Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 33384-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la firma actora por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, y por condonada la sanción de multa aplicada;
2Distribuir las costas del proceso en los términos fijados en los puntos VIII y IX de la presente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
61/2019 CARRARO ARGENTINA SA (TF 33384-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los días 22 del mes de abril del año dos mil veintiuno, reunida en Acuerdo la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver los autos caratulados “Carraro Argentina SA (TF 33384-A) c/ DGA s/recurso directo de organismo externo”, y La jueza Clara do Pico dijo:
I. El pronunciamiento de la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación —de fs. 857/65— resolvió por mayoría a) declarar la prescripción de la acción del fisco para imponer penas en la presente causa y b) confirmar, parcialmente, el cargo tributario formulado en el art. 3º de la resolución (DE PRLA) nº 8950/11; con costas “conforme a los mutuos vencimientos, lo[s] que se estiman en un 34% a cargo de la recurrente y en un 66% a cargo del Fisco”.
II. La parte actora apeló y expresó agravios (v. fs. 867 y 875/9), que no fueron replicados. Se queja, en esencia, porque el Tribunal Fiscal rechazó su planteo en relación a la prescripción de las facultades del Fisco Nacional para percibir tributos.
III. La aduana apeló y expresó agravios (v. fs. 883/7), que fueron replicados por la firma importadora (v. fs. 896/8). Sus críticas, giran en torno a la imposibilidad de declarar la prescripción de la acción de la aduana para imponer penas, en razón de la aplicación de la doctrina plenaria “Hughes Tools SA”, de esta Cámara.
IV. El 1 de septiembre de 2020, este tribunal resolvió declarar la caducidad del recurso de apelación deducido por la actora, con costas.
V. El 30 de octubre de 2020, el apoderado de la parte actora Adrián Gabriel Carrera, manifestó su adhesión al “régimen de regularización de deudas de la Ley 27541, ampliada por la Ley 27562 y reglamentada por la Resolución General 4816/2020 […]”. Solicitó la condonación de la multa discutida en esta causa y adjuntó el formulario “F.408/NM. Allanamiento” y las constancias de adhesión al plan de facilidades de pago.
El 12 de noviembre de ese año, el Dr. Juan M. Rouges, letrado apoderado de la parte actora, ratificó aquella presentación y solicitó “la condonación de la multa que dicho régimen prevé”.
Corrido el pertinente traslado, el Fisco Nacional manifestó que “corroboró internamente […] que la actora […] ha consolidado el plan “Mis facilidades” en el marco de la ley 27.562, y que se incluyó la DIT 02001IT15001212Y, aquí discutida. A su vez, expresó que “si bien dicho plan no se encuentra aún cancelado en su totalidad, de acuerdo al detalle de imputación de cuotas, se han cancelado los conceptos incluidos en la mencionada DIT”.
Agregó que conforme con la normativa invocada “la actora HA DESISTIDO DE TODA ACCION Y DERECHO, incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que formuló el acogimiento, por lo que solicito a V.E. así se resuelva”.
VI. En el capítulo I, del título IV, de la ley 27.541 (modificada por la ley 27.562), se estableció un régimen de regularización de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduanera en favor de “[l]os contribuyentes y las contribuyentes y responsables de los tributos y de los recursos de la seguridad social cuya aplicación, percepción y fiscalización estén a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos” (art. 8º). En el referido régimen de regularización quedaron incluidas las obligaciones fiscales que enumera el artículo 8º que se encuentren en curso de discusión administrativa, o sean objeto de un procedimiento CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 61/2019 CARRARO ARGENTINA SA (TF 33384-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley 27.562, en tanto los contribuyentes y/o responsables se allanen incondicionalmente por los conceptos y montos regularizados y, en su caso, desistan y renuncien a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos (artículo 9º), mediante la presentación de copia del acuse del recibo del acogimiento al presente régimen, junto al detalle de las obligaciones regularizadas (artículo 9º de la resolución general 4816). De tratarse de obligaciones tributarias canceladas con anterioridad a la vigencia de la ley 27.562, deberá presentar el formulario de declaración jurada Nº 408, mediante el servicio con Clave Fiscal denominado “Presentaciones Digitales” (artículo 9º de la resolución general, citada).
Por otra parte, se estableció, con alcance general, para los sujetos que se acojan al régimen de regularización, la eximición y/o condonación de las multas y demás sanciones previstas en la ley 22.415 (Código Aduanero), que no se encontraren firmes a la fecha de acogimiento al régimen (artículo 11, inciso a). Dicho beneficio procederá si los sujetos cumplen, respecto del capital, multas firmes e intereses no condonados, con la cancelación total mediante alguno de los planes de facilidades de pago que al respecto disponga el organismo fiscal (artículo 13, inciso c).
Ciertamente, la ley 27.562 amplió el plazo para efectuar el acogimiento a la regularización hasta el 31 de octubre del 2020.
VII. En virtud de las normas reseñadas, la documentación acompañada en forma digital y lo expresado por las partes, corresponde tener a la actora por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, de conformidad con los términos previstos en la ley 27.541 y su modificatoria.
Por otra parte, la adhesión de la responsable al régimen aludido implica la eximición de las sanciones, motivo por el cual incumbe tener por condonada la multa aplicada en la resolución DE PRLA nº 8950/11, de conformidad con lo previsto en el art. 11, inc. a) de la ley 27.541. Dicha condonación se declara sin perjuicio del control que el organismo fiscal efectúe en su oportunidad, respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en el régimen de regularización excepcional, como así también de los extremos que debe satisfacer la parte actora para gozar de los beneficios establecidos en la ley (esta sala, “PROMECOR PRODUCTORA DE SEGUROS GENERALES SA (TF 49416-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, pronunciamiento del 11 de febrero 2021).
VIII. En cuanto a las costas del proceso, debe remarcarse que el texto del artículo 9º de la ley es claro al expresar que quedan incluidas en el régimen excepcional de regularización aquellas obligaciones que —como en el caso— se encuentran en curso de discusión judicial, en tanto el responsable se allane incondicionalmente por los conceptos y montos regularizados y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos, motivo por el cual corresponde a la parte actora cargar con ellas (esta sala, “INGENIEROS & CIA SA (TF 36408-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”, pronunciamiento del 15 de septiembre de 2020).
IX. En cambio, respecto de la sanción de multa, las costas deben distribuirse en el orden causado.
Es que, de conformidad con lo expuesto en los considerandos que anteceden, el proceso culminó en razón de la condonación operada en los términos del art. 11 de la ley 27.541, que establece el beneficio de liberación de multas e intereses, en tanto se cumplan las diversas condiciones allí previstas. Resulta claro que, acreditado su cumplimiento, la condonación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 61/2019 CARRARO ARGENTINA SA (TF 33384-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO opera de pleno derecho —y así expresamente lo consagra el régimen—, razón por la cual no resulta posible establecer que exista un parte vencida en el pleito, en los términos del art. 68, párrafo primero, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (esta sala, causas “Vicente, Domingo Daniel” y “Ayastuy, Javier Martín”, pronunciamientos del 15 de septiembre de 2020).
Idéntica postura fue sostenida por esta sala al analizar la forma en que correspondía distribuir las costas en beneficios análogos de condonación de infracciones materiales al aquí dispuesto, previstos en los regímenes de la leyes 26.476 (causas “Arre Beef” y “Recursos Humanos y Organización”, pronunciamientos del 2 de febrero de 2012, entre otros) y 27.260 (causas “Bertolini, Francisco Eugenio” y “Eventos del Campo S.A.”, pronunciamientos del 13 de diciembre de 2016, entre otros); criterio que respecto de la última ley constituye doctrina legal de esta cámara (acuerdo plenario, causa “Alpargatas SAIC”, Expte. nº 78983/2018/CA1, pronunciamiento del 16 de diciembre de 2020).
En virtud de lo expuesto VOTO por: 1) tener a la firma actora por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, y por condonada la sanción de multa aplicada; 2) distribuir las costas del proceso en los términos fijados en los puntos VIII y IX de la presente.
Los jueces Liliana María Heiland y Rodolfo Eduardo Facio adhieren al voto que antecede.
En virtud del resultado que informa el Acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: 1) tener a la firma actora por desistida de la acción y el derecho, incluso el de repetición, y por condonada la sanción de multa aplicada; 2) distribuir las costas del proceso en los términos fijados en los puntos VIII y IX de la presente.
Regístrese, notifíquese a las partes por Secretaría y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia