Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 177.029
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Reanudar el llamado de autos para sentencia (arg. art. 493 del CPCCBA);
II. Rechazar el recurso de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA);
III. Hacer lugar parcialmente al recurso de la demandada, modificando el alcance del mandato preventivo dispuesto por el juez de primera instancia de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.2.g.» del voto que abre el acuerdo, confirmando la sentencia en todo otro punto que ha sido materia de agravio; las costas de este recurso se imponen en un 95% a la parte recurrente, y el 5% a la parte actora en atención al resultado obtenido (art. 68, 71 y cctes. del CPCCBA);
IV. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). V)
Expte. Nº 177029 - Juzgado Civil y Comercial N°7 En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “EL CASAL SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL AGROPECUARIA E INMOBILIARIA C/ CAMPO Y FAENA S.A. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS.” [c. 177029], habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Roberto J. Loustaunau El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 21 de marzo de 2023? 2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi dijo:
I. a. El 21 de marzo de 2023, el magistrado titular del Juzgado Civil y Comercial N°15 departamental, Dr. Héctor Fabián Casas, dictó sentencia definitiva en la que hizo lugar a la demanda promovida por El Casal Sociedad Anónima Comercial Agropecuaria e Inmobiliaria contra Campo y Faena S.A. por recomposición de daño ambiental.
Ordenó a la demandada que «arbitre y ejecute todas las medidas conducentes para recomponer definitivamente los sectores afectados por el derrame de líquidos, ocurrido el 24 de julio de 2019, a los fines de lograr el cese de todo daño al ambiente». Dispuso que: «a) la demandada deberá dentro del plazo de 20 días corridos presentar un plan de remediación y saneamiento de la zona afectada; b) el contralor de dicho plan estará a cargo de la perito ingeniera agrónoma interviniente; c) una vez presentado el plan indicado en el apartado a), deberá presentarse un informe mensual respecto del avance de los trabajos a realizarse; d) Los trámites correspondientes a la implementación de la presente sentencia tramitarán por vía incidental que será promovida de oficio y de manera inmediata para su efectivo cumplimiento, independientemente de la vía recursiva que pueda intentarse; e) Todo lo anteriormente dispuesto es sin perjuicio de cualquier medida complementaria que corresponda dictar según las circunstancias del caso en los términos del art. 509 del CPCC y de la aplicación de sanciones, intimaciones, multas o apercibimientos que resulten necesarias para garantizar el cumplimiento de lo aquí ordenado; f) lo relativo a la eventual indemnización sustitutiva en caso de resultar imposible la reparación, se analizará una vez que adquiera firmeza la presente sentencia por la vía incidental».
Asimismo, hizo lugar al reclamo por daños y perjuicios y condenó a la accionada a pagarle a la actora $217.800 más intereses. Como mandato preventivo, ordenó a la demandada que efectúe las obras que correspondan en los piletones de tratamiento de efluentes existentes en su establecimiento en el que realiza su actividad a los fines de evitar eventos similares en un futuro, debiendo presentar en un plazo de 20 días un informe sobre el estado de las obras o la prueba de que ya fueron realizadas con anterioridad, debiendo la perito ingeniera agrónoma controlar esa circunstancia. b. Para así decidirlo, explicó que la controversia entre las partes radica en la existencia de daño ambiental como consecuencia del derrame de líquidos producido el 24/07/19 en el Frigorífico Industrial Mar del Plata y que se vertieron hacia una cava en forma contigua que se encuentra en el inmueble lindero, que pertenece a la actora. También fue discutida la existencia y cuantía de los daños invocados por la accionante.
Analizó en primer lugar diversas normas constitucionales y leyes nacionales y locales que regulan la materia ambiental (arts. 41 CN, 28 CPBA, Ley 25.675 y Ley 11.723), cuyos textos —dijo— deben ser analizados bajo el paradigma ambiental. Explicó cuáles son los tipos de daño ambiental, incluyendo el detrimento al ambiente en su dimensión colectiva (una alteración relevante que afecte negativamente a los ecosistemas, a los bienes o valores colectivos) y en su dimensión individual (esto es, a la afectación de intereses particulares, como consecuencia de la afectación al ambiente).
A continuación, consideró que el factor de atribución que se requiere para imputar responsabilidad a una persona humana o jurídica por haber causado daño al ambiente es de tipo objetivo y se sustenta en el riesgo creado y de empresa. Sobre esa base, identificó dos pretensiones de la accionante: lo atinente a la reparación del presunto daño ambiental puro, y la reparación de los alegados perjuicios sufridos.
En lo atinente a la primera de ellas, reiteró que no fue discutido que el 24 de julio de 2019 se produjo un derrame de líquidos en el frigorífico de la accionada y que vertió sustancias en una cava ubicada en el lote lindero de la actora. Así fue demostrado con las constancias de la IPP 08-00-023199-19/0 en fecha 26/07/2019 donde el Arq. Alejandro Pozzobon, presidente de OSSE, formuló denuncia penal para que se investigue la posible comisión de un delito ambiental. Acompañó esa denuncia con actas labradas por el ente donde se verificaron vuelcos no autorizados en el predio de la Ruta 2 Km. 387,5, en cercanías de un pozo de extracción de agua identificado con el n°308 perteneciente a Obras Sanitarias. Dijo que la situación quedó registrada por las fotos obrantes a fs. 5/12, autenticadas notarialmente.
Explicó que la perito ingeniera agrónoma, Andrea Recchimuzzi, dictaminó en el punto 9 que «los agentes contaminantes identificados en la autoridad del agua (ADA) son coliformes fecales que han causado daño ambiental». De dicho dictamen, cuyas conclusiones transcribe, concluyó que se ha provocado un daño ambiental dado que se advirtió la presencia de SS10´, DBO, DQO, y coliformes fecales en las muestras recogidas en el acta de inspección 1982 de la ADA.
Si bien en la actualidad ya no hay agua en la cava, reparó en que la perito dijo que los elementos encontrados pueden moverse libremente con el agua de drenaje a través del perfil hacia los acuíferos, a la vez que los contaminantes hallados son propios de la actividad desarrollada por la demandada.
Seguidamente, desestimó la defensa de la accionada, que alegó que fue un accidente que ocurrió por tareas de mantenimiento que tenían como objetivo evitar ese tipo de eventos, reparando en el carácter objetivo del factor de atribución aplicable y la ausencia de prueba de un factor externo que interrumpa total o parcialmente el nexo causal.
Concluyó que fue demostrado el nexo causal entre el riesgo propio de la actividad desarrollada por Campo y Faena S.A. y el daño ambiental generado por el vuelco de agentes contaminantes en la cava del lote de la actora.
Verificado el daño ambiental, el magistrado evaluó el sistema de reparación en especie, considerando que en el caso no está determinado si el perjuicio es o no reversible. Es por este motivo que ordenó a la demandada a que arbitre y ejecute todas las medidas conducentes para recomponer definitivamente los sectores afectados por el derrame. Si esa recomposición fuere imposible, dijo que se resolverá la obligación en forma de reparación pecuniaria sustitutiva.
Argumentó que el caso exige una ejecución provisoria de la sentencia no obstante el eventual tránsito por instancias recursivas. Ordenó que la demandada presente, dentro de los veinte días corridos, un plan de remediación y saneamiento de la zona afectada, el que será controlado por la perito ingeniera.
En cuanto a los daños individuales (considerando «V» del fallo), estimó que del relato del escrito inicial y de la prueba producida surge que la actora vio mermada su actividad de cría de ganado bovino y/o siembra, debiendo trasladar sus animales a otras instalaciones.
En lo que respecta al daño por imposibilidad de sembrar, consideró que el reclamo no era procedente porque no se probó que la accionante se dedicara a la siembra en el fundo afectado. Destacó que el perito agrónomo que asesora a la actora —y que declaró como testigo— dijo que la cava se aprovechaba con animales o para sacar tierra para uso de la empresa, lo cual fue corroborado también por el testigo Solano y por la representante de la firma El Casal.
Indicó que tampoco se probó el daño patrimonial derivado de una supuesta afectación de la actividad de cría de ganado bovino (y el alegado traslado de los animales a otras instalaciones). El nivel de actividad y producción de la actora, dijo el juez, no fue demostrado.
Reparó en el hecho de que el derrame importó la incorporación de cicuta, que es una planta tóxica para los animales, pero aún así «no se ha probado que con motivo de tal imposibilidad de uso, la actora deba efectuar algún tipo de erogación a los fines de la realización de su actividad». Tampoco acreditó la celebración de contratos de pastoreo con terceros en la cava en cuestión. Puso énfasis en el relato de la directora de El Casal S.A., quien narró que se utilizaba el espacio para tener algo de hacienda en los bordes, que se trataba de animales propios y que se utilizaba poco el sector.
En lo que respecta al aprovechamiento de la cava para extraer tierra y rellenar otros sectores del establecimiento, tampoco consideró procedente el reclamo. Expuso que no solo no se probó que la imposibilidad de utilizar la cava para extraer tierra sea consecuencia del derrame de líquidos, sino que además se acreditaron actuaciones municipales en las que surge que la referida cava no está habilitada para explotación comercial y fue clausurada antes de que ocurra el derrame. En el acta del 5/08/2019 la directora de El Casal S.A. dejó constancia que es la municipalidad la que no les permite extraer tosca porque —según dice— los alrededores se está urbanizando y fueron intimados a no usar la cava.
El juez señaló que tampoco fue acreditado que la actora se haya visto privada de la chance de vender o alquilar el sector afectado de su establecimiento. Si bien se probó la merma en el valor del bien, no se produjo evidencia que de cuenta que alguna tratativa para concretar una operación se vio frustrada. La mención que hizo el testigo Vaquer sobre el tema no es suficiente.
Finalmente, desestimó el reclamo por daño moral e hizo lugar al reclamo de daño patrimonial representado por los costos de limpieza y extracción de la cicuta, por un total de $217.800, correspondiente a cinco limpiezas).
II.1. El recurso de la parte actora La accionante apeló el fallo el 3 de abril de 2023 y fundó su recurso el 27 de abril de 2023. La contraria replicó el memorial el 8 de mayo de ese mismo año.
Los agravios de la actora pueden sintetizarse del siguiente modo: (i) Alega que el derrame produjo daños en su propiedad, incluyendo la introducción de cicuta, la imposibilidad de aprovechar el lote para pastoreo, la inhabilitación de la cava para extraer tierra para uso propio, etc., además del daño ambiental. Dice que, por lo tanto, «debe repararse en su real magnitud el daño producido en el fundo dominio de la actora como consecuencia del derrame propiamente dicho»
(ii) Alega que el juez interpretó erróneamente el reclamo, pues el daño producido consistió en que vio alterada su actividad de cría de ganado. Considera demostrado el uso que se le daba al fundo y que a partir del derrame no pudo realizar más ese aprovechamiento. Destaca que la cava poseía pastizales que se usaban para alimento de los animales y que el hecho afectó el pastoreo.
Apunta que a los animales hubo que reubicarlos en otros lotes, o sumarlos a otras parcelas, afectando el rendimiento y la productividad. Es lógico —dice— que la alimentación de los animales se vio reducida al tener que poblar con más ganado otras zonas, comprando alimento y tolerando mayor demora en el engorde. Ello, refiere, también es daño emergente indemnizable.
(iii) Reniega de que el juez haya considerado acreditada la presencia de cicuta que es tóxica para los animales que pastoreaban en el lote y, en paralelo, afirmó que no se probó la imposibilidad de utilizar el predio para ese fin. Manifiesta que esa imposibilidad representa un menoscabo patrimonial.
Dice que es un daño que persiste hasta tanto no se haga la limpieza. Argumenta que ya pasaron casi cuatro años del hecho y aun debe esperar otros tres o cuatro más como para corroborar los resultados de la limpieza de la cicuta.
Dice que el precio de alquiler de un campo para pastoreo fue invocado como referencia para tarifar el perjuicio y no como alegación de que hubiera celebrado ese tipo de negocios con un tercero. El pastoreo, recalca, se hacía con animales propios Refiere que hay pruebas suficientes para concluir que la indemnización es procedente.
(iv) Manifiesta que utilizaba la cava tanto para extraer tierra con fines comerciales como para uso propio. Reconoce que la municipalidad impidió el uso comercial, pero siguió haciéndolo para beneficio propio (arreglos en el tambo, de los caminos internos de sus instalaciones, etc.). Cita relatos de los testigos que corroboran esa circunstancia.
Considera demostrada que esa imposibilidad de utilizar la tierra para beneficio propio fue ocasionada por el derrame contaminante. Ello, aclara, es un daño que debe ser resarcido.
Refiere que el testigo Albarracín dijo que se extraían 25.000 m3 de tierra, que el costo de cada una de esas extracciones era de $1.500.000 cada una, y que se hacían cada tres meses. Invoca un perjuicio total por $40.500.000. (v) En un tercer punto de agravio, reniega de la decisión del juez de desestimar el reclamo de la actora fundado en la frustración de una tratativa para concretar un negocio sobre el lote.
Cita los dichos del testigo Vaquer en cuanto narró que habían hecho ofertas a “El Casal” porque tiene salida a la ruta, y que luego del derrame no hubo más interesados. Dice que la pérdida de posibilidad de venta fue corroborada por la perito. Considera que esa pérdida de chance debe ser indemnizada y cita los informes periciales a partir de los cuales calcula la magnitud del daño.
(vi) Juzga insuficiente la indemnización reconocida para limpiar la cava. Cinco limpiezas, dice, son insuficientes. Pide seis u ocho limpiezas en total, arribando a un valor de $216.000 o $288.000 respectivamente.
(vii) Por último, cuestiona el rechazo del rubro daño moral. Entiende que el hecho afectó su prestigio, su fama y su trayectoria, menoscabando la consideración empresaria y el respeto construido por una extensa trayectoria en el rubro rural-comercial.
II.1. El recurso de la parte demandada La firma Campo y Faena S.A. apeló el 31 de marzo de 2023 y fundó su recurso el 26 de abril de 2023. La réplica de la actora fue presentada el 10 de mayo de ese mismo año.
Los agravios de la accionada son los que siguen:
(i) Cuestiona el efecto no suspensivo que le ha otorgado el juez a una parte de su sentencia, ordenando la formación de un incidente para que se inicien de modo inmediato las tareas de recomposición del daño ambiental. Considera que esa decisión viola el art. 166 del CPCCBA y obliga a la demandada a cumplir un fallo que no está firme y que ha sido recurrido. Pide se suspendan los plazos que pudieran estar corriendo en dicho incidente y se resuelva el caso con habilitación de días y horas. (ii) Seguidamente, afirma que no se encuentra acreditado el daño ambiental. Cuestiona la decisión de la actora de realizar una cava en su propiedad. Pone de resalto que todas las autoridades que intervinieron luego del derramen concluyeron que no había daño ambiental: inspección general de la municipalidad, Emsur y Obras sanitarias; luego la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, la Autoridad del Agua dependiente del Ministerio de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires y la Fiscalía N° 11 de delitos culposos.
Objeta que el juez, en lugar de reparar en los respectivos trámites y resoluciones de tales autoridades, haya hecho foco en la pericia de una perito ingeniera que —dice— carece de rigor científico. Los organismos descartaron daño ambiental reversible o irreversible.
(iii) Controvierte la solidez técnica de la pericia presentada por la ingeniera Andrea Recchimuzzi. Memora que se opuso al punto de pericia n°9 dado que hablaba de agentes contaminantes cuando no había sido acreditado que el vertido sea de tal naturaleza. Al evacuar el punto de pericia, el 03/03/2022 la perito respondió que solo puede expedirse una vez que la Autoridad del Agua se expida sobre los estudios realizados. Al solicitar aclaraciones al punto 5, la experta dijo que la fertilidad del suelo “debió verse” afectada por los contaminantes.
Si bien la perito analizó los resultados del estudio realizado por la ADA, cuestiona que no haya evaluado el suelo de la cava, no tomó muestras ni lo sometió a estudio alguno. Esto es, no realizó la labor encomendada por sus propios medios ni utilizó sus conocimientos científicos para expedirse sobre la existencia de supuestos contaminantes en el momento en que se hizo la pericia.
Argumenta que la pericia se sustenta en una fotografía del derrame ocurrido en la cava el día del hecho, pero ello no prueba daño ambiental. Agrega que, además, no hubo afectación de las napas de agua.
Refiere que la perito transcribió una guía sobre tratamientos de aguas elaborada por la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, donde se listan de manera orientativa los contaminantes del agua —y no del suelo— que pueden existir en efluentes líquidos no tratados, derivados de la actividad de frigoríficos. Objeta que la experta, basada en una guía que no refiere al caso concreto, presume sin rigor científico ni análisis alguno la existencia de contaminantes que no fueron descriptos en el informe de la autoridad del agua, privilegiando el texto citado por sobre el único análisis existente. Menciona los resultados de los informes acompañados por su parte, donde se corrobora que los líquidos existentes en las lagunas son naturales, de carácter absolutamente orgánico, libres de contaminantes peligrosos tipificados en la reglamentación de la ley 11.720. Todo ello, dice, demuestra que los líquidos derramados no fueron absorbidos por la tierra de la cava, puesto que no se contaminaron las napas de agua.
En suma, se queja de que se haya considerado demostrada la existencia de un daño ambiental sobre la base de una elucubración basada en la presunción de supuestos contaminantes que, según un documento científico, emanan de efluentes líquidos no tratados por frigoríficos, sin analizar el suelo, ni las napas de agua, ni del acuífero ni de arroyos o ríos circundantes. Considera que la pericia es una “fotografía” no del estado del suelo, del acuífero o de las napas de agua, sino de lo hallado en una muestra tomada en el encharcamiento de agua producido en la cava el día del hecho. Pero esa imagen está fuera de foco, porque al no contar la experta con protocolos o con información adicional, solo tiene el dato de los componentes derramados, y no del resultado ambiental que ellos efectivamente generaron. Califica que es obvio que el líquido derramado puede producir problemas de salud, pues «nadie iría a tomar el agua encharcada». Menciona el análisis realizado por su parte mucho tiempo después del día del hecho, en el que queda evidenciado que el agua en la zona no se vio afectada.
Enfatiza que la perito, a partir de un texto científico, infiere y presume —sin análisis o basamento alguno— la existencia de contaminantes que no fueron descriptos en el informe de la Autoridad del Agua. Invoca la prueba que acompañó para demostrar que los líquidos tratados en el frigorífico son naturales y orgánicos, libre de componentes peligrosos.
Dice que los líquidos derramados no fueron absorbidos por la tierra de la cava ni se contaminaron las napas de agua.
(iv) En lo tocante a la limpieza de la cicuta, afirma que ello no fue invocado como un daño en el escrito de demanda ni puede entenderse comprendido en la “vaga y genérica solicitud de limpieza de la cava”. Entiende que el fallo, en este punto, viola la regla de la congruencia. Alega que su parte no tuvo posibilidad de ofrecer y producir prueba tendiente a rebatir la relación de causalidad entre la aparición de la planta cicuta en la cava y el derrame de efluentes líquidos, por lo que admitir el reclamo implicaría afectar su derecho de defensa.
(v) Subsidiariamente, cuestiona que se haya considerado acreditada la existencia de un nexo causal entre la aparición de una planta natural cuya existencia fue verificada dos años y medio después del hecho y el incidente que da origen a este proceso. Objeta también que se haga pesar exclusivamente sobre la demandada la responsabilidad por la propagación, dada la culpa de la actora.
Advierte que la perito ingeniera inspeccionó el lugar dos años después de ocurrido el hecho, por lo que es injusto que —sin más— le adjudique la existencia de esa planta al derrame proveniente de la laguna. Resalta que la perito elucubró una hipótesis y ni siquiera recorrió toda la cava, en particular el fondo u otros sectores.
Cita el testimonio del ingeniero Eduardo Martín Vaquer y remarca cómo no concuerda con la hipótesis de la perito, sustentada en una visita a la cava muy posterior al hecho que motiva el litigio. Insiste en que no es posible saber en qué heredad apareció primero esa planta y es carga de cada propietario combatirla.
Pide se revoque esta parcela del fallo (vi) También en forma subsidiaria, y para el caso en que se considere que la demandada debe responder por los costos de limpieza de la maleza, pide se le atribuya un aporte causal a la actora por su comportamiento negligente ante la falta de adopción de medidas para erradicarla y denunciarla oportunamente. Fue ella —dice— la que permitió su crecimiento y propagación por lo que debe absorber el gasto de su limpieza.
(vii) En un cuarto agravio, discute la procedencia del «mandato preventivo» dispuesto por el juez de primera instancia en el que manda a reparar el talud o, en su caso, a demostrar que se lo ha hecho. Alega que dicha reparación está acreditada en el expediente desde el momento en que se contestó la demanda, además del informe del ingeniero Otegui y las constancias de los organismos intervinientes que así lo dejaron asentado en las actuaciones labradas que permitieron reiniciar el funcionamiento del frigorífico, once días después de producido el derrame.
Se queja, además, de que la reparación quede sometida al control de la ingeniera designada como perito, quien no tiene conocimiento ni competencia para ello, debiendo ser, en todo caso, los organismos de contralor quienes lo verifiquen.
(vii) Discute, finalmente, la imposición de costas. Pone de resalto que todos los daños y perjuicios reclamados en la demanda fueron rechazados por el juez en el considerando V de la sentencia, por lo que la actora resultó perdidosa y debe cargar con las costas del proceso.
De no revocarse el fallo, entiende que la condena en costas solo debe recaer sobre los rubros que prosperaron.
III. Solución del caso.
Sin perjuicio del tratamiento integral que se dará a las numerosas cuestiones planteadas por las partes, me interesa aclarar que en el estudio y análisis de los agravios los jueces no estamos obligados a analizar todos y cada uno de los argumentos, sino tan solo los que consideremos suficientes y decisivos para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225). La doctrina judicial interamericana señala que «el deber de motivación no exige una respuesta detallada a todos y cada uno de los argumentos de las partes, sino una respuesta a los argumentos principales y esenciales al objeto de la controversia que permitan garantizar a las partes que han sido oídas en el marco del proceso» (v. mi voto en causas n° 169.503 -“Gardés...”- del 26/11/2020, n° 137518 -"Santecchia..."- del 14/2/2018, n° 163802 -"Morales..."- del 27/09/2017, n° 162854 -"Argaña..."- del 22/06/2017, 162070 -"Leguizamón..."- del 15/06/2017 y n° 163784 -“Lagos...”- del 9/11/2017, todos de la Sala Segunda de esta Cámara Departamental; Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 90; Caso Mémoli Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de agosto de 2013. Serie C No. 265, párr. 40; Caso Flor Freire vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2016. Serie C. No. 315, párr. 186).
Por razones de orden lógico y claridad expositiva, analizaré en primer lugar los agravios que refieren al presupuesto central que da soporte a la demanda: esto es, si el derrame ocurrido el 24 de julio de 2019 generó alguna forma de contaminación o daño ambiental en el lote de la firma accionante (y, en su caso, en qué consistió, concretamente, esa alteración del ambiente).
Definido ello, me detendré en las quejas de una y otra parte en los que se controvierte la procedencia y cuantía de los rubros resarcitorios. Luego, evaluaré los argumentos de la demandada vinculados al efecto no suspensivo y de ejecución inmediata que el magistrado le ha asignado a una porción de su sentencia (me refiero aquí al incidente de ejecución provisoria para el saneamiento de la zona afectada) y daré tratamiento relacionados con el mandato preventivo mediante el cual se obliga a “Campo y Faena S.A.” a realizar las obras necesarias en los piletones para evitar futuros eventos similares (o, en su caso, a acreditar que ya se hubieren realizado). Finalmente, me detendré en el agravio de la demandada referido a la imposición de las costas (art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA).
III.1. Sobre la prueba del daño ambiental.
III.1.a. El hecho central que da origen a esta controversia no ha sido objeto de debate: las partes coinciden en que el 24 de julio de 2019 se produjo un incidente en uno de los piletones de decantación de efluentes líquidos del Frigorífico Industrial Mar del Plata, ubicado en el kilómetro 387,5 de la Ruta Provincial N°2 (propiedad de la firma Campo y Faena S.A.). Un operario de la firma accionada alteró el talud contenedor de una de esas lagunas, lo que generó una rajadura y un derrame de líquidos que se vertieron hacia una cava ubicada en el lote lindero, propiedad de “El Casal Sociedad Anónima Comercial, Agropecuaria e Inmobiliaria” (en adelante, más sencillamente, “El Casal”).
La actora alegó que el ingreso de los líquidos provenientes del frigorífico afectó gravemente su propiedad y ocasionó daño ambiental, imposibilitando la cría de ganado bovino, la siembra y la actividad agrícola-ganadera. Invocó una serie de perjuicios patrimoniales y morales y exigió, además, que la accionada sea condenada a limpiar la cava y toda la extensión del lote afectado por el vuelco. Solicitó la recomposición integral de los daños ambientales ocasionados, eliminando los agentes contaminantes del lugar. La demandada, a su turno, no negó el hecho (que calificó como un suceso aislado producido por un error de uno de sus dependientes en la operatoria de una máquina) aunque negó que el derrame haya generado daño ambiental. Negó también que el líquido que ingresó a la cava sea tóxico (refirió que son orgánicos, no peligrosos, y que se decantan y evaporan) y alegó que es material propio de la industria alimenticia sujeto a un riguroso control de agencias estatales. Controvirtió además la extensión de la superficie afectada y objetó la procedencia de los rubros resarcitorios contenidos en el escrito de demanda.
III.1.b. El juez de primera instancia, en consonancia con lo alegado por la actora, consideró demostrado el daño ambiental sobre la base de las conclusiones expuestas por la perito ingeniera agrónoma Andrea Recchimuzzi en su dictamen del 03/03/2022 y sus ampliaciones del 26/03/2022 y 09/08/2022.
Buena parte de los agravios de la accionada apuntan a cuestionar la solidez técnica y el valor probatorio de la labor pericial de la Ing. Recchimuzzi. Alegó que la ingeniera no tomó muestras ni hizo estudios del suelo de la cava y solo analizó los estudios de la Autoridad del Agua efectuados sobre los líquidas derramados. Entendió que no se probó la afectación de las napas de agua y que, en lo tocante a los agentes contaminantes, la experta hizo una inferencia sin rigor científico ni prueba que la avale. También discutió el razonamiento con el que concluyó que la cicuta hallada en la cava ingresó a través de los líquidos derramados. Dividiré el tratamiento de estos argumentos según refieran a los dos aspectos que conforman el daño ambiental al que hizo referencia la Ing. Recchimuzzi en su dictamen: la aparición de una maleza tóxica en la cava de la actora y la alteración de la calidad del suelo y agua con motivo de los agentes contaminantes presentes en el efluente derramado.
III.1.b.i. Sobre la presencia de la cicuta Concuerdo con el juez de primera instancia en que la pericia de la Ing. Recchimuzzi constituye un elemento de convicción suficiente para considerar acreditado que el derrame de efluentes provenientes del Frigorífico produjo en la cava la aparición de una maleza que es tóxica para el ganado y que afectó la calidad del suelo de conformidad con el uso que le daba la parte actora.
Los agravios de la demandada que a este tópico refieren deben ser desestimados (art. 375 y 384 del CPCCBA).
La perito ingeniera expuso en su dictamen que el derrame ocasionado el 24 de julio de 2019 produjo «daños en la propiedad del demandante», incluyendo la «incorporación de cicuta (Conium aculatum sp) planta tóxica para los animales» (punto de pericia N°1). Identificó con precisión los indicios a partir de los cuales pudo inferir esa conclusión, incluyendo las especies existentes en otras zonas (el cardo negro y gramíneas propias del pastoreo) y otros elementos que le permitían razonar que en el lote de la actora hubo «alta carga de animales y fertilidad del suelo» (punto cit.), lo cual es incompatible con una presencia anterior de la cicuta, habida cuenta su alta toxicidad para los animales.
En su ampliación del 26 de marzo de 2022, la ingeniera descartó que la población de esa maleza pueda provenir del “banco de semillas” de la cava mediante una afirmación que, a mi modo de ver, carece del defecto que la apelante le endilga. Recchimuzzi señaló que esa conclusión tiene soporte en un indicio que se aprecia como suficiente: el hecho de que la maleza está presente justo debajo del sector del derrame y en el campo del frigorífico, a la vez que —según dijo— «[n]o nacen todas juntas, en esa cantidad y en una zona particular. Si hubiese habido en el banco de semillas de la cava debiera encontrarse en toda la superficie de la misma, y no sectorizada de la forma como ya referí en el sector donde fue el derrame» (punto 1, 2, y 13 de la ampliación del dictamen del 26/03/2022).
Contrariamente a lo alegado por la demandada en su memorial, las conclusiones de la perito se encuentran suficientemente fundadas y permiten tener por demostradas dos circunstancias de hecho alegadas por la actora en su demanda: la primera, que el derrame produjo la incorporación de una maleza que antes no existía en la cava (la cicuta). La segunda, que esa planta impide la actividad ganadera habida cuenta su alta toxicidad para los animales por la presencia de alcaloides (art. 375, 384 y 474 del CPCCBA; v. puntos de pericia citados).
Es cierto que el testigo Vaquer propuso una hipótesis distinta con relación a la causa de la presencia de la cicuta, pero la diferencia no tiene el efecto procesal que la recurrente pretende extraer de ella.
Vaquer difiere con la perito en cuanto al lugar en el que originariamente se encontraban las semillas que luego crecieron, pero coincide en el punto más importante: el aporte causal que tuvo el derrame. Este último, a su criterio, no arrastró las semillas de un lote a otro, sino que generó las condiciones propicias para que la semilla de la maleza se reproduzca. De hecho, el testigo también destacó —como lo hizo Recchimuzzi— la coincidencia física entre el espacio del derrame y la presencia de la cicuta. En otras palabras, para uno y otro el vertido de los efluentes ha sido la causa determinante y fundamental de la alteración de la tierra de la cava, sea por arrastrar la semilla de un lote a otro (como dice la perito), o bien por generar las condiciones para que la planta crezca y se reproduzca (como dice el testigo Vaquer).
Es por ello que las objeciones que la demandada postuló sobre esta parcela del dictamen pericial deben ser desestimadas (art. cit.). Por otra parte, y contrariamente a lo argumentado por la demandada, no veo que se haya afectado el principio de congruencia al evaluar la presencia de cicuta en la cava y considerar este hecho al definir la procedencia del daño patrimonial generado por la necesidad de realizar tareas de limpieza (punto este último sobre el que me referiré más abajo).
La actora promovió su demanda alegando que el derrame de efluentes proveniente de la laguna de la demandada produjo daño ambiental, una multiplicidad de perjuicios patrimoniales (incluyendo la imposibilidad de realizar actividad agrícola-ganadera) y exigió «la limpieza de la cava y de toda la extensión del lote afectado propiedad de mi mandante» además de la «recomposición integral de los daños ambientales causados». Ofreció para ello prueba pericial en ingeniería agrónoma para dilucidar «si sufrió desmedro alguno para la utilización (...) con fines agrícola-ganaderos» y establecer «si con motivo de los hechos ocurridos y relatados (...) se produjeron daños en el predio (...) en su caso, cuáles y en qué consisten». Quiero decir con ello que, desde el inicio, la demandada supo que su contraria postuló una hipótesis de hecho concreta y precisa (la producción de un daño ambiental en su lote) cuya magnitud y características específicas debían ser dilucidadas por un experto en la materia (arg. art. 457 del CPCCBA). Esto último motivó una actividad probatoria pericial sobre la que la accionada pudo ejercer todas las prerrogativas de control que la ley procesal le otorga. De hecho, en la audiencia del 4 de marzo de 2022 el juez le dio la oportunidad de preguntarle libremente a la perito lo que desee (minuto 28:00 en adelante), sin perjuicio de poder luego exigir por escrito las precisiones que estime conveniente (cosa que finalmente hizo).
Ni el análisis del material probatorio en orden a considerar acreditada la presencia de la mencionada maleza, ni la consideración de este presupuesto de hecho como constitutivo de un daño patrimonial por costos de limpieza, constituyen decisiones que afectan el postulado de la congruencia ni el derecho de defensa de la demandada (arg. art. 34.4 y 163.6 del CPCCBA). Por último, tampoco tiene razón la recurrente cuando le imputa a la actora haber contribuido, con su pasividad, a que la maleza crezca y se propague. Es la accionada la que se encuentra en mora en efectuar el saneamiento de la zona afectada y, en particular, a costear las tareas que exige la remoción de la cicuta. Si el tiempo ha pasado, y esas labores no se han efectuado, es porque la demandada nada ha hecho por reparar los daños que generó y no le ha abonado a la reclamante las sumas de dinero que permitan costear esa limpieza.
Ninguna norma ni principio general del derecho impone al acreedor el deber de realizar las erogaciones necesarias para evitar los daños derivados de la mora de su deudor (arts. 886, 1716, 1726, 1737 y cctes. del CCyC; mi voto en c. 161257 –“Pellizzi, Christian M.”- del 06/10/2016).
El planteo, por este motivo, es inadmisible (arts. cit.).
III.1.b.ii. Sobre la presencia de otros agentes contaminantes También fue objeto de debate la existencia de otras consecuencias nocivas para el lote de la actora, distinta de la ya analizada presencia de la maleza tóxica. Me refiero aquí al efecto contaminante de los componentes contenidos en el efluente derramado en la cava.
La perito Recchimuzzi, al responder el punto N°5 en su dictamen del 03/03/2022, señaló que «la fertilidad de la tierra tuvo que ser afectada pero no tengo datos de análisis de suelo para determinarlo». En la ampliación del 26/03/2022, agregó que «la fertilidad del suelo tuvo que ser afectada por las razones del tipo de líquidos vertidos y la aparición de la cicuta» no obstante aclaró que sobre este tema «podré explayarme más cuando cuente con los resultados del acta de inspección de la autoridad del agua (ADA)». Luego de corroborado el informe de esta última dependencia, la ingeniera señaló en su presentación del 9/08/2022 que «los agentes contaminantes identificados en la autoridad del agua (ADA) son coliformes fecales que han causado daño ambiental», los cuales —dijo— alteran la calidad sanitaria del agua y generan problemas gastro intestinales en el ser humano, con daño en la salud de la población.
Refirió que los resultados reflejan que «el agua está contaminada», aunque no se sabe cuáles son los contaminantes (presentación citada, apartado 9). Agregó —citando una guía sobre tratamiento de aguas— que «considero que estos componentes estaban y causaron daños ambientales. Por ejemplo, los nitratos son altamente solubles y no son retenidos por las cargas negativas de los coloides del suelo, de modo que se mueven libremente con el agua del drenaje, a través del perfil hacia los acuíferos. Altos niveles de nitratos en el suelo pueden conducir a niveles relativamente altos de nitratos en el agua de consumo, lo cual afecta adversamente la salud humana. Considero que el agua decantada, poseía niveles importantes de los mismos» (punto citado, ampliación del dictamen del 09/08/2022).
El estudio de la Autoridad del Agua al que refiere la experta es aquel que se hizo en la inspección obrante en el Acta Serie D N°1982, en la que se tomaron muestras del efluente líquido, una en la laguna y otra en la cava (v. fojas 8 y 9 del expediente de Actuaciones Prevencionales de la Delegación de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas de Mar del Plata, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires). Sobre tales muestras, la Autoridad del Agua aclaró a pedido del juez de primera instancia que la identificada como CH-99 arrojó resultados objetables en coliformes fecales, en tanto que la muestra identificada como CH-100 arrojó resultados objetables en SS10´, DBO, DQO y coliformes fecales. Bien vale aclarar que la muestra CH-100 es, según surge del tenor del Acta N°1982, aquella que contiene líquido sacado de la cava (v. presentación electrónica del 12/04/2022).
No pierdo de vista que la Autoridad del Agua analizó el contenido de los efluentes derramados sobre la base de muestras extraídas el 27 de julio de 2019 y no sobre las napas subterráneas en el área del lote de la actora. Es decir, los resultados que arrojaron esos estudios no versan sobre el estado del suelo y de las napas ubicadas en el sector afectado de la propiedad de la reclamante, sino de los líquidos que estaban ubicados en la laguna de la demandada y que fueron vertidos en la cava.
“Campo y Faena S.A.” destacó esta circunstancia para criticar el razonamiento de la perito Recchimuzzi. Consideró erróneo concluir que existió contaminación en el suelo de la cava contando solo con un estudio de los líquidos vertidos, los cuales —dice— eran previsiblemente no aptos para consumo humano.
Más allá de alguna precisión que realizaré sobre el modo de interpretar el dictamen de la experta, entiendo que la pericia no tiene los defectos que la recurrente le endilga.
Es cierto que Recchimuzzi no se valió de un estudio de suelo y agua realizado sobre la zona afectada en el lote de la actora para, de allí, concluir que hubo un daño ambiental. Su razonamiento fue distinto, pero igualmente válido: sobre la base de un estudio de las cualidades del líquido derramado (el ya mencionado estudio de la ADA), lo que hizo fue inferir que los componentes hallados debieron afectar el suelo y el agua en la propiedad de la accionante. Los estudios citados, entonces, no corroboran directamente la contaminación de la cava, sino la aptitud contaminante de los efluentes derramados. Es a partir de lo segundo (los componentes del líquido) que la perito infiere lo primero (la contaminación).
Este modo de razonar explica los tiempos verbales y los giros lingüísticos que utiliza la ingeniera y que, a una primera lectura, parecieran carecer de la contundencia que uno espera en un dictamen técnico (“la fertilidad de la tierra tuvo que ser afectada” -punto 5 del dictamen del 3/3/22-; “si fuera tierra contaminada...” -punto 11 de la ampliación del 26/3/22-, “al haber sido derramados sin el debido tratamiento/saneamiento, también habrían contribuido al daño ambiental” -punto A de la ampliación del 11/2/23- y “es posible la existencia de otros componentes...” -ídem, punto B-).
Pero, reitero, el razonamiento no es defectuoso, como alega la demandada. Y ello es así por dos motivos.
Primero, porque la perito indicó en numerosas ocasiones que es necesario realizar un estudio de suelo para corroborar el estado actual del terreno y la real dimensión de la contaminación resultante. Es decir, la experta nunca pretendió ocultar que su razonamiento se construía sobre la base de una omisión: las partes no le brindaron una herramienta que hubiera colaborado a efectuar mayores precisiones sobre el estado actual del suelo, a varios años de ocurrido el hecho (tal es el estudio de suelo que finalmente se presupuestó a pedido de este Tribunal en su ampliación del 11/08/2023 y que seguramente sea necesario hacer en la etapa de conformación del plan de saneamiento y recomposición ordenado por el juez).
En otras palabras, la auxiliar de la justicia ha trabajado con los elementos que ha tenido a su disposición y que son los que las partes han decidido aportarle para elaborar su dictamen con el objetivo de probar los presupuestos de hecho en los que una y otra sostenía sus respectivas pretensiones y defensas. Dicho a la inversa: si la profesional no tuvo en su poder mejores elementos de convicción —producidos en el marco del expediente y con debido control recíproco de las partes— es porque los litigantes no ofrecieron su producción.
En segundo lugar, y aquí lo que más me interesa destacar, su razonamiento no constituye una elucubración infundada pues una ingeniera agrónoma tiene incumbencia profesional —y conocimientos científicos suficientes— para afirmar que determinados componentes químicos hallados en un líquido (aquellos que describió la ADA en el informe adjunto a la presentación del 12/04/2022) generan una determinada consecuencia adversa en el suelo en el que se derrama, alterando el equilibrio del ecosistema. De allí que la información aportada por la ADA le bastó para concluir que esos líquidos, portantes de agentes identificados como SS10´, DBO, DQO y coliformes fecales, han generado un daño ambiental en la zona de la cava.
De hecho, el informe remitido por Obras Sanitarias Sociedad del Estado a pedido de este Tribunal (v. medida para mejor proveer del 14/07/2023) terminó por corroborar —en buena medida— las inferencias de la ingeniera.
Los estudios técnicos aportados por la Gerencia de Calidad y la Gerencia de Energías Renovables y Recursos Hídricos de OSSE dan cuenta que, luego de producido el hecho, la calidad del agua del pozo n° 308 se degradó con relación a parámetros como el nitrato y el cloruro (v. informe adjunto a la presentación del 12/09/2023).
Esto último tiene una importancia superlativa en lo que al tópico aquí analizado se refiere, dado que con relación a los nitratos la Ingeniera Recchimuzzi —aun sin conocer los estudios de OSSE— había anticipado en varias oportunidades que son un componente altamente soluble y no retenido por las cargas negativas de los coloides del suelo, por lo que se mueven libremente en el agua del drenaje a través del perfil hacia los acuíferos. Altos niveles de nitratos en el suelo pueden conducir a niveles relativamente altos de nitratos en el agua de consumo (v. punto C del informe ampliatorio presentado ante esta Sala el 11/08/2023; en igual sentido ampliación del 9/08/2022, último párrafo del punto II).
En el gráfico N°1 del informe de OSSE se muestra la evolución histórica de los valores de nitrato del agua proveniente del pozo N°308 (contiguo a los lotes de ambos litigantes) y se desprende allí que los últimos muestreos correspondientes a los meses de abril y mayo de 2023 han incrementado significativamente. Son los propios autores de la pieza, expertos en la materia, los que advierten que ello es un «indicador de la posible afectación de la calidad por los vuelcos mencionados», refiriéndose con ello al derrame producido desde la laguna de la accionada (v. página 2 del informe adjunto a la presentación del 12/09/2023, el subrayado me pertenece).
Luego del accidente también se alteraron los registros históricos del contenido de cloruros, tanto en las muestras obtenidas durante 2022 —que cumplen con los límites del Anexo A de la Ley provincial 11.820— como de aquellas muestras obtenidas en períodos anteriores, las cuales arrojaron valores que superan dicho límite.
El estudio contrasta los valores del pozo N°308 con los pozos cercanos N°304 y 305 (cuyos valores se mantuvieron estables a lo largo de más de dos décadas), concluyendo que “existe una modificación de la calidad del agua subterránea extraída por el pozo n°308 que no es concordante y no se evidencian en los restantes pozos de OSSE mencionados, por lo que deben ser consideradas las actividades antrópicas cercanas para analizar los efectos destacados” (v. informe suscripto por Marcelo Omar Scagliola y Luis Alberto Mérida, adjunto a la nota cit.).
La contundencia del informe de OSSE no solo convalida la solidez técnica y la precisión de los razonamientos volcados por la ingeniera agrónoma en su dictamen pericial, sino que permite desestimar de plano el argumento de Campo y Faena S.A. invocado al responder la demanda —y replicado en su memorial— de que los efluentes son líquidos naturales, orgánicos, no tóxicos, y que se evaporan como el agua de lluvia o se escurren o decantan sin consecuencia alguna.
Es evidente que ello no es así: esos líquidos, que se han salido del sistema de tratamiento que les es propio en el marco de la actividad frigorífica, poseen componentes que tienen la aptitud de generar —y efectivamente generaron— consecuencias nocivas en el suelo y el agua de la tierra en la que se vierten. No solo el derrame motivó la presencia indeseada de malezas que antes no estaban presentes en la cava de la accionante, sino que ha quedado demostrado que los efluentes volcados tenían componentes con capacidad contaminante que alteraron la calidad del agua de la zona y, con ello, el equilibrio del ambiente (art. 27 de la Ley 25.675).
Concuerdo por ello con el juez de primera instancia en que el daño ambiental ha quedado suficientemente acreditado y los agravios de la demandada, en cuanto a este punto refieren, deben ser desestimados (art. 375, 384, 474 y cctes del CPCCBA).
III.2. Las consecuencias derivadas de la contaminación Analizados los agravios relativos a la prueba del daño ambiental, corresponde evaluar las quejas que una y otra parte formularon sobre los rubros resarcitorios y las obligaciones de hacer impuestas a la demandada (sanear y remediar la zona afectada en el lote de la actora y realizar las obras en los piletones para evitar un incidente similar en el futuro). Me detendré en estos puntos en los acápites subsiguientes.
III.2.a. Sobre el daño moral La actora cuestionó el rechazo del rubro daño moral, por considerar que el relato de los testigos Sola, Solano, Albarracín y Vaquer prueban la afectación al buen nombre, fama, crédito comercial y trayectoria de la firma reclamante.
En primer lugar, comparto —y no creo necesario reiterar aquí— las apreciaciones teóricas, conceptuales y jurisprudenciales que el juez expuso en su sentencia sobre el encuadre del daño reclamado y la imposibilidad técnica de que una persona jurídica sufra un daño moral resarcible en los términos del art. 1741 del CCyC. En la mejor interpretación posible de la pretensión de la actora, debo considerar que lo que ha reclamado, más allá del nombre técnico que le asignó al rubro, es la reparación de los daños patrimoniales derivados de la afectación a su reputación comercial, a su buen nombre y prestigio en el mercado.
El punto es que, como también correctamente indicó el magistrado, la prueba no es suficiente para probar el invocado desprestigio que el hecho le ocasionó, ni la alteración de su reputación comercial o buen nombre del que gozaba antes del accidente. De hecho, tampoco está claro cuáles serían los hechos o circunstancias que podrían, aun en clave indiciaria, dar cuenta de ese descrédito comercial.
Los testigos solo narraron los previsibles olores que emanaban del efluente derramado, pero nada dijeron —pues nada se les preguntó— sobre el modo en que el hecho afectó la reputación comercial de la sociedad anónima propietaria del campo o cuales quiera sean las demás circunstancias que darían cuenta de ello (que la demanda tampoco menciona en su escrito inicial). Como más abajo se analizará en detalle, la actora reconoció que la tierra de la cava no se comercializaba a terceros por prohibición del municipio y la actividad ganadera se efectuaba con hacienda propia, sin celebrar contratos de pastaje o pastoreo con terceros, todo lo cual dificulta aún más comprender de qué modo se gestó el alegado descrédito de la compañía.
Entiendo que un reclamo de esta naturaleza exigía un mayor esfuerzo tanto de alegación (en cuanto a la claridad de los presupuestos de hecho que daban sustento a la pretensión) como de prueba (para demostrar los sucesos que permitirían inferir la merma en su reputación en el rubro o ámbito en el que opera) [arts. 330 y 375 del CPCCBA].
No demostrada la base fáctica del reclamo, la desestimación del parcial debe ser confirmada. Propondré al acuerdo rechazar el agravio (arts. 330 inc. c y d, 375 y cctes. del CPCCBA).
III.2.b. Sobre el daño derivado de la imposibilidad de extraer tierra. En el considerando «V.a.v» de su sentencia, el juez desestimó el daño patrimonial derivado de no poder aprovechar la cava para extraer tierra en beneficio propio. Reparó en el hecho de que el municipio local informó que la propietaria del lote no está habilitada para extraer tierra y la intimó a que cese toda actividad. Además, destacó que la propia presidenta de la sociedad accionante dejó constancia en el acta del 05/08/2019 que la Municipalidad no les permite extraer tosca habida cuenta las urbanizaciones cercanas, lo que motivó que la empresa esté “intimada a no usar esa cava”. El argumento central que sostiene el agravio de la actora es que la prohibición municipal solo refería a la actividad comercial, entendiéndose por esto último a la utilización de la tierra para venta a terceros. Ello no comprendía, dice, el uso de la tierra para beneficio propio.
El agravio tampoco prospera.
El distingo entre actividad comercial (para venta a terceros) y la extracción beneficio propio (para el uso en el tambo y otros sectores del inmueble) es artificioso, y constituye una interpretación forzada de los alcances de las órdenes municipales e incluso de las propias expresiones de la Sra. Sola en el acta notarial del 05/08/2019.
En esta última oportunidad, la nombrada afirmó que “la empresa está intimada a no usar esa cava”, giro que es lo suficientemente claro como para deducir que allí se está refiriendo a toda actividad extractiva, y no únicamente a la que tiene por propósito vender o comercializar la tosca. De hecho, el argumento municipal que allí mencionó la Sra. Sola (en el acta se lee: “aduce [el poder ejecutivo local] que los alrededores se está urbanizando”) no es compatible con el distingo entre una extracción para uso propio o para comercialización. Es evidente para mí que ese fundamento refiere indistintamente a todo tipo de actividad de extracción, y no solo a la que tiene un propósito comercial. Por otra parte, la creación o la ampliación de una cava para extraer tosca es una actividad minera de tercera categoría, la cual tiene una importante regulación en el ámbito del Partido de General Pueyrredón, comprensiva de la extracción de arena, canto rodado, pedregullo, tosca, rocas, entre otras. No hay prueba de que “El Casal...” haya tenido en el pasado o tuviere en miras en el futuro poseer una habilitación municipal —o de cualquier otra autoridad estatal competente— para efectuar la actividad extractiva, cualquiera sea el destino del producto extraído (arts. 1, 2 inc. “a” y cctes. de la Ordenanza Nro. 6364 de la MGP). Ello sin contar con el impacto ambiental que puede generar la ampliación de una cava a través de una actividad extractiva clandestina (véase el acta de las Jornadas de Trabajo tituladas «Cavas como pasivo ambiental», realizado en el Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, el 8/06/2018; disponible en http://www.concejo.mdp.gob.ar/legislacion/actas_especiales/Jornadas%20de%20Trabajo/Jornada%20de%20Trabajo%20C avas%20como%20Pasivo%20Ambiental%208-6-18.pdf; el tema, en detalle, en el informe de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo titulado «Problemáticas de la Cuenca: cavas y canteras», disponible en https://www.acumar.gob.ar/prensa/problematicas-cmr-cavas-canteras -último día de visita, 27/11/2023-) El reclamo resarcitorio resulta por ello improcedente dado que no pueden invocarse a título de daño patrimonial las consecuencias económicas derivadas de una actividad furtiva o que las autoridades locales calificaron —genéricamente, y sin distingo alguno— como ilegal, prohibiendo su continuación (art. 1737 del CCyC).
Propondré al acuerdo rechazar el agravio de la actora y confirmar la decisión (art. 375 del CPCCBA).
III.2.c. Sobre el daño derivado de la imposibilidad de vender el lote. El colega de la instancia anterior desestimó el reclamo por daños derivados de la presunta frustración de alquiler o venta por pérdida de su valor. Entendió que no se probó la pérdida de una chance de celebrar uno u otro tipo de negocios. En particular, destacó que no se demostró que haya existido alguna tratativa para concretar una operación que se hubiere frustrado por el derrame. Además, refirió que la demandada ha sido condenada a recomponer el ambiente afectado, por lo que el daño carece de certeza.
En sus agravios, la accionante destaca el testimonio del Ingeniero Vaquer, el cual dio cuenta de ofertas a “El Casal” por el lote y también de la pérdida del valor de la tierra afectada. Alega que la orden de recomposición no impide considerar que, en la actualidad, su patrimonio se ha disminuido y ello debe ser indemnizado “independientemente de la suerte que pueda correr más adelante”. Exige la indemnización del daño considerando los valores de antes y después del hecho y la superficie de 19 hectáreas del lote desvalorizado.
La decisión del juez ha sido la correcta y debe ser confirmada.
Al momento de describir los perjuicios generados por el derrame, la actora señaló en su demanda que “hubo que trasladar a los animales existentes en ese lugar a otras instalaciones, no pudo hacerse siembra ni nada, mucho menos alquilárselo o vendérselo, ocasionando una directa privación de su aprovechamiento económico” (el subrayado me pertenece).
Por fuera de las palabras subrayadas, no hay en el escrito inicial ninguna otra referencia o explicación al rubro que aquí se analiza.
Si se afirma única y exclusivamente que el hecho impidió la venta de la propiedad, lo que debo interpretar es que lo que está afirmando “El Casal” es que el hecho frustró una operación concreta (un potencial comprador que desistió de una voluntad de compra) o cuanto menos los forzó a desistir de una voluntad de vender la propiedad (por caso, cesando en los intentos de conseguir un potencial comprador para vender el lote completo o el fragmento en el que se encuentra la cava, retirándolo de las de algún corredor, etcétera).
Esta lectura es la que hizo el juez de primera instancia, cuya decisión comparto plenamente: no hay ningún elemento de convicción —por fuera de una breve mención de un testigo comprendido en las generales de la ley— que permita dar por acreditado que hubo un negocio en ciernes que se haya frustrado, o una estrategia de venta concreta de la cual la actora haya tenido que desistir. De hecho, la Sra. Solá contó que es propietaria del campo desde hace más de ochenta años, cuando lo heredó de su padre, y no mencionó ninguna voluntad tendiente a modificar su relación con el lote, vendiéndoselo total o parcialmente a un tercero.
En otras palabras, no se probó la chance de venta que se supone frustrada por el derrame de los efluentes (art. 375 del CPCCBA). No paso por alto que en el memorial la actora amplía —y en buena parte modifica—el contenido aquél lacónico párrafo de su demanda, cambiando sustancialmente el sentido de su narrativa y la naturaleza de su reclamo. Alega en instancia recursiva que lo que reclama es, en verdad, el menor valor de reventa de su lote. Es decir, pide que se le indemnice la merma en el valor de la tierra como consecuencia de su contaminación. A tal punto se altera el contenido de lo originalmente demandado que presenta en instancia recursiva un detalle, inexistente en su escrito postulatorio, donde refiere a la cantidad de hectáreas precisas sobre las que desea que se calcule el perjuicio.
El planteo es inadmisible pues no es eso lo que se reclamó en el escrito de inicio (arts. 34.4, 163.6 y 272 del CPCCBA).
En la causa “Goicochea” afirmé que a la luz de lo normado en el artículo 330 incisos 3 y 4 del Código de Procedimientos, quien incoa una demanda tiene la carga de formular todas las pretensiones que conforman el objeto procesal (la «cosa demandada» en los términos utilizados por la norma) y debe procurar describir con suma claridad todos los hechos en los que ese reclamo se funda. Carlo Carli bien dice que «al promover la demanda, el actor propone un esquema temático de cuestiones jurídicas que en definitiva serán objeto litigioso y que constituirán el thema decidendum; aquel esquema se completa con la contestación de demanda, porque sobre las admisiones y negaciones del demandado se determina cuáles serán los hechos controvertidos ("cuestiones litigiosas") y cómo se distribuirá la carga de la prueba» (Carlo Carli, "La demanda civil", Aregua Lex, La Plata, 1994, pág. 267; mi voto en causa 143.753 -"Ferraro..."- del 23/03/2010; Sala II, causa n° 165597 -"Goicochea, María Rosa c/ Clínica Privada Pueyrredón S.A. y ot. s/ Daños y perjuicios", sentencia del 11/12/2018).
Es al momento de demandar donde el pretensor, si se me permite la expresión, debe mostrar todas sus cartas y someterlas a debate y prueba frente a la contraria, garantizando de esta manera la bilateralidad y el contradictorio y permitiendo el más amplio ejercicio del derecho de defensa de la parte demandada (art. 18 de la CN; mi voto en fallo cit.). Hay una enorme diferencia entre alegar que no se pudo vender el campo [que, reitero, es lo que afirmó escuetamente “El Casal” al demandar] y afirmar que, en una hipotética venta futura, el valor de la tierra será menor [que es lo que ahora plantea en su memorial].
Son dos pretensiones resarcitorias completamente distintas que motivan cargas probatorias sustancialmente diferentes. Para lo primero, es menester acreditar la chance frustrada de celebrar un negocio concreto o probable; para lo segundo, es necesario determinar cuál es la merma resultante en el valor de la tierra una vez realizadas las actividades de limpieza y saneamiento.
Es cierto que el menor valor de la tierra fue un tópico mencionado por la perito Recchimuzzi y por el testigo Vaquer en la audiencia del 04/03/2022. Pero como he dicho en otra oportunidad, y creo necesario reiterar ahora, «la prueba no es el ámbito para que aparezca información novedosa relacionada con el hecho fundante del reclamo o que permita determinar el contenido concreto de una pretensión, sino para que —eventualmente— se corrobore si un suceso ocurrió o no como lo invoca quien soporta la carga de la prueba (mi voto en c. 173662 –“Noguera, Cecilia Antonella c/ La Costera Criolla SRL y ot. s/ Daños y Perjuicios”, del 09/08/2022).
Una sentencia que transforme el resultado y la función de la prueba en un elemento de la demanda que ha sido omitido (en este caso, una pretensión indemnizatoria) sería un acto jurisdiccional claudicante y eventualmente anulable por incurrir en una flagrante violación al principio de congruencia (art. 34 inc. 4, 163 del CPCC; fallo cit.).
En el considerando «III.1.b.i.», expliqué que la actora puede reclamar la limpieza y saneamiento de toda la cava y ofrecer el medio probatorio pericial para dilucidar en qué consiste la contaminación alegada y cuál es su verdadera magnitud. Hay allí un hecho controvertido para cuya dilucidación se «requiriere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada», como prescribe el art. 457 del CPCCBA. Es por ello que, expliqué, incluir a la presencia de la cicuta dentro de los presupuestos fácticos de uno de los rubros resarcitorios no viola la congruencia.
Pero muy distinto es lo que ocurre en este rubro. La actora no puede pretender que del resultado de una prueba pericial basada en conocimientos científicos de la materia agropecuaria emerja un elemento de hecho con el que se pretende dar soporte fáctico a un daño patrimonial que, además de no haber sido invocado en la etapa postulatoria, tiene una clara naturaleza comercial que escapa a las incumbencias profesionales de la perito sorteada (pues para determinar pérdida de valores venales es menester dilucidar, con un experto con incumbencias profesionales suficientes, cuánto vale la tierra, cuánto menos puede valer si se la oferta en el estado en que se encuentra -sujeta a un proceso de saneamiento-, etcétera).
La propia Ing. Recchimuzzi reconoció en su dictamen del 03/03/2022 que cotizar campos o lotes no es algo que forme parte de sus incumbencias profesionales dado que para responder el punto N°8 debió “consultar a una inmobiliaria de la zona”.
En resumen, el rubro, tal como ahora se lo propone en instancia recursiva, es inadmisible y, a todo evento, no ha sido probado mediante las pruebas pertinentes (arts. 34.4, 163.6, 272, 375 y cctes. del CPCCBA).
Propondré al acuerdo rechazar el agravio en estudio y confirmar la decisión apelada (arts. 300 inc. “a” y “b” y 375 del CPCCBA)
III.2.d. Sobre la actividad ganadera En la sentencia apelada también se desestimó el reclamo vinculado con la actividad de cría de ganado bovino (considerando «V.a.iv.»). El juez entendió que, si bien se probó la presencia de la cicuta, no se demostraron las erogaciones generadas a raíz de la imposibilidad de utilizar el sector afectado por el derrame. Señaló que tampoco se probaron contratos de pastoreo celebrados con terceros y que la Sra. Solá afirmó que la cava se usaba para tener “algo de hacienda en los bordes”, que era “propia y que se utilizaba poco el sector con animales”.
La actora critica esta parcela del fallo, citando las declaraciones del testigo Vaquer, Solano y la absolución de la Sra. Sola. Califica como “obvio” que los animales que ya no pueden estar en la cava debieron ser reubicados en otros lotes, sumándolos a otras parcelas en las se superaba el valor de referencia de dos cabezas por hectárea, y que todo ello afectó el rendimiento y la productividad. Dijo también que ello se tradujo en molestias y costos derivados del traslado de urgencia de la hacienda el día el hecho. Considera “básico” entender que la alimentación de los animales se vio reducida al tener que poblar con más ganado otras zonas, a la vez que —refiere— tuvo que complementarse con compra de alimento, mayor demora en el engorde, etcétera (v. primer agravio del memorial del 27/04/2023).
Refirió también que esa sola imposibilidad de utilizar la cava —a lo que agrega una extensión de 19 hectáreas en total, en la que se encuentra la zona afectada— configura un daño patrimonial, el cual perdura hasta la actualidad. Argumentó que el valor del alquiler se utilizó como parámetro para cuantificar la indemnización, no porque celebre contratos de pastoreo con terceros, sino como modo de resarcir la imposibilidad de utilizarlo con hacienda propia.
Comparto lo decidido por el magistrado. Por varios motivos.
En primer lugar, debo remarcar nuevamente la diferencia sustancial entre lo afirmado y reclamado en la demanda y lo que ahora se expone y argumenta en la expresión de agravios.
Lo único que se dijo en el escrito de inicio sobre este rubro es que luego del derrame no pudo continuarse con la actividad de cría de ganado y que “hubo que trasladar a los animales existentes en ese lugar a otras instalaciones”. Nada más se dijo; nada más se explicó.
No es posible saber si se reclamaron los costos de esos traslados o a qué instalaciones fueron transportados los animales (y si ellas eran de terceros que percibieron una remuneración por ese servicio). Nada se dijo sobre los ahora mencionados gastos de alimentación, el supuesto menor engorde resultante, la afectación del rendimiento del animal en el nuevo lugar donde fue llevado (cualquiera sea, propio o de tercero), o valores de referencia de cantidad de animales por hectárea (y si ello impactó en el rendimiento económico de la actividad).
Es decir, el memorial brinda una explicación minuciosa de perjuicios patrimoniales que debieron ser detallados en el escrito de inicio, de modo de asegurar el debido contradictorio y permitir que sea objeto de prueba (arts. 18 CN, 272, 330 y 382 primer párrafo del CPCCBA). Doy por reproducido aquí todo aquello que ya dije en el acápite anterior sobre la relación entre el detalle preciso de la pretensión y el resguardo del derecho de defensa de la contraria (art. 18 CN).
Tampoco puede concebirse que el perjuicio patrimonial derivado de la imposibilidad de uso del sector afectado por el derrame sea de tipo in re ipsa, eximiendo a la reclamante de la carga de producir prueba su respecto. Tal pareciera ser la posición asumida por la recurrente y que explicaría los calificativos de “básico” u “obvio” con el que adjetiva en su memorial a la ya referida plétora de circunstancias que no fueron mencionadas en la demanda.
De la imposibilidad de criar ganado en una zona específica de un campo mucha mayor extensión no necesariamente se sigue un perjuicio patrimonial resarcible. De una cosa no puede presumirse automáticamente la otra; ni de una es posible inferir una la probabilidad elevada de que se verifique la otra, justificando de ese modo la inferencia.
Un razonamiento de este tipo hubiera requerido demostrar que la cosa [en el caso, un fragmento de un lote en el que había una cava] era usual u ordinariamente fructífera, hipótesis que la propia actora descarta en su memorial, en consonancia con lo dicho por los testigos y la presidenta de la sociedad accionante en la audiencia del 04/03/2022.
“El Casal...” reconoció que la imposibilidad de usar la cava no le impidió lucrar con ganado ajeno, dado que —según dijo— no celebraban contratos de pastoreo o pastaje con terceros. También reconoció que el derrame no los llevó a celebrar contratos de ese tipo para ubicar al ganado propio, por lo que tampoco se efectuaron erogaciones para abonar servicios de esa naturaleza. Su propio dependiente declaró que la actividad ganadera no era usual, sino “esporádica” (testigo Solano, minuto 1:19 de la audiencia del 04/03/2022). Ahora bien, si la cava no se daba en arriendo, no se usaba para lucrar con ganado ajeno mediante contratos de pastoreo o pastaje y tampoco se reubicó el ganado propio en inmuebles de terceros, la pregunta central es: ¿qué tipo de perjuicios reclama cuando en su demanda habla genérica y lacónicamente de “trasladar animales” o de “imposibilidad de aprovechamiento económico”?.
La respuesta es una incógnita porque en su escrito inaugural nada dice ni aclara y, llegado el caso, y como dije, los numerosos perjuicios que ahora tardíamente se alegan en el memorial (e.g., costos de alimentación, menor rendimiento, alteración del valor de referencia de cabeza por hectárea, etcétera) no fueron sometidos a debate con la contraria y, agrego, no fueron acreditados. Por este motivo, no pueden ser considerados como fundantes del perjuicio patrimonial cuya indemnización se reclama (arts. 18 CN, 272 y 382 del CPCCBA).
En definitiva, considero que la decisión del juez ha sido la correcta y debe ser confirmada. Propondré al acuerdo desestimar el agravio en estudio (art. 375 del CPCCBA).
III.2.e. Sobre los costos derivados de la limpieza de la cava En el considerando «V.a.vii» de su sentencia, el juez admitió el reclamo de daño patrimonial consistente en el costo de las tareas de limpieza de la maleza. Sobre la base de lo dictaminado por la perito Recchimuzzi, admitió un total de $217.800 comprensivo de 5 limpiezas de $36.000 cada una más el 21% del Impuesto al Valor Agregado.
La actora cuestiona esta decisión porque entiende que cinco limpiezas es insuficiente para paliar el daño. Pide ocho limpiezas en total, considerando que la perito dijo que serían dos limpiezas por año y que, al estimar el plazo de las obras, calculó de 3 a 4 años.
El agravio no es fundado.
La Ing. Recchimuzzi explicó al responder el punto de pericia N°1 que son necesarias varias limpiezas, cinco como mínimo, para eliminar la maleza. En todas las oportunidades en que se le preguntó en la audiencia sobre la cantidad de limpiezas necesarias siempre insistió en el número cinco, y lo que el juez quiso saber era el plazo en el cual debían ser realizadas esas cinco limpiezas, a lo cual la experta respondió que es entre 2 y 3 años (véanse minutos 13:10, 13:40, 14:05 y 22:00).
La referencia que Recchimuzzi hizo a “3 o 4 años” en el minuto 22:30 en adelante es una mención genérica de la limpieza de malezas en general, y no a la cicuta en particular. De hecho, esa afirmación está precedida de una pregunta del juez relativa al tiempo que demoraría devolver al terreno al estado en el que se encontraba, ámbito en el cual la experta insistió en decir que son dos años como mínimo y tres años como máximo (minuto 22:10). La queja de la actora, sustentada únicamente en esa aislada afirmación de la perito (que, reitero, no puede interpretarse como lo propone la recurrente), no es admisible.
La decisión del juez de admitir el reclamo en la cantidad de limpiezas expresamente enunciada en el párrafo final del punto de pericia n°1 del dictamen del 03/03/2022 (sobre la cual la actora ninguna aclaración ni impugnación efectuó oportunamente) es correcta y debe ser confirmada (arts. 362, 375, 384, 457 y 474 del CPCCBA).
III.2.f. Sobre el incidente de ejecución provisoria de la sentencia no firme El juez de primera instancia condenó a la demandada a realizar y ejecutar un plan de saneamiento y recomposición de la zona afectada por el daño ambiental. Tanto para esta obligación de hacer, como para aquella enmarcada en el "mandato preventivo" (realizar las obras para evitar otro derrame accidental), dispuso la ejecución inmediata y provisoria de la sentencia (v. puntos 1 y 4 de la parte dispositiva de la sentencia del 21/03/2023). Este último aspecto procesal mereció el agravio de la demandada, por considerarlo violatorio de lo normado en el art. 166 del CPCCBA. El agravio no es procedente.
Si bien es cierto que el juez no tiene facultad para modificar el efecto del recurso de apelación (art. 243 tercer párrafo del CPCCBA) y ello impediría, en principio, generar oficiosamente incidentes de ejecución inmediata de sentencias sujetas a revisión de un tribunal superior, considero que la decisión ha sido acertada y debe ser confirmada.
No pierdo de vista, en este punto, que no es este un caso de daño ambiental colectivo o en el que se persiga la tutela de un interés difuso o de incidencia supraindividual. Por el contrario, este pleito ha sido iniciado a instancias de una firma particular que reclama el resarcimiento de perjuicios patrimoniales derivados de la afectación de su propiedad privada (o sea, y en otras palabras, el daño al ambiente es el hecho fundante de una pretensión que tiene por propósito la protección de derechos creditorios personales, diferenciados e individuales).
Esto es importante remarcarlo porque si bien existe algún debate sobre si la Ley General del Ambiente es únicamente aplicable a casos de daño ambiental colectivo o si también aprehende a procesos de daños civiles individuales derivados de la afectación al ambiente, coincido con aquella doctrina que entiende que no hay allí dos categorías o realidades totalmente separadas: son dos caras de una misma moneda, por lo que es posible aplicar la Ley 25.675 a procesos de daño ambiental individual, aunque realizando las adaptaciones necesarias (ver, por todos, Cafferatta, Néstor A., Régimen jurídico del daño ambiental, La Ley RCyS 2010-VIII, 9).
Es sobre la base de tales premisas que, teniendo en cuenta la materia controvertida y el efecto nocivo que puede generar el paso del tiempo en la zona afectada por el derrame (ver más arriba, considerando «III.1.b.ii») , entiendo que el criterio adoptado por el juez queda enmarcado en un formato de tutela preventiva sustentado en el principio de prevención ambiental (art. 4 tercer párrafo LGA) y concordante además con las potestades judiciales reguladas en el art. 32 tercer párrafo in fine de la Ley 25.675 (que prevé la posibilidad de dictar oficiosamente medidas precautorias urgentes; ver Falbo, Aníbal J., Derecho ambiental procesal: reflexiones a partir de los artículos 30, 32 y 33 de la Ley General del Ambiente, La Ley 29/11/2022, 9). A todo evento, la medida adoptada por el magistrado también encuentra fundamento suficiente en las normas que regulan la función preventiva de la responsabilidad civil (art. 1710 y sig. del CCyC). En este sentido, esta Sala tiene dicho que la prevención del daño es un instituto de derecho sustantivo (arts. 10, 1708, 1710 a 1713 y 1032 del CCCN), pero la tutela preventiva sustancial (arts. 1710 a 1713 y 1032 del CCCN) se puede efectivizar mediante diferentes figuras procesales (proceso de amparo, medida cautelar innovativa), que incluso pueden derivarse de esa misma fuente normativa, al ser directamente operativa (mandato preventivo, medidas autosatisfactivas, sentencia anticipada, etc.), máxime cuando el art. 1713 del CCCN faculta al juez para imponer obligaciones de dar, hacer o no hacer (Galdós Jorge Mario, “La teoría general de la prevención del daño. Principales reglas y principios”, en La Ley, 27.10.2021, cita on line AR/DOC/3020/2021; Morello Mario Augusto, Stiglitz Gabriel, “Tutela procesal de derechos personalísimos e intereses colectivos”, ed. Platense, Buenos Aires 1986, pág. 160; causa 175610 -Scioli, Roberto M.- sent. del 01/12/2022).
La demandada justificó su agravio en el hecho de que pasó ya mucho tiempo desde que ocurrió el derrame sin que exista urgencia ni prueba alguna del agravamiento de la situación.
Pero los estudios técnicos aportados por OSSE refutan esta afirmación. Las conclusiones de los expertos —sobre las que ya me he referido en párrafos precedentes— son suficientemente claras como para demostrar que el paso del tiempo ha generado una merma progresiva en la calidad del agua en el pozo 308 contiguo a los inmuebles de ambos litigantes, situación que OSSE vinculó expresamente con el derrame que motiva este pleito (v. más arriba, considerando « III.1.b.ii.»). Reitero además que ese efecto nocivo ya había sido anticipado por la perito Recchimuzzi al explicar la solubilidad de los nitratos y el modo en que se filtran con el agua del drenaje, a través del perfil hacia los acuíferos, alterando la calidad del agua de consumo (ídem.). Sin perjuicio de que aún no se ha realizado un estudio de suelo de modo de determinar, con precisión, la magnitud y extensión de la contaminación generada en el lote de la accionante (y, reitero, tal medida será necesaria al conformar el plan de saneamiento), lo cierto es que con la información que ya obra en el expediente, y al menos en lo que respecta a la calidad del agua, es posible afirmar que el tiempo ha tenido efectos nocivos en la zona en la que se ha vertido el efluente. Y ello no solo afecta intereses individuales y creditorios de la firma accionante, sino que repercute en el ambiente en tanto bien colectivo en el cual confluyen intereses difusos y supraindividuales (art. 27 LGA).
En suma, el precitado informe de OSSE corrobora el acierto de la decisión del colega: las tareas de saneamiento y recomposición deben iniciarse de inmediato como mecanismo preventivo tendiente a que no empeore el daño que ya se ha producido en el ambiente. Por todo lo expuesto, el agravio que a este tópico refiere también debe ser desestimado (arts. 4, 27, 32 in fine y cctes. de la LGA, 1710 a 1713 del CCyC).
III.2.g. Sobre el mandato preventivo.
El juez ordenó a la firma demandada que efectúe las obras que correspondan en los piletones de tratamiento de efluentes existentes en el establecimiento frigorífico, de modo de evitar futuros eventos similares al que motivó esta controversia. Obligó a la condenada a que, en el plazo de 20 días corridos, y sin que los recursos suspendan la ejecución del mandato, presente un informe con el estado de las obras o que, de haber sido realizadas con anterioridad, acredite esa circunstancia (considerando «VII» de la sentencia de primera instancia).
La demandada controvirtió el contenido del mandato preventivo. Dice que la reparación del talud ya se hizo y se acreditó en el expediente al contestar la demanda, tanto con el informe del ingeniero Otegui como con las constancias de los organismos intervinientes que dejaron asentado ello en las actuaciones labradas, permitiendo la rehabilitación del frigorífico. Se queja, además, de que el control de la obra —o de la verificación de su realización— quede en manos de la ingeniera agrónoma, que no tiene conocimiento para ello. Pide se de intervención a los organismos de contralor.
El agravio prospera parcialmente.
En lo que al primer punto respecta, Campo y Faena S.A. no tiene razón: no hay prueba de que las obras necesarias para evitar otro derrame hayan sido realizadas y mal podría quedar ello demostrado con prueba o informes privados realizados por profesionales particulares contratados (sea el Ing. Otegui o cualquier otro).
No solo no hay modo de saber si las obras que Otegui narra en su informe son idóneas para que se produzca otro derrame (sea para que no vuelva a aparecer la fisura primigenia que lo generó, o bien para que no vuelva a incurrirse en la negligencia de los dependientes en la utilización de las máquinas en la zona aledaña al talud), sino que —además—no hay ningún documento que permita verificar que las infracciones detectadas por la Autoridad del Agua en el Acta de Inspección ?N° 1982 del 27/07/2019 fueron debidamente subsanadas (véase fs. 18 y sig. de la IPP ?N° 08-00-023199-1900, en particular hoja 5/5).
Sí tiene razón la recurrente en que una perito ingeniera agrónoma carece de incumbencia profesional para controlar la realización de obras civiles e industriales o, en su caso, verificar si son idóneas para el propósito que el juez le ha asignado; esto es, que permitan evitar otro derrame accidental de efluentes (art. 40 y «Anexo XXXVII» de la Resolución N° 1254/18 del Ministerio de Educación).
De todos modos, y en lo que a este último punto respecta, considero que no corresponde dar intervención a un perito de lista para que dictamine sobre la suficiencia de las obras ya realizadas en el frigorífico, o —en su caso— la conveniencia de realizar otras obras distintas.
Esta solución puede generar una invasión indebida en las esferas de competencia del poder ejecutivo provincial y local, que son quienes tienen el poder de policía en materia industrial, tecnológico y de protección del ambiente en general (y de los recursos hídricos en particular). Tales dependencias —y no un perito particular en el marco de un proceso judicial individual— son las que tienen competencias para definir qué obras le son exigibles al frigorífico de la accionada para el tratamiento de los efluentes y, la Ley 12.257 -Régimen de protección, conservación y manejo del recurso hídrico de la Provincia de Buenos Aires; Código de Aguas-, Dec. 3511/07 del Poder Ejecutivo y Res. 146/17 de la Autoridad del Agua, vigente al momento del hecho y luego derogada por la Resolución conjunta 360/2020 del Directorio del Autoridad del Agua (ADA) que aprueba el «Programa de Gestión de Efluentes Líquidos con Fortalecimiento Industrial» y crea el "Registro de Agentes Infractores”).
Esta hipótesis es además concordante con el contenido de la ya mencionada Acta de Inspección ?N° 1982 del 27/07/2019, donde —si bien con alguna dificultad, dada la escasa legibilidad del documento— se advierte que la Autoridad del Agua enumeró un conjunto importante de infracciones referidas al sistema de tratamientos de residuos del frigorífico de la demandada.
Agrego a ello que el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible dependiente del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la Ley 11.723, de conformidad con lo establecido por el art. 11 de la Ley 15.039.
En base a todo lo que llevo dicho, y de conformidad con lo normado en el art. 32 in fine de la Ley General del Ambiente y los arts. 1710 y sig. del Código Civil y Comercial, corresponde modificar el mandato preventivo dispuesto por el juez, dando inmediata intervención a la Autoridad del Agua, dependiente de la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos para que: (a) tome conocimiento del contenido de la presente sentencia y del informe técnico remitido por OSSE a este Tribunal el pasado 12/09/2023, a los efectos que estime corresponder; (b) indique si las lagunas de tratamiento que integran el frigorífico de Campo y Faena S.A. cumplen las exigencias técnicas impuestas por la normativa vigente y (c) informe si las irregularidades advertidas en el Acta de Inspección ?N° 1982 del 27/07/2019 han sido subsanadas.
Así mismo, deberá darse intervención al Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, poniendo en su conocimiento el contenido de la presente sentencia y el informe técnico remitido por OSSE el 12/09/2023, a los efectos que estime corresponder (arts. 1, 2 inc. a, c y d de la Ley 11.723, 11 de la Ley 15.039).
Con tal alcance, se hace lugar al recurso y de modifica el contenido del mandato preventivo contenido en el considerando «VII» de la sentencia apelada (arts. 4, 32 in fine y cctes. de la Ley General del Ambiente, 1710 a 1713 del CCyC).
III.3. Sobre las costas La demandada cuestionó la imposición de costas, poniendo en relieve que los rubros de daños y perjuicios reclamados en la demanda fueron rechazados. Pide que la condena en costas se imponga de forma proporcional, considerando que la demanda solo prosperó por el pago de la limpieza de la cicuta y la reparación del daño ambiental.
El agravio no es fundado.
Esta sala tiene dicho que «el artículo 68 del Código de Procedimientos adopta el denominado principio objetivo de la derrota, conforme el cual es la parte vencida la que debe pagar los gastos de la contraria. Si bien el juez tiene la facultad de eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante perdidoso, ello solo puede tener lugar a condición de que encuentre un verdadero “mérito”; esto es: un motivo serio y atendible que justifique la solución excepcional y que –bajo pena de nulidad– debe ser exteriorizado en su decisorio» (mis votos en causas n°158178 -"Seoane..." del 06/06/2017, n° 163041 -"Iacono..."- del 18/09/2017 y n° 163784 –“Lagos...”- del 9/11/2017, n° 173234 -"Sucesores de Pardo, Graciela Haydee..." del 30/12/2021, n° 172400 -"Mendoza..."-, del 15/03/2022).
En el caso, la actora probó el presupuesto central de su pretensión, logró exitosamente una condena a su favor para la recomposición de la zona afectada por el derrame y obtuvo también un éxito parcial uno de los varios rubros resarcitorios que peticionó. Atendiendo al resultado global que ha tenido el pleito y a la importancia patrimonial de las pretensiones que han sido receptadas favorablemente, considero que el rechazo de algunos rubros no es suficiente para concluir que en el caso medió un vencimiento parcial y mutuo en los términos del art. 71 del CPCCBA, justificando por ello un apartamiento del principio general de la derrota.
La Casación ha dicho que la circunstancia de que se hayan desestimado rubros del reclamo inicial no le cambia a la actora la calidad de victoriosa ni al demandado la de derrotado (SCBA LP C 106052 -Prestisimone, Reinaldo...- del 21/12/2011).
Por todo lo expuesto, el agravio debe ser desestimado (arts. 68 y 71 a contrario del CPCCBA).
III.4. Sobre las costas de segunda instancia Si mi voto es compartido, el recurso de la actora deberá ser rechazado con costas a la recurrente vencida (art. 68 del CPCCBA).
Las costas derivadas del recurso de Campo y Faena S.A. se imponen en un 95% a esta última y el 5% a la accionante, habida cuenta el carácter oficioso del mandato preventivo cuestionado por la demandada, el éxito solo parcial de su recurso y el resultado obtenido (arts. 68, 71 y cctes. del CPCCBA; esta Sala, c. 166734 -"Capparelli, Soledad"- del 06/03/2019).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Monterisi dijo:
Corresponde: I) Reanudar el llamado de autos para sentencia (arg. art. 493 del CPCCBA); II) Rechazar el recurso de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA); III) Hacer lugar parcialmente al recurso de la demandada, modificando el alcance del mandato preventivo dispuesto por el juez de primera instancia de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.2.g.» del voto que abre el acuerdo, confirmando la sentencia en todo otro punto que ha sido materia de agravio; las costas de este recurso se imponen en un 95% a la parte recurrente, y el 5% a la parte actora en atención al resultado obtenido (art. 68, 71 y cctes. del CPCCBA);
IV. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Loustaunau votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente:
SENTENCIA: Por los fundamentos dados en el precedente Acuerdo se resuelve: I) Reanudar el llamado de autos para sentencia (arg. art. 493 del CPCCBA); II) Rechazar el recurso de la parte actora, con costas (art. 68 del CPCCBA); III) Hacer lugar parcialmente al recurso de la demandada, modificando el alcance del mandato preventivo dispuesto por el juez de primera instancia de conformidad con las pautas establecidas en el considerando «III.2.g.» del voto que abre el acuerdo, confirmando la sentencia en todo otro punto que ha sido materia de agravio; las costas de este recurso se imponen en un 95% a la parte recurrente, y el 5% a la parte actora en atención al resultado obtenido (art. 68, 71 y cctes. del CPCCBA);
IV. Diferir la regulación de honorarios para el momento procesal oportuno (art. 31 de la Ley 14.967). V) REGÍSTRESE Y NOTIFÍQUESE a las partes —y a Obras Sanitarias Sociedad del Estado— en los términos del art. 10 del Anexo I -«Reglamento para las presentaciones y las notificaciones por medios electrónicos»- del Ac. 4039/21 de la SCBA). Oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia