Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires, Sala V · Causa 133.216
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar parcialmente al recurso deducido y declarar la nulidad parcial del veredicto, por falta de fundamentos, en lo que respecta a la autoría del hecho constitutivo de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, con reenvío para que un juez habilitado dicte un nuevo pronunciamiento sobre el punto; confirmando, en lo demás, el fallo en crisis. Sin costas.
Rigen los arts. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 5 inc. c) de la ley 23.737; 106, 421, 451, 454 inciso primero, 530, 531, 534 del CPP.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Tribunal de Casación Penal 1302-24821-22 En la ciudad de La Plata, se reúnen en acuerdo ordinario los señores jueces de la Sala V del Tribunal de Casación Penal, Manuel Bouchoux y Fernando Luis María Mancini, con el fin de resolver el recurso presentado en la causa nro. 133.216 caratulada “AGÜERO DANIEL ANTONIO O AGÜERO VICTOR DANIEL O AGÜERO VICTOR ORLANDO S/ RECURSO DE CASACIÓN". Practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación los jueces deberán observar el orden siguiente: BOUCHOUX-MANCINI.
El Tribunal en lo Criminal N° 1 del departamento Judicial Quilmes, con sede en Florencio Varela condenó, en el marco de un juicio abreviado, a Víctor Daniel Agüero, a la pena de cinco (5) años de prisión, multa equivalente a cuarenta y cinco (45) unidades fijas, accesorias legales y costas, declarándolo reincidente por segunda vez, por encontrarlo autor responsable del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada. Contra dicha sentencia interpuso recurso de casación la defensora oficial, Mariana Yeregui.
Efectuadas las vistas correspondientes, la Fiscalía de Casación solicitó el rechazo de la impugnación, conforme a los argumentos expuestos en el respectivo memorial.
De tal modo, notificadas las partes de la integración, y hallándose la causa en estado de dictar sentencia, este tribunal decidió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el Sr. Juez Manuel Bouchoux dijo:
I. La sentencia recurrida fue dictada en el marco de un de juicio abreviado acordado por las partes.
Así las cosas, entiendo necesario realizar algunas consideraciones en orden a la naturaleza de este procedimiento y su impugnación ante esta instancia.
Corresponde inicialmente recordar que nuestro máximo tribunal ha dejado en claro la plena vigencia del derecho a la revisión judicial de la condena en este tipo de juicios, indicando expresamente que debe descartarse que en estos casos el pronunciamiento constituya “un mero acto homologatorio de lo convenido por el imputado, su defensa y el representante fiscal”, añadiendo además que “la sentencia del juicio abreviado no puede hallarse exenta de la debida motivación y, por ende, tampoco es posible predicar a su respecto la ausencia de revisión” (S.C.B.A., P.90327, sent. del 1-III-2006, voto del juez Soria). En similar sentido, se ha sostenido acertadamente que “el hecho de que el imputado y su defensa prestara su conformidad para la celebración del juicio abreviado, renunciando a la realización del juicio oral y público, no implica que el sentenciante deba desentenderse de las obligaciones republicanas que impone no sólo la manda constitucional sino también la regulación del artículo 371 del ritual, en punto a que debe dar las explicaciones necesarias que permitan comprender cómo arriba a la solución pronunciada, de manera tal que la sentencia, es decir, el acto procesal mediante el cual se materializa el poder punitivo del estado, goce de la correspondiente autosuficiencia” (Sala III de este Tribunal, c. 42130, voto del Juez Carral, sent. 16-IX-2010).
Partiendo de ese marco de análisis, el procedimiento abreviado supone entonces que el imputado renuncie nada menos que a su derecho a ser juzgado en un juicio oral. Ello conlleva también permitir un fallo derivado de un procedimiento sin contradicción y, particularmente, implica renunciar al derecho a la confrontación de los testigos de cargo (8.2.f CADH; 14.3.e PIDCP), consintiendo la posibilidad de generar convicción de culpabilidad a partir de elementos probatorios sustentados en testimonios de personas que no declaran ante el juez que debe decidir sobre los hechos, que en ocasiones ni siquiera lo hacen en sede judicial, y que no son sometidos a la exigencia del examen cruzado de las partes.
Obviamente, todo ello solo puede admitirse en tanto tal vía sea adoptada voluntariamente por el imputado a partir del asesoramiento recibido por su defensa técnica. En ese contexto, y si bien la verdad judicial derivada de un proceso penal siempre resulta en cierto sentido limitada por las propias posibilidades de reconstrucción histórica que permite el juicio oral, tratándose del procedimiento abreviado, la ausencia de inmediación, contradicción y examen cruzado de testigos, ofrece un escenario más rudimentario, habilitando legalmente el dictado de un pronunciamiento -eventualmentecondenatorio derivado de una reconstrucción fáctica signada por una mayor cuota de precariedad, derivada de la ausencia de un litigio pleno.
Claro que el particular procedimiento abreviado instaurado en nuestra provincia no requiere la admisión de los hechos por parte del imputado. En esto se diferencia de otros sistemas provinciales, del procedimiento previsto específicamente para el debate oral en los juicios correccionales (art. 378 C.P.P., que habla específicamente de confesión) y del propio sistema inicial de la ley 11.922 (cf. art. 399 texto original) que sí preveía la admisión de los hechos y participación del imputado, y que fuera modificado antes de su entrada en vigencia por la ley 12.059. Esta decisión legislativa parece acertada, por cuanto todo juzgamiento penal que gire en torno a la confesión del imputado, aun enmarcado en un sistema procesal moderno y con una etapa de juicio adversarial, tiene un sospechoso aroma inquisitivo.
En nuestro sistema, la conformidad prestada por las partes implica aceptar como objeto de juzgamiento una hipótesis fáctica -el hecho materia de acusación-, su significación jurídica y el tope punitivo pactado, y -como acertadamente ya se ha dicho- la sentencia dictada no tiene naturaleza homologatoria, y debe fundarse en las evidencias legítimamente producidas durante la investigación (cf. C.81762, Sala IV de este Tribunal, voto del Juez Kohan, sent. del 16-V-2017), las que deberán valorarse según las reglas de la sana critica con expresión de las razones que motivan la decisión (art. 210 y 371 del C.P.P.).
En el caso del juicio abreviado criminal, la ley procesal habilita expresamente la vía casatoria para impugnar la decisión, pero a la par establece un procedimiento también abreviado en esta instancia, que se traduce esencialmente en que el fallo se dicta sin previo debate oral y que sus fundamentos se expresan sintéticamente (arts. 464 inc. 2 y 465 del C.P.P.). De modo que los agravios traídos ante este Tribunal deberán ser tratados concisamente por imperativo legal.
II. En función de lo dicho en el punto anterior, abordaré los planteos de la parte con el alcance allí indicado.
La defensa plantea los siguientes motivos de agravio: 1) entiende que no se ha acreditado la afectación del bien jurídico, ante la falta de cuantificación, en dosis umbrales, del material estupefaciente incautado; 2) discrepa con la valoración de la prueba, en lo que concierne a ambos hechos; y 3) solicita la declaración de inconstitucionalidad, tanto de la pena de multa como de la declaración de reincidencia.
III. El tribunal tuvo por acreditada la materialidad ilícita en los siguientes términos:
Hecho I: "…el día 15 de diciembre de 2022 el aquí imputado en autos Daniel Antonio Agüero tenía en su poder estupefacientes para la ultrafinalidad de comercializar al menudeo, sin la debida autorización de autoridad competente, a ocasionales compradores. En la fecha indicada en el párrafo que antecede, a partir de las 17:30 horas, personal de la División Motorizada del Comando de Patrullas de Florencio Varela, realizando recorrida operativa en prevención de ilícitos y faltas en todas sus gamas, en un domicilio ubicado en la calle 404 A y 447 de la localidad de Dante Ardigo, partido de Florencio Varela, procedieron a reducir al encartado Agüero, quien momentos previos fuera visto por los funcionarios policiales realizar un movimiento de pasamanos con otro sujeto del sexo masculino, no identificado y quien al notar la presencia de los preventores realizó ademanes con intención de ocultar para luego ingresar a la vivienda antes mencionada con intenciones de emprender su huida; siendo que de su requisa personal se secuestraron cuatro (4) envoltorios de nylon, de color verde, con 1,2 gramos de sustancia identificada a través del test de orientación como pasta base de clorhidrato de cocaína, mientras que del registro de la finca en la que fuera reducido Agüero se incautaron siete bolsas de nylon, transparentes, conteniendo entre todas ellas un total de doscientos veinte (220) envoltorios de nylon, de color verde, con un total de 93,4 gramos de sustancia identificada según el reactivo como pasta base de clorhidrato de cocaína, una bolsa de nylon transparente, conteniendo varios recortes de nylon, de color verde, elemento utilizado para el fraccionamiento de las dosis de estupefaciente destinadas a la venta, y dinero en billete, de moneda nacional y curso legal, siendo la suma total de once mil ciento sesenta pesos ($ 11.160) fruto de la actividad ilícita que realizaba el nombrado…".
Hecho II: "…el día 1 de noviembre de 2021, siendo las 00.30 hs. aproximadamente, dos masculinos, uno de ellos no identificado al momento, y otro identificado como Agüero, Víctor Orlando, mediante intimidación con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse de ningún modo por acreditada, procedieron a apropiarse ilegítimamente del rodado conducido por el Sr. Romero, Brian Miguel, de tipo motovehículo marca Zanella 110, dominio colocado 948-LAY, mientras el mismo lo conducía sobre calle 1331, altura catastral 545, de Florencio Varela, logrando así la libre disponibilidad de lo ilegítimamente sustraído…".
IV. 1. Sostiene la defensora, en torno del primer motivo, que no se verifica la afectación del principio de lesividad, pues no se justificó cómo es que se infringiría el art. 19 de la Constitución Nacional, por cuanto el material estupefaciente secuestrado no ha sido cuantificado, sino que simplemente se ha determinado su calidad de clorhidrato de cocaína, sin que ello baste para determinar su capacidad lesiva.
Argumenta que, para poder afirmar que nos encontramos ante sustancias que causen dependencia física o psíquica, es necesario que al menos se alcance una “dosis umbral”, es decir, el mínimo de sustancia necesaria para ocasionar efecto adictivo propio de un estupefaciente. Solicita el dictado de la absolución, en lo que respecta al ilícito en cuestión.
IV. 2. En primer lugar corresponde señalar que la significacion jurídica de los hechos que ahora cuestiona la defensa está contenida en el acuerdo de juicio abreviado que oportunamente convinieron las partes, donde se estableció que a la hipótesis fáctica a juzgar le correspondía -en lo que ahora interesa- la calificación de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (art. 5 inc. c, Ley 23.737).
Ello establecido, la cuestión que introduce ahora la defensa -la pretendida inexistencia de afectación del bien jurídico relevado en el tipo penal por ausencia de cuantificación del material secuestrado- no fue objeto de discusión porque no hubo un juicio contradictorio atento el acuerdo antes referido.
Sin perjuicio de lo expuesto, en el fallo se hizo una breve referencia al dictamen pericial concretado en el caso, al decir la magistrada de grado que “…sobre la sustancia estupefaciente incautada se realizó pericia química en fecha 15 de agosto de 2023, en el Laboratorio de Cromatografía Gaseosa del Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses La Plata, la cual concluyó que las muestras analizadas e identificadas como M0, M1, M2, M3, M4, M5, M14, M15, M24, M25, M34, M35, M44, M45, M54, M55, M64 Y M65 se ha constatado la presencia de cocaína…”.
Ahora bien, para dar respuesta al nuevo planteo defensista corresponde señalar primero que para nuestra ley penal se entiende por estupefaciente, según lo dispone el art. 77 del Código Penal, las “…sustancias susceptibles de producir dependencia física o psíquica, que se incluyan en las listas que se elaboren y actualicen periódicamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional…”.
Ello establecido, en el caso se ha probado pericialmente la presencia de cocaína en la sustancia incautada, y -según surge de la materialidad ilícita- también que se secuestró al imputado 4 envoltorios con 1,2 gramos y luego en la finca 220 envoltorios con un total de 93,4 gramos, en ambos casos de aquel elemento que -como se dijo- fuera peritado oportunamente, todo lo cual determina que en el caso concreto la afectación al bien jurídico salud pública aparezca suficientemente acreditada.
Comparto el criterio que sostiene que “…debe repararse que cuando nos referimos a la tutela del “bien jurídico” salud pública en el marco de las infracciones que prevé la ley de estupefacientes, la orientación normativa de los comportamientos prohibidos no está dirigida a la preservación de la salud de una persona en particular (esas reglas se encuentran articuladas en los ilícitos de lesiones), como tampoco se trata de la preservación de determinado nivel de tasas de salubridad de la población en general, sino de garantizarle a la población determinadas prestaciones básicas en el contexto de los servicios de salud…” (Juez Carral, causa nro. N° 99.624, caratulada “Salomone Néstor Fabián S/ Recurso de Casación”, RDS nro. 1236) Por estas razones, el planteo no prospera.
V.1. En cuanto al segundo de los motivos de agravio, en lo referido a la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, y luego de repasar la forma en que procedió el personal policial, sostiene que la versión del hecho se asienta, pura y exclusivamente, en los dichos de los funcionarios que actuaron en el caso.
Refiere que de la declaración del testigo de actuación, Luis Carlos Arguello, surge que, a su arribo al lugar de la aprehensión, los preventores ya se hallaban en el interior de la finca y que tenían reducido al causante en el lugar.
Luego, expresa que los policías observaron un "pasamanos", sin que surja cuál de los sujetos sería el supuesto comprador y cuál el vendedor. Posteriormente, señala que no se encuentra fundamentada la urgencia para que el personal policial procediera de la forma en que lo hizo. Argumenta que no existen tareas de inteligencia ni procedimientos de compradores previos que permitan acreditar que el encausado, o en la edificación, se desarrollaba la actividad de comerciar estupefacientes. Expuso que su defendido sostuvo que reside en otro domicilio, distante del lugar.
Finaliza concluyendo que el fallo no aparece motivado en torno a la relación de disponibilidad con la sustancia incautada, y reclama la absolución.
V.2. La magistrada de grado efectuó un examen lógico de la prueba, sin que la defensa consiga poner en evidencia la falta de fundamentación que denuncia en forma genérica.
Así, los embates recursivos, en lo que concierne al presente hecho, se limitan a una visión meramente dispar de la valoración probatoria efectuada en la instancia anterior.
En efecto, fue expuesto en el veredicto que surge del acta de procedimiento que, el día del suceso, personal policial se encontraba recorriendo la zona, de modo que “…observaron la presencia de dos sujetos de sexo masculino realizando maniobras de pasamanos…”, de modo que, para no poner en evidencia el descubrimiento de la operación considerada sospechosa, realizaron unos metros más y retornaron hacia el lugar. En ése entonces, notaron que uno de los sujetos ya no se encontraba, pero sí el restante, el cual “…realizaba ademanes como si ocultaría algo entre sus prensas a la altura de la cintura, ante ello aceleraron la marcha debido a que se encontraban distantes unos 30 metros aproximadamente de la esquina y al impartirle la vos de "ALTO POLICIA" (sic) este masculino se tomó la cintura e ingresó a la carrera a un domicilio del lugar, procedieron a ingresar detrás del masculino y sin perderlo de vista y mientras iban detrás del masculino éste se descartó de una cuchilla e ingresó al interior de la edificación donde lograron reducirlo haciendo uso de la fuerza mínima e indispensable, donde a simple vista notaron sobre una repisa ubicada en el interior de la vivienda varias bolsas con envoltorios y dinero…”; luego de lo cual, se produce el hallazgo del material que, dicho sea de paso, no aparece cuestionado.
Dijo la recurrente, en un tramo del recurso, si “…se puede válidamente poner en tela de juicio la conducta de un adquirente de estupefacientes para propio consumo que lleve consigo, al encuentro con su proveedor, un elemento para su eventual defensa…”; para luego afirmar que “…mal puede reprocharse la acción de mi asistido de emprender la huida a la carrera al notar la presencia de uniformados en el lugar…”.
Sin perjuicio de que la modalidad de juzgamiento adoptada por las partes, como antes dije, no hace posible la discusión propia del debate oral, donde en el marco del contradictorio las partes plantean y producen prueba en orden a sus teorías del caso, lo cierto es que la exposición defensista aparece en este caso como una mera hipótesis indemostrada, despojada de elementos de prueba que acompañen o corroboren la mera afirmación, lo que sella la suerte de este tramo de la queja (comparto el criterio sentado en causa nro. 115.434 de esta Sala, caratulada “Cacace Miguel Darío S/ Recurso de Casación”, RS-802-2022, conforme el voto del Sr. Juez Daniel Carral).
Luego, el sistema adoptado por el código ritual, a partir del principio de libertad probatoria –art. 209 del CPP-, que permite al tribunal fundar su convicción sincera y razonada en cualquier medio de prueba, torna claramente insuficiente el agravio conforme al cual se esgrime que el juicio de mérito sólo se afinca en elementos vinculados al personal policial que intervino en el caso de marras, pues, precisamente, la magistrada no ha hecho otra cosa que valorar el material probatorio existente, en este caso, las constancias de la investigación erigidas en prueba, conforme al art. 399 del ritual.
En cuanto a su valor convictivo, las circunstancias en las cuales se produjo la aprehensión del imputado, luego de que el personal policial observara un pasamanos entre dos personas de sexo masculino –una de ellas el causante-, y pocos segundos después, una vez advertida la presencia policial, el ahora imputado procurara esconder algo entre sus ropas y emprendiera la fuga, siendo localizado en el interior de la vivienda en donde no sólo había una considerable cantidad de envoltorios con clorhidrato de cocaína, sino también elementos para el fraccionamiento del material, resultan todos ellos datos que -complementados por los otros elementos ponderados- son útiles para acreditar la hipótesis fáctica postulada por la fiscalía.
En orden a su validez, el planteo defensista vinculado con la legalidad del procedimiento policial -por no configurarse en su criterio un supuesto del artículo 294 del rito-, no puede ser atendido en esta instancia. En efecto, -como ya se dijo- las partes han acordado un procedimiento abreviado, a lo que debe añadirse que no invoca la defensa haber realizado planteo alguno sobre el punto en el momento oportuno (art. 205 inc. 1 del C.P.P.) sin que tampoco se explique la existencia de una afectación constitucional -la parte se limita a cuestionar la aplicabilidad al caso del art. 294 del rito-, ni se alegue ni se advierta la existencia de un perjuicio concreto (art. 201, 2° párrrafo del C.P.P.), todo lo cual impide activar el control casatorio sobre el punto.
Sin más, y no evidenciándose arbitrariedad en el razonamiento del tribunal al ponderar la prueba vinculada al delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, no se configura la denunciada violación del principio “in dubio pro reo”, con lo que no ha de prosperar el planteo absolutorio.
VI.1. También cuestiona la valoración de la prueba, en lo que hace al robo cometido con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada.
Luego de señalar que el pronunciamiento tiene defectos en su fundamentación, argumenta que la descripción que efectúa el damnificado de los coautores dista notoriamente de la apariencia física del aquí imputado.
Expone que no se analizó en el veredicto que “…el robo de la moto sucede, según declaración testifical del damnificado… en calle 1331 nro. 545, barrio Paraná, a las 23:30 horas… del acta de procedimiento… surge que personal policial avista a Víctor Agüero "arrastrando" la moto en cuestión en la intersección de las arterias 554 y El Boyero de esta misma Localidad, a las 3:20 horas del día siguiente. Por ende, tal como surge del croquis, efectuado a través de la aplicación web Google Maps que obra en el sistema informático (SIMP), con fecha 29 de agosto de 2022, a mi mandante lo encuentran casi tres horas y media después de acaecido el desapoderamiento del rodado y a una distancia de ochenta cuadras del lugar…”.
Argumenta que, sin perjuicio de la posibilidad de caber otras ilicitudes, no resulta suficiente atribuirle el despojo por el mero hecho de poseer el bien horas después y en lejanías del lugar del hecho.
Solicita se dicte la absolución.
VI.2. En lo que hace al despojo patrimonial, se advierte que el pronunciamiento ostenta un claro déficit de fundamentación, en lo que respecta a la explicación de las razones que tuvo la magistrada para entender acreditada la autoría del causante.
Resultará necesario una breve cita de lo expuesto en el veredicto, para observar cómo el mismo no se autoabastece en el tramo mencionado. En efecto, expuso la misma que pondera “…el acta de procedimiento de fs. 1/5 del 1 de noviembre de 2021, en la sede de la Seccional Quinta de Florencio Varela, d2onde personal policial asentó que se hizo presente en (la) dependencia el ciudadano Romero Brian Miguel quien radicó denuncia, refiriendo que el día de la fecha se encontraba trabajando de delivery con su motovehículo Zanella ZB 110 dominio 948LAY, color verde, para “Heladeria Julián”, que al momento de llegar a entregar un pedido en calle 1331 nro. 545, barrio Paraná, encontrándose la cliente en vía pública se acercaron dos masculinos caminando donde uno de estos extrajo un arma de fuego apuntándolo al diciente refiriendo que entregue el motovehiculo, que al resistirse fue golpeado en el hombro con la culata del arma de fuego, se bajó del motovehiculo corriendo unos metros mientras era perseguido por uno de los malvivientes mientras lo apuntaba con el arma de fuego, luego de 100 metros el malviviente desiste volviendo junto al que había sustraído el motovehiculo, dándose a la fuga por calle 1312 en dirección a Ruta 53. Relató que respecto 2al masculino que poseía el arma de fuego era delgado, de unos 170 mts de altura, tez morena, el cual vestía ropa deportiva camiseta roja y negra, no recordando más, respecto al otro masculino de baja estatura, de contextura mediana, no recordando más, que respecto al arma de fuego refirió que podría tratarse de una pistola 9mm color negra…”.
Así también, hizo una mera enumeración de ciertas constancias, en concreto, del “…acta de inspección ocular de fojas 6, croquis ilustrativo de fs. 6vta. que describen el lugar del hecho. Aduno a ello, el acta de visu del motovehículo de fs. 15, placa fotográfica del motovehículo de fojas 12/14, acta de entrega del motovehículo de fs. 18…”; para luego aludir en forma genérica a una nueva declaración de la víctima, pero sin especificar su contenido, en cuanto tuvo en consideración “…la declaración testimonial de Brian Miguel Romero de fojas 33, brindada en sede judicial, en fecha 23 de agosto de 2022, quien ratificó en su totalidad la denuncia de fojas 1/5, a la cual me remito en honor a la brevedad…”.
Finalizó con algunas disquisiciones generales de dogmática procesal, vinculadas con la realización del juicio de mérito, y sostuvo que formó convicción sincera sobre la ocurrencia del hecho y la intervención del imputado en el mismo.
Como dije, este último punto –la autoría- aparece desprovisto de un razonamiento concreto que permita ejercer el control casatorio, por cuanto, resultando una cuestión de carácter esencial -conforme a los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial; 106 y 371 del ritual-, su tratamiento deviene ineludible en el pronunciamiento; y el abordaje brindado en el fallo permite evidenciar su arbitrariedad, atento a que aparece cimentado en una mera referencia general de lo expuesto por la víctima, en torno al despojo, pero sin que la magistrada de grado haya enlazado lógicamente los dichos del damnificado con otras evidencias al punto de permitir verificar un razonamiento correctamente hilvanado.
Desde este punto de vista, el veredicto se encuentra parcialmente viciado de nulidad, pues la fundamentación es meramente aparente, en clara transgresión de los ya enunciados arts. 168 y 171 de la Constitución provincial; 106 y 371 del Código Procesal Penal, por lo que corresponde su anulación parcial.
VII.1. Finalmente, formula dos planteos de inconstitucionalidad; el primero vinculado con los artículos 1 y 9 de la ley 27.302, en cuanto establecen el sistema de multa por medio de las llamadas unidades fijas; y, por el segundo, cuestiona la declaración de reincidencia.
Entiendo que, más allá de la nulidad parcial propuesta, corresponde ingresar al análisis de los mismos, por cuanto la invalidez decretada no afecta este tramo del pronunciamiento.
En torno al primero, afirma que las normas lesionan los principios constitucionales de culpabilidad por el hecho, de igualdad, legalidad, republicano de gobierno y división de poderes, como también los principios de proporcionalidad y de resocialización. Argumenta que existe una imposibilidad de cumplimiento del pago, que resulta desproporcionada y confiscatoria, a la vez que implica “…un mayor castigo por lo que un hombre no tiene y no por lo que hace…”. Por otra parte, aduce que el Poder Ejecutivo se inmiscuye en funciones del legislador, al establecer oblicuamente el valor, a partir del costo de los formularios pertinentes. En cuanto a la declaración de reincidencia, introduce los usuales cuestionamientos vinculados con la alegada afectación de los principios constitucionales de culpabilidad por el acto, "ne bis in idem", de inocencia, igualdad ante la ley y de resocialización, asentándose en la peligrosidad del agente y no en factores acordes al orden constitucional, a partir de las sabidas consecuencias que tiene en la etapa de ejecución penal, como lo es la imposibilidad de obtener la libertad condicional. Cita doctrina y jurisprudencia.
VII.2. Es dable recordar que la declaración de inconstitucionalidad es un acto de suma gravedad institucional, ultima ratio del orden jurídico (CSJN, “Canales, Mariano E.”, Fallos 342:697 consid. 14°), que impone al órgano jurisdiccional convocado a decidir un planteo de tales características, un examen prudente del mismo.
Sentado ello, analizada la pretensión defensista y las constancias de autos surge que la fiscalía, la defensa y el imputado arribaron a un acuerdo de juicio abreviado, en el cual pactaron el tope de multa a imponer –en caso de recaer veredicto condenatorio, claro está-, y el mismo fue respetado por la magistrada de grado, en tanto impuso como pena, 45 unidades fijas, en orden al delito por el cual arribó condenado el causante (tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, conforme al art. 5 inc. "c" de la ley 23.737).
El planteo de inconstitucionalidad vinculado con la nueva redacción del art. 45 de la ley 23.737 y la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la pena impuesta, no fue articulado en el momento oportuno, esto es, ante el tribunal de la instancia anterior. Adviértase, por caso, que la recurrente no cuestionó la constitucionalidad de la multa establecida por el art. 5 inc. "c" de la ley 23.737 al admitir el acuerdo ofrecido por la fiscalía, en oportunidad de abreviar el proceso.
Comparto el criterio sostenido por el Juez Carral al respecto, si el recurrente no interpuso la cuestión, en el momento procesal oportuno, con relación al planteo sobre la constitucionalidad de la norma que efectúa ante esta instancia, carece de agravio alguno que soporte su pretensión en esta Sede (causa n° 103.404 Sala I, res. 3-XI-20).
Asimismo, es dable traer a colación el reciente fallo de la Suprema Corte de Justicia provincial, en cuanto sostuvo que "…es criterio de esta Suprema Corte que la parte debe formular tal grave pretensión de confrontación constitucional en la primera ocasión posible a fin de que los jueces de la causa puedan considerarla y decidirla (v., por muchos, causa P. 137.820, sent. de 21-X-2023; conf. CSJN Fallos: 328:3165)" -como así también que- "el órgano revisor [...] rechazó la petición de inconstitucionalidad, al entender que no sólo existió un acuerdo de partes sin que la defensa cuestionara en tiempo oportuno la constitucionalidad de la multa para el caso concreto, sino también a la luz de las posibilidades que brinda la legislación de fondo para su cumplimiento…" (causa P. 136.130 sent. 17-IV-24).
A mayor abundamiento, resulta oportuno destacar que la pena de multa impuesta en abstracto por el legislador presenta un mínimo de 45 y un máximo de 900 unidades fijas, y al aquí imputado -a partir del tope convenido por las partes- se le impuso una multa equivalente al mínimo de la escala.
En el caso, la defensa no logra poner en evidencia que dicha sanción pecuniaria impuesta, en el marco de la escala resultante, sea desproporcionada o irracional desde la óptica constitucional y con relación a la conducta típica atribuida.
En cuanto a la mera mención de que su asistido no podría pagar la multa sino con días de prisión, tal planteo resulta prematuro, pues no se configuran en este momento los presupuestos de hecho que habiliten la revisión de una decisión que, lisa y llanamente, resulta hoy inexistente. En orden al planteo vinculado con la inconstitucionalidad del instituto de la reincidencia, estimo que el mismo no puede proceder.
Entiendo que, aun cuando los efectos de la declaración de reincidencia se verifiquen en la etapa de ejecución de la pena, corresponde ahora analizar el planteo por haber sido traído en esta oportunidad y por tratarse de una decisión integrante del fallo impugnado.
Como se señaló ante el planteo anterior, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la ultima ratio del orden jurídico y exige máxima prudencia al momento de ejercer el necesario control de constitucionalidad.
Ello requiere además que la parte acredite en el caso concreto una incompatibilidad entre la norma legal y el plexo constitucional, lo que no ha ocurrido en el supuesto, donde además la aplicación del artículo 50 del C.P. no presenta particularidades que justifiquen un análisis distinto. Por lo demás, y como se ha resuelto oportunamente en este Tribunal la validez constitucional de la reincidencia ha sido ratificada en diversos fallos de los tribunales superiores, tanto nacional como provincial (cf. c.84069, "Mansilla", sent. del 15-II-2017, Sala I, voto del juez Maidana). Allí se señaló que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que el principio constitucional del ne bis in idem no impide al legislador tomar en cuenta la anterior condena –entendida ésta como un dato objetivo y formal-, a efectos de ajustar con mayor precisión el tratamiento penitenciario que considere adecuado para aquellos supuestos en los que el individuo incurra en una nueva infracción criminal (Fallos 311:1451, 311:552)."
Ello además ha sido ratificado luego -con nueva integración- en el precedente de la causa N° 2175, “G., D. A. s/ recurso de hecho”, sent. 06-V-2008, G.704.XLIII, con remisión al dictamen del Procurador Fiscal y luego en el caso “Arévalo, Martín Salomón s/ causa n° 11.835” (27-V-2014), que mantienen el criterio sobre la validez constitucional del instituto de la reincidencia.
En similar sentido, nuestra Suprema Corte Provincial se ha pronunciado afirmando -con similares argumentos- que los artículos 14 y 50 del Código Penal no vulneran la garantía del "non bis in idem", como así tampoco el principio de culpabilidad (causas P. 100.577, sent. de 22-X-2008; P. 102.267, sent. de 29-XII-2008; P. 99.832, sent. de 1-XII-2008; P. 106.677, resol. de 25-XI-2009; P.103.293, resol. de 17-II-2010; P. 112.353 y P. 112.597, resol. de 16-II-2011; e.o.).
En definitiva, y sin que se aporten, ni tampoco advierta, argumentos válidos que me lleven a discrepar con el criterio sentado por nuestra Corte Suprema, en punto a que el instituto de la reincidencia no afecta los principios de culpabilidad y ne bis in idem, estimo que corresponde decidir que no se presenta la incompatibilidad constitucional denunciada. Sin más, ambos planteos no prosperan, por las razones aludidas.
VIII. La defensa señaló, en el petitorio de su presentación, que “…se case el fallo y se disponga la absolución de Víctor Orlando Agüero, en su defecto, se adecúe el monto de pena, conforme los argumentos expuestos en el apartado pertinente…”.
Por un lado, y en puridad, en momento alguno introdujo agravios que hagan a la determinación del monto de la pena, pues no se denunció la violación de los arts. 40 y 41 del Código Penal. Así, en los términos del art. 451 del ritual, que impone una individualización concreta y fundada del agravio, el planteo es insuficiente.
Por otro lado, resta que el tribunal de grado se pronuncie en torno al despojo patrimonial, en virtud de la nulidad que postularé, lo cual podría tener incidencia en el monto punitivo.
IX. Por estas razones, entiendo que el recurso deducido es parcialmente procedente y, en consecuencia, propongo declarar la nulidad parcial del veredicto, por falta de fundamentos en lo que respecta a la autoría del hecho constitutivo de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, con reenvío para que un juez habilitado dicte un nuevo pronunciamiento sobre el punto; confirmando, en lo demás, el fallo en crisis. Sin costas.
Por lo expuesto, voto parcialmente por la afirmativa (arts. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 5 inc. c) de la ley 23.737; 106, 421, 451, 454 inciso primero, 530, 531, 534 del CPP).
Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Fernando Mancini dijo:
Voto en igual sentido que mi colega preopinante, por sus fundamentos.
Así lo voto.
A la segunda cuestión planteada, el Sr. Juez Manuel Bouchoux dijo:
Conforme al resultado de la votación de la cuestión precedente, propongo al acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso deducido y, en consecuencia, declarar la nulidad parcial del veredicto, por falta de fundamentos en lo que respecta a la autoría del hecho constitutivo de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, con reenvío para que un juez habilitado dicte un nuevo pronunciamiento sobre el punto; confirmando, en lo demás, el fallo en crisis. Sin costas. (arts. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 5 inc. c) de la ley 23.737; 106, 421, 451, 454 inciso primero, 530, 531, 534 del CPP). Así lo voto.
A la misma cuestión planteada, el Sr. Juez Fernando Mancini dijo:
Adhiero al voto del colega que me precede, por sus fundamentos. Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, la Sala V del Tribunal, por unanimidad;
Hacer lugar parcialmente al recurso deducido y declarar la nulidad parcial del veredicto, por falta de fundamentos, en lo que respecta a la autoría del hecho constitutivo de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada, con reenvío para que un juez habilitado dicte un nuevo pronunciamiento sobre el punto; confirmando, en lo demás, el fallo en crisis. Sin costas.
Rigen los arts. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 8.2.h de la CADH y 14.5 del PIDCyP; 168 y 171 de la Constitución provincial; 5 inc. c) de la ley 23.737; 106, 421, 451, 454 inciso primero, 530, 531, 534 del CPP. Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EGM 8
Fin de la sentencia