Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7773
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7773 Sentencia: 2936 Actor: Julio César Carrizo Demandada: Cooperativa de Provisión de Servicios y Transporte La Unión Limitada/Sergio Lavié Larreguy/Alejandra Gabriela Torres.
Objeto: demanda laboral Fecha: 21/03/2022 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil veintidós, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “CARRIZO, Julio César c/ COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS Y TRANSPORTE LA UNIÓN LTDA. Y OTROS s/ Laboral” EXPTE. 36.100 del año 2017. A estos efectos se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda I. Bard y Dr. Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Se mantuvo el recurso interpuesto a fs. 203 que se tuvo presente con efecto diferido? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pron unciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que con la documental de fs. 1/68 y escrito de fs. 69/78 los Dres. Paulo Luis Schmidt y Marta Soledad Quiroga, representando al Sr. Julio César Carrizo promueven demanda laboral por cobro de pesos contra la Cooperativa de Provisión de Servicios y Transporte La Unión Limitada, contra el Sr. Sergio Lavié Larreguy y contra la Sra. Alejandra Gabriela Torres por cobro de la suma de $ 1.193.512,47 o lo que en más o en menos resulte de la prueba, con más sus intereses a la tasa activa y costas por los siguientes conceptos: remuneraciones del mes de agosto y 23 días del mes de Septiembre de 2015; Diferencias salariales diciembre 2014 a Agosto de 2015 conforme la CCT UTA nº 460/73 en categoría chofer larga distancia; SAC proporcional 2º semestre 2015, vacaciones proporcionales 2015, 2 meses de preaviso, integración del mes de despido, indemnización por antigüedad (14 años) SAC sobre estos rubros, indemnización art. 2 de la ley 25.323, indemnización del art. 52 de la ley 23.551, indemnización art. 132 bis LCT e indemnización art. 80 LCT, que a su entender conforman la suma reclamada. Pide la parte actora se condene a los demandados a hacer entrega dentro del plazo de la condena de los certificados de trabajo y la certificación de servicios y remuneraciones, “por cada uno de los actores (¿)” bajo apercibimiento de astreintes.
La parte actora hace un resumen de los antecedentes fácticos de la relación, su designación como delegado gremial, sus reclamos y la carta documento por la que se dispuso, con argumentaciones inexactas y sin respetar su carácter de delegado gremial (en realidad delegado del personal conforme fs. 45) y los fundamentos jurídicos que se tienen presente.
Plantea la responsabilidad solidaria de los codemandados como presidente y secretaria con fundamento en las previsiones de la ley de Cooperativas por mantener al actor en situación irregular, con pagos en negro, sin ingresar los aportes previsionales y produciendo el vaciamiento de la cooperativa a fin de beneficiarse económicamente en perjuicio del trabajador. Practica liquidación, ofrece prueba y funda en derecho.
II. Que en la audiencia del art. 47 de la ley 1444 grabada bajo códigos de seguridad consignados a fs. 136 los Dres. María Carolina Sotomayor y Luis María Della Rosa se presentan representando a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión” Limitada y a la Sra. Alejandra Gabriela Torres y Sergio Lavié Larreguy.
Realizan una aclaración sobre la correcta designación de su representada que es como consignan en su presentación. Plantean excepción de previo y especial pronunciamiento de prescripción de todo crédito devengado con anterioridad a los dos años del momento de la interposición de la demanda. Oponen como apoderados de los codemandados Torres y Lavié Larreguy y como defensa de fondo la de falta de legitimación pasiva y sostienen que no se dan los requisitos para hacerlos responsables como secretaria y presidente de la demandada, para lo que exponen la fundamentación legal y doctrinaria que se tiene presente. En subsidio contestan la demanda y formulan en primer tiempo una serie de negativas que se tienen presente. Dan su versión de los hechos y explican que el Sr. Alfredo Aued les indicó que la firma que se le atribuye no le pertenece. Entienden improcedente la pretensión, amparado en el art. 52 de la ley 23.551, por no cumplirse el requisito de la comunicación al empleador de la calidad de delegado gremial en el momento del despido. Entienden también causado el despido y se explayan respecto de la causal comunicada y su prueba. Rechazan los demás rubros reclamados y los impugnan. Niegan la autenticidad de la documental acompañada a la demanda enumerándola y reconocen expresamente alguno de los instrumentos acompañados. Se oponen a prueba de la actora. Ofrece su prueba e incluso informativa en subsidio y pericial caligráfica en subsidio. Se explayan sobre la tasa de interés y el derecho. Reserva el caso federal.
III. Que la parte actora contesta el traslado de la excepción de prescripción, plantea la inadmisibilidad e improcedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva y la improcedencia de oposición a prueba con la pieza de fs. 137/144. Y, posteriormente, amplía la prueba. Lo mismo hace la demandada con el escrito de fs. 162/163 y con el de fs. 172/174 contesta el traslado de la ampliación de la prueba actora. Ésta a su vez plantea la inadmisibilidad de la prueba testimonial. De estas últimas piezas por providencia simple de fs. 180 la entonces titular del Juzgado corre traslado a las contrarias. La demandada lo contesta a fs. 185, y la actora hace lo propio a fs. 190/192. Oído el Sr. Agente Fiscal que dictamina a fs. 184, se pasan los autos a despacho a fs. 185 y por interlocutoria de fs. 196/198 se rechaza la excepción de prescripción, se hace lugar parcialmente a la oposición de la demandada a las pruebas informativas y se rechazan las restantes oposiciones a pruebas formuladas por la actora y la demandada.
A fs. 203 la demandada apela esta resolución que se tiene presente con efecto diferido a fs. 204, cuyo mantenimiento o no es materia de esta primera cuestión.
A fs. 211/212 se abre la causa a prueba y se provee la considerada pertinente.
IV. Que producida la prueba obrante en autos en la audiencia del art. 70 de la ley 1444 (ver fs. 370 y su grabación) la parte actora presenta el alegato de fs. 367/369 mientras la demandada realiza su alegato verbalmente. En la misma audiencia la entonces titular del Juzgado dispone el pase a despacho para dictar sentencia.
El pronunciamiento obra a fs. 371/385 y dispone: 1º hacer lugar a la demanda promovida por Julio César Carrizo en contra de la Cooperativa de Provisión de Servicios y Transporte La Unión Ltda. por indemnización por despido indirecto más multas por la relación laboral que las unió desde el 1/12/2001 hasta la extinción el 23/9/2015 y establece como mejor remuneración mensual, normal y habitual la suma de $18.868,08 condenándola a pagar la suma de $1.273.823,65 por los siguientes rubros: a) remuneración Agosto 2015; b) indemnización por antigüedad art. 245 LCT; c) preaviso; SAC proporcional segundo semestre 2015; e) vacaciones proporcional no gozadas año 2015; f) proporcional del mes trabajado; g) integración del mes de despido; h) diferencias salariales por los períodos enero, febrero, marzo, julio y agosto de 2015; i) multa art. 2 ley 23.525 y j) multa del art. 52 ley 23.551. Estableció que la suma fijada deberá ser abonada dentro de los diez días de encontrarse notificada la presente, con más los intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación desde la fecha del distracto y hasta el efectivo pago. 2) Rechaza la demanda promovida por Julio César Carrizo contra Sergio Lavié y Alejandra Gabriela Torres: 3º) Rechaza la multa por incumplimiento de las obligaciones del art. 80 e intima y emplaza a la Cooperativa de Servicios y Transporte La Unión Ltda. a efectivizar la obligación legal que emana de dicho artículo en el perentorio plazo de dos días de notificada, debiendo indicar el lugar de retiro de dicho documental y, ante el eventual incumplimiento, devengar en su caso la multa pertinente. Rechaza la multa por incumplimiento por parte de la demandada de las obligaciones del art. 132 bis de la LCT e intima y emplaza a la demandada a efectivizar la obligación legal que emana de dicho artículo en el perentorio plazo de dos días hábiles de notificada debiendo indicar el lugar de retiro de dicha documental y, ante su eventual incumplimiento, devengar en su caso la multa pertinente. 4º) Impone las costas a la demandada vencida con los alcances expuestos en los considerandos en lo que respecta al límite de responsabilidad (art. 68 y concordantes del CPCC y art. 277 de la ley 20.744. Regula honorarios y determina la tasa de justicia.
V. Que la sentencia no conformó las pretensiones de las partes y ambas la atacan. El apoderado de la parte demandada apela y funda el recurso con la pieza de fs. 394/399, recurso que se tiene por interpuesto en tiempo y se concede libremente y con efecto suspensivo corriendo traslado de los agravios por providencia simple de fs. 400. El apoderado de la parte actora deduce recurso de apelación con el escrito de fs. 408 y con la firma de ambos apoderados se expresa agravios y se reserva el caso federal con el escrito de fs. 409/419. El recurso se concede con la providencia simple de fs. 429 libremente y con efecto suspensivo y se corre traslado de los agravios. La parte actora contesta los agravios de los demandados con el escrito de fs. 421/427 mientras que la apoderada de los demandados hace lo propio con el memorial de fs. 431/437. Ya dentro del SiPed se elevan los autos con el certificado de estilo. Recibidos, se integra Cámara con el Dr. Mario A. Albarrán y firme la integración, se llama autos a Sentencia y se dispone el orden de estudio.
VI. Que los demandados fundan el recurso contra la sentencia mediante el memorial de fs. 394/399. Después de resumir la causa y la sentencia, en el primer agravio sostiene que el meollo de la cuestión surge del reconocimiento o desconocimiento del carácter de delegado gremial del actor y hace hincapié en el requisito esencial para la garantía de la tutela sindical es la comunicación al empleador de tal situación y en tal sentido invoca el art. 49 inc. b de la ley 23.551 y sostiene que el nudo gordiano radica en la veracidad o no de la nota de comunicación del actor como delegado electo del 26 de junio de 2015. Al atacar la sentencia en cuanto ésta sostiene que la nota del 26/6/2015 fue recibida por el gerente Alfredo Aued, quien habría remitido la nómina del personal a la UTA y recuerda que los demandados habían sostenido que la firma atribuida al Sr. Aued no resultaba de su autoría y por lo tanto que su parte desconoció expresamente el documento privado simple, no certificado y sin fecha cierta que no goza de fe pública como lo haría un telegrama laboral gratuito. Por ello razona que, al haber desconocido categóricamente dicho documento, no era a su parte a quien le correspondía probar la autenticidad y fecha cierta del documento que no fue aportado por su parte. Agrega que no le correspondía a su parte probar la autenticidad de la notificación genérica de la supuesta elección del actor como delegado, y que le correspondía hacerlo al accionante, quien no quiso o no pudo probarlo. Hace notar que no se advirtió por S.S. en audiencia que por las cargas dinámicas correspondía a su parte acreditarlo, y se remite al art. 355 del CPCC aplicable en el juicio laboral, que expresamente lo dispone para la audiencia preliminar. Por ello concluye que no existe tutela en tanto y cuanto no se acreditó la comunicación de la designación del actor como delegado del personal. Sostiene que la falta de comunicación de la situación del delegado electo no es suplida por las supuestas notas de emitidas por la UTA de fs. 145/158. Explica que el Sr. Haro, quien las reconoce, es miembro de la Comisión Directiva de dicho sindicato. No acepta su explicación del proceso eleccionario. Cita doctrina y jurisprudencia incluso de la C.S.J.N. Hace hincapié en que la comunicación no se realizó por telegrama obrero siendo éste gratuito. Y por lo tanto que no corresponde la indemnización agravada y pide se revoque la sentencia dejando aclarado que el actor no poseía estabilidad gremial.
En el segundo agravio se queja, para el supuesto e improbable caso de que se confirme el fallo de grado, por la tasa activa que manda aplicar la sentencia. Invoca pronunciamientos recientes del Superior Tribunal de Justicia y formula consideraciones que se tienen presentes en este acto. Reserva el caso federal.
VII. Que la parte actora se agravia por el rechazo de la demanda contra Sergio Lavié Larreguy y Alejandra Gabriela Torres y sostiene, con el memorial de fs. 409/419, que de las propias constancias de la causa surge que la Cooperativa La Unión Ltda. no funcionaba como una sociedad cooperativa, que se ha violado la ley al no realizar los aportes de ley a los organismos correspondientes respecto de los trabajadores, manteniendo las relaciones laborales en forma totalmente irregular, no otorgando los recibos de haberes, reteniendo aportes y por ello que la sentencia no se ajusta a derecho. Sostiene que no se explica el cargo atribuido al Sr. Larreguy como presidente y a su cónyuge la Sra. Torres en la cooperativa, al no probarse como ingresaron a la cooperativa en calidad de asociados, en que acta se los aceptó en tal carácter en el marco del Estatuto Social y en que asamblea se los aceptó como socios ni tampoco como se distribuyeron los cargos del Consejo de Administración, no se presentaron los libros sociales (art. 38 de la ley 29.337), no funcionaban los órganos sociales, balances, fiscalización interna por lo que afirma que el manejo de la cooperativa era resorte personal y exclusivo de los codemandados en su beneficio y provecho.
Afirman que los codemandados no acreditaron que la sociedad y sus órganos internos funcionaban en el marco del Estatuto y la ley de cooperativas por lo que el dispositivo del art. 54 de la ley de sociedades de aplicación supletoria por el art. 118 de la ley 20.337. Afirma la falta de un estudio criterioso de los antecedentes ni de la prueba producida y hace hincapié en que no se meritúo la audiencia de fs. 228 donde la demandada no presentó la documental requerida que debió ser presentada por las contrarias que determina el apercibimiento de ley al no presentar los libros que ponían en evidencia las graves irregularidades y el manejo de los codemandados que se vallan en la sociedad para obtener un beneficio económico que determina su responsabilidad social.
Afirma que se acreditó que los actos de los codemandados constituyen actos totalmente irregulares. Califica de dogmático que la sentenciante, sostenga que no existe violación a la ley de cooperativas, a la ley de sociedades, al orden público laboral y frustración de los derechos de los trabajadores que tornen inoponible la personalidad de la cooperativa al actor. Entiende probado que se procuraba actuar, mediante la figura de la Cooperativa, en fraude a la ley y enumera las circunstancias desconocidas por la sentenciante. Califica de auto contradictorio que se tenga por probado que se liquidaba de manera deficitaria los haberes del actor, que no se realizaban los aportes a la seguridad social que importa violación al orden público laboral y luego sostener que no existe responsabilidad de los codemandados cuando eran quienes manejaban la cooperativa de manera discrecional y lo califica de carencia de lógica y razonabilidad.
Invoca el testimonio de la testigo Gisela Oropel que dan cuenta del manejo la cooperativa desde las oficinas de ETAP. Entiende que no se tuvo presente por la Juez a quo, para deslindar responsabilidades, la declaración de la testigo Alicia Duarte y Juan Carlos Haro y transcriben las partes de la declaración de estos testigos. Expresa que al manejarse la cooperativa desde las oficinas de ETAP se produce un franco vaciamiento de la cooperativa y un conflicto de intereses que le impedía ser presidente de la Cooperativa. Cita jurisprudencia y doctrina que entiende debe seguirse por ser trasladable al presente caso. Agrega que se encuentra probado que la Sra. Torres se desempeñaba como contadora por lo que no se puede sostener que no tenía conocimiento de todo el manejo fraudulento llevado a cabo dentro de la cooperativa y sostiene que los codemandados eran socios para explotar a la cooperativa y sus recursos humanos mediante una administración irregular e ilegal.
Cita doctrina. Se queja que la Juez a quo tuvo presente en la audiencia del 13 diciembre de 2017 la incomparecencia del representante de La Unión Ltda. quedando confeso del pliego de fs. 226 lo que a su juicio deja a las claras la falta de estudio pormenorizado de la presente causa.
En un segundo agravio se queja por el rechazo de la multa del art. 80 de la LCT y emplazar a la demandada a efectivizar la obligación legal dentro de los dos días de notificada debiendo indicar el lugar de retiro, pasando por alto que el actor por telegrama del 15 de junio de 2017 procedió a intimar a la demandada a hacer entrega de la documental prevista en el art. 80 LCT sin recibir respuesta. Por ello critica que habiéndose cumplido los recaudos de rigor se torna operativa la indemnización y carece de asidero jurídico lo resuelto por la Sra. Juez a quo. Se explaya sobre la procedencia del rubro y el error de la sentencia en términos que se tienen presente en este acto. En el tercer agravio critica lo resuelto al rechazar la procedencia de la sanción del art. 132 bis de la LCT, para luego intimar y emplazar a la Cooperativa a efectuar la obligación legal en el perentorio plazo de dos días debiendo indicar el lugar de retiro de dicha documental y en su caso devengar la indemnización pertinente no obstante que en un párrafo de la sentencia se expresa que “… visto que de la documentación obrante a fs. 99/103 como así también de lo informado por AFIP a fs. 271/279 surge que hay periodos impagos”. No entiende ni se explica que rechace la indemnización y proceda a intimar no obstante que dicha multa fué debidamente reclamada en el inicio y acreditados los requisitos que hacen a su procedencia estando probado que no se realizaba el depósito de los aportes. Sostiene que este aspecto del pronunciamiento carece de todo apoyo fáctico jurídico. Se refiere e invoca la ley de prevención de la evasión fiscal nº 25.345 por lo que configura un claro caso de sentencia arbitraria con cita de jurisprudencia. Reserva el caso federal.
VIII. Que la parte actora, por intermedio de sus representantes y dirección letrada contesta los agravios de los demandados. Al contestar el primer agravio sostiene que en todo caso quién debió ofrecer la pericial caligráfica debió ser la parte demandada e invoca la aplicación de la carga dinámica de la prueba pues se debe adoptar una conducta procesal seria y actuarse con buena fe procesal acreditando por otros medios el extremo en que basa su desconocimiento. Hace mérito que se ha demostrado que la elección del actor como delegado se realizó en la propia sede de la cooperativa y que fue el sindicato quien notificó la designación mediante la nota adunada a la demanda. Se refiere a las pruebas ofrecidas por su parte y los argumentos del magistrado que transcribe. Califica a los agravios de auto contradictorios pues por un lado reconoce que la ley requiere para la comunicación “… u otra forma escrita”, y luego ataca la nota que fuera realizada por el representante del Sindicato. Cita doctrina. Remarca que la contraria no estuvo presente en la audiencia del testigo Haro ni cuestionó su idoneidad. Invoca otros testimonios que se tienen presente y enfatiza que no existe duda en que la demandada estaba en conocimiento del acto eleccionario y la elección del actor como delegado. Rechaza el primer agravio Rechaza el agravio relativo a la tasa de interés y recuerda que la Sra. Jueza a quo resuelve aplicar la tasa activa aduciendo que se aparta del criterio sentado por el Tribunal Superior de Justicia y transcribe jurisprudencia sobre la tasa activa que tengo presente. Insiste en la reserva del Caso Federal.
IX. Que el Dr. Luis María Della Rosa por los demandados contesta el traslado de los agravios de la parte actora. Al contestar el primero de ellos en interés de los codemandados sostiene que, más allá de las aseveraciones de la contraria, no se acreditó ninguno de los extremos que reseña. Sostiene que la contraria ensaya presupuestos diferentes de los requeridos por la teoría del disgreard of the entily tal como sostener que no se acreditó como los codemandados ingresaron a la cooperativa cuando no es mérito para el levantamiento del velo societario. Argumenta que la ley responsabiliza a los socios, en forma excepcional, únicamente los supuestos de uso doloso, abusivo y desviado de la figura societaria en las que se encubre situaciones ajenas al objetivo social y que debe utilizarse en forma prudente y restrictiva y requiere la insolvencia de la sociedad y que ante la inexistencia de un prejuicio concreto no se advierten razones que justifiquen su aplicación. Se debe descartar que la impotencia patrimonial haya obedecido al riesgo propio de la actividad. Sostiene que la existencia de deficiencias y diferencias en los montos indemnizatorios o en las causales del despido, de haber existido, no permiten concluir que la actividad de la demandada encubría la prosecución de fines extra societarios pues se trata de ilícitos sancionados por diversas normas, con cita de jurisprudencia.
Alega que la parte actora no ha desarrollado una actividad probatoria tendiente a acreditar la existencia de los presupuestos fácticos que autoricen la condena solidaria. Sostiene que, si existieron irregularidades registrales y/o pago defectuoso o deficiencias en el despido, son irrelevantes para descorrer el velo societario. Indica que la actora pide la doctrina extrema por meras presunciones. Califica de certera la afirmación de la magistrada en el sentido que no hay pruebas para demostrar que, mediante el uso de la figura de la cooperativa, se procuraba actuar en fraude a la ley o el orden público. Se refiere a los antecedentes de la cooperativa demandada con varias generaciones de asociados y decenas de años que sigue funcionando con los tropiezos de la realidad económica del país. Razona que es probable que pueda existir agravio pero que no existe gravamen por lo que debe rechazarse este agravio in límine. Cita jurisprudencia del más alto tribunal del país.
Hace notar que el actor no determina las razones o normas que regulan el impedimento pues no se prueba que la cooperativa brinde servicios similares a cualquier otra empresa en la que tengan titularidad o participación los codemandados. Recuerda que en el sub lite no se encuentra discutida ni la fecha de ingreso del actor ni la fecha de egreso, ni que se le hayan efectuado retenciones que no fueran abonadas a los organismos.
Con relación a la supuesta confección ficta sostiene que se pidió la prueba confesional de la cooperativa sin especificar la persona en la cual debería realizarse la misma. El firmante de este memorial de contestación de agravios recuerda que se presentó el 13/12/2017 a los efectos de brindar la probanza con el poder que lo habilitaba para prestar cualquier clase de prueba siendo apoderado a la fecha de los hechos, que se tuvo presente para su oportunidad y cita una ponencia en el IX Congreso Argentino de derecho societario en apoyo de su postura. Sostiene que corrido traslado de su presentación la parte actora no se manifestó a tal investidura y por ello aceptó dicha circunstancia, ni luego instó la producción de tal prueba. Pide el rechazo del agravio referido confirmando la sentencia con costas. Respecto del segundo agravio argumentó haber acompañado los certificados reclamados con la contestación de demanda y que no se alegó por el actor haber concurrido al domicilio laboral a retirarlos o que le produjo algún perjuicio no obstante haber estado a su disposición por un tiempo prudencial. Invoca el art. 874 del Código Civil y Comercial y sostiene que su parte no puede probar un hecho negativo por ser una prueba diabólica. Cita jurisprudencia respecto de la multa del art. 80 de la LCT y manifiesta que no es obligación de su parte, sino una facultad, el recurrir a la consignación con transcripción de un sumario jurisprudencial. Respecto del tercer agravio sostiene que la multa del art. 132 bis de la LCT no podría aplicarse desde que no se ha acreditado la intimación del art. 1º del Decreto 146/2011 que la hace procedente. Y hace notar que dicha intimación no se ha producido.
Mantiene la cuestión federal. Solicita el rechazo de los agravios con expresa imposición de costas.
X. Que antes de ingresar al examen de la primera cuestión entiendo necesario referirme a una aclaración preliminar formulada por la demandada a fs. 120, desatendida en la sentencia y completarla con las diferencias de designación. Es la aclaración relativa a la correcta denominación de la demandada quien aparece en múltiples variantes. A título de ejemplo vayan estas variantes utilizadas en autos:
Cooperativa de Provisión de Servicios y Transporte La Unión LTDA. en Carátula, carta poder de fs. 2, fs. 69 vta., fs. 89 y en sentencia.
Coop. T. Tpte. La Unión Ltda. en recibos de sueldo, por ejemplo: fs. 3/39.
Cooperativa de Trabajo Transportes la Unión Limitada: recibos de sueldo fs. 42/42 e incluso los certificados del art 80 de la LCT de fs. 103, Simplificación registral-Baja de fs. 104 y llamado de atención de fs. 105.
Coop. de Prov. de Servicios La Unión Ltda. fs. 54 bis, 55, 56; 58.
Coop. de Provisión de servicios La Unión Ltda.: fs. 63/64, 112, 113, 114, 115.
Coop. de Prod. de Servicios La Unión Ltda. fs. 58/60.
Cooperativa de Prov. de Serv. p/ Transportistas La Unión Ltda. en recibos de haberes de fs. 41/ 43/ 44.
Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Limitada en el poder de fs. 91, acta de fs. 107, nota de fs. 118 y se denuncia a fs. 120 vta. como correcta denominación de la demandada.
Coop. Prov. Ser. Transportistas La Unión: fs. 66 (aunque en la misma acta se la denomina como se denuncia a fs. 120 vta. aunque con una c en lugar de s); 117.
Empresa de Transporte denominada La Unión Ltda. (fs. 45; 46; 47.
Cooperativa La Unión Ltda. fs. 51;52; 67; recibo de fs. 109; 116.
Cual es la correcta denominación surgirá del estatuto de la Cooperativa y no estaba claro. Entiendo que, a los fines de esta litis, se debe declarar una identidad de persona jurídica y entender que todas las denominaciones se refieren a la demandada. No se puede culpar al actor pues la demandada en los recibos de haberes utilizó distintas denominaciones y también en la constancia de fs. 104.
Solo en los llamados de atención de fs. 105 y 106 se aclara “I.N.A.C. MATRÍCULA Nº 6018”, aunque entrando en página del INAC se corrobora, como la correcta designación, la denunciada a fs. 120 vto. punto 2 “aclaración preliminar”. Por ello llama la atención que utilizara tantas variantes y se pasara por alto en la sentencia.
De los autos “Arias Rubén Alberto y otro c/ Cooperativa de Provisión de Servicios y Transporte La Unión Ltda. s/ Laboral- cobro de pesos” ofrecida como prueba a fs. 159, y requerida por el suscrito al Juzgado se corrobora que la aclarada a fs. 120 vta. es la correcta en función del estatuto social reformado de la cooperativa que obran de fs. 320 a fs. 334 que tengo a la vista; reforma que fuera aprobada el 29 de agosto de 2008 (V. fs. 333/334) inscripta el 3 de septiembre de 2008 (ver fs. 319). De ese estatuto surge que anteriormente estaba denominada “Cooperativa de Trabajo y Transportes La Unión”, y la primigenia, con matrícula 6018 se denominaba “Sociedad Cooperativa de Provisión de Autos de Alquiler y Afines 'La Unión' limitada” (ver fs. 318 de esa demanda venida como prueba. Es decir que, con anterioridad, era una cooperativa de trabajo y por lo tanto no tenía dependientes sino socios que recibían retornos, aunque se siguió utilizando la denominación anterior en los recibos de haberes, mientras se pagaba como sueldo, no como retornos. Cabe señalar que no solo la demandada principal utiliza distintas designaciones, sino que el codemandado Sergio Lavié Larreguy aclara su firma a fs. 98 y 102 vta. como Sergio Lavié Larregui pero en el responde no aclara esta diferencia y cabe pensar que utilizara un sello con un error.
XI. Que resumida en esta forma la causa, y hecha esta aclaración preliminar, corresponde ingresar en primer lugar al recurso ya referido, interpuesto por la demandada a fs. 203 contra la sentencia interlocutoria que obra a fs. 196/198 que se tuvo presente con efecto diferido a fs. 204 conforme el art. 84 de la ley 1444.
El art. 91 segundo párrafo de la ley 1444 establece que:
“La apelación se deberá mantener – mediante el solo requisito de expresar los agravios correspondientes - cuando se dicte la sentencia definitiva, dentro del mismo plazo fijado para la apelación de ésta.”
Y el art. 92 de la ley del rito laboral dispone:
“Si no se expresaren agravios en el plazo y en la oportunidad indicada en los arts. 90 y 91, se denegará el recurso de apelación sin más trámites.”
Las partes por el principio dispositivo son las que deben evaluar la necesidad de mantener un recurso conforme el resultado de la sentencia o en este caso su apreciación del resto de la prueba. En la oportunidad del art. 92 del rito arriba transcripto en su escrito de fs. 394/399 la parte no sostuvo el recurso de fs. 203. Por ello corresponde denegarlo sin más trámites. También, repito, corresponde y propongo declarar oficiosamente la identidad de la persona jurídica demandada en todas las denominaciones utilizadas en esta demanda y la anterior inscripta en el Ministerio de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social- Matrícula 6018, como COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE SERVICIOS PARA TRANSPORTISTAS “LA UNIÓN” LIMITADA. Así lo propongo al Acuerdo. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. Coincido con el preopinante en que se debe denegar el recurso interpuesto por la demandada por no haber sido sostenido. Cabe también como se propone declarar oficiosamente la identidad de la designación de la persona jurídica demandada utilizadas en la presente demanda indistintamente por la demandada, que corresponden a la Cooperativa inscripta en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en la matrícula 6018. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIII. Que son varias las cuestiones planteadas por los agravios, aunque hay dos que deben resolverse en primer término pues su respuesta puede volver abstracto algún otro agravio.
Pero existen aspectos previos a tratar, que consiste en resolver un punto no resuelto ni considerado en la sentencia y sobre el cual el actor se agravia por haberse omitido su consideración, no obstante haberse decidido en la audiencia tener presente la incomparecencia del representante legal de la empleadora. A fs. 211 al proveer la prueba confesional ofrecida por el actor, se fija una audiencia:
“a fin de que absuelva posiciones el representante legal de la Cooperativa La Unión y los co-demandados Sres. Sergio L. Larregui y Alejandra G. Torres a tenor del pliego que oportunamente se acompañará, cíteselos a la audiencia de prueba fijada precedentemente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en los arts. 387, 395 del CPCC en caso de incomparecencia no justificada. Notifíquese”.
El 6 de diciembre se notifica a la Cooperativa en el domicilio real con la cédula de fs. 223 para la audiencia del día 13 de ese mes. Al ofrecerse la prueba confesional (fs. 77) se señaló al “representante legal” de la demandada, que, en una Cooperativa, es el presidente (art. 73 de la ley 20337). En la audiencia del art. 278 el Dr. Della Rosa afirma que tiene poder como “representante legal” de la Cooperativa demandada y puede declarar como absolvente, lo cual es tenido presente por la Sra. Juez en lugar de resolverlo en esa oportunidad como correspondía. El art. 121 de la ley 1444 no remite al art. 384 del CPCC y si lo hace al art. 383. Para el tema de la confesión de las personas de existencia ideal rige el art. 65 de la ley 1444 modificado por la ley 2435 que establece: “Si se trata de personas de existencia ideal, además de los representantes legales, podrán absolver posiciones sus directores o gerentes con mandato suficiente; la elección del absolvente corresponderá a la persona de existencia ideal, salvo que la contraparte invoque razones concretas y atendibles que justifiquen la citación de una persona determinada. En todos los casos esta prueba será rendida por un solo absolvente, aunque los estatutos o el contrato social exigiere la actuación de dos o más personas.”
El Dr. Della Rosa manifiesta tener poder como representante legal pero no invoca ser presidente, gerente o director como exige la norma arriba transcripta. El poder que invoca es un poder general para juicios y causas administrativas (fs. 91/92) y si bien contiene la facultad de poner y absolver posiciones no lo es en carácter de director o gerente de la demandada. Podría hacerlo en las causas civiles en los supuestos de oposición (art. 384 CPCC ley 1418) aunque ahora el CPCC texto conforme ley 3453 sustituyó las posiciones por la declaración de la parte La Sra. Jueza en esa oportunidad no está a la altura de las circunstancias y tiene presente esta afirmación realizada al comienzo de la audiencia sin resolverla como corresponda (Fs. 228).
Y lo reitera en el video de la audiencia a los 5'58'' sin oír al actor y sin hacer absolver posiciones. Cuando el actor a fs. 354, punto II, solicita se tenga por confeso al representante de la Unión, se dispuso a fs. 358 estar a lo resuelto en la audiencia del 13 de diciembre de 2017. En la sentencia, en los resultandos se menciona que a fs. 226 obra pliego confesional a tenor del cual debería absolver posiciones el representante legal de la demandada Cooperativa de Provisión de servicios y transportes La Unión LTDA. No obstante, ello no resuelve el pedido de tenerla por confesa por no haber comparecido alguna de las personas indicadas en el art. 65 del Código del Rito a pesar de que el actor, por medio de su apoderado en su alegato, a fs. 368 vta. entiende que se debe tener por confesa a la contraria a tenor del pliego de fs. 226, al insistir en lo peticionado a fs. 354 punto II.
Al contestar el agravio (fs. 434) la demandada insiste en que la actora, al solicitar la prueba confesional de la cooperativa La Unión Ltda., no especifica la persona en la cual debería realizarse la misma, al tratarse de una persona jurídica. Y que, por ello, él, como apoderado desde el año 2013, se presentó en la audiencia para brindar dicha probanza. Pero no invocó ser el presidente (que aparte de aparecer el Sr. Sergio Lavié Larreguy en tal carácter en las constancias de la causa), que es quien conforme el art. 73 de la ley 20337 tiene la representación legal de la cooperativa; ni ser gerente ni director, cargos a los que la ley le permite sustituir al presidente. (art. 65 de la ley 1444 texto conforme ley 2435).
Ergo debemos hacer ahora lo que no se hizo en primera instancia, para responder al agravio expreso, y tener a la Cooperativa demandada por confesa a tenor del pliego de fs. 226 presentado con la anticipación necesaria de más de media hora del inicio de la audiencia, toda vez que debidamente citada con la anticipación debida (ver cédula de fs. 214) y con el apercibimiento del art. 395 del CPCC al que remite el art. 121 de la ley 1444 no se presentó ninguna persona a cargo de la presidencia, gerencia o directorio. Por ello corresponde abrir el sobre, agregar el pliego. Tras consultarlo en este acto, en el Acuerdo con la Dra. Bard, por economía procesal se encomienda a la Secretaria, Dra. Carolina Lima, la apertura del sobre de fs. 226 y agregar el pliego en este acto (a fs. 446/447).
Y al hacer efectivo el apercibimiento dispuesto al proveer la prueba (art. 395 del viejo Código Procesal) y contenido en la cédula de fs. 214, y tener por confeso de los hechos concernientes a la actividad de la Cooperativa teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las demás pruebas producidas.
Establecido ello comenzaré por él agravio de la parte demandada que cuestiona la calidad de delegado del personal (no delegado gremial como se sostiene a fs. 396). El apelante considera que el meollo (entiendo que en su tercera acepción del diccionario de la Real Academia) surge del reconocimiento o desconocimiento del carácter de delegado gremial del actor. Tan difícil le resulta al apelante la cuestión que estima que allí está el “nudo gordiano” de la cuestión.
Una de las primeras vueltas de su razonamiento es recurrir al art. 355 del CPCC texto conforme art. 89 de la ley 3453 que entiende aplicable por imperio envío del art. 121 de la ley 1444. Si bien es interesante el discurso de la parte demandada, parte de un error. La ley 1444 remite y envía al anterior texto toda vez que la ley 3453 no modifica el procedimiento laboral y sesigue remitiendo al viejo CPCC. En efecto el art. 121 de la ley 1444 no puede remitir a una norma no dictada.
Cabe observar que, a fs. 211, al proveer la prueba confesional, el apercibimiento para el inasistente es el contenido en los arts. 387 y 397 del viejo CPCC desde que en el nuevo Código (ley 3453) el art. 397 ha sido derogado.
Ergo la solución no pasa por ese sencillo argumento que intenta la demandada, que como se indicó carece de una base legal. Siguen siendo, en materia laboral, como excepción al principio general de la carga de la prueba, para estos casos, la aplicación de las modernas tendencias, como la visión solidarista de la carga de la prueba que propugnaba Morello respecto da la flexibilización de los principios procesales sobre la carga de probar (La Prueba- Tendencias Modernas” Editorial Abeledo Perrot 1991 páginas 55/64 y artículos en La Ley del 21/9/2000 o del 30/10/2003, o de las cargas probatorias dinámicas que incorporó, mucho antes de la modificación de nuestro CPCC, la ley de enjuiciamiento civil española (ley 1 del año 2000 art. 217 inc. 6º) y sobre las que escribió Jorge W. Peyrano (La Ley t-1996-B-1.207). O, como sostuvo la Corte Suprema de Justicia el 2 julio de 1985 in re “Iriart, Carlos s/ habeas corpus” Fallos t. 307 pág. 1039 en cuanto “el principio dispositivo que impera en la materia… no puede emplearse, por falta de cooperación, en perjuicio de la verdad jurídica objetiva ni en el adecuado y deseado resultado de la justicia.” Dicho esto, aclaro en primer término que considero que es indispensable la comunicación del art. 49 inciso b de la ley 23.551 para que surta efecto la garantía del art. 48 de dicha ley. Pero, a diferencia del recurrente considero que la nota de fs. 46, su copia de fs. 152 cumple la función de hacer saber a la patronal la designación del actor como delegado del personal, y llego a la misma solución que la sentencia recurrida en el sentido que gozaba de tutela sindical.
En el caso, la notificación fue realizada por el prosecretario de finanzas de la UTA, no por el actor (Ver fs. 46) y ostenta una firma y su aclaración como “Alfredo Aued-Gerente” ver fs. 46. En la nota suscripta por el apoderado de la demandada Dr. Della Rosa dirigida a la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social-Delegación Caleta Olivia asegura que el Sr. “Alfredo Aued ha negado categóricamente a este mandatario que la firma estampada en la fotocopia de la nota de aparente fecha 26 de junio del corriente año sea de su autoría. … y siendo que la rúbrica del Sr. Aued – tal como informara el mismo- resultaría apócrifa…” (ver fs. 118 vta.). Ello se reitera a fs. 126 vta. en el responde se indica: “…y ante una consulta al señor gerente, Alfredo Aued, sobre la existencia de la supuesta notificación, el mismo responde que la supuesta firma inserta en la 'comunicación' del carácter de delegado no le pertenece”. Es decir, que la negativa de la autenticidad de la firma la realiza un tercero dependiente de la demandada y por ende se la repite por boca de quien es ajeno al juicio, y por otro lado, quien lo habría entregado no es el actor. Y ante ello frente a la posible existencia de un delito la parte demandada debió denunciarlo. Por ello es fácil entender que la empleadora estaba en mejores condiciones que el actor para acreditar la presunta falsedad de la firma en una comunicación gestionada por la UTA, como alega. Por otro lado, ello está corroborado por las posiciones 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; tenida por absuelta en forma afirmativa ante la inasistencia del presidente, gerente o director de la Cooperativa demandada a la audiencia fijada al respecto.
Desde ya agrego que, el argumento de no haber recurrido al telegrama obrero, no mejora la condición del actor con respecto del receptor de la misiva. Es indiscutible la firma del remitente, pero siempre se discutirá la autenticidad de la firma de quien la recibe, sobre todo en una terminal de transporte donde puede recibirla cualquier dependiente que no está autorizado para recibir comunicaciones, que no la transmita o que no se la reciba por no estar él autorizado y luego no pasar nadie por la oficina del correo a retirarlo. Y como ejemplo de lo que digo tenemos dos avisos números 17362225 y 24087118 devueltos al remitente. En autos tenemos la declaración del Sr. Haro quien sostiene que el Sindicato realizó las comunicaciones y que reconoció su firma en la comunicación. Y que, de haberse comprobado una falsedad de la firma del Sr. Aued, es el Sr. Haro quien debería responder. Luego nunca instó la declaración testimonial que había ofrecido. Por estas consideraciones rechazo el primer agravio de la parte demandada y propongo confirmar este aspecto de la sentencia del punto 1) del Fallo toda vez que el actor fue despedido mientras gozaba de tutela sindical sin haber tramitado la exclusión de la tutela. Habida cuenta ello no corresponde ingresar a examinar la gravedad o no de la causa invocada para despedirlo.
XIV. Que establecido ello y siguiendo con un orden lógico se debe ingresar al examen de otro aspecto del reclamo, rechazado por la sentencia. Tal el rechazo de la demanda promovida por el actor contra Sergio Lavié Larreguy y Alejandra Gabriela Torres como demandados en su rol de presidente y secretaria de la Cooperativa respectivamente. Al rechazar los agravios la demandada sostiene que la parte actora tiene que desarrollar una profusa actividad probatoria tendiente a acreditar la existencia de un presupuesto fáctico en el que se fundarán los fines extra societarios de las personas físicas codemandadas, esto es la existencia de una sociedad ficticia o fraudulenta constituida en abuso de derecho y con el propósito doloso de violar la ley y sostiene que esa actividad no ha sido desarrollada por la actora. Entre la prueba ofrecida se encuentran los autos “Arias, Rubén Alberto c/ Cooperativa de Provisión de Servicios para transportistas “La Unión” Limitada s/ laboral” que requerí al tratarse de una prueba correctamente ofrecida y agregada para la sentencia en crisis. En esos autos se trajeron los libros de actas de la Cooperativa de las que se fotocopiaron y certificaron distintas piezas que se pueden consultar en el cuadernillo de copias agregados por cuerda a esos autos.
En ese importante libro social se advierten inaceptables irregularidades, a saber: el acta 56 es la última numerada lo que no sería tan grave, pero está unido a la cantidad de fojas en blanco entre un acta y otra, de tal manera que no asegura que éstas sean correlativas. Obsérvese que ni siquiera se han inutilizado esas páginas en blanco para impedir la intercalación de un acta antedatada. Se ha violado una vieja regla. Así el Código de Comercio en su art. 54 inc. 2º prohibía para los libros del art. 44 así como los auxiliares no exigidos por la ley:
“Dejar blancos ni huecos, pues todas las partidas se han de suceder unas a otras, sin que en ellas quede lugar para hacer intercalaciones ni adiciones;”
El Código Civil y Comercial, en una mejor redacción, en el art. 324 prohíbe :
“a) alterar el orden en que los asientos deben ser hechos; b) dejar blancos que puedan utilizarse para intercalaciones o adiciones entre los asientos;… e) cualquier otra circunstancia que afecte la inalterabilidad de las registraciones”
Pablo D. Heredia comentando esta norma, en la obra colectiva: “Código Civil y Comercial de la Nación Comentado” dirigida por Ricardo Luis Lorenzetti, expresaba:
“Las dos alteraciones indicadas resultan prohibidas pues importan un ataque al orden progresivo de la información y permiten introducir asientos falsos. Desde esta perspectiva, la prohibición es complementaria de la exigencia del orden cronológico que impone el citado art. 325 primer párrafo, del Código. La prohibición se refiere no sólo a dejar 'blancos' dentro de un folio, sino incluso dejar folios enteros en blanco” (Obra citada tomo II página 281) “En cambio, dejar blancos, interlinear, raspar, enmendar o tachar, son alteraciones que se refieren sólo al asiento en que el defecto se ha producido, y autorizan a pensar que no todo el libro se ha alterado, sino que se ha alterado el asiendo defectuoso.
Desde luego, si en el mismo libro estos últimos defectos se presentan como numerosos, no puede desconocerse que tales alteraciones influirán, no ya en asientos aislados, sino en todo el libro, dando cuenta de una irregularidad general.” (obra citada tomo II página 283) Esto último lo observamos en las fotocopias del libro de actas de la Cooperativa y siguiendo la numeración de ese libro se observa un blanco desde el renglón 13 de la página 16 y toda la página 17, media página 19 y la 20, la 23, la 26, la 29, la 32, la 35, la 38, la 41, la 44; la 47, la 50,51 y 52; gran parte de la 54, toda la 55 y 56; la 59 y 60. Ello es demostrativo de una intención de tener margen para intercalar actas que no se encontraban numeradas.
Es decir, un propósito de actuar en contra de la ley. Pero de la lectura de esas actas surgen documentadas serias irregularidades que comprometen la responsabilidad solidaria de los codemandados. Veamos: a fs. 8 vta. del incidente de copias el presidente informa las dificultades para generar recursos genuinos para saldar obligaciones, plan de pago nº C 253060 por seguridad social de los años 1998 a 2005, y el G 457528 por IVA años 2007/2012 y seguridad social por años 2009 a 2013. Informa además una deuda con la concesionaria por la compra de tres unidades lo que probablemente lleve a la devolución de las unidades el mes que viene. En el acta de 10 (página 18 del libro) el presidente expone que, por la situación, se ha hecho imposible la elaboración del balance 2013.
(obligación impuesta por la ley de cooperativas en el art. 39 y los arts. 23 y 24 del estatuto). En el acta de las páginas 21/22 del libro se deja constancia de la grave situación y la devolución de tres vehículos. En la siguiente asamblea en junio de 2014 (pagina 24 del libro) se aprueba el nombramiento de una comisión “gerenciadora” compuesta por los trabajadores con un síndico por la empresa para control y fiscalización de la nombrada comisión. En la siguiente asamblea se informa sobre la comisión que no cumplió con ninguno de los puntos del acuerdo. Como en la anterior, no se menciona el balance de 2013. Tampoco es materia de la siguiente asamblea del 30 de agosto de 2014 el tratamiento del balance atrasado y solo el accionar de la comisión.
El accionar de la comisión gerenciadora es materia de tratamiento en la Asamblea del 30 de septiembre de 2014. En el acta del 23 de octubre de 2014 (página 36 del Libro) se trata y acepta la renuncia al consejo y como asociada de la Sra. Alejandra Torres y se aprueba rescindir el convenio con la comisión de gerenciamiento. Sigue sin tratarse el balance 2013. En la Asamblea del 25 de abril de 2015 (página 39 del libro -fs. 25 del incidente) en el punto 3) del orden del día el presidente expone que la situación de la cooperativa ha hecho imposible elaborar los balances de los años 2013 y 2014.
La siguiente asamblea que figura en el libro (pág. 42 del libro y fs. 28 del incidente), en 15 de enero de 2016, nada se dice de los balances pendientes de elaboración y aprobación. Seis días más tarde se realiza una nueva Asamblea donde se completa el Consejo de Administración. Y si bien Sergio Lavié Larreguy sigue como presidente, no aparece la codemandada Torres quien habría renunciado al Consejo y como socia y a quien se le aceptó la renuncia. En una escueta acta de asamblea extraordinaria (ver fs. 32) se resuelve aprobar el revalúo contable de vehículos e inmueble. En la asamblea del 15 de abril de 2016 (acta de la pág. 48/49 del libro y fs. 34/35 del incidente), ahora el presidente informa que, por la agobiante situación, se ha hecho imposible la elaboración de los balances contables de los períodos 2013, 2014 y 2015.
Tras varias páginas en blanco en la nº 53 y con fecha 25 de abril de 2016 se informa sobre la conformación del Consejo de Administración. Como secretario figura Luis Alberto Larreguy. (no se entiende como, con diez días de diferencia, se dejan varias páginas en blanco).
Es en la Asamblea del 7 de abril de 2017 (ver página 57/58 del libro–fs. 43/44 del incidente) que recién se pone a consideración la Memoria, estados de situación patrimonial, estados de distribución y su distribución de los ejercicios finalizados en 2013, 2014, 2015, que se aprueban. Se solicita una prorroga para la elaboración del Balance de 2016, que es aprobada.
En 20 de junio de 2017 (luego de una página en blanco) en asamblea (fs. 47) se pone a consideración de los socios el Balance del ejercicio 2016 que se aprueba por unanimidad.
De este resumen surge que se ha trabajado más de cuatro años sin elaborar ni aprobar las memorias y balance que conforme la ley y estatutos lo debía ser anualmente. Y si bien estos libros que no fueron llevados en legal forma (por los claros señalados) no prueban contra terceros, prueban contra quien los llevaba y presentó en los autos venidos ad efectun videndi et probandi.
Del incidente de copias en los autos Arias c/ Cooperativa venidos como prueba se desprende también la existencia de hojas en blanco en el libro de informes de Sindicatura. (ver fs. 60 a 72. También se desprende de la certificación de escribano de fs. 134 que el codemandado Sergio Lavié Larreguy actuó como socio gerente de ETAP S.R.L. (Continuadora de Transportes Larreguy Hnos. S.R.L.) mientras que Sebastián Guillermo Moreno lo hace como apoderado de la Cooperativa demandada, (ello conforme copia del poder de fs. 129; 129 bis y 130). Ello, aunque en el contrato de Leasing en copia acompañado a fs. 131 aparecen cambiadas las representaciones: Sebastián G. Moreno como apoderado de ETAP S.R.L. y Sergio Lavié Larreguy como presidente de la cooperativa aquí demandada.
En ese contrato de leasing el dador constituye dos domicilios uno en Caleta Olivia y en Comodoro Rivadavia mientras el tomador no constituye. Los demandados no contestaron el traslado de estos instrumentos. Ese contrato es un indicio fuerte de la dominación de la aquí demandada por una SRL, donde el codemandado Larreguy ostentaba el cargo de presidente de la primera y de gerente en la segunda y realizaba contrataciones entre ambas o dirigía la Cooperativa desde la Empresa ETAP S.R.L. como indicaron los testigos. Habida cuenta ello propongo al Acuerdo admitir con respecto de Sergio Lavié Larreguy los agravios de la parte actora extendiendo con respecto del nombrado la condena contra la Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión” Limitada por haber realizado en su presidencia una administración no acorde con las normas legales al llevar, el libro de Actas de Asambleas y el de informes del Sindico, con páginas en blanco entre actas, violando claras reglas y no haber elaborado anualmente las memorias y balances.
Por otro lado, haber contratado con un apoderado de otra empresa a quien él mismo le confirió mandato para representar a la Cooperativa demandada. Son todos actos que importan un manejo discrecional de la cooperativa que autorizan la responsabilidad solidaria de Sergio Lavié Larreguy frente al actor Julio César Carrizo, sin perjuicio de las acciones entre la Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas La Unión Ltda. Entiendo que no corresponde llegar a igual solución con respecto de Alejandra Gabriela Torres habida cuenta que, como se expresó más arriba, la nombrada renunció como secretaria y como socia y se le aceptó la renuncia el 23 de octubre de 2014 y respecto de ella debe confirmarse la sentencia en cuanto rechaza la acción en su contra.
XV. Que es materia de agravios por parte del actor el rechazo de la multa del art. 80 de la LCT. Al contestar la acción se argumentó que se había puesto a disposición del actor y que éste no lo pasó a retirar. En la audiencia del art. 47 la parte demandada lo acompaña y se le entrega al actor y en ese acto se realizan consideraciones respecto que el formulario PS.6.2 comprende hasta el 2005 mientras el certificado de trabajo se refiere a toda la relación a partir de diciembre de 2001. Por ello la sentencia, al entender que no había sido íntegro el certificado de Servicios y remuneraciones la intima a la confección y entrega en el plazo de dos días. El actor entiende en agravios que se habían cumplido los requisitos de procedencia de la sanción. Nada dice, en agravios, respecto del ofrecimiento de la demandada poniéndolos a disposición en la sede de la empresa (fs. 54 bis) y que por otro lado las constancias de la documental de fs. 99/103 se complementa con el formulario PS.6.2 y en ese aspecto propongo confirmar la sentencia en cuanto la intimación al respecto. Debe confirmarse también la sentencia en cuanto rechaza la procedencia de la multa del art. 132 bis de la LCT toda vez que la intimación genérica no cumple con los requisitos del decreto 146/2001 No ha sido materia de agravios por los demandados la intimación que oficiosamente realiza la sentencia en los puntos 3 y 4 del fallo.
XVI. Queda por último el tratamiento del segundo agravio de los demandados respecto de la tasa de interés que fuera contestada por el actor. Sobre el particular existe disidencia con mi distinguida colega y los subrogantes tienen posiciones encontradas en este tema, como es de público conocimiento por el foro local. Posiciones respetables como toda opinión como respetable es mi opinión. Reitero, como sostuve en muchas causas, que no se me escapa la realidad económica, pero tengo en cuenta que las “tasas activas” como tasas bancarias que son contienen ingredientes ajenos al costo del dinero al incluir los gastos financieros y administrativos de los bancos al facilitar el dinero, gastos de personal e infraestructura, cargas previsionales e impositivas además de los riesgos de los incobrables sobre el interés que abonan a los depositantes, que no deben abonar el litigante en el caso de autos. Compartí el criterio del Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re “Díaz c/ Provincia de Santa Cruz s/ Laboral” y mantenido en “Ojeda, Sandra F. c/ Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz s/ cobro de pesos” y Farrel F.N. c/ Laperchuc R. O. s/ laboral”. Recientemente al resolver recursos de casación se pronunció en casación (arts. 3 inc a)y 14 ley 1687 reiterando la aplicación de la tasa pasiva en los autos “Varas, Enriqueta Margarita c/ Pardo Antonio Balois y otro s/ Laboral” Prot. Elect. TSS1 003 S211 entre otros en igual sentido registradas como TSJ t.XX- reg. 676 fº 3922/3927; tomo XX reg. 674; tomo XIX reg. 644 que se pueden consultar en la página del Tribunal Superior de Justicia. Ello en consonancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Palmieri, L. F. c/ Estado Nacional s/ Ordinario” o “Mantello, Paulo Mario c/ Fuerza Aérea Argentina y otros s/ ordinario”. Por ello propongo al Acuerdo aceptar este agravio de la parte demandada y modificar la Tasa de Interés estableciendo que se utilizará la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la Republica Argentina.
XVII. Que por estas consideraciones y con el limitado alcance establecido precedentemente respondo en forma negativa a la segunda cuestión y propongo al Acuerdo modificar parcialmente la sentencia.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XVIII. Coincido parcialmente con el voto que antecede en lo que hace a la respuesta que se da a los agravios vertidos y disposiciones que adopta con excepción de la respuesta que da al segundo agravio de la demandada donde discrepo. Mi discrepancia se centra en el tema de los intereses habida cuenta que comparto los que utiliza la sentencia y la he sostenido en forma reiterada. Entiendo que corresponde mantener la tasa de interés establecida en la sentencia en crisis a fin de recomponer adecuadamente el crédito del actor como lo sostuve en los autos “Farías, Inés Beatriz c/ Municipalidad de Caleta Olivia, s/ daños y perjuicios” (tomo XCIV (bis) Registro 2893, folio 051/066 Prot. Electr. A 201 075 S 211) y precedentes allí citados entre otros. Para resolver esta disidencia convocase al Dr. Mario A. Albarrán. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XIX. Llamado a dirimir el distinto criterio que sostienen los integrantes de la Cámara (que integro por subrogancia) relativa a la tasa de interés que se debe utilizar en los créditos discutidos en juicio. En todas las ocasiones en que fue convocado para pronunciarme sobre el tema adherí al voto de la Dra. Bard. En este caso mantengo mi posición compartiendo el voto de la distinguida camarista y me pronuncio por la aplicación de la tasa activa. Así lo vote en numerosas oportunidades, por ejemplo in re “TICONA ALI, Lidia Nelly y otro c/ BEBER, Pablo s/ Laboral” (T.XCIV Sentencias Registro 2848, Folio 551/562). Por ello adhiero también en esta ocasión al voto que antecede reiterando las razones expuestas en muchos expedientes. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XX. Que en función de los argumentos y razones expuestas al responder a las anteriores cuestiones, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Denegar el recurso de fs. 203 contra la interlocutoria de fs. 196/198, que se tuviera presente con efecto diferido, por no haber sido sostenido al expresar agravios (art. 91 ley 1444); 2º) Declarar a los fines de esta litis la identidad de personas jurídicas y entender que todas denominaciones usadas en autos y enumeradas en el considerando X se refieren a la demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para transportistas “La Unión Limitada”; 3º) Tener a la demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Limitada” por confesa a tenor del pliego que, abierto el sobre, se glosó a fs. 446/447 respecto de los hechos concernientes a su actividad teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las pruebas producidas; 4º) Rechazar el primer agravio de los demandados y parcialmente el primer agravio expresado por el actor respecto de la condena solidaria contra Alejandra Gabriela Torres y rechazar los restantes expresados por el actor; 5º) Admitir parcialmente el primer agravio de la parte actora en cuanto pretende la condena solidaria contra Sergio Lavié Larreguy en su carácter de presidente de demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para transportistas “La Unión Limitada” y el segundo agravio de la parte demandada respecto de la tasa de interés; 6º) Modificar la condena que alcanzará en forma solidaria al codemandado Sergio Lavié Larreguy y la tasa a aplicar sobre los créditos por lo que prospera será la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina y confirmarla en lo demás que fuera materia de agravios. Costas en ambas instacias a los demandados condenados solidariamente por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC); 7º) Tener presente las reservas del caso federal formulados por las partes a fs. 419 vta. y 427 por el actor y fs. 398 vta. y mantenida a fs. 430 vta. por los demandados; 8º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XXI. A mérito de mi disidencia parcial propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Denegar el recurso de fs. 203 contra la interlocutoria de fs. 196/198, que se tuviera presente con efecto diferido, por no haber sido sostenido al expresar agravios (art. 91 ley 1444); 2º) Declarar a los fines de esta litis la identidad de personas jurídicas y entender que todas denominaciones usadas en autos y enumeradas en el considerando X se refieren a la demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Limitada”; 3º) Tener a la demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Limitada” por confesa a tenor del pliego que, abierto el sobre, se glosó a fs. 446/447 respecto de los hechos concernientes a su actividad teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las pruebas producidas; 4º) Rechazar los agravios de los demandados y parcialmente el primer agravio expresado por el actor respecto de la condena solidaria contra Alejandra Gabriela Torres y rechazar los restantes expresados por el actor; 5º) Admitir parcialmente el primer agravio de la parte actora en cuanto pretende la condena solidaria contra Sergio Lavié Larreguy en su carácter de presidente de demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Limitada”; 6º) Modificar la condena que alcanzará en forma solidaria al codemandado Sergio Lavié Larreguy y confirmarla en lo demás que fuera materia de agravios. Costas en ambas instancias a los condenados solidariamente por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC); 7º) Tener presente las reservas del caso federal formulados por las partes a fs. 419 vta. y 427 por el actor y fs. 398 vta. y mantenida a fs. 430 vta. por los demandados; 8º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Albarrán dijo:
XXII. Que, conforme me expidiera al contestar la segunda cuestión, adhiero al voto de la Dra. Griselda I. Bard por considerarla justa y equitativa.
Por ello se dicta la siguiente sentencia.
Caleta Olivia, 21 de marzo de dos mil veintidós
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Denegar el recurso de fs. 203 contra la interlocutoria de fs. 196/198, que se tuviera presente con efecto diferido, por no haber sido sostenido al expresar agravios (art. 91 ley 1444);
2. Declarar a los fines de esta litis la identidad de personas jurídicas y entender que todas denominaciones usadas en autos y enumeradas en el considerando X se refieren a la demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Limitada”;
3. Tener a la demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Limitada” por confesa a tenor del pliego que, abierto el sobre, se glosó a fs. 446/447 respecto de los hechos concernientes a su actividad teniendo en cuenta las circunstancias de la causa y las pruebas producidas;
4. Rechazar los agravios de los demandados y parcialmente el primer agravio expresado por el actor respecto de la condena solidaria contra Alejandra Gabriela Torres y rechazar los restantes expresados por el actor;
5. Admitir parcialmente el primer agravio de la parte actora en cuanto pretende la condena solidaria contra Sergio Lavié Larreguy en su carácter de presidente de demandada Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas “La Unión Limitada”
6. Modificar la condena que alcanzará en forma solidaria al codemandado Sergio Lavié Larreguy y confirmarla en lo demás que fuera materia de agravios. Costas en ambas instancias a los condenados solidariamente por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC);
7. Tener presente las reservas del caso federal formulados por las partes a fs. 419 vta. y 427 por el actor y fs. 398 vta. y mantenida a fs. 430 vta. por los demandados;
8. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Mario A. Albarrán -Juez de Cámara Subrogante-; Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201118S.221 Tomo: XCVI Sentencia: 2936 Folio Nº: 001/018
Fin de la sentencia