Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 3 de San Martín · Causa 49591
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la demanda en todas sus partes (Art. 726 CCyCN);
2Imponiendo las costas a la parte actora vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057);
3Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en autos para una vez que sea practicada la actualización por Secretaría; la que deberá materializarse con las previsiones de la Ley 24.432, en consonancia con la doctrina de la SCJBA (entre otros precedentes, SCBA LP L. 117427 S 20/05/2015; "Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional"); y de la CSJN (entre otros precedentes "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. Y otros s/ daños y perjuicios" del 2-7-2019); y en el contexto de la Ley 14.967 (para los profesionales abogados).
4Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese;
5Asimismo, comuníquese a la Receptoría General de Expedientes Departamental ([email protected]), en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 58 inc. Bº) del Acuerdo Nº 3397/2008 de la Excelentísima Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en los autos caratulados: " CARO MARCELO ALFREDO C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " (EXPTE. 49591 - RECEPT. SM-36910-2023 ) este Tribunal ha dictado Sentencia Definitiva en el día de la fecha, concluyendo la causa por la misma.
En la Ciudad de Gral. San Martín, reunidos los Sres. Jueces del Tribunal del Trabajo Número Tres de esta Ciudad , los doctores Julián Fernández, Jorge César Rojas y Gabriel Simón Frem en su sala de acuerdos, a fin de dictar Sentencia Definitiva en los autos "CARO MARCELO ALFREDO C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057" Expediente N° 49.591 , de conformidad con lo establecido en el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y art. 57 de la Ley 15.057, resolvieron plantear y votar por separado, previo sorteo en este orden: Doctores Julián Fernández, Jorge César Rojas y Gabriel Simón Frem, la siguiente cuestión:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Julián Fernández dijo:
1. En fecha 08/11/23 se presenta la Dra. MARIA MARTA BARRERA, abogada, inscripta en el T° 8 F° 45 CADJM, letrada apoderada del actor Marcelo Alfredo Caro , promoviendo demanda por acción de revisión res. comisión médica jurisdiccional ley 15057; y a solicitar, en consecuencia, el cobro de indemnizaciones por la suma de $1.340.299 y accesorios contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Conforme la presentación inicial, la actora manifestó aspectos relativos a la relación laboral, tales como las tareas desempeñadas, jornada laboral y días trabajados, función y cargo, salario devengado, como así también lugar de donde desempeña labores.
Asimismo, indica que el siniestro acaeció en fecha 19/01/22 describiendo la modalidad de la ocurrencia en el Sub. V 'Hechos', a la cual se la remite en honor a la brevedad causal.
Expone que efectuada la denuncia a la ART, ésta procede a rechazar el siniestro de forma injustificada.
Indica que ha iniciado el trámite por ante la Comisión Médica, Expte. SRT Nro. 176.244/23, 176.260/23 y 176.273/23, habiendo quedado concluida la vía administrativa.
Liquida, mensura y justifica los daños.
Ofrece prueba, funda en derecho y concluye con el líbelo introductorio de la instancia, solicitando se haga lugar a la acción intentada, con costas.
2. Corrido el traslado ritual, en fecha 04/12/23 compareció el letrado apoderado de La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., Dr. Federico Carlos Tallone, abogado, inscripto en la matrícula respectiva al Tomo XXXI Folio 3 C.A.S.I.; a oponer excepción de cosa juzgada, falta de acción y falta de legitimación pasiva por los fundamentos a los que se remiten en honor a la brevedad, y a contestar demanda en subsidio, solicitando su rechazo con costas.
Reconoce contrato de afiliación a favor de la empleadora del actor vigente a la fecha de la primera manifestación invalidante.
Subsidiariamente manifiesta inexistencia de relación causal entre el infortunio laboral relatado y las supuestas secuelas esgrimiendo que la ART le ha brindado todas las prestaciones y atenciones médicas; impugna liquidación; ofrece pruebas, contesta los planteos de inconstitucionalidad y pide que se rechace la demanda con expresa imposición de costas e hizo reserva de Caso Federal.
3. En fecha 07/03/24 el Tribunal resolvió desestimar las excepciones de cosa juzgada y falta de acción interpuestas por la demandada.
4. En fecha 23/04/24 el Tribunal dispuso la producción de la prueba ofrecida por las partes.
5. En fecha 20/04/26 obra agregada la pericia contable; y en fecha 26/04/25 obra agregada la pericia médica.
6. En fecha 27/08/26 el Tribunal dispuso dar traslado a las partes a fin de que aleguen por escrito sobre el mérito de la prueba.
7. Agotada la instancia de alegatos, el Tribunal dispuso pasar los autos al acuerdo, efectuándose el sorteo correspondiente, y encontrándose los presentes en estado de dictar Sentencia Definitiva.
LA DECISION :
I). Que, corresponde señalar que el llamamiento de estos autos para dictar sentencia, al haber sido consentido, convalidó cualquier posible deficiencia procesal anterior a dicha etapa y, en consecuencia, cerró el debate para las partes (arts. 170 del CPCC y ccdtes; art. 14 Ley 15.057) .
II). Que, los presentes actuados ventilan la pretensión de la parte actora descripta en el Sub. 1° de 'Antecedentes', mientras que la posición de la parte demandada subyace en el Sub. 2° de 'Antecedentes'.
Por lo expuesto, sobre el marco jurídico que involucra la cuestión, considero que corresponde trasladar los extremos fácticos del caso a los presupuestos de exigencia de las Leyes Nro. 24.557, 26.773 y 27.348 -normativa vigente al tiempo de acaecimiento del infortunio laboral de autos- cuyo fundamento propicio aplicable.
III. Que, tal como ha quedado configurada la cuestión, corresponde avanzar con el análisis del fondo de la cuestión, y por ello, efectuar en análisis del material probatorio a fin de delimitar las cuestiones debatidas sobre el fondo de autos.
Analizada la prueba pericial médica producida en autos, impugnación efectuada y su contestación, tengo por probado que el actor padece de una incapacidad parcial y permanente psicofísica del 24,12% de la total obrera, por padecer una lesión secuelar lumbociatalgia, limitación funcional codo izquierdo y RVAN grado II, más factores de ponderación.
Que, en mérito a los escritos de demanda, contestación de demanda, y documentación acompañada a los mismos, no considero acreditado que la patología incapacitante, guarde relación causal con las tareas denunciadas por el actor.
El actor tenía la carga de acreditar los hechos que invocara en su demanda, ya que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirma la existencia de un hecho o de un precepto jurídico (art. 375 CPCC).
Considero que la prueba ofrecida por el actor no aportó ningún dato relevante para esta cuestión, no obran en autos elementos que permitan probar la mecánica de las tareas descriptas, los factores de riesgos ni la relación de éstos con la incapacidad determinada.
No habiendo la parta actora ofrecido prueba testimonial ni pericial técnica, no resulta posible extraer ningún elemento que genere en este suscripto, tan siquiera indiciariamente, la existencia de una relación causal entre las tareas realizadas por el accionante con las secuelas incapacitantes, y mucho menos la existencia de factores de riesgos.
Lo propio y corriente de la actividad judicial es la contradicción sobre los hechos o respecto del modo en que éstos han acaecido. Ante relatos o explicaciones distintos de una misma situación fáctica, solo la prueba de su verdad es lo que, en la sentencia, permite al juzgador formar su convicción, o alcanzar un grado de conocimiento o de certeza.
Las partes deben aportar la prueba de sus afirmaciones o, en caso contrario, soportar las consecuencias de omitir ese imperativo en el propio interés (SCBA, L. 33.662, del 18/9/84). Los hechos articulados, al haber sido negados y no probados, no pueden como principio ser admitidos como ocurridos, concluyéndose en una sentencia desestimatoria.
La ausencia de acreditación de las afirmaciones de hecho frustra la viabilidad de la pretensión. Cuando no se prueba, el Juez se halla impedido de actuar el derecho y, por consiguiente, de declarar el efecto pedido o esperado. Si bien de la pericia médica surge una minusvalía del actor, la misma no resulta hábil para acreditar la enfermedad profesional. En el caso de autos, considero que no se encuentra acreditado, ni la mecánica de las tareas efectuadas por el trabajador, ni los factores de riesgos, ni que las mismas hayan sido la causa del daño sufrido.
Destaco la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; la que sostiene que "Carece de eficacia para demostrar el vínculo causal entre la incapacidad que afecta al trabajador y las labores que éste efectuaba la pericia médica que afirma la existencia de dicho nexo sobre la base del relato del actor, controvertido en la causa y no confirmado por ningún elemento de prueba." (SCBA LP L 116908 S 03/09/2014; "C. ,G. J. contra P. P. S. D. y P."; SCBA LP L 106461 S 12/12/2012; "Yarcho, Silvia Mabel c/ Banco Platense S.A. y otro s/ Daños y perjuicios"); "La pericia médica no es el medio de prueba adecuado para la acreditación de las condiciones y modalidades del trabajo, pues su cometido se relaciona con la existencia de la enfermedad invocada determinando su origen y la incapacidad laborativa derivada de aquélla." (SCBA LP L. 120496 S 14/08/2019; "C. ,G. B. contra F. d. l. p. d. B. A. y o. A. d. t. - A. e."; SCBA LP L. 120386 S 03/10/2018, "Roldán, Gastón Marcelo contra La Segunda ART S.A. S. Apelación de resolución administrativa"; SCBA LP L 119336 S 28/02/2018; "Flores, Sergio Abel contra Provincia ART S.A. Materia a Categorizar", entre otros); y "La revisión en torno al establecimiento de la relación de causalidad adecuada entre una afección incapacitante y el trabajo remite al análisis de las circunstancias fácticas comprobadas en la causa y, por ende, a un terreno propio de la actividad privativa del tribunal del trabajo insusceptible -en tanto tal- de impugnación ante la sede extraordinaria, salvo efectiva demostración del absurdo." (SCBA LP L 116668 S 13/11/2013; "Chequin, Alberto Waldemar c/Dema S.A. y otro/a s/Accidente de trabajo - acción especial").
Así también, acentúo que "No evidenciado por otros medios probatorios el nexo causal o concausal de la enfermedad y su incapacidad laboral, el hecho de que el actor se encontrase al comienzo de su relación laboral sano no es de por sí demostrativo de tal circunstancia." (SCBA LP L. 119393 S 21/06/2018; "López, Eduardo Manuel contra Club Universitario de Buenos Aires. Despido y daños y perjuicios").
Por lo dicho, propicio el rechazo de los rubros reclamados, debiendo imponerse las costas al actor por resultar vencido (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057).
Asimismo, considero abstracto expedirme acerca de las excepciones de falta de legitimación pasiva planteadas por la demandada.
IV). Propongo que la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes se difiera para el momento de la liquidación. Asimismo, considero que deben practicarse con las previsiones de la Ley 24.432, en consonancia con la doctrina de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (entre otros precedentes, SCBA LP L. 117427 S 20/05/2015; "Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional") y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (entre otros precedentes "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. y otros s/ daños y perjuicios" del 2-7-2019) ; por lo que debe ser rechazado cualquier planteo que cuestione la validez, aplicación y constitucionalidad de tal normativa.
V). Por último, en cuanto a las restantes consideraciones vertidas por las partes y el resto de la prueba producida, adhiero al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la que el juzgador no está obligado a ponderar una por una y exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones; ni a analizar todas las cuestiones y argumentos utilizados, que no sean decisivos (conf. CSJN, 29.4.70, La ley 139-617; 27.8.71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en "Código Procesal..." (Morello, Tº II-C, Pág. 68 punto 2, Editorial Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal; y de la Sala VII de la CNAT, "Bazaras, Noemí c/ Kolynos"; S.D. 32.313 del 29.6.99).
ASÍ LO VOTO
Los Sres. Jueces Dres. Jorge César Rojas y Gabriel Simón Frem , por compartir los fundamentos votaron en el mismo sentido.
Con lo que termino el Acuerdo, firmando los señores jueces por ante mí, de lo que doy fe.
Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, en mérito a las consideraciones de hecho y derechos precedentes, este Tribunal FALLA :
1. Rechazar la demanda en todas sus partes (Art. 726 CCyCN);
2. Imponiendo las costas a la parte actora vencida (conf. arts. 24 y c.c. de la Ley 15.057);
3°). Diferir la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes en autos para una vez que sea practicada la actualización por Secretaría; la que deberá materializarse con las previsiones de la Ley 24.432, en consonancia con la doctrina de la SCJBA (entre otros precedentes, SCBA LP L. 117427 S 20/05/2015; "Caraballo, Miguel Ángel contra Air Liquide Argentina S.A. Enfermedad profesional"); y de la CSJN (entre otros precedentes "Latino Sandra Marcela c/ Sancor Coop. de Seg. Ltda. Y otros s/ daños y perjuicios" del 2-7-2019); y en el contexto de la Ley 14.967 (para los profesionales abogados).
4°). Practíquese liquidación de tasa y sobre tasa de justicia por Secretaría y notifíquese;
5°). Asimismo, comuníquese a la Receptoría General de Expedientes Departamental ([email protected]), en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 58 inc. Bº) del Acuerdo Nº 3397/2008 de la Excelentísima Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, que en los autos caratulados: " CARO MARCELO ALFREDO C/ LA SEGUNDA ASEGURADORA DE RIESGOS DEL TRABAJO S.A. S/ ACCION DE REVISION RES. COMISION MEDICA JURISDICCIONAL LEY 15057 " (EXPTE. 49591 - RECEPT. SM-36910-2023 ) este Tribunal ha dictado Sentencia Definitiva en el día de la fecha, concluyendo la causa por la misma.
6°). REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Conf. (art. 11, Anexo 1, Acuerdo N° 3845, SCBA). Cumplida que sea, oportunamente, ARCHÍVESE .
Suscripto por los Magistrados y Sra. Actuaria interviniente, en la Ciudad de General San Martín, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20).
Domicilios vinculados para notificar en los términos de Resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/23:
Firmas
Funcionario firmante: FERNANDEZ Julian - JUEZ
Funcionario firmante: FREM Gabriel Simon - JUEZ
Funcionario firmante: ROJAS Jorge César - JUEZ
Funcionario firmante: SANCHEZ Laura Ines - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1738-2026
Fin de la sentencia