Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-2516/22-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los codemandados Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Ltda.” y por el Sr. Sergio Lavié Larreguy en PE441000-2022, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE420054-2022, en lo que se refiere a la extensión de condena respecto del Sr. Sergio Lavié Larreguy y a la tasa de interés aplicable.-
2Componer positivamente el litigio, rechazando la demanda promovida contra el Sr. Sergio Lavie Larreguy y disponer que se aplicará al capital de condena los intereses conforme a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
3Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-4º) Imponer las costas en el orden causado.-5º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-6º)
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-2516/22-TSJ Sentencia Nº: 741 Actor: CARRIZO JULIO CÉSAR Demandada: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS Y TRANSPORTE LA UNIÓN LTDA. Y OTROS Objeto: LABORAL Fecha: 07-11-2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 741 FOLIO Nº 4491/4500 PROT. ELECT. TSS1016S.231
Río Gallegos, 7 de noviembre de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “CARRIZO JULIO CÉSAR c/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS Y TRANSPORTE LA UNIÓN LTDA. Y OTROS s/ LABORAL”, Expte. Nº C-36.100/17 (C-2516/22-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por los demandados Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Ltda.”, en adelante “Cooperativa La Unión”, y Sergio Lavié Larreguy, por intermedio de su apoderado (cfr. PE441000-2022), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE420054-2022.-
Esta última, en lo que aquí interesa, tuvo a la demandada “Cooperativa La Unión”, por confesa respecto de los hechos concernientes a su actividad, rechazó los agravios de los demandados y el agravio del actor respecto de condenar solidariamente a Alejandra Gabriela Torres. Admitió parcialmente el agravio del actor modificando la condena que alcanzó en forma solidaria a Sergio Lavié Larreguy, y en su carácter de Presidente de la demandada “Cooperativa La Unión” y la confirmó en lo demás que fuera materia de agravios, con costas en ambas instancias a los codemandados solidarios.-
A su turno, la sentencia de Primera Instancia, había hecho lugar a la demanda promovida por Julio César Carrizo contra la Cooperativa La Unión por indemnización por despido indirecto más multas por la relación laboral que las unió; rechazando la demanda contra Sergio Lavié Larreguy y Alejandra Gabriela Torres, con costas a cargo del actor; rechazó las multas por incumplimiento de la parte demandada de las obligaciones exigidas en los artículos 80 y 132 bis de la LCT e intimó y emplazó a la Cooperativa La Unión a efectivizar la obligación legal que emana de dichos artículos.-
II. La parte recurrente afirma que la sentencia atacada ha violado la ley y la doctrina legal; y que es infundada, arbitraria, absurda, ilegal, ilegítima e inconstitucional (cfr. PE441000-2022, pág. 3).-
Afirma que la Excma. Cámara de Apelaciones tiene por confesa a la Cooperativa La Unión en atención a que el deponente, Dr. Luis María Della Rosa, no invocó ser el presidente, ni gerente, ni director de la Cooperativa al momento de la apertura del pliego (cfr. PE cit., pág. 6). Al respecto observa que en la audiencia confesional se presentó con suficiente poder para declarar como absolvente, lo cual es tenido presente por la Sra. Jueza de Primera Instancia, sin que nada dijera el actor (cfr. PE cit., págs. 6/7).-
Dice que no es cierto que a los 5'58" de la audiencia la Jueza no oyó al actor, sino que, simplemente, el actor no se expidió al respecto. Agrega que: “La parte actora solicitó la prueba confesional del representante legal de la Cooperativa La Unión, sin especificar la persona física en la cual debería realizarse la misma. La sentencia de Cámara confunde elegir un cargo con elegir una persona. En este sentido, al tratarse la Cooperativa demandada de una persona jurídica, y de acuerdo con lo normado por el art. 73 de la Ley 20.337, ‘La representación corresponde al presidente del consejo de administración. El estatuto puede, no obstante, autorizar la actuación de uno o más consejeros’. Es decir, que pueden ser varias personas.” (cfr. PE cit., pág. 7).- Destaca que el Dr. Della Rosa posee mandato de la Cooperativa para prestar todo tipo de pruebas; “…y poner y absolver posiciones…”. Añade que expresó tal circunstancia en la audiencia de prueba del 27 de diciembre de 2019, a lo que su Señoría señaló que se tuviera presente para su oportunidad, como consta en el acta de foja 228 (cfr. PE y pág. cits.).-
Expresa que la parte actora tampoco instó la prueba confesional, con lo que se puede inferir que fue desistida (cfr. PE cit., pág. 8).-
Argumenta que tener por confesa a la Cooperativa La Unión concluida la primera instancia, sin que exista posibilidad de brindarse tal probanza, es un avasallamiento absoluto de todo el ordenamiento procesal. Califica a dicha medida de arbitraria, ya que excede el marco de su jurisdicción por incluir pruebas que no fueron tenidas en cuenta, ni producidas, ni resueltas en primera instancia (cfr. PE y pág. cits.).-
Por los motivos antedichos solicita a este Tribunal Superior de Justicia que decida que no fue tenida por confesa a la Cooperativa (cfr. PE y pág. cits.).-
En cuanto a la consideración como delegado de personal del actor, expresa que para que surta efecto la garantía de la tutela sindical, el artículo 49 inciso “b” de la Ley ex 23.551 dispone que la designación debe comunicarse al empleador y que la misma se probará mediante telegramas, cartas documento u otra forma escrita. Anuda que como la nota de comunicación emitida por UTA, de supuesta fecha 26 de junio de 2015, fue desconocida por su parte, y como el actor no instó probanza a efectos de certificarla, queda en evidencia que dicha prueba no puede ser tenida en cuenta a los efectos de tener por cumplida la comunicación prevista en el artículo 49 inciso “b” de la Ley Nº 23.551 (cfr. PE y pág. cits.).- Afirma que para que se produzca la inversión de la carga de la prueba, la persona que debe probar un hecho, que por principio general no le corresponde, debe saber y estar al tanto de esa circunstancia. Este es un principio general del derecho procesal, que luego fuera correctamente receptado en el artículo 355 del CPCyC. Añade que no le correspondía a su parte probar la no notificación a la Cooperativa La Unión de la supuesta elección del actor como delegado de personal, ni la falta de correspondencia de la rúbrica inserta en la nota -por la que se le habría notificado tal circunstancia- con la del Sr. Aued (supuesto firmante); pero lo dicho -dice- no fue advertido por la Jueza de grado en ninguna audiencia (cfr. PE cit., pág. 9).- Añade que la confesión ficta decretada por la Cámara (ya cuestionada por la parte casacionista) corrobora el tener por cierta dicha “notificación”, con lo cual señala que es necesario remitirse a lo dicho respecto de la decisión de tener a la Cooperativa por confesa (cfr. PE y pág. cits.).-
Entiende que al no ser un telegrama colacionado o carta documento la nota por la cual se habría notificado la calidad de delegado de personal del actor, sino una simple misiva, le correspondía al trabajador probar la autenticidad de la misma (cfr. PE cit., pág. 10).-
Advera que no existió tutela sindical y que no se encuentra probado que se haya comunicado a la Cooperativa la designación del actor como delegado de personal. Añade que esa falta de comunicación no es suplida, como pretende sostener la Cámara, por las supuestas notas emitidas por la Unión Tranviarios Automotor - UTA -, obrantes a fs. 145/158, y supuestamente reconocidas por el testigo Juan Carlos Haro - que a la postre es miembro de la Comisión Directiva de dicho gremio, ni con la explicación realizada por el mismo acerca del proceso de designación (si tenía conocimiento, en nada restaba enviar un telegrama laboral gratuito), ni con las comunicaciones producidas al Ministerio, pues todas ellas no entraron en la esfera de conocimiento de la Cooperativa La Unión (cfr. PE cit., págs. 10/11).- Sobre esta última cuestión, concluye que, en atención de lo dicho, no correspondía la indemnización agravada ni el procedimiento de exclusión de tutela sindical (cfr. PE cit., pág. 11).-
Señala que la Cámara condena solidariamente al Sr. Sergio Lavié Larreguy en su carácter de presidente de la demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Ltda.”. Considera, que para así resolver se refiere a que advierte inaceptables irregularidades en el Libro de Informes de la Sindicatura (cfr. PE cit., págs. 11/12).-
Sobre esta cuestión, entiende que la Excma. Cámara ha confundido, al igual que la actora, una eventual situación de crisis empresaria con una construcción jurídico procesal que prescinde de la estructura de la sociedad, negando su existencia autónoma como sujeto de derecho frente a una situación jurídica particular y excepcionalísima. En relación a lo antedicho, dice que la ley responsabiliza a los socios en forma terminantemente excepcional únicamente en los supuestos de uso doloso, abusivo y desviado de la figura societaria, en las que ésta encubre situaciones ajenas al objetivo social, como lo son las hipótesis relativas a la utilización para posibilitar la afectación de la legítima hereditaria, del régimen patrimonial del matrimonio o la responsabilidad de una parte del patrimonio ajeno a la sociedad; por lo que quedan por fuera del ámbito de aplicación de la norma los incumplimientos de obligaciones legales que, aunque causen daño a terceros, no tienen su origen en el uso indebido de la personalidad (cfr. PE cit., pág. 12).- Agrega que ha dicho la jurisprudencia que la doctrina de la desestimación de la personalidad jurídica debe emplearse en forma prudente y restrictiva, ya que su aplicación requiere la insolvencia de la sociedad pues, ante la inexistencia de un perjuicio concreto a un interés público o privado, no se advierten razones que justifiquen su aplicación. Aduce que en el presente caso no se ha alegado, ni mucho menos probado, una insolvencia patrimonial de la Cooperativa La Unión (cfr. PE y pág. cits.).-
Aduce que la teoría del “disregard” puede aplicarse sólo cuando la sociedad es ficticia o fraudulenta, constituida en abuso de derecho y con el propósito de violar la ley -lo cual supone intencionalidad al momento de su constitución- y que prevaleciéndose de la personalidad afecte el orden público laboral o evada normas legales, lo que no ha ocurrido en el supuesto de análisis (cfr. PE cit., pág. 13).-
Expresa que la Cooperativa La Unión es una persona jurídica arraigada en la provincia, que existe, trabaja, está en la realidad; y que no es una entidad cooperativa que se haya constituido y disuelto para frustrar derecho alguno (cfr. PE y pág. cits.).-
Sostiene que ha existido violación y aplicación errónea de la doctrina legal respecto a la tasa de interés a aplicar. Observa que este Excmo. Tribunal Superior de Justicia ha establecido una postura en cuanto a la tasa de interés a aplicar por los tribunales inferiores; ello en virtud de lo dispuesto en sus fallos (cfr. PE cit., págs. 14/15).-
Advierte que no debe perderse de vista que para obtener la denominada tasa activa las entidades financieras toman en cuenta la tasa pasiva derivada de la captación de depósitos, más los gastos operativos propios de la entidad financiera, su ganancia, el encaje y el riesgo. Es decir, sigue en su explicación, que la tasa activa incorpora, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales, y que no debería pesar sobre la demandada, costo que, en la economía local, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. PE cit., pág. 15). Cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que avalarían su postura.- Por lo expuesto, solicita que -de corresponder el pago de algún rubro indemnizatorio- a la suma se adunen los intereses calculados a la tasa de interés pasiva establecida en el Banco Central de la República Argentina (cfr. PE y pág. cits.).-
En PE460449-2022 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación y en PE748480-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho la parte actora (cfr. PE780454-2023) y las demandadas, Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Ltda.” y Sergio Lavié Larreguy (cfr. PE749379-2022).- En su memorial el actor solicita se rechace el recurso de casación impetrado por la contraria y se confirme la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones (cfr. PE780454-2023). Por su lado, los demandados insisten en sus argumentos y solicitan que se case la resolución impugnada, anule y rectifique la resolución en crisis y obre en consonancia con lo solicitado en la casación (cfr. PE749379-2022).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina en PE857080-2023, por las razones que allí esgrime y a las que nos remitimos en razón de la brevedad, afirmando que no puede prosperar ningún agravio, con excepción del vinculado a la tasa de interés.-
En PE540754-2023 se llaman autos para dictar sentencia, pasando a estudio en PE880471-2023.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por la parte demandada, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en el artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- por cuanto fundamenta su recurso en violación de la ley, de la doctrina legal y arbitrariedad.-
En primer término, se impone afirmar que respecto a lo vinculado a las cuestiones de la valoración de la prueba confesional y la notificación de la calidad de delegado sindical del actor, se advierte que las críticas de los recurrentes sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 568, Folio 3231/3237). En el concreto caso de autos, debemos señalar que los argumentos esbozados por los recurrentes no logran alterar la doctrina de este Tribunal, que establece que las cuestiones atinentes a la valoración de la prueba son ajenas al ámbito de la casación, en la medida en que no se demuestre que el fallo atacado adolezca de arbitrariedad o que haya violado o aplicado erróneamente la ley.
Circunstancias estas últimas que no acontecen en la especie, toda vez que -más allá de la discordancia que pueda mantenerse con los criterios sustentados por los jueces- el fallo se encuentra suficientemente fundado.- Este Tribunal tiene dicho que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación. En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación (cfr.
Sentencia, Tomo XVI, Reg. 552, Folio 3119/3123, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2661, Folio 4030/4032 y Reg. 2685, Folio 4097/4099).- Efectuado por este Alto Cuerpo el análisis de la sentencia de Cámara, se observa que la misma ha realizado una valoración y apreciación de los hechos y pruebas con correcta calificación jurídica propia de la aplicación del derecho; y que, el mero disentimiento de la parte con lo resuelto por la Alzada, no habilita la vía del recurso extraordinario provincial deducido, más aún cuando, como en el caso de autos, los fundamentos dados por la Excma. Cámara de Apelaciones, en el aspecto referido, son coherentes, logrando una equilibrada aplicación legal. De este modo, se observa a los impugnantes dirigiendo su esfuerzo hacia la apreciación crítica y el análisis lógico de las probanzas meritadas, para tratar de demostrar la inexactitud de los juicios emitidos por la Cámara directamente relacionados con el cuadro fáctico y la valoración de la prueba, pretendiendo -erradamente- recrear la meritación y valoración jurisdiccional, como si se tratara de una tercera instancia común u ordinaria (cfr.
Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2º edición, LEP, 1998, pág. 182).- Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha expresado que: “…la apreciación de la prueba, su evaluación, su jerarquización, la selección del material probatorio…así como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, importan verdaderas cuestiones de hecho y, en tal sentido, los jueces de grado -en ejercicio de una atribución privativa- tienen amplias facultades para valorar los medios de prueba producidos y adquiridos para el proceso, a fin de establecer las circunstancias particulares del caso que les faciliten la valoración de las normas jurídicas aplicables…” (cfr.
“Escalante Miguel Ángel y otra c/ Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil y otra. s/ Daños y perjuicios”, del 15/07/2015, causa LP C 119045 S); “...conviene remarcar que la apreciación de la prueba testimonial, como la de los otros medios, constituye una cuestión de hecho que sólo puede ser revisada en esta instancia en caso de que la conclusión sea el producto de un razonamiento viciado por el absurdo, esto es, esté afectado por un error grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias o incongruentes con las constancias objetivas de la causa…” (cfr. “Casco Antonia c/ Silva Juan Carlos y otros s/ Desalojo por intrusión”, del 02/07/2010, causa LP C 119.121 S).- En la sentencia impugnada, se explica cuáles son las pruebas que entienden conducentes a la resolución del conflicto, como el grado de convencimiento que aquellas han logrado producir, sin que se deba justificar por qué otorga mayor o menor mérito a una prueba que a otra, razón por la cual el agravio al respecto, no puede prosperar.-
De esta manera la Excma. Cámara tiene a la Cooperativa La Unión por confesa a tenor del pliego de foja 226 “...presentado con la anticipación necesaria de más de media hora del inicio de la audiencia, toda vez que debidamente citada con la anticipación debida (ver cédula de fs. 214) y con el apercibimiento del art. 395 del CPCC al que remite el art. 121 de la ley 1444 no se presentó ninguna persona a cargo de la presidencia, gerencia o directorio...” (cfr. PE420054-2022, pág. 20).-
Efectivamente, cuando el actor ofrece la prueba confesional para que absuelva posiciones la Cooperativa La Unión, señaló que quien debía brindarla era el representante legal de dicha persona jurídica (cfr. fs. 77 y vta.). Al proveerse la prueba confesional se dispone que absuelva posiciones el representante legal de la Cooperativa La Unión, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los artículos 387 y 395 del CPCyC en caso de incomparecencia injustificada (cfr. foja 211). Se notifica a la Cooperativa de la audiencia a fin de que absuelva posiciones su representante legal (cfr. foja 214 vta.).-
El artículo 65 de la Ley Nº 1444, de Procedimiento Laboral determina que cuando se trata de personas de existencia ideal “...además de los representantes legales, podrán absolver posiciones sus directores o gerentes con mandato suficiente; la elección del absolvente corresponderá a la persona de existencia ideal, salvo que la contraparte invoque razones concretas y atendibles que justifiquen la citación de una persona determinada. En todos los casos esta prueba será rendida por un solo absolvente aunque los estatutos o el contrato social exigieren la actuación conjunta de dos o más personas.”.-
Recordemos que la representación legal de la Cooperativa le corresponde al Presidente del Consejo de Administración (cfr. art. 73 de la Ley 20.337).-
Entonces, quien hubo de presentarse a absolver posiciones fue el Dr. Della Rosa quien manifestó tener poder como representante legal; sin embargo no alegó que fuese presidente, gerente o director de la Cooperativa, como se exige en el citado artículo 65 de la Ley Nº 1444 (en concordancia con el art. 73 de la Ley Nº 20.337). El poder que invoca el Dr. Della Rosa es un poder general para juicios y causas administrativas (cfr. fs. 91/92), que si bien contiene la potestad para absolver posiciones, no lo es por ser presidente, gerente o director de la Cooperativa demandada.-
Con el criterio aludido se ha dicho en jurisprudencia que: “No cualquier representante está facultado para absolver posiciones por un ente ideal. Debe tratarse del representante natural previsto en la ley administrativa civil o comercial o bien de un director o gerente con mandato suficiente. En el caso de las cooperativas, su representante legal es el presidente del consejo de administración, pudiendo los estatutos, autorizar a uno o dos consejeros. En consecuencia, el mandatario convencional, no puede absolver por la cooperativa.” (cfr. sum. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de San Francisco Córdoba, “Campos c/ Sancor s/ Demanda”, 20/06/1989, Cita Online SAIJ: FA89167003). En la misma inteligencia se ha entendido que: “Las consideraciones vertidas demuestran que la decisión de la Cámara de admitir en la audiencia de vista de la causa y, sin el consentimiento del ponente, que sea el letrado apoderado quién absuelva posiciones por la empresa demandada, en lugar del Gerente General oportunamente citado, fundada en la sola circunstancia de que el mandato le otorga esa facultad, deviene arbitraria por cuanto, al no cumplirse una de la (sic) condiciones que exige la normativa procesal para habilitar la producción de la prueba de ese modo -consentimiento de la parte que ofreció la confesional- se convierte en una sustitución del absolvente efectuada extemporáneamente por la contraria, que retrotrae el proceso a etapas ya precluidas, dado que él ya había consentido la absolución por parte de la persona indicada por la actora -Gerente General, señor Pacella-, comportamiento procesal éste que atenta contra la eficacia de la prueba.” (TSJ La Rioja, “Noguera Nini Andrés Alejandro y otra”, del 25/08/09, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/37847/2009).- Por lo tanto, al no ser el Dr.
Della Rosa uno de los sujetos legalmente autorizados para declarar en la prueba confesional en representación de la Cooperativa, es correcto lo decidido por la Excma. Cámara de tener por confesa a la persona jurídica. Es que los artículos 382 y 387 del Código Procesal Civil y Comercial (aplicables por remisión del art. 64 de la Ley Nº 1444) determinan que la parte o el representante legal que no comparezca a la audiencia de prueba confesional se lo tendrá por reconocido de los hechos afirmados por la contraria. Véase al respecto el Código Procesal Civil y Comercial: “Art 382.- Oportunidad. Citación. En la oportunidad establecida para el ofrecimiento de prueba, cada parte podrá exigir que la contraria o quien tuviera en el pleito un interés jurídico distinto del propio, sea interrogada en la audiencia de prueba sobre las cuestiones controvertidas.
La citación se hará bajo apercibimiento de tenerse por reconocidos los hechos afirmados por la contraria, en caso de incomparecencia injustificada...”; y “Art. 387.- Forma de la citación. El que deba declarar será citado por cédula, bajo apercibimiento de que si dejare de comparecer sin justa causa será tenido por confeso en los términos del Artículo 391…”.- Análoga solución brindaba el derogado artículo 395 CPCyC, que establecía: “Si el citado no compareciere a declarar dentro de la media hora de la fijada para la audiencia, o si habiendo comparecido rehusare responder o respondiere de una manera evasiva, el juez, al sentenciar, lo tendrá por confeso sobre los hechos personales, teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas.
En caso de incomparecencia del absolvente, aunque no se hubiere extendido acta se aplicará lo establecido en el párrafo anterior, si el ponente hubiere presentado oportunamente el pliego de posiciones y el absolvente estuviere debidamente notificado.”.- Es oportuno observar que la Excma. Cámara de Apelaciones hace referencia al derogado artículo 395 del CPCyC, para tener por confesa a la Cooperativa La Unión, aunque eran aplicables los artículos 382 y 387 CPCyC por remisión del art. 64 de la Ley Nº 1444, pues al interponerse la demanda, el 3 de julio de 2017 (cfr. foja 78 vta.) ya se encontraba vigente el nuevo Código Procesal Civil y Comercial. Esto en atención al segundo párrafo del artículo 803 del CPCyC, que regula la vigencia temporal de las normas procesales, a saber: “Las modificaciones a la Ley 1418 (Código Procesal Civil y Comercial) entrarán en vigor el día 01 de abril del 2016, plazo que podrá ser prorrogado hasta noventa (90) días por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
Serán aplicables a todos los juicios que se iniciaren a partir de esa fecha. Se aplicarán también a los juicios pendientes, con excepción de los trámites, diligencias y plazos que hayan tenido principio de ejecución, los cuales se regirán por las disposiciones hasta entonces aplicables.” (incorporado por Ley Nº 3453). También debemos computar la prorroga dispuesta el 30 de marzo de 2016 por noventa (90) días, mediante Resolución de este Alto Cuerpo, inscripta al Tomo CCXIX, Reg. 68, Folio 120.- Sin embargo tal error en la remisión no tiene incidencia en la solución que se le brinda a la cuestión, ya que tanto con el Código Procesal Civil y Comercial derogado como el vigente nos conducen a la misma solución.-
Por los motivos expuestos, debemos concluir que fue correcta la decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones de tener por confesa a la demandada Cooperativa la Unión, y de valorar tal circunstancia dentro del cuadro probatorio obrante en los autos.-
IV. Que tampoco demuestran los recurrentes la existencia de arbitrariedad o absurdo, ni se advierte su existencia, en cuanto a la conclusión de la Excma. Cámara de Apelaciones respecto de que se encontraba acreditada la notificación al demandado de la calidad de delegado sindical del actor. Es oportuno aquí destacar, como lo ha expresado la jurisprudencia, que: “…Es sabido que establecer las circunstancias en que se produjo la extinción del contrato de trabajo, constituye una cuestión de índole fáctica reservada a la instancia ordinaria y marginada de la casación, salvo demostración de absurdo (causas L. 119.024, ‘Pereyra’, sent. de 19-IX-2018; L. 122.554, ‘Marinado’, sent. de 8-II-2021 y L. 123.216, ‘Bravo’, sent. de 9-IX-2021); de suyo, que ingresa en aquella categoría, la labor dirigida a determinar si al momento del despido el empleador conocía la actividad sindical eventualmente desplegada por el trabajador (causa L. 104.338, ‘Careri’, sent. de 12-XII-2012). Al respecto, tiene dicho este Tribunal que la verificación de aquel grave vicio requiere la configuración en el pronunciamiento de un error grave, grosero y fundamental, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 119.179, ‘Santana’, sent. de 7-III-2019; L. 122.227, ‘Chaparro’, sent. de 26-II-2020 y L. 123.058, ‘Michelena’, sent. de 5-X-2020).” (cfr. SCBA, “Avalos Cristian Fernando c/ Empresa del Oeste S.A.T. s/ Amparo sindical”, del 05/12/2022, causa LP L 126.767 S). No se presentan en el caso bajo examen ninguno de estos supuestos.- Es que el artículo 49, inciso b) de la Ley Nº 23.551 requiere, para que tenga efecto la tutela sindical, que se haya comunicado al empleador la designación en forma escrita. La Excma. Cámara de Apelaciones considera que tal comunicación por escrito se encuentra acreditada mediante la nota de foja 46 y su copia de foja 152 (cfr. PE420054-2022, pág. 22). Misivas que cumplen la función de hacer saber a la empleadora la designación del actor como delegado del personal.-
La autenticidad de tales misivas queda acreditada mediante la prueba confesional al hacerse efectivo el apercibimiento previsto en el artículo 382 y 387 del CPCyC. Esto en atención a la apertura del sobre conteniendo el pliego confesional (cfr. foja 226), el contenido del mismo agregado a fojas 446/447, y la incomparecencia de persona idónea para declarar en la prueba confesional en representación de la Cooperativa La Unión Limitada. En este contexto, recordemos que se tiene por acreditado que la Cooperativa tenía pleno conocimiento de que el actor, el 24 de junio de 2015, resultó electo delegado gremial de los trabajadores dependientes de la Cooperativa La Unión; que tal designación le fue comunicada mediante nota del 26 de junio de 2015; que desde la designación de delegado gremial, el Sr. Julio Cesar Carrizo comenzó a realizar sendos reclamos a la Cooperativa La Unión Ltda., tendientes a regularizar la situación laboral precaria en la que se encontraban inmersos los trabajadores (cfr. fs. 446 y vta.).- Ergo, se llega a la conclusión, como lo hace también la sentencia de Primera Instancia y la de la Excma. Cámara de Apelaciones, de que el actor gozaba de tutela sindical al momento del distracto. Esto en atención a que, en las probanzas de autos, se encuentra acreditado que la Cooperativa la Unión fue notificada de la designación del Sr. Julio Cesar Carrizo como Delegado de Personal. Por tal motivo deviene justificada la situación de despido en que se coloca el actor, en atención a lo estatuido en los artículos 48, 49, 50, 52 y cctes. de la Ley Nº 23.551.-
V. Que en cuanto a la aplicación del instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica respecto del Sr. Sergio Lavié Larreguy se deben efectuar algunas precisiones.-
La Cooperativa La Unión es un sujeto de derecho distinto de los asociados que la integran (cfr. art. 2 in fine de la Ley Nº 20.337). Por lo tanto, estos últimos no deben, por principio, responder por las deudas de las mismas.-
Sin embargo, la regla de la separación de la personalidad entre la Cooperativa y los asociados, no es absoluta. Puede ser dejada de lado cuando la personalidad jurídica es usada con fines extra societarios en perjuicio de terceros, e imputar la responsabilidad directamente a sus asociados (cfr. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián: “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo I, 1º Ed., Infojus, 2015, CABA, pág. 285).-
Mediante la utilización del instituto de la desestimación o inoponibilidad de la personalidad jurídica “…los damnificados por el mal manejo de la forma societaria pueden actuar con respecto al grupo de personas que se escudara torpemente bajo ella como si no existiera, o bien quitándole a la personalidad la plenitud de sus normales efectos. De esta manera, se impide a un conjunto de personas esgrimir la ‘pantalla jurídica’ que usualmente confiere un carácter de ‘unidad’ y de excluyente independencia patrimonial frente a los terceros.” (cfr. Gulminelli, Ricardo Ludovico: “Responsabilidad por abuso de la personalidad jurídica”, Depalma, Buenos Aires, 1997, pág. 103).- La inoponibilidad de la personalidad jurídica está consagrada, respecto de las personas jurídicas en general en el artículo 144 del Código Civil y Comercial de la Nación, en los siguientes términos: “La actuación que esté destinada a la consecución de fines ajenos a la persona jurídica, constituya un recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de cualquier persona, se imputa a quienes a título de socios, asociados, miembros o controlantes directos o indirectos, la hicieron posible quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados.
Lo dispuesto se aplica sin afectar los derechos de los terceros de buena fe y sin perjuicio de las responsabilidades personales de que puedan ser pasibles los participantes en los hechos por los perjuicios causados.”.- Dado este cuadro normativo, el Sr. Larreguy no debe, en principio, responder por los incumplimientos de la Cooperativa La Unión; salvo por los daños causados por su culpa en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, por acción u omisión (cfr. art. 160 CCyCN.). Entonces, para responsabilizar al presidente de la Cooperativa, el actor, debió haber acreditado un comportamiento indebido de aquel en el contexto de los cuatro requisitos de la responsabilidad civil (cfr. Sánchez Herrero, Pedro: “Responsabilidad de administradores de personas jurídicas en materia laboral” www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/2448/2021), estos son: la antijuridicidad, el daño, la relación de causalidad y los factores de atribución.
Además se debió haber acreditado que el Sr. Larreguy utilizó a la Cooperativa la Unión como una mera pantalla para vulnerar los derechos del actor (cfr. art. 144 del CCyCN).- Debe existir, entonces, una relación de causalidad entre la conducta antijurídica enrostrable al Sr. Larreguy y el daño que habría sufrido el actor. Extremo que aquí no se presenta.-
Asimismo recordemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “... el principio general relativo a que la personalidad jurídica no debe ser desestimada sino cuando se dan circunstancias de gravedad institucional que permitan presumir fundadamente que la calidad de sujeto de derecho fue obtenida al efecto de generar el abuso de ella o violar la ley, debiendo ser aplicado restrictivamente y sólo en caso de existir pruebas concluyentes de que la actuación de la sociedad encubre fines extrasocietarios...” (Del Dictamen del Procurador General de la Nación, que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 326:2156).- En el caso de la sentencia de Cámara se le imputa llevar los libros contables de la Cooperativa con serias irregularidades (cfr. PE420054-2022, págs. 24/29). Sin embargo, tal evento no tiene relación de causalidad con los rubros indemnizatorios de la condena, los que están vinculados por el despido indirecto en que se coloca el actor conforme lo estatuido en el artículo 52 de la Ley Nº 23.551.-
Es que en autos no ha quedado demostrado que nos encontramos ante una sociedad fraudulenta o ficticia; o que constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, por lo que no se puede responsabilizar al Sr. Larreguy de manera directa. Por lo tanto, en esta parcela sentencial, no se puede sostener que lo decidido por la Excma. Cámara de Apelaciones constituya una derivación razonada del derecho vigente con arreglo a las circunstancias comprobadas del proceso (Fallos 303:1148, entro otros). Con este criterio la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que: “...no ha quedado acreditado que estemos en presencia de una sociedad ficticia o fraudulenta, constituida en abuso del derecho y con el propósito de violar la ley…que, prevaliéndose de dicha personalidad, afecta el orden público laboral o evade normas legales, extremo al que se añade que tampoco se advierte -en rigor, no lo ha postulado así el decisorio de la Sala- que estén reunidos los elementos necesarios para considerar que entre los co-demandados a título personal y el actor existía un contrato de trabajo...” (Del dictamen del Procurador General de la Nación, que la Corte comparte y hace suyo en Fallos 326:1062).- Por lo expuesto, al ser inaplicable la desestimación de la personalidad jurídica, se debe revocar la parcela sentencial que determina la condena solidaria del Sr. Sergio Lavié Larreguy.-
VI. Que en cuanto a los intereses, la sentencia de Primera Instancia determinó que el capital de condena devengaría un interés moratorio desde la fecha de producción del despido (23/9/2015) y hasta su efectivo pago aplicando la tasa activa del Banco Nación (cfr. fs. 383 vta./384). Esta decisión fue ratificada por la Alzada (cfr. PE420054-2022, pág. 35).-
Aclarado lo cual, corresponde abordar el agravio relativo a la violación de la doctrina legal referida a la tasa de interés.-
Los intereses moratorios son: “...aquellos que se deben en caso de mora del deudor en el cumplimiento de su obligación. El deudor, con su incumplimiento, priva ilegítimamente al acreedor de su derecho a percibir un capital y, como consecuencia de ello, se encuentra obligado a reparar el perjuicio ocasionado. Los intereses moratorios, en consecuencia, constituyen la indemnización de tal daño y requieren para su admisión que el incumplimiento le sea imputable al deudor. En el Código de Vélez se encontraban regulados en el art. 622, y en el CC y C por el art. 768…” (cfr. Herrera, Marisa; Caramelo, Gustavo; Picasso, Sebastián: “Código Civil y Comercial de la Nación comentado”, Tomo III, 1º Ed., Infojus, 2015, CABA, pág. 59).- Por consiguiente se deben determinar los intereses moratorios que deberá soportar la Cooperativa La Unión. En el caso que nos ocupa, de indemnizaciones y demás deudas laborales, no existe interés legal ni convencional que discipline la cuestión, por lo tanto quien es llamado a fijar la tasa de interés es el Tribunal de la causa.-
Por su lado, el Código Civil y Comercial de la Nación regula el tema en el artículo 768, que reza: “Intereses moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central.”.-
Sobre los intereses moratorios este Alto Cuerpo ha dicho que: “El art. 768 del Cód. Civ. y Com. de la Nación mantiene en términos generales análoga redacción al antiguo art. 622 del Código de Vélez, en los incs. a) (convenio de partes) y b) (ley especial). El inc. c) introduce una modificación: Ante la falta de previsión de tasa de interés moratorio fijada por norma (convencional o legal) la misma se determina ‘por las tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central’. Este inciso ha suscitado dudas en la doctrina y la jurisprudencia en tanto podría interpretarse que las tasas judiciales son ahora fijadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). Tal interpretación no resulta acertada…y ello encuentra explicación en los Fundamentos del Anteproyecto donde se lee: ‘No se adopta la tasa activa como se propiciara en el Proyecto de 1998 porque se considera que hay supuestos de hecho muy diversos y es necesario disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso’ (Zannoni, Mariani de Vidal, Zunino, Shina, Ramos, Kemelmajer de Carlucci; ‘Código Civil y Comercial de la Nación Concordado con el régimen derogado y referenciado con legislación vigente.
Exégesis de los fundamentos de la Comisión Redactora y las modificaciones del Poder Ejecutivo Nacional’, Ed. Astrea, Bs. S., 2015, p. 245). Va de suyo, que quien adopta la solución más justa para el caso sólo pueden ser los jueces. Otro fundamento puede encontrarse en el art. 767 Cód. Civ. y Com. de la Nación en cuanto faculta a los jueces a establecer la tasa de intereses compensatorios, a falta de tasa fijada por las partes o por los usos y costumbres. La doctrina mayoritaria entiende que es el juez quien fija la tasa pero limitada -ahora, por el nuevo Código- al amplio abanico de las diversas tasas que fija el BCRA (Así, se dictaminó en la XXV Jornadas Nacionales de Derecho Civil de Bahía Blanca, 2015, cuya Comisión 2 sostuvo, por mayoría el siguiente despacho ‘la previsión del art. 768 inc. c) no implica la delegación al Banco Central de la fijación de la tasa, sino que siempre será el juez el que la determinará.
Las tasas fijadas por las reglamentaciones del Banco Central servirán como pauta que podrá (sic) ser utilizadas por el juez en esta tarea’). En igual sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Buenos Aires (‘Cabrera, Pablo David’, 15/06/2016) y también el Tribunal Superior de Córdoba (‘Masi, Alberto c. Rosli’; 01/11/2016).’ (cfr. SCJ Mendoza, en pleno, ‘Lencinas Mariano c/ Citibank N.A. s/ Despido’, del 30/10/2017, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online AR/JUR/77894/2017). Voto del Dr. José V. Valerio)...” (cfr. Sentencia, Tomo XX, Reg. 675, Folio 3916/3921). Por lo tanto, nos serviremos de una tasa bancaria del Banco Central de la República Argentina para aplicar a las sumas adeudadas al actor por la mora en el pago de las indemnizaciones que le son debidas.- Puestos en la tarea de fijar los intereses que se deben, estimamos que corresponde mantener el criterio postulado por este Alto Cuerpo en los siguientes precedentes: Sentencias, Tomos XVI, Reg. 559, Folio 3163/3171, del 18/12/2013; XVII, Reg. 579, Folio 3303/3311, del 02/09/2014; y XX, Reg. 675, Folio 3916/3921, del 25/02/2021.
Estas sentencias determinaron que debía aplicarse la tasa de interés pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina en casos de indemnizaciones a raíz de la finalización de una relación laboral. Tasa que además es una de las posibles a aplicar dentro del abanico de opciones que permite el artículo 768, inciso c) del CCyCN.- Otro fundamento para optar por la tasa pasiva, en vez de la activa, lo explicita la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, la que sostuvo que: “…la denominada tasa ‘activa’ tiene incorporado -además de lo que corresponde al ‘precio del dinero’- un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales y que obviamente no pesa sobre la actora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero. En sustancia, si el interés previsto en el art. 622 del Código Civil tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, no debe perderse de vista que necesariamente habrá que tener en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones. La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad.” (cfr.
SCBA: “Cardozo Félix María y otra c/ Crudo Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios”, del 31/08/1993, causa LP Ac. 49439). Hacemos nuestras estas reflexiones.- Asimismo, ha ratificado su criterio de optar por la tasa pasiva en litigios de naturaleza laboral (cfr. “Lombardi Natalia Eleonor c/ Distribuidora Regional S.R.L. s/ Despido”, causa LP L 118800 S, del 28/11/2018 y “Trofe Evangelina Beatriz c/ Fisco de la Provincia de Bs. As. s/ Enfermedad profesional”, causa LP L 118.587 S, del 15/06/2016).-
Traemos a colación lo decidido por este Tribunal Superior de Justicia en la causa “Bilbao” al inclinarse también por la tasa pasiva. Asimismo en relación a dicha tasa se ha dicho que: “Si el interés previsto en el antiguo artículo 622 del Código Civil y actual 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, tiende a resarcir al acreedor el daño patrimonial causado por la falta de cumplimiento oportuno de la obligación, necesariamente habrá que tenerse en cuenta cuál podría haber sido la inversión ordinaria al alcance del acreedor si hubiese recibido la acreencia en término. Desde este ángulo es indudable que cualquier institución bancaria le hubiese abonado única y exclusivamente la tasa pasiva vigente al momento de la inversión o sus sucesivas renovaciones.
La aplicación de otra tasa alteraría inexorablemente el fin propuesto alterando esa finalidad (cfr. SCBA, ‘Ginossi Carlos c/ Asociación Mutual UTA s/ Despido’, causa L 94.446, del 21-10-2009 y ‘Organtini, Liliana y otro c/ Hilal, Diego y otros s/ Daños y perjuicios’, Causa C 105756, del 29-06-2011, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani, entre otras). Esto último ocurriría, a nuestro entender, por la aplicación de la tasa activa determinada en las instancias de grado. En tal sentido no debe perderse de vista que, al contrario de lo que ocurre con las tasas pasivas, las activas -que son aquellas que las entidades financieras cobran por los prestamos que otorgan-, tienen incorporado, además de lo que corresponde al precio del dinero, un plus constituido por el costo financiero propio de las entidades que se dedican a la intermediación de capitales el que obviamente no puede beneficiar a la acreedora, que no reviste el carácter de entidad financiera, en desmedro de la deudora.
Costo que, en nuestra economía, resulta desproporcionado por el sobredimensionamiento del sistema bancario y financiero (cfr. SCBA: ‘Cardozo, Félix María y otra c/ Crudo, Vicente Pascual y otras s/ Daños y perjuicios’, Ac 49.439, del 31/08/1993 y ‘Jotafí Computación Interactiva S.A. c/ Municipalidad de Quilmes s/ Demanda contencioso administrativa’, causa B 58.903, del 18/06/2014, opinión del Juez Eduardo Julio Pettigiani). La activa, al no ser una tasa pura, lleva incluida en su monto una serie de ‘escorias’ (cfr. Molinario Alberto D. ‘Del interés lucrativo contractual y cuestiones conexas’, ED, Tomo 43, pág. 1155), como ser: el costo de captación o fondeo; el costo operativo y administrativo; el costo técnico (encaje); costo sistémico (expectativas del mercado); costo de morosidad (previsiones); costo impositivo; margen de beneficio (cfr.
Kabas de Martorell María E., ‘Tratado de Derecho Bancario’, Ed. Rubinzal Culzoni, Tomo II, pág. 53), todo esto es lo que tiene el banco en cuenta para obtener la tasa activa. Es por ello que para rechazar su aplicación la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha entendido que esos componentes en nada se compadecen con los intereses que debe afrontar el incumplidor moroso (cfr. SCBA, ‘Ginossi’ cit.).” (cfr. Sentencia, Tomos XX, Reg. 669, Folio 3870/3879 y XXIII, Reg. 736, Folio 4453/4464).- En consecuencia, en base a los rubros admitidos, la liquidación deberá practicarse en la instancia de grado; debiendo al monto resultante adicionarse intereses desde que los rubros son debidos, los que se calcularán en base a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
En razón de lo antedicho, el agravio del demandado tiene resultado favorable.-
VII. Que de conformidad con todo lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los codemandados Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Ltda.” y por el Sr. Sergio Lavié Larreguy en PE441000-2022 y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante en PE420054-2022 en lo que se refiere a la extensión de condena al Sr. Larreguy y respecto de la tasa de interés. Consecuentemente, corresponde componer positivamente el litigio, rechazando la demanda promovida contra el Sr. Sergio Lavie Larreguy y disponer que se aplicará al capital de condena los intereses conforme a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios; imponiendo las costas de esta instancia por su orden en atención que el recurso ha prosperado en parte (cfr. art. 68, segundo párrafo del CPCyC, por remisión del art. 121 de la Ley Nº 1444); difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- Por todo lo expuesto, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por los codemandados Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Ltda.” y por el Sr. Sergio Lavié Larreguy en PE441000-2022, y en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante en PE420054-2022, en lo que se refiere a la extensión de condena respecto del Sr. Sergio Lavié Larreguy y a la tasa de interés aplicable.-
2. Componer positivamente el litigio, rechazando la demanda promovida contra el Sr. Sergio Lavie Larreguy y disponer que se aplicará al capital de condena los intereses conforme a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central de la República Argentina.-
3. Confirmar la sentencia recurrida en todo lo demás que fuera materia de agravios.-4º) Imponer las costas en el orden causado.-5º) Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes y sean regulados en las anteriores instancias.-6º) Regístrese y
Fin de la sentencia