Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por los Dres. Cristian Daniel Lagoria y Carlos Luis Paz, en su carácter de abogados defensores del interno penado Ramón Federico Carrizo en contra la denegatoria a la libertad condicional dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal de 1º Nominación.
2No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar en todos sus términos la resolución impugnada.
3Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
SENTENCIA NÚMERO: CUARENTA Y CUATRO
En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los catorce días del mes de septiembre de dos mil veintiséis, reunida en acuerdo la Sala Penal de la Corte de Justicia de Catamarca, integrada por la doctora María Fernanda Rosales Andreotti, como Presidenta; doctor Néstor Hernán Martel y doctora Rita Verónica Saldaño, se reúne en acuerdo para entender en el Recurso de Casación deducido en expte. Corte nº 019/26, caratulados: “Carrizo, Ramón Federico – lib. Condicional- s/ rec. de casación c/ AI nº 15/26 de expte. nº 289/25”.
I). Por Auto Interlocutorio (AI) nº 015 del 18 de febrero de 2026, el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación, en lo que aquí concierne resolvió: “1) No hacer lugar a la libertad condicional solicitada por el Sr. Carrizo, Ramón Federico, conforme lo expuesto en los considerandos y art. 13 del CP y 28 de la ley n° 24.660 y Ley Pcial. n° 5776 y arts. 501, 504 y 489 del CPP. 2) Invitar al solicitante a continuar e intensificar su compromiso con el tratamiento penitenciario (especialmente la psicoterapéutica conforme Ley 26.813). Debiendo el mismo ser sostenido en el tiempo a fin de neutralizar o morigerar los aspectos negativos de su personalidad, como paso previo a la consideración por parte del Gabinete Técnico Criminológico ante solicitudes del interno de cualquier derecho que importe una modificación cualitativa del cumplimiento de la pena (arts. 1 y 5 de la ley 24.660). (…)”.
II). Los Dres. Cristian Daniel Lagoria y Carlos Luis Paz, en representación del Sr. Carrizo, interponen recurso de casación contra dicha resolución, invocando los motivos previstos en el art. 454, incs. 1° y 2º del CPP, esto es, inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, y vulneración de las reglas de la sana crítica racional en la valoración probatoria.
Los recurrentes sostienen que el decisorio padece de una fundamentación aparente y solicitan la operatividad de la garantía del doble conforme, citando al efecto jurisprudencia de la CSJN y la CIDH.
Su asistido cumplió el requisito temporal el 04/11/2025, pero que el trámite se postergó por dilaciones burocráticas del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), prolongando el encierro de modo ilegítimo.
Primer motivo de agravio:
La defensa arguye que el juzgador introdujo exigencias extralegales no previstas en el art. 13 del Código Penal, es decir, la resolución supedita la libertad a la culminación del tratamiento psicológico y a una suerte de confesión o reconocimiento de los hechos, cuando la norma sustantiva solo exige el cumplimiento del tiempo de condena y un pronóstico favorable de reinserción, mas no la finalización de terapias ni la admisión de culpabilidad.
La libertad condicional es un derecho sometido a control judicial y no una concesión discrecional supeditada a deficiencias administrativas.
Segundo motivo de agravio:
En este punto, la defensa cuestiona la falta de una valoración integral y razonada de las constancias de la causa.
El fallo, en este sentido, omitió tratar extremos decisivos, tales como: a) que la demora en el tratamiento es imputable exclusivamente al Estado; b) la inexistencia de negativas del interno a comparecer a terapia; c) la precariedad de los abordajes psicológicos (realizados a través de un vidrio o por teléfono); y d) la exigencia indebida de reconocer un hecho de abuso sexual con acceso carnal por el cual el interno no fue condenado, vulnerando la garantía contra la autoincriminación (art. 18 CN).
Tercer motivo de agravio:
Los impugnantes critican que el tribunal descanse en dictámenes administrativos deficitarios, sin ejercer un control jurisdiccional sobre su metodología.
En este sentido, el informe socio-ambiental se practicó telefónicamente y, por otra parte, se le reprocha al interno la falta de participación en programas de los que nunca fue debidamente notificado.
Finalmente, califican de ilógico el dictamen fiscal que alega falta de evaluación profunda cuando el causante mantuvo una conducta de no reiteración delictiva por más de una década.
III). Por último, la defensa solicita que se aplique el estándar constitucional de motivación suficiente, se ejerza un control autónomo de razonabilidad sobre el pronóstico de reinserción y, ante el cumplimiento del requisito temporal y la ausencia de riesgos procesales concretos, se revoque el decisorio y se conceda la libertad condicional solicitada.
Efectúan reserva del Caso Federal.
Así las cosas, el Tribunal se plantea las siguientes cuestiones:
1. ¿Es admisible el recurso?
2. ¿En el auto impugnada, ha sido inobservada o aplicada erróneamente la ley sustantiva y las reglas de la sana crítica en la apreciación de las pruebas? ¿Qué resolución corresponde dictar?
De acuerdo al resultado del sorteo efectuado a fs.20, nos pronunciaremos en el siguiente orden: en primer lugar, el Dr. Martel; en segundo, lugar, la Dra. Saldaño y en tercer término, la Dra. Rosales.
A la Primera Cuestión, el Dr. Martel dijo:
El recurso reúne los requisitos de admisibilidad formal (art. 460 del CPP): Fue interpuesto en forma y en tiempo oportuno; por parte legitimada; y contra de una resolución judicial equiparable a sentencia definitiva, en tanto deniega una morigeración legal del encierro impuesto a título de pena, con lo que el eventual gravamen es irreparable en ocasión posterior.
Por ello, a la cuestión planteada, mi respuesta es afirmativa. Así voto.
A la Primera Cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Comparto las consideraciones expuestas por el señor Ministro preopinante, por lo que, adhiero a ellas y voto en el mismo sentido.
A la Primera cuestión, la Dra. Rosales dijo:
Estimo acertadas las razones que sustentan la respuesta afirmativa dada a la cuestión en el primer voto y, con arreglo a ellas, voto de igual modo.
A la Segunda Cuestión, el Dr. Martel dijo:
Ingresando al tratamiento de la segunda cuestión planteada, corresponde determinar si el Auto Interlocutorio nº 015/2026 dictado por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación ha incurrido en inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, o en una valoración arbitraria de las constancias incorporadas al incidente, conforme los agravios traídos por la defensa técnica del condenado Ramón Federico Carrizo.
Adelanto, que a mi criterio, el recurso no puede prosperar.
La defensa estructura su impugnación en torno a tres órdenes de agravios: en primer lugar, sostiene que el juez de ejecución habría incorporado exigencias no previstas en el art. 13 del Código Penal, al supeditar la libertad condicional a la culminación de un tratamiento psicológico y al reconocimiento del hecho; en segundo término, denuncia arbitrariedad por falta de valoración integral de las constancias favorables al interno; finalmente, cuestiona la validez y suficiencia de los informes técnicos producidos por el Servicio Penitenciario, a los que atribuye deficiencias metodológicas y carácter meramente administrativo. Tal es, en lo sustancial, la plataforma recursiva que corresponde examinar, conforme surge de la base del recurso incorporada a autos.
En relación al primer agravio, esto es, la alegada incorporación de requisitos extralegales, entiendo que el planteo debe ser rechazado. El artículo 13 del Código Penal no consagra una consecuencia automática derivada del mero cumplimiento temporal de la pena, sino un instituto de egreso anticipado sujeto a la concurrencia de presupuestos objetivos y subjetivos, entre los cuales reviste especial relevancia la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.
Esta Corte ha sostenido, en consonancia con la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ‘Casal’ (Fallos: 328:3399), que el control casatorio en materia de ejecución penal debe asegurar una revisión suficiente de la fundamentación del pronunciamiento recurrido, sin que ello implique sustituir automáticamente la valoración razonada efectuada por el juez de ejecución cuando ésta se encuentra apoyada en constancias técnicas objetivas.
En esa línea, al emitir mi voto en autos “Titos, Santos Reyes – libertad condicional – s/ recurso de casación”, destaqué que el régimen de progresividad previsto en la Ley 24.660 exige verificar, en cada caso concreto, la evolución penitenciaria del condenado y la existencia de elementos actuales que permitan formular un pronóstico favorable de reinserción social.
Desde esa perspectiva, no advierto que el juez de ejecución haya exigido una confesión ni convertido la culminación del tratamiento psicológico en un requisito autónomo no previsto por la ley para acceder al beneficio pretendido. Por el contrario, de la lectura integral de la resolución impugnada surge que el magistrado valoró la falta de abordaje terapéutico específico, la ausencia de implicancia subjetiva respecto de la conducta por la que resultó condenado, la persistencia de mecanismos defensivos y la inexistencia de indicadores criminológicos favorables, como circunstancias relevantes para formular el juicio pronóstico exigido por el artículo 13 del Código Penal.
En este punto corresponde recordar la postura asumida en “Titos”, donde sostuve que, tratándose de delitos contra la integridad sexual, la evaluación del pronóstico de reinserción no puede desentenderse del abordaje específico de la conflictiva que motivó la condena. Ello no importa exigir una autoincriminación ni condicionar el acceso al instituto a una confesión expresa, sino valorar si se han logrado, mediante el tratamiento penitenciario, los objetivos perseguidos en procura de evitar que quien ha cometido un delito vuelva a acometer conductas de similar naturaleza, resguardando de tal modo los bienes jurídicos comprometidos y la seguridad de la comunidad.
En ese precedente se destacó, asimismo, que la falta de internalización de la gravedad del daño ocasionado a la víctima constituye una circunstancia particularmente relevante al momento de ponderar la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.
Precisamente, ello es lo que ocurre en el caso bajo examen. Los informes técnicos incorporados al incidente no se limitaron a señalar que Carrizo no reconocía el hecho atribuido, como postula la defensa, sino que describieron de manera coincidente la ausencia de una evolución terapéutica suficiente, la persistencia de mecanismos defensivos, la falta de abordaje específico de la problemática criminológica detectada y, en definitiva, la inexistencia actual de indicadores favorables que permitieran sostener un pronóstico positivo de reinserción social.
Desde esa perspectiva, no advierto que el juez de ejecución haya exigido una confesión ni convertido la culminación del tratamiento psicológico en un requisito autónomo no previsto por la ley para acceder al beneficio pretendido. Por el contrario, de la lectura integral de la resolución impugnada surge que el magistrado valoró la falta de abordaje terapéutico específico, la ausencia de implicancia subjetiva respecto de la conducta por la que resultó condenado, la persistencia de mecanismos defensivos y la inexistencia de indicadores criminológicos favorables, como circunstancias relevantes para formular el juicio pronóstico exigido por el artículo 13 del Código Penal.
El segundo agravio, vinculado con la supuesta falta de valoración integral de la prueba, tampoco puede prosperar. La defensa invoca como elementos favorables el cumplimiento del requisito temporal, la ausencia de sanciones disciplinarias, la correcta convivencia intramuros y determinadas referencias positivas del legajo. Sin embargo, tales extremos no fueron desconocidos por el juez de ejecución. La resolución recurrida los tuvo presentes, pero entendió que no resultaban suficientes para neutralizar el cuadro técnico desfavorable informado por las áreas especializadas.
Aquí debe remarcarse que la buena conducta carcelaria y el cumplimiento temporal constituyen presupuestos relevantes, pero no agotan el análisis exigido por el art. 13 del Código Penal. Como sostuve en “Titos”, la libertad condicional requiere algo más que el acatamiento externo de las normas intramuros: exige una evolución penitenciaria que permita formular razonablemente un pronóstico favorable de reinserción. Y ese pronóstico, en casos como el presente, no puede prescindir de la evaluación psicológica, criminológica y social del condenado.
En autos, la mayoría de los informes incorporados al incidente no resultaron favorables al egreso. El área psicológica señaló déficits relevantes en la implicancia subjetiva y en el abordaje específico de la problemática sexual; el informe criminológico no recomendó favorablemente el acceso al instituto; el Consejo Correccional se expidió en sentido desfavorable; y el Ministerio Público Fiscal dictaminó en igual dirección. Frente a ese cuadro, no luce arbitrario que el juez de ejecución haya considerado que los indicadores positivos invocados por la defensa no bastaban para tener por configurado el pronóstico favorable requerido legalmente.
El tercer agravio, referido al cuestionamiento de los informes técnicos del Servicio Penitenciario, también debe ser desestimado. Es cierto que el juez de ejecución no puede limitarse a homologar automáticamente las conclusiones administrativas. El control judicial debe ser real, autónomo y fundado. Pero de ello no se sigue que los informes técnicos carezcan de valor, ni que puedan ser descartados por la sola disconformidad de la defensa con su resultado.
La resolución recurrida no se apoyó en un único informe aislado ni en una apreciación meramente dogmática. Por el contrario, ponderó un conjunto de evaluaciones provenientes de distintas áreas, concordantes en cuanto a la inexistencia actual de una evolución suficiente para habilitar el egreso anticipado. Las objeciones defensivas relativas a la modalidad de algunas entrevistas, a las demoras administrativas o a las limitaciones propias del sistema penitenciario no alcanzan para descalificar la totalidad del plexo técnico reunido, máxime cuando la defensa no logra demostrar que tales circunstancias hayan determinado una conclusión falsa, absurda o manifiestamente arbitraria.
En este aspecto, corresponde mantener la misma línea adoptada por mi en “Titos” y en el precedente “Mendoza”; el control casatorio no habilita a reemplazar el criterio del juez de ejecución por una distinta apreciación de mérito cuando la decisión recurrida aparece suficientemente fundada, se apoya en informes técnicos concordantes y exterioriza las razones por las cuales el pronóstico favorable no se encuentra consolidado. La mera discrepancia de la defensa con la valoración efectuada no configura, por sí sola, arbitrariedad.
En definitiva, la resolución impugnada explicó de manera razonable por qué, pese al cumplimiento del requisito temporal y a la inexistencia de sanciones disciplinarias, no se encontraba acreditado el presupuesto sustancial vinculado con el pronóstico favorable de reinserción social. Esa conclusión se muestra compatible con el régimen del art. 13 del Código Penal, con los principios de la Ley 24.660 y con la doctrina de esta Corte en materia de ejecución penal.
Por ello, entiendo que no se verifica inobservancia ni errónea aplicación de la ley sustantiva, ni vulneración de las reglas de la sana crítica racional en la valoración de las constancias del incidente. Los agravios defensivos no logran conmover los fundamentos centrales del auto recurrido, que debe ser confirmado.
En consecuencia, propongo rechazar el recurso de casación interpuesto por los Dres. Cristian Daniel Lagoria y Carlos Luis Paz, en representación de Ramón Federico Carrizo, y confirmar el Auto Interlocutorio nº 015/2026 dictado por el Juzgado de Ejecución Penal de Primera Nominación. Así voto.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Saldaño dijo:
Analizada la razón que viene a conocimiento de ésta Sala Penal, debo decir que coincido con la solución propiciada por el Sr. Ministro que tiene el voto inaugural. Sin embargo, estimo pertinente referirme a algunas cuestiones:
1. Llega a ésta instancia, impugnado el Auto Interlocutorio N° 015/26 de fecha 18 de febrero de 2026, dictado por el juzgado de Ejecución Penal de segunda nominación, que resolvió denegar el beneficio de libertad condicional a Carrizo Ramón.
En efecto, en el presente, como motivo de agravio, invocan: 1) Inobservancia o error en la apreciación de la ley sustantiva, por encontrarse cumplido lo previsto en el art. 13 del Código Penal, 2) Violación del Principio de legalidad, arbitrariedad por ausencia de fundamentación, y 3) Inobservancia o error en la aplicación de las reglas de la sana critica en la apreciación de las Pruebas, solicitan la correcta aplicación del art. 13 del CP, la ley 24.660, consideran que se introducen exigencias no previstas, como la culminación de un tratamiento psicológico especifico y el reconocimiento de una figura agravada que no integra el título de condena firme, expresa que se vulnera el principio de progresividad y control efectiva previstos en la ley 24.660, trasladando al penado deficiencias organizativas del Servicio Penitenciario que no pueden operar como obstáculo para el ejercicio de un derecho legalmente habilitado.
En la audiencia prevista en los arts. 460 y 464 del C.P.P., la defensa, reafirma lo sostenido en el memorial casatorio, y la fiscal rebate sus argumentos, manifestando que la jueza de Ejecución, resolvió el rechazo de la libertad solicitada, con fundamento en los arts. 13 del CP. y 28 de la Ley de Ejecución N° 24.660, apoyada en los informes del gabinete técnico y el informe criminológico del condenado, y en que Carrizo no demostró adherencia al tratamiento específico.
2. Antes de analizar los informes y los fundamentos de la sentencia atacada, es dable mencionar que Carrizo Ramón Federico, es un hombre de 51 años, oriundo de la Localidad de El Cerrito, Dpto. Santa Marie, de ésta Provincia de Catamarca, soltero, con estudios primarios, empleado municipal, alojado en el servicio penitenciario desde 05 de septiembre de 2025, condenado a la pena de tres años de prisión efectiva, por sentencia N° 63/2025, de fecha 03/09/25, dictada por la cámara en lo criminal de Primera Nominación, en su calidad de autor penalmente responsable de los delitos de de abuso sexual simple agravado por la situación de convivencia preexistente, (Hecho nominado primero), abuso sexual simple continuado agravado por la situación de convivencia preexistente (Hecho nominado segundo) en concurso real. Cumplirá la totalidad de su condena el 4 de marzo de 2028. El dia 20 de octubre de 2025, presta conformidad al computo de plazos y solicita libertad condicional.
3. A los fines del correcto tratamiento del recurso planteado, entiendo importante recordar la finalidad de resocializacion de la pena, principio consagrado en el artículo 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece: “las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados”; Por su parte, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone que: “El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.” En los niveles inferiores del sistema normativo en estudio, la ley nacional de ejecución penal, 24.660, en su artículo 1 dispone que: “La ejecución de las penas privativas de la libertad, en todas sus modalidades, tiene por finalidad lograr que el condenado adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley procurando su adecuada reinserción social.”.
Ahora bien, teniendo en cuenta además, que: “…La libertad condicional constituye, en esencia, la etapa final del régimen de la progresividad, al permitir al condenado egresar al medio libre antes del agotamiento de la condena, sometiéndose al cumplimiento de ciertas condiciones. Mediante el otorgamiento de la libertad, se procura premiar a quien demostró una evolución satisfactoria en el régimen carcelario, incentivándolo a continuar con su buena conducta en el medio libre, todo ello orientado a la prevención especial…” (Las penas, Abel Fleming, Pablo López Viñals, 1º ed., editorial Rubinzal Culzoni, pág 536 vta.); considero, en merito a los informes incorporados, que Carrizo Ramón Federico, no ha cumplido con las condiciones exigidas, tal cual surge de los informes adjuntados.
Sabido es que el ideal de la concepción resocializadora y el fin de prevención especial de las penas, se encuentran ambas, limitadas, por los elementos que el sistema penal pone a disposición del condenado para que éste adquiera la capacidad de comprender y respetar la ley (art. 1 de Ley 24.660). Y aquí se hace necesario atender a la persona y las herramientas brindadas por el Estado a ese fin, sin dejar de lado la dignidad inherente a todas las personas por el solo hecho de serlo, como a su autonomía personal garantizada por el artículo 19 de nuestra Constitución.
4. Ingresando al examen de lo planteado, advierto que se encuentra cumplido el requisito temporal establecido en el art. 13 C.P., lo que surge del informe del área de seguridad y del cómputo de plazo realizado por el juez aquo.
Sin embargo, obran disimiles informes que obstaculizan dar por cumplido el requisito subjetivo que establece la normativa, art. 102 de la LEP, el escaso tiempo que lleva el recurrente alojado en el penal, acarrea la consecuencia lógica, de la imposibilidad de recabar los informes trimestralmente.
Es decir, si bien los informes del área sanidad, educación, laborterapia, seguridad se expiden emitiendo pronóstico de reinserción social favorable, considero que adquieren relevancia los informes del área psicológica y social, atento a la naturaleza de los delitos cometidos, debe primar también en ésta instancia la perspectiva de género, lo que implica extremar la debida diligencia, y tutela judicial efectiva, en aras a los derechos de la víctima, teniendo en cuenta los posibles factores de riesgo, al no haber ahondado el gabinete interdisciplinario cuestiones fundamentales como la capacidad o reacción ante situaciones de riesgo, y el abordaje de la conducta antijurídica, lo que implica un factor de peligro para la sociedad, y una comunidad pequeña en donde reside también la víctima.
En éste orden de ideas, adquiere relevancia las conclusiones del Consejo Correccional en acta N° 320/2025, quien emite de manera UNANIME un dictamen desfavorable a la solicitud del interno, fundado en la no concurrencia de los requisitos ennumerados en el art. 28, Ley 24.660, en idéntico sentido se expide el Director del servicio penitenciario en R.I. 1454/2025.
En consonancia con este temperamento, es erróneo afirmar que el servicio penitenciario incurrió en alguna falencia y la alegada demora no encuentra asidero factico ni jurídico. Al contrario, se advierte que el Tribunal da razones de su decisión, basándose tanto en las constancias del expediente como en la normativa aplicable al caso, resolviendo en concordancia con ello, ya que no se verifica el pronóstico de reinserción social favorable exigido por el art. 13 del Código Penal, observándose la inexistencia de los requisitos que establece la normativa aplicable para acceder a la libertad pretendida
Lo decidido por el Juez de Ejecución, no resulta arbitrario, atento que su resolución fue dictada en cumplimiento de las facultades que la ley le confiere; conforme las constancias de la causa, la existencia de una valoración integral por parte de la misma y en ese sentido, ha tomado en consideración los factores como el informe psicológico, lo informado por la asistente Social y dictamen del Ministerio Publico Fiscal, que son determinantes para poder afirmar la decisión tomada respecto del condenado requirente Carrizo Ramón Federico.
Finalmente, coincido con la agente fiscal en que se ha incurrido un error respecto a la calificación legal por la que Carrizo se encuentra condenado, y las remitidas a los equipos técnicos, por lo que se debe propender a su corrección.
Por los argumentos esgrimidos, me inclino por pronunciarme en idéntico sentido al Sr. Ministro que me antecede. Así voto.
A la Segunda Cuestión, la Dra. Rosales Andreotti dijo:
La señora Ministra Dra. Saldaño da, a mi juicio, las razones necesarias que deciden correctamente la presente cuestión. Por ello, adhiero a su voto y soy el mío en igual sentido.
Por los resultados del acuerdo que antecede y por unanimidad, la Sala Penal de la CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA,
1. Declarar formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por los Dres. Cristian Daniel Lagoria y Carlos Luis Paz, en su carácter de abogados defensores del interno penado Ramón Federico Carrizo en contra la denegatoria a la libertad condicional dispuesta por el Juzgado de Ejecución Penal de 1º Nominación.
2. No hacer lugar al recurso de casación interpuesto, y confirmar en todos sus términos la resolución impugnada.
3. Con costas (arts. 536 y 537 del CPP).
4. Protocolícese, hágase saber y, oportunamente, bajen estos obrados a origen, a sus efectos.
FIRMADO: Dra. María Fernanda Rosales Andreotti –Presidenta de la Sala Penal- Dr. Néstor Hernán Martel y Dra. Rita Verónica Saldaño. ANTE MÍ: Dra. María Fernanda Vian -Secretaria- ES COPIA FIEL de la sentencia original que se protocoliza en la Secretaría a mi cargo. Doy fe.
Fin de la sentencia