Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-1.832/11-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación impetrado a fs. 1143/1172, por la parte actora, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada a fs. 1132/1140 vta., por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por quebrantamiento de formas sustanciales, debiendo reenviarse la presente causa a la misma, para que con nuevos jueces hábiles dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda, con costas a la demandada.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-1.832/11-TSJ Sentencia N°: 575 Actor: CARRIZO DANIEL ALBERTO Demandado: CONINSA S.A Objeto: LABORAL Fecha: 18-06-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 575.-
FOLIO Nº 3.274/3.278.-
PROT. ELECT. TSS1 014 S.141
Río Gallegos, 18 de junio de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “CARRIZO, DANIEL ALBERTO C/ CONINSA S.A. S/ LABORAL”, Expte. Nº C-10.533/06 (C-1.832/11-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia y;
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, como consecuencia del recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 1143/1172, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 1132/1140 vta., con fundamento en la causal de violación de la ley y arbitrariedad.-
Sostiene la recurrente que la Excma. Cámara de Apelaciones “…ha incurrido en violación de la Ley al dictar su pronunciamiento, y ello hace procedente el recurso de casación… con arreglo al art. 3º inc. a, Sección 6º, Capítulo IV – Recurso ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia (Conf. Art. 5º Ley 1687)…” (confr. fs. 1145 vta.) y que, además, el fallo atacado “…no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias verificadas en la causa, lo que lo hace pasible… de ser tachado de arbitrario y por ende descalificable como acto jurisdiccional…” (confr. fs. 1145 vta./1146). Señala que la cuestión central en torno a la que gira la litis se basa en determinar si corresponde acceder a la pretensión de reconocimiento de diferencias salariales reclamadas por el actor, y si el despido indirecto que supuestamente sufrió el actor lo ha sido con justa causa como base para admitir las indemnizaciones solicitadas (confr. fs. 1146).
Afirma el actor que erróneamente la Cámara tiene por acreditado que hubo un acuerdo de partes en cuanto a su remuneración, sin considerar que expresó su disconformidad con ella mediante reiterados reclamos verbales, omitiendo rubricar los recibos de haberes, e intimando al pago de las diferencias salariales (confr. fs. 1146vta.). Entiende que la Cámara viola el art. 114 de la LCT al omitir analizar las facultades que tiene el juez para determinar la cuantía de la remuneración, para lo cual dice que se debe atender a la importancia de los servicios, al esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos (confr. fs. 1147). Explica que no existe prueba alguna que autorice a presumir la existencia de un acuerdo de partes respecto del salario, habiéndose eximido, dice, en la sentencia en crisis a la empleadora de acreditar dicho acuerdo y afirmando que el silencio del actor resulta suficiente para su acreditación (confr. fs. 1148vta.).
Cita jurisprudencia. Seguidamente se agravia de que la solución expresada por la Cámara “...se traduce en obligar al dependiente simple y sencillamente a buscar otro trabajo sino le gustan las condiciones del empleo que tiene...” (confr. fs. 1150). Estima aplicable el principio de primacía de la realidad, citando jurisprudencia y doctrina en tal sentido. Expresa además que “…La arbitrariedad del acto jurisdiccional atacado surge entonces diáfana y manifiesta, por adolecer el mismo de toda fundamentación fáctico jurídica…” (confr. fs. 1171 vta.). Hace reserva de caso federal.- Que, a fs. 1174 y vta. la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso impetrado y a fs. 1184 y vta. este Tribunal lo declara bien concedido.
A fs. 1187/1200, la parte demandada hace uso del derecho conferido en el artículo 8º de la ley 1687, solicitando el rechazo del recurso articulado por su contraria. Ratifica reserva del caso federal.-
A fs. 1202/1203, toma intervención el señor Agente Fiscal ante este Tribunal Superior de Justicia, a los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 8° de la ley 1687 y artículo 2º inciso a) de la ley Uno (t.o. Ley 2404).-
En su dictamen, el señor Agente Fiscal afirma que en la sentencia impugnada “…se incurrido (sic) en franca Violación de la Ley y Quebrantamiento de forma tal como lo preven (sic) los Arts. 2 y 3 inc. a) Ley Provincial Nº 1687 como condiciones de viabilidad de tal canal recursivo, siendo opinión de ésta Fiscalía que el Recurso de Casación interpuesto por la actora es procedente…” (confr. fs. 1203). Arriba a esa conclusión el Señor Agente Fiscal, luego de considerar que “…la circunstancia que el actor haya omitido formular reclamo alguno durante el transcurso del vínculo laboral en nada autoriza al patrón a presumir el mentado “acuerdo” por aplicabilidad del principio de irrenunciabilidad (Art. 12 L.C.T.)… Por lo expuesto, ante la inexistencia de acuerdo entre partes, resulta aplicable el Art. 114 de la L.C.T. y siempre ello bajo el entendimiento de la norma más favorable al trabajador…” (confr. fs. 1202 vta./1203).- A fs. 1204, se decretó el llamado de autos para dictar sentencia.-
II. Que, es preciso advertir que el recurso de casación interpuesto, si bien hace mención al carril impugnativo establecido en el artículo 3 inciso a) de la ley 1687 -Violación de la Ley o Doctrina Legal-, se encarga de destacar que el fallo atacado “…no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias verificadas en la causa, lo que lo hace? descalificable como acto jurisdiccional…” (confr. fs. 1145 vta./1146), lo cual nos impone el análisis a la luz del artículo 2 de la ley 1687 -Quebrantamiento de Forma-, como así también del planteo de arbitrariedad referido por el recurrente a fs. 1146 de autos, conforme lo sostenido por este Tribunal en las sentencias inscriptas al Tomo XII, Sentencia Reg. 426, Folio 2328/2332; Tomo XVI, Sentencia, Reg. 539, Folio 3036/3039, entre otros.- Es así entonces, que deben confrontarse las críticas ya enunciadas al fallo en crisis con los antecedentes que hubieron de fijarse en la sentencia de primera instancia. A fs. 1018/1030, el Señor Juez de Primera Instancia, considera que en el caso de autos corresponde la aplicación del artículo 114 de la ley 20744 (confr. fs. 1027, primer párrafo); y en ese marco, advierte la existencia de diferencias salariales a favor del actor, tiene por configurado el despido indirecto y recepta los rubros pretendidos en el escrito inicial. Arriba a esa conclusión, luego de un pormenorizado análisis de la prueba producida en autos.-
La Excma. Cámara de Apelaciones, a su turno, revoca dicho pronunciamiento y se inclina por el rechazo de la demanda. Para así decidir, afirma que de la prueba documental aportada en autos surge la existencia de un acuerdo salarial entre las partes, y que el reclamo del actor obedece a un desajuste de sus necesidades económicas, razón por la que se considera improcedente la determinación del salario en los términos del artículo 114 LCT, y sugiere que el accionante puede alcanzar el mejoramiento de su remuneración incorporándose a otra empresa (confr. fs. 1135 vta.). Se sostiene asimismo, que resulta improcedente la exigencia del Juez de Grado relativa a la acreditación del acuerdo, habida cuenta que los hechos son harto elocuentes respecto de la existencia del mismo. (confr. fs. 1138 vta.).-
III. La pretensión recursiva, se dirige a cuestionar la actividad de juzgamiento de la Cámara, en su tarea de subsunción de los hechos y en la correcta interpretación y aplicación del artículo 114 de la Ley 20744 de Contrato de Trabajo, donde se propone una revisión de la valoración de la prueba y de los hechos. A su respecto, es conteste la doctrina al decir, que los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem (confr. HITTERS, ob. cit., pág. 382).- Por nuestra parte, tenemos dicho que las cuestiones de hecho y prueba se encuentran reservadas a los jueces de grado y resultan ajenas a la instancia extraordinaria, y sólo son susceptibles de ser revisadas en caso de quebrantamiento de normas legales que regulan su producción, o que la apreciación se haya efectuado en forma absurda (confr. Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1071, Folio 1334/1339; Tomo VIII, Sentencia, Reg. 259, Folio 1412/1420; entre otros).-
Es propicia la ocasión para recordar que el absurdo hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo. Es necesario, en cambio, que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (confr. SCBA, 03/09/2008, “Vivas, José A. v.
Oreans S.A”, cita on line: Lexis Nº 70055333; ídem, TSJ Santa Cruz, Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2644, Folio 3980/3984; Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394). De modo tal, que es requisito para su admisión la demostración del compuesto de arbitrariedad, debiendo relacionarse el fallo con respecto a la prueba colectada y la aplicación del derecho correspondiente, debiendo surgir de tal operación que la sentencia se aparta de la relación fáctica objeto de la litis, ya sea en cuanto a la subsunción de los hechos o bien en la resolución del caso con total y absoluta prescindencia de la normativa que a esos mismos hechos debió aplicar y no lo hizo (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 1078, Folio 1354/1361).- En efecto, siguiendo las explicaciones que brinda Hitters sobre el tema, es dable señalar que el error fáctico aparece cuando se advierte una discordancia entre la verdad histórica y la reconstrucción contenida en el fallo los magistrados de la casación no tienen obligación de respetar los hechos concebidos por los jueces de grado cuando se prohíbe su prueba, se los desplaza de su campo propio dejándolos sin gravitación o cuando en la valoración de la probanza, se los deja sin sentido por un error de apreciación. Es evidente entonces que si bien el Alto Tribunal no está -en principio- facultado para rever las circunstancias fácticas admitidas por el a quo, puede y debe verificar -en caso de estimulación recursiva- si los hechos descriptos autorizan la aplicación del derecho en que se funda el decisorio (confr.
HITTERS, ob. cit., págs. 393/394).- También señala Hitters, que “?etimológicamente, errare significa una anomalía del juicio. La verdad y el error -como dice Carnelutti-, son dos conceptos antitéticos, y expresan la falta de adecuación, o no, del juicio a la situación real, es decir ‘reflejan la completa o incompleta toma de posición de la realidad por parte del entendimiento’. Desde la vertiente de la impugnación de las decisiones judiciales -y por extensión- se denomina “error” no solamente al defecto del juicio, sino también al desvío del acto sentencial; es decir no únicamente a la circunstancia de decidir en contra de la verdad, sino a la de actuar contra la justicia; ésta es la acepción que nos interesa, y en ese sentido se la utiliza cuando se habla de error in iudicando o in procedendo, es decir como vicio de una sentencia?” (confr.
HITTERS, ob. cit., pág. 216).- En tal sentido, recuérdese que este Tribunal ha optado por la procedencia de este recurso cuando, como en este caso, la sentencia impugnada carece de los requisitos que la sustenten como acto jurisdiccional y de ello pueda derivarse una violación a derechos o garantías constitucionales (confr. Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408; Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859; Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238). Si bien la materia recursiva que nos convoca, se remite “prima facie” a cuestiones de hecho y prueba ajenas, en principio a la instancia extraordinaria, corresponde hacer excepción a dicha pauta general al haberse cuestionado la norma de aplicación en base a principios constitucionales y el Tribunal de Segunda Instancia ha omitido -siquiera mínimamente- ponderarlos.
De allí que el fallo atacado no cumple acabadamente con la premisa de ser una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa.- A mayor abundamiento, es propicio destacar que la arbitrariedad de una sentencia se consuma en donde reina el absurdo, lo ilógico. Tenemos así, que la decisión asumida por la Excma. Cámara de Apelaciones resulta arbitraria en la medida que se aparta del régimen protectorio que impera en el campo del derecho del trabajo, al sostener que resulta un despropósito pretender que “…todo conflicto por aumento de remuneración entre empresas y personal fuera de convenio debería ser resuelto por los jueces por aplicación…” del artículo 114 LCT (confr. fs. 1138 vta.).-
De modo que resulta un absurdo sostener que la solución debió alcanzarla el propio trabajador incorporándose a otra empresa “…que remunerara de mejor manera a su personal jerárquico…” (confr. fs. 1135 vta.). También escapa a toda lógica, afirmar que el accionante “…debió buscar otros horizontes pero no forzar la aplicación de una norma cuyos supuestos fácticos de procedencia no se encontraban reunidos…” (confr. fs. cit.). En igual sentido, puede señalarse que es arbitrario afirmar que “…no puede sostenerse que no hubo un acuerdo anterior sobre lo percibido, sino que se estaba en negociación, tratativas o reclamo para subirlo. Por ello asiste razón en el agravio contra la resolución del magistrado que le exige la “acreditación de ese acuerdo”, toda vez que los hechos demuestran que existía un acuerdo de voluntades en aceptar esa remuneración y prestar los servicios… Desde el momento que se presta el servicio y se percibe la remuneración es que existe acuerdo…” (confr. fs. 1138 vta.). En rigor, existe un campo muy amplio entre los elementos que forman la voluntad de un sujeto para celebrar un acuerdo y la mera circunstancia de aceptar el pago de la remuneración que el empleador hace efectiva. De cualquier manera, se ha perdido de vista el régimen protectorio que impera en materia de derecho del trabajo. Hemos sostenido en otras oportunidades, que la entidad histórico-social del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, reconocida por nuestra Constitución Federal, le otorga el carácter de normas de Orden Público, en puridad, normas de Orden Público Laboral, constituyendo un mínimo de protección imposible de menoscabar sin vituperar sus cimientos tuitivos. De tal principio protectorio, que constituye el epítome del Derecho del Trabajo, emergen sus reglas tuitivas como el in dubio pro operario, deber de seguridad, primacía de la realidad, etc. (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 465, Folio 2526/2531, 21/04/09).-
IV. Analizando la sentencia objeto del recurso de casación, en orden a su estructura formal, congruencia y fundamentación (confr. arts. 34 -inc. 4º-, 164 y 165 del CPC y C y art. 2 de la ley 1687), cabe señalar que se advierte en forma decisiva que la misma adolece de vicios substanciales que la descalifican como acto jurisdiccional, ya que debe ser condición de validez de los fallos judiciales que sean fundados y constituyan derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas en la causa (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo I, Sentencia, Reg. 10, Folio 42/45, entre otros).-
Se ha dicho que la motivación parece comprobar, per tabulas, la naturaleza esencialmente lógica de la sentencia y que el silogismo judicial, más que en las construcciones de los teóricos, vive en la realidad judicial, en virtud de que la misma ley exige que toda sentencia sea acompañada de esa especie de radiografía lógica que hace aparecer por transparencia el esqueleto racional. Couture ha sostenido, que “?La motivación del fallo constituye un deber administrativo del magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Una sentencia sin motivación priva a las partes del más elemental de sus poderes de fiscalización sobre los procesos reflexivos del magistrado…” (confr. COUTURE, Eduardo J., “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, 3ª edic., Ed. Depalma, Bs. As., 1990, pág. 286).- De tal modo, la decisión que va a ser dada en estos actuados por este Alto Cuerpo trata, en definitiva, del debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran irremediablemente las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica. Esto es, comprobada la falta de tratamiento, de fundamentación o la fundamentación aparente, el acto sentencial no existe como acto procesal válido y, consecuentemente, quebranta las formas estatuidas ritualmente para su conformación.- Es que sin perjuicio de reiterar que constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias el análisis de los hechos y las pruebas de las cuestiones que les son acercadas, siendo esta tarea detraída -en principio- de la revisión mediante el recurso de casación, tal presupuesto se impone en tanto y en cuanto quede plasmado en el fallo el itinerario lógico seguido por los sentenciantes, de manera de permitir reconstruirlo al momento de atender los agravios formulados.-
Esta exigencia se encuentra ausente en la sentencia impugnada desde que tiene por acreditada “?la existencia de un acuerdo salarial establecido entre las partes y respetado durante la larga vigencia de la relación laboral del que se aportara clara prueba en autos con la nutrida documental que agregaran ambas?” (confr. fs. 1135 vta.), no expresando en ningún momento cuáles son los elementos probatorios en los que se funda para arribar a esta conclusión. Es decir no especifica en razón de qué documento agregado en autos entiende por acreditada la existencia de un acuerdo salarial que, según su entender, excluiría la aplicación del artículo 114 de la LCT. Esta cuestión resulta esencial ya que es el fundamento por el cual la Cámara revoca la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda.
Por su parte, el Dr. Monelos en su voto, entiende que “?hubo un acuerdo de partes sobre la remuneración que percibía el actor pero existía una pretensión del actor de percibir una suma mayor y negativa de la empleadora a conceder este aumento? los hechos demuestran que existía un acuerdo de voluntades en aceptar esa remuneración y prestar los servicios?” (confr. 1138 vta.). Esta afirmación resulta a todas luces contradictoria y arbitraria, ya que no se comprende cómo puede afirmarse que existe acuerdo de voluntades en aceptar la remuneración y al mismo tiempo señalar que existía una pretensión del actor de percibir una suma mayor.- La Corte Bonaerense ha sostenido que “Procede la anulación del fallo recurrido por vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si no suministra los presupuestos necesarios para resolver el tema litigioso ni expone conclusiones claras sobre cuestiones esenciales al extremo de impedir el conocimiento cabal de su legalidad” (confr. sum.
JUBA, SCBA, L 73585 S, 16-5-2001, “Arruti Teodosio N. c/ Bruno Bianchi S.A. s/ Despido y Diferencias salariales”) por ello debe anularse de oficio el pronunciamiento que no proporciona los presupuestos fácticos indispensables ni conclusiones certeras para la solución integral del juicio impidiendo al Tribunal el ejercicio de su potestad revisora.- A mayor abundamiento, puede mencionarse que la propia Corte Federal ha señalado que la sentencia que se basa tan sólo en fundamentos aparentes, no constituyen derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias comprobadas de la causa, y al haber omitido el tratamiento de los extremos conducentes para la solución de las cuestiones propuestas, la hacen descalificables como acto jurisdiccional válido, y corresponde dejarla sin efecto (CSJN, 02/04/998, “B.W.E”, LL 1998-C-, 783-DJ 1998-3, 309, AR/JUR/1109/1998).-
En estas condiciones, esta carencia imposibilita a este Tribunal el conocimiento acabado de los recursos extraordinarios de casación por violación de la ley, estando obligados a encauzar el planteo recursivo a través del carril previsto en el artículo 2 de la ley 1687 -Quebrantamiento de Forma-, declarando la nulidad del fallo, atenta la falencia de fundamentación que ostenta la sentencia en crisis, al no dar razón lógica alguna para sustentar la decisión adoptada.-
En efecto, se advierte un análisis parcial e inexacto de las constancias de la causa, existiendo un déficit en la evaluación de las pruebas, al desatender constancias fundamentales del expediente. El ad quem debió hacer mérito de la totalidad de la prueba rendida en autos, y no tomar aisladamente ciertos elementos obrantes en la causa, desatendiéndose de otros sin dar razones plausibles para ello. Como ha quedado demostrado a la luz de los hechos reseñados puede concluirse que el razonamiento de la Alzada no encuentra sustento firme en las constancias arrimadas a la causa, habiendo efectuado una valoración parcial, fraccionada y por ende inadecuada de la prueba aportada. La sentencia de la Cámara ha prescindido en el juzgamiento de elementos decisivos probatorios alejándose de toda posibilidad de llegar a la verdad material careciendo de un desarrollo lógico y de una relación directa con las circunstancias y elementos concretos del caso que permitan afirmar la solución jurídica contenida en el fallo. Se advierte en la estructura de la sentencia en crisis fisuras en orden al absurdo y arbitrariedad, porque con el desentendimiento denunciado prescinde de elementos decisivos, mutila las circunstancias probatorias incorporadas evitando valorarlas íntegra y racionalmente y omite confrontarlas con los demás elementos de juicio y someterlas al control que aconseja la lógica.-
V. En atención a las premisas expuestas, y en cuanto atañe al estudio los argumentos expuestos en el recurso impetrado, debe concluirse que el mismo debe prosperar por la vía ut supra detallada. Es que a más de lo que la lógica nos indica, no podemos conformar que se distraigan las reglas de orden público que precisamente determinan las obligaciones que reposan en cabeza de los jueces por expresa decisión del legislador.-
VI. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 1143/1172 y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia por quebrantamiento de formas sustanciales, disponiéndose el reenvío de la causa a la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para que, con nuevos jueces hábiles, se dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda (art. 14, 2do. párrafo de ley 1687 -Recurso de Casación-). Las costas deberán imponerse a la parte demandada, en virtud del principio de la derrota (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial).-
Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 2; 13 y 14, segunda parte, de la ley 1687 -Recurso de Casación-, y artículos 34, inciso 4; 164, inciso 6 y 165 primer párrafo del CPC y C, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación impetrado a fs. 1143/1172, por la parte actora, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada a fs. 1132/1140 vta., por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por quebrantamiento de formas sustanciales, debiendo reenviarse la presente causa a la misma, para que con nuevos jueces hábiles dicte pronunciamiento conforme a derecho y según corresponda, con costas a la demandada.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, ley Nº Uno, t.o. ley 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014S.141 Tomo: XVII Sentencia: 575.-
Folio N°: 3.274/3.278.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia