Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2609/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE967770-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1550613-2024.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2609/24-TSJ Interlocutorio N°: 3848 Actor: CARRIZO GABRIELA PAULA Demandada: ASOCIACIÓN ATLÉTICO BOXING CLUB Objeto: LABORAL Fecha: 18-12-2024 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3848 FOLIO Nº 7056/7058 PROT. ELECT. TSS1 062 I.241
Río Gallegos, 18 de diciembre de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “CARRIZO GABRIELA PAULA c/ ASOCIACIÓN ATLÉTICO BOXING CLUB s/ LABORAL”, Expte. Nº C-20.235/19 (C-2609/24-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte demandada, Asociación Boxing Club, por intermedio de su Presidente, Sr. Leonardo Mata, con el patrocinio letrado del Dr. Matías Ezequiel Solano (cfr. PE967770-2023), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial. Este decisorio rechazó el recurso de apelación incoado por la demandada contra la sentencia de Primera Instancia, imponiendo las costas de la Segunda Instancia a la apelante (cfr. PE944063-2023).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había hecho lugar a la demanda incoada por la Sra. Gabriela Paula Carrizo y, en consecuencia, había condenado a la demandada al pago de los rubros indemnizatorios por despido indirecto, diferencias salariales y multas, según el siguiente detalle: a) indemnización por antigüedad (art. 245 LCT); b) indemnización por preaviso (art. 232 LCT); c) indemnización integrativa del mes de despido (art. 233 LCT); d) SAC s/ preaviso: e) SAC sobre integración; f) vacaciones proporcionales; g) SAC s/vacaciones; h) SAC proporcional año 2018; i) SAC años 2016 y 2017; j) haberes de los meses de junio, julio y agosto de 2018; k) diferencias salariales; l) multa artículo 8º de la Ley Nº 24.013; ll) multa artículo 15 de la Ley Nº 24.013; m) multa artículo 80 de la LCT; y n) agravamiento del artículo 2º de la Ley Nº 25.323; más intereses y con costas a la demandada (cfr. PE112536-2021).-
II. La casacionista plantea que interpone su recurso por violación de la ley y vicios in procedendo que afectan al fallo: “…por no haberse observado la ley sustantiva (conf. art. 3 inc. a de la Sección 6, Parágrafo 1 del CPCC).” (cfr. PE967770-2023, pág. 2).-
También sostiene que la sentencia resulta arbitraria y contradictoria (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende que se han violado los artículos 165 del CPCyC -ello por cuanto la sentencia no aplica el derecho según corresponde, entre otros defectos- y 23 y cctes. de la Ley Nº 20.744 (cfr. PE cit., pág. 3).-
Afirma que: “...el fallo impugnado adolece de serias falencias formales, en tanto, por una parte sustenta el rechazo de la apelación incoada en la supuesta falta de fundamentación, afirmando que el memorial 'dista de ser una crítica concreta y razonada del fallo en crisis'; y en segundo término afirma que los precedentes de la misma Excma. Cámara apuntan a dar razón a la actora de autos.” (cfr. PE y pág. cits.).- Advera que la sentencia de la Cámara confirma el fallo de Primera Instancia sobre la base de pocos argumentos de la actora, haciendo un análisis superfluo de los agravios, violando de lleno los derechos del doble conforme y la defensa en juicio (cfr. PE y pág. cits.).-
Dice que la Alzada omite ingresar en el análisis pormenorizado de los elementos de prueba agregados a la causa y que dan sustento al recurso de apelación, y los que, a su vez, tampoco fueron analizados y ponderados por el sentenciante de Primera Instancia; violándose en ambas instancias sus derechos (cfr. PE y pág. cits.).-
Señala que: “... el fallo viola la igualdad ante la ley y el debido proceso legal, avanzando sin razón legal alguna sobre el marco de regulación de la ley de fondo, desoyendo mandatos constitucionales en tanto confirma un fallo de primera instancia que se asienta en una falacia; (sic) La falacia de que la locación de servicios sea considerada relación de dependencia en los términos de la LCT, sólo por el hecho de que la actora utilizaba los materiales y el espacio físico de esta entidad, sin reparar que, para que una relación pueda considerarse laboral se deben dar la subordinación económica, técnica y jurídica.” (cfr. PE y pág. cits.).- Sigue diciendo que no se encuentra acreditado ninguno de estos extremos. Agrega que la docente desarrollaba sus actividades conforme el conocimiento de su profesión, organizaba sus horarios, participaba en las ganancias obtenidas y no cobraba un sueldo. Aclara que no existía subordinación, sino un contrato de locación (cfr. PE y pág. cits.).-
Argumenta que el fallo impugnado asienta su razonamiento sobre la base de considerar ciertas las aseveraciones de la actora sin prueba alguna obrante en autos, avanzando sobre la ley respecto del alcance de la presunción del artículo 23 de la LCT (cfr. PE cit., pág. 4).-
Califica al resolutorio de injusto por tergiversar la plataforma fáctica sobre la que se desarrollaba el vínculo entre las partes (cfr. PE y pág. cits.).-
Observa que la asunción de riesgos por parte de la actora desactiva la presunción del artículo 23 de la LCT, dado que deja a las claras la falta de subordinación económica (cfr. PE cit., pág. 5).-
Concluye su argumentación, expresando que, a pesar de que la ley consagra una presunción favorable a la actora, ella no exonera al juzgador de valorar íntegramente los elementos incorporados en autos (cfr. PE cit., pág. 6).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación en PE1550613-2024.-
III. Que en oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a fin de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.- No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888).- Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.- En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Así, se verifica que los planteos de la recurrente tienen como núcleo fundamental cuestionar la valoración de los medios probatorios efectuada por la Alzada, sobre si existió o no relación laboral entre las partes. Es decir, que remiten al examen de cuestiones de hecho y prueba; y son, por lo tanto, en principio, ajenos a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXI Reg. 3553, Folio 6135/6137); circunstancia que no se vislumbra en el caso bajo análisis.- En esta senda, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “En primer lugar es preciso resaltar que corresponde al órgano judicial de grado, como función privativa, determinar si entre las partes medió o no un contrato de trabajo conforme los elementos fácticos que en cada caso se verifiquen, y su decisión al respecto no puede revisarse en esta sede extraordinaria salvo absurdo al evaluar los hechos y pruebas de la causa (conf. SCBA, 15/7/2009, 'Guerras, Susana I. c/ Asociación Bancaria s. Despido', causa L. 86588; ídem, 11/4/2007, 'Arce, Raúl Fernando c/ Cooperativa de Provisión de Servicios y Transporte Luzsur Limitada s/ Despido', causa L. 85178). Acorde con este criterio, se ha expuesto: 'Las cuestiones referidas a la existencia de una relación laboral y al despido se encuentran excluidas de revisión a través del recurso de casación, al dirigirse a cuestionar la valoración efectuada por {}la Cámara del material fáctico de la causa, salvo que, fundadamente, se demuestre arbitrariedad, lo que no se logra si la impugnación se limita a consideraciones conceptuales, sin demostrarse, concretamente, la infracción adjudicada a la sentencia' (confr. Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Tucumán, sala laboral y contencioso administrativa, 'Saavedra, Adriana M. c. Cooperativa Agrícola Cañera Famaillá Ltda.', 23/02/2005, publicado en: LLNOA 2005 (julio), 904, cita online: AR/JUR/998/2005).” (cfr. Sentencia, Tomo XVI, Reg. 549, Folio 3103/3110).- Recordemos que la revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que 'el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento'…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).- Debemos decir también que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas de la impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
Es menester señalar, a estas alturas, que en su acto sentencial la Cámara ha dado una respuesta razonable al tema que se sometió a su decisión, sin que se vislumbre la existencia de violación de la ley o arbitrariedad.-
Así las cosas, se observa que los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre por qué no habría existido una relación laboral entre las partes; pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos XI, Reg. 1504, Folio 2103/2104 y XII, Reg. 1655, Folio 2385/2387, entre otros).- Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar la denunciada violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado, no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3745, Folio 6713/6717).- En síntesis, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
IV. Que en mérito a las consideraciones expuestas, el recurso de casación articulado en PE967770-2023 no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1550613-2024, de conformidad con lo establecido en el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE967770-2023 y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante en PE1550613-2024.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1062I.241 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3848 Folio N°: 7056/7058 Secretaría: 1
Fin de la sentencia