Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 134.034
Lo que resolvió el tribunal
I. Rechazar el recurso de casación promovido, con imposición de costas en esta instancia; confirmando, en consecuencia, la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca que condenó, en el marco de un juicio abreviado, a Sergio Fabián Carragal, a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en hechos reiterados.
II. Regular los honorarios profesionales del defensor particular en diez (10) jus, equivalente al 25% de los cuarenta (40) jus establecidos en la instancia anterior, más los aditamentos de la ley previsional.
Rigen los artículos 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 40, 41 y 45 del Código Penal; 106, 421, 451, 454 inciso primero, 530, 531, 534 del CPP; 31 y ccdtes ley 14967.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 0200-11288-19 En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, Manuel Bouchoux y Mario Eduardo Kohan, con el fin de resolver el recurso presentado en la causa nro. 134.034 caratulada “CARRAGAL, SERGIO FABIÁN S/RECURSO DE CASACIÓN”. Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces deberán observar el orden siguiente: BOUCHOUX- KOHAN.
El Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca condenó, en el marco de un juicio abreviado, a Sergio Fabián Carragal, a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en hechos reiterados.
Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación el defensor particular, Facundo Gonzalo Sandoval.
Efectuadas las vistas correspondientes, la Fiscalía de Casación solicitó el rechazo de la impugnación, conforme a los argumentos expuestos en el respectivo memorial.
De tal modo, notificadas las partes de la integración, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Manuel Bouchoux dijo:
I. La sentencia recurrida fue dictada en el marco de un de juicio abreviado acordado por las partes.
Como he indicado anteriormente (c. 133.216, “Agüero”, sent. del 24- IX-2024) nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de procedimientos indicando que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria).
En nuestro sistema procesal, la adopción del procedimiento abreviado no exige admisión de los hechos y participación por parte del imputado, pero sí supone que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes. Obviamente, todo ello sólo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por la imputada a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica. En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y sus fundamentos se expresarán sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.).
II. El tribunal tuvo por acreditada la materialidad ilícita en los siguientes términos: "…en fechas no precisadas con exactitud, pero comprendidas entre el año 2014 y febrero de 2019 en la localidad de Cnel. Pringles, Sergio Fabián Carragal obligó en reiteradas y diferentes oportunidades a que, su pareja en ese momento, M.C., le practique sexo oral, como asimismo le introdujo el pene en el ano y en la vagina en contra de la voluntad de la víctima, quien era golpeada por el imputado si se negaba a ello. Dichos actos abusivos se desarrollaban dentro de un marco de ejercicio de violencia física y psicológica sistemática del encartado sobre la víctima durante la convivencia, habiendo padecido ésta última […]. Estos hechos ocurrieron en los distintos domicilios de convivencia de la pareja durante el período temporal previamente detallado, […] de Cnel. Pringles…". III.a Sostiene el defensor, luego de transcribir las testificales ponderadas en el veredicto, que el fallo resulta arbitrario y carente de la debida fundamentación, por cuanto se ha dado prevalencia a los dichos de la víctima y su entorno familiar, en desmedro de lo expuesto por su defendido y su familia, incurriendo en una apreciación parcializada de la prueba. Señala, haciendo nueva referencia a la descripción de la damnificada, que “…la juzgadora toma por acreditados los hechos referidos considerándolos aberrantes y producidos por la persona de Sergio Carragal, sin más elementos que la expresión de la víctima…”.
En consonancia con lo anterior, argumenta que “…las lesiones y los hechos que se atribuyeron no fueron probados, ni demostrados. La picana, el arma, no fueron llevadas a contrastación para acreditar su efectivo uso en perjuicio de la denunciante…”.
Se agravia en tanto “…en el presente caso, la persona denunciante - mujer, claro-, se limita a enunciar distintos ultrajes y la juzgadora los tiene por acreditados por el mero hecho de entenderse comprendidos en el marco de una situación de violencia de género. Los estándares se han vuelto laxos y poco serios, haciendo dificultosa la labor defensista…”. Señala que “…se vulneran los artículos 16, 18, 19, 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, artículos 8, 24, 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al consagrar una arbitraria desigualdad en el trato de acusados cuando la cuestión se considera en el marco de la violencia de género…”.
Que “…como si de una película se tratase, la denunciante dice que el agresor le amenazaba para tener relaciones, mediante el adiestramiento de un pitbull que la dañaría en cualquier momento. Aunque el denunciado- Carragal- manifiesta que él ya contaba con dicho can…”.
Solicita se dicte la absolución.
III.b Por el contrario de lo pregonado por la defensa, existen múltiples evidencias que permiten corroborar la hipótesis de cargo, habida cuenta que los dichos de la víctima aparecen ratificados por varias testificales –una de ellas en especial-, además de existir probanzas de carácter médico, plenamente objetivas, y que dan cuenta del contexto de violencia de género en el cual vivía la víctima.
El defensor aduce la violación del principio de igualdad, ello en virtud de que el enfoque de género conlleva, según su postulación, a que la prueba se base casi completamente en los dichos de la mujer, sin corroboración objetiva alguna.
Inicialmente, es importante señalar que la aplicación de la perspectiva de género constituye una verdadera obligación emanada de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, traducida en el deber -en lo que a los colegas de la instancia precedente y a mi caso respecta-, de valorar y juzgar los hechos desde la óptica de género (art. 7 incs. a, b, e y f de la Convención de Belém Do Pará; art. 2 incs. c, d y e de la CEDAW). En esas condiciones, además de ser errónea la afirmación de que no existen elementos objetivos periféricos en este caso, la perspectiva de género -como pauta hermenéutica y directriz convencional- lo que pretende precisamente es, en un carril sustancialmente contrario a lo postulado en la impugnación, erradicar la utilización de parámetros discriminatorios utilizados en perjuicio de las mujeres, violatorios de los principios de igualdad y prohibición de discriminación conforme lo indican los artículos 16 de la Constitución Nacional, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 26 del Pacto Internacional de Derechos CIviles y Políticos, 2 de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y 6 de la Convención de Belém Do Pará. Históricamente, en muchos casos en los que se juzgaban -y juzganhechos cometidos contra mujeres, los estereotipos y prejuicios preconcebidos sobre los roles de género generaban un impacto diferencial al momento de valorar la prueba en comparación con otra clase de hechos, profundizando críticas sobre los estándares probatorios relativos -a propósito de este caso- a la declaración de la víctima mujer.
Afortunadamente, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de los casos permite identificar los estereotipos que distorsionan la valoración de la prueba sobre la cual se apoyan las decisiones judiciales. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia ha elaborado recientemente la “Guía de Prácticas Aconsejables para juzgar con Perspectiva de Género”, instando a las y los operadores judiciales a liberarse de los estereotipos de género que vician la sana crítica en la medida en que constituyen prejuicios que se perciben como verdades apodícticas y que sesgan la visión de los juzgadores.
De acuerdo al máximo tribunal bonaerense, los estereotipos: “...traen como consecuencia, la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de este modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación en la persona sobre la que pesan esas estereotipaciones desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional. Por eso, al momento de decidir sobre un caso no sólo deben ser suprimidos, sino que al observarse su utilización esa práctica debe ser señalada y sancionada” (SCBA, “Guías de prácticas aconsejables para juzgar con perspectiva de género”, 2024).
Desde este mismo ángulo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que las decisiones judiciales basadas en estereotipos no solamente violan el principio de igualdad y no discriminación, sino que revelan la violación de la garantía de imparcialidad (CIDH, “Caso Manuela y otros vs. El Salvador”, 2021).
La herramienta hermenéutica para identificar conclusiones basadas en esta clase de estereotipos y lograr, de este modo, la evaluación de la prueba libre de todo prejuicio, no es otra que la perspectiva de género. En consecuencia, lo que se presenta en el recurso como una violación al principio de igualdad es, en realidad, lo contrario, y, paradójicamente el único camino para asegurar el cumplimiento del principio de igualdad y la garantía de imparcialidad.
Ello establecido, corresponde señalar que al momento de valorar las pruebas, el tribunal comenzó con la denuncia formulada en fecha 16 de mayo de 2019, por parte de la víctima, M.C.. Explicó en dicha oportunidad la nombrada que se había separado en febrero de ese mismo año del imputado, luego de una relación de pareja de aproximadamente nueve años. También aludió a que tenían dos hijos en común, los que para esa fecha se encontraban bajo una medida de abrigo en el Hogar del Niño.
Mencionó que los golpes tuvieron su inicio en enero del año 2010, a partir de discusiones vinculadas con su familia, desconociendo para aquel entonces que estaba embarazada. Mencionó que los golpes eran en la cara, contra la pared. Que la arrastraba de los pelos hasta el cuarto, la golpeaba en la cama […].
Luego de señalar la habitualidad con la que se producían estas agresiones, destacó, en lo que resulta pertinente, que “…comenzaba con golpes […] me sacaba la ropa, yo me trataba de defender empujándolo, tratando de sacar de encima de mí, y ante esa imposibilidad, amenazas y golpes lograba violarme […], todo ello sin importar la presencia de nuestra hija que más de una vez le advertía que no me pegue delante de ella…". En otro tramo de la denuncia valorada, fue demarcada la manipulación a la que era sometida la damnificada, conforme al conocido carácter cíclico de la violencia de género, por cuanto señaló C. que “…si me iba, se mataba, que no podía vivir sin mí, que iba a cambiar, que de lo contrario me mataba, lo que provocaba que no podía decidir irme por miedo, me preguntaba qué hacía sola con una niña…”.
Luego, dijo que se fueron a vivir a calle […], y Carragal ingresó al Regimiento Militar de Olavarría, yéndose él a vivir allá, y volviendo cada quince días. Que cuando se enteró que estaba embarazada de su segundo hijo, Carragal dejó el Regimiento ya que ella debía hacer reposo por complicaciones en el embarazo.
En dicho contexto, fue remarcado en el fallo que C. señaló que “…en ese momento comenzó lo peor de la relación, […]. De calle […] nos mudamos por distintas denuncias que se realizaban por maltrato de Carragal hacia mí, y por robos en la zona. Nos fuimos a vivir a […], y volví a trabajar en un geriátrico en calle […], y por la lejanía con la casa nos mudamos a calle […]. Ahí los vecinos continuaron con las denuncias, aumentaron las violaciones, ahora delante de los nenes, como también los golpes delante de ellos. Un día M. intervino cuando me ahogaba con una almohada, diciéndole que pare porque me hacía mal. Me controlaba el celular o con quien hablaba. Le pedí por favor que se vaya y se fue después de propiciarme una paliza enorme, y se llevó a los nenes a la casa de la mamá en calle […]... Yo le pedí que me devuelva los nenes y me decía que no, y cuando fui a trabajar, turno noche, se apareció en el trabajo y amenazó a un amigo que me acompañaba Ezequiel Schreiber y me pegó una trompada en el ojo y se fue. Y cuando cumplí mi horario de trabajo, me crucé con Miriam Romero que pudo ver mi ojo hinchado. Cuando llego a mi casa apareció Carragal, yo le pedí que se vaya, que me deje sola y desde ahí con amenazas nunca más se fue, yo no tenía donde irme y me quede sin poder defenderme mientras con el paso del tiempo continuaba golpeándome, violándome e insultándome, hasta que intervino el Servicio Local y nos retira a nuestros hijos con una medida de abrigo y los llevan al Hogar del Niño…". Luego, el tribunal examinó el informe del Servicio de Salud Mental del Hospital Municipal de Coronel Pringles, de fecha 7 de abril de 2019. En el mismo, se dio cuenta del tratamiento psicológico que la víctima inició, destacándose que “…M. presentó gran resistencia, sin aparecer un motivo de consulta manifiesto, incluso se mostró ajena al motivo que dio lugar a la medida de abrigo de sus hijos, motivo de angustia en el transcurso de varias sesiones. Mantenía un discurso desafectivizado, y no era capaz de reconocer actos de violencia de parte de Fabián Carragal. En el transcurso de las sesiones adquirió la capacidad de reconocimiento de la violencia intrafamiliar en la que estaba inserta. M. continúa en tratamiento psicológico, se trabaja con respecto a la violencia de la cual ha sido víctima, y también ha ocupado el rol de agresora, donde hay reconocimiento de tal lugar. En todas las sesiones se ubica deseando recuperar a sus hijos…”.
Como se observa, del citado informe ponderado por el tribunal surge que la víctima no tomó dimensión, al comenzar dicho tratamiento, de la espiral de violencia en la cual se encontraba atrapada. Ello permite otorgar credibilidad a sus dichos, teniendo en cuenta que fue evaluada por profesionales que corroboraron aquellas circunstancias, desde la faz psicológica de la damnificada.
Por otra parte, el tribunal examinó el informe del Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, realizado el 13 de junio de 2019. En el mismo, no sólo se mencionan situaciones en donde el imputado obligaba a la víctima a tener sexo, concretándose abusos sexuales, sino que hasta se remarcó la victimización de los hijos de la entonces pareja. Se consignó allí que “…M. contó que su padre la hacía ver películas de terror y pornografía, que no le gustaban y daba miedo, que jugaban a hacerle "cosquillas", textual "...me tocaba diferentes partes de mi cuerpo señalándose las bubis (refiriéndose a sus pechos) y la cola". Tanto la niña como E. estaban presentes en situaciones de violencia entre Fabián y M., él la obligaba a tener relaciones sexuales delante de ellos. En una oportunidad E. relató que su padre lo había arrojado al piso desde una cama cucheta provocándole un golpe en su pierna, lo que genera su trasladado al hospital…”.
Luego, fue ponderada la declaración testimonial prestada por la víctima M.C., en sede fiscal, el día 5 de noviembre de 2019. En síntesis, relata esencialmente lo ya expuesto en la denuncia, manteniéndose en sus dichos. Sólo para destacar algunos tramos directamente enlazados a la materialidad ilícita, expuso que “…si yo no quería practicarle sexo oral me golpeaba, […]…”.
Relató también que fue al cumpleaños de su hermano, luego se fueron a acostar a la casa de su madre, de modo que “…él quería tener relaciones sexuales, yo no quería entonces me golpeó […]. Llegó mi hermana, Ruth y me llevó al hospital y ellos lo denunciaron…”.
Así, este episodio fue ratificado por Ruth Lucrecia C., surgiendo del veredicto que la testigo expuso que “…lo que yo sé porque me lo contó M., yo vivía en lo de mi mamá y ella vivía con Fabián en esa casa también. Una vez yo llegué y mi hermana gritaba en la habitación, estaba con Fabián. Como dejaron de gritar yo me fui a la cocina y otra vez empezó a gritar, otra vez ella pedía que la deje; entonces yo entré sin previo aviso prendí la luz, ella me dijo que él la había violado, que la había forzado a mantener relaciones y que no era la primera vez que lo hacía, que le apretaba un bulto que ella tenía en la panza y la hacía doler. Además, la vi golpeada también, tenía marcas en la panza y en los brazos, ella se quejaba del dolor porque le había pegado en la panza. Cuando volvía a casa antes siempre venía golpeada, con el ojo negro, lastimada, aparte ella lo decía. Ese día decidí llevarla al hospital en un remis, la dejaron internada por los golpes que había recibido y porque estaba muy asustada. Desde el hospital hicieron la denuncia …”.
Se suma a estas probanzas lo que surge de la historia clínica elaborada por el Hospital Municipal de Coronel Pringles. Fue expuesto en el fallo que, el día 27 de enero de 2019, la víctima recibió atención médica por un dolor abdominal por traumatismo causado por violencia, habiendo la misma referido que fue golpeada en el abdomen por su pareja. Se consignó que la paciente contaba con un antecedente de tumor de pared abdominal en estudio, diagnosticado hacía un año.
No menos importante es lo que resulta del examen médico protocolar realizado a M.C.. Consta en el mismo, según el pronunciamiento, que “…presentó cicatrices de vieja data en región frontal, en región parietal derecha y en región submaxilar derecha…”.
También sostuvo su relato en oportunidad de llevarse a cabo la pericia psicológica elaborada por la Lic. María Florencia Martella, en forma previa a que ésta fuera citada a declarar en sede fiscal.
Surge del fallo que allí expuso que “…a los dieciocho años conoció a Sergio Carragal. Vivió nueve años con él y narra haber padecido violencia de toda índole durante la convivencia. Narra escenas de brutales golpizas, de descalificaciones y amenazas habituales. El maltrato del cual era objeto por parte de Sergio incluyó conductas de extrema crueldad tales como instar a una perra pitbull a que la mordiera y el empleo de una “picana”. Vivió inmersa en un clima de opresión e intimidación, con actitudes de inermidad y sumisión por parte de ella. Manifiesta sentimientos de terror hacia él y flagrante estado de soledad en tanto no contaba con sostén emocional e instrumental por parte de su familia de origen…”.
Luego, y en forma razonable, desechó el tribunal la versión de descargo del imputado, al referir que “…el Sr. Carragal -en lo que interesa a los episodios bajo análisis-, refirió que los hechos nunca existieron, que las relaciones sexuales con la Sra. C. siempre fueron consentidas, posicionándose él como víctima de su pareja, sobre quien se ocupó de hacer duras y reiteradas críticas. Críticas de las que se hicieron eco los testigos ofrecidos por su defensa técnica, las que, no sólo refieren a circunstancias absolutamente ajenas a los hechos; sino que se vinculan a una estrategia de su entonces Defensor Particular orientada en poner foco en los comportamientos de la víctima, en descalificarla. Todo ello desde una posición claramente machista de discriminación hacia la mujer, y basada en estereotipos de género. Lo que, de ninguna manera conforma evidencia que hubiera tenido posibilidad alguna de poner en crisis, siquiera mínimamente, mi percepción de los hechos, y menos aún la veracidad del relato de la víctima…”.
En definitiva, la prueba de cargo permitió al tribunal formar razonable convicción en cuanto a la existencia del hecho y la autoría del imputado, no únicamente a partir de los dichos de la víctima, como erróneamente lo afirmara la defensa, sino también a partir de una serie de elementos objetivos periféricos que fueron examinados en el fallo, y que derriban el estado de inocencia del justiciable.
IV.a Por otra parte, cuestiona el monto de la pena, por entenderla excesiva.
Señala que el tribunal no está obligado a aplicar el monto pactado por las partes, pudiendo establecer la sanción por debajo de aquél.
IV.b En nuestra ley sustancial la determinación judicial de la pena se apoya en las pautas establecidas por el art. 41 del C.P, las que deben ser ponderadas por el juzgador con base en los criterios rectores que derivan de una interpretación de la norma compatible con nuestro plexo constitucional: la magnitud del injusto y el grado de culpabilidad.
Efectuada esa aclaración, diré que no comparto la alegada falta de proporcionalidad del monto sancionatorio impuesto al imputado, toda vez que el tribunal ha individualizado la pena dentro de lo que legítimamente incumbe a sus facultades, seleccionando un quantum mucho más cercano al mínimo que al máximo de la escala prevista para el delito imputado, sin que en ello se advierta o aparezca demostrada arbitrariedad o transgresión a norma legal alguna, en tanto se respetó en tal tarea el sistema de los arts. 40 y 41 del C.P.
En este punto, no pierdo de vista que los extremos estipulados en los artículos 40 y 41 del Código Penal deben ser empleados por el órgano juzgador para erigir con meridiana objetividad la pena a imponer, delimitando los amplios márgenes que las distintas escalas punitivas previstas en la parte especial del citado digesto fijan.
Entiendo conveniente recordar la postura de la Suprema Corte de Justicia Bonaerense, que en reiteradas oportunidades expresó que “…es doctrina legal de esta Corte que el digesto sustantivo no contiene un determinado punto de ingreso a la escala para efectuar la dosimetría…” (v.gr. P.116.788).
La circunstancia de que la defensa argumente -de manera breve- en relación a los principios y garantías constitucionales vulnerados al momento de fijar la pena, no transforma al fallo en un acto jurisdiccional arbitrario e infundado como se pretende, ni mucho menos habilita a considerar que el a quo haya violentado el principio pro homine.
De ese modo, el cuestionamiento sobre el excesivo e infundado monto de la pena sólo muestra una diferente óptica acerca de la manera en que debió realizarse el juicio individualizador, sin representar una crítica adecuada acerca de la motivación en la que el a quo descansara sus conclusiones.
V. Por estas razones, entiendo que el recurso deducido es improcedente y, en consecuencia, debe ser rechazado. Por lo que voto por la negativa, con costas; correspondiendo regular los honorarios profesionales del defensor particular en diez (10) jus, equivalente al 25% de los cuarenta (40) jus establecidos en la instancia anterior, más los aditamentos de la ley previsional, por su labor en la etapa recursiva, teniendo en cuenta la calidad de las argumentaciones formuladas en la impugnación y el resultado obtenido (arts. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 40, 41 y 45 del Código Penal; 106, 421, 451, 454 inciso primero, 530, 531, 534 del CPP; 31 y ccdtes ley 14967).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Mario Eduardo Kohan dijo:
Adhiero al voto del colega que me precede, por sus fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Manuel Bouchoux dijo:
Conforme al resultado de la votación de la cuestión precedente, propongo al acuerdo rechazar el recurso de casación promovido, confirmando la sentencia impugnada, con imposición de costas en esta instancia; correspondiendo regular los honorarios profesionales del defensor particular en diez (10) jus, equivalente al 25% de los cuarenta (40) jus establecidos en la instancia anterior, más los aditamentos de la ley previsional (arts. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 40, 41 y 45 del Código Penal; 106, 421, 451, 454 inciso primero, 530, 531, 534 del CPP; 31 y ccdtes ley 14967).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Mario Eduardo Kohan dijo:
Adhiero al voto del colega que me precede, por sus fundamentos.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala V del Tribunal, por unanimidad;
I. Rechazar el recurso de casación promovido, con imposición de costas en esta instancia; confirmando, en consecuencia, la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal N° 2 del Departamento Judicial Bahía Blanca que condenó, en el marco de un juicio abreviado, a Sergio Fabián Carragal, a la pena de diez (10) años de prisión, accesorias legales y costas, por encontrarlo autor responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal, en hechos reiterados.
II. Regular los honorarios profesionales del defensor particular en diez (10) jus, equivalente al 25% de los cuarenta (40) jus establecidos en la instancia anterior, más los aditamentos de la ley previsional.
Rigen los artículos 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 40, 41 y 45 del Código Penal; 106, 421, 451, 454 inciso primero, 530, 531, 534 del CPP; 31 y ccdtes ley 14967.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EGM
Fin de la sentencia