Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala I · Causa 119885
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Ricardo Maidana, Daniel Carral y Carlos Ángel Natiello, con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en la causa N° 119885 caratulada “RODRIGUEZ JOSUE JOEL Y ROJAS ESTEBAN ALEJANDRO S/ RECURSO DE CASACIÓN” y sus acumuladas N° 121350 "RODRIGUEZ JOSUE JOEL S/ RECURSO DE CASACIÓN" y N° 121879 “ROJAS ESTEBAN ALEJANDRO S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: MAIDANA - CARRAL - NATIELLO.
El 21 de abril del año 2014, el Tribunal en lo Criminal n° 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mediante integración de los Jueces Eduardo Alfredo d'Empaire, Daniela Fabiana Castaño y Guillermo Lopez Camelo (causa n° 1085/2013 o.i. 2589), dictó veredicto absolutorio en favor de Josue Joel Rodriguez y Esteban Alejandro Rojas , a quienes el Agente Fiscal le atribuyó los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño en la salud física de la víctima, por el concurso premeditado de más de dos personas en concurso real con homicidio “criminis causa” en tentativa. En la misma decisión condenó al restante coimputado Juan Pablo Rodríguez, por los mismos hechos, a quien le impuso la pena de treinta (30) años de prisión , accesorias legales y costas, como autor responsable de los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por haber provocado un grave daño a la salud física de la víctima, por el rol de guardador y por aprovechamiento de la convivencia, en concurso real con tentativa de homicidio “criminis causa” (cometidos el 30 de noviembre de 2012 en Bahía Blanca, en perjuicio de la menor P.R.R., arts. 42, 45, 55, 80 inc. 7°, 119 párrafo tercero y cuarto incs. “a”, “b” y “f” del CP).
El veredicto absolutorio fue impugnado por el Ministerio Público Fiscal y el veredicto condenatorio por la Defensa Oficial. La Sala III de este Tribunal, mediante integración de los Jueces Ricardo Borinsky (primer voto) y Víctor Violini, resolvió el 10 de diciembre de 2015 (legajo casatorio n° 64.979), hacer lugar parcialmente al recurso fiscal y casar el veredicto absolutorio respecto de Josue Joel Rodríguez y de Esteban Alejandro Rojas, por el delito de homicidio “criminis causa” en tentativa, como coautores funcionales y mantuvo la absolución por el delito sexual, por el beneficio de la duda. Ordenó el reenvío a la instancia para la realización del juicio de cesura y el dictado de un nuevo pronunciamiento sobre el tramo casado.
La Defensa Oficial de los imputados Josué Rodríguez y Esteban Rojas interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el cual fue declarado inadmisible por la Sala III (el 18 de agosto de 2016). La Defensa recurrió en queja a la Suprema Corte de Justicia provincial, la que fue rechazada así como la queja por recurso extraordinario federal denegado (el 13 de marzo de 2019). Finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible la queja por ante ella interpuesta (el 18 de noviembre de 2021).
El 14 de julio de 2022 el Tribunal en lo Criminal n° 3 de Bahía Blanca, con nueva integración de los Jueces Julián Francisco Saldías (primer voto), María Mercedes Rico y Claudia Cecilia Fortunatti, luego de la audiencia de cesura del juicio, dictó nuevo pronunciamiento imponiendo a Josue Joel Rodríguez y a Esteban Alejandro Rojas la pena de doce (12) años y seis (6) meses de prisión , accesorias legales y costas, a cada uno, como coautores responsables del delito de homicidio agravado “criminis causa” en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 80 inc. 7° CP). En la misma decisión rechazó el pedido de detención formulado por el Fiscal en los términos de los arts. 371 y 151 CPP.
Contra el pronunciamiento adoptado en la cesura del juicio interpusieron recurso de casación la Defensa de los imputados, a cargo del Defensor Oficial Dr. Germán José Kiefl en favor de Rodriguez y la Defensora Particular Dra. María Laura Bentivegna en representación de Rojas.
Contra la denegatoria de detención, el Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de apelación, que motivó la intervención de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal departamental. El 10 de septiembre de 2022, la Sala 1ra., integrada por los Jueces Pablo Hernán Soumoulou, Gustavo Angel Barbieri y Alfredo Hernan Mones Ruiz (en el marco de la causa I.P.P. nro. 22.501/I) hizo lugar al recurso fiscal y revocó la decisión que denegó la medida de coerción, disponiendo, por mayoría, la detención de los nombrados Rodríguez y Rojas, con efecto suspensivo, es decir una vez que adquiera firmeza la decisión.
La decisión de la Cámara, revocatoria de la primera instancia, fue impugnada por recurso de casación por el Defensor Oficial Dr. Kiefl en representación de Rodríguez (legajo casatorio 121350) y por la Defensora Particular Dra. Bentivegna en favor de Rojas (legajo 121879).
La Sala se encuentra en condiciones de resolver en forma definitiva, por lo que se plantean y votan las siguientes
Primera: ¿Son admisibles los recursos interpuestos?
Segunda: ¿Son procedentes los recursos de casación presentados por el Defensor Oficial en representación de Josué Joel Rodríguez y por la Defensora Particular en favor de Esteban Alejandro Rojas?
Tercera : ¿Son procedentes los recursos de casación -deducidos por ambos defensores- contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca?
Cuarta : ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Los recursos interpuestos contra la sentencia dictada luego del juicio de cesura fueron interpuestos por quienes se encuentran legitimados, en debido tiempo y contra un pronunciamiento definitivo de juicio oral en materia criminal, por lo que se encuentran reunidos los recaudos formales y satisfechos los requisitos de admisibilidad previstos legalmente. Asimismo, en resguardo de la garantía de revisión amplia de la sentencia dictada por la Sala III de este Tribunal, conforme los lineamientos fijados por la CSJN en el caso “Duarte” (D.429.XLVIII del 5/7/14) y por la SCBA en “Carrascosa” (P.108.199, resol. del 24/6/15), se encuentran reunidos los recaudos legales para su impugnación (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 20 inc. 1, 450, primer párrafo, 451, y 454 CPP).
Por otra parte, los recursos de casación deducidos por ambos defensores contra la decisión de la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías de Bahía Blanca también resultan admisibles. Si bien la garantía constitucional del recurso fue desarrollada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos principalmente con relación a la sentencia condenatoria, con el tiempo, se ha extendido a otros autos procesales relevantes (Informe Nro. 17/94 Caso 11.086 –Argentina- e Informe Nro. 55/97, Caso 11.137 –Argentina-).
En la función de control de dichos actos procesales importantes, históricamente, se utilizó el recurso de apelación, el que satisface con suficiencia las exigencias normativas y los requerimientos previstos
Sin perjuicio de ello, también se permitió la utilización del recurso de casación en circunstancias que, por razones vinculadas a las etapas del proceso, el recurso de apelación no podía cumplir dicho objetivo. Así, por ejemplo, en Ruiz (fallos 320:2326), Álvarez (fallos 319:585), Nápoli (fallos 321:3630), Domínguez (fallos 322:3225) y Garzía (fallos 324:4076).
El Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires – t.o. seg. Ley 13.812- establece en el último párrafo del artículo 450 que: “…podrá deducirse [recurso de casación] respecto de los autos dictados por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal cuando denieguen la libertad personal, incluso en la etapa de ejecución”, por lo que el recurso de casación permite garantizar el ejercicio del derecho al recurso en materia que implique la revisión de resoluciones sobre coerción formal o material.
Por ello, el tribunal debe ingresar al conocimiento del planteo en casos como el de autos, pues las normas convencionales y procesales imponen examinar el fondo de la cuestión a fin de resguardar el derecho del condenado a acudir a un órgano superior, imparcial e independiente (arts. 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP).
Habida cuenta que no se encuentra satisfecha la garantía en cuestión, no corresponde evaluar la existencia de alguna cuestión federal o gravedad institucional, por lo que resultan admisibles los recursos de casación presentados por los Defensores de los imputados.
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión el señor Juez doctor Carral dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana por sus mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la primera cuestión el señor Juez doctor Natiello dijo:
Adhiero al voto del Dr. Maidana por sus mismos fundamentos.
Voto por la afirmativa.
A la segunda cuestión el señor Juez doctor Maidana dijo:
El Defensor Oficial Dr. Germán Kiefl, en representación de Rodríguez, plantea tres motivos de agravio: 1) la violación a la garantía de revisión de la sentencia de condena por un “tribunal superior”, conforme lo establecido por los arts. 8.2.h CADH y 14.5 PIDCP; 2) la falta de inmediación de los jueces de la Sala III con los testimonios de cargo y arbitrariedad en la fundamentación de la coautoría responsable; 3) en subsidio, la inobservancia de los arts. 40 y 41 del CP en la determinación de la sanción penal.
Como primer motivo de agravio critica la denominada “revisión horizontal”, que tiene por fuente a la doctrina jurisprudencial de la SCBA en la sentencia “Carrascosa” (P.108.199, resol. del 24/6/15) y la CSJN en el caso “Duarte” (D.429.XLVIII del 5/7/14). Alega su incompatibilidad con el derecho a la revisión del fallo adverso por un tribunal superior de acuerdo al mecanismo compatible con la CADH art. 8.2.h y el PIDCP art. 14.5.
En cuanto a la fundamentación de la imputación, en primer lugar, reclama por la violación al principio de inmediación, pues el tribunal revisor revocó el veredicto absolutorio y tuvo por acreditada la coautoría de su defendido en base a una reinterpretación de los testimonios reseñados en el veredicto absolutorio, pero sin haber oído de manera directa las declaraciones, en infracción al art. 8.1 de la CADH.
Con relación a la prueba de cargo, cuestiona el valor probatorio asignado a los testimonios de Romina Marcela Gómez, madre de la víctima, de su abuela Marta Beatriz Saucedo y del conductor del camión Sergio Fabio Demattía. Descalifica el relato de Gómez por mendaz y el de su madre, porque sólo reprodujo en el juicio el relato de su hija. En cuanto a Demattía señala que no aportó información relevante. Frente a ello, objeta que, la Sala III, no obstante, reconoció que “durante el debate, Romina Marcela Gómez fue confusa y contradictoria (…) se mostró por demás reticente a contestar preguntas al Fiscal acusándolo de confundirla y mezclarle las cosas…” , más no explicó en qué habrían consistido las supuestas confusiones y contradicciones. Con relación al testimonio de Marcela Beatriz Saucedo, señala que luego de efectuar apreciaciones subjetivas sobre una testigo a la cual no conoció, subrayó –literalmente- que “en lo que aquí interesa destacar, recordó que su hija le contó que había sucedido el día de los hechos, narrando la misma historia que luego Gómez afirmó que es mentira”. Refiere, que coincide con el veredicto absolutorio del Tribunal de primera instancia, en tanto la duda en torno a la intervención de Josue se apoyó en la ausencia de rastros de ADN compatibles; su descargo, el relato de testigos presenciales y la falta de verosimilitud de la versión de Romina Gómez.
Por último, de manera subsidiaria, cuestiona el monto de la pena. En particular, el rechazo de dos pautas atenuantes (formuladas en los alegatos finales): el buen concepto de su defendido y la prolongada duración del proceso penal. Con relación al primero, señala que del informe socio ambiental se desprende que mantuvo su trabajo en relación de dependencia, circunstancia que requiere un buen concepto de su empleador y demuestra que ha logrado reinsertarse exitosamente. Sobre la excesiva duración del proceso destaca que Josue Joel Rodríguez estuvo privado de la libertad por un año y cuatro meses, luego fue absuelto por el Tribunal del juicio y desde ese momento permaneció en libertad por más de ocho años, siempre a derecho. Alega que el tribunal respondió parcialmente a su planteo pues sólo indicó que el lapso en prisión preventiva sería computado, pero desatendió las otras circunstancias que involucran el prolongado estado de incertidumbre que conculca el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.
Solicita se haga lugar al recurso, se anule la sentencia de la Sala III y se dicte nueva decisión respetando las garantías del debido proceso, defensa en juicio y los recaudos del principio de inmediación en la producción de la prueba. En subsidio, se acoja el reclamo sobre las pautas atenuantes de la pena y se reduzca el monto punitivo al mínimo de la escala.
El Defensor Oficial Adjunto de Casación Dr. Ignacio Juan Domingo Nolfi mantiene expresamente el recurso presentado. Añade argumentos críticos en torno a la falta de inmediación y a la arbitrariedad en la fundamentación de la coautoría responsable (presentación electrónica del 5/12/22).
La Defensora particular Dra Bentivegna, por su parte, en representación de Esteban Alejandro Rojas, plantea dos motivos de agravio: a) la insubsistencia de la acción penal por el transcurso del tiempo y b) la inobservancia de los arts. 40 y 41 CP en la determinación del monto punitivo (la intervención de Rojas en la tentativa de homicidio calificado afirmada por la Sala III llega firme a esta Sede debido a que no fue discutida por su Defensa).
Sobre lo primero de los motivos de agravio, señala que se ha violado la garantía de ser juzgado en plazo razonable de Rojas, pues si bien permaneció un año y cuatro meses en prisión preventiva, la incertidumbre y los avatares que debió soportar durante la tramitación del proceso, lo tornan excesivo e innecesariamente largo. Refiere que contaba con 18 años de edad al momento del hecho y que el desarrollo de su vida adulta estuvo signado por el peso de esta causa. Durante este lapso se abocó al trabajo y a su familia y siempre estuvo a derecho. Las vicisitudes en la tramitación de la causa (veredicto absolutorio, revocación en Casación, nueva audiencia para la cesura del juicio) no son imputables a Rojas y si bien no permaneció detenido durante ese período, la incertidumbre y las restricciones que importan para un ciudadano el tener una causa pendiente, evidencian una violación al plazo razonable.
Reclama que la ausencia de antecedentes no tuviera una mayor incidencia, que no se haya valorado el buen concepto pues declaró una testigo sobre la dedicación de Rojas al trabajo, a la vida familiar y a alejarse del conflicto, lo que refleja su reinserción social. A ello agrega el rechazo de las agravantes pedidas por el fiscal, principalmente la extensión del daño causado a la víctima, lo que debió tener una mayor influencia en el monto punitivo.
Solicita se haga lugar al recurso y se declare la insubsistencia de la acción penal. En subsidio se reduzca al mínimo la pena impuesta.
V. Los recursos no son procedentes.
En primer lugar, no encuentro que se haya violado la garantía de revisión de la sentencia condenatoria por la circunstancia de que sea efectuada por otra Sala de este mismo Tribunal. Si bien el derecho al recurso previsto en el art. 8.2.h C.A.D.H. establece que lo sea por un “tribunal superior”, lo cierto es que, en el caso de un primer veredicto condenatorio dictado en segunda instancia, el tribunal superior es la Suprema Corte provincial. Dicho tribunal en su ámbito de competencia carece de un “recurso ordinario, accesible y eficaz” “que pueda analizar cuestiones fácticas, probatorias y jurídicas”, conforme los lineamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Mohamed vs. Argentina” (párrafo 100). En sintonía, la SCBA ha sostenido que “los recursos locales previstos ante esta Suprema Corte, según el diseño constitucional de la Provincia (art. 161 y su desarrollo en el CPP), son extraordinarios y, en consecuencia, no han sido organizados para proveer una fiscalización amplia, sencilla e integral de la condena” y por ello, siguiendo los lineamientos fijados por la CSJN en la causa 429.XLVIII “Duarte, Felicia s/ recurso de casación” (sentencia del 5-VII-2014), consideró que “pese a ser ella el ‘tribunal superior’ en la línea de impugnación, no estaba habilitada para ejercer la revisión de esa primera sentencia de condena con el estándar fijado en ‘Casal’ en razón de las antedichas limitaciones en su quehacer revisor” (causa P. 128.086 “Vizcarra, Sergio Daniel. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa 70.908 del Tribunal de Casación Penal, Sala II, sentencia del 8-VIII-2018).
El recurso de casación, en cambio, permite una fiscalización amplia e integral de modo de satisfacer la garantía de la doble instancia. Por tanto, frente a la particularidad de este caso, la exigencia del “tribunal superior” debe ceder ante la necesidad de asegurar la posibilidad de una revisión amplia del veredicto condenatorio. Por otra parte, la imparcialidad del tribunal revisor se garantiza mediante su integración con jueces hábiles, distintos de los que dictaron la condena que aquí se impugna y por tanto que no intervinieron en períodos anteriores del proceso.
La interpretación de la SCBA en el caso “Carrascosa” (causa P. 108.199, sentencia del 24-VI-2015) al disponer que la revisión del fallo condenatorio lo sea por otra sala del mismo tribunal que dictó la sentencia de condena a revisar, no viola el derecho al recurso del art. 8.2.h C.A.D.H. Antes bien, importa una interpretación armónica y coherente de la doctrina sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en los casos “Mohamed vs. Argentina”, “Mendoza y otros vs. Argentina”, “Herrera Ulloa vs. Costa Rica”, “Barreto Leiva vs. Venezuela”) acerca del alcance del derecho a la revisión integral de la sentencia. La exigencia de superioridad del tribunal revisor busca garantizar su independencia e imparcialidad, recaudos que no se ven afectados por la intervención de este Tribunal en el tratamiento del recurso contra el veredicto condenatorio. Pues tales recaudos se abastecen con la selección de nuevos jueces hábiles, sin que se advierta a priori ningún perjuicio ni riesgo de afectación de alguna garantía para la parte. Por tanto, en la colisión entre “revisión amplia del fallo” versus “superioridad del tribunal revisor”, esta última exigencia debe ceder en pos de asegurar el derecho al doble conforme, además de la salvaguarda del alcance excepcional de la competencia constitucional de la Corte.
Por otra parte, se advierte que la condena de Josue Joel Rodríguez como coautor del delito de homicidio calificado en grado de tentativa de la niña P.R.R. (art. 42 y 80 inc. 7, CP) dictada por la Sala III al hacer lugar al recurso de casación oportunamente interpuesto por la Fiscalía, no se basó, en lo esencial y dirimente, en la valoración de fuentes personales de prueba, sino que, sobre idéntica plataforma fáctica que la tenida por probada por el Tribunal en lo Criminal, tuvo por acreditada la aludida intervención del nombrado con eje central, en la declaración testimonial incorporada por su lectura y prestada con control de la defensa de los imputados, de la madre de la víctima, Romina Gómez, que lo colocaba en el lugar y al momento de los hechos, sumado a indiscutida prueba pericial indicativa de que la niña por las lesiones producidas por el abuso sexual no estaba en condiciones de caminar o trasladarse por sus propios medios, lo que no solo desmerece el cuestionamiento del impugnan
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