Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala III · Causa 163.037
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos brindados en el presente acuerdo: 1°) Se hace lugar, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 04 de noviembre de 2021, y se elevan los montos de condena de los rubros “Incapacidad sobreviniente” y “Daño Moral”, conforme lo indicado en los considerandos; 2°) Se hace lugar, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por la demandada el 11 de noviembre de 2021, modificando la atribución de responsabilidad, distribuyéndola en un cincuenta por ciento (50%) a cada parte; 3°) Se imponen las costas de Alzada del siguiente modo: a) por el recurso de la actora: en un noventa por ciento (90%) a la demandada y en un diez por ciento (10%) a la recurrente; b) por el recurso de la demandada: se distribuirán en un 50% a cargo de la recurrente y en un 50% a cargo de la actora (art.68, 71 y cdtes. del CPC); 4°) Se ordena el mandato preventivo en los términos señalados en el considerando VI); 5°) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904; 31 de la ley 14.967).
Expte.N°163.037 Juzgado Civil y Comercial N°11.-
En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Tercera, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “CASCINO, ALBERTO ANTONIO FRANCISCO c/ PELUSSO, SUSANA ESTELA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”
- EXPTE.N°163.037 habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimiento en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Rubén D. Gérez y Nélida Isabel Zampini.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1°) ¿Es justa la sentencia dictada el 13 de octubre de 2021 y contra la cual la parte actora interpuso recurso de apelación con fecha 04 de noviembre de 2021 y la parte demandada hizo lo propio el 11 de noviembre de 2021?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBEN D. GEREZ DIJO:
I. Antecedentes:
A fs. 90/3 se presenta la Dra. Graciela Nora Messina, en su carácter de apoderada del Sr. Alberto Antonio Francisco Cascino, promoviendo acción de daños y perjuicios contra la Sra. Susana Estela Pelusso, persiguiendo el cobro de dos millones seiscientos cuarenta y cuatro mil ochocientos ochenta pesos ($ 2.644.880) y/o lo que en más o en menos se estime al momento de dicta sentencia, intereses, gastos y costas. Relata que el día 08 de diciembre de 2013 caminaba por Av.
Constitución por la mano impar, dirigiéndose a la farmacia Plaza ubicada en esa arteria al 5700, cuando cayó intempestivamente en un desnivel sin señalizar de más de 0,30cm a la altura del numeral 5735, provocándole fractura de tibia y debiendo ser trasladado al Hospital Interzonal de Agudos, colocándosele una bota de yeso hasta principios de mayo de 2014. Se expide sobre la causalidad del hecho y la legitimación de la demandada; los daños padecidos y la incapacidad vital que afectó su vida cotidiana.
Destaca la configuración de los elementos constitutivos de la responsabilidad civil, ofrece prueba y solicita el beneficio de litigar sin gastos. A fs. 86 se ordena sustanciar la acción bajo las normas del proceso sumario y se concede el beneficio provisional de litigar sin gastos. A fs. 119 se amplía la demanda y se acompaña prueba documental. A fs. 209 se presenta el Dr. Diego Javier Di Benedetto, en su carácter de apoderado de la Sra. Susana Estela Pelusso, contestando la demanda interpuesta contra su cliente.
Luego de la negativa de los hechos afirmados en la demanda y la documentación acompañada, señala los defectos en la descripción de los hechos que realiza la actora y destaca que los desniveles que registran las parcelas lindantes son muy ligeros y superados con suaves rampas, sin que alguno tenga un corte abrupto de 30 cm de diferencia.
Sostiene que no debe confundirse el retiro de frente con la acera peatonal que es de libre uso público. Explica que el frentista tiene la obligación de ensamblar la terminación de la acera peatonal del frente de su parcela con las dos aceras vecinas, pero no hay ninguna norma que obligue además a ensamblar en un mismo nivel la cota o nivel de la parcela con las lindantes, ni aún en el sector de retiro de frente. Afirma que la circulación peatonal de los transeúntes no está contemplada reglamentariamente para desarrollarse en ese lugar que es solo el límite entre dos dominios privados. Se expide sobre los daños reclamados, la relación de causalidad, ofrece prueba, se opone al beneficio de litigar sin gastos peticionado por el actor, funda en derecho, hace reserva del caso federal y solicita el oportuno rechazo de la demanda.
A fs.252 se ordenó la apertura a prueba por el plazo de treinta (30) días, proveyéndose la oportunamente ofrecida a fs. 349/50.
A fs. 741/2 se concede parcialmente al actor el beneficio de litigar sin gastos.
A fs. 902/8 este Tribunal modificó la resolución de fs. 741/2 y limitó la concesión del beneficio de litigar sin gastos al actor a la exención de pago del 50% de la tasa de justicia.
El 10 de noviembre 2020 se certifica el término probatorio y el resultado de su producción, el cual fuera modificado el 28 de diciembre de 2020.
El 14 de mayo de 2021 se llama a autos para sentencia.
El 27 de mayo de 2021 se suspende el llamado de autos para sentencia y, como medida de mejor proveer, se ordena la ampliación de la prueba pericial médica.
El 01 de julio de 2021 el perito médico Dr. Ghioldi da cumplimiento con la ampliación solicitada.
El 20 de septiembre de 2021 se reanuda el llamado de autos para sentencia.
II. La sentencia recurrida:
El 13 de octubre de 2021 dictó sentencia definitiva la Sra. Juez de Primera Instancia haciendo lugar – parcialmente – a la demanda, condenando a la accionada a abonar a la actora la suma de cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta pesos ($463.680), con más intereses. Impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
Comenzó sus análisis señalando que al haberse producido el siniestro en el año 2013, mucho tiempo antes de la entrada en vigencia del nuevo código civil y comercial, la cuestión litigiosa debía ser abordada conforme la normativa del Código de Vélez.
De seguido aclaró que si bien se había omitido tratar oportunamente la excepción de defecto legal, toda vez que la demandada pudo ejercer su derecho de defensa en juicio correctamente, aquella debía rechazarse. Señaló que una vereda con un pozo sin la debida señalización y sin las medidas de seguridad apropiadas, constituye una cosa riesgosa y los siniestros configurados en tales circunstancias debían ser tratados en el campo objetivo de la llamada "teoría del riesgo creado" (art. 1113, segunda parte, segundo apartado, del Código Civil).
Del material probatorio que analizó, tuvo por acreditado por el accionante la producción del evento dañoso en relación casual con una cosa riesgosa; no admitiendo la configuración de la culpa de la víctima que como defensa ensayara la demandada.
Indicó que ésta última daba por cierto que el actor no adoptó la debida diligencia al caminar, lo que carecía del más mínimo respaldo probatorio. Sostuvo que los peatones deben caminar con no más que una mínima y razonable diligencia por las aceras, pero no tienen por qué esquivar, sortear, ni evadir pozos u otros obstáculos derivados de obras privadas; y que el ciudadano camina sobre la acera con la razonable expectativa de que se trata de un terreno o suelo seguro, sin irregularidades, orificios ni obstáculos que puedan poner en peligro su integridad física; expectativa que supone también considerar que si alguna alteración de la vereda existe, el responsable procurará advertir su existencia y asegurar una vía de tránsito segura y firme.
Concluyó en que al encontrarse demostrado que el accionante cayó intempestivamente en un desnivel sin señalizar de más de 0.30m., se configuraba la responsabilidad de la Sra. Pelusso en su calidad de "guardián" del inmueble de Avenida Constitución 5735.
Continuo con la determinación de los daños, expresando que su cuantía debe ser establecida a valores lo más próximos posibles a la fecha de la sentencia.
En torno al daño físico y considerando las implicancias que la lesión padecida ha de tener en su vida de relación, lo fijó en $ 100.000; los gastos de traslado los cuantificó en $ 2.880; el daño psicológico en la suma de $ 10.800 y el moral en $ 350.000.
Finalmente, dispuso que: a) los intereses de los gastos médicos se devengarían desde el evento dañoso (8/12/2013) hasta el efectivo pago, conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días; b) los de los parciales indemnizatorios "Incapacidad sobreviniente" y "Daño moral", habida cuenta que fueron calculados a valores actuales, correspondía adicionarles un interés puro del 6% anual desde el día del hecho dañoso (08/12/2013) hasta el día de su sentencia, y, desde ésta última fecha al día del efectivo pago cabía computar el interés -sin capitalizar- conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días (SCJBA: causas "Vera" y "Nidera"); c) respecto del "daño psicológico, fijó un interés del 6% anual desde la fecha de la pericia (1/2/2017) hasta la sentencia y desde ésta fecha al día del efectivo pago conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para la captación de depósitos a plazo fijo a 30 días, sin capitalizar.
III. El recurso de apelación de la parte actora:
El 04 de noviembre de 2021 el accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva, el cual fue concedido libremente el 09 de noviembre de 2021, expresando sus agravios el 22 de febrero de 2022, siendo contestados por la demandada el 24 de febrero de 2022. En primer lugar, se agravia del resultado económico que arroja la cuantificación del daño físico. Con apoyo en las declaraciones testimoniales rendidas en la causa, sostiene que ha sido sustancial el cambio de la vida en relación, el monto es escaso y se aleja del art.1740 el CCyCN.
En segundo término, expresa que la amplitud del resarcimiento por daño extrapatrimonial que indica el art.1746 del CCyCN ha sido desconocida por la sentenciante al conceder la exigua suma de $350.000 en concepto de daño a la persona y daño moral.
Siguiendo jurisprudencia de la CSJN afirma que la indemnización debe servir para “obtener satisfacción, goces distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales.
Finalmente, se queja de la tasa de interés pasiva BIP establecida por la a-quo, porque dada la realidad económica actual, dicha tasa vulnera el derecho de propiedad del actor (art. 17 CN).
Afirma que desde hace varios años en el fuero nacional se aplica la tasa de interés activa y resulta irracional, absurdo e incongruente que en el fuero provincial se siga utilizando una tasa de interés que premia al deudor y que fomenta el incumplimiento de las obligaciones. Cita jurisprudencia y peticiona la aplicación de la tasa de interés activa.
IV. El recurso de apelación de la parte demandada:
El 11 de noviembre de 2021 la accionada interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva, el cual fue concedido libremente el 15 de noviembre de 2021, expresando sus agravios el 21 de febrero de 2022, siendo contestados por la actora el 04 de marzo de 2022.
Comienza su embate recursivo afirmando que la sentenciante efectúa una incorrecta valoración de la prueba que determina la ocurrencia del hecho, al verificarse una excesiva ponderación del testimonio del Sr. Joachim (único testigo) de cuyos dichos no pueden extraerse más que imprecisiones; desinterpretando sus dichos, quién además evidencia contradicciones y poca verosimilitud.
Destaca que el testigo no pudo identificar al actor de ninguna forma; que recién lo vio en el piso.
Por otro lado, afirma que no hay coincidencias entre el relato de los hechos en demanda y la prueba informativa producida, por lo que no se puede formar convicción probatoria útil a su respecto.
Concluye que el actor no ha demostrado que el accidente se hubiera producido en las condiciones de tiempo, lugar y modo que relata; que las pruebas ofrecidas y producidas en la causa, valoradas de modo integral, no permiten tener por acreditado que los hechos hubieran sucedido efectivamente del modo en que el actor lo expone en su demanda, y con ello, que se hallara configurada la pretensa responsabilidad de la frentista del numeral "5735" de Av. Constitución de Mar del Plata.
De forma subsidiaria, como segundo agravio, analiza la conducta y antecedentes físicos de la víctima en el evento, como factor de interrupción total del nexo causal.
Señala que fueron dos los fundamentos expuestos para acreditar la culpa de la víctima: a) la circulación antireglamentaria; y b) los antecedentes constitucionales del sujeto.
Con relación al primero, destaca que dentro de la superficie de la acera peatonal del inmueble (parcela 9-d) nunca existió un desnivel ni caída abrupta como señala el actor, siendo los dos únicos desniveles que se registran y que unen a esta acera con las dos aceras vecinas, son muy ligeros y superados con suaves rampas. Ninguno tiene un corte abrupto ni registra 30cm. de diferencia.
Advierte que de haber caído el actor en el desnivel existente en el eje divisorio entre las parcelas 9-D (gimnasio) y 9-C (centro médico), ese sector no es acera peatonal o vereda sino retiro de frente.
Dice que el retiro de frente es una superficie no edificable a nivel de la cota (nivel de piso) de la parcela, ubicada en el frente de la misma, y está delimitado por una línea que se ubica trazada a una distancia mínima de cinco metros -en este caso- contados desde la línea municipal hacia adentro de la parcela, en forma perpendicular o paralela a la misma. Agrega que, en ese sector no se puede edificar, solo se habilita al propietario para su parquización o consolidar su piso en caso de lugares destinados a uso comercial, estacionamiento descubierto en algunos casos, cercado si fuera de su elección, debiendo mantenerse limpio.
Con apoyo en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) regulado por la Ordenanza 13.231, sostiene que el frentista tiene la obligación de ensamblar la terminación de la acera peatonal del frente de su parcela con las dos aceras vecinas, pero NO hay ninguna norma que obligue además a ensamblar en un mismo nivel la cota o nivel de la parcela con las lindantes, ni aún en el sector de retiro de frente. Afirma que la circulación peatonal de los transeúntes no está contemplada reglamentariamente para desarrollarse transversalmente por ese lugar, que es solo el límite entre dos dominios privados.
Citando el art. 38 de la ley de tránsito 24.449, insiste con que los peatones transitarán en zona urbana únicamente por la acera.
Afirma que de haber abandonado el actor la acera para ingresar en el retiro de frente del inmueble, por el cual no está permitido transitar, debe cargar con todas las consecuencias personales que ese cruce antirreglamentario e imprudente pudiera generar por la propia culpa. Dice que la conducta de la víctima interrumpió totalmente el nexo causal entre el daño y el hecho (art. 1113 frase final 2do. párr. del Cód. Civ.). Insiste con que ninguna persona que transite con cuidado, prudencia y sin apuro, en condiciones psicofísicas adecuadas, puede sufrir una caída en el lugar tal como relata el actor. Reitera que el retiro de frente no es lugar apropiado para acceder al dominio privado del inmueble vecino, como tampoco lo son los techos o patios traseros, y quién intenta cruces de parcela por esos lugares debe soportar las consecuencias porque no están previstos para ese destino, siendo que -para ese propósito- existen en condiciones reglamentarias y a disposición las aceras peatonales, en una correcta subsunción normativa de las Ordenanzas Municipales de General Pueyrredón (C.O.T.) y Ley Nacional de Tránsito vigentes.
Con relación a los antecedentes constitucionales del sujeto, explica que la a-quo omitió la consideración de los antecedentes médicos del actor, quien sufría patologías en sus miembros inferiores que limitaban las funciones y articulaciones de sus piernas.
En su tercera critica a la sentencia de grado, cuestiona los parámetros ingresados para la utilización de la fórmula “Mendez”, concluyendo que en el caso no hay incapacidad física indemnizable.
El cuarto agravio se dirige a la cuantificación del daño moral, al que considera excesivo, debiendo ser readecuado a no más de un tercio de esa cantidad.
V. Tratamiento de los agravios:
1. Para un mejor orden expositivo invertiré el orden de los recursos traídos a conocimiento de este Tribunal, comenzando por el interpuesto por la demandada, para seguir - de ser el caso - con el deducido por el accionante (arts. 34 y 36 del CPCC).
2. Recurso de la demandada:
El principal embate se dirige a cuestionar la existencia del hecho y la responsabilidad que – en exclusiva – le asigna la magistrada de la instancia de origen.
2.a. Prueba del hecho:
En virtud de lo normado por el art. 375 del CPCC, es el actor quien soporta la carga de probar los hechos constitutivos del derecho invocado; siendo la consecuencia de su incumplimiento la de soportar la situación adversa respecto de la cual había sostenido sus afirmaciones no acreditadas. (SCBA, B 61637 RSD-139-21 S 28/08/2021; C 120605 S 07/03/2018; C 105477 S 01/09/2010; Cám. Apel. 2da, La Plata, Sala 3, 118097 RSD-54-19 S 20/03/2019).
En efecto, la referida norma dispone que incumbe la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido; y pese a los fundamentos que vierte la demandada para sostener su primera crítica, las pruebas colectadas en autos me convencen de la existencia del hecho que produjo los daños motivo de análisis en estas actuaciones (arts. 375, 384 y ccdtes. del CPCC).
En primer lugar, la existencia de un testigo único no resulta causa suficiente para descartar su testimonio (art. 424, 456 y ccdtes. del CPCC). En este sentido ha sostenido nuestro Máximo Tribunal de provincia que: “El sistema de apreciación regido por la sana crítica -esquema de persuasión racional- (arts. 384 y 456 del CPCC) no le impide al juez fundar su pronunciamiento en un único testigo, pero dándose esta situación especial, éste debe ser valorado con estrictez, exigiendo que el mismo sea ampliamente convincente y esté exento de toda sospecha, siendo eficaz a los fines de considerar probado un hecho sólo si su conocimiento es cabal e indubitable (arts. 384 y 456 in fine del CPCC).” (SCBA, A 71596 S 25/10/2017).
En la jurisprudencia provincial, en igual sentido, se ha resuelto que: “Las reglas de la sana crítica permiten valorar la declaración del único testigo si no se advierten razones que induzcan a desechar esa declaración, ni motivaciones que pudieran haber llevado al testigo a tergiversar, mediante sus dichos, la realidad de lo acontecido. Como es sabido, el aforismo latino testis unus, testis nullus no resulta de aplicación en materia civil y comercial; que en esta sede no es de aplicación el principio que exige dos testimonios concordantes para formar convicción; y que no carece de fuerza probatoria la declaración de un testigo único por esa sola circunstancia, pues los testigos se pesan, no se cuentan, debido a que sus dichos han de valorarse conforme las reglas de la sana crítica.” (CC0203 LP 121682 RSD-136-17 S 15/08/2017; ver también Kielmanovich, Teoría de la Prueba y Medios Probatorios, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 203 y 334). Del análisis de la declaración del único testigo presencial del hecho lesivo (Lisandro Joachim) encuentro reunidas las mentadas exigencias para asignarle valor probatorio suficiente para tener por acreditada la versión brindada por el accionante en su demanda (arts. 384, 456 y ccdtes. del CPCC).
En efecto, el testigo – que se desempeñaba laboralmente en la farmacia a la cual se dirigía el actor y que conocía de manera directa el lugar del hecho – brinda la ubicación exacta donde se produjo la caída del actor, lo asistió personalmente, llamo a su esposa y se quedó con él hasta que arribo la ambulancia. Reconoció las fotografías de fs. 29/36 como el lugar donde se produjo el evento, cayendo hacia el lado de la farmacia desde la vereda del local (ver acta de fs.1086/8).
La declaración luce verosímil e indudable que el día del hecho estuvo presente y accedió al efectivo conocimiento de lo declarado. Y, por otro lado, los detalles que el recurrente destaca para restar valor probatorio a la declaración, no dejan de ser más que opiniones personales o conclusiones que distan de lo que considero debe primar en la sana crítica como regla para la valoración del testimonio (Kielmanovich, ob.cit., pág. 315). Sobre el particular esta Sala ha sostenido que: “La valoración de la prueba testimonial constituye una facultad privativa de los jueces, quienes gozan de amplias atribuciones en virtud del sistema de "la sana crítica", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, así como a la confiabilidad que alguna o algunas de ellas le merezcan con relación a otras. Con arreglo al sistema de valoración probatoria de mención, el juez apreciará las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, sopesando las condiciones individuales y genéricas del testigo, teniendo en cuenta el carácter más o menos verosímil de recordar el hecho narrado, de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar.” (165308 71 S 02/05/2018).
Así las cosas, debe desestimarse el primer agravio, por considerar correcta la apreciación de la prueba por la juez de grado en cuanto concluyó que se encontraba debidamente probado el hecho lesivo que ocasionara los daños (que más adelante se analizarán) (art. 260, 375, 384 y ccdtes. del CPCC).
2.b. El hecho de la víctima:
Conforme lo norma el art. 1113 segundo párrafo, ultima parte, del Cód. Civ., sobre cuya aplicación al caso no existe agravio de ninguna de las partes, el dueño o guardián sólo se eximirán total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deben responder.
Cabe advertir que la necesaria relación causal que debe existir entre la acción y el daño puede verse alcanzada por la presencia de factores extraños, con idoneidad para suprimir o aminorar sus efectos. En el primer supuesto se configura lo que un sector de la doctrina denominada "interrupción del nexo causal"; en cambio, cuando sólo opera una disminución de los efectos de un hecho antecedente, nos encontramos ante una "concausa" propiamente dicha (Pizarro-Vallespinos, Instituciones de Derecho Privado - Obligaciones, ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2007, T. 3, pág. 108).
Así, la propia conducta del damnificado se puede convertir en concausa del daño; y en la medida que le corresponda debe soportarlo, esto es mediante la lógica reducción del monto indemnizatorio. En otras palabras, el hecho de la víctima actúa sobre el nexo causal desvirtuando el presupuesto de la autoría, total o parcialmente según el caso.
Explican Pizarro y Vallespinos que el daño puede derivar de la acción relevante de dos causas que actúan en forma concurrente: la conducta culposa del demandado y el hecho propio de la víctima. En tal supuesto parece lógico que ambos se distribuyan las consecuencias dañosas y las soporten en función de la distinta incidencia causal que hayan tenido en la producción del resultado (ob.cit., pág. 117).
Para llevar a cabo tal tarea de distribución el magistrado deberá formular un juicio retrospectivo, ex post facto, en abstracto, procurando determinar cuál ha sido la incidencia que ha tenido en el daño la conducta de cada uno de los sujetos en cuestión (SCBA, C 106086 S 19-12-2012; entre muchos otros).
En palabras de nuestro Máximo Tribunal de Provincia “Para establecer la causa de un daño es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (art. 901, C.C.). El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114 del Código Civil).” (SCBA, C 121608 S 08/08/2018; entre tantos otros). Por otro lado, y para completar el análisis que propongo, no puede obviarse en el análisis de la normativa local aplicable al caso. De conformidad con lo normado por el Reglamento General de Construcciones, Ordenanza N°6.997 del Honorable Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, el propietario del inmueble está obligado a construir y mantener en buen estado de conservación el cerco y la acera.
Agrega la norma que el cerco en el frente puede eliminarse, pero en este caso el propietario estará obligado a mantener la limpieza, conservación de la vegetación y corte de césped, tanto de la acera como del terreno, en forma permanente, a fin de preservar la higiene, salubridad, seguridad y estética (art. 3.2.1).
Dicho de otro modo, el propietario del inmueble puede decidir no construir un cerco en el frente, debiendo, en tal caso, preservar, entre otras cosas, la seguridad.
Ahora bien, si el dueño tomara tal decisión, conforme se ha verificado en el caso de autos (ver fotografías glosadas al informe de fs.584/6; art. 375, 384; 394 y cddtes. del CPCC), le corresponderá extremar las medidas de seguridad para prevenir los daños que la cosa riesgosa potencialmente pueda producir. Tales medidas, vista la diferencia de nivel existente entre las parcelas en el espacio del retiro de frente obligatorio (5 metros; art. 6.7.7 del Código de Ordenamiento Territorial) podrían haber consistido en, como se hiciera en la acera, construir rampas de nivelación o señalizar claramente la existencia del escalón. El no haberlo hecho sella su suerte, aunque con un alcance distinto al señalado por la magistrada de la instancia anterior (art. 1113, segundo párrafo, última parte del Cód.Civ.).
Es que no puede dejar de considerarse la conducta o hecho de la víctima que deliberadamente decidió ingresar en el retiro de frente de la parcela de la actora y transitar a pie por un lugar en el que si bien no está prohibido, exigía – también – extremar las precauciones, desde que si las aceras se encontraban desniveladas, resultaba altamente probable que también lo estuvieran los retiros de frente. A ello, deben sumarse los antecedentes personales de la víctima (traumatológicos – fractura previa de fémur derecho y pilón tibial derecho –, insuficiencia venosa crónica, flebopatía crónica, ulceras en las piernas, caída previa con trauma en la pierna derecha -08/07/2012-) que exigían extremar la precaución en la marcha (fs. informe de 787/94; respuestas a los puntos 1ro, 5to de pericia médica de la demandada a fs. 1037; respuestas al pedido de explicaciones de la demandada ptos. E y H a fs. 1040)
Todo ello es corroborado por la Dirección de Obras Privadas del Municipio al informar e ilustrar fotográficamente que el inmueble sito en Av. Constitución N°5735 de esta ciudad se encuentra dentro de la Zona I, emplazado en el Distrito Central C5, con un retiro de frente obligatorio de 5 mts., donde “No resulta obligatorio habilitar el paso peatonal” (sic; ver fs. 580)
Recapitulando, si el actor decidió dejar de transitar por la acera (entendida como el espacio de la vía pública comprendido entre el filo del cordón de la calle y la línea municipal, destinado al tránsito de peatones) para introducirse en la propiedad de la demandada; y si, por su lado, está última decidió no cercar el predio, permitiendo de tal forma el ingreso peatonal al retiro de frente, ambos debían extremar las medidas preventivas con el fin de evitar daños.
Así las cosas, considero que en el caso bajo estudio la acción relevante de estas dos causas actuaron en forma concurrente: la cosa riesgosa de propiedad de la demandada y el hecho propio de la víctima, debiéndose modificar la atribución de responsabilidad distribuyéndola en un cincuenta por ciento (50%) a cada participante del evento dañoso (arts. 375, 384 del CPCC; art. 1113, segundo párrafo y ccdtes. del Cód.Civ.).
3. Los rubros indemnizatorios motivo de agravio:
Habiendo determinado la atribución de responsabilidad del dueño de la cosa riesgosa y el porcentaje de participación de la víctima en el evento dañoso, ingresaré en el estudio conjunto de los agravios de ambos recurrentes en torno a los rubros “Incapacidad” y “Daño moral”. 3.a) Incapacidad sobreviniente:
Por este parcial se procura reparar la secuela o merma física o psíquica padecida por la víctima de manera permanente, que obstaculiza las genéricas posibilidades productivas futuras, independientemente del perjuicio económico que cause, o no, pues el resarcimiento comprende no sólo el aspecto laboral sino la totalidad de los menoscabos que afligen a la personalidad íntegramente considerada. Cabe valorar la forma en que la lesión gravita en otros aspectos de la personalidad de la víctima: domésticos, deportivos, culturales, estéticos, sociales, etc, que en la medida que afecten el desarrollo pleno de la vida de ésta conforme el principio de reparación integral explicado precedentemente (art. 1083 del Cód. Civil; argto. jurisp. CSJN in re "Molina Alejandro A. v. Provincia de Santa Fe y otros", sent. del 20/12/2011, JA 2012-II-194; SCBA Ac. 42528, 45767, AyS. 1995-III-15, art. 1083 del Código Civil).
El rubro demandado como incapacidad sobreviviente queda acotado a la reparación de las repercusiones materiales que haya tenido la pérdida de potencialidades sea en el aspecto laboral o en la posibilidad de disfrute o goce (argto. jurisp. esta Sala, causa N° 156691 RSD 235/14 del 6/11/2014). Recuérdese que una cosa es la índole y magnitud de la incapacidad científicamente diagnosticada y otra diferente, las concretas repercusiones de dicha incapacidad. Como bien lo señala Lorenzetti, “lo que se resarce no es la incapacidad sino sus repercusiones económicas y morales” (Ricardo L. Lorenzetti, "La lesión física a la persona. El cuerpo y la salud. El daño emergente y el lucro cesante", pub. en “Revista de Derecho Privado y Comunitario” N°1, Ed. Rubinzal-Culzoni, Cdad. de Sta. Fe, 1998). Es por ello que la incapacidad es resarcible precisamente a título de daño patrimonial, aun cuando no acarree una directa "merma de ingresos", pues, cuando no se pueden realizar actividades útiles de la vida cotidiana, ello provoca una clara "insuficiencia material" para desenvolverse por sí, lo que tiene una indudable proyección económica que merece ser reparada; y ello así más allá de la repercusión espiritual (daño moral) que pueda aparejar el menoscabo a la integridad psicofísica de la persona. El poder cumplir en plenitud actividades vitales que generan bienestar o proporcionan servicios a sí mismo y a la familia, así no sean laborales o no reditúen beneficios dinerarios, tiene un significado económico (argto. doct. Matilde Zavala De González, "Resarcimiento de daños" - T. 4, pág.173; "Resarcimiento de Daños. Daños a las personas" - T. II, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs. As., 1990, pág. 48; Jorge Mosset Iturraspe, "Responsabilidad por daños" - T. II-B, Ed. Ediar, Cdad. de Bs. As., 1973; T. II-B, pág. 194, notas 16 y 17; jurisp. esta Cámara, Sala I, causa N° 141305 RSD 353/8 del 25/11/2008).
Por eso, para cuantificar el presente rubro, es preciso ponderar de qué manera, en función de las circunstancias de persona, tiempo y lugar, dicha minoración (en el caso: física) repercute concretamente en el damnificado directo, atendiendo a sus futuras aptitudes laborales o profesionales (capacidad laborativa) y a la actividad que ordinariamente desplegaba (capacidad vital o amplia). La atención a esos aspectos es lo que diferencia a la incapacidad específica de la incapacidad en abstracto (argto. doct. Pizarro - Vallespinos, "Obligaciones" - T. 4, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs. As., 2006, pág. 300).
Claro está que para la determinación del monto indemnizatorio de este parcial se tendrá en consideración –como en todos los demás- el resultado de la prueba rendida (arts. 375 y 384 del C.P.C.).
Ahora bien, de las dos facetas sobre las cuales se determina el contenido del parcial, esto es la pérdida de potencialidad laboral, total o parcial y la que hacen a la persona en sí misma (vida en relación), en el caso particular de autos, solo una resulta indemnizable desde que la víctima no desarrollaba actividad laboral remunerada. El propio actor reconoce que al tiempo del evento se encontraba jubilado (ver fs.77vta.).
Reiteradamente hemos sostenido en la Sala III que integro que: “…la valoración de la incapacidad sobreviviente no sólo se limita a la pérdida de potencialidad laboral, total o parcial (argto. esta Cámara, Sala II, causa N° 96180 RSD 33/96 del 22/2/1996; Cám. Apel. Civ. y Com., Sala II, La Plata, causa N° 100508 RSD 111/3 del 27/5/2003; Cám. Apel. Civ. y Com Sala II, San Martín, causa N° 60610 RSD 211/8 del 28/8/2008), sino también tiene íntima relación con otros aspectos materialmente valiosos que pueden haberse perdido, disminuido o limitado a partir del accidente, y que hacen a la “persona” en sí misma, independientemente de que trabaje o no, y que se proyectan incluso más allá de su edad jubilatoria (argto. doct. Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños-Daños a las personas", Vol. II, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs. As., 2008, pág. 287; CSJN, “Arostegui” del 08/04/2008, A. 436. XL.; Fallos 331:570, 334:376).” (Expte.N°160.268, “Brunini”, sent. del 21/02/2022; entre otros).
Así las cosas, de nada sirve en autos la utilización de las fórmulas polinómicas (cualquiera de ellas fuera: vgr. Vuoto, Mendez, Acciari, etc), desde que, como explica Marino, éstas cuantifican las indemnizaciones por incapacidad o fallecimiento calculando el valor presente de una renta futura no perpetua. Esto es, determinan qué valor tiene al momento de cuantificarse una serie de sumas de dinero futuras.
En otras palabras, “son métodos de cálculo con los que se procura hallar un capital que, invertido a una tasa de interés pura constante, permite extraer, en períodos regulares, un monto igual a las ganancias de las cuales la víctima se ve privado en virtud de su incapacidad o bien, a aquellas ganancias que dejan de percibir los damnificados indirectos a causa de su muerte. El capital así determinado se agota transcurrido el número de períodos que se estime como relevante. Muchas de las fórmulas más conocidas son expresiones diversas de un mismo cálculo (e.g., Vuoto, Las Heras-Requena, Marshall) en tanto que otras (como Méndez) son modificaciones parciales al modo de computar algunas de las variables de la fórmula original (Vuoto) de forma tal de abastecer exigencias impuestas por la Corte Suprema de la Nación (“Arostegui”, Fallos: 331:570)” . (Marino, Tomás, “Deudas de valor, inflación y cuantificación de daños personales: la Suprema Corte brinda una importante pauta de trabajo para operar con fórmulas matemáticas”, pub. LA LEY 15/09/2020, 5). La condición de jubilado del actor impiden considerar que se haya visto privado de ganancias por su incapacidad, lo que torna improcedente la cuantificación de la primera de las dos facetas ya referidas, debiéndose centrar el análisis en la incapacidad permanente futura que trajo para la víctima continuar con el desarrollo normal – en comparación con el estado anterior - de su vida en relación.
Partiendo de tales pautas, debe tenerse en cuenta en autos el alcance de las lesiones sufridas y la incapacidad dictaminada por el experto médico en su informe de fecha 23 de noviembre de 2018 (fs.1037) y en sus explicaciones de fecha 15 de marzo de 2019 (fs. 1040): a) fractura de tibia de su pierna derecha; b) deseje en varo de aproximadamente 8 a 10°; c) marcha condicionada por la discrepancia de longitud de miembros (miembro inferior derecho 1cm más corto que el izquierdo)
De allí que puede concluirse que el reclamante sufre una merma en sus reales posibilidades de disfrute o goce, y que tiene íntima relación con aspectos materialmente valiosos que pueden haberse perdido, disminuido o limitado a partir del accidente, y que hacen a la “persona” en sí misma, independientemente de que trabaje o no, y que se proyectan incluso más allá de su edad jubilatoria (argto. doct. Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños-Daños a las personas", Vol. II, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs. As., 2008, pág. 287; CSJN, “Arostegui” del 08/04/2008, A.
436. XL.; Fallos 331:570, 334:376); circunstancias que justifican una indemnización por el presente parcial (arts. 1068 del Cód. Civil). Siendo ello así, deben computarse las consecuencias que repercuten sobre la situación económica, social, cultural, artística, deportiva, religiosa, sexual, recreativa, etc, de la víctima. Asimismo, las secuelas y la incidencia del transcurso del tiempo como factor que reduzca o agrave el perjuicio; la implicancia en la vida de relación y en el proyecto de vida del perjudicado y la idoneidad del menoscabo para afectar la aptitud de gozar de los bienes de la vida que tenía el damnificado antes del hecho dañoso. Igualmente, las perspectivas o probabilidades de ingresos o mejoras futura que el hecho dañoso ha frustrado (Negri, Nicolás J., “Reparación por daños a la integridad psicofísica en el Código Civil y Comercial”, AR/DOC/578/2016).
A los fines de cuantificar el resarcimiento del presente rubro debe considerarse: 1) la edad del actor (75 años al momento del hecho; fs. 3); 2) su ocupación (jubilado); 3) la naturaleza de las lesiones sufridas y sus secuelas (pericia médica obrante a fs. 1037 y 1040).
En razón de tales premisas, considero justo elevar el importe otorgado por la sentenciante de grado y fijarlo en la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) a valores actuales, el que se verá reducido en un 50% - en virtud de la distribución de responsabilidad asignada precedentemente - a la suma definitiva de quinientos mil pesos ($500.000) (arts. 165, 375, 384, 456, 457, 472, 473, 474 y ccdtes. del C.P.C., 1068, 1083 y ccdtes. del Código Civil; art. 1746 del CCyCN).
3.b. Daño moral:
Sabido es que el daño moral se configura por el conjunto de padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, y que tiene por objeto reparar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor precipuo en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más sagrados afectos (Sala I, 136697 RSD-101-8, sent. del 15-5-2008; Sala III, 149.431, sent. del 15-05-2012; Ac. 40.082, sent. del 09/04/1989; Ac. 52.258, sent. del 02/08/1994; Ac. 54.767, sent. del 11/07/1995; Ac. 79.922, sent. del 29/10/2003; entre muchos otros; Pizarro, Daño Moral, 2da. ed., Hammurabi, Bs.As., 2004, pág.32).
Señala Bueres que "en el daño moral hay una modificación disvaliosa del espíritu en el desenvolvimiento de las capacidades de entender, de querer y de sentir, que se traduce en un modo de estar de la persona diferente de aquél en que se encontraba antes del hecho, como consecuencia de éste y anímicamente perjudicial..." (Alberto J. Bueres, Derecho de Daños, Ed. Hammurabi, Cdad. de Bs.As., 2001, pág. 306). Y en cuanto a su monto, cabe recordar sobre el tema que la estimación del rubro queda librada al prudente arbitrio judicial y de allí que tenga plena autonomía su fijación sin que sea fatalmente necesario que la estimación guarde proporcionalidad con el daño patrimonial otorgado (arts. 165, 375, 384 y concds. del C.P.C.; arts. 1071, 1078 y concds. del C.Civil; Zabala de González, Matilde, Resarcimiento de Daños, vol. 2. ed. Hammurabi, Bs. As., 1993, pág. 611; Pizarro, Daño Moral, ed. Hammurabi, 2da. ed., Bs.As., 2004, pág.422; jurisp. ésta Cámara, Sala 2, causa Nº 114.019, RSD-42-1 del 27/2/2001, sala 3, causa N°145.134, RSD-193-10 del 7/7/2010; SCBA, C 113331 S 22-5-2013; entre otras).
Nuestro Máximo Tribunal ha dicho que: “La determinación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas, sino que depende -en principio- de la prudente ponderación que efectúe el juez de las repercusiones negativas del suceso” (SCBA, B 62721 RSD-183-21 S 02/11/2021; A 71596 S 25/10/2017).
Resulta necesario señalar que el nuevo Código Civil y Comercial, con relación a la indemnización de las consecuencias no patrimoniales, dispone en su art. 1741: “El monto de la indemnización debe fijarse ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puedan procurar las sumas reconocidas.”.
Explican Zavala de Gonzalez y Gonzalez Zavala que no se admite libre discrecionalidad judicial para fijar su cuantía y presupone un margen de arbitrio que impone razonable prudencia, sin que importe desconocer la directiva de plenitud indemnizatoria (La responsabilidad civil en el nuevo Código, ed. Alveroni, Tomo III, 1era. edición, Córdoba, 2018, pág. 85 y ss). Agregan los autores que la individualización de los bienes y servicios necesarios para compensar a la víctima debe efectuarse desde la perspectiva de una condición patrimonial media (ob.cit., pág. 96). El daño moral, entonces, puede medirse en la suma de dinero equivalente para utilizarla y afectarla a actividades, quehaceres o tareas que proporcionen gozo, satisfacciones, distracciones y esparcimiento que mitiguen el padecimiento extrapatrimonial sufrido por la víctima (Galdós, Jorge M., “Breve apostilla sobre el daño moral (como “precio del consuelo”) y la Corte Nacional”, RCyS, noviembre de 2011, p. 259; Cám.Nac.Civ., Sala A, “González, Pablo Jorge c/ Varni, Javier Hector c/ Daños y perjuicios” - Expte. n.° 33.192/2016, sent. del 11/11/2021; y otro “Guastella, Matías Nicolás c/ Maldonado Gerardo Sebastián y otro s/ Daños y perjuicios” - Expte.n.°8473/2014, sent. del 06/11/2021; CSJN, 12/4/2011, “Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros”, RCyS, noviembre de 2011, p. 261, con nota de Jorge Mario Galdós).
En busca de procurar al lesionado otros goces que sustituyan o compensan lo perdido, destaco que el evento dañoso provoco cuatro (4) meses de inmovilización con yeso para luego comenzar el tratamiento kinesiológico, la imposibilidad de valerse por sus propios medios durante el período de convalecencia y la incertidumbre de no saber quién respondería por el infortunio. A lo que debe sumarse lo informado por la perito psicóloga a fs. 884/5 dando cuenta de la afectación y limitación del quehacer vital del actor, tanto en la esfera familiar, social y de esparcimiento, relacionado todo con su vivencia de incapacidad, inferioridad e invalidez física (art. 1078 del Cód.Civ. y 1741 del CCyCN).
Por todo lo expuesto, acatando el imperativo legal, propondré elevar la suma a un millón de pesos ($1.000.000) a valores actuales, que corresponde al valor aproximado de un viaje todo incluido (transporte, alojamiento, pensión completa) de un mes a Europa, el que se verá reducido en un 50% - en virtud de la distribución de responsabilidad asignada precedentemente - a la suma definitiva de quinientos mil pesos ($500.000) (arts. 1078, 1083 y cdtes. del Cód. Civil, 1740, 1741 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación; 165, 362, 375, 384, 474 y ccdtes. del C.P.C.).
4. Tasa de interés:
Finalmente, abordaré el tercer agravio del actor donde se cuestiona la tasa de interés que el a-quo manda liquidar sobre el capital de condena. Se advierte que el fallo de la instancia anterior respeta la doctrina legal de la Suprema Corte Provincial establecida en C.101.774, "Ponce", L.94.446, "Ginossi", sent. de 21-X-2009, C. 119.176, "Cabrera", sent. de 16- VI-2016, C. 120.536, "Vera” y C. 121.134, "Nidera”, por lo que debe confirmar lo decidido.
En este sentido, es dable recordar que el respeto a la doctrina legal de la Suprema Corte tiene por finalidad evitar a las partes transitar el largo y antieconómico camino recursivo que culminará inexorablemente con la revocación de una sentencia violatoria de aquella doctrina. En palabras del mismo Tribunal: “El particular diseño del sistema recursivo de nuestra provincia hace que la doctrina establecida por este Tribunal tenga un grado de exigibilidad (es decir, una virtualidad para constreñir, en particular, a los jueces) muy alto, aspecto que encuentra su justificación -desde el punto de vista estrictamente jurídico- tanto en la necesidad de procurar y mantener la unidad de la jurisprudencia, como en la de efectuar un control sobre la racionalidad y la corrección de los pronunciamientos, como así también en el respeto a los más elementales principios de economía y celeridad procesales.” (SCBA, C 118968 S 15/07/2015; C 117292 S 01/04/2015). Y que: “La hipótesis de violación de doctrina legal constituye un fundamento autónomo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 278, C.P.C.C.; 55 y 63 de la ley 11.653). El acatamiento de aquélla por parte de los jueces responde a la necesidad de mantener -conforme una de las facetas de la télesis de la casación- la uniformidad de la jurisprudencia, y tal finalidad se ve frustrada frente a decisiones que se apartan del criterio sentado por esta Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5, "e", C.P.C.C.; 63, ley 11.653; 15, Constitución provincial). Ello no importa menoscabar la función de los magistrados, pues a éstos les basta - en todo caso- con dejar a salvo sus opiniones personales.” (SCBA, Rl 114666 I 26/10/2011; entre tantos otros).
Por otro lado, con relación a los parciales que resultan objeto de elevación del monto en esta Alzada (Incapacidad sobreviniente y Daño moral), debo recordar que la Suprema Corte de Justicia, en los precedentes C. 120.536, "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios" del 18 de abril de 2018 y C. 121.134, "Nidera S.A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y Perjuicios" del 03 de mayo de 2018, revocó la sentencia de la Cámara de Apelación respecto de la tasa de interés aplicada al rubro indemnizatorio estimado a valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito, y estableció que para el cálculo de intereses debía aplicarse la alícuota del 6% anual, conforme el dies a quo establecido en la sentencia, y hasta el momento tenido en cuenta para la evaluación de la deuda (arts. 772 y 1748 del Cód. Civ. y Com.) resultando de allí en más, aplicable la tasa de interés establecida en las causas C.101.774, "Ponce"; L.94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 16-VI-2016).
En virtud de la doctrina legal citada, corresponde establecer que los intereses sobre el rubro “Gastos médicos” devengarán intereses desde la fecha del evento dañoso (8/12/2013) hasta el efectivo pago, conforme la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa; y con relación a los rubros “Incapacidad sobreviniente” y “Daño Moral”, que fueron fijados a valores actuales, se liquidarán al 6% anual desde la fecha del hecho (08/12/2013) y hasta la fecha de este pronunciamiento, siendo aplicable de allí en adelante hasta el efectivo pago, la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo debe ser diario con igual tasa (arts. 622 y 623, Código Civil de Vélez Sarsfield; 7 y 768, inc. "c", Código Civil y Comercial de la Nación; 7 y 10, ley 23.928 y modif.; C.101.774, "Ponce"; L.94.446, "Ginossi" (sents. de 21-X- 2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 16-VI-2016).
VI. Mandato preventivo:
El principio de congruencia –regla básica derivada del “derecho de defensa en juicio” consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional- (Clariá Julia M., “Incongruencia y arbitrariedad en el proceso civil (Jurispurdencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)”, TR LALEY 0003/001017), direcciona al juzgador para que no desborde los límites del contradictorio. Es decir, no puede fallar más, menos, ni fuera de lo discutido por las partes (argto. Clariá, Julia, ob.cit.; SCBA Ac. 76.885, "Vega Perez", sent. de 9-X-2003; C. 93.177, "Viarengo", sent. de 1-VII-2015; causa C. 119.835, "De Almeida”, sent. del 29/08/2018; entre muchas).
Aquí abordaré lo que considero –siguiendo una moderna orientación - una clara excepción al marco de actuación del tribunal, en el que normalmente campea el “tantum devolutum quantum appellatum”, proveniente también del principio de congruencia, pero que aquí, por razones de orden superior, debe ceder ante las exigencias del caso y el nuevo marco normativo que propone el Código Civil y Comercial de la Nación (me refiero a la “función preventiva de daños” consagrada en el art. 1713 y concds del CCyC).
En ese contexto considero que este tribunal se encuentra habilitado para disponer la inclusión de un “mandato preventivo” y así evitar reedición de conductas potencialmente dañosas.
Incluso, aun en épocas anteriores, la propia jurisprudencia de la Suprema Corte de la Provincia, venía admitiendo la posibilidad de desplazar algunos obstáculos formales si, de no hacerlo, podría derivar en la conculcación de la justicia del caso. En tal sentido el cimero tribunal señaló, una otra vez, “El juez no puede ser fugitivo de una realidad que se presenta objetivamente ante sus sentidos.” (SCBA LP C 92112 S 20/08/2008; C 92313 S 10/10/2007).
Sobre el particular enseñan Zavala de Gonzalez y Gonzalez Zavala que al margen de la condena resarcitoria a favor de la víctima y aunque ésta no lo haya solicitado, debe reconocerse la atribución judicial – como obligación funcional – de imponer al demandado la adopción de recaudos tendientes a evitar otros hechos lesivos, bajo apercibimiento de que se realice a su costa y con eventual intervención de la autoridad administrativa para asegurar su ejecución (La responsabilidad civil en el nuevo Código, ed. Alveroni, Tomo I, 1era. edición, Córdoba, 2018, pág. 270 y ss). Antes de seguir, aclaro que no desconozco los pronunciamientos de la Suprema Corte Provincial que han descalificado resoluciones judiciales en tal sentido (SCBA, C.88669, sent. del 11/06/08 “Saladino”); no obstante ello, entiendo que la doctrina legal ha perdido vigencia frente a las nuevas normas que entraron a regir el 01 de agosto de 2015.
En otra oportunidad he sostenido que:
“Comparto la idea de que el juez del siglo XXI no limita su función a ser un mero aplicador de la letra de la ley (visión que cataloga al magistrado como simple “boca de la ley”), por el contrario, éste hoy debe necesaria e imperativamente asumir responsabilidad social (Peyrano, Jorge W., Procedimiento Civil y Comercial 1 - Conflictos Procesales, ed. Juris, Rosario, 2002, pág.171). Partiendo de esa idea, a la que adhiero, no descarto la posibilidad de que en el marco de un proceso particular, y en tanto se cumplan determinados recaudos, los jueces podemos contribuir a evitar que casos como el traído se multipliquen y reiteren alterando la “paz social”. No se puede presenciar la potencialidad del daño y hacer de cuenta que nada se ha visto, y que solo podremos expedirnos dictando sentencias de condena para todos los casos análogos que deriven de aquella misma causa. Si se tiene la convicción de que “algo” se pudo hacer para que aquella potencialidad dañosa sea erradicada –o en todo caso mitigada-, entiendo que los jueces podemos asumir la responsabilidad a la que se refiere Peyrano y, liberándonos del corset de “mero aplicadores de la ley” disponer medidas para conjurar los futuros daños.
Para enfrentar tal circunstancia nace la función preventiva de daños, la que se manifiesta en un doble aspecto: a) atacar la situación de riesgo o peligro con el fin de hacer imposible que se produzca un daño, o al menos evitar, con el mayor grado de probabilidad tal resultado, y b) atenuar las consecuencias del evento si es que el daño llega a concretarse, limitando en lo posible la magnitud de los perjuicios y preservar al máximo el valor de los bienes lesionados (Vázquez Ferreira, Roberto, Función de prevención del daño de la responsabilidad civil, Zeus, boletín N°3854 de febrero de 1990). Nos dice Bionda que se erigen en presupuestos genéricos para el dictado de una mandato de esta naturaleza: a) la existencia de una acción u omisión antijurídica; b) la amenaza del acaecimiento, repetición, agravación o persistencia de daños que puedan afectar a un individuo o a una pluralidad de ellos; c) una relación de causalidad entre ambos extremos; y d) la posibilidad material de evitar el acaecimiento, repetición, agravación o persistencia de los mismos (LLBA, año 13/número 4/mayo de 2006, pág.451).” (esta Sala III, “GUERRA, GRISELDA DEBORA c/ CLUB ATLÉTICO ONCE UNIDOS Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS” - EXPTE.N°151.797, sent. del 09 días del mes de mayo de 2013).
Asimismo, las características personales de la víctima, me advierten la necesidad de dar debido cumplimiento con los compromisos asumidos por la República en el marco de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores (aprobada por ley 27.360), tomando las medidas indispensables para que otros adultos mayores (entre otras tantas potenciales víctimas) no se vean expuestas al mismo peligro, en cuanto reconoce que la persona, a medida que envejece, debe seguir disfrutando de una vida plena, independiente y autónoma, con salud, seguridad, integración y participación activa en las esferas económica, social, cultural y política de sus sociedades (art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional).
En concreto, advierto que la características del lugar donde ocurrió el accidente, no ha perdido potencialidad dañosa, y es eso que lo lleva a proponer en este acuerdo la imposición de un “mandato preventivo” al margen de la indemnización dispuesta en favor del demandante.
En efecto, conforme surge del informe y las fotografías tomadas por el Auxiliar Letrado de esta Sala y que se adjuntan al acta de reconocimiento de fecha 26 de junio de 2022, el estado de cosas en el lugar del hecho sigue siendo el mismo, luciendo insuficiente la línea que con color amarillo se pintara para señalar el desnivel.
Así las cosas, propongo a mi colega, ordenar:
A) a la demandada, en su carácter de titular registral del inmueble sito en Av. Constitución N°5735 de esta ciudad:
a.1) que proceda, en el plazo de veinticuatro (24) horas, al señalamiento de la peligrosidad que importa el desnivel existente entre las líneas de cota de los inmuebles (vgr. mediante la colocación de cintas de peligro en diferentes alturas a todo lo largo del retiro de frente); a.2) que construya, en el plazo de tres (3) meses, rampas de nivelación a lo largo de todo el retiro de frente con el fin de igualar los niveles de cota con el inmueble lindero o proceda a cercar el mismo (en las formas habilitadas por la autoridad municipal y conforme la normativa vigente) para impedir el paso de los peatones;
Todo ello bajo apercibimiento de aplicar una multa diaria de veinte mil pesos ($ 20.000) por cada día de retardo en el cumplimiento de las medidas ordenadas, cuyo destino fijará la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (arts. 37 del CPCC).
B) comunicar lo decidido a la Municipalidad de General Pueyrredón, para que tome conocimiento efectivo del estado de cosas existente y, conforme el marco de la competencia, facultades, atribuciones y deberes de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano o la que conforme la estructura administrativa del municipio deba intervenir, adopte y ejecute – si correspondiere - las medidas necesarias para dar cumplimiento en debida forma a lo ordenado a la titular de dominio; bajo apercibimiento de lo normado en el art. 397 del CPCC.
Por todo lo expuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
A la misma cuestión la Dra. Nélida Isabel Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA EL SR. JUEZ DR. RUBEN D. GEREZ DIJO:
Corresponde: 1°) Hacer lugar, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 04 de noviembre de 2021, elevando los montos de condena de los rubros “Incapacidad sobreviniente” y “Daño Moral”, conforme lo indicado en los considerandos; 2°) Hacer lugar, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por la demandada el 11 de noviembre de 2021, modificando la atribución de responsabilidad, distribuyéndola en un cincuenta por ciento (50%) a cada parte; 3°) Imponer las costas de Alzada del siguiente modo: a) por el recurso de la actora: en un noventa por ciento (90%) a la demandada y en un diez por ciento (10%) a la recurrente; b) por el recurso de la demandada: se distribuirán en un 50% a cargo de la recurrente y en un 50% a cargo de la actora (art.68, 71 y cdtes. del CPC); 4°) Ordenar el mandato preventivo en los términos señalados en el considerando VI); 5°) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión la Dra. Nélida Isabel Zampini votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
En consecuencia, se dicta la siguiente S E N T E N C I A:
Por los fundamentos brindados en el presente acuerdo: 1°) Se hace lugar, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 04 de noviembre de 2021, y se elevan los montos de condena de los rubros “Incapacidad sobreviniente” y “Daño Moral”, conforme lo indicado en los considerandos; 2°) Se hace lugar, parcialmente, al recurso de apelación interpuesto por la demandada el 11 de noviembre de 2021, modificando la atribución de responsabilidad, distribuyéndola en un cincuenta por ciento (50%) a cada parte; 3°) Se imponen las costas de Alzada del siguiente modo: a) por el recurso de la actora: en un noventa por ciento (90%) a la demandada y en un diez por ciento (10%) a la recurrente; b) por el recurso de la demandada: se distribuirán en un 50% a cargo de la recurrente y en un 50% a cargo de la actora (art.68, 71 y cdtes. del CPC); 4°) Se ordena el mandato preventivo en los términos señalados en el considerando VI); 5°) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904; 31 de la ley 14.967). Regístrese. Notifíquese de manera automatizada (arts. 10, 12 y 13 del Anexo Único, Anexo I del Ac. 4.013, texto según Ac. 4.039 de la SCBA). Devuélvase.
En la ciudad de Mar del Plata se procede a la firma digital del presente conforme Ac. N° 3975/20 de la S.C.B.A.-
Fin de la sentencia