Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la repetición solicitada respecto del período fiscal 2002, con más los intereses correspondientes, con costas.
2Rechazar la repetición respecto de los ejercicios 2003 y 2004, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-14023177-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 14 de Febrero de 2022 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación), Juan Carlos Vicchi (Vocal Titular de la 9° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación) para resolver en el expediente N° 34.186-I, caratulado: “CARSA SA s/ repetición”.
El Dr. Luis dijo:
I. Que a fs.18/29vta. se interpuso recurso de apelación contra la resolución de la AFIP-DGI de fecha 29/09/2010 suscripta por el Jefe de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la AFIP-DGI que rechazó la solicitud de reconocimiento de quebranto en el impuesto a las ganancias (IG) por el período fiscal 2002 y la acción de repetición del impuesto a las ganancias, de los períodos fiscales 2003 y 2004.
La actora afirmó que cierra su ejercicio comercial el 31/08 de cada año y que respecto del período fiscal 2002 presentó la declaración jurada del IG sin aplicar el mecanismo de ajuste por inflación impositivo, registrando de tal forma una utilidad de $1.132.641,77.-, que arrojó un tributo a ingresar de $396.424,62.- que fue cancelado con retenciones y percepciones por $72.177,58.- y con los importes ingresados en concepto de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) por $324.247,04.-, luego reimputados para cancelar el saldo mencionado, tal como se acreditó con las copias de la documentación que adjuntó al pedido de repetición presentado ante la autoridad fiscal, cuya legitimidad y veracidad -a su juicio- no es motivo de controversia.
Alegó que en el período fiscal 2003, y como consecuencia de no haber aplicado el ajuste por inflación impositivo en el período fiscal 2002, el resultado impositivo ascendió a $10.017.373,66.- y el impuesto determinado resultó de $3.506.080,78.- que fue cancelado con retenciones y percepciones por $117.543,14.- y con importes compensados con saldo a favor de libre disponibilidad provenientes de la declaración jurada del IGMP por $382.264.-, mientras que el saldo resultante de $3.006.273,64.- fue ingresado el 12/01/2004 mediante un pago bancario, tal como acreditó también en el recurso de repetición presentado que derivó en el dictado de la resolución apelada, documentación que -tal como exponetampoco fue controvertida en lo que respecta a su validez.
Con relación al período fiscal 2004, señaló que tuvo un resultado impositivo de $8.789.145,90.- y un impuesto determinado de $3.076.201,07.- que fue cancelado con retenciones y percepciones por $834.640,87.-, anticipos ingresados por $1.959.537,87.- y el importe del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarios (ICD) (art. 4°, Ley N° 25.413), por la suma de $282.022,32.- tal como dice haberlo acreditado en la instancia administrativa.
Luego de descripta la manera en la que la sociedad tributó el IG correspondiente a los períodos fiscales 2002 a 2004, como consecuencia de no haber aplicado en el ejercicio 2002 el ajuste impositivo por inflación, lo que produjo una afectación de sus derechos y garantías constitucionales, circunstancia que la obligó a iniciar la acción de repetición que fue -a su juicio- ilegítimamente rechazada mediante el dictado de la resolución recurrida.
Destacó que tal como lo acreditó en la instancia administrativa, el resultado “real” de la firma con respecto al período fiscal 2002, luego de la aplicación del ajuste por inflación impositivo, arroja una pérdida (quebranto) de $14.757.800,30.- y, en consecuencia, un saldo a favor de $72.177,58.- por retenciones y percepciones, adjuntándose copia del informe especial confeccionado por un contador público independiente con fecha 23/12/2002, ofreciendo prueba pericial para ratificar lo allí expuesto, la que no fue ordenada.
Adujo, respecto al período fiscal 2003, que producto del traslado del quebranto del ejercicio anterior, el resultado impositivo determinado por $10.017.373,66.- se compensó en su totalidad con el mismo, quedando un crédito por retenciones y percepciones de $117.543,14.-, de manera tal que el ingreso efectuado en dicho período de $3.006.273,64.-, fue en forma indebida y sin causa, razón por la cual procede la repetición intentada.
Por su parte y con relación al período fiscal 2004, el resultado impositivo ascendió a $8.789.145,90.-, debiéndose considerar que si se utiliza el saldo remanente del quebranto proveniente en el período fiscal 2002 que asciende a $4.740.426,68.-, surge un impuesto determinado de $1.417.051,73.-. Señaló que si a dicho importe se le detraen los correspondientes a retenciones y percepciones sufridas por la empresa por $834.640,87.- y los de los anticipos del impuesto ingresado por $1.959.537,87.-, surge un saldo a favor de $1.377.127,01.- al que sumado el importe de $282.022,32.- correspondiente al ICD, arroja un importe ingresado en exceso de $1.659.149,33.- cuya repetición también resulta procedente y así fue peticionado en sede administrativa en cumplimiento con lo dispuesto por el art. 81 de la ley 11.683.
Aseguró que el único fundamento invocado por el fisco a los fines de rechazar la acción de repetición intentada, fue el de considerar que en virtud de la existencia de una sentencia firme rechazando el amparo judicial iniciado por CARSA SA, la misma adquirió la autoridad de “cosa juzgada”, razón por la cual dicha circunstancia no es posible de ser revisada en una acción de repetición.
Consideró que dicho argumento es improcedente y debe ser dejado sin efecto, por resultar inaplicable, ya que una sentencia dictada en una acción judicial de amparo tiene como consecuencia que pasa en autoridad de cosa juzgada formal y no material, confundiendo el fisco los alcances de uno y otro instituto, pues las consecuencias de cada uno de ellos son distintas.
Puntualizó que nos encontramos frente a procesos de objeto idéntico, más allá que uno fue judicial y el otro en sede administrativa. Ello así, adujo que en el amparo judicial presentado el 26/12/2002, es decir, con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada del IG correspondiente al período 2002, el objeto fue el de solicitar el reconocimiento de la plena vigencia del Régimen de Ajuste por Inflación previsto en el Título VI de la LIG, ya que se afectaban derechos y garantías contemplados en la CN. Por el contrario, en la acción de repetición iniciada en los términos del art. 81 de la ley 11.683, CARSA SA solicitó el reconocimiento del quebranto generado en el período 2002 y su posterior impacto en los períodos 2003 y 2004, circunstancia que arrojó un importe abonado en exceso, cuya repetición se peticionó y fue expresamente rechazado con el dictado de la resolución aquí recurrida.
Destacó que la sentencia dictada en un proceso judicial de amparo admite un juzgamiento posterior en otro proceso, al no existir verdadera cosa juzgada “material”, citando las sentencias dictadas en el marco de ejecuciones fiscales que tienen efectos de cosa juzgada formal, ya que se permite expresamente iniciar una acción de repetición conforme lo establece el art. 93 de la ley 11.683.
Puntualizó que la necesidad de este proceso es la de acreditar la confiscatoriedad en el caso concreto cumpliendo con los lineamientos trazados en la materia por la CSJN en la causa “Candy SA c/ AFIP s/ amparo” de fecha 3/07/2009 y en posteriores pronunciamientos tales como el dictado el 7/09/2010 en los autos “Carlisa SA c/ AFIP s/ amparo”.
Con relación al marco normativo del ajuste por inflación, afirmó que la LIG en su Título VI contempla la aplicación de dicho ajuste en la determinación de la ganancia neta imponible como sistema de corrección de las distorsiones que provoca dicho fenómeno económico en la situación patrimonial y los resultados de las empresas.
Manifestó que sin derogar las disposiciones que prevén el ajuste por inflación (arts. 94 y ss. de la ley), la ley 24.073 suspendió la vigencia del mismo a partir del 1/4/1992, ya que el coeficiente luego de esa fecha fue establecido en uno.
Adujo que durante los más de 10 años que duró el régimen de convertibilidad, la situación descripta no generó mayores inconvenientes en la situación fiscal de los contribuyentes, toda vez que prácticamente no existían variaciones de precios entre el valor al momento de adquisición de un bien y el cierre del ejercicio, sin embargo remarcó que por el efecto inflacionario que tuvo lugar en nuestro país desde el año 2002, la aplicación de dichas normas generó graves perjuicios al exigirse tributar sobre ganancias inexistentes o ficticias, producto de la inflación, siendo de público conocimiento que sólo desde el 1/1 hasta el 31/12/2002 la variación del índice de precios mayoristas (IPM) fue de aproximadamente 118%.
