sí misma en una fuente de presunción de daño. En definitiva, el tiempo del preaviso debe ser razonable, lo que se mide en función del tiempo que lleva la relación contractual, las inversiones no amortizadas hechas por el concesionario o distribuidor y el tiempo que puede llevarle readaptar su actividad comercial a las nuevas condiciones (C.N.Com., Sala E, “Laiño, Néstor c. Nestlé Argentina S.A.”, 14/03/03, L.L. 2003-F, 569), todo lo cual debe ser evaluado por el juez en cada caso concreto.
Rivera explica que la Directiva de la Comunidad Económica Europea de diciembre de 1986 establecía que el preaviso debía ser de un mes por el primer año de contrato, dos meses por el segundo y tres meses para los años siguientes. Esta indicación – y otras fuentes de leyes europeas – fueron tomadas por el Proyecto de Reformas del Código Civil de 1993, donde así se propuso.
En efecto, El Proyecto de Código Civil de 1998 contempló los contratos de agencia y de concesión, previendo en ambos casos que, en los casos de duración indeterminada, cualquiera de las partes podía rescindirlo mediante un preaviso de un mes por cada año de vigencia del contrato hasta un máximo de seis meses, y que, en caso de omisión de efectuar el mismo, la otra parte tenía derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir por el período respectivo (arts. 137, 1374 y 1388).
Estas pautas fueron recogidas en los arts. 1492, 1493 y 1509 del Código Civil y Comercial. Es decir, el preaviso en los contratos de agencia por tiempo indeterminados, con derecho a la indemnización por las ganancias dejadas de percibir.
Como dije, anteriormente no sólo la Corte Nacional en “Automotores Saavedra” había reconocido el derecho a indemnización por ruptura intempestiva de contrato antes de la sanción del nuevo código. En primer lugar el superior tribunal de la provincia (C 104935, “Lisi, Ricardo N. c/Sancor C.U.L”, sent. del 03/11/2010, y voto del Dr. Roncoroni en Ac 87420, “Ferretti, Mario Gustavo c/Operadora de Estaciones de Servicios S.A.”, sent. del 16/02/2005). También: CC0100 SN 11893 S 16/07/2015; CC0203 LP 111454 RSD-178-9 S 01/12/2009, “C. R. S.R.L. y otros c/ Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires”; CC0003 LZ 609 RSD-236-9 S 03/11/2009, “Martinez, Javier Patricio y ots. c/Asociación Médica de Lomas de Zamora”, JUBA.
Ahora bien, como vimos con el art. 1279 del C.C.C., la doctrina de la ruptura intempestiva de contrato no se limita a los contratos de agencia (de concesión o de distribución) – en relación a los cuales se originó -, sino que también se extiende a la locación de servicios por tiempo indeterminado. Y no hay razón para que no sea así. ¿Por qué un concesionario de venta de automóviles tendría derecho a que el fabricante le avise anticipadamente la ruptura del contrato y un humilde trabajador que, con una cuadrilla de operarios y sus herramientas, hace trabajos continuos para una empresa o una cooperativa no lo tendría no lo tendría?
De acuerdo a la prueba rendida (documentación acompañada, informe pericial contable y declaraciones testimoniales), el vínculo contractual del actor con la cooperativa data de 1985, fue discontinuo (es creíble que el actor, siendo un trabajador informal no estuviera debidamente inscripto en la AFIP y debiera recurrir al préstamo de facturas de terceros), y a partir de 1996 fue continuo y permanente hasta principios de 2007. Durante ese largo tiempo realizó trabajos de tipo manual (con sus herramientas y su cuadrilla de operarios) que necesariamente debía encarar la cooperativa para llevar a cabo sus tareas de tendido eléctrico. No surge de ningún lado que la cooperativa para cada uno de esos trabajos hubiera hecho concursos de precios (ni mucho menos licitaciones). La prueba de esto último estaba a cargo de la demandada (art. 375 C.P.C.), siendo de destacar que no alcanzan para darlo por probado las testimonios de fs. 818/20 porque, además de estar todos comprendidos en las generales de la ley (art. 439 C.P.C.), no constituyen la prueba idónea al efecto (debió probarse por pericial contable y no se hizo). Todo hace pensar que llevaba a cabo esas tareas por medio de Carnero y su cuadrilla en forma habitual y permanente.
En estas condiciones, teniendo en cuenta los largos años que medió ese vínculo contractual, por los principios de buena fe y abuso del derecho (arts. 1198 y 1071 del C.C.) y por la doctrina de la ruptura intempestiva de contrato, la cooperativa debió preavisar con una anticipación razonable que cesaría de encomendarle tareas. Es merecedor, en consecuencia, el actor, a una indemnización por el perjuicio económico que ello le generó.
Un tema importante es discernir cuándo se produjo la ruptura intempestiva (sin preaviso). El actor dijo que fue “a comienzos de 2007”. En la contestación de la demanda, la accionada lo negó, pero pese a que reconoció que dejó de contratar al actor, no dijo cuándo ocurrió ello. Expresó el actor en la demanda que había quedado una factura impaga del mes de febrero de 2007, lo que no fue negado expresamente en la contestación. Ello se corrobora con el detalle de las facturas (Anexo A) acompañado por la perito contadora, de donde surge que el 12/10/07 hubo una factura de $ 186,25, y el 26/01/09 otra de $ 635,25 (fs. 743). Se trata de montos menores que bien pueden responder a saldos impagos. Lo que sí está claro es que las facturas fueron varias y continuas hasta enero de 2007(conf. también Anexo B). Doy por acreditado, entonces, que la ruptura intempestiva se produjo en febrero de 2007 (arts. 384 y 474 C.P.C.)
Ahora bien, la indemnización no puede consistir en toda la ganancia que dejó de percibir desde la ruptura hasta la interposición de la demanda, como se pretende en la demanda. No puede recurrirse a la analogía con la indemnización de la Ley de Contrato de Trabajo dado que se trata de dos tipos de vínculos jurídicos distintos. El art. 1493 del C.C.C. habla de la “indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el período”, y este último se refiere al plazo del preaviso referido en el art. 1492, que, en los casos de los contratos por tiempo indeterminado, es de un mes por cada año de vigencia del contrato. Pero se trata de disposiciones que no estaban vigentes al momento en que la ruptura de la relación contractual se produjo, y por consiguiente no se pueden aplicar retroactivamente (art. 7 C.C.C.).
Por ello, debe recurrirse a la facultad judicial de mensurar el daño con razonabilidad cuando está debidamente probado (art. 165 3er. párr. del C.P.C.). Como dije en la causa n° 114.606 (“Goven S.A. c. Verónica SACIAFEI) arriba citada, entiendo justo recurrir a las pautas del Proyecto de Código Civil (arts. 1373, 1374, 1388); es decir, un mes de preaviso por cada año de vigencia del contrato, con un máximo de seis. Por lo tanto, como la relación contractual comenzó, al menos, en 1996, la indemnización debe consistir en seis veces el promedio mensual de ingresos que la actividad le generaba al actor en el último año trabajado (2006).
Yendo, entonces, al cuadro de ingresos que exhibe el Anexo A del dictamen pericial (fs. 743), el actor en 2006 percibió $ 51.070, lo que implica un promedio mensual de $ 4.255. Esta suma, multiplicada por seis implica $ 25.530.
El reclamo por daño moral, en cambio, no puede ser acogido. Como ha dicho esta Sala en varias oportunidades es doctrina de la casación provincial que el resarcimiento del daño moral de origen contractual (art. 522 C.C.) es de interpretación restrictiva, no debiendo atenderse reclamos que atiendan a una susceptibilidad excesiva o que carezcan de significativa trascendencia (S.C.B.A., 35579 del 22/04/86; Ac 39019 S 31-5-1988; Ac. 57978 S 6-8-1996; Ac. 56328 S 5-8-1997; Ac 68335 S 2-8-2000; Ac 86205 S 6-10-2004; C 96271 S 13-7-2011). Asimismo ha dicho el máximo tribunal que para que se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de la tranquilidad anímica, lo que no puede ni debe confundirse con las inquietudes propias y corrientes del mundo de los pleitos o de los negocios (Ac 39019 S 31-5-1988; Ac 45648 S 15-10-1991; Ac 57978 S 6-8-1996; Ac 56328 S 5-8-1997; Ac 69113 S 21-11-2001; Ac 89068 S 18-7-2007; C 96271 S 13-7-2011), ), criterio que es seguido por la doctrina y la jurisprudencia en general (ver: Belluscio-Zannoni, Cód. Civil Comentado, T. 2, Astrea, BS. AS., 1993, p. 733; Caseaux y Trigo Represas, “Derecho de las obligaciones”, T. I, La Ley, Bs. As. 2010, ps. 418/19) y ha sido seguido por esta Sala, (causa n° 113.632 del 18/10/11, 114.467 del 15/08/13, 115.276 del 02/06/15, 115.853 del 08/09/16, entre otras). El actor pidió que sobre la suma indemnizatoria se condenara a pagar intereses desde la ruptura del vínculo. Ello no puede ser así, dado que los intereses se deben desde la mora (arts. 506, 508, 509 y cctes. C.C.). En el caso entiendo que la mora se produjo con la intimación por medio de la cartadocumento de fs. 692 (8/08/07), ya que, si bien se hizo en los términos de la ley laboral, tuvo idoneidad suficiente como para hacer saber a la demandada que el actor estaba pretendiendo una indemnización por el cese intempestivo de la relación contractual. Ante esta intimación, la accionada se limitó a ratificar su anterior negativa del vínculo laboral y no intentó, al menos, ofrecer una indemnización para compensar por la ruptura del vínculo contractual que los uniera durante tan largo tiempo.
Por consiguiente, sobre la suma de indemnizatoria fijada ($ 25.530), a partir del 8/08/07 deberán computarse intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distintos períodos de aplicación hasta el efectivo pago (conf. doct. de S.C.B.A., causa “Cabrera”, C 119.176, del 15/06/16).
V. Costas.
Si mi voto es compartido, las costas de ambas instancias, deben ser a cargo de la demandada vencida (arts. 68 y 274 C.P.C.).
VOTO POR LA NEGATIVA.
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, el señor juez Dr. Emilio A. Ibarlucía dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestión anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1°.- Revocar la sentencia apelada, y condenar a la demandada a pagar al actor la suma de $ 25.530, con más intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distintos períodos de aplicación, desde la mora (08/08/07), hasta el efectivo pago. 2°.- Imponer las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida.
ASI LO VOTO.-
El señor juez Dr. Roberto A. Bagattin, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el señor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dictándose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada.-
POR ELLO y demás fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1°.- REVOCAR la sentencia apelada, y condenar a la demandada a pagar al actor la suma de $ 25.530, con más intereses a la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los distintos períodos de aplicación, desde la mora (08/08/07), hasta el efectivo pago. 2°.- IMPONER las costas de ambas instancias a la demandada en su calidad de vencida. NOT. Y DEV.-
Firmado: Dr. Emilio A. Ibarlucía – Dr. Roberto A. Bagattin Ante mi, Gabriela A. Rossello - Secretaria
Fin de la sentencia