Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución Nro. 8683/ 11(DE PRLA) en el trámite de la actuación SIGEA N° 12148-452-20204 y por consiguiente, la multa y los tributos impuestos a la firma Carraro S.A., por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2Con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-101540403-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 23 de Septiembre de 2022 Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados “CARRARO ARGENTINA S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, expediente Nº 30.838-A.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 21/31vta. la firma recurrente, por apoderado, se presenta e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 8683, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación Nº 12148-452-2004, mediante la cual se la condena por la presunta comisión de la infracción prevista y penada en el art. 970 del C.A. y se la intima al pago de una multa de $ 69.447,37.- y por la suma de $ 141.384,22.- en caracter de tributos. Relata los antecedentes que dieron origen a la causa. Plantea la prescripción de la acción del fisco para imponer la pena de multa y el cobro de tributos. Asimismo, afirma que la mercadería fue reexportada en su totalidad en tiempo y forma, por lo que la condena no tiene razón de ser. Ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada con expresa imposición de costas.
II. De su lado, a fs. 40/48 contesta el traslado conferido la representación fiscal. Niega todos los hechos y derecho invocados por la actora que no fueran de su expreso reconocimiento y entiende que la quejosa no acompaña ningun elemento probatorio que desvirtue los actos dictados en sede administrativa por lo que las acciones no prescribieron. Explica que la infracción fue configurada por cuanto no cumplimentó las obligaciones asumidas al operar aduaneramente en el marco de la destinación de importación temporal. Formula reserva del Caso Federal, acompaña las actuaciones administrativas correspondientes a la causa y solicita se rechace la apelación interpuesta, con costas.
III. A fs. 50 se declara la causa como de puro derecho. y se elevan los autos a consideración de la Sala “G”, que los pasa a sentencia a fs. 57.
IV. De las actuaciones administrativas N° 12148-452-2004 surge que a fs. 1 obra el acta de denuncia N° 879/04 con relación al DIT N.º 02 001 IT15 000556 B por la presunta comisión de la infracción prevista en el art 970 del CA. A fs. 4 se glosa la carpeta del DIT involucrado. A fs. 8/13 se agregan la valoración y clasificación de la mercadería y la liquidación de multa y tributos, respectivamente. A fs. 14 se instruye sumario y a fs. 15 mediante la Nota 8688/04 (SE PRTE) se informa que se encuentra cancelada la destinación en trato, por lo que se deje sin efecto la denuncia formulada. A fs. 18 por la Resolución N° 3557/07 se sobresee a la firma Carraro SA. Resolución que no es aprobada por el dictado de una nueva Resolución N° 985/07. A fs. 22 obra print de pantalla de una garantía global o unitaria y a fs. 23/25 se realiza la liquidación de multa y tributos. A fs. 26 se corre vista de todo lo actuado, notificándose la actora el 18/01/2010 conforme constancia de correo de fs. 27. A fs. 28/42 contesta la vista y posteriormente se pasa a rectificar o ratificar la denuncia. A fs. 44 por la Nota 7428/11 (SE PRTE) informa que no es posible determinar la cancelación del dit por no encontrarse agregado los permisos de embarque y a fs. 47/48vta. obra la Resolución N° 8683/11 apelada en autos. Primera Cuestión V.- Sentado lo anterior, es pertinente recordar que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros). Este criterio resulta de aplicación más rigurosa en supuestos como el presente en que los agravios se encuentran vinculados a la revisión del ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.
VI. En este orden de ideas, cabe señalar que del análisis de las constancias de las actuaciones administrativas SIGEA N.º 12148-452-2004 surge que el curso de la prescripción de la infracción endilgada comenzó a correr a partir del 01/01/2005 y el acto administrativo que ordenó la instrucción del sumario data del 31/12/2006 (fs. 14). Nótese que a fs. 15 se dicta la Nota 8688/04 (SE PRTE) que conllevó a la Resolución N° 3557/07 que dictó el sobreseimiento de la actora, pero que posteriormente, fue revocada por la Resolución 985/07 –no obrando notificación de dichos actos en las actuaciones- y que recién se notificó de todo lo actuado el 10/01/2010 con la corrida de vista (v. fs. 26 y 27 de las act. adms.).
VII. En tales condiciones, no puede dejar de insistir en la preeminencia del criterio establecido en otras causas análogas, en las que hice notar la necesidad de que el auto de apertura del sumario administrativo se notifique al interesado para tener sus efectos jurídicos propios. En un afín orden de ideas, si se considera plausible examinar el cumplimiento de los requisitos de validez del auto de apertura del sumario, no se percibe la razón por la cual no se exige que medie notificación de éste para que surta sus efectos jurídicos propios.
VIII. En relación con esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX- 2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX- 2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatiscausae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate -de alcance general y particular-.
IX. En consecuencia, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 21/12/2006 (ver fs. 14 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Ahora bien, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA.
Así las cosas, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2005, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2009 (cfme. arts. 934, 935, 937, 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada dictada el 25/11/2011 y notificada a la firma importadora el 03/03/2012 a fs. 49/vta.
X. A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA
Oficialización 22/04/2002 DIT N.º 02 001 IT15 000556 B Vencimiento DIT con prórroga 13/04/2004 Acta de denuncia (fs. 1) 14/09/2006 Apertura de sumario 21/12/2006 (fs. 14 sin notificar)
Corrida de vista (fs. 26) 28/01/2009 Notificación de corrida de vista (fs. 27) 8/01/2010 Resolución apelada 25/11/2011 (fs. 47/48vta.)
Notificación de la Resolución 03/03/2012 01/01/2005 Plazo de prescripción 31/12/2009 En adición a lo expuesto y conforme queda evidenciado en el detalle realizado, la notificación de la corrida de vista (ver fs. 27 de las act. adm.), fue realizada cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba vencido. En virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas con relación al DIT N.º 02 001 IT15 000556 B.
Segunda Cuestión XI. Sin perjuicio de lo expuesto en el apartado anterior, y en atención al criterio mayoritario de esta Sala “G”, corresponde analizar el fondo de la causa.
Corresponde determinar si se ha configurado en la presente causa la infracción prevista y penada en el artículo 970 del Código Aduanero, norma que en su apartado 1 textualmente reza: "El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de 1 a 5 veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al 30% del valor en aduana de la mercadería, aun cuando ésta no estuviere gravada" .-
En este sentido, el cumplimiento de las obligaciones del régimen de importación temporal, en tanto significa dicho régimen un beneficio –ingreso de mercadería extranjera en plaza- sin la obligación correlativa de abonar los tributos a su importación, se encuentra a cargo del importador temporal. La forma de acreditar el cabal y pleno cumplimiento de las obligaciones asumidas como consecuencia del acogimiento al régimen de importación temporal es la presentación de los pertinentes documentos aduaneros (permisos de embarque, CTC, declaración jurada) que permitan la verificación de la reexportación en término de la mercadería.
XII. Así las cosas, la mercadería documentada mediante el despacho en cuestión fue consignada en la PA 7318.15.00 “Los demás tornillos para metales – Los demás tornillos y pernos, incluso con sus tuercas y arandelas –Artículos roscados: TORNILLOS PERNOS, TUERCAS, TIRAFONDOS, ESCARPIAS ROSCADAS, REMACHES, PASADORES, CLAVIJAS, CHAVETAS, ARANDELAS (INCLUIDASLAS ARANDELAS DE MUELLE (RESORTE)
Y ARTICULOS SIMILARES, DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO.” Por una cantidad de 1.400 unidades y oficializado el 22/04/2002.
Ahora bien, la importadora manifiesta que por el despacho de importación a consumo N° 03 001 IC81 000208 F se nacionalizaron 5 unidades y el resto de la mercadería fue reexportado en su totalidad acompañando una declaración jurada de cancelación (v. fs. 31/32 de las act. adm.). Sin perjuicio de ello, no surge de la documentación acompañada los permisos de embarque que reexportarían la mercadería en cuestión como así tampoco el DI que menciona la actora. En las condiciones consignadas resulta elocuente que no se encuentra controvertido en ningún aspecto el incumplimiento del régimen de importación temporaria, debido a que la apelante en oportunidad de presentarse en sede aduanera y ante esta instancia, no ha aportado prueba que acredite la reexportación o regularización de la mercadería amparada por el DIT N.º 02 001 IT15 000556 B, al vencimiento del plazo de permanencia -que operó el 13/04/2004-. Por lo expuesto voto por:
1. Confirmar la Resolución Nro. 8683/ 11(DE PRLA) en el trámite de la actuación SIGEA N° 12148-452-
20204 y por consiguiente, la multa y los tributos impuestos a la firma Carraro S.A., por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2. Con costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que por aplicación del principio de economía procesal, me remito al relato de los hechos y el derecho efectuado por el distinguido Vocal instructor. Discrepo en los conceptos que sustentan el voto relativo a la Primera Cuestión, ya que en virtud del criterio de la mayoría de esta Sala, la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas no se encuentra prescripta. Así también lo indica la doctrina de fallo Plenario Hughes Tool, que hasta el momento no ha sido modificado. En este aspecto, no perdió vigencia dicho plenario, dictado porla Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (“Hughes Tools S.A.” de fecha 23/9/03) cuando se refería a que la falta de notificación del auto de apertura sumarial en nada impediría, eventualmente, al presunto infractor, poder ejercer su derecho de defensa en la corrida de vista que a tal efecto contempla el art. 1101 del Código Aduanero. Por otra parte, con respecto a la Segunda Cuestión, particularmente, coincido en los razonamientos que se despliegan a partir del Considerando XI del voto del Vocal preopinante, en el cual analiza el fondo de la causa y concluye en que no se ha aportado prueba que demuestre la reexportación o regularización de la mercadería, al momento del vencimiento del plazo de permanencia, en los términos previstos por el artículo 970 del Código Aduanero. En consecuencia, en el caso que nos ocupa, adhiero a la parte resolutiva del voto del Dr. Miguel Nathan Licht, por la cual se confirma la resolución, multa e impuestos apelados por la firma Carraro S.A., con costas a la vencida. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución Nro. 8683/ 11(DE PRLA) en el trámite de la actuación SIGEA N° 12148-452-20204 y por consiguiente, la multa y los tributos impuestos a la firma Carraro S.A., por la presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A.
2. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.09.23 11:22:56 ART Date: 2022.09.23 18:54:26 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.23 20:40:06 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.23 20:40:34 -03:00
Fin de la sentencia