Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 38286-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación de la AFIP – DGA y confirmar la sentencia, en cuanto fue materia de agravios. Con costas (art. 68, CPCCN).
2Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios fijados a fs. 92/93 a favor del abogado Enrique Benítez Cruz, y, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN, los emolumentos del abogado Juan Patricio Cotter por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. fs. 110/119) en la suma de pesos sesenta y siete mil trescientos noventa ($ 67.390) (arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
15529/2019, CARTOCOR SA TF 38286-A c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 3 de octubre de 2019.- CMP VISTOS: para resolver los autos “Cartocor S.A. TF 38286-A c/ DGA s/Recurso directo de organismo externo”, expte. 15.529/2019 [TF 38286-A], venidos en recurso; y
I. El Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, por sentencia obrante a fs. 79/83, resolvió: (i) declarar la nulidad del auto de apertura de sumario de las act. adm. SIGEA n° 12197- 12163-2006, (ii) hacer lugar a la excepción de prescripción de la acción de la DGA para percibir tributos y multa respecto de la firma Cartocor S.A., y revocar la Resolución N° 6791/2016 (DE PRLA), en cuanto fue materia de agravios. Con costas al Fisco Nacional.
Para así decidir, tras hacer una reseña de las actuaciones administrativas, en primer término se pronunció sobre el planteo de nulidad del auto de apertura. Para ello, citó lo dispuesto en el artículo 1094 del C.A. y consideró que el auto de fecha 20/12/2011 (fs. 24 de las act. adm.), constituye “un acto de mero trámite indicativo que se abrió el sumario pero que es insuficiente para ostentar los efectos de suspender e interrumpir la prescrición en materia de tributos y multa, respectivamente, pues en este caso es evidente que ha sido dictado en detrimento del derecho de defensa en juicio y a un proceso sin debidas dilaciones” (fs. 81 vta.).
A ello añadió que de la compulsa de las actuaciones resulta clarametne que la resolución en estudio no cumple con los extremos legales exigidos por el art. 1094 del C.A. para que se constituya válidamente y surta efectos que la legislación aduanera atribuye a dicho acto. En este punto, detalló que en la parte resolutiva de la disposición se ordenó: “pasen las actuaciones al contador a efectos que practique liquidación por la multa mínima de aplicación”, lo cual evidencia, a criterio del TFN, que la demandada se ha apartado de los lineamientos del art. 1094 del C.A., y que no puede arrivarse a la conclusión de que dicho acto resulte saneable ampliamente por la corrida de vista, la cual se dispuso 4 de años despues. Agregó el a quo que si bien en el caso de autos mediante el acto de apertura de sumario se ordeno dar intervención al contador, la liquidación de tributos y de la multa se produjeron una vez vencido ampliamente el plazo de prescripción de la acción del Fisco para imponer penas y percibir tributos.
Concluyó, en ese orden, que el acto de apertura resulta nulo por no cumplir los requisitos esenciales, de conformidad con el art. 7 y 14 de la LNPA.
Por otro lado, en cuanto al planteo de prescripción, el TFN señaló que no se encuentra discutido que el vencimiento del DIT involucrado en autos operó el 6/10/2006, y que atento que el plazo de prescripción es de cinco años, dicho plazo comenzó a correr el 01/01/2007, por lo cual no mediando causales suspensivas e interruptivas de la prescripción, la misma operó el 31/12/2011. En ese orden, indicó que el acto de apertura de sumario del 20/12/2011, por ser nulo, careció de aptitud para incidir en el computo del plazo.
Alta en sistema: 07/10/2019 Añadió que como actos inmediatos posteriores a la apertura de sumario que se vislumbras de las act. adm. son: la liquidación de tributos y multa practicada a fs. 25/26 (sin fechas fehacientes de confección), impresión de pantalla SIM por consulta de garantías realizada el 17/03/2016, para finalmente a fs. 28vta. dictarse la corrida de visa el 28/03/2016.
Por lo tanto, concluyó que el plazo de prescripción quinquenal para imponer tributos y multas en el caso de autos operó el 01/01/2012.
II. El TFN a fs. 92/93 reguló los honorarios del Dr. Enrique Benitez Cruz por su actuación en esta instancia, en su doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, en una etapa del proceso, en la suma de pesos doscientos veinticuatro mil seiscientos treinta y cuatro con quince centavos ($ 224.634,15), con mas la suma de pesos cuarenta y siete mil ciento setenta y tres con diecisiete centavos ($ 47.13,17) en concepto de IVA.
El abogado Enrique Benitez Cruz apeló dicha regulación a fs. 107, por considerar bajos los honorarios, en tanto que la AFIP – DGA hizo lo propio a fs. 109, por considerar altos los emulomentos en cuestión. Ambas apelaciones fueron concedidas por el TFN a fs. 123.
III. La AFIP – DGA apeló la sentencia a fs. 89, recurso que fue concedido a fs. 92/93, en tanto que expresó agravios a fs. 95/100, replicado por la contraria a fs. 110/119. Considera que el acto de apertura del sumario no debe tener todos y cada uno de los requisitos estipulados en el art. 1094, del C.A, y que no hay que automatizar su aplicación. Señala que de confirmarse el pronunciamiento, el servicio aduanero debería disponer medidas cautelares innecesarias, ineficaces, al solo efecto de cumplir la totalidad de los requisitos previstos en la norma, y evitar la tacha de nulidad de la instrucción sumarial. Agrega que bajo el prisma del art. 1085 del C.A., resulta de imposible concreción el desenlace legal al que llegara el tribunal cuya sentencia se impugna.
Ejemplifica, en la misma línea, con el requisito de verificación de mercadería faltante.
Por su parte, aduce que la posición tomada por el TFN no permite interpretaciones colaterales: se deben cumplir con todos los requisitos del art. 1094 del C.A., sin merituar su necesidad. Añade que la teoría desplegada por el TFN implica un excesivo rigor formal disociado de la realidad.
En cuanto a la falta de determinación de los hechos constitutivos, el apelante señala que el auto cuya nulidad está en discusión es la consecuencia natural de sus antecedentes. Agrega que se cumplió con la determinación de los tributos y se cumplió el pase para efectuar la liquidación de la multa.
Indica que al momento de correr la vista, se encontraban confeccionadas las liquidaciones correspondientes en relación a la mercadería no exportada en tiempo y forma, en la que se detalla la P.A. de la mercadería, el valor en Aduana y los tributos aplicables. Alta en sistema: 07/10/2019 Mas adelante indica que el TFN confunde “disponer” con “liquidar”.
Por su parte, sostiene que hasta la efectiva declaración de nulidad, la apertura sumarial generó los efectos que la ley le asigna en relación a la acción del Fisco para percibir tributos: suspendió el curso de la prescripción. Señala que estaríamos ante un vicio subsanable, la declaración de invalidez es constitutiva, es decir que produce efectos solo para el futuro. En conclusión, solicita la revocación de la sentencia apelada, con costas.
IV. De forma preliminar, conviene reseñar la normativa aplicable a la cuestión. Según el Código Aduanero —en tu texto aplicable a la fecha de los hechos— la acción de la AFIP – DGA para reclamar el pago de los tributos aduaneros tiene un plazo de prescripción de 5 años (art. 803), que se inicia el 1 de enero del año siguiente al de la fecha en que se produjo el hecho gravado (art. 804). Dicha prescripción se suspende “desde la apertura del sumario, en la causa en que se investigare la existencia de un ilícito aduanero, hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” (art. 805, inc. a), y se interrumpe por “la notificación de la liquidación tributaria aduanera” (art. 806, inc. a). En cuanto a la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el Código Aduanero establece en el Artículo 1094 que en ella “el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: a) las medidas cautelares que correspondieren en atención a la naturaleza de los hechos objeto del sumario; b) la verificación de la mercadería en infracción, con citación del interesado y la clasificación arancelaria y valoración de la misma; c) la recepción de la declaración de los presuntos responsables y de las personas que presenciaron los hechos o que pudieren tener conocimiento de los mismos, cuando lo considerare necesario; d) la liquidación de los tributos que pudieren corresponder; e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados”.
V. A fin de circunscribir el objeto de análisis por esta Alzada, es preciso señalar que el apelante en su memorial de agravios no ha cuestionado la decisión del TFN —de declarar la nulidad de la apertura del sumario— en base al argumento según el cual, por caso, las nulidades procesales deben ser ponderadas con criterio restrictivo y solo dictarse en el resguardo constitucional de la defensa en juicio, por lo que, en cada caso, debe acreditarse el perjuicio ocasionado a ese derecho (aplicado por este Tribunal, en expte. 30.794/2016, “Garriga, Marcelo C/ DGA s/Recurso directo de organismo externo”, sentencia del 27/02/2018 y expte. 36.790/2016 “Citricola Ayui SAAICC TF 25929-A c/DGA”, sentencia del 8/09/2017, entre otros). Cabe recordar, en ese orden, que el Tribunal solo puede pronunciarse sobre lo que resulta planteado por el apelante (arts. 277 y 278).
El núcleo central del agravio del apelante reside en una interpretación jurídica del artículo 1094 del Código Aduanero. En efecto, según la demandada, el Tribunal Fiscal de la Nación en su sentencia interpretó dicho artículo de manera tal que la regla de derecho que emana Alta en sistema: 07/10/2019 del mismo implica que el acto de apertura del sumario aduanero debe contener, ineludiblemente, todos los requisitos allí enumerados. Esto significa, a criterio del quejoso, incurrir en un excesivo rigor formal en la interpretación de la norma aduanera.
Ahora bien, de lectura de la sentencia apelada se aprecia que en ninguno de sus pasajes el TFN ha sostenido una postura en tales términos, como lo interpreta el apelante. En efecto, el TFN constató que el acto de apertura del sumario obrante a fs. fs. 24 de las act. adm. no reúne los “requisitos esenciales” de la normativa aduanera y la LNPA. Esto es muy distinto a afirmar, como interpretó el apelante, que el a quo haya cuestionado la validez del acto de apertura porque no cumplía “todos” los requisitos exigidos en el art. 1094 del C.A. En este punto, no puede dejar de advertirse que, en su memorial de agravios, la AFIP – DGI no ha esbozado argumento alguno tendiente a demostrar que dicho acto inicial del sumario sí cumplió requisitos esenciales (aunque no sean todos).
Además de ello, el TFN realizó una valoración conjunta de la conducta de la DGA.
En este punto, destacó como hechos relevantes de las actuaciones que si bien la prescripción inició su computo el 01/01/2007, la DGA dispuso la apertura del sumario al filo de la prescripción, casi cinco años despues, el 20/12/2011. Asimismo, que luego de ese acto que, según la norma aduanera, interrumpe la prescripción, la siguiente actuación en el expte. administrativo que tiene fecha data del 28/03/2016, es decir mas de cuatro años despues, cuando se corrió vista al sumariado (cfr. fs. 28/vta). A partir de estos hechos, básicamente, el TFN ponderó que la DGA actuó en detrimento del derecho de defensa y a un proceso sin indebidas dilaciones del administrado, al utilizar un método para prolongar la investigación sumarial en el tiempo. Como se puede advertir, ese juicio dista mucho de constituir un “excesivo rigor formal”, pues el TFN realizó una verdadera valoración de la conducta de la DGA en conjunto que, en su memorial de agravios, tampoco ha esgrimido argumentos para desvirtuar las calificaciones que merecieron su proceder.
VI. Por lo demás, y solo a mayor abundamiento, cabe recordar que este Tribunal ya se ha expedido acerca de la interpretación que cabe al art. 1094, inc. d), del Código Aduanero. En efecto, como regla general, disponer la liquidación de los tributos al momento de abrir el sumario, como lo dispone el art. 1094, inc. d), del Código Aduanero, reviste una importancia fundamental, dado que: (i) evidencia el interés del organismo aduanero en percibir dicho tributo, lo que justifica que el plazo sea suspendido según el art. 805, inc. a, del Código Aduanero; (ii) garantiza la defensa en juicio y el juzgamiento del particular en un plazo razonable, al exigir cierta celeridad en la liquidación del tributo y su correspondiente corrida de vista al particular —lo que no se garantizaría si, como en el caso, la vista de la liquidación se corrió 10 años después de realizado el hecho gravado—; y (iii) en el caso de diversas multas, la liquidación del tributo sirve para cuantificar el monto de las multas. La realización de la liquidación tributaria correspondiente, por ello, no se trataba de una formalidad carente de sentido sustancial, sino que era fundamental para el normal desarrollo del procedimiento Alta en sistema: 07/10/2019 aduanero (esta Sala, “Arte Radiotelevisivo Argentino S.A. (TF28836-A) c/ DGA”, expte. 21.830/2012, sentencia del 6/06/2013).
VII. Por lo expuesto, y en atención a los agravios que han sido formulados, a los que debe sujetarse este Tribunal (art. 279, CPCCN), el recurso de apelación de la AFIP – DGA, por los fundamentos esgrimidos, debe ser rechazado. Las costas se deben imponer a la recurrente vencida, toda vez que no hay motivos para apartarse del principio establecido en el art. 68 del CPCCN.
Por las razones expuestas se RESUELVE:
1. rechazar el recurso de apelación de la AFIP – DGA y confirmar la sentencia, en cuanto fue materia de agravios. Con costas (art. 68, CPCCN).
2. Teniendo presente la naturaleza, resultado y monto del asunto, la calidad y eficacia de la tarea profesional y las etapas cumplidas, SE CONFIRMAN los honorarios fijados a fs. 92/93 a favor del abogado Enrique Benítez Cruz, y, sobre pautas análogas a las enunciadas y considerando, además, el resultado del recurso, SE FIJAN, los emolumentos del abogado Juan Patricio Cotter por las tareas cumplidas en la alzada (cfr. fs. 110/119) en la suma de pesos sesenta y siete mil trescientos noventa ($ 67.390) (arts. 6, 7, 9, 14, 37 y 38 del arancel de abogados y procuradores).
Hágase saber que, en caso de que el profesional beneficiario acredite -en la instancia anterior- su condición de responsable inscripto frente al Impuesto al Valor Agregado, se deberá adicionar a los emolumentos aquí fijados la alícuota correspondiente a dicho tributo, que también se encuentra a cargo del condenado en costas de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 316:1533; 322:523; 329:1834, entre otros).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JORGE ESTEBAN ARGENTO CARLOS MANUEL GRECCO SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ
Alta en sistema: 07/10/2019
Fin de la sentencia