Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala A · Causa EX-2022-117452277-APN-SGAI#TFN
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-61059309-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 10 de Junio de 2024 PREMIUM S.R.L. s/ recurso de apelación"
En el día de la fecha se reúne la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por el Dr. Armando Magallón (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), la Dra. Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y el Dr. Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Subrogante de la 3° Nominación) para resolver el EX- 2022-117452277- -APN-SGAI#TFN, caratulado “CARVAN PREMIUM S.R.L. s/ recurso de apelación”.
El Dr. Armando Magallón dijo:
I. Carvan Premium S.R.L. interpone el recurso de apelación previsto en el inc. b) del art. 76 de la ley 11.683 contra la Resolución N° 1251/2022, dictada el 26.09.2022 por la División Jurídica de la Dirección Regional Mercedes de la Administración Federal de Ingresos Públicos, en la que se le aplica una multa de $2.303.483,08 por omisión por el impuesto a las ganancias, por el período fiscal 2021.
Ante este Tribunal, se agravia porque la Resolución carece de la información, explicación y fundamento suficiente para que Carvan Premium S.R.L. pueda defenderse de las conclusiones arribadas por el Fisco Nacional. Agrega que todos los argumentos contenidos en sus Considerandos son incompletos, escuetos y poco claros, lo que conlleva a que se declare su nulidad absoluta e insanable, ya que se cercena su derecho de defensa. Se agravia, en que la multa reviste naturaleza punitiva y los supuestos previstos para su aplicación rozan la irrazonabilidad y desproporcionalidad. Continúa que la Resolución apelada no explica por qué los sumarios 558417, 558420 y 558428/2018 resultan ser impedimento de aplicar la reducción.
Cita jurisprudencia en abono de su postura y, por lo expuesto, solicita que se revoque la Resolución, con costas.
II. Mediante el IF-2023-33378065-APN-DTD#JGM contesta el recurso el representante fiscal, solicitando por las mismas razones esgrimidas por el juez administrativo que se la confirme, con costas.
III. Mediante la PV-2023-119278148-APN-VOCI#TFN se abre la causa a prueba, admitiéndose parcialmente la prueba documental en poder de la Administración Federal de Ingresos Públicos ofrecida por Carvan Premium S.R.L. en su escrito ante este Tribunal. El 02.02.2024 se clausura el período probatorio y el 09.02.2024 se elevan los autos a conocimiento de la Sala. Mediante el IF-2024-15819422-APN-VOCI#TFN se ponen los mismos a disposición de las partes para que produzcan sus alegatos, que obran agregados el día 01.03.2024. Finalmente mediante el IF-2024-57306584-APN-VOCI#TFN se pasan los autos a sentencia.
IV. Corresponde entonces expedirse sobre la validez y legitimidad de la multa aplicada en la Resolución que tiene origen en el cruce sistémico efectuado por el Fisco Nacional de aquellos contribuyentes que omitieron presentar las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias del período fiscal 2021.
En primer lugar, en cuanto al vicio de fundamentación y motivación insuficiente en la Resolución, debe recordarse aquí que “…la nulidad por vicios procesales carece de un fin en sí misma, es decir, no tiene existencia autónoma, dado que el derecho procesal es una vía para asegurar la aplicación del derecho de fondo. Sólo procede cuando de la violación de las formalidades surge un perjuicio real y concreto en el derecho de la parte, principio que se sintetiza en la máxima “no hay nulidad por la nulidad misma”, receptado en el art. 172 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” (CNACAF, Sala V, “Sosa, Mirta Elena” sentencia del 4 de junio de 1997). En el caso, tanto de los Considerandos de la Resolución N° 1251/2022 como de las actuaciones que preceden su dictado surgen en forma clara las razones que llevaron a la Administración a aplicar la multa, concretamente la omisión de presentar la declaración jurada del gravamen y período ya aludido a la fecha de su vencimiento. Es así, que no se advierten los vicios en los elementos “fundamentación y motivación” que invoca el recurrente para que este Tribunal fulmine con la nulidad al acto recurrido, decisión excepcional que sólo corresponde adoptar ante el incumplimiento de dichos recaudos y la violación del derecho de defensa. Tampoco se advierte en el caso que se hayan omitido los procedimientos legalmente exigibles para darle validez, por lo que corresponde el rechazo del planteo de nulidad, sin costas (Fallos: 336:70).
En relación al otro agravio esgrimido por Carvan Premium S.R.L., corresponde analizar la razonabilidad de la multa aplicada.
La misma fue aplicada conforme a lo dispuesto en el art. 45 de la ley 11.683.
Que el tipo infraccional consagrado en el art. 45, constituye una conducta típica negligente o culposa, que lleva al sujeto a obrar con inobservancia de los deberes y obligaciones que lo alcanzan como contribuyente y que, previendo el resultado disvalioso posible, no adopta las medidas diligentes necesarias para mantener indemne el bien jurídico tutelado, que no es otro que la renta fiscal.
Que corresponde, por lo tanto, abocarse a analizar si se configura en el sub examine el elemento subjetivo requerido, teniendo presente que la figura bajo examen encarna un ilícito que presume la culpa e invierte la carga de la prueba, por lo que la obligación de desvirtuarla se encuentra en cabeza del contribuyente, alegando y demostrando la existencia de un error excusable con entidad suficiente para marginarlo del reproche punitivo. En efecto, tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "Si quedó acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11.683 con la determinación de la obligación tributaria que quedó firme - de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas - la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna excusa admitida por la legislación vigente" (Fallos 322:519).
Que en lo que concierne a la doctrina del error excusable, debe advertirse que de conformidad con distintos pronunciamientos de la Sala "B" (vg.“Importaciones Alfatex S.A.”, sentencia del 30/12/02 y “Pepa José Luís” del 22/4/03), para poseer entidad eximente de reproche el error debe reunir la triple característica de esencial, decisivo e inculpable, todas circunstancias que no se visualizan en las presentes actuaciones.
Que en virtud de lo hasta aquí analizado y de las constancias que surgen de los presentes autos, resta decir que el apelante no ha desvirtuado la atribución de responsabilidad ante el ilícito reprochado, omitiendo acreditar motivos o circunstancias que pudiesen conmover tal atribución, ni mucho menos ha ofrecido prueba encaminada a demostrar dicho extremo.
Que tales circunstancias hacen adecuado el encuadre de la conducta de la actora en el citado art. 45 y ante la falta de prueba idónea en contrario, resulta procedente la sanción impuesta.
Que por otro lado, según surge de los antecedentes administrativos, Carvan Premium S.R.L. registra una sanción de multa por omisión (art. 45, ley 11.683) aplicada el 02.01.2019 por la presentación inexacta de la declaración jurada del impuesto a las ganancias (período fiscal 2016). Fue por dicha razón que el juez administrativo aplicó el supuesto de reincidencia, en la forma tipificada en el art. agregado a continuación del art. 50 de la ley 11.683, y graduó la sanción en el 200% del gravamen omitido, es decir, agravada por dicho motivo.
En tal sentido, debe recordarse aquí que dicha norma dispone que “Se entenderá que existe reincidencia, cuando el infractor condenado por sentencia o resolución firme por la comisión de alguna de las infracciones previstas en esta ley, cometiera con posterioridad a dicha sentencia o resolución, una nueva infracción de la misma naturaleza. La condena no se tendrá en cuenta a los fines de la reincidencia cuando hubieran transcurrido cinco (5) años desde que ella se impuso.”
Ello así, surge del propio texto de la ley que uno de los requisitos de la “reincidencia” es que la resolución anterior debe estar firme.
La firmeza del antecedente sumarial tiene debido respaldo en las actuaciones administrativas. En efecto, a fs. 33 obra copia del sistema de la AFIP en la que obra informado el sumario que dio lugar a la multa aplicada. Carvan Premium S.R.L. ofreció, y este Tribunal hizo lugar a la prueba ofrecida como prueba documental en poder de la AFIP, para que se adjuntaran los antecedentes administrativos del Sumario N° 558417. La representante fiscal los acompañó y, si bien allí solo se puede ver el impuesto, la naturaleza de la multa y la fecha, a fs. 30 del escrito de responde explica que dicho sumario quedo firme el 22.02.2019, sin que por otro lado, la recurrente haya manifestado, ni probado, una realidad diferente.
En consecuencia, encontrándose cumplidos los requisitos de la reincidencia en cuanto a la firmeza y la naturaleza de la sanción anterior, la graduación aplicada en la Resolución es ajustada a derecho.
Por ello, corresponde confirmar la Resolución recurrida, con costas.
La Dra. Laura Guzmán dijo:
I. Que vienen los presentes autos a fin de resolver la procedencia de la sanción aplicada por el ente fiscal. Los agravios del recurrente se dirigen, por un lado, a obtener la nulidad del acto en crisis por considerar que no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 7, incisos b) y e) de la ley 19.549. Por otra parte, se agravia de la falta de razonabilidad del monto de la multa.
II. Que la recurrente articula defensa de nulidad con sustento en la ausencia de causa y motivación. Sobre el particular, cabe recordar que la ley establece que el Sumario se inicie con un acto administrativo por el que se confiere vista de las actuaciones, con el objeto de que el contribuyente pueda tomar conocimiento del accionar fiscal y de los cargos e impugnaciones que se formulan a fin de garantizar el derecho de defensa. Dicho procedimiento debe respetar el derecho del administrado de exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión del acto, de ofrecer las pruebas y también solicitarlas, y debe concluir con una resolución que haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto resulten conducentes a la solución del caso. Ello por cuanto el sumario es un procedimiento administrativo que concluye en un acto administrativo que, como tal, debe reunir los elementos que la ley 19.549 establece. "Dicho texto normativo distingue los requisitos formales (artículo 8) y sustanciales (artículo 7), sancionando con la nulidad absoluta al acto que no cuente con estos últimos, que son, a saber: 1) la competencia de quien suscribe el acto;
2. la causa, 3) el objeto, 4) procedimiento, 5) la motivación y 6) la finalidad”. (Cfr. “Shuberoff, Oscar Julio”, 5/10/18)
A fin de definir la causa encontramos dos corrientes doctrinarias, los subjetivistas y los objetivistas. Los primeros entienden que la causa del acto administrativo está constituida por la “voluntad” del sujeto que emite el acto, en tanto para los objetivistas aquella está formada por los antecedentes de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Nuestro legislador adscribió a ésta última corriente, definiendo a la causa como “los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo”, los que deben existir o concurrir en el momento de su emisión como requisito de validez del mismo. Como señala Hutchinson, “la apreciación que de tales circunstancias haga la autoridad administrativa, puede afectar la validez de la decisión –por apartarse de los hechos o el derecho realmente aplicable- y también es susceptible de comprometerla con los vicios de error y dolo” (conf. Hutchinson, Tomás; “Ley Nacional de Procedimientos Administrativos”, Ed. Astrea, Tº I, pag. 154).
Por su parte, el inciso e) del artículo 7 de la ley 19.549 recoge la postura amplia que sobre la motivación había expresado un sector importante de nuestra doctrina nacional y exige que todo acto administrativo “Deberá ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando además los recaudos indicados en el inciso b).
Volviendo a Hutchinson, la motivación aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular responde a la idea de una mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que pueda conocer efectiva y expresamente los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto (op. citada, pag. 159). Asimismo, dicha obligación reposa en los principios republicanos que exigen juridicidad y razonabilidad e imponen a la administración la obligación de explicar sus actos.
No cabe duda entonces, que para nuestra ley, todos los actos necesitan ser motivados, concepto que se desprende del citado inciso, en tanto expresa que el acto administrativo deberá exponer “en forma concreta las razones” que llevan a su dictado y su alcance variará según los casos y circunstancias.
En ese contexto, los argumentos esgrimidos por la recurrente en virtud de los cuales entiende que el acto apelado carece de causa y falta de motivación que lo transforma en arbitrario, por considerar que no brindan fundamentos ciertos y concretos, deben ser rechazados, toda vez que surge de su lectura cuales fueron los hechos y el derecho en que se sustentan, además de guardar la debida correspondencia entre la exposición de motivos con la conclusión a la que se llega, y haberse cumplimentado el procedimiento previsto para dictarlos, por lo que no se advierte afectación alguna de las garantías constitucionales de defensa en juicio y debido proceso. Con respecto a las costas, entiendo que deben ser soportadas por la excepcionante toda vez que los argumentos que sustentan su defensa están dirigidos a obtener expresamente la declaración de nulidad prevista en el artículo 171, inc. h) de la ley de rito, pues reposan –como quedó dicho- en la violación de su derecho de defensa por defectos procesales, agravios que acarrean inexcusablemente aquélla declaración. Asimismo, su planteo mereció réplica concreta por parte de la apelada, por lo que no advierto razones para apartarme de la aplicación del artículo 68 del C.P.C.C.N.
Resulta oportuno recordar que como señalara la C.S.J.N. in re “Bolland y Cía. S.A.” la exención de costas procede cuando el planteo –de haber prosperado- hubiese implicado la revocación de la pretensión fiscal, supuesto no es el de autos.
En definitiva, el tratamiento de cuestiones incidentales como la de autos no puede encontrarse exentas de las consecuencias procesales que hacen a su rechazo.
III. Que sentado lo que antecede y previo a considerar los argumentos de la recurrente que cuestionan el monto de la sanción, justamente por tratarse de materia penal, y aun cuando no se hayan formulado agravios al respecto, debe analizarse la procedencia de la sanción aplicada, que el ente fiscal subsume en el artículo 45 de la ley 11.683 (t.o en 1998 y sus modificaciones).
De acuerdo con lo que se desprende del informe final de inspección, la fiscalización se originó en un cruce sistémico efectuado entre aquellos contribuyentes que no presentaron las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias por el período fiscal 2021.
Ante los requerimientos formulados, con fecha 6/5/2022 la recurrente manifestó haber cumplido con la presentación. Analizada la misma, no se efectuaron observaciones, guardando relación los montos declarados con las ventas, acreditaciones bancarias y ventas con tarjetas de crédito y débito, por lo que se validó la declaración jurada original.
Con sustento en las circunstancias relatadas se inició sumario por considerar que la falta de presentación de la declaración jurada y el correspondiente ingreso del gravamen determinado oportunamente encuadró en la mencionada norma sancionatoria.
IV. Que la conducta que se reprocha en el acto en crisis requiere –en situaciones como la sub examine- la concurrencia de dos situaciones, a saber: a) omisión de pago de impuestos y b) la falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas. En este último supuesto, siempre que el juez administrativo haya descartado la existencia de “declaraciones engañosas”, además de los presupuestos de culpa o negligencia.
Ello así, el extremo objetivo que precisa la norma para su procedencia se encuentra verificado en la especie, pues como quedó dicho, como consecuencia de las tareas de verificación llevadas a cabo por el ente fiscal, se detectó que la recurrente omitió presentar la declaración jurada original, lo que efectuó una vez iniciada la fiscalización. Dicha presentación originó impuesto a ingresar.
Con respecto al elemento subjetivo, cuya concurrencia es necesaria para la configuración del ilícito en cuestión cabe efectuar algunas consideraciones. En ese sentido, debe tenerse presente que para que alguien pueda ser castigado debió obrar voluntariamente, con culpa, pues entiendo que deben excluirse aquellas sanciones exigidas sólo de modo objetivo.
Sobre el particular, cabe recordar que nuestro Máximo Tribunal al delinear el ilícito en cuestión sostuvo que “...surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador. Por lo tanto, la jurisprudencia que ha tenido en cuenta el a quo no es apta para decidir la cuestión en examen”.
“Que, sentado lo que antecede, cabe destacar que esta Corte ha reconocido en numerosas oportunidades que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente (Fallos - 271:297; 303:1548; 312:149). Si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad sólo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación al caso de alguna excusa admitida por la legislación vigente (Fallos - 316:1313; causa L.269.XXXII, "Lambruschi, Pedro Jorge s/ley 23771", fallada el 31/10/1997)”. “Que por lo tanto, toda vez que en el caso ha quedado acreditada la materialidad de la infracción prevista por el art. 45 de la ley 11683 (texto citado) con la determinación de la obligación tributaria que ha quedado firme -de la que resulta la omisión del pago de impuestos y la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por la actora- la exención de responsabilidad sólo podría fundarse válidamente en la concurrencia de alguna de las circunstancias precedentemente aludidas” (“Elen Valmi de Claret”, del 31/3/99).
En ese contexto, a la luz de la reseña efectuada en el Considerando precedente, entiendo que se encuentran acreditados los elementos objetivo y subjetivo que la norma requiere, destacándose que la recurrente no esgrime razones que permita controvertir el criterio fiscal. En particular, ante la falta de presentación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias por el periodo 2018, su conducta encuadra en la omisión del pago correspondiente.
Asimismo, debe tenerse presente que la presentación de la declaración jurada no puede ser considerada espontánea ni tempestiva, toda vez que fue consecuencia del accionar fiscal, circunstancia ésta que deber ser tomada en consideración como corroborante de la concurrencia del elemento subjetivo requerido para tener por cometido el ilícito que se le imputa. No escapa a quien suscribe que la obligación de la recurrente de ingresar el tributo apareció revelada y reconocida una vez que se inició la fiscalización, accionar que hizo que el propio contribuyente presentara sus declaraciones juradas.
V. Que finalmente, con respecto al agravio dirigido a impugnar el monto de la sanción, adhiero al análisis y conclusión a la que arriba el Vocal Instructor, por lo que voto por confirmar la resolución venida en recurso. Con costas.
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
Que adhiere al voto del Dr Magallón.
Por ello, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución N°1251/2022, con costas.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.06.10 11:08:19 ART Date: 2024.06.10 15:47:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Laura Amalia Guzman Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Subrogante Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.06.10 19:11:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.06.10 19:12:08 -03:00
Fin de la sentencia