Destacó que en el caso de CARSA, la afectación de sus derechos y garantías constitucionales es evidente y notoria, ya que tal como acredita con la prueba documental que aportó en la instancia administrativa y la pericial contable cuya producción fue ilegítimamente denegada en dicha sede, surgió que: a) con respecto al período 2002 por aplicación de la normativa vinculada con el ajuste por inflación impositivo, se generó un quebranto impositivo de $14.757.800,34.- que al no haber sido consignado en la declaración jurada, la obligó a determinar un impuesto de $396.424,62.- que vulneró su derecho de propiedad y su real capacidad contributiva, de forma tal que, por no haberse generado utilidad alguna, sino un quebranto, la tasa efectiva en virtud de la cual la empresa debió tributar, fue superior al 100%; b) con relación al período 2003, al no haber aplicado el procedimiento de ajuste por inflación en la declaración jurada del período fiscal 2002, CARSA SA registró una utilidad impositiva de $10.017.373,66.- que arrojó un tributo a ingresar de $3.506.080,78.- cuando no debería haber determinado tributo alguno por aplicación del traslado del quebranto generado en dicho período.
En otras palabras, la alícuota efectiva del tributo a ingresar representaría más de un 100% del resultado impositivo ajustado, porcentaje que excede los límites razonables de la imposición; c) en lo tocante al período 2004, en la declaración jurada original se determinó un impuesto de $3.076.201,07.- cuando, también por el traslado del quebranto generado en el período fiscal 2002, debió haber consignado $1.417.091,73.- monto que luego de detraerle los créditos correspondientes (retenciones y percepciones, anticipos pagados e ICD), arrojó una diferencia en exceso de $1.659.149,33.- cuya repetición solicitó por medio de este recurso. Hizo hincapié en que en este período también, la alícuota efectiva del tributo a ingresar representaría más de un 100% del resultado impositivo ajustado, porcentaje que excede los límites razonables de la imposición.
Puntualizó que se vulneró su derecho de propiedad, el principio de no confiscatoriedad y el principio de capacidad contributiva.
Finalmente, ofreció prueba y solicitó que se haga lugar al recurso intentado. Formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 39/52vta. se presentó el fisco y contestó el traslado del recurso, acompañando los antecedentes administrativos (a.a.). Con relación a la certificación de pagos, aduce que los importes que la contribuyente pretendería repetir originados en los importes abonados en concepto de saldo de declaración jurada del IG relativo a los períodos fiscales 2002 a 2004, no podrían superar los $3.016.564,96.-
III. Que a fs. 196 se clausuró el período probatorio. A fs. 196 la anterior composición de esta Sala, dispuso como medida para mejor proveer que los peritos contadores designados en autos informen de manera conjunta cuál es el porcentaje que surge de relacionar el monto del IG abonado por el período 2002 y la ganancia contable de ese ejercicio antes del pago del gravamen, como así también informen el porcentaje de comparar el impuesto ingresado más el que resulte de aplicar la tasa del impuesto sobre el quebranto trasladable a ejercicios futuros, lo que fue cumplido a fs. 209/215. A fs. 221 se elevaron los autos a consideración de la Sala C y se pusieron los autos para alegar, haciendo uso de su derecho la actora a fs. 225/233 y el ente fiscal a fs. 236/239vta.
A fs. 240/241 la recurrente informó que si bien con fecha 8/2/2019 se publicó en el BO la Res. Gral. 50/2019 por la que se elevaron las tasas de interés resarcitorio y punitorio para las deudas de origen fiscal, se omitió actualizar la tasa de interés correspondiente a los reclamos de repetición impositivo, por lo que solicitó que se aplique al caso de autos la tasa de interés pasiva que publica el BCRA. A fs. 243/245vta., el fisco solicitó que se rechace dicha petición en virtud de que al momento de la interposición del recurso, la actora no esbozó agravios al respecto ni solicitó aplicación de tasa de interés alguna. Luego expuso los argumentos por los que afirmó que lo peticionado por la recurrente resulta improcedente. Finalmente, a fs. 246 se pusieron los autos para dictar sentencia.
IV. Que la actora se agravia respecto del único argumento ensayado por el ente fiscal a los fines de denegar la acción de repetición, consistente en la existencia de una sentencia firme rechazando el amparo judicial iniciado por CARSA SA, la que adquirió autoridad de “cosa juzgada”, razón por la cual y por dicha circunstancia -según el fisco- no es posible revisar la petición de la actora en una acción de repetición.
Dicho planteo debe ser rechazado por los fundamentos dados por nuestro Máximo Tribunal en una causa análoga, los que comparto, al señalar: “..fue resuelta aquella causa -es decir, en lo que al caso interesa, por ausencia de suficientes elementos de prueba que permitieran determinar si la prohibición de aplicar el ajuste por inflación configuraba el agravio constitucional invocado por la actora no obsta a que en un proceso de amplitud de debate y prueba (...), el contribuyente con la finalidad de oponerse a la pretensión del organismo recaudador pueda renovar el planteamiento del aludido agravio constitucional con el ofrecimiento de los medios probatorios que considere idóneos para hacer valer el derecho que considera que le asiste...” (CSJN, F.309. XLIX. ROR, in re “Forzani, Roberto Felipe (TF 32111-I) c/ DGI” del 6/03/2014).
Con relación a las costas, si bien el planteo fue tratado previamente, lo cierto es que fue articulado por la recurrente como una defensa más contra el acto apelado y con la finalidad de obtener la revocación del mismo, por lo que al no haberse generado una actividad procesal autónoma, resulta improcedente imposición de costas a su respecto.
V. Que dicho ello, corresponde determinar si la prohibición de aplicar el ajuste impositivo por inflación condujo -en el caso bajo a examen- a un resultado confiscatorio del IG en los períodos fiscales 2002 a 2004.
La solicitud de la actora se funda en la falta de aplicación -en la liquidación del tributo del período fiscal 2002- de las disposiciones de la LIG relativas al ajuste por inflación, el que de aplicarlo, le generaría un quebranto impositivo a diferencia del resultado positivo declarado originalmente sin aplicar dicho procedimiento, generando ese quebranto -de ser trasladado a los períodos siguientes- una neutralización o disminución de los saldos determinados originariamente.
VI. Que cabe señalar que nuestro más Alto Tribunal tuvo oportunidad de expedirse acerca de la procedencia del ajuste por inflación y señaló que “…no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).” (Considerando III, párrafo 12, del Dictamen de la PGN que hace suyo la CSJN en Fallos 328:2567); y que “.... no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley -acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166).
Y que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria aduciendo que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar (arg. Fallos: 314:1293 y 320:1166).” (párrafo 15 de la cita invocada) y a tal fin precisó que “...el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad...” (Fallos 332:1571, considerando 4°, sdo. párrafo), y continuó diciendo que: “Los precedentes de esta Corte sostienen que no compete al Poder Judicial pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero, apreciando si estas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país (Fallos: 150:89), ya que escapa a la competencia de los jueces pronunciarse sobre la conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creados por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales (Fallos: 242:73; 249:99; 286:301, 314:1293 y, más recientemente, en Fallos: 329:2152).
“A partir de lo señalado, puede colegirse, nítidamente, que no es competencia del Poder Judicial considerar la bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público y decidir si uno es más conveniente que otro (Fallos: 223:233; 318:676), así como tampoco le corresponde examinar si un gravamen ha sido o no aplicado en forma que contradice los "principios de la ciencia económica" (Fallos: 249:99), ya que sólo le incumbe declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional. Conforme con esta regla, el Congreso Nacional tiene la atribución de elegir los objetos imponibles, determinar las finalidades de percepción y disponer los modos de valuación de los bienes o cosas sometidos a gravamen, siempre que, como se señaló, no se infrinjan preceptos constitucionales (Fallos 314:1293)” (Considerando 6°, sdo. y ter. párrafos del mismo precedente).
VII. Que no obstante que las normas que impiden a la actora aplicar el ajuste por inflación impositivo son constitucionalmente válidas, conforme lo expresado en el considerando precedente, no puede soslayarse que la recurrente argumenta que en caso de no aplicarse el mecanismo del ajuste por inflación, el impuesto reclamado resultaría confiscatorio, al absorber una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255), y para ello resulta indispensable que la prueba arrimada sea concluyente a fin de acreditar dicha confiscatoriedad (Fallos: 220:1082, 1300; 239:157; 314:1293; 322:3255).
Por ello, corresponde analizar medulosamente las probanzas producidas en autos.
A tal fin, resulta necesario dividir el análisis respecto del período fiscal 2002 y de los períodos fiscales 2003 y 2004, toda vez que en estos últimos la confiscatoriedad alegada deviene de la aplicación del quebranto originado en el período 2002 como resultado de aplicar del ajuste impositivo por inflación.
VII.1. Que en relación al período fiscal 2002, a fs. 73 contestó el oficio ordenado en autos el C.P. José Daniel Benolol quien ratificó el informe especial contable que confeccionó con fecha 23/12/2002 y que luce a fs. 18/19 de las actuaciones administrativas que corren por cuerda, en el que concluyó -respecto del ejercicio cerrado al 31/8/2002- que “el resultado sin el ajuste por inflación no refleja la realidad, en tanto que con la incidencia del ajuste por inflación, los resultados se acercan más a la realidad de la empresa”. Por su parte, a fs. 133/153 luce la pericia contable realizada por los expertos designados, a fs. 154/155 la impugnación de la actora a dicho informe, a fs. 160/164 la respuesta del experto del fisco a la impugnación efectuada por la actora y a fs. 209/215 el resultado de la medida para mejor proveer dispuesta a fs. 196.
De un análisis minucioso de las piezas obrantes en las fojas antes detalladas, se desprende que: a) para el experto de la actora, el ejercicio 2002 –aplicando el ajuste impositivo por inflación- arrojó un quebranto impositivo de $-14.757.800,34 (vide fs. 140); y b) para el experto del fisco, dicho cálculo es erróneo porque: 1) aplica el índice IPIM no previsto por la LIG, 2) en el llamado “ajuste estático” existe un error en la aplicación “que da lugar a un ajuste impositivo positivo de 1.498.311,98” y 3) en lo que respecta al “ajuste dinámico” no se pudo validar un aporte de capital “..por lo que resulta un ajuste positivo de 8.451.532,86…” (vide fs. 143 in fine y 144). En tal inteligencia, si se aplica el ajuste impositivo por inflación sobre el período 2002 de la actora, para el experto de dicha parte arroja un quebranto de $- 14.757.800,34; y para el experto del fisco, sobre dicho importe (negativo), existe un ajuste positivo de $9.949.844,84 ($1.498.311,98 + $8.451.532,86) resultante de las objeciones antes señaladas; lo que arroja, igualmente, un quebranto impositivo de $-4.809.723,35 (cfme. el anexo adjunto que forma parte de esta sentencia); conclusión que omitió informar el experto del fisco autor de las observaciones realizadas.
Obsérvese que aún ante un mero y simple cálculo de sumas y restas, se llega a similar importe. En efecto, si para el experto de la actora el resultado de la empresa fue $-14.757.800,34 y para el perito del fisco dicho importe resulta incorrecto porque existirían ajustes positivos por $9.949.844,84; el resultado final –en un simple cálculo de resta- sería $-4.807.955,50 Es decir, aun considerando las observaciones efectuadas por el fisco a través de su experto contable, en el período fiscal 2002 la actora tuvo como resultado un quebranto impositivo al aplicar el ajuste impositivo por inflación previsto en el Título VI de la LIG, y por ende, ninguna ganancia “real” que pudiera dar lugar al pago del impuesto, deviniendo en consecuencia improcedente cualquier pago realizado bajo tal concepto.
Respecto al índice IPIM (Índice Precios Internos al por Mayor) utilizado en el ajuste bajo análisis, corresponde rechazar la observación efectuada por el perito del fisco, no sólo porque es el índice que receptó la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (FACPCE) en su Memorandum C-23 para la aplicación del ajuste impositivo por inflación, sino que además resulta el índice convalidado por la CSJN en la aplicación del citado ajuste (Fallos 332:1571, Considerando 13). Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a la repetición solicitada respecto del período fiscal 2002, con costas.
VII.2. Que en relación a los períodos 2003 y 2004, la confiscatoriedad alegada por la actora encuentra como único sustento el traslado del quebranto de arrastre originado en el ejercicio 2002 luego de aplicar el ajuste impositivo por inflación. Es decir, el quebranto impositivo del ejercicio 2002 -que según la actora fue de $-14.757.800,34- al ser trasladado a los ejercicios 2003 y 2004 neutralizan el impuesto originado en tales períodos.
Si bien en el considerando anterior y a efectos de resolver respecto del ejercicio 2002 se contemplaron distintas observaciones realizadas por el fisco, lo cierto es que –aun así- dicho ejercicio arrojó igualmente un quebranto impositivo, que al ser trasladado a los ejercicios siguientes sustentaría la confiscatoriedad alegada en los períodos 2003 y 2004.
Dicho ello, corresponde ahora recordar la doctrina recientemente reiterada por la CSJN –en su actual composición- en situación idéntica a la de autos, en la que expresó: “Que corresponde recordar que esta Corte ha sostenido que la aplicación del mecanismo de ajuste por inflación en los términos del precedente “Candy S.A.” lo es al solo efecto de evitar la confiscatoriedad que se produciría al absorber el Estado una porción sustancial de la renta o el capital, lo que impide utilizar tal método correctivo para el reconocimiento de un mayor quebranto que pueda ser utilizado por el contribuyente en períodos posteriores, ello por la sencilla razón de que, en tal supuesto “no hay tributo a pagar que pueda ser cotejado con el capital o la renta gravados” (confr. en tal sentido la doctrina que surge del mencionado fallo “Candy S.A.”, y de las causas “Estancias Argentinas El Hornero S.A.” (Fallos: 335:1923); “M. Royo SACIIF y F” (Fallos: 339:897); CSJ 612/2013 (49-A)/CS1 “Alubia S.A. c/ AFIP – Dirección General Impositiva s/ repetición”, fallada el 4 de noviembre de 2014; CSJ 885/2014 (50-C)/CS1 “Consolidar Administradora de Riesgo de Trabajo ART S.A. c/ EN – AFIP – DGI – resol. LGCN 140/08 s/ dirección general impositiva”, fallada el 11 de agosto de 2015; FMP 21057815/ 2003/CS1 “Fava Hnos. S.A. c/ AFIP-DGI s/ inconstitucionalidad”, fallada el 4 de agosto de 2016; FMP 21057780/2003/CS1 “Favacard S.A. c/ AFIP – DGI s/ inconstitucionalidad”, fallada el 15 de noviembre de 2016, y en especial, CSJ 99/2014 (50-N)/CS1 “Natufarma S.A. c/ AFIP – DGI s/ demanda contenciosa”, fallada el 24 de febrero de 2015)”. (Fallos 341:581, considerando 3ro.).
La doctrina fijada por el Máximo Tribunal deja sin sustento el planteo efectuado por la actora respecto de los períodos fiscales 2003 y 2004, toda vez que no logró demostrar que la confiscatoriedad alegada encuentre un origen distinto al mero traslado del quebranto impositivo originado en el ejercicio 2002, vedado por la doctrina antes expuesta.
Por lo expuesto, corresponde rechazar la repetición respecto de los ejercicios 2003 y 2004, con costas.
VIII. Que con relación a los intereses resarcitorios, cabe precisar que si bien no fueron peticionados en el escrito de inicio, es criterio de la CSJN que del actual art. 179 de la ley 11.683 “..surge manifiesto que establece pautas para determinar la oportunidad desde la cual se devengan intereses resarcitorios en los casos que deviene procedente la repetición de ciertas obligaciones fiscales…. norma que, al no contener restricción o limitación alguna, cabe entender que involucra también la viabilidad de dichos intereses, con fundamento en el principio que ellos se limitan a retribuir la privación del capital de las sumas que resultaron no adeudarse” (Fallos 316:762, resaltado propio), por lo que corresponde adicionarlos respecto del importe por el que procede la repetición, con la tasa de interés pasiva promedio publicada por el BCRA (cfme. plenario de este Tribunal “Dálmine Siderca SAIyC” (API 33) del 27/12/1993).
Los Dres. Vicchi y Marmillon dijeron:
Que adhieren al voto precedente.
Por ello, SE
1. Hacer lugar a la repetición solicitada respecto del período fiscal 2002, con más los intereses correspondientes, con costas.
2. Rechazar la repetición respecto de los ejercicios 2003 y 2004, con costas.
Regístrese, notifíquese también el Anexo que se acompaña y que integra la presente, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Date: 2022.02.09 18:02:24 -03:00 Date: 2022.02.09 20:59:24 -03:00 Juan Carlos Vicchi Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía IX Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.02.14 10:35:24 -03:00 Claudio Esteban Luis Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.02.14 10:35:25 -03:00
Fin de la sentencia