Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 69620307-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en cuanto rechazó la pretensión de la actora referida al bloqueo que determina el art. 46 inc, d, de la ley 27.260 y la aplicación de sus beneficios y 2) declarar la nulidad en cuanto confirmó las determinaciones de los tributos, con intereses y multa, debiendo volver los autos al Tribunal Fiscal para que dicte un nuevo pronunciamiento. Imponer las costas en ambas instancias por su orden (art. 68, segunda parte del CPCCN).
—SALA IV- CAF 41578/2023/CA1 CASA CALIENDO DE CALIENDO GASTON ENRIQUE Y CALIENDO CARMELO ANDRES SH (TF 69620307-I) Y OTROS C/ DIREC- CION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO
Buenos Aires, de abril de 2024.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones apeladas en cuanto determinaron el Impuesto al Valor Agregado a la sociedad “Casa Caliendo” por los períodos 1 a 12 de 2014 y el Impuesto a las Ganancias, respecto de los Sres. Gastón y Carmelo Caliendo, periodo 2014, con más intereses y multas, reduciendo la graduación de éstas últimas al mínimo legal. Impuso las costas a la vencida, salvo en la proporción de la reducción apuntada, que se impusieron por su orden.
Para así resolver sostuvo, en primer lugar, que no podía tener acogida favorable el planteo de la parte actora fundado en su adhesión al Régimen de Sinceramiento Fiscal, toda vez que, conforme se desprendía de la ley 27.260 y su decreto reglamentario, el alcance de los beneficios se limitaba a los bienes y/o tenencias “exteriorizados”, no siendo este el caso en donde la materia objeto de discusión ya había sido declarada por el contribuyente como pasivo.
En cuanto al planteo de nulidad, consideró que no se advertía que el juez administrativo se hubiese apartado de las circunstancias de hecho y derecho que fundaban la resolución apelada, ni que hubiera incumplido con los requisitos previstos por el art. 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos.
Con respecto al fondo, ponderó que la actora reiteraba similares fundamentos a los que pretendieron sustentar la nulidad tratada anteriormente, habiendo quedado allí aclarada la cuestión relativa a los clientes cuestionados y los montos pertinentes, por lo que remitió a ese punto.
Si bien del párrafo transcripto del escrito recursivo surgía que la actora no discutía el monto del pasivo no justificado determinado por el Fisco, en otra parte de él se ofrecía prueba para rebatirlo. Por tal motivo, durante la instrucción de la causa se dispuso la apertura a prueba, ordenándose la informativa. No obstante, la parte dejó transcurrir el plazo sin incorporarla, por lo que se tuvo por decaída. Por ello, correspondía confirmar el ajuste al igual que sus intereses.
Con respecto a las infracciones por defraudación, consideró que encontrándose acreditada en forma clara y suficiente la intención dolosa correspondía confirmarlas. No obstante, atento a la falta de antecedentes sumariales consideró prudente reducirlas al mínimo legal del art. 46 de la ley 11683.
2. Que, contra dicho decisorio apeló la actora y expresó agravios, cuyo traslado fue contestado por su contraria.
En primer lugar, sostiene que su parte se adhirió a los términos de la ley 27.260 en su Libro II, Título I. Dicha norma dispuso una exteriorización de bienes. Afirma, al respecto, que tanto la ley como el decreto reglamentario son coincidentes en que el sujeto que se ajuste a sus términos no puede ser investigado por los ingresos obtenidos en forma previa.
Aduce que el Fisco se equivocó en no aplicar a las determinaciones de oficio controvertidas en autos los beneficios del art. 46 inc. d, de la ley 27.260, toda vez que dicha norma permite dejar sin efecto las pretensiones fiscales en la medida que los sujetos declaren voluntariamente los bienes y tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que hubieran declarado con anterioridad a la vigencia de dicha norma.
Manifiesta que lo que se debate en autos es si, en definitiva, un pasivo que estaba declarado en el balance antes de la vigencia de la ley 27.260 podía, una vez sancionada, ser pasible de ser exteriorizado.
Alega al respecto que si la Instrucción 1008/17 permite en su punto E.2 in fine, la posibilidad de dejar sin efecto pretensiones fiscales basadas en incrementos patrimoniales cuando el contribuyente efectúa el sinceramiento, no existe óbice alguno para que no se puedan aplicar los beneficios previstos en el inc. d, del art. 46 de la ley 27.260.
No obstante, el Tribunal Fiscal no se hace cargo en absoluto de estos agravios, limitándose a exponer que la tenencia había sido declarada como pasivo ya exteriorizado y ello importaba un óbice para acceder al beneficio.
Plantea la nulidad de la resolución administrativa por falta de causa. En efecto, señala al respecto que, el 22/4/2021, se presentó escrito ante el Tribunal Fiscal donde se acreditó el diligenciamiento de oficios junto con sus respuestas respectivas con relación a los siguientes sujetos: Poeta, Gnomos Rugby Club, Palermo, Gregorio, Ríos, Alvarenga, Cuenca, Bocamazzo y Fazzari. Luego, el Tribunal Fiscal tuvo por agregadas dichas piezas. Sin embargo, al dictar sentencia, no las consideró, limitándose a expresar que no se produjo la prueba. Es decir que, omitió valorar las pruebas producidas en su sede, lo que hubiera permitido por lo menos acreditar una parte del acopio. Agrega a ello que tampoco se consideró que se había pedido la detracción del ajuste por no corresponder al período imputado respecto de enero de 2015.
En tales condiciones sostiene que la sentencia resulta descalificable como acto judicial válido en la medida que prescindió de pruebas concretas rendidas en la causa que resultaban trascendentes para la solución del pleito, por lo que solicita que se declare la nulidad de la sentencia, ordenándose la remisión de —SALA IV- CAF 41578/2023/CA1 CASA CALIENDO DE CALIENDO GASTON ENRIQUE Y CALIENDO CARMELO ANDRES SH (TF 69620307-I) Y OTROS C/ DIREC- CION GENERAL IMPOSITIVA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EX- TERNO los autos a aquella sede para que dicte un nuevo pronunciamiento, considerando toda la prueba rendida junto con los agravios que se omitió abordar.
En subsidio, se agravia de la imposición de las multas y pide que se revoquen por resultar presunciones de presunciones, lo que se encuentra totalmente vedado por la jurisprudencia. Apela, asimismo, los honorarios regulados a los letrados del Fisco por altos.
3. Que, en cuanto a la crítica referida a la aplicación de la ley 27.260, cabe señalar que dicho ordenamiento dispone un régimen de “sinceramiento fiscal” que consiste en un sistema voluntario con respecto a todos los bienes que no hayan sido incorporados en su estructura patrimonial al día de la vigencia del respectivo régimen, es decir, a los del país o del exterior que no hayan sido declarados en la estructura formal de los tributos nacionales.
En el caso de autos, la empresa Casa Caliendo resulta ser un corralón de venta de materiales de construcción, encontrándose inscripta ante el ente recaudador en el rubro “Venta al por menor de materiales de construcción NCP”, estando conformada por los Sres. Gastón Enrique Caliendo y Carmelo Andrés Caliendo, con participación de cada uno del 50%. Al tratarse de una sociedad de hecho, sus integrantes presentaron la declaración jurada del período fiscal 2014 del Impuesto a las Ganancias exteriorizando en el rubro “Otros”, concepto “deudas comerciales” un importe de $4.190.108,07, identificándolo como anticipo a clientes, quienes efectuaban acopio de materiales de construcción para congelamiento de precios.
Dicha declaración jurada resultó objetada y motivó la realización de una inspección a los fines de verificar las manifestaciones de los contribuyentes con relación a la real existencia del pasivo declarado.
La AFIP entendió que una parte del pasivo había quedado sin justificar, situación que motivó la aplicación de la figura del incremento patrimonial no justificado, según el art. 18 de la ley 11.683, con más el 10% en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles.
La actora sostiene que el Fisco carece de potestades para determinar de oficio las obligaciones tributarias de la sociedad y sus socios en virtud del bloqueo que determina el art. 46, inc. d, de la ley 27.260 y la Instrucción 1008/17.
En efecto, alega que no hay discusión en cuanto a que la sociedad “sinceró” en los términos de la precitada ley e incluso pagó el impuesto especial. No obstante, lo que resulta objeto de controversia es si le corresponden los beneficios del art. 46, inc. d, de la precitada ley que permite dejar sin efecto las pretensiones fiscales en la medida que los sujetos declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran al 31 de diciembre de 2015, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de la precitada ley. El Tribunal Fiscal rechazó este planteo en atención a que, a fs. 95/99, obra agregada copia de la documentación que da cuenta de la existencia de una exteriorización de bienes por parte de la sociedad de hecho en los términos de la ley 27.260 y que ella consistió en la declaración de mejoras de construcción en dos inmuebles con destino a inversión. Teniendo en cuenta que tal exteriorización no justificaba el ajuste de pasivos impugnados por la fiscalización, a fs. 100, se le hizo saber que, al no poder verificar la procedencia de la imputación del blanqueo, atento a no contar con los papeles de trabajo, debía aclarar la forma en que esos pasivos habían sido ajustados y a qué concepto se le imputaba el sinceramiento. A ello agregó que, toda vez que la tenencia había sido oportunamente declarada como pasivo, ya se encontraba exteriorizada.
La actora en sus agravios resalta que lo que se debate es si, en definitiva, un pasivo que estaba declarado en el balance antes de la vigencia de la ley 27.260 puede, una vez sancionada, ser pasible de su exteriorización.
Remarca sobre el punto que dicho planteo resulta procedente en tanto, conforme surge de las constancias de autos, a fs. 1197, la Sociedad sinceró bajo su CUIT, pagando la suma de $350.000 en concepto de impuesto especial que equivale a $3.500.000, conforme la ley 27.260.
A su vez, existía la DDJJ Ganancias de la sociedad de hecho con un pasivo de $4.190.108,07 que el Fisco redujo sensiblemente al admitir que venía de 2013 por la suma de $1.958.794,43 más otra suma que entendió justificada de $1.348.424,52, quedando como valor neto a determinar la suma de $882.889,12.
Así, la actora sostiene que los beneficios deben aplicarse en el particular conforme las previsiones del art. 46 inc. d, de la ley 27.260.
4. Que, al respecto es dable señalar que en el art. 85 de la ley 27.260 el legislador hizo expresa su voluntad de otorgar un beneficio fiscal a los que tuvieran bienes que exteriorizar al 31/12/2015 y presentaran la declaración jurada confirmatoria de datos, haciéndolos gozar del beneficio contemplado en el art. 46 de la ley por cualquier bien o tenencia que hubieran poseído -lo mantengan o no en su patrimoniocon anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre y no lo hubiesen declarado.
Por su parte, el artículo 46 establece los beneficios que obtienen quienes blanquean, aplicable a los sujetos que efectúen la declaración voluntaria y excepcional de blanqueo e ingresen el impuesto especial, en caso de corresponder, y/o adquieran alguno de los títulos o cuotas parte previstos en la norma legal y a los testaferros por quienes puede hacerse la mencionada declaración. Estos beneficios son los siguientes:
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1. art. 46, inc. a; incrementos patrimoniales no justificados : las tenencias exteriorizadas no serán consideradas incrementos patrimoniales no justificados y, por lo tanto, no se les aplicará lo dispuesto en el inciso f, del art. 18 de la ley 11.683 (presunción de materia imponible por incrementos patrimoniales no justificados).
2. Art. 46, inc, b: principio de vinculación y la trazabilidad: los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo este régimen quedan liberados de toda acción que pudiese corresponder por el incumplimiento de las obligaciones vinculadas o que tuvieran origen en los bienes y tenencias que se declaren y en las rentas que éstos hubieran generado en las siguientes materias: civil, delitos de la ley penal tributaria, cambiaria, aduanera e infracciones administrativas. En estos supuestos la ley exige que se pruebe la vinculación existente entre ellos.
3. Art. 46, inc. c, impuestos que se hubieran omitido ingresar y que tuvieran origen en bienes y tenencias blanqueados. Acá nuevamente se exige el principio de vinculación y trazabilidad.
4. Art. 46, inciso d, el blanqueo del consumido: este inciso dispone que los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran a la fecha de preexistencia que corresponda al sujeto que blanquee, sumados a los que ya hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de la presente ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado. Es decir que queda blanqueado el consumido de los períodos anteriores. Es una especie de “norma tapón” o de “bloqueo fiscal”. Al respecto el artículo 32 de la resolución general (AFIP) 3919 aclara que el beneficio tratado aplica a aquellos bienes y tenencias no declarados que, por haberse consumido, dispuesto, o por cualquier otro motivo, no se mantengan en el patrimonio a la fecha de preexistencia.
El decreto 895/2016 especificó lo relativo a los beneficios de quienes confirmaban datos, en los términos del art. 85 de la ley y en su art. 24 estableció qué debía entenderse por tenencias y bienes no declarados que podían dar lugar a la pérdida de beneficios ―tanto para el que se acogiera al régimen de exteriorización como para aquél que sólo confirmara datos y explicó que a los fines del inc. d, del art. 46 y del art. 85 de la ley 27.260 se entenderá por tenencias y/o bienes no declarados aquéllos que no hubieran sido incorporados por los contribuyentes en sus declaraciones juradas presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos.
En este mismo orden de ideas, la Instrucción 1008/17, refiriéndose al art. 46 de la ley 27.260 dispuso que, “…A su vez el inc. d, del mencionado artículo 46, norma que los sujetos que declaren voluntaria y excepcionalmente los bienes y/o tenencias que poseyeran a la fecha de preexistencia, sumados a los que hubieren declarado con anterioridad a la vigencia de la citada ley, tendrán los beneficios previstos en los incisos anteriores, por cualquier bien o tenencia que hubieren poseído con anterioridad a dicha fecha y no lo hubieren declarado (vgr. el monto consumido)”.
Posteriormente la misma Dirección dictó la Instrucción 1022/17, que dispuso que “Las obligaciones alcanzadas por el beneficio son aquellas susceptibles de justificar la tenencia de bienes y sus derivaciones –incluidas aquellas provenientes de pasivos ficticios –por ejercicios anteriores al 2015 que hubieran sido correctamente declarados en el ejercicio 2015 o que el contribuyente no los tuviera más en su patrimonio al cierre de dicho ejercicio”.
5. Que, en el caso de autos, la actora pretende encuadrarlo en el precitado art. 46 inc, d. respecto del ajuste formulado por el Fisco por incremento patrimonial no justificado (anticipos de clientes). No obstante, ello hubiese procedido si se hubiese dado alguna de las siguientes circunstancias: 1) haber regularizado o exteriorizado todos los bienes con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31/12/15; ó, 2) que al cierre del ejercicio ya no lo tuviera en su patrimonio por haber sido consumido o destinado al financiamiento del giro del negocio o del activo. No obstante, no se advierte que se haya probado ninguna de estas situaciones. En efecto, en el presente caso en que la tenencia de dinero justificada a través de un pasivo inexistente hubiera sido regularizada o exteriorizada con anterioridad al último ejercicio fiscal cerrado al 31 de diciembre de 2015, o en su caso, que al cierre de ese ejercicio fiscal la contribuyente o responsable ya no la mantuviese en su patrimonio, por haber sido consumida, o destinada al financiamiento del giro del negocio o del activo, le hubiera correspondido la aplicación de los beneficios. Pero lo cierto es que el Fisco, atento no contar con los papeles de trabajo, requirió a la actora que aclarase la forma en que los pasivos fueron ajustados y a qué conceptos se imputaba el sinceramiento y ésta no aportó elemento alguno en tal sentido. Por lo expuesto, no corresponde aplicarle el beneficio del art. 46 de la ley 27.260, porque tenía parte del pasivo pendiente de cancelación. Por consiguiente, corresponde rechazar los agravios sobre el punto.
6. Que, en atención a lo expuesto, corresponde tratar el agravio referido a la declaración de nulidad de la sentencia del Tribunal Fiscal basada en que resolvió sin considerar pruebas esenciales de la causa, y soslayó argumentos vertidos en el recurso de apelación.
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Al respecto la actora señaló que, para justificar los anticipos de clientes como pasivos en el balance, en el recurso de apelación se explicó cómo los clientes efectuaban compras para estoquearse y ello generaba un pasivo al no verificarse en ese momento la entrega de la mercadería.
Así, para verificar la existencia de acopio se solicitó el libramiento de oficio a los sujetos que había indicado en el recurso de apelación.
El 19 de febrero de 2021 se dictó la apertura de la causa a prueba, haciéndose lugar a la confección y diligenciamiento de los oficios oportunamente ofrecidos.
El 22 de abril de 2021 la actora acompañó oficios diligenciados y respondidos por las siguientes personas, a saber: Poeta Juan, Gnomos Rugby Club, Palermo Rosa, Gregorio Laura, Ríos María José, Alvarenga Inocencio, Cuenca Ramón, Bocamazzo Javier y Fazzari Daniel. El Tribunal Fiscal tuvo por agregadas las piezas acompañadas, es decir los oficios y sus respuestas. No obstante, soslayó dichas constancias al momento de resolver, sosteniendo que no se produjo la prueba. Atento a ello, la actora formuló agravios sosteniendo que se omitió abordar y considerar las probanzas conseguidas en su sede “…máxime cuando los anticipos mencionados eran plenamente razonables atento la vigencia del Pro.cre.ar, consistente en un programa estatal encargado de otorgar créditos para la construcción de viviendas, donde en un corralón como lo es mi mandante, naturalmente se daban situaciones de acopio por parte de los clientes que querían congelar precios y abonar inmediatamente para gozar de los beneficios del referido programa” (ver escrito de expresión de agravios).
En efecto, sostuvo que con las respuestas que había omitido considerar el Tribunal Fiscal, al menos se hubiera podido acreditar parte de dicho acopio. Máxime, cuando en la página 24 y ss. también había pedido la detracción del ajuste por no haberse correspondido con el período imputado, respecto del agravio de enero de 2015, que permitía retrotraer a diciembre de 2014. Eso tampoco fue tratado por el Tribunal Fiscal.
La actora manifestó al respecto que “en definitiva, la sentencia en crisis omitió tratar ese punto cuando era un agravio concreto enderezado a dejar sin efecto al menos parcialmente el cargo.” Por lo expuesto, solicitó que este Tribunal declare la nulidad de la sentencia, ordenándose la remisión de los autos a aquella sede para el dictado de un nuevo pronunciamiento, considerando toda la prueba rendida junto con los agravios que omitió abordar. (ver fs. 11/12 de su expresión de agravios). Cabe señalar que asiste razón a la actora sobre este punto ya que la resolución apelada afecta al derecho de su parte en la medida en que el a-quo no valoró debidamente las pruebas que fueron ofrecidas y producidas en su sede, arribando a una solución que se aparta de las constancias de la causa.
No puede soslayarse al respecto que, si bien se dio por decaído a la actora el derecho a la producción de la prueba ofrecida, ello fue respecto de una parte, pues otra se produjo, tal como se señaló anteriormente, y no fue tenido en cuenta por el Tribunal. En razón de lo expuesto, corresponde hacer lugar a lo solicitado por la actora sobre este punto, dejar sin efecto la sentencia en cuanto al fondo y devolver los autos al Tribunal Fiscal, para que valorando la totalidad de las pruebas producidas se dicte un nuevo pronunciamiento. Ello así a fin de garantizar el principio de la doble instancia.
En cuanto a las costas, corresponde que se impongan por su orden en atención a la forma en que se resuelve (art. 68, segunda parte del CPCCN). En atención a ello, se deja sin efecto la regulación de honorarios.
7. Que, con respecto a la liquidación y pago de la tasa efectuado por la parte actora, pasen los autos al Sr. Representante del Fisco a fin de que se expida, por encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada 20/92.
Por lo expuesto SE RESUELVE: 1) confirmar la resolución apelada en cuanto rechazó la pretensión de la actora referida al bloqueo que determina el art. 46 inc, d, de la ley 27.260 y la aplicación de sus beneficios y 2) declarar la nulidad en cuanto confirmó las determinaciones de los tributos, con intereses y multa, debiendo volver los autos al Tribunal Fiscal para que dicte un nuevo pronunciamiento. Imponer las costas en ambas instancias por su orden (art. 68, segunda parte del CPCCN).
Regístrese, notifíquese, pase al Representante del Fisco y oportunamente devuélvase a sus efectos.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia