Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala III · Causa MO-16217-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución dictada con fecha 17/6/2026 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios.
2Imponer las costas de esta instancia recursiva a la parte demandada apelante, en su calidad de vencida (arts. 68 y 69 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
"CASERTA, CLAUDIO DANIEL
C/ SALGADO, MARIA FERNANDA
S/ DETERMINACION PRECIO/ALQUILERES"
MO-16217-2024
Y VISTOS : El recurso de apelación interpuesto por la demandada Sra. María Fernanada Salgado en fecha 25/6/2026 contra el proveído emitido el 17/6/2026; concedida la apelación el día 25/6/2026, fue presentado el memorial el día 2/7/2026. El traslado del mismo lo contestó el actor en fecha 13/7/2026. La representante del ministerio pupilar dejó de intervenir en autos en fecha 04/06/2026 en atención a la mayoría de edad de la joven Morena Sol Caserta; y
CONSIDERANDO : I.- Que en el marco de la presente acción de fijación y cobro de canon locativo promovida respecto del inmueble sito en la calle Pasaje Dorrego N° 362 de Morón -cuya titularidad dominial en condominio por partes indivisas iguales (50% cada uno) corresponde a ambos litigantes-, la demandada solicitó al contestar demanda (05/12/2024) la citación coactiva en los términos del art. 94 del CPCC de la hija común de las partes, Morena Sol Caserta.
Fundamentó su petición en que la nombrada habita junto a ella el inmueble objeto de autos y en que el uso de la vivienda habría sido materia de acuerdos homologados en los procesos de alimentos tramitados ante el Juzgado de Familia N° 1 Departamental.
Que previo a resolver la incidencia, habiendo alcanzado Morena Sol Caserta la mayoría de edad, la Sra. Asesora de Incapaces N° 1 Departamental comunicó el cese ipso iure de su intervención (04/06/2026), circunstancia que fue tenida presente por el magistrado de grado en el mismo pronunciamiento en crisis.
En el resolutorio apelado del 17/06/2026, el Sr. Juez a quo desestimó la citación solicitada tras recordar el carácter excepcional y de interpretación restrictiva del instituto previsto en el art. 94 del CPCC.
Señaló que la utilización del inmueble ya había sido objeto de tratamiento en el juicio de alimentos tramitado en sede de Familia, que quien pide la citación debe acreditar un interés jurídico concreto y que el actor no puede ser obligado a litigar contra quien no ha elegido, resultando innecesaria la convocatoria de la joven. Asimismo, impuso las costas de la incidencia a la parte demandada vencida.
II. Contra dicha decisión se alza la recurrente desarrollando, en síntesis, tres órdenes de agravios:
a) Alega la inaplicabilidad del criterio restrictivo sostenido por el sentenciante, afirmando que se configuran en autos las dos hipótesis del art. 94 del CPCC: la existencia de una eventual acción regresiva y la conexidad entre la relación controvertida en este pleito y el derecho alimentario de su hija debatido en el fuero de Familia, puesto que la fijación de un canon locativo alteraría de hecho lo allí pactado y homologado.
b) Sostiene una errónea valoración de los hechos y de la jurisprudencia citada en la instancia de origen, remarcando que la mayoría de edad alcanzada por Morena Sol Caserta refuerza la necesidad de su comparecencia por derecho propio para ejercer su defensa en juicio respecto del inmueble que constituye su vivienda.
c) Finalmente, se agravia de la imposición de costas a su cargo, postulando que el caso configura una "cuestión dudosa de derecho" y opinable que justifica apartarse del principio objetivo de la derrota y distribuirlas en el orden causado (arts. 68, segundo párrafo, y 69 del CPCC).
II. Liminarmente, cabe recordar que la intervención obligada de terceros regulada por el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial es un instituto de carácter excepcional y de interpretación estricta o restrictiva, en tanto importa una alteración de la estructura normal del proceso y conlleva la posibilidad de obligar al actor a litigar contra quien no ha elegido dirigir su pretensión (conf. SCBA, Ac. 44.142, sent. del 21-V-1991; Ac. 57.521, sent. del 27-XII-1996, entre muchos otros).
Para su procedencia resulta indispensable que exista una "controversia común", es decir, que la relación o situación jurídica sobre la que versa el litigio principal guarde una conexión sustancial tal con otra relación existente entre el tercero y alguno de los litigantes originarios que permita que aquel hubiera podido asumir inicialmente la posición de litisconsorte, o bien que la parte eventualmente vencida cuente con una acción de regreso contra el citado.
Aplicando tales directrices al caso de autos, los agravios vertidos por la parte demandada no logran conmover los fundamentos del pronunciamiento recurrido.
En efecto, el objeto del presente proceso se circunscribe exclusivamente a determinar la procedencia y, en su caso, la cuantía de una renta o canon compensatorio por el uso exclusivo de un bien en condominio por parte de uno de los copropietarios en detrimento del otro (arts. 1988 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación). Se trata, pues, de una relación jurídica de estricta índole personal y creditoria trabada únicamente entre los condóminos titulares del dominio -Sr. Caserta y Sra. Salgado-.
La hija de ambos litigantes, Morena Sol Caserta, no reviste el carácter de condómina del inmueble de la calle Pasaje Dorrego N° 362, ni es sujeto pasivo de la obligación de compensar el aprovechamiento exclusivo de la cosa común. De allí que no hubiera podido asumir inicialmente la calidad de litisconsorte pasiva en esta litis, ni tampoco se advierte cuál sería la pretendida "acción regresiva" que la demandada eventualmente vencida podría ejercer contra su propia hija para repetir el canon locativo que se fijare entre copropietarios.
No obsta a esta conclusión la circunstancia de que la joven habite el inmueble junto a su progenitora, ni la invocación de los convenios y resoluciones dictadas en los expedientes sobre alimentos tramitados por ante el Juzgado de Familia N° 1 Departamental.
Por un lado, la eventual incidencia que el uso de la vivienda familiar o el alcance de la prestación alimentaria pudiera tener respecto del reclamo patrimonial articulado en estos actuados constituye, en todo caso, una defensa de fondo oponible por la propia demandada -quien ya la ha introducido al contestar demanda y cuyo mérito deberá ser ponderado por el juez de grado al dictar sentencia definitiva-, mas no convierte a la beneficiaria de los alimentos en legitimada pasiva ni en parte necesaria de una contienda entre condóminos.
Por otro lado, los derechos y reclamos de naturaleza alimentaria que pudiera titularizar Morena Sol Caserta -hoy mayor de edad y con plena capacidad civil- tienen su ámbito natural de debate y tutela ante el fuero de Familia competente, sin que la sentencia que aquí se dicte sobre el vínculo condominial entre sus progenitores pueda producir respecto de ella los efectos de la cosa juzgada ni menoscabar las prerrogativas que le asisten en aquella sede.
En consecuencia, no verificándose los presupuestos de admisibilidad exigidos por el art. 94 del CPCC, corresponde desestimar los agravios sobre el fondo de la incidencia y confirmar el rechazo de la citación de tercero dispuesto en la instancia de origen.
III. Tampoco habrá de prosperar la queja vinculada con la imposición de costas de la incidencia.
El art. 68 del Código Procesal consagra el principio objetivo de la derrota como regla rectora en materia de imposición de costas, disponiendo su art. 69 que en los incidentes rige idéntico criterio, siendo aún más estricta la facultad judicial para eximir de ellas al vencido. Dicho principio no implica una sanción al litigante perdidoso, sino el resarcimiento de los gastos en que debió incurrir la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho o repeler una articulación improcedente.
En la especie, no se advierte configurada una "cuestión dudosa de derecho" ni una novedad interpretativa que autorice a apartarse de la regla general. Los requisitos que gobiernan la intervención obligada de terceros en el ordenamiento procesal bonaerense cuentan con un desarrollo doctrinario y jurisprudencial pacífico y consolidado, resultando palmaria la ajenidad de la tercera citada respecto de la relación jurídica sustancial que vincula a los condóminos en este proceso.
Por ello, corresponde confirmar también este tramo de la resolución apelada, imponiendo asimismo las costas de esta Alzada a la parte demandada en virtud del resultado adverso de su recurso (arts. 68 y 69 del CPCC).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE : 1°) CONFIRMAR la resolución dictada con fecha 17/6/2026 en todo cuanto fue materia de recurso y agravios.
2. IMPONER las costas de esta instancia recursiva a la parte demandada apelante, en su calidad de vencida (arts. 68 y 69 del CPCC), difiriendo la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad (art. 31 de la Ley 14.967).
Regístrese.
Notifíquese en los términos del art. 10 1º párrafo del Anexo I, Cap. II del Reglamento para las presentaciones y la notificación por medios electrónicos Ac. 4039/21 de la S.C.B.A.
Firmas
Funcionario firmante: JORDA Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario firmante: COLLADOS Mirta Susana - JUEZ
Funcionario firmante: PILI Damian Ignacio - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES - Número: RR- 596-2026
Fin de la sentencia