Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 32.851-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar nulo el auto de apertura de sumario, y todo lo actuado en consecuencia, incluida la Resolución 218/12 (AD SALT), dictada en las actuaciones SIGEA n° 12751-92-2012 con fecha 19 de diciembre de 2012.
2Declarar la prescripción de la acción de la DGA para imponer penas respecto de Nancy Adriana Casanova, en el marco de las actuaciones SIGEA Nº 12197-5866-2009.
3Costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-129788856-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 31 de Octubre de 2023 Reunidos los Sres. Vocales de la Sala F, Dres. Pablo A Garbarino y Christian M González Palazzo, para resolver el expediente N° 32.851-A, caratulado “CASANOVA NANCY ADRIANA c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que, a fs. 8/16 vta., se presenta la Sra. NANCY A. CASANOVA por derecho propio e interpone recurso de apelación contra la Resolución n° 218/12 (AD SALT), dictada el 19/12/12 por el Administrador de la División de Aduana de Salta en el SIGEA n° 12751-92-2012, en cuanto se lo condena por la presunta infracción de los arts. 986 y 987 del C.A., intimándosele el pago de una multa de $ 37.843,04. En primer término, efectúa una reseña de los antecedentes que dieran origen al dictado de la resolución apelada. Sostiene que la Aduana no ha probado en las actuaciones administrativas que ella haya sido autora de la infracción endilgada, ni tampoco ha probado que la mercadería sea la propietaria. Expresa que no está imputado con claridad el tipo penal puesto que en la causa se le ha atribuido una doble imputación con normas que contienen tipos penales diferentes e incompatibles uno con el otro.
Manifiesta que ello ha afectado su derecho de defensa. Considera que no se ha demostrado el elemento subjetivo del tipo penal. Asimismo, expresa que no guarda relación el valor de la mercadería comisada con el monto de la multa. Subsidiariamente, solicita se aplique el principio de insignificancia o bagatela. Expresa que el servicio aduanero no ha probado el origen extranjero de la mercadería incautada. Considera que la Aduana es quien tiene la obligación de probar la imputación de la infracción. Plantea la nulidad del acta de comiso de la mercadería, del procedimiento y de la resolución apelada. Sostiene que no es propietaria de la mercadería. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba, hace reserva del Caso Federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas II.- Que, a fs. 28/33, la representación fiscal contesta el traslado que le fuera oportunamente conferido.
Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos manifestados por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Efectúa un relato de los hechos y contesta los agravios de la actora. Hace referencia a los arts. 987, 1085 y 1094 del C.A. Manifiesta que la mercadería de origen extranjero se encontraba en tenencia de la recurrente. Agrega que la cantidad, variedad y calidad excedían de lo compatible con el uso o consumo personal. Considera que de acuerdo a la normativa vigente la mercadería en infracción debía haber poseído adherido los pertinentes instrumentos fiscales sin los cuales no puede presumirse el legal ingreso de la mercadería. Expresa que para el tipo infraccional imputado opera la inversión de la carga de la prueba debiendo la recurrente poseer documentación que justifique la legítima introducción de la mercadería.
Cita jurisprudencia. Ofrece como prueba las actuaciones administrativas que acompaña, hace reserva del Caso Federal y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que de las actuaciones administrativas SIGEA n° 12751-92-2012 se inicia, a fs. 1, con el Acta de Denuncia de fecha 7/5/12, a fs. 3, obra el Acta y Boleta de Incautación de Mercadería y; a fs. 6, obra la valoración de la mercadería. A fs. A fs. 8/8 vta., se dispone la apertura de sumario y se corre vista de todo lo actuado a la Sra. Nancy A. Casanova (notificada 21/5/12). A fs. 11/13, la recurrente contesta la vista conferida. Finalmente, a fs. 17/18, en fecha 19/12/12, se dicta la Resolución n° 218/12 (AD SALT), apelada en autos.
IV. Que, en primer lugar, corresponde analizar el planteo de nulidad efectuado por la recurrente, vinculado a la afectación del derecho de defensa. En relación con ello, advierto que la nulidad planteada por la apelante se encuentra directamente vinculada con los agravios que sustentan la apelación, razón por la cual debe ser tratada con el fondo de la cuestión planteada en autos.
V. Que la resolución recurrida aplica la sanción de comiso y multa en los términos de lo dispuesto en los artículos 986 y 987 del Código Aduanero.
Que de la compulsa de las actuaciones administrativas surge que, mediante un operativo de control realizado por la Gendarmería Nacional Argentina en fecha 19/11/11 (ver acta a fs. 3 de las act. adm.), en la Ruta Nacional 9/34, a la altura Km. 1438, arriba de un ómnibus de la empresa SAM, se secuestraron 350 pares de ojotas, 85 jeans, 50 toallones, 35 bermudas, 110 pares de zapatillas 10 conjuntos de bebé y 24 boxers para hombre, de origen extranjero, y sin justificarse de modo alguno su legítima introducción; dicho accionar se entendió como configurativo de la infracción previsto en los referidos artículos 986 y 987 de la ley 22.415.
Que el mencionado artículo 986 dispone que: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero, que no presentare debidamente aplicados los medios de identificación que para ella hubiere establecido la [ex] Administración Nacional de Aduanas, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza”
Por su parte, el artículo 987 del Código Aduanero establece que: “El que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales o industriales mercadería de origen extranjero y no probare, ante el requerimiento del servicio aduanero, que aquélla fue librada lícitamente a plaza, será sancionado con el comiso de la mercadería de que se tratare y con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces su valor en plaza. A los efectos de la comprobación a que se refiere este artículo, sólo se admitirá la documentación aduanera habilitante de la respectiva importación. No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrante en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986”.
Que ambas figuras presentan estos tres elementos típicos: 1°) que el sujeto activo tenga la mercadería en su poder, consistente en la tenencia de la mercadería en el sentido amplio del Código Aduanero, que incluye no solamente la tenencia a nombre de otro (v.gr., locatario, comodatario), sino también al propietario, condómino, etc.; 2°) que la finalidad de la tenencia sea para comercialización o industrialización; 3°) que se trate de mercadería de origen extranjero.
Que, al respecto, cabe resaltar que el único elemento obrante en la causa que sustenta la imputación tanto de la infracción al artículo 986 como al artículo 987 es el acta de secuestro de la Gendarmería Nacional Argentina (ver fs. 3 de las act. adm.), en el que se alude a que la mercadería secuestrada es de origen extranjero, sin siquiera especificar marca, etiquetado de origen o cualquier otro elemento de suficiencia que constate el origen foráneo de la mercadería.
Que, previo a la apertura del sumario administrativo, el servicio aduanero debió observar lo dispuesto en el artículo 1081 del Código Aduanero; por ende, debió tomar “todas las diligencias necesarias para investigar los hechos, a cuyo efecto podrá ejercer todas las funciones de control que las leyes le acordaren.”, habida cuenta de que las afirmaciones contenidas en el acta de secuestro de la mercadería debieron estar respaldadas por elementos de juicio suficientes, que permitieran encuadrar los hechos investigados con los elementos configurativos de la infracción aduanera.
La sola constancia del acta de secuestro en el que la dotación de Gendarmería expresa que la totalidad de la mercadería secuestrada tiene origen extranjero, sin una posterior diligencia que permita ratificar lo expresado por el personal interviniente, supone darle a lo manifestado en el acta una relevancia probatoria que por sí sola no ostenta.
VI. Que, en efecto, la Cámara Federal de Córdoba en los autos caratulados “Gentili, María de las Mercedes” del 17 de diciembre de 1999 ha explicado, fijando una doctrina claramente aplicable al caso de marras, que “la formalización de las actas de constatación en sí, aun cuando puedan constituir instrumentos públicos, no resultan suficientes para conocer la verdad real del hecho investigado, en tanto no se hayan agregado otros elementos probatorios autónomos que vinculados entre sí se dirijan a la confirmación real del acontecimiento infractor”.
VII. Que, en otro orden de ideas, se debe analizar la imputación a la recurrente de ambas infracciones aduaneras contempladas en los artículos 986 y 987 del Código Aduanero, ambas conductas infraccionales diferentes y excluyentes entre sí por expresa aplicación de lo dispuesto en el artículo 987 que en su última parte establece “No será de aplicación lo dispuesto en este artículo cuando el hecho encuadrare en cualquiera de los supuestos previstos en los artículos 985 y 986”.
Que, asimismo, el artículo 1094 del Código Aduanero dispone que “En la resolución que dispusiere la apertura del sumario, el administrador determinará los hechos que se reputaren constitutivos de la infracción y dispondrá: (...) e) las demás diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos investigados.”. Nótese que el acto de apertura de sumario (glosado a fs. 8 de las act. adm.) lejos de determinar los hechos constitutivos de las infracciones aduaneras endilgadas, por cierto, excluyentes entre sí, se limitó a transcribir lo expresado en el acta de secuestro antes mencionada.
Que se evidencia de lo expuesto que, en el caso, el auto de apertura del sumario fue dictado sin haber estado precedido de la necesaria denuncia formal ni de la correspondiente investigación de la supuesta infracción a los artículos 986 y 987, resultando así, a las claras, que el mencionado auto carece de los elementos exigidos por la normativa aplicable para considerarlo un acto administrativo válido a los fines perseguidos por el Fisco, ya que los supuestos hechos constitutivos de las infracciones no se encuentran demostrados en la causa, al mismo tiempo que, persigue una múltiple persecución infraccional que contemplan hechos diferentes.
Por lo tanto, lo omisión verificada en la especie constituye un extremo del que no cabe prescindir, ni menos obviar, dado que ello importa desnaturalizar el sistema infraccional creado por la reglamentación aplicable, a la vez que no se compadece con la naturaleza formal del ilícito endilgado en la litis.
VIII. Que, en consecuencia, la Aduana dispuso la instrucción del sumario obedeciendo a la presunta comisión de las infracciones previstas en los artículos 986 y 987 del Código Aduanero.
Que la resolución de apertura de sumario no es un simple acto administrativo de mero trámite, sino que es de significativa importancia porque es el medio por el cual el Administrador entiende que existen motivos suficientes para iniciar el procedimiento, a efectos de constatar si los hechos denunciados constituyen o no una infracción aduanera. Además, es el acto necesariamente previo a la resolución que dispone correr vista de lo actuado a los presuntos responsables a efectos de que presenten sus defensas.
Que las circunstancias en relato no pueden sino considerarse lesivas del derecho de defensa de la recurrente, la que, al precisar la conducta infraccional que se le intenta atribuir, vio impedida de esgrimir en forma acabada los argumentos que hicieran a su derecho y de ofrecer todas las pruebas que pudieron considerar pertinentes, máxime cuando no ha habido una determinación concreta de los hechos.
Que, por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del auto de apertura de fs. 8/8 vta. y, en consecuencia, de todo lo actuado con posterioridad a su dictado en las presentes actuaciones .
IX. Que, por último, corresponde destacar que el plazo de prescripción de 5 años – para imponer penas –, que prevé el artículo 934 del Código Aduanero, comenzó a correr el 1 de enero de 2012 (el hecho gravado tuvo lugar en noviembre de 2011), en los términos del artículo 935 de dicho ordenamiento y, de no mediar causales suspensivas e interruptivas, operaba el 31 de diciembre de 2016. Y no obstante de entenderse que el referido acto de apertura del sumario debe evaluarse de modo integrado con el auto de corrida de vista, es decir que a ese momento el servicio aduanero pudo cumplir con las formalidades que requiere el artículo 1094 a los efectos de subsanar las irregularidades de las que adolecía la apertura del sumario y proseguir con la investigación sumarial, ello no ha ocurrido en la especie. Así las cosas, al resultar nulo el auto de apertura del sumario de fecha 17/05/12, no pudo suspender ni interrumpir la prescripción en los términos del artículo 937 inc. a) del Código Aduanero.
X. Que, por lo expuesto, y bajo los parámetros esbozados, la forma en que propicio que se resuelva es la más adecuada, en aras de la seguridad jurídica y se trata, asimismo, de preservar la integridad del derecho de defensa en juicio previsto en los artículos 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 18 de la Constitución Nacional; siempre teniendo en consideración que a los efectos de la interpretación de una norma tributaria aduanera deben aplicarse en debida forma, huelga reiterar, todos los principios y garantías que rigen en nuestra Constitución Nacional y en los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 C.N.). Que, por ello, VOTO por:
1. Declarar nulo el auto de apertura de sumario, y todo lo actuado en consecuencia, incluida la Resolución 218/12 (AD SALT), dictada en las actuaciones SIGEA n° 12751-92-2012 con fecha 19 de diciembre de 2012.
2. Declarar la prescripción de la acción de la DGA para imponer penas respecto de Nancy Adriana Casanova, en el marco de las actuaciones SIGEA Nº 12197-5866-2009.
3. Costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiere al voto del Dr. Garbarino.
Por ello, SE
1. Declarar nulo el auto de apertura de sumario, y todo lo actuado en consecuencia, incluida la Resolución 218/12 (AD SALT), dictada en las actuaciones SIGEA n° 12751-92-2012 con fecha 19 de diciembre de 2012.
2. Declarar la prescripción de la acción de la DGA para imponer penas respecto de Nancy Adriana Casanova, en el marco de las actuaciones SIGEA Nº 12197-5866-2009.
3. Costas a la DGA.
Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9), Nancy A. Casanova, y a los Dres. Rodrigo J. Ranz y Juan Manuel Tovo. Por Secretaría General de Asuntos Aduaneros, devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y, oportunamente, archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del CA).
Date: 2023.10.31 18:43:24 -03:00 Date: 2023.10.31 19:54:12 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.31 19:54:13 -03:00
Fin de la sentencia