Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 3 de La Plata · Causa 84195
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. Casco, Laura Haydee, DNI 16.925.995, ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires abonar sus haberes computando al 3% todos los años de la bonificación por antigüedad reconocidos mientras se desempeñaba en actividad. Ello a partir del mes inmediato posterior a la notificación de la presente y hasta tanto recaiga sentencia firme en autos, previa caución juratoria (arts. 22 y ss. CCA) que podrá perfeccionarse de manera electrónica, remitiendo a través del módulo respectivo, un escrito firmado por la accionante (art. 24 inc. 3 CCA).
84195 -" CASCO LAURA HAYDEE C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO "
La Plata, en la fecha de la firma digital.
VISTO : Las presentes actuaciones de las que;
1. Que se presenta la Sra. Casco Laura Haydee, con el patrocinio letrado de la Dra. María Rosario Burlando, abogada, inscripta al T. LXII F° 429 del C.A.L.P., promoviendo una acción -pretensión de restablecimiento de derechos- contra la Cámara de Diputados y contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, en cuyo marco solicita se dicte una medida cautelar que ordene a la demandada liquidar y abonar la bonificación por antigüedad al 3% por los años reconocidos por las labores realizadas entre los años 1996 y 2005.
Relata que desde el 01/08/1988 hasta que el 31/03/1995 y desde el 01/07/1995 hasta el 31/10/2023, fecha en que se produjo su baja a los efectos jubilatorios, prestó servicios en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.
Expone que desde 1991 le correspondió percibir el 3% sobre el item bonificación por antigüedad, como lo disponía el art 22 inc b) de la ley 10.430, modificado por la ley 10.944 en el año 1990.
Que a partir del año 1996, con la sanción de las leyes presupuestarias el adicional por antiguedad sufrió variaciones, hasta el año 2005.
Que desde el año 1995, se abonaba en un 3%, mientras que en el año 1996 no se computa; entre 1997 y 2004, se abonó el 1%, y por el año 2005 se incrementa al 2%. A partir del año 2006, se restablece el porcentaje del 3%.
Formula un análisis del marco normativo aplicable, los fundamentos de la pretendida inconstitucionalidad de los preceptos que regulan la materia y los derechos que entienden vulnerados, concluyendo que su reclamo es susceptible de tutela jurídica.
Postula la vía procesal intentada adecuada e idónea para el caso, pues se busca impedir la continuación en el tiempo del agravio constitucional de sus derechos, hasta que se cuente con sentencia firme en los presentes actuados, no existiendo en el ordenamiento jurídico una medida que permita sanear tal situación de una manera más urgente que la aquí reclamada.
En cuanto a la verosimilitud del derecho, invoca una serie de antecedentes jurisprudenciales que considera aplicables a la especie, pues -afirma- de ellos surge con un grado de certeza exigible en esta instancia del proceso que la conducta enjuiciada se exhibe prima facie como inconstitucional.
Esgrime, asimismo, que la urgencia del caso se determina en orden al carácter alimentario que tiene el derecho comprometido y en el perjuicio que puede ocasionar a quien demanda el tiempo que insuma la tramitación de los autos principales hasta arribar a la sentencia definitiva.
Expone que la medida cautelar peticionada no compromete el interés público, porque las sumas reclamadas mediante la presente medida cautelar no tienen un impacto presupuestario significativo
Cita una serie de antecedentes jurisprudenciales que considera aplicables a la especie, funda en derecho, ofrece prueba y solicita se haga lugar a la acción instaurada.
2. Planteada así la cuestión, pasan los presentes a resolver, y;
1. Verosimilitud en el derecho:
Sostiene tanto la jurisprudencia como la doctrina, que la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud (CSJN Fallos, 306:2060), añadiendo el Máximo Tribunal, que : "... el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad".
Al respecto, no puedo dejar de advertir la existencia de una amplia jurisprudencia en sentido favorable a la petición fondal del demandante, reconocida en sentencias en casos análogos al presente, que determinan la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan las disminuciones en la bonificación mencionada: leyes 11739, 11905 y sus similares, y Decreto 240/96 (arts. 12 inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3, 173, 175, 189 y cc. CPBA), criterio que, en principio, comparto y acreditaría la verosimilitud en el derecho invocada.
2. Peligro en la demora:
Ahora bien, como es sabido, para la concesión de las medidas cautelares se exige la concurrencia de todos sus requisitos de admisibilidad, aún en el marco del balance de intensidad entre ellos, sin que la falta de uno pueda ser suplida enteramente por los otros (conf. CCALP, Causas N° 432 "Melga", res. del 29-III-2005, N° 1105, "Ferrari", res. del 24-V-2005, N° 1447 "El Timón", res. del 24-V-2005, entre otras).
Si bien se ha considerado ausente dicho recaudo en otros precedentes del fuero, sí lo entiendo configurado en el caso de autos (Conf. causa N° 79.523 "Sistro", res de fecha 23/9/2025).
En efecto, de lo expuesto en la demanda y de la documentación adunada a la misma surge que la accionante fue personal de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que se encuentra jubilada y percibe su haber previsional por parte del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
A su vez, de las constancias obrantes en la causa surge que la demandante posee 63 años de edad.
Tales circunstancias, sumadas al alto grado de verosimilitud en el derecho, justifican el adelanto de jurisdicción que peticiona, en tanto la parte actora se encuentra transitando una etapa de la vida que requiere de una tutela reforzada por parte del Estado, en especial en lo que atañe al carácter integral del derecho alimentario comprometido, todo lo cual requiere una "acción positiva", en atención a la naturaleza del derecho que se intenta tutelar (art. 75 inc. 23 CN).
En tal sentido, la Corte Suprema ha afirmado que: "es de la esencia de las medidas cautelares innovativas enfocar sus proyecciones -en tanto dure el litigio- sobre el fondo de la controversia, ya sea para impedir un acto o para llevarlo a cabo. Tales medidas están orientadas a evitar la producción de perjuicios que se podrían producir en caso de inactividad del magistrado, tornándose de muy dificultosa o imposible reparación en la oportunidad del pronunciamiento de la sentencia definitiva" (CSNJ, "Camacho Acosta", Fallos, 320-1633).
Por su parte, el artículo 39 inciso 3 CPBA consagra los principios de irrenunciabilidad, justicia social, e interpretación a favor del trabajador, entre otros, que constituyen el marco rector de cualquier decisión que se adopte en materia laboral y previsional.
En función de ello, ponderando especialmente la avanzada edad de la peticionante y el tiempo que es previsible insumir para arribar a la sentencia definitiva y firme, resulta razonable considerar, en el marco de las circunstancias reseñadas, que la privación de la remuneración íntegra de la parte actora por la liquidación del rubro antigüedad en un porcentaje menor al 3% por todos los años reconocidos en tal concepto, podría ocasionarle un perjuicio de difícil o imposible reparación ulterior (conf. CCALP, causa Nº 489 "Grattone" del 17-XI-05, entre otras, arts. 14, 75 incs. 22 y 23 CN y 31 y ccdtes de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada mediante ley 27.360 y Guía de buenas prácticas para el acceso a la Justicia de las personas mayores de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires).
Lo expuesto evidencia, sin lugar a dudas, que en la especie se configura el peligro en la demora que habilita el dictado de este remedio cautelar, definido como "el peligro de que, mientras el órgano jurisdiccional realiza su tarea, la situación de hecho se altere de un modo tal que, a la postre, resulte ineficaz o tardío su mandato, expuesto a llegar cuando el daño sea irremediable" (conf. Vallefín, Carlos; Protección cautelar frente al Estado, Lexis Nexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires 2002, pág. 65; y Morello, Passi Lanza, Sosa y Berizonce, "Códigos Procesales comentados y anotados", Ed. Platense, 1971, t.III p.60).
3. Afectación del interés público:
Así, encontrándose reunidos los requisitos previamente analizados, no se advierte que la medida cautelar a dictarse pueda afectar el interés de la comunidad, toda vez que constituye una medida de alcance individual, que tiende a resguardar derechos fundamentales de preferente tutela constitucional y convencional, cuya protección constituye la función esencial del Poder Judicial.
4. Por ello, corresponde hacer lugar a la medida cautelar peticionada en autos ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires liquidar y abonar, en adelante, la bonificación por antigüedad al 3% por los años reconocidos al nombrado por sus labores en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires bajo dicho rubro.
5. Atento lo dispuesto en relación a la actora, dado el beneficio de litigar sin gastos que detenta, deberá prestar caución juratoria, electrónicamente, para responder por las costas y los daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar en caso de haberla solicitado sin derecho (art. 24 CCA). En relación a ello, hácese saber que la mentada caución podrá perfeccionarse de manera electrónica, remitiendo a través del módulo respectivo, un escrito firmado por la accionante (art. 24 inc. 3 CCA).
Por todo ello;
1. Hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Sra. Casco, Laura Haydee, DNI 16.925.995, ordenando al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires abonar sus haberes computando al 3% todos los años de la bonificación por antigüedad reconocidos mientras se desempeñaba en actividad. Ello a partir del mes inmediato posterior a la notificación de la presente y hasta tanto recaiga sentencia firme en autos, previa caución juratoria (arts. 22 y ss. CCA) que podrá perfeccionarse de manera electrónica, remitiendo a través del módulo respectivo, un escrito firmado por la accionante (art. 24 inc. 3 CCA).
2. REGISTRESE. NOTIFIQUESE a la parte actora de manera automatizada y -prestada que sea la caución juratoria- a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires y al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires mediante la misma modalidad con íntegra transcripción de la medida (arts. 77 inc. 1 del C.C.A.; 135 inc. 12 y 483 del C.P.C.C.; 27 inc. 15 del Dec. Ley 7543/69; Ac. de la SCBA 4013).
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Firmas
Funcionario firmante: SESSAREGO Güendalina - JUEZA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 2436-2026
Fin de la sentencia