Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 38.213-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución DE PRLA Nº 8158/13, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12034-538-2007, y declarar que la multa impuesta asciende a la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 18/100 ($ 11.383,18).
2Confirmar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 8158/13, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 18/100 ($ 11.383,18), con más los intereses devengados desde el 17/12/12.
3Imponer las costas de los puntos 1 y 2 conforme los respectivos vencimientos, que se determinan en un 25% a cargo de la actora y en un 75% a cargo del Fisco.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2025-19107175-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 21 de Febrero de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “CARRARO ARGENTINA S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Expediente N° 38.213-A El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fs. 10/16 se presenta el Dr. Juan Manuel Soria, en carácter de apoderado de la firma CARRARO ARGENTINA S.A., e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA N° 8153/13, dictada en fecha 20 de noviembre de 2013, en el marco de las actuaciones SIGEA N° 12034-538-2007, por la cual se la condena al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción tipificada en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, en relación al despacho de importación temporaria Nº 02 001 IT14 005474 E. Afirma que CARRARO ARGENTINA S.A. exportó la totalidad de las piezas elaboradas a partir de los insumos importados, remarcando que la reexportación fue realizada en los términos y plazos reglamentariamente previstos por el régimen, una vez finalizado el proceso de perfeccionamiento industrial al que fueron sometidas.
Hace referencia a la documental acompañada y a la prueba informativa solicitada en sede aduanera. Plantea que los poderes de la Administración para sancionar, determinar tributos e intereses y todo otro concepto se encuentran prescriptos. Remarca que el acto de apertura de sumario resulta nulo de nulidad absoluta por apartarse de las prescripciones del artículo 1094 de la ley 22.415, siendo manifiestamente inidóneo para obrar la interrupción de la prescripción en curso. Destaca la falta de diligencia de la Administración en relación a que el auto de apertura de sumario de fecha 30/12/08 no fue puesto en conocimiento de Carraro Argentina S.A. sino 4 años despúes, habiéndose notificado recién el 30/11/12, agregando que idéntica situación se configuró respecto de la Resolución que se impugna, ya que fue dictada el 20/11/13 y notificada el 28/06/17, habiendo transcurrido tres años y cuatro meses después.
Agrega que, sin perjuicio de la nulidad del acto administrativo, corresponde que se ordene oportunamente el archivo de las presentes actuaciones por haber cumplido -íntegra y oportunamente - con la obligación de reexportación al amparo de la normativa vigente. Detalla las cantidades importadas bajo el DIT 02 001 IT14 005474 E, resaltando que gran parte de los insumos importados fue transformado y reexportado y el resto se procedió a la importación para consumo mediante el despacho 02 001 IC81 000576 M. También sostiene que la devolución de la garantía que hizo la Aduana indica claramente que la obligación ha sido cumplida, no pudiendo reclamarse incumplimiento alguno. Destaca la inexistencia de configuración del elemento subjetivo de la infracción tipificada, indicando que tanto la ausencia de culpa y de dolo, como la probable existencia en el contribuyente de un error excusable, impiden la aplicación de la multa.
Cita el artículo 898 del CÓDIGO Aduanero y el principio de buena fe. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del caso federal, confiere autorizaciones y solicita que se haga lugar a las defensas opuestas, con costas, disponiendo la revocación de la Resolución y la absolución de Carraro Argentina S.A.
II. Que a fs. 30/36 y vta. la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Realiza un breve resumen del objeto de la causa, y niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de su expreso reconocimiento o surjan de las actuaciones administrativas. También efectúa un breve repaso de lo actuado en sede aduanera y afirma que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Hace referencia a los principios de indisponibilidad del crédito fiscal y de igualdad, sosteniendo que la actora no interpreta correctamente las pautas que surgen de la normativa específica aplicable al caso. Contesta los agravios vertidos por la actora en relación a la prescripción, afirmando que el curso de la misma fue interrupida con el dictado del auto que dispuso la apertura del sumario. Asimismo cita jurisprudencia en relación a lo argumentado por la actora respecto a la fecha de notificación de la resolución condenatoria. También contesta el agravio en relación a la acción para percibir tributos y el planteo del plazo razonable. Cita normativa aplicable al caso y destaca la aplicación del artículo 794 del CÓDIGO Aduanero, en relación al devengamiento de los intereses. Considera que ningún momento la DGA “definió” el hecho generador de la obligación tributaria, imponiendo a la recurrente un impuesto que no esté contemplado previamente por una ley, dictada según los procedimientos establecidos por la Constitución Nacional para la sanción de las mismas. Destaca también que, por todo lo actuado en sede administrativa, resulta claro que los argumentos de la actora deben ser desvirtuados atento a sus manifestaciones expuestas, surgiendo palmariamente que se ha reunido los elementos configurativos del tipo penal descripto en la norma (art. 970 del C.A.). Finalmente hace reserva del caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita que, oportunamente, se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12034-538-2007 se inician a fs. 1/3 obra el Acta de Denuncia 213/04 de fecha 14/5/2004. A fs. 4 obra carpeta de la destinación 02 001 IT14 005474 E. A fs. 14 se dispone la instrucción de sumario, se corra vista de lo actuado a la firma CARRARO ARGENTINA S.A. y se cita en garantía a la aseguradora ZURICH ARGENTINA CIA DE SEGUROS SA con fecha 30/12/2008. A fs. 18/23 la firma CARRARO ARGENTINA S.A. contesta la vista conferida y ofrece prueba. A fs. 29 se tiene por presentado al letrado de la importadora, por contestada la vista conferida y por acompañada la prueba. A fs. 30 surge la nota 4419/13. A fs. 31/33 obra la consulta del registro de infractores aduaneros. A fs. 34/35 y vta. se dicta la Resolución DE PRLA 8158/13, la que es notificada a fs. 37. Finalmente, a fs. 38, la firma CARRARO ARGENTINA S.A. informa que ha apelado la citada resolución ante el Tribunal Fiscal. De manera anexa se acompaña la documentación ofrecida como prueba por la actora.
IV. Que, en primer término, corresponde puntualizar que de las constancias de la litis se desprende que el auto de apertura del sumario objeto de autos se dictó en función de lo consignado en el acta de denuncia de fs. 1/3 de las actuaciones administrativas, en la que se detallan expresamente los hechos; asimismo, a fs. 4 luce el original del DIT, a fs. 10 se afora la mercadería y a fs. 13 se practica la correspondiente liquidación.
Por lo tanto, habiéndose verificado el cabal cumplimiento de los requisitos previstos en la referida norma – en el dictado de la instrucción del sumario –, corresponde rechazar el planteo de nulidad esgrimido en la especie.
V. Que, bajo tales premisas, corresponde entender en la excepción de prescripción planteada por la recurrente, respecto del reclamo tributario.
Que, en tal sentido, cabe destacar que el plazo de prescripción que prevé el artículo 803 del CÓDIGO Aduanero comenzó a correr el 01/01/04, en los términos del artículo 804, inciso b), de la ley 22.415 – el hecho gravado tuvo lugar en fecha 03/10/03 –, y su vencimiento operó el 01/01/09, de no haberse producido causales suspensivas o interruptivas.
Que, por otra parte, desde el 30/12/08, momento en que se dispuso la apertura del sumario, es decir, ya transcurridos 4 años, 11 meses y 30 días, el plazo quinquenal para que el Fisco pueda exigir tributos se suspendió "hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo, cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), del C.A.).
Que, teniendo en consideración que la notificación de los actos administrativos tiene trascendental importancia en el procedimiento administrativo, constituyéndose como un deber de información impuesto como carga a la Administración en garantía de los derechos de los particulares, en tanto su régimen se vincula indudablemente con la garantía de la defensa en juicio, el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de la buena fe, las causales de suspensión de la prescripción que surgen del artículo 805, inciso a) del CÓDIGO Aduanero –norma que fuera declarada inconvencional por el suscripto in re “LA EQUITATIVA DEL PLATA S.A. DE SEGUROS c/ D.G.A. s/ recurso de apelación” (Expte. Nro. 30.630-A), del 06/03/15, que tramitara por ante la Vocalía de la 16° Nominación; entre muchos otros- deben interpretarse a la luz de la doctrina del “plazo razonable” de tramitación de los procesos, que fuera fijada por la Corte Suprema a partir del precedente “Losicer, Jorge Alberto y otros c/ BCRA”, del 26 de junio de 2012, siendo que la misma ha sido objeto de expreso seguimiento por la Cámara Contencioso Administrativo Federal en los autos “Aero Vip S.A. (Sala V, 19/6/2014) y “Alles Import SACIFI“ (sala I, 8/4/2014), entre otros; y por esta Sala “F” del Tribunal Fiscal en las causas “Aseguradora de Créditos y Garantías S.A. c/ D.G.A S/ apelación (Expte. nº 15.598-A, sentencia del 5/12/2013 -voto del Dr. Garbarino-) y “Carossio Vairolatti & Cía. S.R.L. c / DGA s/ apelación” (Expediente n° 16.915-A, sentencia del 11/7/2013), entre muchas otras.
Que, en tal sentido, cabe colegir que si bien desde el auto de apertura de sumario (30/12/2008) hasta el dictado de la resolución en crisis – fechada el 20 de noviembre de 2013 – el plazo de prescripción se encontraba suspendido, en los términos del artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó el 28/06/17, en exceso del plazo legal y cuando el curso de la prescripción había fenecido, constituyendo un extremo fáctico de vital importancia temporal a los fines de la resolución del agravio prescriptivo de naturaleza tributaria expresamente articulado en la litis, cuyo tratamiento ningún Tribunal de Justicia puede soslayar.
En efecto, toda vez que no existe en el CÓDIGO Aduanero norma que imponga plazo alguno a la DGA para notificar las distintas resoluciones, corresponde aplicar en forma supletoria las disposiciones de la Ley de Procedimientos Administrativos y su decreto reglamentario, conforme se desprende en modo palmario del artículo 1017 de la ley 22.415.
En tal sentido, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo dispone que “las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas”.
Por ello, la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contenciosos Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inc. a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinta día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante. Por consiguiente, cabe concluir que la acción del Fisco para exigir tributos se encontraba prescripta al momento de la notificación de la resolución aquí apelada, por lo cual corresponde hacer lugar a este planteo; siendo que la solución que aquí se sustenta guarda cabal consonancia con los principios de certeza y de seguridad jurídica que deben salvaguardarse en los procedimientos, ya que una solución contraria podría importar que la Aduana notificara en cualquier momento (por ejemplo, transcurriendo varios meses, años, lustros, decenios, etc.) una resolución suscripta antes de que operara la prescripción, con la consiguiente incertidumbre en cuanto a los derechos de los administrados.
Por lo demás, entiendo que la forma en que propicio que se resuelva el presente agravio es la más adecuada en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
VI. Que, a continuación, corresponde analizar el planteo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas, por no cumplir el auto de apertura del sumario con lo dispuesto en el artículo 1094 del CÓDIGO Aduanero.
Que, en tal sentido, se agravia la firma recurrente de que el presunto hecho imponible habría acaecido el 03/10/03, y de que la disposición de instrucción de sumario dictada con fecha 30/12/08 no habría logrado tener el efecto suspensivo y/o interruptivo que se le pretende atribuir, toda vez que el acto no fue notificado sino hasta el 30/11/12; agrega que, además, la resolución cuestionada se dictó el 20/11/13, y se notificó el 28 de junio de 2014. Que los artículos 934 y 935 del CÓDIGO Aduanero establecen que prescribe por el transcurso de cinco (5) años la acción del Fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras, la que comienza a correr el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, en caso de no poder precisársela, en la de su constatación.
Asimismo, el artículo 937 del citado cuerpo legal dispone en sus incisos a) y d), que "la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) El dictado del auto por el cual se ordene la apertura del sumario; (…) d) El dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.”
Conforme con la normativa citada, teniendo en consideración la fecha del vencimiento del DIT en cuestión (3/10/2003) la fecha en que comenzó a correr la prescripción (01/01/2004), la fecha de apertura del sumario (30/12/2008) (el CÓDIGO Aduanero hace expresa referencia al dictado del auto por el cual se ordene la apertura de sumario y no a su posterior notificación, siendo dicha postulado convalidado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Wonderland S.R.L.” –Fallos: 332:1109) y la fecha en que se dicta la resolución en recurso (20/11/2013) se concluye que, de acuerdo a una interpretación meramente literal del CÓDIGO Aduanero, no se constata en el caso de autos la pretendida prescripción de la acción aduanera para imponer penas por las infracciones aduaneras.
VIII. Que, sin perjuicio de ello, no debe perderse de vista que conforme la doctrina sostenida por el Alto Tribunal a partir del referido caso “Losicer”, del 26 de junio de 2012, el carácter administrativo de un procedimiento sumarial -extremo que cabe extender al carácter jurisdiccional del procedimiento de marras- no puede erigirse en un óbice para la aplicación del principio vinculado a la garantía del “plazo razonable”, pues en el estado de derecho la vigencia de los preceptos enunciados por el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos no se encuentra limitada al Poder Judicial -en el ejercicio eminente de tal función- sino que deben ser respetadas por todo órgano o autoridad pública al que le hubieran sido asignadas funciones materialmente jurisdiccionales (como es el caso de este Tribunal Fiscal).
Por lo tanto, cabe concluir que la irrazonable dilación de un procedimiento, ya sea judicial, jurisdiccional o administrativo, resulta incompatible con el derecho al debido proceso amparado por el artículo 18 de la Constitución Nacional y por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Por ende, el “plazo razonable” de duración del proceso al que se alude en el inciso 1, del artículo 8vo., del plexo convencional constituye, entonces, una garantía exigible en toda clase de procesos, por lo que no corresponde circunscribirla exclusivamente a la materia penal, sino que su plena aplicación debe extenderse a las extra penales (civiles, laborales, fiscales o de cualquier otro carácter -como la aduanera-), de acuerdo a lo establecido expresamente en la valiosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31/1/01, caso del “Tribunal Constitucional del Perú -Aguirre Roca, Rey Ferry y Revoredo Marsano vs. Perú-”, considerandos 66 y ss., en especial considerandos 69”.
Asimismo, nuestra Corte Suprema en el referido precedente “Losicer” ha encomendado a los jueces la casuística determinación de si se ha configurado un retardo injustificado de la decisión. Para ello, ante la ausencia de pautas temporales indicativas de esta duración razonable, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos -cuya jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales (Fallos: 318:514; 323:4130, entre otros), constituyendo una imprescindible pauta de interpretación de los deberes y obligaciones derivados de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (confr. CSJN, caso “Simón”, sentencia de 17 de junio de 2005, considerando 17)- como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos -al expedirse sobre el punto 6.1 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales que contiene una previsión similar- han expuesto en diversos pronunciamientos ciertas pautas para su determinación y que pueden resumirse en: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales y d) el análisis global del procedimiento (casos “Genie Lacayo vs. Nicaragua”, fallada el 29 de enero de 1997, párrafo 77 y “López Alvarez v. Honduras”, fallado el 1° de febrero de 2006; “Konig”, fallado el 10 de marzo de 1980 y publicado en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional 1959- 1983 en Madrid por las Cortes Generales).
Con todo, los supuestos indicados en el párrafo anterior no excluyen otros, que deberán ser adecuadamente considerados por los jueces competentes.
En tales condiciones, y bajo la misma secuencia interpretativa que la esbozada supra, por razones de brevedad y economía procesal corresponde remitirse -en lo primordial- a los fundamentos esbozados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 8 de noviembre de 2011 en autos “Bossi y García S.A. (TF 5932-A) c/ DGA”, en tanto resulta sustancialmente análoga a la presente, a los fines de resolver lo atinente a la prescripción del Fisco para imponer sanciones en cabeza de la firma importadora.
En efecto, en lo que aquí interesa el Tribunal Cimero señalo que “...el instituto de la prescripción de la acción tiene una estrecha vinculación con el derecho del imputado a un pronunciamiento sin dilaciones indebidas (Fallos: 322:360, esp. disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, y 323:982)...”; por lo que a su respecto deben aplicarse en debida forma todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.).
Por ende, cabe colegir que el procedimiento sumarial de marras ha excedido todo parámetro de razonabilidad de duración de un proceso infraccional, con franca violación del derecho constitucional de la actora a obtener un pronunciamiento judicial sin dilaciones indebidas (artículos 18, Constitución Nacional, y 8°, inc. 1, Convención Americana sobre Derechos Humanos; Fallos: 329:445; 330:1369; 332:1492 y sus citas). Ello así, toda vez que a la fecha se ha prolongado durante más de 21 años, siendo que de las actuaciones administrativas se desprende que la fecha de vencimiento de la operación de importación objeto de autos ha tenido lugar el 3 de octubre del año 2003.
A mayor abundamiento, cabe señalar que a idéntica solución arribó nuestro Más Alto Tribunal en la causa "Sudamericana de Intercambio SACI y F c/ Administración General de Puertos" (Fallos: 312:2075) respecto a la decisión de la autoridad aduanera que había impuesto la pena de multa, en un supuesto semejante al que se plantea en el sub lite; siendo que en la causa "Egea" afirmó que cualquiera sea el criterio que se adopte respecto de la suspensión del curso de la prescripción "la duración del proceso penal por [en ese caso] casi dos décadas, viola ostensiblemente las garantías del plazo razonable de proceso y del derecho de defensa" (Fallos: 327:4815). Por lo tanto, y de conformidad con el criterio que se deriva de tales precedentes, correspondería que sea este Tribunal Fiscal el que ponga fin a la presente causa —en cuanto aquí se trata— declarando la extinción de la acción penal por prescripción.
IX. Que, no obstante el modo en que se decide el aspecto prescriptivo, habida cuenta la inveterada y mayoritaria jurisprudencia de la Sala “F” en tal sentido –cuya solución difiere de la doctrina sustentada en tal sentido por la Vocalía de la 16° Nominación-, el modo en que dicho planteo es habitualmente decidido por los otros Vocales ante situaciones fácticas sustancialmente análogas a la presente litis, a los estrictos fines de formar mayoría y por razones de celeridad y economía procesal, se procede a votar el fondo del asunto, prescindiendo del criterio particular del suscripto en la materia, por devenir minoritario.
X. Que a los fines de resolver el fondo del asunto, no resulta controvertido que mediante la destinación de importación temporal Nº 02 001 IT14 005474 E, la firma CARRARO ARGENTINA SA documentó el ingreso de mercadería, clasificada en la 8708.99.90.990 P, por un total de 1.143 unidades, al amparo del decreto 1439/96, por un plazo de permanencia cuyo vencimiento operó el 03/10/03.
Que por el régimen suspensivo al que se acogió la propia firma, la mercadería documentada quedó sometida a la obligación de ser reexportada para consumo con anterioridad al vencimiento del plazo de permanencia -conf. art. 250 C.A.- o eventualmente, a convertirse su importación en definitiva, dentro de los plazos previstos en el artículo 271 del CÓDIGO Aduanero.
Que las resoluciones aduaneras vigentes a la fecha de registro del despacho que nos ocupa -Res. ANA 127/92 y sus modificatorias-, concretan en detalle la manera de demostrar por los beneficiarios del régimen, el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería, determinando las declaraciones, datos y requisitos que deben aportarse al efecto, así como la forma en que deben imputarse y descargarse dichos insumos al momento de la presentación de los respectivos permisos de embarque.
Que, al no existir -en principio- constancias del cumplimiento de la obligación contraída al efectuar la importación temporaria, el servicio aduanero inicialmente consideró incumplida la obligación de reexportar la totalidad de la mercadería, y dispuso la instrucción de sumario administrativo, imputándole la comisión de la infracción tipificada en el art. 970 del C.A., oportunidad en que, asimismo, se reclamó el pago de los tributos considerados adeudados.
Que este Tribunal Fiscal tiene dicho en reiterada jurisprudencia que sólo puede demostrarse la reexportación de la mercadería con los permisos de embarque o solicitudes de destinación de exportación debidamente oficializadas, teniendo en cuenta sus cumplidos e imputación específica a la DIT en cuestión y con los certificados de tipificación y clasificación (CTC) que correspondan.
Que, en principio, queda a cargo de la importadora la obligación de presentar los documentos aduaneros que permitan la acreditación de la reexportación para consumo en término de la totalidad de la mercadería (permisos de embarque o destinaciones), así como también, en el caso, por tratarse de mercadería que sería sometida a un proceso de perfeccionamiento industrial, de los Certificados de Tipificación y Clasificación, que acrediten la cantidad e identidad de los insumos importados en la mercadería exportada.
Que el Certificado de Tipificación y Clasificación (CTC) resulta un documento fundamental para evaluar la descarga de un despacho de importación temporaria, ya que permite determinar la cantidad de insumo importado que fue utilizada en la elaboración del producto que finalmente es exportado, así como los porcentajes de pérdidas, residuos, mermas y sobrantes resultantes del proceso productivo llevado a cabo por la empresa. Que, en el presente caso, la actora acompañó de manera anexa en el expediente administrativo las copias de los permisos de embarque y el despacho de importación para consumo con el detalle de la descarga de los insumos importados temporalmente y nacionalizados mediante los cuales se habría cumplido con el régimen previsto en el artículo 970 de la ley 22.415, previo al vencimiento de la DIT. Asimismo, acompañó copia de los Certificados de Tipificación y Clasificación (CTC) Nº 1032 (Solicitud CTC N° S01:0186215/02), N° 4061 (Solicitud CTC N° S01:0186858/02), N° 1860 (Solicitud CTC N° S01:0184767/02), (Solicitud CTC N° S01:0184774/02) y (Solicitud CTC N°S01:0186214/02). Sin embargo, no obra en autos ni en las actuaciones administrativas copia de las Solicitudes CTC N° S01:0218729/02, S01:0218729/02, S01:0189805/02 y S01:0278990/02, circunstancia que no permite identificar la relación insumo-producto respecto a los permisos de embarque vinculados a las citadas solicitudes.
Paralelamente, en el cuerpo del presente expediente se acompañan las contestaciones de los oficios librados a la DGA, obrantes a fs. 55/118, 135/140 y 141/146, mediante los cuales se obtienen las impresiones de pantalla del sistema informático Malvina que detallan el estado de los permisos de embarque y despacho de importación a través de los que se habría cumplido con la reexportación y nacionalización de los insumos importados temporalmente.
Que, del análisis de toda la documentación incorporada al expediente y a las actuaciones administrativas, se observa que los permisos de embarque 02 001 EC03 024830 B, 02 001 EC03 023497 J, 03 001 EC03 023297 H (ítem 1), 02 001 EC03 023108 V, 02 001 EC03 025958 N (ítem 1) 02 001 EC03 025370 B, 02 001 EC03 024623 B, 02 001 EC03 023995 M, 02 001 EC03 023992 J (ítem 1) y 02 001 EC03 023698 M cuentan con su respectiva hoja de descarga de las que surgen las cantidades de insumos efectivamente utilizados, vinculados a los CTC que fueran acompañados con las actuaciones administrativas, a saber: 20,90 unidades para el PE 02 001 EC03 024830 B (Solicitud CTC N°S01:0186214/02), 100 unidades para el PE 02 001 EC03 023497 J (Solicitud CTC N°S01:0186214/02), 2,99 unidades para el PE 02 001 EC03 023297 H (ítem 2) (Solicitud CTC N°S01:0184774/02), 87,26 unidades para el PE 02 001 EC03 023108 V (Solicitud CTC N°S01:0186858/02), 11,94 unidades para el PE 02 001 EC03 025370 B (Solicitud CTC N°S01:0186215/02), 1,99 unidades para el PE 02 001 EC03 024623 B (Solicitud CTC N°S01:0184774/02), 5,97 unidades para el PE 02 001 EC03 023995 M (Solicitud CTC N°S01:0184774/02), 39,80 unidades para el PE 02 001 EC03 023992 J (ítem 1) y 45,69 unidades para el PE 02 001 EC03 023698 M (Solicitud CTC N°S01:0186858/02). Asimismo, en la relación al despacho de importación DI 02 001 IC81 000576 M, se observa, a través de la documentación acompañada, que se encuentran nacionalizadas 140 unidades de los insumos importados. Por otro lado, respecto a los PE 02 001 EC03 026161 A, 02 001 EC03 023514 W, 02 001 EC03 023297 H (ítem 1), 02 001 EC03 023297 H (ítem 3), 02 001 EC03 023178 F, 02 001 EC03 025958 N (ítem 1 y 2), 02 001 EC03 023992 J (ítem 2) y 02 001 EC03 023520 T no resulta posible identificar la relación insumo-producto toda vez que, como fue mencionado precedentemente, no se acompañaron las solicitudes de CTC vinculadas a los citados permisos por lo cual no pueden ser considerados a la hora de realizar la descarga.
Que, de todo lo expuesto, se concluye que, de las 1.143 unidades importadas temporalmente por el DIT 02 001 IT14 005474 E, se cancelaron 456,54 unidades, quedando en infracción un saldo de 686,46 unidades; respecto de las pérdidas, las mismas se encuentran incorporadas en las cantidades descargadas en cada PE.
Que, en consecuencia, corresponde concluir en que la aquí actora incurrió en la infracción prevista en el artículo 970 del CÓDIGO Aduanero, respecto de 686,46 unidades de la mercadería importada temporariamente.
XI. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho confirmar parcialmente la infracción endilgada por la Aduana, ello sin perjuicio de mi criterio, – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553-A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros).
XII. Que, por lo tanto, corresponde practicar liquidación de los tributos y multa adeudados en relación a lo cual, cabe aclarar, no resulta procedente el cobro del Derecho Adicional de Importación, conforme el criterio sentado por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “IEF LATINOAMERICANA SA c/DGA s/recurso de apelación” (TF 16.912-A) y “FRISHER S.R.L (TF 16.236-A)” al caso en cuestión. Bajo tales premisas, la solución que se adopta resulta conforme a los fundamentos expuestos en la sentencia dictada en los autos “La Mercantil Andina Compañía de Seguros SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 23.469-A, Sala E, sentencia de fecha 31/07/12, en donde se declara la inconstitucionalidad de dicho derecho adicional, y a los cuales nos remitimos en mérito a la brevedad, toda vez que el decreto 1439/96 resulta insanablemente nulo por oponerse al principio de legalidad que rige en materia tributaria, y al claro precepto del art. 99 inc. 3) de la CN y que, por ende, se encuentra privado de todo efecto jurídico, en tanto emana de un Poder del Estado incompetente para establecer tributos, en palmaria violación a la Ley Fundamental. En consecuencia, no cabe incluir el mismo en el monto reclamado.
Que, asimismo, también resulta improcedente la liquidación de las percepciones de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias, ello conforme la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A.”, de fecha 26/11/2019, donde se expidió, con relación a las percepciones de IVA adicional e impuesto a las ganancias. Allí el Alto Tribunal expresó que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso “Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA”; fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”. Ello así, habiendo transcurrido, en el presente caso, el período fiscal al que correspondían dichas percepciones (fecha en la se consideró importada a consumo la mercadería importada temporariamente) corresponde declarar extinguida la facultad del servicio aduanero para reclamar dichos anticipos.
XIII. Que, en función a lo expuesto, corresponde practicar la siguiente liquidación:
Valor en Aduana USD 8.672,20 Derechos de Importación (19,5%) USD 1.691,08 Tasa de Estadística (0,5%) USD 43,36 Base IVA USD 10.406,64 IVA (21%) USD 2.185,39 TOTAL TRIBUTOS USD: USD 3.919,83 – TC 2,904 (fs. 13 de las actuaciones) – TOTAL: $ 11.383,18 TOTAL MULTA: $11.383,18 XIV.- Que, por último, corresponde expedirme respecto a los agravios en relación a la graduación de la multa impuesta por el servicio aduanero, que se ha fijado en 2 veces y media el mínimo legal previsto en la norma, en base a los antecedentes que la Aduana incorporó mediante impresiones de pantalla que obran a fs. 31/33 de las actuaciones administrativas.
Al respecto, corresponde dejar sentado que la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal -por mayoría- ha declarado la inconstitucionalidad de la figura de la “reincidencia” en los autos “Argañaraz, Pablo” con fecha 8/5/12 (Causa Nro. 13.401) criterio que he compartido en los autos caratulados “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/D.G.A. s/apelación” expte. Nº 23.218-A y su acumulado “PILAR PARTES S.A. c/D.G.A. s/apelación”, expte. Nº 23.226-A, que tramitara por ante la Vocalía de la 16a Nominación (Sala “F”), entre otras, en tanto su aplicación produce un agravamiento de la condena en violación al principio de culpabilidad (arts. 18 y 19 de la C.N.) y al ne bis in idem (arts. 14.7 del P.I.D.C. y P.).
Sin embargo, habiéndose pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 27/05/14 en los autos caratulados “Martín Salomón s/ causa N° 11.835", donde desestimó la cuestión relativa al planteo de inconstitucionalidad del régimen de agravación de la pena por reincidencia, por remisión al criterio que había sostenido al resolver los autos "Gómez Dávalos" (Fallos: 308:1938), "L'Eveque" (Fallos: 311:1451) y "Gramajo" (Fallos: 329:3680) -especialmente, considerandos 12 a 18 del voto del juez Petracchi-, por razones de economía procesal, y sin perjuicio de la opinión del suscripto sobre el particular, corresponde adoptar el criterio propiciado por el Alto Tribunal.
Sentado ello, respecto del quantum de la multa impuesta en el caso de marras, debe contemplarse lo preceptuado por el artículo 915 del CÓDIGO Aduanero, que dispone que deberán considerarse las circunstancias, naturaleza, gravedad de las infracciones y antecedentes del infractor. En ese sentido, el servicio aduanero sancionó, a la firma importadora, al pago de una multa igual a dos veces y media el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo de la mercadería en infracción.
XV. Que en cuanto a los antecedentes del infractor, el artículo 927 del citado texto legal contempla el supuesto de aquel que, habiendo sido condenado por resolución firme por una infracción o un delito aduanero, cometiese una nueva infracción aduanera, calificándolo como “reincidente”. No puede soslayarse que la propia norma indica que debe tratarse de un condenado por medio de una resolución firme.
Que, a su vez, el artículo 928, inc. a), de la ley 22.415 establece que, en el caso de tratarse de una infracción, la condena anterior no se tiene en cuenta a los efectos de atribuir el carácter de “reincidente”, cuando hubieren transcurrido cinco años desde la fecha en que quedare firme la resolución definitiva que la impuso. Que, en el caso que nos ocupa, la infracción fue configurada a la fecha de vencimiento del plazo fijado para la regularización de la mercadería importada temporariamente: 03/10/03. La condena impuesta por el servicio aduanero tuvo en cuenta los antecedentes infraccionales computables de la firma importadora que se obtienen de la consulta al Registro General de Infractores, advirtiendo que los antecedentes citados corresponden a resoluciones con fecha posterior a la configuración de la infracción de marras (2010 y 2011). En consecuencia, no se ha acreditado la reincidencia de la actora. Así las cosas, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 915 y 916 del CÓDIGO Aduanero, resulta procedente reducir la multa impuesta a una sola vez el importe de los tributos.
XVI. Que, en consecuencia, el importe adeudado por la aquí actora en concepto de la multa y tributos asciende, en ambos casos, a la suma de $11.383,18, con más los intereses previstos en el artículo 794 de la ley 22.415– en el caso de los tributos –, que se devenguen desde el vencimiento del plazo de diez (10) días contados desde la fecha en la cual la apelante se notificó de la corrida de vista del sumario, esto es desde el 17/12/12.
Por ello, VOTO por:
1. Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución DE PRLA Nº 8158/13, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12034-538-2007, y declarar que la multa impuesta asciende a la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 18/100 ($ 11.383,18).
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 8158/13, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 18/100 ($ 11.383,18), con más los intereses devengados desde el 17/12/12.
3. Imponer las costas de los puntos 1 y 2 conforme los respectivos vencimientos, que se determinan en un 25% a cargo de la actora y en un 75% a cargo del Fisco.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
1. Confirmar parcialmente el artículo 1 de la Resolución DE PRLA Nº 8158/13, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12034-538-2007, y declarar que la multa impuesta asciende a la suma de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 18/100 ($ 11.383,18).
2. Confirmar parcialmente el artículo 3 de la referida Resolución DE PRLA Nº 8158/13, en cuanto intima el pago de tributos, los que ascienden a un total de ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 18/100 ($ 11.383,18), con más los intereses devengados desde el 17/12/12.
3. Imponer las costas de los puntos 1 y 2 conforme los respectivos vencimientos, que se determinan en un 25% a cargo de la actora y en un 75% a cargo del Fisco.
Regístrese. Notifíquese a la Dra. María Carolina Foronda (27-30449547-8) y Dr. Juan Marcos Rouges (20- 32677102-4). Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2025.02.21 12:09:49 -03:00 Date: 2025.02.21 12:10:43 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.21 12:10:44 -03:00
Fin de la sentencia