Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 37822-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar, en cuanto fue materia de agravios, el recurso interpuesto por la importadora, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar la resolución del 7/3/2018 dictada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación; y
2Diferir el tratamiento de los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios practicadas el 17/5/2018 y el 26/6/2018 (Considerando VIII).
Buenos Aires, 30 de julio de 2024.-
VISTOS estos autos 7428/2024 caratulados “Casa Humberto Lucaioli SA (TF 37.822-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Por resolución DE PRLA 4273/2016, en cuanto aquí interesa, el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros (conf. esp. fs. 49/55 del hipervínculo incluido en el presente párrafo):
-condenó a Casa Humberto Lucaioli SA al pago de una multa de $1.116.616,40 por entenderla incursa en la infracción tipificada en el artículo 954, literales a) y c), del Código Aduanero respecto de la destinación de importación “11 001 IC04 051004 W”, formulando cargo en contra de la nombrada firma por dicho monto e intimándola a su pago (conf. sus artículos 1° y 2°); y -formuló cargo por los tributos adeudados por la suma total de U$S1212,83, en concepto de derecho de importación, tasa de estadística e IVA, y por la suma de $672,51, en concepto de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias, intimando a su pago a la importadora (conf. su artículo 3°).
II. Cuestionado dicho acto, por resolución del 7/3/2018 (conf. esp. fs. 1/10 del hipervínculo incluido en el presente párrafo), la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
-desestimó la defensa de prescripción opuesta por Casa Humberto Lucaioli SA respecto de la acción del Fisco Nacional para imponer penas respecto del DIT “11 001 1C04 051004W”, con costas a cargo de la nombrada firma (conf. punto 1° de la parte resolutiva); y -revocó los artículos 1° y 2° de la resolución DE PRLA 4723/2016, con costas al respecto a cargo de la AFIP - DGA (conf. punto 2° de la parte resolutiva).
Para así decidir, según el voto mayoritario, conformado por las doctoras Musso y Sarquís, el curso de la prescripción quinquenal de la acción del Fisco Nacional para imponer penas comenzó a correr el 1/1/2012, venciendo dicho término el 31/12/2016; por manera que, al dictarse la resolución apelada, esto es, el 12/9/2016, dicho término aún no había vencido.
Al respecto, agregó, por un lado, que el auto de apertura de sumario del 23/9/2011, obrante a fs. 57 de las actuaciones administrativas, dictado con anterioridad a la fecha en que comenzara a correr el plazo de prescripción no produjo ningún efecto interruptivo, toda vez que no ha podido interrumpir un plazo que aún no había comenzado a correr; y, por otro, que dicho término sí se interrumpió con el dictado de la resolución condenatoria, sin que al fin de producir tal efecto resultara necesaria su notificación, ello conforme la doctrina resultante del plenario dictado por ésta Cámara en autos “Hughes Tool SA”, del 23/9/2003. Decidido ello, en lo que respecta a la verificación de la conducta infraccional, sostuvo que la prueba rendida daba cuenta que, en el caso, se habría verificado la sustitución de la mercadería involucrada en el puerto de embarque y en el ámbito de responsabilidad de la transportista, resultando -por tanto- aplicable al caso lo resuelto por el Alto Tribunal en autos “Nidera SA”; según el cual, si bien la importadora resulta pasible de ser responsabilizada en los términos del artículo 954 del Código Aduanero por la inexactitud de su declaración comprometida en su solicitud de destinación aduanera relativa a la cantidad de la mercadería manifestada, ello no obstaría a que tal responsabilidad resultase excluida si, de las constancias aportadas en el proceso surgiera que los faltantes o sobrantes de bienes debían razonablemente ser atribuidos a las esferas de responsabilidad de otros sujetos (el transportista o el depositario) que interviene en operaciones previas a la solicitud de destinación y que, al igual que este último trámite, se encuentran sometidas al control del servicio aduanero.
Con asiento en tal circunstancia, explicó correspondía dejar sin efecto la multa aplicada respecto de la mercadería no declarada (112 bolsas de concreto), ello en tanto los bienes documentados (componentes de computación) fueron sustituidos en origen y dado el ámbito de responsabilidad de la importadora.
Luego, con relación a los tributos exigidos por el artículo 3° de la resolución apelada, consideró que correspondía estar al formulario “408/NM ALLANAMIENTO” y al plan de facilidades de pago consagrado por ley 27.260, acompañado a la presente causa por la importadora.
Por último, dispuso que el pedido de devolución de los tributos abonados en lo que respecta al despacho de importación “11 001 IC04 051004 W” debía ser formulado, una vez firme el decisorio, por ante el servicio aduanero.
III. Disconforme con lo resuelto, la importadora apeló, fundando en ese mismo acto su pretensión recursiva (conf. esp. fs. 11/13 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
Cuestionó únicamente la condena en costas relativas a la desestimación de la defensa de prescripción que planteara y fuera rechazada.
Alegó que pudo considerarse verosímilmente con derecho a litigar en atención a las dificultades y a las particularidades del caso, sumado a la jurisprudencia imperante en la materia; extremos que bien podrían haber llevado al Tribunal Fiscal de la Nación a apartarse del principio objetivo de la derrota y distribuir las costas por su orden. Destacó haber opuesto la prescripción de la acción del Fisco Nacional como consecuencia del transcurso de un período irrazonable de tiempo entre el hecho y la condena, violándose así garantías consagradas constitucionalmente.
Hizo alusión al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable.
Señaló que, en la especie, habrían existido motivos legales y fácticos que habrían justificado la eximición del pago de las costas con relación a la defensa de prescripción opuesta, pudiendo razonablemente creerse con derecho a formular tal planteo, además del resto de los argumentos finalmente receptados por el Tribunal Fiscal de la Nación al revocar la multa impuesta por el servicio aduanero.
En función de lo expuesto, la importadora requirió que se modificara -en parte- el pronunciamiento apelado, disponiendo que las costas relativas al planteo de prescripción, rechazado, fueran distribuidas por su orden.
Dicha presentación fue replicada por el Fisco Nacional (conf. esp. fs. 48/50 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
IV. A pedido de parte, por resoluciones del 17/5/2018 y del 26/6/2018, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación reguló los emolumentos de las profesionales interviniente en defensa de la importadora, siendo apelados por bajos y por altos (conf. esp. fs. 19/21, 25/26, 29/30, 31/33, 34/35 y 36/37 del hipervínculo incluido en el presente párrafo).
V. Evaluado el caso, debidamente reseñado en los Considerandos que anteceden, a la luz de los agravios propuestos por la importadora, conforme a continuación se explicará, no se advierten motivos que justifiquen modificar la solución propiciada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación en cuanto a la distribución de costas respecto del rechazo de la defensa de prescripción que oportunamente introdujera, aspecto del decisorio materia de recurso.
Es que, según se vio, el organismo administrativo con facultades jurisdiccionales desestimó la defensa de prescripción opuesta por la importadora por no haber transcurrido entre el inicio del cómputo del término y la fecha del dictado del acto aduanero impugnado en autos el plazo quinquenal, rector en la materia.
Con asiento en tal entendimiento, impuso las costas, relativas a dicha defensa, a cargo de quien la introdujera, esto es, la importadora.
Así las cosas, se advierte que, por el pronunciamiento recurrido, se dispuso una distribución de costas conteste con el resultado de la defensa intentada, contrario a los intereses de la importadora, que refleja el principio general de la derrota, rector en la materia. Por lo demás, agréguese que la sola creencia subjetiva del litigante de la razón probable para efectuar un planteo (en el caso, plantear la prescripción de la acción del Fisco Nacional para imponer penas) no es por sí suficiente para eximir del pago de las costas al perdidoso, pues es indudable que todo aquél que somete una cuestión a los tribunales de justicia, lo hace porque cree tener razón de su parte, más ello no le exime del pago de los gastos del contrario si el resultado del juicio no le es favorable (conf. esta Sala, en autos 19.895/2008 “Lemus, Juan Andrés c/EN - Mº de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y otro s/daños y perjuicios”, sent. del 18/2/2020 y su cita; entre otros). A mayor abundamiento, lo expuesto en orden a la existencia de pronunciamientos favorables dictados por el Alto Tribunal en orden a la extinción de la acción punitoria del Estado, sustentadas en la demora en el desarrollo de la actuación administrativa, luce abstracto y desconexo de las circunstancias propias del caso, que se acaban de referir y valorar, a los fines de revisar la distribución de las costas relativas al rechazo de la defensa introducida por la importadora.
VI. Lo dicho, basta para desestimar la apelación deducida por la importadora y, en consecuencia, confirmar -en cuanto fue motivo de agravios- la resolución dictada el 7/3/2018 por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación; sin resultar necesario considerar las demás cuestiones planteadas, ya que quienes suscriben no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, en Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970; entre otros).
VII. Dado el modo en que se resuelve y al no advertirse motivos valederos para apartarse del principio general de la derrota, las costas de esta instancia judicial han de ser soportadas por la importadora, vencida (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN).
VIII. Atento lo hasta aquí decidido, con el objeto de evitar un dispendio jurisdiccional, previo a dar tratamiento a los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios practicadas el 17/5/2018 y el 26/6/2018, deberán fijarse los emolumentos correspondientes a la letrada interviniente por la AFIP - DGA, ello conforme lo dispuesto por el punto 1°) de la parte resolutiva del pronunciamiento del 7/3/2018; requiriendo, una vez cumplido ello, la oportuna remisión de las actuaciones a esta instancia judicial. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE:
1. desestimar, en cuanto fue materia de agravios, el recurso interpuesto por la importadora, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar la resolución del 7/3/2018 dictada por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación; y 2°) diferir el tratamiento de los recursos interpuestos contra las regulaciones de honorarios practicadas el 17/5/2018 y el 26/6/2018 (Considerando VIII).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírese a la instancia de origen.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia