Abriendo la norma
Cámara II Civil y Comercial de La Plata, Sala II · Causa 130.970
Lo que resolvió el tribunal
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POR ELLO y demás fundamentos del acuerdo que antecede, en la medida del recurso y los agravios modifícase la sentencia dictada el 16/9/2021 en el siguiente sentido: 1) Se deja sin efecto la condena del apartado “Daño Patrimonial” del modo que viniera decidida desde la instancia de origen, disponiendo en su reemplazo que los términos de la misma supondrán la obligación de la codemandada Honda Motor de Argentina S.A. de proveer, dentro del plazo de 30 días corridos desde que el presente se encuentre firme, a la sustitución de todas las piezas averiadas o defectuosas que fueran referidas en el informe pericial elaborado el 22/4/2021 (aclaraciones y ampliaciones incluidas), como así también toda otra que al momento de la inspección en taller pudiere presentar deficiencias del tipo de las allí mencionadas, sin costo alguno para la accionante María Sara Casal conforme a los términos de art. 11 de la LDC. En tal sentido se hace saber que dentro del plazo de 10 días corridos desde que el pronunciamiento adquiera firmeza deberán las codemandadas comunicarse -indistinta o conjuntamente- con la parte actora a los fines de la coordinación de los trabajos, con estricta observancia del deber de colaboración y trato digno que emana del art. 8 de la LDC; 2) En lo relativo al “Daño Punitivo” se fija la suma de $500.000 en concepto de multa civil sobre las demandadas, quienes en razón de lo normado en el art. 13 LDC han de quedar obligadas a su pago en forma solidaria …
LM/AED
Sentencia Definitiva Causa N° 130970; JUZGADO EN LO CIVIL Y COMERCIAL Nº14 - LA PLATA CASAL MARIA SARA C/ ABC VEHICULOS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)
En la ciudad de La Plata, a los quince días del mes de Febrero de Dos mil veintidos, celebran telemáticamente acuerdo ordinario el señor Juez vocal de la Sala Segunda de la Excma. Cámara Segunda de Apelación, doctor Leandro Adrián Banegas, y el señor Presidente del Tribunal, doctor Francisco Agustín Hankovits, por integración de la misma (art. 36 de la Ley 5827), para dictar sentencia en la Causa 130970, caratulada: "CASAL MARIA SARA C/ ABC VEHICULOS SA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.
INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", se procedió a practicar el sorteo que prescriben los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor HANKOVITS.
La Excma. Cámara resolvió plantear las siguientes cuestiones:
1. ¿Es justa la sentencia apelada del 16/9/2021?
2a. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
1. El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 14 Departamental dictó sentencia el 16/9/2021 haciendo lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovida por María Sara Casal contra Honda Motor de Argentina S.A. y ABC Vehículos S.A., condenándolos a pagarle en el plazo de diez de adquirir firmeza el pronunciamiento la suma de $2.277.800, con más intereses a devengarse a una tasa pura del 6% anual desde la fecha de mora y hasta la del decisorio, y a partir de éste y hasta la del efectivo pago a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Impuso las costas del juicio a los accionados y postergó finalmente la regulación de los honorarios profesionales para su oportunidad.
2. Contra dicho pronunciamiento se alzaron en apelación tanto la coaccionada Honda Motor Argentina S.A. como la parte actora mediante los escritos del 17/9/2021 y 21/9/2021, siéndoles concedidos los recursos por proveídos del 21/9/2021 y 22/9/2021 respectivamente.
3. Fundados los mismos con las presentaciones del 21/9/2021 y 27/9/2021, con las piezas del 4/10/2021 y 7/10/2021 se incorporaron asimismo las respectivas contestaciones.
4. Elevadas finalmente los obrados a este Tribunal en fecha 3/12/2021, por providencia del 10/12/2021 se hizo saber la radicación de Sala y se dispuso la vista de rigor al Sr. Fiscal de Cámaras, quien se expidió con el escrito del 20/12/2021.
5. Finalmente, el 27/12/2021 se resolvió el pase de las actuaciones para el dictado de la sentencia -el cual se encuentra consentido- por lo que los presentes obrados se hallan en estado para el pronunciamiento revisor.
6. Los agravios Se duele en primer lugar la parte actora por cuanto entiende que al rechazar el sentenciante el daño punitivo se basó en premisas equivocadas que condujeron a una conclusión errónea, no resultando atinados los argumentos brindados.
Por su parte la codemandada Honda Motor de Argentina S.A.
se agravia respecto de: a) lo que considera devino una sentencia arbitraria a partir de una fundamentación aparente y dogmática que le otorgó una desmedida importancia a la pericia mecánica presentada en la causa por el Perito Ingeniero Mecánico -la cual consideran desacertada y carente de rigor técnico científico- y le restó valor probatorio a las declaraciones testimoniales propuestas por ella, b) lo que a partir de la condena por daño patrimonial entiende resulta ser un valor excesivo e injustificado y c) la concesión de un partida indemnizatoria para atender al daño moral, la que advierte improcedente.
7. Tratamiento del recurso 7.A Responsabilidad del proveedor Comenzándose el análisis y a partir de los antecedentes de la causa y de la prueba rendida es necesario referir en primer lugar que el art. 11 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor (en adelante LDC) establece: “Garantías. Cuando se comercialicen cosas muebles no consumibles conforme lo establece el art. 2325 del Código Civil (actualmente art. 231 Código Civil y Comercial, en adelante CCyC), el consumidor y los sucesivos adquirentes gozarán de garantía legal por los defectos o vicios de cualquier índole, aunque hayan sido ostensibles o manifiestos al tiempo del contrato, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento”.
Dispone también que “la garantía legal tendrá vigencia por tres meses cuando se trate de bienes muebles usados y por seis meses en los demás casos a partir de la entrega, pudiendo las partes convenir un plazo mayor”, para finalmente añadir que “en caso de que la cosa deba trasladarse a fábrica o taller habilitado el transporte será realizado por el responsable de la garantía, y serán a su cargo los gastos de flete y seguros y cualquier otro que deba realizarse para la ejecución del mismo”. En otro orden, la LDC desde su art. 1 delimita su objetivo y lo que ha de entenderse por consumidor, al fijar que la misma tiene por objeto la defensa del consumidor o usuario. “Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social”.
Y su art. 2 establece que proveedor será la persona física o jurídica de naturaleza pública o privada que desarrolle de manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación construcción, transformación, importación, concesión de marca, distribución y comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor estará obligado al cumplimiento de la presente ley (por la LDC).
En el orden supra legal, la Constitución Nacional desde la última reforma tiene incorporada como art. 42 la protección de los usuarios y consumidores al prescribir que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Lo propio ocurre en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la cual dispone en su art. 38 que los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada y veraz.
Con todo este encuadre preliminar, pues, y a partir de los antecedentes de la causa (documentación acompañada por ambas partes y contestaciones de demanda) se desprende que la actora adquirió en el año 2017 un automotor Honda modelo HR-V dominio AB133PE por intermedio de la concesionaria oficial ABC Vehículos S.A., por lo que es incontestable la existencia de una relación de consumo que involucra a las partes. Dicho ello, la co-accionada Honda arguye desde su primer agravio que la sentencia recurrida resulta arbitraria a partir de una fundamentación aparente y dogmática, puesto que sólo cita partes de la pericia mecánica para considerarla responsable, sin argumentos y prueba que demuestren los dichos de la actora.
Así, expresa que la actora tenía a su cargo demostrar la existencia del supuesto defecto de fábrica -lo cual no hizo- y asimismo que ante los errores y la falta de rigor científico en las respuestas del Perito Ingeniero Mecánico, el sentenciante debió haber dejado de lado su dictamen.
En tal sentido argumenta que el Sr. Juez de anterior grado efectuó una valoración equivocada y parcial de la prueba rendida ya que resulta equivocado la aseveración del experto sorteado en la causa en punto a que los problemas que se presentaron en la unidad se debían a “defectos existentes en la fabricación de los elementos utilizados para el ensamble del vehículo”.
Entiende que el profesional no explicó cómo arribó a esta conclusión y que la falta de una fundamentación científico técnica del dictamen es evidente, siendo por lo demás sus dichos meras opiniones que no explican las razones de sus respuestas a las impugnaciones que se le formularan.
Pues bien, abocándome a la lectura de la pericia presentada en fecha 22/4/2021, el Perito Ingeniero Mecánico Alberto Aníbal Granero consignó aquí que del examen de vista y el registro fotográfico adjuntado, las partes que se observaban con un grado importante de corrosión eran los elementos de fijación de los asientos y distintas partes del automóvil, por ejemplo la columna de la dirección, parte baja, estructura de asientos delanteros, burlonería, componentes de fijación y partes metálicas del tablero y en las bisagras del asiento trasero.
Concluyó que el deterioro observado en los elementos mecánicos con un importante grado de corrosión se debía a un deficiente proceso en el acabado superficial de los elementos dañados, que no pudo haberse producido como consecuencia de haber utilizado el vehículo en un ambiente corrosivo y finalmente que la trazabilidad de los componentes usados en el ensamble del vehículo solo puede ser realizado por el fabricante con sus proveedores de autopartes.
Asimismo, en págs. 5/16 se encuentra el informe técnico que oportunamente fuera adjuntado a la demanda elaborado por el Ingerniero Juan Pablo Peralta -integrante del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires- cuyas conclusiones emergen coincidentes con las del profesional sorteado en la causa.
Dicho perito destacó que su inspección ocular se inició en el habitáculo, observando gran cantidad de partes y mecanismo con avanzado grado de deterioro debido a un proceso de corrosión y detectándose sistemas de sujeción en asientos y elementos de seguridad en estado anómalo, nuevamente producto de un avanzado proceso corrosivo.
Concordantemente, estimó importante destacar que ciertos mecanismos presentan algunas piezas corroídas y otras en excelente estado.
Por su parte acompañó a su informe varias fotografías ilustrativas de sus dichos (v. págs. 9/13) expresando que de su estudio se observan ciertos mecanismos que presentan alguna de sus partes corroídas y otras en excelente estado de conservación, lo cual confirma la hipótesis que el habitáculo no ha estado expuesto a un medio ambiente o agentes corrosivos. Caso contrario, debería observarse un elevado grado de corrosión en la totalidad de las piezas y mecanismos.
En definitiva, certificó que las piezas y mecanismos metálicos corroídos se deben a condiciones intrínsecas del material y los métodos utilizados para su fabricación como así también que el habitáculo no presenta indicios de haber estado bajo agentes corrosivos y medio ambiente favorable a procesos de corrosión.
La recurrente afirma que el fundamento de la sentencia basado en el dictamen del perito no tiene sustento técnico por ser todas las piezas de diferentes proveedores, diferentes fábricas y diferentes lotes, por lo que el hecho de que todas se oxiden no refiere un defecto de fabricación de las piezas, sino que todas las piezas estuvieron expuestas al mismo tiempo a la misma corrosión. Aduce que ello es de pura lógica y que está acreditado en las declaraciones de los expertos ofrecidos por Honda.
Y en tal tesitura advierte que las piezas y componentes afectados son de distintas características, compuestos por diversos materiales y producidos bajo otros tantos procesos de fabricación, lo cual determina la inexistencia de una falla de fabricación y la intervención de un agente externo que afectó a la unidad de manera general y uniforme a las diferentes piezas y elementos, situación que desde su postura nunca fue explicada por el perito.
Sostiene por otro lado que no existe una sola prueba o indicio de que la oxidación que se menciona en el pronunciamiento recurrido se haya originado en la etapa previa a la entrega del automóvil a los actores, lo cual torna a la sentencia de anterior grado en dogmática, aparente y arbitraria pues no se funda en elementos de la causa, sino en la errada motivación del decisor por seguir un informe técnico errado.
En definitiva, se agravia que se la haya condenado sin que exista una causa adecuada que pruebe y conecte el daño producido (oxidación del automotor) con el accionar de su parte.
Es menester remarcar inicialmente que aun en el marco del bloque protectorio del no puede obviarse que por las características de su actividad y su carácter de profesionalidad para llevarla a cabo, la recurrente era la que en mejores condiciones se hallaba para demostrar en el proceso la prevalencia de posición alegada (art. 53, Ley 24.240).
Empero y tal cual se desprende de la certificación del 17/8/2021, a lo largo de proceso la impugnante aportó un material probatorio por demás acotado, lo cual inevitablemente ha de colocarla en una posición desfavorable.
En efecto, el mismo sólo consistió en las declaraciones de los Sres. Giraudo y Curcio, la documental consistente en el manual del usuario y finalmente el informe del Perito Ingeniero.
Ha de decirse aquí respecto a las declaraciones de los testigos referidos, si bien es correcto afirmar que por el solo hecho de ser empleados de Honda y por ende estar comprendidos en “las generales de la ley” su testimonio no puede ser desechado, no lo es menos que el juez tiene la facultad de evaluar la idoneidad de las declaraciones a la luz de lo normado en el art. 456 del rito.
En tal orden de consideraciones, si bien es cierto que no existen en las declaraciones de los nombrados elementos para sospechar de ellas, se desprende de ambas que ninguno de los técnicos tuvo contacto con la unidad del actor y por ende con las características específicas y particulares de los menoscabos, sino que por el contrario dieron cuenta de una serie de opiniones y conclusiones generalizadas y sin mayores especificaciones, lo que desde ya termina por restarle peso a aquellas en orden al sostenimiento de la posición de su empleador.
Tocante a las observaciones y pedidos de explicaciones, aclaraciones e impugnaciones al informe pericial del Perito Ingeniero Mecánico es dable destacar que aun ante planteos reiteratorios y/o redundantes por parte de la coaccionada Honda Automotor de Argentina S.A. el mismo respondió en tiempo y forma mediante los escritos del 12/5/2021, 20/5/2021, 9/6/2021, 21/6/2021 y 5/7/2021.
Y en relación a lo que se viene exponiendo es menester remarcar que conforme queda establecido en el manual expedido por el fabricante la garantía no será válida en diferentes situaciones, entre las que figura la exposición del vehículo a ambientes o elementos corrosivos. Sin embargo, con las probanzas producidas en el expediente no se ha logrado acreditar dicha circunstancia (art. 53, Ley cit). La recurrente argumentó que “la oxidación o corrosión pudo ser por la humedad ambiente, o por el sol que hizo levantar vapor a la lavandina usada en el interior del rodado o bien porque entró agua al habitáculo y se fue evaporando lentamente esparciendo la humedad”, para agregar que “también pudo haber ocurrido que se dejaran químicos (ej. lavandina, cloro) con el vehículo cerrado y calor, lo que pudo haber generado evaporación de las sustancias y por ende que se esparcieran por el habitáculo”, para concluir que “nada de ello se sabe, pues este proceso fue desarrollado cuando el automóvil estaba bajo el cuidado y custodia de los actores”. Lo cual, por otro lado, asoció a que “en épocas de pandemia no resulta descabellado pensar que los actores hayan limpiado con lavandina el interior del vehículo, produciendo la oxidación alegada”.
Mas de los dichos anteriores precisamente lo que se desprende son meras conjeturas en torno a situaciones que, si bien del todo posibles, en modo alguno han resultado probadas en las actuaciones, y en todo caso han sido desvirtuadas por el único perito interviniente, a cuyas conclusiones he de ceñirme (art. 474 del CPCC).
Esta Sala ya tiene dicho que para apartarse de las conclusiones del dictamen pericial debe encontrarse apoyo en razones serias, es decir, en fundamentos objetivamente demostrativos de que la opinión de los expertos se halla reñida con los principios lógicos y las máximas de experiencia o en que en el proceso no existan elementos de mayor eficacia acerca de la verdad de los hechos controvertidos; y por otro lado cuando el peritaje aparece fundado en principios científicos técnicos o científicos inobjetables y no existe otra prueba que los desvirtúe, la sana crítica aconseja, frente a la imposibilidad de oponer argumentos de este tipo de mayor valor, aceptar las conclusiones del peritaje (Causa 117618 “Muñiz José Luis c/ Rosato Antonio y otro s/ Daños y Perjuicios”, sent. del 17-3-2015, RSD-19/2015).
Así, es evidente que la recurrente, siendo una multinacional de prestigio y presencia global, de forma incontestable era la que tenía a su alcance todos los medios para -de haberlo querido- arrimar al proceso toda una serie de elementos con entidad para apoyar su versión de los hechos. Por caso, y al solo efecto ejemplificativo, informes técnicos de alguna entidad u organismo especializado, estudios bibliográficos sobre el tema, aportación de algún otro profesional con conocimientos específicos en química o tecnología de los materiales, etc.
No obstante, nada de esto aconteció.
En este punto es inevitable recordar una vez más que el art. 53 de la LDC ha receptado el instituto de las cargas probatorias dinámicas -lo cual supone que aquel que se encontrare en mejor posición para probar es sobre quien pesara la carga- al prescribir que “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio”. Dicho ello y pasando a la actuación de la parte actora, ésta, a su turno, también ofreció prueba documental, instrumental, testimonial y pericial.
En la documental ya aludida consistente en el manual del usuario expedido por Honda, del apartado 6 (Garantía Honda) se desprende que dicha garantía es otorgada por Honda Motor de Argentina S.A., la cual sujeta a los términos y condiciones que se detallan en el libro tiene un plazo de vigencia limitada de 3 años o 100.00 kilómetros, lo que ocurra primero. Y a tal respecto es dable destacar que a continuación se especifica que “Honda garantiza que el vehículo identificado con este Libro de Servicio estará libre de defectos materiales o de fabricación durante el período de cobertura de garantía” para agregar seguidamente que “Sujeto a las Condiciones de Garantía, durante dicho período, Honda, a su sola discreción, reparará o reemplazará sin cargo cualquier parte o repuesto defectuoso encontrado en el automóvil, por partes o repuestos nuevos o refaccionados de igual o superior funcionalidad”.
Por otra parte, con el informe pericial elevado en fecha 19/6/2021 por la Ctdra. María Cecilia González se acredita que la misma tuvo acceso a los libros y documentación de la codemandada ABC Vehículos S.A., conforme a los cuales pudo constatar el asiento y la autenticidad de las facturas N°00041605, 00046605 y 00052515.
Ello así, resulta pertinente mencionar que en las tres piezas se hizo alusión a inconvenientes relacionados con la materia del juicio, siendo revelador que la propia concesionaria oficial diera cuenta en el service de los 30.000 km de la necesidad de sustituir el anclaje de los asientos traseros (v. págs. 24/26).
En conclusión, del análisis de la prueba colectada en las actuaciones se desprende que con la documentación acompañada (facturas, fotografías) y las constancias periciales (dictamen del Perito Ingeniero de lista) la parte actora ha logrado acreditar el hecho que fuera alegado en la demanda, cual es que su vehículo Honda modelo HR-V 0km dominio AB133PE adquirido en la concesionaria oficial Honda “ABC Vehículos S.A.” presentó defectos en varios de sus componentes, como así también que el mismo se hallaba cubierto por la garantía oficial de Honda Motor de Argentina S.A. y que habiendo efectuado el reclamo correspondiente el mismo resultó infructuoso.
Arribándose pues a este estadio del análisis no puede soslayarse que la Máxima Instancia Provincial tiene dicho que “Tratándose de una relación de consumo el juzgador no debe efectuar sólo una interpretación posible de las cláusulas predispuestas, sino que por expreso mandato legal debe estar a aquella que resulte más favorable a la parte más débil” (Del voto del Juez Soria, C. 91452 “Choqui Néstor Petronio c/ Coop.
Viv. Pers. YPF Gral. Mosconi s/ Cumplimiento de contrato”, Sent. del 17/9/2008).
Asimismo, dicho Tribunal se expidió en el sentido de que “La garantía de una tutela judicial efectiva se impone con mayor razón en el ámbito del derecho del consumidor y usuario. El art. 42 de la Constitución Nacional (en adelante CN) y el art. 38 de la Constitución de la Provincia de Buenas Aires (de aquí en más CPBA) aseguran una protección especial a los intereses de los consumidores y usuarios generados en la relación de consumo garantizando su defensa. La ley de Defensa del Consumidor 24.240, con su modificatoria 26.361, articulan un sistema que, sobre aquella base constitucional, penetra en todas las aristas del ordenamiento y condiciona sustancialmente premisas y principios hasta entonces pacíficos en el campo del derecho privado patrimonial (Del voto del Juez de Lázzari, C. 117.245 “Crédito para todos S.A. c/ Estanga Pablo Marcelo s/ Cobro ejecutivo”, Sent. del 3/9/2014).
Consecuentemente, la conducta asumida por la codemandada Honda Motor de Argentina S.A. resultó incompatible con el bloque normativo protectorio del consumidor, por lo que la atribución de responsabilidad que decidiera la sentencia de anterior grado es ajustada a derecho por lo que cabe su confirmación y por ende la desestimación de los agravios en este punto, todo lo cual dejo desde aquí propuesto al Acuerdo (Arts. 384 CPCC; 1, 2, 3, 11, 53 y ccdts. LDC; 42 Const. Nac.; 38 Const. Prov. Bs. As.). 7.B Rubros de condena 7.B.1 Daño Patrimonial Agravia la recurrente del hecho de que el sentenciante la hubo condenado al pago de la suma de $2.227.800.
En tal dirección argumenta que conforme a la pericia mecánica presentada el 22/4/2021 el costo probable de las reparaciones a la fecha de expedición del informe ascendía a la suma de $245.000.
De tal modo -continúa- la sentencia recurrida es totalmente desproporcionada e incongruente afectando su derecho de propiedad, pues -según sostiene- el funcionamiento del vehículo conforme a la pericia referida es bueno, cumple con su destino y su función, y podría repararse por la suma de $245.000. Por lo cual, la condena a pagar la suma de $2.227.800 (valor actual de plaza del rodado) se constituye en un enriquecimiento sin causa para los actores pues obtienen el valor de un auto nuevo cuando el de ellos es del año 2017 y ya tiene uso y desgaste. El art. 17 de LCD dispone que “en los supuestos en que la reparación efectuada no resulte satisfactoria por no reunir la cosa reparada las condiciones óptimas para cumplir con el uso al que está destinada el consumidor puede: a) pedir la sustitución de la cosa adquirida por otra de idénticas características, b) devolver la cosa en el estado en que se encuentre a cambio de recibir el importe equivalente a las sumas pagadas, conforme el precio actual en plaza de la cosa, al momento de abonarse dicha suma o parte proporcional si hubiere pagos parciales y c) obtener una quita proporcional del precio.
En ese orden cabe señalar que el presupuesto de aplicación de dicho precepto jurídico es que se hubiesen realizado las reparaciones y que las mismas no hayan sido satisfactorias, lo que no ha acontecido en la especie, por lo que el mismo no es hábil como fundamento legal. Adelanto que esta parcela del recurso ha de prosperar.
El art. 12 de la LDC (Servicio Técnico) dispone que “los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo 11 deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”.
Por su parte, el art. 10 bis de dicho cuerpo normativo (Incumplimiento de la obligación) establece que “el incumplimiento de la oferta o del contrato por el proveedor, salvo caso fortuito o fuerza mayor, faculta al consumidor, a su libre elección: a) exigir el cumplimiento forzado de la obligación, siempre que ello fuera posible; b) aceptar otro producto o prestación de servicio equivalente; c) rescindir el contrato con derecho a la restitución de lo pagado, sin perjuicio de los efectos producidos, considerando la integridad del contrato”
La fundamentación de la condena en la instancia de origen, si bien plausible, no ha tomado en cuenta en mi criterio la cuestión de la funcionalidad, sobre todo en casos como el presente donde la importancia de los daños no se revela significativa en el conjunto general del automotor (arg. arts. 163 inc. 5 y 165 CPCC, 11 LDC).
Ello así por cuanto tanto de las explicaciones periciales como de las fotografías acompañadas se puede observar con claridad que la parte exterior de la carrocería se encuentra en perfectas condiciones y que las partes mecánicas afectadas no resultan ser demasiadas. Tampoco se advierte que presenten defectos de gravedad que pudieran comprometer seriamente su correcto desempeño o aun la integridad o salud de los ocupantes.
Desde su escrito postulatorio la parte actora reclama indistintamente se condene a la entrega de un nuevo vehículo o la suma equivalente al precio de mercado del rodado al momento de la sentencia o lo que en más o en menos resulte de la libre apreciación judicial y a criterio del sentenciante en consideración al principio de reparación integral luego de valorar la prueba a rendirse en los obrados (v. pág. 50 vta.)
Considero pues que convalidar la condena en los términos propuestos por el Sr. Juez de anterior grado supone, en el marco de las particulares circunstancias y probanzas de estas actuaciones, un enriquecimiento sin causa (arg. art. 1794 CCyC).
No obstante, esto no desvirtúa el hecho de que las piezas averiadas o defectuosas existen, y que al automóvil adquirido se halla dentro del plazo de garantía previsto en la contratación.
Consecuentemente, encuentro que la solución más acompasada a las constancias del expediente y los daños efectivamente comprobados en la unidad de la actora es el reemplazo de las piezas respectivas por parte de la terminal automotriz.
Solución ésta que, por otra parte, encuentra asidero en los propios informes y recomendaciones de la codemandada ABC Vehículos S.A. (v. págs. 24/26).
Concordemente, he de proponer al Acuerdo la modificación del pronunciamiento en crisis a este respecto, disponiendo que los términos de la condena supondrán la obligación de la codemandada Honda Motor de Argentina S.A. de proveer, dentro del plazo de 30 días corridos desde que el presente se encuentre firme, a la sustitución de todas las piezas averiadas o defectuosas que fueran referidas en el informe pericial elaborado el 22/4/2021 (aclaraciones y ampliaciones incluidas), como así también toda otra que al momento de la inspección en taller pudiere presentar deficiencias del tipo de las allí mencionadas, sin costo alguno para la accionante María Sara Casal conforme a los términos de art. 11 de la LDC. Se hará saber en tal sentido que dentro del plazo de 10 días corridos desde que el pronunciamiento adquiera firmeza deberán las codemandadas comunicarse -indistinta o conjuntamente- con la parte actora a los fines de la coordinación de los trabajos, con estricta observancia del deber de colaboración y trato digno que emana del art. 8 de la LDC (arts. 1, 2, 3, 11, 12 y 13 LDC; 1737, 1738, 1739, 1740 CCyC).
7.B.2 Daño Moral Se agravia la codemandada en torno a esta parcela del pronunciamiento por cuanto entiende que la suma de $50.000 fue otorgada a raíz de vicisitudes no probadas.
En tal postura sostuvo que no existe prueba del alegado sufrimiento extrapatrimonial porque no lo hubo, aludiendo a que simplemente existieron simples molestias comerciales o contractuales. Pues bien, para comenzar cabe señalar que en lo que respecta a las relaciones de consumo se torna necesario precisar que ya sea que el reclamo del consumidor esté sustentado en un incumplimiento contractual (deberes legales de seguridad o garantía) o en la responsabilidad aquiliana, en ambos supuestos son indemnizables los daños extrínsecos. Vale decir que estos son los daños sufridos por el consumidor ya no en el propio producto adquirido o servicio sino en otros bienes de su patrimonio o en su persona (Art. 1737 del Cód. Civ. y Com.; en adelante CCC; Manual del Derecho al consumidor, Dante E Rusconi -Director- Abeledo Perrot, 2015, p. 575).
Así, en materia de daños al consumidor no existen reglas especiales, por lo que se aplica el régimen general de la responsabilidad civil. La determinación del valor indemnizatorio queda librada a la sana discreción judicial, conforme las circunstancias evidenciadas en cada caso y las pautas legales generales del régimen jurídico.
En el caso del daño moral reclamado en la especie, es pues aplicable lo dispuesto en los artículos 1738 y 1741 del CCyC. Y ello requiere que sea debidamente demostrado, salvo que la ley lo presuma o surja notorio de la índole del hecho generador (Art. 1744 del Cod. Civ. y Com.; cfme. SCBA., C 78280, sent. del 18-VI-2003).
Desde su expresión de agravios la recurrente objeta que el sentenciante hubiere recurrido a la LDC para argumentar la procedencia de la indemnización por daño moral.
Esgrime en tal tesitura que quien lo invoca debe alegar y probar los hechos y circunstancias que determinan su existencia, correspondiendo al juzgador aplicar la condena de acuerdo con la índole del hecho generador de la responsabilidad y las circunstancias del caso. Asimismo, manifiesta que “una amplia doctrina sostiene que el daño moral no resultaría indemnizable por cuanto ello importaría vulnerar principios jurídicos y éticos”.
Sin embargo, a poco que se indague siquiera el actual anclaje normativo, la postura de la recurrente no se sostiene.
El art. 1738 del CCyC estipula que la indemnización incluirá especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida.
Por otro lado, el actual art. 1740 del mismo cuerpo normativo consagra expresamente el principio de la plenitud en la reparación, al establecer que “la reparación debe ser plena, consistiendo en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso”. La apelante, en suma, defiende que el perjuicio en discusión “no resulta acompañante necesario de todo incumplimiento negocial, ya que aquel no radica en las molestias o inconvenientes que de suyo ocasiona esta situación: se requiere la efectiva lesión de intereses espirituales o de afección del acreedor”.
Comenzando entonces por esto último, no puede menos que compartirse con la impugnante que aun en supuestos como el presente resueltos al amparo de la normativa protectoria del consumidor, la existencia y entidad del daño moral deben estar probadas de alguna forma (Art. 1744 CCyC).
Aquí debe resaltarse que de los antecedentes documentales de la causa se desprende un afán considerable de la actora en pos de lograr respuestas de la recurrente, de lo cual dan cuenta por un lado las gestiones en la etapa de mediación prejudicial y muy especialmente la articulación del reclamo por vía administrativa ante la Dirección de Defensa del Consumidor de la Municipalidad de La Plata (actuaciones anexas por cuerda al principal). Por lo cual, y si bien la accionante acompañó a su demanda sendas cartas documento y correos electrónicos cuya autenticidad ha sido desconocida (sin que se hubiere producido prueba para acreditarla debidamente) es innegable que la etapa previa a la judicialización de la controversia supuso para la actora un cúmulo de situaciones estresantes y disvaliosas para su espíritu, que decididamente no pueden ser ignoradas. Ello, por no mencionarse el evidente dispendio de recursos materiales y de tiempo que supone un proceso de reclamación como del que dan cuenta tanto las actuaciones administrativas como las prejudiciales y las judiciales, lo cual inexorablemente ha de deber verse reflejado en la condena.
Y esto, sin perjuicio que como afirmara la recurrente “ni siquiera se solicitase una pericia psicológica para probar lo alegado”. Ésta, a todo evento y de producirse en un caso como el presente, desde ya podría llegar a aportar algún elemento que permita determinar la existencia de este daño, pero aun así, va de suyo que el daño psicológico y el daño moral son conceptos y parcelas diferentes de la indemnización, por lo que evidentemente su ausencia en el marco de las presentes no resulta obstativa al acogimiento del rubro.
En dicho escenario no puede compartirse que la vivencia personal transitada por la actora se haya reducido a “simples molestias comerciales o contractuales”.
Consiguientemente, se halla razonable la suma acordada en la instancia de origen para atender a esta parcela del daño relacionada con el detrimento en los sentimientos y/o los padecimientos espirituales, he de proponer al Acuerdo su confirmación (Arts. 163 inc.5, 164 y 165 última parte, 384 CPCC; 1737, 1738, 1739, 1740, 1741 CCyC).
7.C Daño Punitivo En último término se agravia la parte actora de la parte del pronunciamiento que supuso desestimar la pretensión de aplicársele a las accionadas una multa en concepto de daño punitivo.
Opina que en lo que a este rubro respecta la sentencia se basa en premisas equivocadas que conducen a una solución errónea.
Así y atinente al planteo en torno al rechazo de este rubro en la instancia de origen, debe comenzarse por establecer que en estos obrados se está en presencia de una relación de consumo en el marco de la cual las codemandadas ABC Vehículos S.A. y Honda Motor de Argentina S.A. resultaron condenadas solidariamente a raíz del incumplimiento del deber de garantía consagrado en la ley consumeril nacional (Arts. 11 y 13 LDC). Dicho esto, es oportuno señalar que en relación a este daño el art. 52 bis de la ley 24.240 incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008) dispone textualmente que: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil en favor del consumidor, la que se graduará en función a la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan. Cuando más de un proveedor sea responsable del incumplimiento responderán todos solidariamente ante el consumidor, sin perjuicio de las acciones de regreso que les correspondan. La multa civil que se imponga no podrá superar el máximo de la sanción de multa prevista en el artículo 47, inciso b) de esta ley”.
Vale decir que del texto de la norma se desprende un único requisito para su procedencia: el incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales respecto al consumidor, no haciéndose referencia alguna ni requiriéndose valoraciones subjetivas como la gravedad de la conducta del proveedor o empresa, ni su intención de dañar, las que quedarán reservadas en su caso para su cuantificación o graduación. La gravedad, en todo caso, tiene que ver con las características del hecho y las circunstancias del caso, a tomarse en cuenta para la cuantificación de la partida respectiva.
Y en este sentido, nuestro máximo Tribunal provincial tiene dicho que: “La norma es clara en cuanto a que exige para su aplicación un solo requisito: que el proveedor no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor. Esta disposición, apartándose de las sugerencias efectuadas a nivel doctrinario, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva ni a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales” (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 562/563; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2008, págs. 278/279; Fernández, Raymundo L.; Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María Velentina, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, pág. 1197; Conclusiones de la Comisión 10, XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ed. La Ley, pág. 196; SCBA LP C 119562 S 17/10/2918 Juez De Lazzari (SD). Carátula “Castelli, María Cecilia c/ Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. s/ Nulidad de actor Jurídico”).
Pues bien, en el caso que nos ocupa, el incumplimiento de la manda legal establecida en el art. 11 de la Ley 24.240, ha quedado probado. Adicionalmente, y más allá de la defensa ensayada al momento de contestarse la demanda, lo cierto es que ninguna de las circunstancias puestas de manifiesto por la coaccionada e imputadas al consumidor -quien de su parte cumplió oportunamente con el pago correspondiente a la compra de un automotor 0km- han resultado probadas, y que como contrapartida la accionante recibió un bien con defectos que sí han quedado acreditados en las actuaciones (Arts. 385, 457,462, 472, 473 y 474 CPCC).
Por otro lado no pude obviarse que a partir de la ponderación armónica y coherente del plexo normativo regulador de en la materia y de los hechos traídos por la actora, la procedencia del art. 52 bis de la ley 24240 tiene su respaldo en la garantía protectoria establecida por el art. 42 de la Constitución Nacional en cuanto dispone que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad, e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y de trato equitativo y digno”.
Con base pues en las razones expuestas y habiendo tomado también en consideración el dictamen del Sr. Fiscal de Cámaras Departamental concluyo que la petición de multa en virtud del llamado daño punitivo ha de deber tener favorable acogida.
Máxime cuando de las constancias del expediente se refleja que ya en fecha 8/2/2019 y a instancias de lo asentado por la concesionaria codemandada había partes de la unidad que por las razones que surgen de la causa debían ser sustituidas, circunstancia que evidentemente y a instancias de la promoción de la demanda, más de un año después de dicha fecha no había encontrado solución por parte de los proveedores (v. pág. 25).
No puede desconocerse aquí que conforme se encuentra plasmado en el art. 12 de la LDC (Servicio Técnico) “los fabricantes, importadores y vendedores de las cosas mencionadas en el artículo anterior deben asegurar un servicio técnico adecuado y el suministro de partes y repuestos”.
Por lo tanto, corresponde revocar lo decidido en este aspecto por el Sr. Juez de primera instancia, proponiendo al Acuerdo la fijación de la suma de $500.000 en concepto de multa civil sobre las demandadas, quienes en razón de lo normado en el art. 13 LDC han de quedar obligadas a su pago en forma solidaria más allá de las acciones de regreso que les pudieren corresponder (Art. 52 bis LDC). La misma se fija con criterio de actualidad a la sentencia de la primera instancia por lo que se impone la misma tasa de interés a la allí prevista.
8. Finalmente y en relación a las costas por lo actuado ante esta instancia, atento a los vencimientos parciales y mutuos corresponde imponerlas por su orden (art. 71 CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la NEGATIVA.
El Señor Juez Doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SEÑOR PRESIDENTE DOCTOR HANKOVITS DIJO:
En atención al acuerdo alcanzado al tratar la cuestión anterior, en la medida del recurso y los agravios corresponde modificar la sentencia dictada el 16/9/2021, del siguiente modo: 1) Se deja sin efecto la condena del apartado “Daño Patrimonial” del modo que viniera decidida desde la instancia de origen, disponiendo en su reemplazo que los términos de la misma supondrán la obligación de la codemandada Honda Motor de Argentina S.A. de proveer, dentro del plazo de 30 días corridos desde que el presente se encuentre firme, a la sustitución de todas las piezas averiadas o defectuosas que fueran referidas en el informe pericial elaborado el 22/4/2021 (aclaraciones y ampliaciones incluidas), como así también toda otra que al momento de la inspección en taller pudiere presentar deficiencias del tipo de las allí mencionadas, sin costo alguno para la accionante María Sara Casal conforme a los términos de art. 11 de la LDC. En tal sentido se hace saber que dentro del plazo de 10 días corridos desde que el pronunciamiento adquiera firmeza deberán las codemandadas comunicarse -indistinta o conjuntamente- con la parte actora a los fines de la coordinación de los trabajos, con estricta observancia del deber de colaboración y trato digno que emana del art. 8 de la LDC; 2) En lo relativo al “Daño Punitivo” se fija la suma de $500.000 en concepto de multa civil sobre las demandadas, quienes en razón de lo normado en el art. 13 LDC han de quedar obligadas a su pago en forma solidaria más allá de las acciones de regreso que les pudieren corresponder, con criterio de actualidad a la sentencia de la primera instancia por lo que se impone la misma tasa de interés a la allí prevista; 3) Se confirma el fallo apelado en todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios; 4) Respecto a las costas por lo actuado ante esta instancia, atento a los vencimientos parciales y mutuos corresponde imponerlas por su orden (art. 71 del CPCC).
ASI LO VOTO.
El Señor Juez Doctor BANEGAS, por los mismos fundamentos, votó en igual sentido.
CON LO QUE TERMINO EL ACUERDO, dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S E N T E N C I A - - - - - - - - - -
POR ELLO y demás fundamentos del acuerdo que antecede, en la medida del recurso y los agravios modifícase la sentencia dictada el 16/9/2021 en el siguiente sentido: 1) Se deja sin efecto la condena del apartado “Daño Patrimonial” del modo que viniera decidida desde la instancia de origen, disponiendo en su reemplazo que los términos de la misma supondrán la obligación de la codemandada Honda Motor de Argentina S.A. de proveer, dentro del plazo de 30 días corridos desde que el presente se encuentre firme, a la sustitución de todas las piezas averiadas o defectuosas que fueran referidas en el informe pericial elaborado el 22/4/2021 (aclaraciones y ampliaciones incluidas), como así también toda otra que al momento de la inspección en taller pudiere presentar deficiencias del tipo de las allí mencionadas, sin costo alguno para la accionante María Sara Casal conforme a los términos de art. 11 de la LDC. En tal sentido se hace saber que dentro del plazo de 10 días corridos desde que el pronunciamiento adquiera firmeza deberán las codemandadas comunicarse -indistinta o conjuntamente- con la parte actora a los fines de la coordinación de los trabajos, con estricta observancia del deber de colaboración y trato digno que emana del art. 8 de la LDC; 2) En lo relativo al “Daño Punitivo” se fija la suma de $500.000 en concepto de multa civil sobre las demandadas, quienes en razón de lo normado en el art. 13 LDC han de quedar obligadas a su pago en forma solidaria más allá de las acciones de regreso que les pudieren corresponder; con criterio de actualidad a la sentencia de la primera instancia por lo que se impone la misma tasa de interés a la allí prevista; 3) Se confirma el fallo apelado en todo lo demás que decide y ha sido materia de recurso y agravios; 4) Respecto a las costas por lo actuado ante esta instancia, atento a los vencimientos parciales y mutuos, se imponen por su orden (art. 71 del CPCC. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE en los términos del art. 10 del Ac. 4013/21, texto según Ac. 4039/21, SCBA.
DEVUELVASE.
DR. LEANDRO A. BANEGAS DR. FRANCISCO A. HANKOVITS JUEZ PRESIDENTE
(art. 36 ley 5827)
Fin de la sentencia