Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-112544550-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-20982-2007 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante la DIT N° 04001IT14006933H. Costas a cargo del Fisco.
2Rechazar el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, en relación a la DIT N° 04001IT14006933H. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo.
3Confirmar parcialmente el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 5885/2016 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 29/11/2016. Costas a cargo de la coactora importadora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-116959491-APN-VOCXXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 21 de Octubre de 2025 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Horacio J. Segura, Miguel N. Licht y Claudia B. Sarquis a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “CARRARO S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 38.346-A y su acumulado “ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 38.412-A, El Dr. Horacio Joaquín Segura dijo:
I. Objeto del Proceso: Que se trata de resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución DE PRLA N° 5885/2016 dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en fecha 29/11/2016, en la actuación SIGEA N° 12197-20982-2007, en cuanto resuelve condenar a la coactora importadora al pago de una multa de $ 282.562,78 y formular cargo, conjuntamente a la citada en garantía, por tributos equivalentes a U$S 45.604,06 y $ 83.477,03, atento a encontrarla responsable de la infracción prevista en el art. 970 del C.A., en relación a la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 04001IT14006933H, con vencimiento el 17/09/2006.
II. Fundamentos de las apelaciones:
* Coactora importadora: A fs. 11/16 se presenta, por apoderado, la coactora importadora e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. En primer lugar, relata los antecedentes del caso. A continuación, desarrolla sus agravios. Inicialmente, opone la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y perseguir el cobro de los tributos. Agrega que resulta un excesivo rigor formal no considerar que operó la reexportación total de la mercadería, siendo que esta circunstancia surge de la declaración jurada acompañada. Añade que el elemento subjetivo de la infracción no se encuentra configurado. En subsidio, solicita la aplicación de lo previsto en el art. 898 del C.A. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas. *Coactora aseguradora: A fs. 34/41se presenta, por apoderado, la coactora aseguradora e interpone recurso de apelación contra la resolución aquí apelada. Plantea la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para perseguir los tributos. Sustancialmente, cuestiona la liquidación tributaria por contener derechos adicionales no asegurados, un cálculo erróneo de la percepción del Impuesto a las Ganancias y su requerimiento fuera del período anual en el que se produjo el hecho imponible. Explica que los impuestos internos (IVA adicional y anticipo de Impuesto a las Ganancias) resultan improcedentes. Asimismo, cuestiona la liquidación efectuada en dólares estadounidenses. En igual sentido, objeta la tasa de interés del art. 794 del C.A. Finalmente, formula reserva de Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada.
III. Contestación de los traslados: A fs. 70/79 se presenta la representación fiscal, contesta el traslado conferido y, posteriormente, acompaña las actuaciones administrativas. En primer lugar, efectúa un relato de los hechos y formula una negativa general. Defiende la plena vigencia de la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos. Asevera que, al no haberse comprobado la reexportación de la mercadería, se configuró la infracción endilgada. Remite al informe de fs. 64 de las actuaciones administrativas y lo ratifica en su totalidad. Cita jurisprudencia. Destaca que no es procedente el cuestionamiento a la liquidación tributaria, la cual entiende que resulta acorde a derecho, así como la moneda en la que fue calculada y sus intereses. Finalmente, ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal, y solicita que se confirme el fallo aduanero, con costas.
IV. Que, en lo que aquí interesa, las actuaciones administrativas SIGEA N° 12197-20982-2007 se inician a fs. 4 con el sobre contenedor de la DIT. A fs. 6/10 se efectúa el aforo de la mercadería y a fs. 12/17 la liquidación de tributos. A fs. 18 se dispone la instrucción de sumario, 29/11/2011. A fs. 22/23 se agrega la póliza N° 885063. A fs. 30 y vta. se corre vista de lo actuado, notificada a fs. 33/34 en fechas 27/09/2016 y 26/09/2016. A fs. 35/44 y 45/61 las coactoras se presentan y contestan vista. A fs. 64 se emite la nota N° 866/16 (DV CEXA). A fs. 65/67 se incluyen constancias del Registro de Infractores. A fs. 69/71 se dicta el acto apelado, notificado a fs. 72 y 75. A fs. 76/77 la coactora importadora da cuenta del recurso interpuesto ante este Tribunal y adjunta formulario F4.
V. Que en fecha 26/08/2019 se abrió la causa a prueba. A fs. 229 se certificó la prueba producida. A fs. 230 se declaró cerrado el período probatorio y se elevaron los autos a la Sala “G” (PV-2025-70261036- APN-VOCXXI#TFN). En fecha 01/07/2025 (IF-2025-70996494-APN-VOCXXI#TFN) se pusieron para alegar y, en fecha 13/09/2025, pasaron a sentencia (IF-2025-101954043-APN-VOCXXI#TFN).
VI. Que, previo a todo, corresponde tratar la excepción de prescripción opuesta por ambas coactoras en sus respectivos escritos de apelación (fs. 12 y vta. y 35 y vta.)
Que el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción –relativo a la acción que ejerce el fisco para el cobro de los tributos- en los arts. 803 y concordantes.
Que, en tal sentido el art. 803 del C.A establece que: “Prescribe por el transcurso de CINCO (5) años la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción (art. 804 del C.A.).
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 17/09/2006 (fecha de vencimiento-prórroga-de la destinación suspensiva). Y, por ende, no está controvertido que el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción de la que se trata ha comenzado a correr el 01/01/2007 y que el mismo vencía el 31/12/2011.
Que dicho plazo, se suspende, en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a), desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó en fecha 29/11/2011 (ver fs. 18 de las act. adm.), hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 10 meses y 28 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 1 mes y 2 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 29/11/2011) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión;...”. Que el C.A. no posee disposición alguna que imponga un plazo al servicio aduanero para notificar la resolución dictada, cabe recordar que el art. 1017 del C.A. dispone que “1. Las disposiciones de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos se aplicarán supletoriamente en los procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero.”
Que, en cuanto a las notificaciones, el artículo 40 del Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos dispone que “(…) las notificaciones se diligenciarán dentro de los CINCO (5) días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas.”
Que tal como interpretó este Tribunal (Sala “F”) en el precedente ASEGURADORA DE CRÉDITOS Y GARANTÍAS S.A. c/ D.G.A s/ Recurso de Apelación” -expediente EX-2019-112544550- -APN- SGASAD#TFN “(…) la aplicación en el ámbito del procedimiento aduanero de la disposición contenida en el referido artículo 40 no afecta ni desnaturaliza las disposiciones contenidas en el régimen especial de la ley 22.415, pues con las disposiciones formales que rigen en el ámbito del procedimiento ante organismos administrativos y, en particular, en materia de notificaciones, no se consagra un inútil formalismo sacramental, sino que se busca lograr que el particular tenga conocimiento cierto del acto y quede debidamente informado de las posibilidades de defensa de sus derechos e intereses. Es decir, se procura no producir al administrado una situación de inferioridad o dificultad para el ejercicio de tales derechos (confr. Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, in re “Pindapoy S.A.I.C.”, del 18/2/1994), por lo que una sana y armónica interpretación de las normas en juego conduce a concluir que la suspensión de la prescripción a la que hace expresa referencia el artículo 805, inciso a), del CÓDIGO Aduanero, sólo opera hasta el quinto día hábil posterior a la resolución que inexcusablemente se debe notificar, reanudando su cómputo a partir de dicho instante.” Que si bien desde la fecha en la que se dispuso el auto de apertura del sumario (29/11/2011) hasta el dictado de la resolución en crisis -fechada el 29/11/2016- el plazo de prescripción se encontraba suspendido en los términos del mencionado artículo 805, inciso a) del C.A., no debe perderse de vista que dicho acto administrativo recién se notificó a las partes el día 28/08/2017 y 12/09/2017 (fs. 72 y 75 vta. de las act. adm.), cuando el curso de la prescripción había operado, puesto que el servicio aduanero contaba con cinco días hábiles para notificar la citada resolución en los términos del artículo 40 del reglamento de la Ley N° 19.549, después del dictado de la resolución apelada. Como se advierte del simple cómputo de plazos, han transcurrido más de 8 meses.
Que no resulta acorde al debido procedimiento que se habilite que el plazo prescriptivo quede suspendido “sine die”, toda vez que el servicio aduanero no notifica la resolución aduanera de forma que la normativa impone, en perjuicio de los derechos de los administrados.
Que, en relación al cómputo de los plazos prescriptivos, la Sala I de la CNCAF en autos “Fianzas y Crédito SA Compañía de Seguros (TF 92393683-A) C/ DGA S/Recurso Directo De Organismo Externo” del 26/03/2024, puntualizó que-en lo que respecta al inc. a) del art. 805 del C.A.-“…de acuerdo con la letra de la norma, la resolución del sumario pone fin a la suspensión del curso de la prescripción que se mantiene durante su trámite, sin que sea necesaria su notificación (…)”
Que, con fundamento en todo lo antes expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos.
VII. Que el temperamento a adoptar respecto a la prescripción de la acción para imponer sanciones resulta diferente, a la luz del análisis que a continuación se efectúa. Que, tal como ya se señaló con anterioridad, siendo que el vencimiento de la temporal en trato operó el 17/09/2006 (fecha de comisión de la infracción), conforme la legislación aplicable el plazo de prescripción de 5 años para imponer penas (conf. art. 934 del C.A) comenzó a correr el día 01/01/2007. Posteriormente, el plazo fue interrumpido por el dictado del auto de apertura de sumario (de fecha 29/11/2011). Es decir que el nuevo plazo quinquenal comenzó a correr a partir del día 30/11/2011, finalizando el 29/11/2016.
Que es por ello que, tal como surge del referido cómputo de plazos, al momento de la emisión del acto atacado (29/11/2016), no había operado la prescripción de la acción en cabeza del Fisco para imponer sanciones y, como consecuencia, corresponde rechazar la excepción de prescripción, sin costas, en orden al tratamiento conjunto con el fondo de la cuestión.
VIII. Que la cuestión de autos radica en determinar si se ha configurado la infracción prevista en el art. 970 del C.A. en relación a la mercadería importada temporalmente mediante la destinación antes referida. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el o los P.E.) permite acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
IX. Que mediante la DIT bajo análisis (oficializada en fecha 27/09/2004) la firma CARRARO S.A. importó temporalmente distintas mercaderías, autorizada por el régimen del Decreto N° 1439/96. Que a fs. 64, la División Control Ex Ante (Nota N° 866/16 – DV CEXA) concluyó que “…habiendo analizado la documentación obrante en autos y conforme a la normativa vigente, la DIT 04001IT14006933H se encontraría en infracción por 210.787,00 unidades de la mercadería importada, toda vez que la firma no aporta documentación que acredite debidamente la reexportación de las mismas atento que no presenta hoja de descarga en cada permiso de embarque, los cuales tampoco se encuentran asociados en SIM, de forma tal que no puede asumirse que lo declarado por la actuante es lo que efectivamente se descargue de cada ítem. Asimismo es dable aclarar que no habrían sido consideradas las descargas asociadas en SIM correspondientes al item 2 y al item 6 de los PE 05001EC03004433B y PE 05001EC03006090C; item 12 subitem 2 de los PE 05001EC03004438G, PE 05001EC03005251A y PE 05001EC03005253C; item 13 - subitem 6 de los PE 05001EC03000040P; item 13, subitem 10 de los PE 05001EC03005564H, PE 05001EC03005567K, toda vez que no se declara el CTC utilizado, imposibilitando de esta manera el correcto cruce de la documentación.”
Que analizada por esta instancia las copias acompañadas por la actora en sede administrativa, cabe confirmar lo expuesto por el área interviniente a fs. 64, ya que las planillas anexas como hojas de descarga no forman parte de la destinación.
Ello sumado a la circunstancia de que no existen agregadas a la causa impresiones de pantalla del sistema informático en ninguno de los casos de las destinaciones incluidas.
Que, como ya se manifestó con anterioridad, máxime teniendo en cuenta que se trata de un régimen especial, no cualquier documentación resulta apta para acreditar la descarga, debe ser la documentación aduanera pertinente.
Que esta circunstancia no se traduce en un excesivo rigor formal, ya que, como ya se hizo notar con anterioridad, la documental aportada en copia simple en el estado en el que fue acompañada no tiene virtualidad para acreditar la descarga.
Que, es por lo expuesto, que no cabe más que confirmar la sanción aplicada por el servicio aduanero.
X. Que, sin perjuicio de ello, corresponde referirme a la multa impuesta, que según se desprende de la resolución apelada, a los fines de determinar el quantum, se tuvieron en cuenta las impresiones de pantalla del Registro General de Infractores obrantes a fs. 65/67 de las actuaciones administrativas, de la que resultarían antecedentes infraccionales (razón por la cual se graduó la pena en 2 veces). Al respecto cabe destacar que, según resulta de las referidas constancias, las resoluciones con condena por infracciones han quedado firmes en el año 2013, es decir, con posterioridad a la comisión de la infracción de autos.
En tal situación, no puede afirmarse que se configure la situación de reincidencia a que alude el art. 927 del Código Aduanero, que considera que se es reincidente cuando con posterioridad a una condena firme, cometa una nueva infracción o delito aduanero. Aunque el art. 915 del Código Aduanero, solo requiere tener en cuenta entre otros aspectos a los antecedentes del imputado, sin mencionar de manera específica a la “reincidencia” como concepto técnico, estimo que las situaciones expresadas en el párrafo anterior pueden ser tenidas también cuenta como un mero antecedente, aunque sin poder equipararse en su evaluación, que no reviste la misma importancia, al supuesto de “reincidencia”.
Al respecto debe recordarse que la Corte Suprema ha dicho que “…son aplicables a las infracciones aduaneras las disposiciones generales del Código Penal, conforme a las cuales sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos’ 290:202, 5º considerando y sus citas)” (“SAFRAR Sociedad Anónima Franco Argentina de Automotores”, del 27/12/88, Fallos, 311:2779).
Por ello, la graduación de la sanción debe ser ponderada en consonancia con el conjunto de circunstancias que, en la convicción del intérprete -juez administrativo, permitan encontrarla configurada y en los antecedentes computables que puedan endilgársele al infractor.
En consecuencia, la multa debe fijarse en el mínimo, en los términos de la liquidación de fs. 29 de las actuaciones administrativas, en $ 141.281, 39.
Que, por las razones esgrimidas, es que corresponde confirmar parcialmente el art. 1° del acto apelado. Por todo lo expuesto, VOTO por:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-20982-2007 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante la DIT N° 04001IT14006933H. Costas a cargo del Fisco.
2).- RECHAZAR el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, en relación a la DIT N° 04001IT14006933H. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 5885/2016 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 29/11/2016. Costas a cargo de la coactora importadora.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa, sobre el cual versa la controversia, se encuentran adecuadamente reseñados en los Considerandos I a IV del voto del Dr Segura, a los que me remito por motivos de brevedad.
II. En tal marco fáctico es pertinente considerar en primer término si el acto administrativo cuestionado fue dictado en tiempo oportuno.
A ese respecto, cabe adelantar que, sin perjuicio de la postura mantenida en los casos EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/DGA s/recurso de apelación”; EX-2019-70389086-APN- SGASAD#TFN “ASEGURADO-RES DE CAUCIONES S.A. CIA. DE SEGUROS c/ DGA s/recurso de apelación” y EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/DGA s/recurso de apelación”, respecto de la necesidad de notificar el acto de apertura sumarial para que opere la suspensión o interrupción del plazo de la prescripción, debo señalar que, en la especie, el procedimiento administrativo se ha llevado a cabo en manifiesta violación de la regla por la cual se exige a la administración la sustanciación de los procedimientos en tiempo diligente. En efecto, del análisis de las actuaciones administrativas, se advierte que el auto de apertura del sumario fue dictado el 29/11/2011, mientras que el auto que ordena la corrida de vista, de fecha 12/09/2016, fue notificado a la importadora el 27/09/2016 (fs. 33) y a la aseguradora el 26/09/2016 (fs. 34). En las citadas condiciones, no existe posibilidad alguna para explicar los más de 10 años que mediaron entre el vencimiento de la destinación temporaria objeto de la presente investigación (17/09/2006) y la notificación de la corrida de vista operada el 26 y 27 de septiembre de 2016.
De igual modo, resulta injustificable la demora de 4 años, 9 meses y 29 días entre el auto de apertura del sumario, dictado el 29/11/2011 (fs. 18), y las notificaciones efectuadas a la importadora el 27/09/2016 (fs. 33) y a la aseguradora el 26/09/2016 (fs. 34), sin que en las actuaciones obren constancias que permitan justificar tal dilación ni la excesiva prolongación del trámite.
Asimismo, cabe señalar que la Resolución N.º 5885/2016, dictada el 29/11/2016, objeto de la presente apelación, fue notificada recién a la importadora el 28/08/2017 (fs. 72) y a la aseguradora el 12/09/2017 (fs. 75), es decir, casi 9 meses desde su emisión, circunstancia que evidencia, una vez más, la indebida extensión temporal del procedimiento.
III. A tenor de esas circunstancias, se impone señalar, que el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional, disposición que otorga jerarquía constitucional a diversos instrumentos internacionales vinculados con la protección de los derechos humanos, obliga a tener en cuenta que el art. 8, inc. 1°, del Pacto de San José de Costa Rica, referente a las garantías judiciales, prescribe no solo el derecho a ser oído, sino también el de ejercer tal derecho con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. A su vez, el art. 25 del mismo tratado internacional, al consagrar la protección judicial, asegura la tutela judicial efectiva contra cualquier acto que viole los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional, la ley o la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, aun cuando tal incumplimiento sea cometido por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
Por ende, considero importante remarcar que el derecho a ser notificado de un pronunciamiento judicial, sin dilaciones injustificadas, se manifiesta como un corolario del derecho de defensa en juicio consagrado en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que todos los órganos del Estado que ejerzan funciones jurisdiccionales deben respetar estas garantías judiciales, en todas las instancias del proceso (Corte IDH, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia del 31 de enero de 2001, párr. 69; caso Baena, Ricardo y otros vs. Panamá, sentencia del 2 de febrero de 2001; y Garantías judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9, párr. 27). En efecto, la exigencia de la notificación en un plazo razonable se incorpora como un objetivo de la administración, de forma tal que la eficiencia y la eficacia se logren si los tiempos que insumen resultan ser proporcionados.
Ahora bien, el referido análisis debe considerar las recientes reformas incorporadas por la ley N° 27.742 de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (B.O. 08/07/2024) (en adelante, ley “Bases”) a la Ley N° 19.549 de Procedimientos Administrativos (L.P.A.); y, particularmente, las incorporaciones realizadas al crear el art. 1° bis, mediante el cual se establecen los principios fundamentales del procedimiento administrativo, entre los cuales se destacan la juridicidad, razonabilidad y, crucialmente, el derecho a un plazo razonable. Este derecho implica que los procedimientos administrativos deben tramitarse y concluir en un tiempo adecuado, garantizando así una tutela administrativa efectiva. Es así que, la obligación de la Administración de dictar resoluciones y notificarlas a los administrados se refuerza en este contexto, en el que se resalta o subraya que la inacción o la dilación en los plazos administrativos puede vulnerar derechos fundamentales.
Por lo tanto, el exceso en la demora de la notificación previamente señalada no sólo contraviene el principio de razonabilidad, sino que también podría interpretarse como una violación del derecho a la tutela administrativa efectiva. La ley “Bases” no sólo refuerza la necesidad de plazos razonables y la notificación oportuna, sino que también proporciona un marco jurídico que sostiene la exigencia de un procedimiento administrativo ágil y efectivo. En este sentido, entiendo que este Tribunal tiene el deber de asegurar que estos principios se respeten, garantizando así los derechos de los contribuyentes frente a la maquinaria administrativa.
En esas condiciones, encuentro que las particulares circunstancias de la causa llevan a declarar la invalidez del procedimiento sustanciado en estos actuados por no haberse observado pautas temporales razonables. En virtud de lo expuesto, VOTO POR:
1).- Revocar la Resolución N.º 5885/16 dictada en la Actuación N.º 12197-20982-2007, con relación al D.I.T. N.º 04 001 IT14 006933 H.
2).- Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Segura.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1).- DECLARAR PRESCRIPTA la acción del Fisco para perseguir el cobro de los tributos en relación al sumario que tramitara mediante SIGEA N° 12197-20982-2007 e iniciado por la presunta infracción del art. 970 del C.A. en referencia a la operación documentada mediante la DIT N° 04001IT14006933H. Costas a cargo del Fisco.
2).- RECHAZAR el planteo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas, en relación a la DIT N° 04001IT14006933H. Sin costas, atento al tratamiento conjunto con el fondo.
3).- CONFIRMAR PARCIALMENTE el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 5885/2016 dictada por el Jefe de Departamento Procedimientos Legales Aduaneros en fecha 29/11/2016. Costas a cargo de la coactora importadora.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese. Date: 2025.10.20 18:36:30 ART Date: 2025.10.20 18:39:51 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.21 12:22:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.21 12:23:21 -03:00
Fin de la sentencia