Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-93194644-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescriptas la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante Actuación Nro. 12034-793- 2006 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada por DIT N° 02001IT14005477H.
2Imponer las costas a la D.G.A.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2021-84651432-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 9 de Septiembre de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Sres. Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura, (titular de la Vocalía 21º Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía de la 19º Nominación), a fin de resolver los autos caratulados “CARRARO ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente Nº EX-2019-93194644- -APN-SGASAD#TFN, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que por IF-2019-93183376-APN-SGASAD#TFN se presenta la firma “CARRARO ARGENTINA S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 2220/2013 dictada en la Actuación Nº 12034-793-2006, mediante la cual se la condena al pago de una multa de $296.402,60, y se le formula cargo por la suma de $275.604,70 en concepto de tributos con más los intereses del art. 794 del C.A., por la comisión de la infracción tipificada por el art. 970 del C.A., en relación a parte de la mercadería documentada por la DIT Nº 02001IT14005477H. Relata que el 07/10/2002 oficializó la DIT por la que documentó la importación temporaria de mercaderías para su transformación (partes y accesorios para vehículos automóviles).
Señala que, no obstante el cumplimiento de la exportación de la mercadería por parte de la firma, el Departamento de Procedimiento Legales Aduaneros instruyó sumario a los fines de correr vista a la empresa de los cargos imputados. Destaca que la recurrente presentó su descargo en tiempo y forma, oportunidad en la que, además, acompañó la documentación que acreditaba el tempestivo cumplimiento de la DIT en trato. Plantea la prescripción de las facultades de la DGA para percibir los tributos reclamados y aplicar multa. Refiere a lo dispuesto por el art. 803 del C.A. en relación con la prescripción de la acción del fisco para percibir tributos, y menciona que dicha acción comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado.
Expresa que el mismo plazo y cómputo rige respecto de las facultades del organismo aduanero para imponer sanciones (conf. arts. 934 y 935 del C.A.). Manifiesta que la recurrente no desconoce las previsiones del art. 805 del C.A., en cuanto a que el curso de la prescripción se suspende por la apertura de sumario aduanero; y, a su vez, que el art. 937 inc. “a” del C.A. dispone la interrupción del curso de la prescripción por el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario. Considera irrelevante la presente condena por su ostensible extemporaneidad atento que la instrucción de sumario fue emitida varios años después del vencimiento de la obligación. Opone la excepción de nulidad del auto de apertura de sumario invocando la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) prevista por el art. 1017 del C.A.
Indica que la instrucción de sumario se ha desentendido de los hechos del caso y adolece de debida fundamentación, dos requisitos esenciales del acto administrativo según lo normado por los incs. “b” y “e” del art. 7 de la LNPA; resultando dicha instrucción nula y, por ende, sin efectos para suspender y/o interrumpir el plazo de la prescripción en curso. Cita doctrina y jurisprudencia. Resalta que, de conformidad con lo dispuesto por el art. 11 de la LNPA, para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y, en ese sentido, considera necesaria la notificación de la apertura de sumario para que produzca efectos. Ello, a su vez, en función de la aplicación supletoria del Código Procesal Penal, cuando se trata de procedimientos por infracciones y delitos aduaneros, y lo previsto en su art. 142 respecto de las notificaciones de resoluciones judiciales.
Indica que, en ese sentido, el art. 1012 del C.A. es complementario de los arts. 805 y 937, incisos “a” y “d”, del mismo texto legal y, por ello, los actos procesales en cuestión deben ser notificados para que causen el efecto pretendido. Plantea la violación de la garantía de tutela judicial efectiva y los principios de celeridad, economía y eficacia que rigen la actividad administrativa. Cita jurisprudencia. Sostiene que la excesiva dilación del trámite administrativo vulnera la garantía prevista en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en cuanto al “plazo razonable” en la duración de los procesos. Expresa su oposición para el caso de que durante el trámite del recurso la DGA pretenda alegar la carencia de documental vinculada a la DIT, por cuanto el servicio aduanero tiene la obligación de conservar la documental entregada, sin que pueda ser oponible una decisión administrativa que haya ordenado internamente la destrucción de tales documentos.
Ofrece prueba. Plantea el caso federal. Solicita que, oportunamente, se haga lugar a las defensas opuestas, disponiendo la revocación de la resolución, con costas.
II. Que mediante IF-2020-64346236-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones, los hechos, el derecho, la documentación y/o copias invocadas por la contraria, que no sean expresamente reconocidos en su responde, o surjan de las constancias de las actuaciones administrativas que acompaña. Efectúa una reseña de las actuaciones administrativas. En primer lugar, destaca que la recurrente se ha acogido voluntariamente a un régimen preferencial. Explica que, desde el punto de vista infraccional, la exportadora no ha acreditado ante el servicio aduanero la efectiva reexportación de la mercadería ingresada temporalmente, sin perjuicio de la que fuera nacionalizada y por la cual resultó absuelta.
Recalca que la figura infraccional en trato tiene como implicancia que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen recae sobre la importadora. Así, en caso de no acreditar la reexportación al momento de efectuar la correspondiente descarga o la nacionalización de la mercadería -en caso de las mermas-, se configura la infracción prevista y tipificada en el artículo 970 del C.A. Postula la vigencia de la obligatoriedad de la conservación de la documentación a partir de que la firma toma conocimiento del sumario infraccional (al correrle vista). Destaca que la única defensa que alega la contraria para sostener que ha cumplido con el régimen son sus dichos y, sin embargo, al momento de su acreditación dice no tener la documentación, sin ser responsable de ello.
Puntualiza que la recurrente conoce perfectamente los plazos de prescripción de las acciones, como así también las facultades ex-post que tiene la Aduana. Agrega que cuando fue anoticiado del sumario contencioso no sólo no había transcurrido el plazo genérico de 10 años de conservación de la documentación, sino que apenas tuvo conocimiento de ello dicha documentación se transformó en litigiosa, por lo que la obligación de su conservación sigue aún vigente. A mayor abundamiento, expresa que hoy rige la Resolución General 2721 AFIP que refiere a la obligación de conservación de la documentación vinculada a las operaciones aduaneras por un plazo de 5 años después de operada la prescripción de la acción del fisco correspondiente a la destinación u operación aduanera de que se trate.
Ello así, solicita se rechace también la pretendida aplicación del art. 898 del C.A. con fundamento en la carencia de esta documentación. Contesta los planteos subsidiarios efectuados por la actora. Postula la validez del auto de apertura de sumario, analiza el art. 1094 del C.A., y concluye que dicho auto será válido y, por ende, producirá sus efectos interruptivos y suspensivos de la prescripción, si en él se determinan los hechos que hacen a la infracción y, de corresponder, se ordenan las medidas establecidas. Cita jurisprudencia. Destaca que, si bien el acto administrativo de instrucción sumarial tiene una importancia fundamental, en cuanto constituye la primera intervención del administrador demostrando, a su vez, el interés estatal en iniciar un procedimiento; lo cierto es que el administrado toma contacto con la causa en el momento en el que se le corre vista de lo actuado en el sumario.
En efecto, expresa que la corrida de vista fue el acto mediante el cual la recurrente tomó conocimiento del sumario y cuya notificación le permitió articular su defensa y ofrecer las pruebas que hacen a su derecho. Considera que no ha existido afectación al derecho de defensa de la actora, por cuanto ha podido argumentar acerca de todas las cuestiones fácticas y jurídicas que consideró oportunas, ofrecer las pruebas en las que basa su defensa, tanto en el transcurso del sumario como ante esta instancia. Asimismo, respecto a la notificación del auto de apertura de sumario señala que para que el auto de apertura del sumario tenga virtualidad para suspender y/o interrumpir el cómputo de la prescripción, no es necesaria la notificación al imputado; sino que el acto en sí mismo sea válido, es decir, que reúna los requisitos formales y materiales que determina la normativa vigente -los que considera cumplidos en la especie-.
Por otra parte, arguye que al momento de llevarse a cabo el procedimiento no había operado el plazo de 5 años de prescripción, atento que el mismo había sido suspendido y luego interrumpido por aplicación del art. 805 y 806 del C.A. Precisa que el plazo quinquenal comenzó a correr a partir del 01/01/2004, habiendo vencido el plazo para cumplir con la reexportación de la mercadería con fecha 03/10/2003, es decir, que la acción para el cobro de tributos prescribiría el 31/12/2008, sin embargo, se instruyó sumario dentro del plazo legal y suspendiéndose la prescripción. Sostiene que, de conformidad con lo establecido por el art 937 del C.A., la acción del fisco para imponer penas no está prescripta en razón de que dicha norma prevé como causal de interrupción, la apertura sumarial, produciendo sólo su dictado ese efecto.
Ofrece prueba. Plantea el caso federal y solicita que, oportunamente, se rechace la apelación incoada, confirmándose el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que mediante PV-2020-84214884-APN-VOCXX#TFN se dispone tratar como de previo y especial pronunciamiento las excepciones de nulidad y prescripción planteadas por la actora en su escrito de interposición de recurso. Por PV-2021- 72756528-APN-VOCXX#TFN se elevan los autos a la Sala "G” y por IF-2021-78396590-APN-VOCXX#TFN se los pasa a sentencia.
IV. Que la Actuación Nro. 12034-793-2006 se inicia con el acta de denuncia Nro. 223/04, formulada el 21/05/2004, por presunta transgresión al régimen de destinación suspensiva, por presunta comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A. por la cantidad de “66620311 UNIDAD (ITEM 1 AL 18) de la mercadería documentada por Destinación Nro. 02 001 IT14 005477H. A fs. 2/3 obra “Citación y Notificación” cursada a la firma a efectos de que aporte las constancias que acrediten la cancelación en tiempo y forma de las destinaciones de importación temporal que le detallan (entre las que se encuentra la DIT en trato). El sobre contenedor de la DIT Nro. 02 001 IT14 005477H de fs. 4 obra adjunto al IF-2020- 67827666-APN-DTD#JGM, y su documentación luce adjunta a los IF-2020-67827924-APN-DTD#JGM e IF-2020-
67828117-APN-DTD#JGM. A fs. 8/10 se informan las alícuotas de tributos que corresponden a la mercadería considerada por la Aduana en infracción. A fs. 12 con fecha 18/09/2008 se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090, inc. “c” del C.A., y se ordena la remisión de las actuaciones al contador del Departamento a fin de que informe el valor correspondiente a la multa y tributos adeudados (pase que se efectúa el 07/05/2012 según constancia de fs. 13). A fs. 14 obra la liquidación de tributos y multa. A fs. 15 obra consulta de garantía del 10/05/2012. A fs. 16/vta., en fecha 17/05/2012, se corre vista de todo lo actuado a la firma “CARRARO ARGENTINA S.A.”. A fs. 18/20vta. el 13/06/2012 la firma “CARRARO ARGENTINA S.A.” contesta vista.
A fs. 21 obra copia de la notificación AFIP cursada a la firma, cuyo sello “MAIL ROOM AFIP” es del 28/05/2012. A fs. 22 se ordena remisión de la actuación a la Sección Procedimientos Técnicos a fin de que se informe detalladamente si conforme las constancias obrantes en la causa, la mercadería importada temporalmente y denunciada ha sido cancelada en tiempo y forma, y si existe mercadería en infracción (19/07/2012). A fs. 23/32 el 25/01/2013 la Sección Procedimientos Técnicos informa la mercadería de la DIT 02001IT14005477H que se encontraría descargada por la destinación 03001IC81000043C; destaca que los permisos de embarque consignados en la declaración jurada no se tuvieron en cuenta porque siendo necesarios para efectuar el informe de rigor no se encuentran agregados y a fs. 33/34 efectúa nueva liquidación de tributos y multa.
A fs. 42/45 obra consulta al registro de infractores. Res. 8134/09 (DE PRLA) firme al 01/03/2010 SIGEA 12073-1847-2005, “mediante email de fecha 17/10/11 la Div. Comprobación de Destino informa que los cargos se encuentran cancelados 10001LMAN116348V”. Res. 86/11 (DE PRLA) firme 09/11/2011 condena multa 12211-2742-2005. Ad. Bs. As. SIGEA N.º 12073-1850-2005 Res. 8161/09 Ad. Bs. As. Firme 23/11/2011 condena y multa. Finalmente, el 21/05/2013 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 2220/2013 –v. fs. 47/49-. A fs. 51/vta. obra el dictamen N.º 1280/13 (DV DSAD) dictado el 02/09/2013. A fs. 52/54 luce la Resolución N.º 719/13 (SDG TLA) del 03/10/2013 que aprueba la Resolución DE PRLA N.º 2220/2013. A fs. 55/vta. luce copia de la cédula de notificación SICNEA N.º 19001NOTI136307W cursada a la firma “CARRARO ARGENTINA S.A.” el 23/09/2019.
A fs. 64/66 la firma acredita la interposición del recurso ante este Tribunal. Que en archivos separados obra documentación relativa a la DIT en trato: IF-2020-67828372-APN-DTD#JGM (1), IF-2020-67828634-APN-DTD#JGM (2), IF-2020-67828795-APN-DTD#JGM (3), e IF-2020-67828961-APN- DTD#JGM (4).
V. Que en primer término, corresponde resolver el planteo de nulidad efectuado por la recurrente.
Que la actora sostiene la nulidad del auto de apertura de sumario invocando la aplicación supletoria de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA) prevista en el art. 1017 del C.A. Ello por cuanto, por una parte, la recurrente postula que la instrucción de sumario se ha desentendido de los hechos del caso y, a su vez, adolece de fundamentación, dos requisitos esenciales del acto administrativo según lo normado por los incs. “b” y “e” del art. 7 de la LNPA; resultando dicha instrucción nula y, por ende, sin efectos para suspender y/o interrumpir el plazo de la prescripción en curso.
Que los actos que se desarrollan en el sumario en las infracciones aduaneras comienzan con el auto de apertura del sumario, que debe iniciar o impulsar los procedimientos de investigación sin que ello signifique que dichos procedimientos deban agotarse al dictarse ese auto de apertura. Más bien, las diversas investigaciones y procedimientos pueden prolongarse por períodos que pueden, en ciertas oportunidades, resultar más o menos extensos.
Que de las actuaciones administrativas resulta que se formula denuncia (21/05/2004) por infracción al art. 970 del CA con relación a la DIT 02001IT14005477H con vencimiento el 03/10/2003, con anterioridad a la denuncia, el 29/03/2004 se intima a la importadora para que presente las constancias que acrediten la cancelación de la DIT. El sobre contenedor de la DIT Nro. 02 001 IT14 005477H de fs. 4 obra adjunto al IF-2020-67827666-APN-DTD#JGM, y su documentación luce adjunta a los IF-2020-67827924-APN-DTD#JGM e IF-2020-67828117-APN-DTD#JGM. A fs. 5 se agrega la impresión de pantalla del SIM del despacho de importación temporal, a fs. 8/9, fs. 10/vta. y fs. 11 la División Verificación indica la P.A., valor de la mercadería y alícuotas aplicables. A fs. 12 se dicta el proveído de fecha 18/09/2008 por el que se instruye sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del CA por infracción al art. 970 del CA. A fs. 14 se agrega la liquidación de los tributos y de la multa. A fs. 15 se agrega la impresión de pantalla de la garantía de la DIT (“Estado: entregada”), y a fs. 16 con fecha 17/05/2012 se ordena correr vista en los términos del art. 1001, 1010, 1101 y cctes. del CA. Que en ese sentido, el auto de apertura del sumario por infracción al art. 970 del C.A., lo actuado con anterioridad y con posterioridad a ese auto (liquidación de tributos y de multa) y el proveído por el que se ordena correr vista a la importadora se ajustan en un todo a las normas que rigen el procedimiento para las infracciones previsto en el Capítulo Tercero, Título Segundo de la Sección XIV del Código Aduanero, (art. 1094 y cctes.).
VI. Que declarada la validez del auto de apertura del sumario, en segundo término, corresponde resolver el planteo de prescripción de la acción de fisco para imponer penas opuesto por la recurrente.
Que en autos se imputa la comisión de la infracción al art. 970 del C.A. en virtud de que la actora no habría acreditado la regularización de la mercadería importada temporariamente dentro del plazo de vencimiento acordado para las destinaciones en trato.
Que la firma “CARRARO ARGENTINA S.A.”, plantea la prescripción de la acción del fisco para imponer penas y perseguir el cobro de tributos por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., en relación con la mercadería ingresada temporalmente mediante la DIT Nº 02001IT14005477H -cuyo vencimiento operó el 03/10/2003-. Ello, con fundamento en que la instrucción de sumario fue emitida varios años después del vencimiento de la obligación, siendo irrelevante la condena por su ostensible extemporaneidad. Sostiene que en las actuaciones en trato ha operado la prescripción, en razón de que el vencimiento de la DIT operaba con fecha 03/10/2003, y el vencimiento del plazo de prescripción de las acciones del fisco a fin de determinar y liquidar la deuda ocurrió el 31/12/2009. Que el régimen de prescripción de la acción del Fisco para imponer multas se encuentra regulado por el Código Aduanero, el cual, en su art. 934 establece que: “La acción para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de cinco años”, plazo éste que conforme lo dispone el art. 935 comienza a correr “el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación”.
Que de acuerdo a la normativa transcripta precedentemente, el plazo quinquenal mencionado en la especie, debe computarse desde el 1º de enero de 2004, atento que la presunta infracción se habría cometido el 03/10/2003, fecha en que venció el plazo conferido para la DIT Nº 02001IT14005477H.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas comenzó a correr el 01/01/04 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo el 03/10/2003) y vencía el 31/12/08. No obstante, el dictado del auto de instrucción de sumario (18/09/08) interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad con lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. “a” del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 19/09/08 y el nuevo vencimiento ocurrió el 19/09/2013.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que en las act. adm obran impresiones de pantalla de la consulta efectuada al registro de infractores que dan cuenta de sumarios instruídos contra la firma -v. fs. 42/45-: “RES. 8134/09 (DE PRLA) FIRME 01/03/2010 CONDENA MULTA Y TRIBUTOS. SIGEA 12073-1847-2005.- MEDIANTE E-MAIL DE FECHA 17/10/11 LA DIV. COMPROBACIÓN DE DESTINO INFORMA QUE LOS CARGOS SE ENCUENTRAN CANCELADOS 10001LMAN116348V” - “RES. 86/11 DEPRLA FIRM.
09/11/2011 CONDENA MULTA. 12211-2742-2005”.- “AD. BS. AS. SIGEA NRO. 12073-1850-2005 RES. 8161/09 AD.
BS AS FIR 23/11/2011 CONDENA Y MULTA.-”.
Que al respecto cabe aclarar que en dichas constancias no se indica fecha de comisión de infracción ni siquiera la fecha de inicio de los procedimientos infraccionales, y sólo se hace mención a la fecha en que habrían quedado firmes las resoluciones dictadas en los sumarios infraccionales instruidos en razón de las mismas sin indicarse el último de los fueros intervinientes (TFN, CNACAF, CSJN).
Que por último, atento lo establecido por el art. 937 inc. d) del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera. En virtud de ello, teniendo en cuenta que la Resolución DE PRLA Nº 2220/2013 –apelada en autos- se dictó el 21/05/2013, y la Resolución Nº 719/13 (SDG TLA) -aprobatoria de la Resolución DE PRLA Nº 2220/2013- data del 03/10/2013, cabe concluir que al momento del dictado de la Resolución Nº 719/13 (SDG TLA) había operado el vencimiento de la prescripción. En efecto, la obligatoriedad de la aprobación por la Dirección General de Aduanas de las resoluciones por las que el administrador absuelve a la imputada de la pena por la que inicialmente se formuló la denuncia torna a ambas resoluciones (fallo aduanero y su aprobación) en necesariamente complementarias.
Que por lo demás, corresponde poner de manifiesto que la notificación de la resolución aduanera a la firma “CARRARO ARGENTINA S.A.” se produjo recién el 23/09/2019 (v. cédula de notificación electrónica SICNEA N.º 19001NOTI136307W obrante a fs. 55/vta. de las act. adm.). Es decir, seis años después del dictado de la propia resolución.
Que, en correlación a lo dispuesto por el art. 937, inc. d), del C.A., el artículo 1012, inciso a) dispone que “…deberán ser notificados: a) Los actos administrativos de alcance individual que tuvieren carácter definitivo …”.
Que, resulta evidente que, si el propio Código le otorgó al dictado de la resolución aduanera condenatoria el mentado efecto interruptivo del curso de la prescripción, el hecho de la notificación de aquella no puede extenderse - razonablemente- por fuera de dicho plazo. Ello, en razón de que a raíz de dicho acto (la notificación), surtirá efecto el derecho del sancionado a recurrir la resolución administrativa y a ejercer así plenamente su defensa.
Que, más aún, en relación a la sanción, dicha situación de excesiva dilación en la comunicación de la resolución al sujeto condenado, lo coloca en un estado de indefensión y de inseguridad jurídica imposible de subsanar, contrariando elementales principios constitucionales.
Que, resulta oportuno recordar que el fallo plenario dictado por la Excma. Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal (“Hughes Tools S.A.” de fecha 23/9/03) se refería a que la falta de notificación del auto de apertura sumarial en nada impediría, eventualmente, al presunto infractor, poder ejercer su derecho de defensa en la corrida de vista que a tal efecto contempla el art. 1101 del Código Aduanero. Sin embargo, en el caso en trato, lo que se cuestiona es la falta de notificación (dentro del plazo prescriptivo) de la resolución aduanera condenatoria, la cual culmina el procedimiento infraccional.
Que, con la implementación de la notificación electrónica (medio utilizado en el caso de autos), el servicio aduanero debería poder otorgar mayor celeridad a la comunicación de este tipo de actos y, de esa manera, evitar el diferimiento de la notificación de la resolución aduanera.
Que como consecuencia de todo lo expuesto corresponde declarar prescripta la acción del fisco para imponer penas.
VII. Que corresponde tratar el planteo de prescripción de la acción del fisco para exigir los tributos, opuesto por la recurrente.
Que el art 803 del C.A. dispone que el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco años. El art. 804 del C.A. establece que el plazo de la prescripción comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado. Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 03/10/2003 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva, ver sobre contenedor del DIT obrante a fs. 4 de las act. adm. adjunto al IF-2020-67827666-APN-DTD#JGM, y su documentación que luce adjunta a los IF-2020- 67827924-APN-DTD#JGM e IF-2020-67828117-APN-DTD#JGM) y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción ha comenzado a correr el 01/01/2004 y vencía el 31/12/2008.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) del C.A.- desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 18/09/08 (v. fs. 12 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años 8 meses y 18 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 meses y 12 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 18/09/2008) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”.
Que, no cabe duda que la decisión a la que la norma refiere no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario de que se trata, esto es, la Resolución DE PRLA Nº 2220/2013 dictada el 21/05/2013 y su aprobatoria por Resolución Nº 719/13 (SDG TLA) del 03/10/2013.
Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 18/09/08 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 03/10/2013 (fecha del dictado de la resolución aprobatoria). Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805 del C.A., que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 04/10/2013. Es decir, que desde allí comenzaron a correr los 3 meses y 12 días, que restaban para completar el plazo prescriptivo.
Que dicho plazo (el aludido de 3 meses y 12 días) se cumplió el 16/01/2014, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria). Que, en ese sentido, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 23/09/2019 (v. fs. 55/vta. de las act. adm.), es decir, cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) del C.A. como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación –al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A. Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, por lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VIII. Que atento la forma en que se resuelve el presente torna inoficioso el examen de las demás cuestiones planteadas.
Por ello, voto por:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescriptas la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante Actuación Nro. 12034-793- 2006 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada por DIT N° 02001IT14005477H.
2. Imponer las costas a la D.G.A.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Que adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Que los antecedentes de la causa se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a IV del voto de la Dra. Sarquis y a ellos me remito por motivos de brevedad.
II. Dicho lo que antecede y en el entendimiento de que los jueces no están obligados a tratar todos y cada uno de los argumentos de las partes sino sólo aquéllos que estimen pertinentes para la resolución del caso (Fallos: 300:522, 1163; 301:602; 302:1191, entre muchos otros), por razones de orden lógico, corresponde examinar, en primer término, si, como lo plantea la recurrente, la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos se encontraba prescripta al tiempo de dictarse la resolución apelada.
En relación a esta cuestión, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019- 97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN-SGASAD#TFN “ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” yEX-2019-72410244-
APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del C.A., la D.G.A. tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los artículos 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma -como es el caso de la notificación-, aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su "validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
III. Que, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 18/09/2008 (ver fs. 12 del expte. adm.) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado. Que, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para producir la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los arts. 937 inc. a) y 805 inc. a) del CA. Que habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2004, la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2008 (cfme. arts. 934, 935, 937 803, 804 y 805 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 21/05/2013, aprobada el 3/10/2013 y notificada el 23/09/2019 cfme. constancia de fs. 55vta. de las act. adm.).
A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA OFICIALIZACIÓN DIT 7/10/2002 VENCIMIENTO DIT 3/10/2003 ACTA DENUNCIA 21/05/2004
APERTURA SUMARIO (fs. 12) 18/09/2008 CORRIDA DE VISTA (fs. 16vta.) 17/05/2012 RESOLUCIÓN APELADA 21/05/2013 NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 23/09/2019 PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 1/01/2004-31/12/2008 Que en adición a lo expuesto, cabe subrayar que los actos inmediatamente posteriores al auto de apertura del sumario fueron dictados casi 4 años después del mismo, es decir, cuando el plazo prescriptivo analizado ya se encontraba ampliamente vencido.
Que, en virtud de ello, corresponde, a mi juicio, declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de tributos e imponer penas en relación al DIT Nº 02 001 IT14 005477 H.
Por ello, voto por:
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescripta la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante Actuación Nro. 12034-793- 2006 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada por DIT N° 02001IT14005477H.
2. Imponer las costas a la D.G.A.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Hacer lugar a la excepción de prescripción opuesta por la actora y declarar prescriptas la acción del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante Actuación Nro. 12034-793- 2006 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada por DIT N° 02001IT14005477H.
2. Imponer las costas a la D.G.A.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, envíese a guarda temporal.
Date: 2021.09.06 18:48:52 ART Date: 2021.09.09 08:32:24 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.09.09 12:44:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.09 12:44:38 -03:00
Fin de la sentencia