Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2098/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 520/527 y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 487/494 vta..-
2Imponiendo las costas a la recurrente vencida (cfr. art. 68 del CPC y C).-
3Diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes pre-vistonales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2098/16-TSJ Interlocutorio N°: 644.-
Actor: CARPIO MIRIAM CRISTINA Demandado: COOPERATIVA DE TRABAJO DE REMIS LA MODERNA LTDA Objeto: LABORAL Fecha: 30-04-19 Texto: TOMO XIX -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 644 FOLIO Nº 3716/3720 PROT. ELECT. TSS1 005 S.191
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 30 días del mes de abril de dos mil diecinueve, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia de la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos para dictar sentencia en los autos “CARPIO MIRIAM CRISTINA c/ COOPERATIVA DE TRABAJO DE REMIS LA MODERNA LTDA. s/ LABORAL”, Expte. Nº C-14.142/10 (C-2098/16-TSJ). Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 2º) Dra. Alicia de los Angeles Mercau, 3º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti, 4º) Dra. Reneé Guadalupe Fernández, 5º) Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 520/527?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Mariani dijo:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver el recurso de inconstitucionalidad in- terpuesto a fs. 520/527 vta., por el Dr. Gabriel Damián Ariel Ruiz, en su carácter de letrado apoderado de la actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscrip- ción Judicial obrante a fs. 487/494 vta., que solo condena a la demandada a pagar la multa prevista por el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, habiendo revocado parcialmente la sentencia de Primera Instancia, que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por indemnización por despido, SAC, vacaciones no gozadas y multa del artículo 2 de la Ley Nº 25.323 (cfr. fs. 438/444 vta.).- Por su parte, la recurrente aduce que en dicha sentencia se: “vulnera, el art. 9 Ley 20.744, el art. 14 bis., 18 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacio- nal, al que se llega por remisión del art. 3 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, en concordancia con los Tratados Internacionales con jerarquía constitu-cional…” (cfr. foja 521).
Asimismo, considera que se viola la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. XIV); la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 23); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, arts. 61 y 71); la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (art. 51 inc. e)); y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 11 inc. 11. d)) (cfr. foja 522 vta.).- Considera que la Excma. Cámara de Apelaciones “…aplica una presunción a favor del empleador en el marco de un vínculo de trabajo en negro probado y reconocido (fraude laboral) [...] De esta manera, en el marco de una relación de trabajo donde está acreditado, firme y reconocido por la contraria que realizó un fraude laboral, se le reconoce a la parte infractora una presunción a su favor que perjudica y vulnera el derecho del accionante, denegándole el recono-cimiento de la indemnización por despido indirecto, art. 245, 231, 232 y 233 Ley 20.744, con aplicación del art. 275, concordante por el litigio art. 2 Ley 25.323.
Y al mismo momento, que falla a favor del infractor, como corolario, la misma Cámara, reconoce el pago a esta parte de una multa por falta de entrega del art. 80 Ley 20.744. De suyo que a simple vista surge la incongruencia, material y procesal del decisorio de la Excma. Cámara, que vulnera los derechos constitucionales básicos de esta parte.” (cfr. foja 523).- A ello agrega: “Es trascendental, ya que una vez probado la co- misión de un fraude laboral, en perjuicio de un trabajador, la aplicación del derecho y la interpretación legal no puede proteger al infractor...Cuando la Excma. Cámara, omite el nudo Litis de autos, sobre el que versa la acción principal y su resultado, en el marco de un litigio con un fraude laboral comprobado y firme (porque también lo termina admitiendo la contraria en sus agravios) distorsiona el marco conceptual y materializa una interpretación forzada e inconstitucional.” (cfr. foja 524 vta.).
Con- cluye al respecto, que: “Está más que claro que, probado el fraude, el accionado tiene la obligación legal de indemnizar, pero el acciona[n]te tiene el derecho a ser indemnizado, este derecho se configura como un derecho a la propiedad, protegido por la constitución de la Provincia de Santa Cruz por remisión a la Constitución Nacional y a los tratados Internacionales de aplicación específica y jerarquía constitucional.” (cfr. foja 525).- Solicita finalmente a este Tribunal Superior de Justicia, que reestablezca: “…el orden constitucional haciendo lugar a este recurso, admitir el derecho de la actora a percibir las indemnizaciones laborales, art. 232, 233 y 245, Ley 20.744, con más la del art. 2 Ley 25.323, con expresa imposición del agravante previsto en el art. 275 Ley 20.744, configurando la conducta de la accionada como maliciosa y temeraria costos y costas.” (cfr. foja 527).- A foja 529 y vta. la Excma.
Cámara de Apelaciones declaró formalmente admisible el recurso de casación interpuesto.-
Que a foja 540 y vta., obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarando bien concedido el recurso de inconstitucionalidad planteado, poniendo los autos a disposición de las partes en los términos del artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; haciendo uso de ese derecho la parte actora (cfr. certificación de foja 554).- A fs. 555/557, dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, concluyendo: “...esta Fiscalía entiende que corresponde no hacer lugar al Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 487/494 vta., confirman- do lo allí resuelto, por no encontrarse en cuestión la inteligencia de ninguna cláusula de la Constitución Provincial y resultando de aplicación la jurisprudencia de ese Alto Cuerpo respecto de la aplicación de la tasa de interés pasiva (inc. “a” del art. 3º de la Sección 6º del Capítulo IV del Libro I del CPCC).” (cfr. foja 557).- Que, a foja 561 se llaman autos para dictar sentencia, pasando a estudio a foja 562.-
II. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordi-naria provincial articulada por la parte actora, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 19, inciso 2º, Libro I, Título IV, Cap. IV, Secc. 6º, Parágrafo 3º -Recurso de Inconstitucionalidad- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/ 15 -Decreto Nº 2228/15-. Ello, por cuanto la impugnación de la actora se fundamenta en la inconstitucionalidad de la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones.- La cuestión central de lo resuelto por la misma es la siguiente: “Se advierte que hay una cuestión principal a resolver y que las demás críticas pro- puestas están relacionadas y seguirán, en principio la suerte de la primera. No se dis- cute que la actora trabajó para la demandada hasta el 30 de noviembre de 2008, recla- mó la registración laboral el 11 de enero de 2010 y ante la incontestación (sic) y posterior negativa de la demandada se consideró despedida sin justa causa e inició esta demanda el 12 de julio de 2010. Por lo tanto transcurrieron 14 meses entre la última prestación de servicio de la actora (30/11/08) y la solicitud de la registración de la relación laboral (11/01/10) y ciertamente, al no exigirse las partes recíprocamente la ejecución de sus respectivas prestaciones, ya que la actora no concurrió a trabajar, no intimó para que le dieran tareas, no exigió que le paguen el salario y la empleadora no la intimó a reintegrarse a cumplir funciones, durante un lapso tan prolongado de tiempo, entiendo que la relación laboral ha quedado extinguida por voluntad concurrente de las partes, lo que se conoce como renuncia táctica situación contemplada en el artículo 241 in fine de la LCT. Por ello entiendo que le asiste razón al apoderado de la demandada ya que la extinción de la relación laboral se ha producido por la voluntad de las partes que abandonaron el ánimo de proseguir con el vínculo porque tanto la actora como la demandada dejaron transcurrir el tiempo sin generar ningún acto útil para mantenerlo.” (cfr. foja 491).- Como se aprecia claramente, lo expuesto traduce una decisión que es la consecuencia del tiempo transcurrido entre la finalización de la relación la- boral y el reclamo de su registración. Es decir, una decisión basada en una cuestión fáctica, y el criterio subsiguiente.-
Es por ello, que: “…la decisión que, a través del análisis de los respectivos comportamientos de las partes, considera acreditada la extinción del con- trato de trabajo por la voluntad concurrente de éstas, en cuanto remite a típicas cues- tiones de índole fáctica, sólo es revisable en la instancia extraordinaria por vía del ab- surdo…” (cfr. SCBA, “García Maglione Martín Oscar c/ Nestlé Argentina S.A. s/ Despido” causa LP L. 119127 del 28/06/2017; “Ferreyra Oscar Alberto c/ F. y L.S.R.L. y otros s/ Despido”, causa LP L. 119194 del 15/11/2016; “Gregorini Ana María c/ Fernando Alfredo Romani S.A. y otro s/ Despido”, causa LP L 117853 del 10/06/2015; entre otros).- Se ha dicho también que: “…el absurdo no queda configurado aún cuando el criterio del juzgador pueda resultar opinable o discutible, habida cuenta que lo que habilita la revisión casatoria no es cualquier equivoco o disentimiento. An- tes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base de pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (conf. S.C.B.A., causas L. 96. 667, sent. del 15/IV/09; L. 92.723, sent. del 13/V/09 y L. 94.481, sent. del 15/VII/09, entre muchas más).” (cfr. SCBA, “Hoyo Carlos c/ Regueiro Héctor Emilio s/ Despido”, causa LP L 108688, del 31/10/2012). Y es este “desarreglo en la base del pensamiento” u “error extremo”; el que no hallamos presente en autos.- De allí, al hecho de afirmar siquiera que esta decisión rozara lo inconstitucional carece de fundamento.-
Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha expresado oportunamente: “Lo expuesto, lleva a afirmar que la relación laboral que unía a las partes concluyó por voluntad concurrente de ambos contratantes, en los términos del artículo 241 -in fine- de la LCT, tal como concluyen las instancias de grado. La últi- ma parte de esta disposición contempla la causal de extinción de la relación laboral por abandono, al decir: '...Se considerará igualmente que la relación laboral ha queda- do extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resultase del comportamiento concluyente y recíproco de las mismas, que traduzca inequívoca-mente el abandono de la relación.'. Sobre esta disposición se ha sostenido: 'La última parte del artículo comentado [241 LCT] prevé expresamente la posibilidad de que la relación laboral quede extinguida por voluntad concurrente de las partes, si ello resulta del comportamiento concluyente y recíproco de ambas, que traduce inequívocamente el abandono de la relación.' (cfr.
Carlos Alberto Etala, “Contrato de trabajo”, Ed. Astrea, 2008, pág. 234).” (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 613, Folio 3522/3530).- No se aprecia en los presentes, que lo decidido por la Excma. Cámara de Apelaciones al respecto, en el sentido de que la causal de distracto fue por abandono de la relación (cfr. art. 241 de la LCT), que determina como consecuencia que el actor no tenga derecho a indemnización por despido; se traduzca en la invoca- da violación de los artículos 14 bis., 18 y 75, inciso 22 de la Constitución Nacional; como así tampoco violatorio de los diversos tratados internacionales mencionados por la actora.- Como consecuencia de ello, es que no resulta atendible el agra- vio relativo a que: “El plazo en que se efectuó la intimación reclamo del crédito (1 año y 4 meses) se encuentra dentro del plazo normado por el art. 256, Ley 20.744, de 2 años, siendo este plazo de orden público” (cfr. foja 523 vta.).
Se confunde en esta argumentación, el criterio sustentado por la Excma. Cámara de Apelaciones respecto a que la relación laboral quedó extinguida por la voluntad concurrente de las partes, con la prescripción de los créditos laborales. Cuestiones estas disímiles.- Lo decidido, entonces, no se relaciona en absoluto con los argumentos esgrimidos por la actora en cuanto a que existe en la sentencia de marras: “una presunción a su favor que perjudica y vulnera el derecho del accionante, dene-gándole el reconocimiento de la indemnización por despido indirecto, art. 245, 231, 232 y 233 Ley 20.744, con aplicación del art. 275, concordante por el litigio art. 2 Ley 25.323. Y al mismo momento, que falla a favor del infractor, como corolario, la misma Cámara, reconoce el pago a esta parte de una multa por falta de entrega del art. 80 Ley 20.744.
De suyo que a simple vista surge la incongruencia, material y procesal del decisorio de la Excma. Cámara, que vulnera los derechos constitucionales básicos de esta parte.” (cfr. foja 523).- Esta aseveración, se entronca con el agravio relativo a la existencia de fraude laboral, y que el mismo fue ignorado por la Excma. Cámara de Apelaciones.-
Así, al mencionar la parte actora que ha existido en su caso “fraude laboral”, se está refiriendo a la falta de registración de la relación laboral. Di- cha falta no es negada en la sentencia en crisis. Es más, es parte integral de la misma.-
Ello, es advertido especialmente; razón por lo cual se expresa: “...si bien entiendo que la relación se extinguió por la voluntad concurrente de las par- tes se ha acreditado que la misma existió y entonces la demandada deberá hacer en- trega del certificado de trabajo correspondiente y abonarle en ese concepto el equiva- lente a tres salarios...Asimismo deberá oficiarse a la AFIP poniendo en conocimiento lo decidido.” (cfr. foja. 492 y vta.).- Es decir, la Excma. Cámara de Apelaciones reconoce y resalta la falta de registración en el caso, resultando coherente con lo decidido la obligación para la demandada de entregar el certificado previsto en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, con el pago de la correspondiente multa, y poner en conocimiento de ello a la AFIP, atento el actuar de la misma.-
Resulta por demás evidente, entonces, que no existe contra-dicción alguna en lo decidido en el fallo en crisis, pese a los dichos de la actora. Menos aún, puede considerarse que nos hallemos en los presentes ante una decisión que siquiera remotamente deba sospecharse de inconstitucional.-
En virtud de lo antedicho, debe confirmarse lo decidido por la Alzada, rechazándose el recurso interpuesto.-
Por último, debe destacarse especialmente que la declaración de inconstitucionalidad configura un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que se requiere inexcusablemente la de- mostración del agravio en el caso concreto y sólo cabe acudir a ella cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución Nacional (Fallos: 256:602, 258:255, 316:188, 316:1717, 316:2624, 321:441, 321:1888, 322:842, 322:919, 324:920, 325:1922 y 330:5345, entre muchos otros) circunstancia que, como se ha expresado, no se verifica en el caso de autos.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
Los Dres. Alicia de los Angeles Mercau y Enrique Osvaldo Peretti, adhieren al voto del Dr. Mariani, por compartir sus fundamentos.-
A la primera cuestión la Dra. Fernández dijo:
II. Sin perjuicio de lo resuelto, cabe poner de resalto que la circunstancia de que el Juez del Tribunal de Azada, Dr. Humberto E. Monelos omitiera emitir su voto individual respecto a la segunda cuestión planteada en la sentencia, so pretexto de supuestas razones de economía procesal (cfr. foja 494) -las que no se vislumbran en modo alguno- atenta contra la unidad lógico-jurídico que deben exhibir los actos sentenciales y, a la postre, menoscaba el servicio de administración de justicia.-
Por ello, corresponde recordarle la relevancia de la alta labor encomendada y hacerle saber que en lo sucesivo deberá pronunciarse explícitamente sobre cada una de las cuestiones planteadas, cumpliendo acabadamente con los man- datos constitucionales y legales atinentes a su función jurisdiccional.-
En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma negativa.-
La Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, adhiere al voto del Dr. Mariani, por compartir sus fundamentos.-
A la segunda cuestión el Dr. Mariani dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la primera cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando el recurso de inconstituciona-lidad interpuesto por la parte actora a fs. 520/527 vta. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 487/494 vta. con costas a la recurrente vencida (cfr. art. 68 del CPC y C) y difiriendo la regulación de honorarios del profesional interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.- Los Dres. Alicia de los Ángeles Mercau y Enrique Osvaldo Peretti, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Mariani.-
A la segunda cuestión la Dra. Fernández dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Primera Cuestión, propongo se dicte sentencia rechazando el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 520/527 vta. y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 487/494 vta. con costas a la recurrente vencida (cfr. art. 68 del CPC y C) y difiriendo la regulación de honorarios del profesional interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores. Hacer saber al Juez del Tribunal de Alzada, Dr. Humberto E. Monelos, que en lo sucesivo deberá pronunciarse explícitamente sobre cada una de las cuestiones planteadas, cumpliendo acabadamente con los mandatos constitucionales y legales atinentes a su función jurisdiccional.- La Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos, adhiere al pronunciamiento propuesto por el Dr. Mariani.-
En virtud de todo lo expuesto se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 30 de abril de 2019.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dres. Daniel Mauricio Mariani, Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau y de la Sra. Presidente Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y el voto de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernán-dez y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Rechazar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte actora a fs. 520/527 y en consecuencia, confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 487/494 vta..-
2. Imponiendo las costas a la recurrente vencida (cfr. art. 68 del CPC y C).-
3. Diferir la regulación de honorarios del profesional interviniente en la casación hasta tanto de cumplimiento con lo dispuesto por las leyes pre-vistonales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las instancias anteriores.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal, Dra. Renee Guadalupe Fernández –Vocal-;
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1005S.191 Tomo: XIX Interlocutorio: 644.-
Folio N°: 3716/3720.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia