Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2023-146508112-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-101825204-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Septiembre de 2025 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION
El Expte. N° EX-2023-146508112- -APN-SGAI#TFN (y su acumulado N° EX-2023-144554973-APN- - SGAI#TFN), caratulado: “CASA GABARDINI S.A. s/ Apelación” a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal de la Quinta Nominación) y Pablo Porporatto (Vocal de la Sexta Nominación);
El Dr. Pablo Porporatto dijo:
I. Que mediante RE-2023-137982422-APN-SGAI#TFN y el RE-2023-144553844-APN-SGAI#TFN la actora interpone los recursos de apelación contra las Resoluciones N° 203/2023 (DV RRES) y N° 204/2023 (DV RRES) respectivamente, ambas de fechas 27/10/2023, dictadas por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Resistencia de la DGI.
En virtud de la Resolución N° 203/2023 (DV RRES), se determinó de oficio en forma parcial la materia imponible en el Impuesto a las Ganancias, por los periodos fiscales 2017 y 2018, por el monto de $1.216.613,64.- en concepto de capital y la suma de $3.171.793,69.- por intereses resarcitorios. Además, se le aplicó una multa de $1.216.613,64.- equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto omitido, en los términos del artículo 45 de la ley de rito. También en dicha resolución se dispuso determinar de oficio las obligaciones por los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019, frente al Impuesto a las Ganancias en concepto de salidas no documentadas- por la suma de $ 1.546.215.- por el gravamen, más $4.226.512,58.- por intereses resarcitorios y se aplicó una multa de $1.546.215.- equivalente al 100 % del impuesto omitido de ingresar en los períodos fiscales 2017, 2018 y 2019. En cuanto a la Resolución 204/2023 (DV RRES), se determinó de oficio la obligación en el Impuesto al Valor Agregado, por los períodos fiscales 03/2017; 07/2017; 08/2017; 09/2017; 02/2018; 03/2018; 06/2018; 07/2018; 09/2018 Y 10/2018, por la suma de $766.718,18.- en concepto de capital y se redujo el saldo técnico a favor de la contribuyente para el período fiscal 08/2018 a $ 28.400,15. A su vez, se estableció la obligación de ingresar la suma de $ 2.083.994,68.- por los intereses resarcitorios y se le aplicó una multa de $ 766.718,18.- equivalente al 100 % del impuesto omitido, en los términos del artículo 45 de la ley ritual.
En primer lugar, señala que la fiscalización ha observado las operaciones realizadas con los proveedores: González Roberto, Débora Rodríguez, Barros Patricia Andrea; Building Hg S.A.; Aguilar, Víctor Raúl y Gutiérrez Olga Nélida, por presentar diversas inconsistencias que motivaron su inclusión en la base de contribuyentes “No Confiables” y procediendo a inactivar sus claves fiscales.
Advierte que las inconsistencias invocadas por los funcionarios fiscales no existían al momento de concretarse las operaciones, sino que las mismas fueron constatadas en actuaciones llevadas a cabo varios años después de haberse perfeccionado las compras que hoy el organismo fiscal desconoce. Sostiene que ha actuado de buena fe, y que verificó la situación fiscal previa de los proveedores en las páginas oficiales de internet de la ex AFIP, los que revestían la condición de contribuyentes debidamente habilitados, y que han emitido las facturas electrónicas por cada una de las operaciones.
Se agravia de que el Fisco, luego de habilitar e inscribir a los proveedores, pretende cargar sobre Casa Gabardini S.A., no solo el control sobre las conductas tributarias de los proveedores durante los años posteriores, sino también la falta de permanencia de los mismos a través del tiempo como “empresa en marcha” en el mercado donde operaban.
Destaca que, del análisis de la documentación aportada, se encuentra demostrado, que del proveedor Roberto González ha adquirido la cantidad de chapas de cartón para cumplir con los compromisos de entrega (50.000 unidades), operación que se encuentra respaldada por la emisión de una (1) factura “A” y nueve (9) facturas “M”, de las cuales se han efectuado las retenciones y percepciones de ley (vide fs. 3/20 “Cpo. Proveedores No confiables”). Asimismo, entiende la recurrente que cae la acusación de faltantes en la entrega de chapas de cartón por parte del proveedor, toda vez que a partir de aquella se ha podido cumplir en tiempo y forma con la entrega de la mercadería licitada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones.
Por lo expuesto precedentemente, asevera que está acreditada la existencia de dicho proveedor y de la mercadería vendida, su efectiva entrega y como así también la efectiva percepción y retención por los tributos de tales operaciones, entendiendo así que no ha existido perjuicio fiscal. Por consiguiente, aduce que así se demuestra la salida de fondos destinados a un contribuyente habilitado y debidamente identificado, resultando improcedente la figura de Salidas No Documentadas aplicada.
Por otro lado, en atención al proveedor Débora Rodríguez, afirma que, por las pruebas colectadas en el proceso de fiscalización, facturas electrónicas, medios de pago con cheques, la entrega de la mercadería al destinatario final y su recepción documentada en instrumento público por parte del Ministerio de Educación, Ciencia y Técnica de Misiones, dan cuenta de la real existencia de la mercadería comprada, de su trazabilidad, del circuito comercial y financiero realizado. Por lo que entiende queda acreditada la veracidad de las operaciones de compras realizadas con dicha proveedora y desestimando así el calificativo de operaciones marginales y/o inexistentes aplicado. En ese orden de ideas, asevera que la operación de venta realizada a través de licitación pública con el mencionado Ministerio, en la que se ha probado la efectiva entrega de dicha mercadería, acredita que por su naturaleza ha sido necesario incurrir en erogaciones para su compra con la finalidad de obtener, mantener y conservar una ganancia gravada, descartando así la posibilidad de aplicar la figura de Salidas No Documentadas. En cuanto a las operaciones con el resto de los proveedores, Barros Patricia Andrea; Building Hg S.A.; Aguilar, Víctor Raúl y Gutiérrez Olga Nélida; manifiesta que fueron operaciones realizadas de manera ocasional; por lo que solo los conoce por la página de la ex-AFIP; y que las operaciones fueron realizadas sin sospechas. En cuanto a la sanción, manifiesta que los funcionarios no han acreditado una conducta negligente, entendiendo que ha actuado de buena fe; y por las mismas razones esgrimidas en los párrafos anteriores, impugna las multas aplicadas.
Finalmente, ofrece prueba documental, hace reserva del caso federal y solicita se revoquen las resoluciones apeladas.
II. Que en el IF-2024-34340901-APN-DTD#JGM y el IF-2024-36214118-APN-DTD#JGM el Fisco Nacional contesta los recursos de apelación interpuestos, negando todos y cada uno de los hechos y derechos allí expuestos, quien en orden a las razones que expone solicita que se confirmen las resoluciones apeladas, con costas a la parte actora.
Indica que, del análisis de las pruebas obrantes en las presentes actuaciones, surge que los proveedores Roberto González, Débora Rodríguez, Barros Patricia Andrea, Building Hg S.A., Aguilar, Víctor Raúl y Gutiérrez Olga Nélida, no demuestran capacidad económica y financiera para realizar las operaciones que han facturado. En lo atinente a los intereses resarcitorios, se indica que la actora no expresó agravios específicos sobre el tema, sin embargo, cabe destacar que en el presente caso se aplicaron de conformidad con el art. 37 de la ley de rito. En cuanto a la calificación legal de las multas aplicadas, de conformidad con el art. 45 de la Ley 11.683, sostiene que han sido adecuadamente tipificadas y ponderadas en las resoluciones apeladas, atento que ha quedado suficientemente acreditado el perjuicio fiscal al no guardarse los recaudos para que los impuestos se ajustaran a la realidad.
Por último, cita doctrina y jurisprudencia en apoyo a su postura. Acompaña los antecedentes administrativos y se opone a la prueba ofrecida por la recurrente. Hace reserva del caso federal y solicita se confirmen las resoluciones apeladas, con costas.
III. A través de la PV-2025-91752821-APN-VOCVI#TFN se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B” y en el IF-2025-99661597-APN-VOCVI#TFN pasan los autos a sentencia.
IV. Que expuesto lo que antecede, conforme surge del informe final de inspección obrante en el IF-2024- 45506744-APN-DTD#JGM acompañado en los antecedentes administrativos, las presentes actuaciones tienen su génesis en la fiscalización practicada a la encartada, a raíz de la detección de operaciones con contribuyentes incluidos en la base E-Apoc.
Según se desprende de las actuaciones administrativas, la recurrente es una sociedad anónima, cuya actividad principal declarada es la venta al por menor de artículos de ferretería y cierra sus ejercicios comerciales el 30 de septiembre de cada año.
Con relación a las operaciones de compras registradas con contribuyentes no confiables, se solicitó al fiscalizado la documentación respaldatoria (remitos, recibos, órdenes de pedido, fletes, etc.) y los medios de pago utilizados para cancelar las operaciones con sus proveedores. Del análisis realizado por los fiscalizadores surgieron inconsistencias en los siguientes proveedores:
1. González Roberto: Se encuentra inscripto en las actividades de “Fabricación de artículos de papel y cartón y servicios personales n.c.p.”. Posee domicilio fiscal en el Parque Industrial de Concepción del Uruguay, Lote 15, Manzana 4. La fiscalización verificó que el predio pertenece a la firma La Sampedrina S.A. y tanto las instalaciones como el personal pertenecen a la nombrada. El señor González manifestó, en ocasión de dicha verificación in situ, desarrollar sus tareas en dicho inmueble aportando copia de Acta de Directorio de la firma La Sampedrina de fecha 30/03/2019 –posterior a los hechos discutidos- en la cual se ratifica el comodato verbal y autorización para utilizar las instalaciones. Con respecto a las operaciones de compra declaradas en 2019, el 90,54% corresponden a proveedores incluidos en base de contribuyentes no confiables; no posee bienes de uso, no posee personal en relación de dependencia, no presenta declaraciones juradas de ganancias desde 2018. Según la recurrente los productos adquiridos fueron chapas de cartón los que habrían sido entregados para cumplir con la Licitación Pública de Compra N° 17, Expte. N° 2230-69/2017 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones, las que a su vez estaban aseguradas por póliza de caución que aporta, que los pagos de las facturas fueron realizados mediante transferencias bancarias al Sr. González o cheques y que la venta fue instrumentada mediante factura tipo B. Dos cheques fueron presentados al cobro por ventanilla y el restante endosado. Según la documentación acompañada, el Acta de Recepción N° 09/2028 emitida el 20 de febrero de 2018 por el Ministerio de Gobierno de la provincia de Misiones haciendo referencia al expediente antes mencionado expone que en esa fecha se recibieron 50.000 chapas de cartón y rollos de agrotileno, en tanto las facturas emitidas por el proveedor a la recurrente corresponden al periodo entre los meses de junio y octubre de 2018. Las facturas observadas corresponden al tipo M. Requerida documentación adicional, la contribuyente aportó remitidos emitidos, figurando en alguno de los mismos tipos de transporte y dominio. Efectuadas las consultas respecto de las patentes respectivas, algunos rodados pertenecen a la empresa transportista, otras a terceras personas y se trata de automóviles y no existe información respecto a los restantes vehículos utilizados.
2. Rodríguez Débora Andrea: Se encuentra inscripta en múltiples actividades “Venta al por mayor de uniformes y ropa de trabajo, venta al por mayor en comisión o consignación de mercancías, servicios de consultores de informática y suministros de programas de informática”. No constituyó domicilio fiscal electrónico y se indica que la última declaración jurada del Impuesto a las Ganancias presentada corresponde al año 2015 y la del IVA del periodo 03/2018, reflejando permanentes saldos a favor de la contribuyente. No se registran pagos por ningún concepto y tampoco posee bienes registrables. Es informada como compradora por sumas poco significativas en relación a las facturas emitidas, por lo que no puede justificar el origen de sus ventas. Para verificar los pagos con cheques efectuados por Casa Garbarini S.A., el inspector actuante requirió al ICBC copias de anverso y reverso de los mismos. De las copias recibidas se observa que algunos cheques fueron emitidos a la orden de Rodríguez Débora, siendo endosados por la misma. otros valores al portador y otros a otras firmas. En cuanto a los productos comprados, la recurrente informó que se trata de ropa de trabajo para ser entregada y cumplir con la Licitación Pública de Compra N° 002/2017, Expte. N° 5575-260-2017 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Misiones, también asegurada mediante pólizas de caución. Según las constancias obrantes en el expediente, las Notas de Pedido fueron emitidas por GENERAR MISIONES SRL En Formación (Dos Bueyes), CUIT 3071526541, los Remitos por CITEX SRL, CUIT 30714126281 y en copia de correo electrónico constan números de facturas (que se corresponden con las emitidas por esta proveedora), que las ropas de trabajo las entregó Citex S.R.L., que reclaman pago y que los valores para cancelar van a nombre de la Sra. Rodríguez.
3. Barros Patricia Andrea: Está inscripta en las actividades de “Confección de ropa de trabajo, uniformes y guardapolvos y fabricación de productos textiles”. Presentó declaraciones juradas de IVA hasta el período 07/2018 que reflejan relación Débito Fiscal/Crédito Fiscal igual a uno. Se destaca que de las acreditaciones bancarias no guardan relación con las ventas facturadas y son por montos escasos. No posee bienes registrables y tampoco registra consumos relevantes (energía eléctrica, telefonía, etc.). Tampoco tiene información de retenciones sufridas. No presentó Régimen Informativo de Compras y Ventas. Las facturas electrónicas emitidas en el período 09/2017 a 07/2018 suman $27.281.321,71. Según la recurrente los productos adquiridos corresponden a artículos de pesca que se distribuyeron y vendieron en sucursales, que los pagos constan en órdenes de pago con firma y aclaración del receptor y que las ventas fueron instrumentadas mediante facturas tipo B. No se aportó ningún tipo de documentación.
4. Building Hg S.A.: se encuentra inscripta en múltiples actividades “Venta al por mayor de maderas y materiales para la construcción; Servicios de gestión y logística para el transporte de mercancías; Construcción, reforma y reparación de edificios; Construcción y reparación de redes, distribución de electricidad; Servicios de transporte automotor de cargas; Venta al por menor de productos farmacéuticos y Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de vehículos”. En cuanto a los domicilios fiscales declarados, los mismos fueron cambiando en el transcurso de la verificación. La proveedora no fue localizada. Según la recurrente, se habrían adquirido “Duchas eléctricas Lorenzetti” para su venta y distribución en sucursales de la firma, adjuntando stock; que la cancelación fue hecha conforme órdenes de pago que fueron adjuntadas, constando firma y aclaración de la recepción y que las ventas se instrumentaron con facturas tipo B. Las órdenes de compras fueron suscriptas por personas respecto de las cuales no se indica DNI, carácter ni mayores aclaraciones, salvo que se recibió dinero efectivo y no mediante cheque que consta en la misma, no pudiéndose constatar la identidad de tales suscriptores..
5. Sucesión de Aguilar Víctor Raúl: se encuentra inscripta en múltiples actividades “Venta de motocicletas y sus partes piezas y accesorios; Servicios personales; Venta al por mayor en comisión o consignación de maderas y materiales para la construcción; Venta al por mayor de semillas y granos para forraje; Venta al por mayor en comisión o consignación de mercaderías, Movimiento de suelos y preparación de terrenos para obras”. EL Sr. Aguilar Víctor Raúl falleció el 22/01/2016. Hasta el periodo 07/2015 declaró un empleado en relación de dependencia. No registra pagos por ningún concepto. No presentó Régimen Informativo de Compras y Ventas. No fue localizado en el domicilio fiscal ni en el alternativo. En cuanto a los productos adquiridos, según la recurrente se trataría de duchas eléctricas, con constancia de carga en stock; que la cancelación de las operaciones fue realizada mediante Orden de Pago –suscripta por Diego Luis Aguirre DNI 21.734.595, sin aportarse documentación adicional- y que las ventas de tales productos se realizaron a consumidores finales.
6. Gutiérrez Olga Nélida: Se encuentra inscripta en las actividades de “Reparación de cámaras y cubiertas y venta al por menor de electrodomésticos”. Surge una diferencia entre las ventas declaradas y las facturas emitidas por un monto de $10.690.000,00.-. Solamente pudo localizarse telefónicamente en el domicilio fiscal al cónyuge, quien manifestó que “el inmueble ubicado en el domicilio fiscal se encuentra cerrado, que allí funcionaba una verdulería a nombre de su esposa…”. La contribuyente informó que se adquirieron calentadores Blind con cable para su venta y distribución en sucursales de la empresa, que respecto de la cancelación aporta Orden de Pago con firma y aclaración de recepción. No se remitió documentación.
Destacan los fiscalizadores que, de acuerdo al Sistema Registral, con respecto a los seis (6) proveedores antes mencionados, sus CUIT fueron limitadas en los términos de la RG AFIP 3832/2016 porque están incluidos en base de Contribuyentes no Confiables- No responden requerimientos – Sus constancias se encuentran bloqueadas y sus Claves Inactivas.
Como resultado de la fiscalización se impugnan las operaciones de compra realizadas por Casa Gabardini S.A. con los proveedores mencionados ut supra, y se realiza el ajuste correspondiente a la utilización de facturas emitidas por contribuyentes sin capacidad económica y operativa para realizar las prestaciones de servicios o venta de bienes que han facturado, que no cuentan con bienes que permitan suponer que poseen capacidad para producir y vender o prestar los servicios en cuestión y que no se pudo corroborar la trazabilidad de los productos facturados (teniendo en cuenta la documentación aportada por Casa Gabardini S.A.), sustentado en que, no reúnen las características de empresas en marcha, no efectúan pagos de impuestos, presentan declaraciones juradas sin saldo a ingresar, sin declarar movimientos o arrojan pérdidas y no registran consumos de energía eléctrica, ni telefonía.
Conforme se expuso previamente, se constató que en los domicilios fiscales de los proveedores cuestionados no desarrollan actividad, tampoco se verifican domicilios de explotación, locales o depósitos, no existe personal declarado y medios para desarrollar tareas. No poseen infraestructura acorde al volumen facturado, que surge de las facturas emitidas y de lo descripto para cada uno de los proveedores cuestionados.
En función de las pruebas colectadas durante la fiscalización y la información obtenida, el Organismo Fiscal determina la falta de acreditación por parte del contribuyente de la veracidad de las operaciones cuestionadas procediendo a impugnar los créditos fiscales en IVA y los gastos en el Impuesto a las Ganancias, como así también a determinar el Impuesto a las Salidas No Documentadas, que se discuten en estos autos.
V. Que a continuación, corresponde a este Tribunal entrar a analizar la causa de acuerdo a los términos en que ha quedado trabada la litis.
En principio, debe precisarse que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus argumentaciones, sino tan sólo pronunciarse acerca de aquellas que estimen conducentes para sustentar sus conclusiones (conf. C.S.J.N., in re: “Sopes, Raúl Eduardo c/ Administración Nacional de Aduanas”, sentencia del 12/2/87, “Stamei S.R.L. C/ Universidad de Buenos Aires s/ Ordinario”, sentencia del 17/11/87, C.N.C.A.F., Sala V, in re “Werner Tomás M. c/B.C.R.A. s/ Proceso de Conocimiento”, sentencia del 27/4/98 y “Congelados Macchaiavello y Cía. S.A.” del 26/4/2007, entre otros).
VI. Que en relación al fondo del asunto, la impugnación de las operaciones con dichos proveedores ha sido adecuadamente ponderada por el organismo fiscal, habiendo demostrado la existencia concomitante de una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas y la existencia de las operaciones cuestionadas por el Fisco Nacional, de conformidad con el desarrollo efectuado en el Considerando IV.
Que siendo así, en el presente contexto resulta aplicable la regla "onus probandi incumbit ei qui dicit", es decir, la carga de la prueba es correlativa a la carga de la proposición de los hechos, pues como lo establece el artículo 377, C.P.C.C.N., cada parte deberá probar el presupuesto de hecho de las normas que invoque como soporte de su pretensión, defensa o excepción. Cabe precisar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del CPCCN deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 328:53).
Que cuando se presentan impugnaciones fundadas, donde han surgido distintos elementos que podrían dar lugar a la existencia de una maniobra fiscal, el contribuyente tiene, inexcusablemente, que recurrir a todos los medios de prueba que estén a su alcance para reconstruir y acreditar fehacientemente distintos aspectos que si bien no obligatorios en principio, pueden concurrir a derrumbar la tesis fiscal dotando a las facturas cuestionadas de un soporte extra fiscal, más propiamente comercial, que les devuelva su verosimilitud. Queda claro que ello no puede realizarse por medio de afirmaciones genéricas o dogmáticas formuladas en abstracto (apelando a la "actividad del apelante" u otros conceptos similares), sino por medio de documentación u otras pruebas fehacientes en tal sentido.
VII. Que, según lo expuesto, con respecto a los ajustes en el Impuesto al Valor Agregado, a juicio de este Tribunal conforme las constancias de los Antecedentes Administrativos y de las presentes actuaciones, cabe anticipar que la impugnación de créditos fiscales se encuentra debidamente sustentada, en razón de los serios reparos respecto de la validez de las facturas y en forma concreta la capacidad de los mencionados proveedores para realizar las operaciones que constan en aquellas.
Así las cosas, debe señalarse que una factura es considerada como apócrifa cuando no representa la realidad económica que en la misma se registra, sea porque la factura corresponde a una operación inexistente o porque corresponde a una operación existente, pero el sujeto emisor de la misma no resulta ser el proveedor real. Adicionalmente, cabe recordar que conforme surge de reiterada jurisprudencia, para que se pueda computar el crédito fiscal se deben cumplir una serie de requisitos, a saber: a) que sea imputable al período fiscal en que se hubiera facturado y discriminado; b) que se encuentre discriminado en la factura o documento equivalente; c) que la documentación respaldatoria se ajuste a las normas vigentes sobre emisión de comprobantes; d) que sea computable hasta el límite que surge de aplicar a la base imponible la alícuota respectiva; e) que se vincule con operaciones gravadas; f) que quien esté en condiciones de efectuar el cómputo sea responsable inscripto frente al IVA; g) que las operaciones que originan el crédito hubieran generado para el vendedor, locador o prestador el débito fiscal respectivo.
Frente a las afirmaciones de la actora mediante las cuales ratifica la autenticidad y veracidad de todas las operaciones que celebró y que según sus dichos fueron documentadas mediante las correspondientes facturas de compra que recibió de los proveedores cuestionados, resulta ilustrativo recordar que "no procede el cómputo del crédito fiscal sólo por la facturación ya que esta última debe ser por las operaciones que allí se describen, no teniendo, per se, la factura, entidad suficiente para generar crédito. Es la real efectivización de las operaciones lo que da fundamento al sistema del Impuesto al Valor Agregado..." (cfr. Forestal Futaluefú S.A. -TFN Sala B- sentencia del 21/05/1993).
Este criterio fue reiterado nuevamente in re “Sidertec S.A.”, sentencia del 15/11/1996, donde además se señaló categóricamente que no resultaba ajustado a derecho sostener que el artículo 12 de la ley del gravamen que se refiere al crédito fiscal, haga procedente a éste sólo por la existencia de la facturación, criterio que fue seguido por otras Salas del Tribunal (vide por caso la causa “Impulso S.A.”, TFN, Sala A, sentencia del 27/03/1998, la causa “Carrizo Luis E.” de la misma sala, sentenciada el 31/08/1999, y “Cía. Petrolífera del Carmen S.A.” sentencia de dicha sala de fecha 21/09/2000, TFN, Sala D, sentencia de fecha 23/06/1999 in re “Romero S.A.”) y compartida por la Alzada en distintos decisorios entre los que se menciona la causa "Estándar Motor Arg. SAIC”, CNACAF, Sala V, sentencia del 12/07/2000).
Todo este desarrollo jurisprudencial tuvo origen en el pronunciamiento in re "Industrias Electrónicas Radio Serra S.A." de fecha 22/08/1989, de la Sala “B”, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (06/08/1991), donde se dijo que "...10) Que, por lo demás, la propia Ley Nº 11.683 consagra una clara pauta para la exégesis de las leyes impositivas, al señalar que deberá atenderse a sus fines y a su significación económica (art. 11). En razón de ello, para determinar la verdadera naturaleza del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan o establezcan los contribuyentes (art. 12). En orden a esta prevalencia de la denominada “realidad económica”, corresponde advertir que si se admitiera que la sola emisión de la factura de venta, con relación a bienes (inexistentes), pudiese dar lugar al nacimiento del hecho imponible, ... podría originarse un crédito fiscal a favor del "comprador" que, por no corresponder al fenómeno plurifásico no acumulativo, propio de este impuesto, debería ser satisfecho por la administración tributaria con prescindencia del correlativo proceso generador de riquezas..."
En este sentido, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido a los efectos del cómputo del crédito fiscal por parte de los responsables que deben liquidar el impuesto a su cargo (art. 12 de la ley de IVA), que resulta indispensable que el crédito fiscal sea legítimo. Ello tiene lugar mediante el perfeccionamiento del hecho imponible respecto de los vendedores de bienes o mediante la verificación de la operación generadora del crédito correspondiente (confr. Causa CSJ 119/2013 (49-A) “ADM Argentina SA c/ EN –AFIP-DGI –Resol. 24/08 25/08 DV DyR2 s/Dirección General Impositiva”, del 10 de marzo de 2015), extremo que no se cumple en el caso de autos pues los créditos impugnados no provienen de operaciones genuinas realizadas con la proveedora indicada en las respectivas facturas (CSJ 848/2014 (50-M)/CS1 R.O.
“Molinos Río de la Plata SA c/ EN –AFIP-DGI resol 68/10 (GC) y otros s/ Dirección General Impositiva” del 25/08/2015). Asimismo, con fecha 10 de marzo del 2015, la C.S.J.N. in re "Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/DGI ", sostuvo "(q)ue el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. en 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: ‘[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles ...’.
Resulta claro que la norma transcripta subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal en el IVA, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto -en el caso- de los vendedores de los bienes, extremo que no se cumple en las presentes actuaciones, pues como se señaló, la actora no ha logrado acreditar que los proveedores impugnados hayan realizado las operaciones de venta que aquél les adjudicó.” Tal como explicara la Corte Suprema, por la propia mecánica del impuesto “el llamado crédito fiscal constituye una acreencia sujeta a la condición legal de que se verifiquen operaciones generadoras de un débito contra el que aquél pueda ser imputado, lo que implica que el momento en que el adquirente de los bienes satisface el impuesto no coincide con aquel en el cual el tributo ingresado se convierte en crédito fiscal, ya que no solo su medida sino también su existencia dependen de la ulterior concreción de tales operaciones” (“Alcalis de la Patagonia S.A.”, sentencia del 06/05/1986).
Corresponde señalar que las argumentaciones de la actora resultan claramente insuficientes para rebatir la tesis fiscal, sustentada en toda la serie de circunstancias más arriba detalladas, y acreditar la materialidad -no su instrumentación- de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados.
En efecto, el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resulta inhábil por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Además, cabe indicar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación –en la causa ADM Argentina S.A. c/En- AFIP-DGI-Resol.24/08 25/08 (DV Dy R2) s/ Dirección General Impositiva, del 10/03/2015- ha puesto de evidencia que la existencia de retenciones practicadas no constituye un elemento capaz de acreditar la veracidad de las operaciones.
En síntesis, correspondía a la recurrente acreditar en forma fehaciente la capacidad operativa de tales proveedores y la participación efectiva de ellos en las operaciones cuestionadas.
Frente a los contundentes indicios que revelan las inconsistencias endilgadas a los proveedores respecto su capacidad para llevar adelante las operaciones cuestionadas que van más allá de la inclusión o no de aquellos en la base Apoc, la recurrente no aportó los elementos probatorios indispensables para lograr desacreditarlas. Que, en función de ello, cabe confirmar el ajuste determinado por el Fisco Nacional en el Impuesto al Valor Agregado, con costas.
VIII. Que, por otro lado, en cuanto al cuestionamiento del Fisco Nacional respecto de la deducibilidad de los gastos efectuados en el Impuesto a las Ganancias, surge de autos que no sólo no se ha logrado probar que los sujetos mencionados en los comprobantes impugnados fueron los verdaderos prestadores y, por ello, corresponde confirmar el ajuste del Impuesto al Valor Agregado, sino que en virtud de la normativa del Impuesto a las Ganancias, no se han aportado elementos tendientes a acreditar que los bienes y servicios hayan sido efectivamente provistos o prestados, dado que no se ofreció ni aportó prueba tendiente a demostrar que sin ellos no se hubiera podido llevar a cabo la actividad de la recurrente, por lo que corresponde también confirmar este último ajuste.
En cuanto a la prueba obrante colectada en sede administrativa, surge que Casa Gabardini S.A., para cumplir con la Licitación Pública Expte. N°2230-25/17, del Ministerio de Gobierno Secretaria de Protección Civil de la Provincia de Misiones, no pudo realizar operaciones de compra, como afirma, con el proveedor González Roberto, toda vez que la cronología de los hechos no se condice con la documentación respaldatoria aportada. Ahora bien, en aras de sustentar la trazabilidad de las operaciones la actora alega que el Acta de Recepción N° 09/2018 mencionada previamente, tendría un carácter provisional, y habría sido emitida con fines meramente administrativos para trámites de fondos y órdenes de pago, y que, por lo tanto, no refleja el momento real de la entrega de bienes. Intenta a su favor validar la entrega con la respuesta de los funcionarios actuantes de dicho Ministerio Provincial de fecha 04/08/2023 y la “Constancia de Entrega de Elementos Adjudicados” de fecha 02/12/2019, aclarando que la entrega total se produjo el 31/10/2018.
No obstante ello, la recurrente no ha aportado remitos que respalden la efectiva entrega de la mercadería al Ministerio en fechas posteriores al Remito N° 0012-00003418, emitido en la misma fecha que la mencionada Acta de Recepción. No se aportó comprobante alguno que respalde el cobro una vez cumplido el objeto de la licitación.
Tampoco ha acreditado que el supuesto proveedor impugnado haya entregado a la recurrente las 50.000 chapas que supuestamente luego se habrían direccionado al Ministerio en el marco de la licitación mencionada. Los remitos presentados totalizan 41.000 chapas, aunque existirían otros que fueron mencionados -no aportados-, con los cuales tampoco se alcanza el número de chapas supuestamente entregado al Ministerio. Tampoco se ha demostrado mediante prueba idónea, que las chapas entregadas al Ministerio se correspondan con las consignadas en la/s factura/s correspondiente/s al proveedor impugnado.
Por lo expuesto, se debe concluir que la actora no ha acreditado la veracidad de las operaciones supuestamente realzadas con el cuestionado proveedor Roberto González.
Asimismo, con relación a la supuesta proveedora Débora Andrea Rodríguez y las operaciones que se habrían realizado con ella, más allá de los argumentos esgrimidos por la recurrente en cuanto al modo de operar de las distribuidoras, lo cierto es que en las presentes actuaciones no se ha logrado acreditar la trazabilidad de tales operaciones y no se han aportado medios de prueba que permitan aseverar que la Sra. Rodríguez fue la verdadera proveedora de los bienes; tampoco se encuentra acreditada con certeza la efectiva realización de la operación facturada y observada.
Por último, que en lo atinente a los otros cuatro (4) proveedores cuestionados, con quienes se habría realizado operaciones ocasionales y de escaso monto, no se acreditó la veracidad y trazabilidad de las operaciones mediante prueba idónea en esta instancia ni en la instancia anterior.
Que, en función de ello, cabe confirmar el ajuste determinado por el Fisco Nacional en el Impuesto a las Ganancias, con costas.
IX. Que, entrando al análisis de los ajustes efectuados por el Fisco Nacional en materia del Impuesto a las salidas no documentadas en relación a la facturación impugnada, corresponde señalar que como con acierto lo expresara el Dr. Torres, se trata de “un impuesto proporcional y real a la renta neta presunta que se atribuye al beneficiario oculto. Pero esta misma ocultación ha llevado al legislador a adoptar un arbitrio técnico de inobjetable razonabilidad, cual es el de indicar como sustituto tributario al pagador de la erogación quien desplaza así en la relación jurídica impositiva al verdadero contribuyente, esto es el beneficiario oculto o sustituido tributario” y recuerda que “el sustituto tributario debe ingresar el pago definitivo por la salida no documentada en el término de quince días desde que la erogación se efectuó (art. 52, último párrafo del decreto reglamentario)” (Torres, A.; “Salidas no documentadas”, D.T.E., setiembre 1990; pg. 232).
Que, al respecto cabe señalar que más allá de la carencia absoluta o simple falencia en la documentación que haga presumir su falsedad, debe analizarse si el pago es real (pero no deducible ni generador de crédito fiscal) o directamente simulado. Tener un comprobante de una erogación falsa equivale jurídicamente a no tener ninguno, desde que no puede identificarse, ni en un supuesto ni en otro, fehacientemente, al receptor de dicho pago. Que, en estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto.
Al respecto resulta de aplicación la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, sentencia del 26/8/2003, donde sostuviera que “Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.” Con respecto a los agravios de la recurrente por cuanto sostiene que en el caso los pagos a través de los cheques y transferencias bancarias correspondientes a las facturas impugnadas por el Fisco se encuentran acreditados y que por lo tanto no pueden ser consideradas como salidas no documentadas -desde que es posible conocer a quien resulta ser el beneficiario definitivo y efectivo del importe-, cabe señalar que la doctrina jurisprudencial sentada por la Excma.
Corte Suprema de Justicia en la causa “Red Hotelera Iberoamericana S.A”, antes citada, que “...los hechos probados en la causa llevan a coincidir con el criterio del organismo recaudador en cuanto a que los pagos efectuados ... carecen de documentación respaldatoria válida, ya que los instrumentos respectivos no son aptos para determinar cuál fue la contraprestación que la empresa actora recibió por ellos ni para individualizar al verdadero beneficiario de las erogaciones, más allá de quienes nominalmente recibieron los fondos. En efecto, al haberse realizado actos y emitido documentación carente de sinceridad, se ignora cuál ha sido la operación económica realmente realizada..., y quiénes y en qué proporción han obtenido beneficios pecuniarios de ella.”.
Que, esta posición se ve corroborada por la misma Corte Suprema de Justicia el 27/9/2011 al resolver in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-I) c/ DGI”, donde compartió los fundamentos expuestos por el dictamen de la Procuradora Fiscal, resolviendo a favor de la procedencia del ajuste.
En el citado dictamen se sostuvo que “Ha interpretado el Tribunal que una salida de dinero carece de documentación, a los fines de la aplicación del art 37 de la ley del impuesto a las ganancias, tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que, si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario (Fallos: 326:2987, cons. 18°).”
De lo expuesto se colige que ambos aspectos -la debida identificación de los beneficiarios y la demostración de la causa de la erogación- adquieren una importancia capital para dilucidar la aplicación del instituto. Por el contrario, advierto que la cámara realizó un estudio parcial y sesgado de la cuestión en un doble aspecto. Por un lado, tuvo por individualizado al beneficiario de los pagos únicamente sobre la base del informe pericial contable producido en la misma, cuyo contenido, a mi modo de ver, resulta notoriamente insuficiente para tal fin. Por el otro, omitió todo análisis respecto de la causa de las erogaciones impugnadas.
En efecto, como lo reconoce el propio pronunciamiento recurrido, el informe pericial se limitó a especificar que la actora llevaba sus libros en legal forma, que los pagos efectivamente se realizaron, que se emitieron los comprobantes y facturas respectivos, que ellos fueron debidamente registrados, que se practicaron las retenciones del impuesto a las ganancias por esos abonos y que ellas. fueron ingresadas al Fisco. Observo que con estas aseveraciones habrá quedado eventualmente acreditada la salida del dinero mas no, como era menester, la individualización de su receptor ni tampoco la real existencia y la materialidad de las operaciones que originaron ese movimiento de fondos.”
Allí se agrega que “...frente a la impugnación que el Fisco Nacional realizó de la documentación en trato, basada en razones sustantivas y no en meras cuestiones formales, estimo -como también oportunamente lo señaló el Tribunal Fiscal (cfr. fs. 597 vta.)- que estaba a cargo del contribuyente el deber de individualizar al beneficiario de las salidas no documentadas no sólo nominalmente, sino también por medio de la acreditación de la realidad de los servicios prestados, (Fallos: 326:2987, cons. 17°)...”.
“En síntesis, ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado), carga con la que no cumplió, por lo que, según estimo, su suerte adversa en esta controversia queda definitivamente sellada.”
Se agregó además que “En concordancia con lo resuelto por V.E. en Fallos: 326:2987 (en especial, cons. 10), pienso que este simple acto de cobro bancario ... no puede mejorar la suerte de la impugnación basada en la total orfandad probatoria en torno a los referidos servicios concretos que se dicen haber prestado.” Por lo expuesto y conforme surge de lo analizado en los Considerandos precedentes, no existen elementos de juicio contundentes que permitan identificar sin hesitación al verdadero beneficiario de las erogaciones –realizadas en general con cheques que fueron cobrados en ventanilla o endosados-; ni, como ya se advirtió, se aprecian circunstancias fácticas coherentes que permitan colegir la causa de aquellas.
Que, en función de ello, cabe confirmar el ajuste determinado por el Fisco Nacional en el Impuesto a las Ganancias– Salidas no Documentadas-, con costas.
X. Que por su parte, no habiendo agravios concretos en relación a los intereses resarcitorios sólo cabe su confirmación, con costas. No obstante, cabe recordar que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias (cfr. CSJN, Citibank NA c/ DGI, 01/06/2000).
XI. Que, corresponde analizar el aspecto infraccional de las resoluciones en crisis. Tal como surge de los relatos, en el caso de autos se le aplicó a la recurrente sendas multas con sustento en el artículo 45 de la Ley 11.683. Cabe dejar sentado, en primer término, que en materia de sanciones derivadas del impuesto sobre salidas no documentadas, tal como lo sostuvo la Sala “B” de este Tribunal -en su anterior composición- al sentenciar, entre otras, las causas "Correo Argentino S.A.". sentencia del 25/10/04 y “Translavial S.A.” del 21/11/2005, el instituto previsto por el artículo 37 de la ley del impuesto a las ganancias, conforme el criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos “Radio Emisora Cultural S.A.”, del 9/11/00, y “Red Hotelera Iberoamericana S.A.”, del 26/8/2003, es un tributo, que debe ser ingresado por quien hace la erogación, debiendo hacerlo a título propio. En estas condiciones, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema, cabe concluir que el hecho de la carencia o falencia de la documentación de la erogación tiene la virtud de dar nacimiento a la obligación fiscal de pagar el gravamen previsto en el artículo 37 de la ley del impuesto, cuyo incumplimiento da lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la Ley Nº 11683.
Que, por otra parte, la cuestión ha sido tratada por nuestro Máximo Tribunal, con fecha 12 de octubre de 2010, en los autos: "D'Ingianti, Rosario Vicente (TF 16.331-I) c/ DGI”, compartió los fundamentos expuestos por la Señora Procuradora Fiscal en su dictamen. Si bien en dicha causa se concluyó confirmando el fallo de la instancia anterior que revocaba la multa aplicada por el Organismo Fiscal en Salidas No Documentadas, conforme se desprende de la lectura del dictamen en cuestión, ello se fundamentó en la ausencia de una disposición que estableciera "forma" y "plazo de presentación" de la declaración jurada del impuesto a las ganancias -salida no documentada- en el período 1995, o bien especificara las boletas de depósito o los requisitos de las comunicaciones de pago que debían ser empleados para exteriorizar la obligación y satisfacerla. Que, en cambio, para los períodos posteriores a la vigencia de la Resolución General (AFIP) Nº 893 (esto es, 20/10/2000), conforme el dictamen de la Procuradora, dicha resolución vino a establecer la forma y plazo de ingreso, señalando que no puede discutirse que como indica el artículo 15 de la Ley Nº 11683, las boletas de depósito y las comunicaciones de pago confeccionadas por el responsable con datos que él mismo aporte tienen el carácter de declaración jurada. Siendo ello así, las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben sería pasibles de las sanciones de los artículos 39, 45 y 46 de la ley ritual.
En ese sentido, es sabido que dicho ilícito requiere para su configuración, además de los presupuestos de culpa o negligencia, la concurrencia de dos situaciones: a) omisión de pago y b) falta de presentación de declaraciones juradas o presentación de declaraciones juradas inexactas.
Al respecto, corresponde tener en cuenta lo expresado por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia recaída en los autos “Elen Valmi de Claret y Garello” del 31 de marzo de 1999, en donde al analizar la figura del art. 45 de la ley 11683, en lo que aquí interesa dijo: “...Surge claramente del texto transcripto que no es exigible una conducta de carácter doloso del contribuyente que deba ser acreditada por el organismo recaudador”. Sentado ello, y tras recordar su conocida doctrina en el sentido que en el campo del derecho represivo tributario rige el criterio de la personalidad de la pena (que en esencia responde al principio de que solo puede ser reprimido quien sea culpable, esto es, aquél a quien la acción punible puede ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente), concluyó: “...si bien, por lo tanto, es inadmisible la existencia de responsabilidad sin culpa, aceptado que una persona ha cometido un hecho que encuadra en una descripción de conducta que merezca sanción, su impunidad solo puede apoyarse en la concreta y razonada aplicación de alguna excusa admitida por la legislación vigente”. En virtud de lo expuesto, corresponde confirmar las multas aplicadas.
No obstante dicha confirmación, se estima que corresponde reducir el quantum de las mismas al mínimo legal de la escala punitiva. Ello así, habida cuenta de la falta de antecedentes sumariales del contribuyente y de la ausencia de concreta justificación que amerite apartarse, bajo dicha particular circunstancia, de la razonable pauta de graduación que suministra aquella escala al establecer un mínimo y un máximo, de modo de dar al juzgador la posibilidad de sancionar con mayor monto de pena las situaciones en las que se verifiquen causas agravantes o se trate de infractores reincidentes (cfr. esta Sala, “Madero, María Silvina”, 08/06/2012; “S.A. Importadora y Exportadora de la Patagonia”, 26/3/2019), situación que, como se ha adelantado, no aparece configurada en el caso bajo análisis.
Las costas se imponen a la actora en la proporción de las multas que se confirman y por su orden en la parte que se reducen las mismas.
El Dr. Armando Magallón dijo:
I. Que adhiero al voto del Dr. Porporatto, con excepción de la cuestión relativa a la multa aplicada a la contribuyente respecto del ajuste del Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentadas con arreglo a las previsiones del art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones) tratada en el considerando XI del mismo, pues considero que la misma no se encuentra ajustada a derecho.
Que así lo pienso, habiendo expresado las razones para ello en los votos emitidos al resolver las causas “Quercia, José Luis” y “Master Rental S.A., sentencias ambas del registro de esta Sala “B” -fechadas, respectivamente, el 9 de abril de 2012 y 3 de marzo de 2012- a cuyos fundamentos me remito en mérito a la brevedad a los fines de postular idéntica solución para el sub lite. Debo puntualizar que, no obstante que en tales ocasiones la imputación se basaba en la figura tipificada en el art. 46 de la ley de procedimiento -con un texto diferente al actual-, la conclusión no podría verse alterada por esta circunstancia, tal como se habrá de explicar seguidamente.
II. La imputación efectuada en autos -en lo que aquí concierne y tal como ya se ha adelantado- es la que se encuentra tipificada y descripta en el art. 45 de la Ley 11.683 (t.o. 1998 y sus modificaciones). Según la citada norma, “Será sancionado con una multa del ciento por ciento (100%) del gravamen dejado de pagar, retener o percibir oportunamente, siempre que no corresponda la aplicación del artículo 46 y en tanto no exista error excusable, quienes omitieren: a) El pago de impuestos mediante la falta de presentación de declaraciones juradas o por ser inexactas las presentadas (…)”.
Cabe poner de especial relieve que, tal como se exhibe en los antecedentes del acto sancionatorio apelado, la imputación efectuada por el Fisco Nacional contra la actora de autos se realizó -previa transcripción del texto del art. 45 de la ley procedimental- en los siguientes términos: “(…) los extremos objetivos que requiere la norma para su procedencia se verifican en el caso. En efecto (…) se ha configurado el aspecto objetivo, ya que la contribuyente no ingresó la salida no documentada en cuestión de acuerdo a la establecido en normativa vigente, en tanto que no se presentó a su debido momento, la conducta, consistente en omitir el ingreso del depósito del tributo, luego de vencido el plazo reglamentario” (RES. 203/2023 (DV RRES), págs. 42/43).
III. Que sin perjuicio de lo señalado y a mayor abundamiento de lo expresado al votar en las causas aludidas en el considerando III precedente, creo conveniente puntualizar aquí que la solución que propuse oportunamente para dilucidar la cuestión que también nos ocupa en el sub lite no depende, a mi modo de ver, de la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones de la RG. (AFIP) 893, tal como parecería surgir de las consideraciones efectuadas en el dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal a las cuales remitió la Corte Suprema de Justicia al emitir sentencia en el precedente “D'Ingianti, Rosario Vicente” del 12/10/2010.
Que ello así pues, tal como señalé en “Quercia”, la imposibilidad de aplicar multas por las infracciones materiales previstas en el ordenamiento procedimental respecto del Impuesto sobre las Salidas no documentadas deriva del carácter del instrumento con el que el mismo debe ser cancelado -volante de pago-, el que carece de los atributos propios de una declaración jurada determinativa del tributo, en cuanto ésta se relaciona íntimamente con el sistema infraccional de la ley procedimental.
Que no empece a dicha conclusión, según entiendo, la circunstancia de que el art. 15 de la Ley 11.683 atribuya a las boletas de depósito y comunicaciones de pago -como los que se utilizan para ingresar el tributo que motiva estos actuados- el “carácter” de declaración jurada. En efecto, la norma señala que serán pasibles de las sanciones previstas en los arts. 39, 45 y 46 “...las omisiones, errores o falsedades que en dichos instrumentos se comprueben...” -el destacado es propio-, por lo que parece obvio que: (i) sólo las deficiencias contenidas en tales instrumentos podrían generar la imputación infraccional y, (ii) la falta de presentación de volantes de pago ante el organismo no podría identificarse o asimilarse con errores, falsedades u omisiones volcadas o consignadas en ellos -según los términos expresos de la norma examinada-, pues es evidente que se trata de dos situaciones bien distintas.
Queda claro para mi que la norma infraccional examinada tolera la imputación sólo ante la falta de presentación - o bien, su presentación con datos inexactos- de la declaración jurada determinativa de tributos. También podrá, eventualmente, sancionarse la falta de presentación o inexactitud de otros instrumentos cuando no se trate de la obligación de determinar la obligación sino sólo de liquidarla o ingresarla, pero esta es una situación particularmente identificada y diferente de la que se verifica en estos autos.
En efecto, cuando la norma legal se ha querido referir o abarcar con sus alcances a otros instrumentos distintos de la declaración determinativa, lo ha hecho constar de manera expresa. En tal sentido, el inciso c) de la norma infraccional bajo análisis es sumamente claro: “El pago de ingresos a cuenta o anticipos de impuestos, en los casos en que corresponda presentar declaraciones juradas, liquidaciones u otros instrumentos que cumplan su finalidad, mediante la falta de su presentación, o por ser inexactas las presentadas.”. Ciertamente, en estas actuaciones no se trata de ninguno de estos dos últimos supuestos (ni ingresos a cuenta ni anticipos). Que puede advertirse entonces, con meridiana claridad, que la imputación de autos -que se habría verificado el tipo del art. 45 de la ley procedimental- no podría tener andamiento ni aun mediando la “caracterización” de la comunicación de pago que lleva a cabo el aludido art. 15 de la citada norma, en tanto y en cuanto no se le reprocha a la contribuyente el hecho de haber presentado documentos (comunicaciones de pago o boletas de depósito) que contengan inexactitudes o errores.
Que por su parte y en cuanto a las “omisiones” a que se refiere el citado art. 15, adviértase que según su texto las mismas deben, al igual que los errores o las falsedades, ser comprobadas “en dichos instrumentos”, vale decir, que éstos deben contener a aquellos. Ergo, la norma bajo análisis no se refiere -y por ende no podría penalizar- a la omisión de presentar el comprobante de pago o boleta de depósito, omisión a la que, como medio comisivo, sí hacen referencia (cuando se trata de verdaderas declaraciones juradas) tanto el art. 45 como el art. 46 de la ley procedimental (en este último caso, recién a partir de la reforma que se le introdujera por el art. 1°, punto XVI de la Ley 25.795 (B.O. 17/11/2003).
Que siendo así, no podría pretenderse la subsunción en el tipo infraccional del art. 45 de la conducta aquí reprochada -falta de ingreso del Impuesto sobre las salidas no documentadas mediante omisión de presentar declaraciones juradas- cuando ello no encuentra expresa previsión normativa, pues lo contrario implicaría una manifiesta violación de los principios constitucionales de legalidad y tipicidad penal.
La Corte Suprema de Justicia tiene dicho que “La correlación entre sanción y bien jurídico es la que, con fundamento en la proscripción de la analogía, permite fundar la prohibición de que, so pretexto de interpretación, se amplíen los tipos legales a la protección de bienes jurídicos distintos de los que el legislador ha querido proteger” (Fallos 318:207), como así también que “La cláusula del art. 29 de la Constitución Nacional según la cual ¨los jueces no podrán ampliar por analogía las incriminaciones legales ni interpretar extensivamente la ley en contra del imputado¨, impide aumentar los supuestos susceptibles de sanción penal, más allá de los comprendidos en el precepto aplicable, entendido con el alcance que los términos en que está redactado llanamente autorizan” (Fallos 215:23).
IV. Que en virtud de lo expuesto voto por revocar la multa sobre el Impuesto a las Ganancias - Salidas no documentadas aplicada en la Resolución N° 203/23 2023 (DV RRES), con costas.
El Dr. José Luis Pérez dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Porporatto.
Por ello, por mayoría, SE
Confirmar las resoluciones apeladas en autos en cuanto determinan impuestos, intereses y multas, reduciendo la graduación de estas últimas a su mínimo legal. Con costas a la vencida, salvo en la proporción en que se reducen las multas, aspecto en el que se imponen por su orden.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.09.12 14:52:41 ART Date: 2025.09.12 14:57:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.12 16:28:49 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.12 16:31:43 -03:00
Fin de la sentencia