Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 49698-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaA)
Rechazar el recurso intentado y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravio, con costas a la vencida (cfr. art. 68, CPCCN); y b) remitir los autos al Representante del Fisco en los términos dispuestos en el considerando 13 supra.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
5483/2021 CASINOS DE MISIONES SA (TF 49698-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 12 de agosto de 2021 VISTO Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs.93/95vta., el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó: (i) la excepción de cosa juzgada opuesta por el Fisco Nacional; y (ii) el recurso por retardo de repetición interpuesto por la parte actora relativo al Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2017. Impuso las costas en el orden causado. Para así decidir, y en cuanto a la excepción opuesta, señaló que la nota externa N° 236/2018 (DV RPOS) comportaba un acto “no resolutivo” que no se encontraba previsto en el procedimiento establecido para la repetición de tributos regulado en el art. 81 de la ley 11.983 (t.o. en 1998 y sus modificatorias). Ello así, puso de resalto que el organismo recaudador había omitido dictar un acto administrativo de alcance particular y obligatorio relativo a la pretensión de la contribuyente.
En lo atinente al fondo de la cuestión, precisó que la acción incoada se circunscribía exclusivamente a la declaración de inconstitucionalidad del párrafo agregado a continuación del inciso b, del artículo 69 de la ley del Impuesto a las Ganancias (introducido por la ley 27.346), aspecto sobre el que se encontraba imposibilitado de expedirse atento a lo dispuesto por el artículo 185 de la ley 11.683, dada la ausencia de pronunciamiento específico por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto a la cuestión debatida. En esa misma línea, manifestó que los precedentes invocados por la actora no versaban sobre la validez constitucional de la normativa en crisis.
Por su parte, con relación a la confiscatoriedad del tributo alegada por Casinos de Misiones S.A., destacó que en la causa “Candy” (Fallos: 332:1571), el Máximo Tribunal había advertido que “si bien el mero cotejo entre la liquidación de la ganancia neta sujeta al tributo efectuada sin el ajuste por inflación, y el importe que resulta de aplicar a tal fin el referido mecanismo no es apto para acreditar una afectación al derecho de propiedad (confr. causa citada "Santiago Dugan Trocello" citado), ello no debe entenderse como excluyente de la posibilidad de que se configure un supuesto de confiscatoriedad si entre una y otra suma se presenta una desproporción de magnitud tal que permita extraer razonablemente la conclusión de que la ganancia neta determinada según las normas vigentes no es adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del impuesto a las ganancias pretende gravar”.
Asimismo, puso de relieve que -según la doctrina del Alto Tribunal- para que se tenga por configurada la confiscatoriedad de un tributo, debe producirse una absorción de una porción sustancial de la renta o el capital del contribuyente, requiriendo una prueba concluyente a tales fines. En ese sentido, descalificó la pericia contable ofrecida por la parte actora y la tildó de inoficiosa toda vez que apuntaba a demostrar la exactitud de la ganancia neta liquidada en la declaración jurada y comparar la aplicación de la alícuota general y la diferencial.
Justificó la distribución de costas en el orden causado en las particularidades de la cuestión debatida y en el modo en que las partes habían efectuado sus presentaciones. Al respecto, señaló que luego de iniciada la presente causa ante el Tribunal Fiscal, las partes habían continuado el trámite de ciertas actuaciones en sede administrativa. En ese mismo orden de ideas, puntualizó que la AFIP había iniciado una Orden de Intervención respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período 2017 y que la recurrente había conformado determinados ajustes propuestos por el organismo recaudador que podrían tener incidencia sobre el monto reclamado; circunstancia que no había sido comunicada por la actora.
2. Que, disconforme con el pronunciamiento, el 16/9/19 y el 7/10/19 Casinos de Misiones S.A. interpuso y fundó su recurso de apelación (conf. fs. 99/99vta. y 109/131, respectivamente) que fue replicado por su contraria a fs. 143/153.
Por su parte, el 7/10/19, el Fisco Nacional apeló la resolución y posteriormente desistió del recurso (v. fs. 103 y 138, respectivamente). El 20/5/21 se expidió el Sr. Fiscal General que interviene ante esta Cámara.
3. Que, la parte actora asevera que el a quo incurrió en una contradicción en cuanto invocó la limitación establecida en el artículo 185 de la ley 11.683 y simultáneamente concluyó que el párrafo agregado a continuación del inciso b, del artículo 69 de la ley de Impuesto a las Ganancias (actual artículo 73) no resultaba confiscatorio de conformidad con el precedente “Candy”. Asimismo, alega que la alícuota agravada -en razón del tipo de actividad ejercida por la contribuyente- afecta el principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución Nacional, toda vez que configura una distinción arbitraria o una suerte de “castigo” que atenta contra la justicia tributaria y se encuentra CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5483/2021 CASINOS DE MISIONES SA (TF 49698-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO desvinculada del volumen de ingresos gravados por el impuesto. Cita jurisprudencia en sustento de su postura.
Agrega que el establecimiento de la alícuota cuestionada obedeció a un fin exclusivamente recaudatorio. Sin perjuicio de ello y ante la hipótesis de que pretenda justificarse el tratamiento diferencial en el objetivo de desincentivar la actividad lúdica, destaca que el Congreso Nacional carece de atribuciones para regular dicha materia por cuanto es una facultad originaria y exclusiva de los gobiernos provinciales (conf. arts. 121 y 126 de la Constitución Nacional), tesitura que -entiende- fue sostenida por el Máximo Tribunal en la causa “Cadegua S.A. c/Municipalidad de Junín s/ demanda contencioso administrativa”, (Fallos: 327:4103).
Por su parte, esgrime que el incremento de alícuota como pretendida “medida extra fiscal se encuentra a extramuros del principio de razonabilidad”, en tanto considera que desnaturaliza el Impuesto a las Ganancias al utilizarlo con propósitos disuasivos propios de los gravámenes indirectos (por ej. Impuestos Internos e Impuesto Específico sobre la Realización de Apuestas). En referencia al principio de capacidad contributiva y proporcionalidad, explica que el tributo cuestionado no guarda progresividad alguna en su aplicación y prescinde totalmente de la aptitud económica del contribuyente, en particular del volumen de la renta obtenida.
Arguye que el régimen impositivo relativo a la explotación de juegos de azar en casinos y de las apuestas efectuadas en máquinas electrónicas no supera el test de razonabilidad puesto que: (i) no satisface un criterio objetivo de clasificación; (ii) se instituye en un “verdadero régimen de excepción” perjudicial para “unos pocos contribuyentes” y (iii) omite ponderar la capacidad contributiva de los sujetos obligados.
En lo atinente a la afectación al derecho a ejercer industria lícita, manifiesta que la imposición de una alicuota agravada, dada su evidente arbitrariedad, funciona en los hechos como una suerte de castigo o límite a la actividad realizada, configurando, asimismo, una violación a su derecho de propiedad.
Por otra parte, se agravia de los efectos confiscatorios de la alícuota impugnada en tanto sostiene que la tasa del 41,5% absorbe una parte sustancial de sus utilidades netas de conformidad con la doctrina del Tribunal Supremo en el precedente “Candy”. Asevera que la prueba pericial rechazada por el a quo constituye un medio idóneo para acreditar la diferencia de impuesto que surge de aplicar la alícuota general y la alícuota incrementada.
Señala que el ajuste practicado por la AFIP correspondiente al Impuesto a las Ganancias del 2017 ascendió a $114.064,70 y fue abonado conforme surge del comprobante que adjunta a su memorial. Ello así, afirma que el referido ajuste no impide ni incide en la repetición intentada.
Por último, solicita la producción de la prueba pericial contable desestimada por el a quo a fin de que pueda examinarse la confiscatoriedad alegada.
4. Que, no se encuentra controvertido que el 11/10/18 la actora promovió acción de repetición en sede administrativa respecto de la suma de $8.825.789,22 abonada en concepto de Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2017 como consecuencia de haber aplicado la alícuota agravada del 41,50% prevista en el párrafo agregado a continuación de inciso b, del art. 69 de la ley del gravamen para las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) (conf. fs. 2/20vta.). El 29/10/18 la demandada emitió la nota externa 236/2018 comunicando a la recurrente (que fue notificada el 02/11/18) que “el Fisco Nacional no podía merituar ni acceder a una repetición de tributos, por no surgir de una declaración jurada presentada por el propio contribuyente. Por lo que no existía un pago sin causa o por error” (60vta./61vta., 93vta. y 80/81). Por su parte, la actora consideró que el organismo recaudador no se había expedido respecto al reclamo administrativo previo y transcurridos tres meses, interpuso recurso ante el a quo por retardo de repetición; criterio que fue validado por el pronunciamiento recurrido que se encuentra firme con respecto a este punto.
Asimismo, ambas partes son contestes en sostener que con posterioridad a la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal, la AFIP practicó un ajuste en el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2017 por $114.064,70 que fue abonado por la actora (fs. 104/108, 129vta. y 151vta.).
5. Que, con carácter preliminar, cabe aclarar que el art. 260, inc. 5°, del CPCCN —aplicable en la especie en virtud de lo dispuesto en el artículo 197 de la ley 11.683— establece que se podrá solicitar la apertura a prueba en la Alzada cuando: a) se alegue un hecho nuevo, posterior a la oportunidad prevista por el art. 365, o se tratare del caso previsto por el segundo párrafo del art. 366 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5483/2021 CASINOS DE MISIONES SA (TF 49698-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO con relación a la apelación contra la denegatoria del hecho nuevo; y b) se indique las medidas probatorias denegadas en primera instancia o respecto de aquéllas que hubiese mediado declaración de negligencia, que tengan interés de replantear en los términos de los artículos 379 y 385 in fine.
Por otra parte, debe advertirse que el replanteo requiere como presupuesto de admisibilidad que la petición sea fundada, es decir, que ello implica satisfacer la carga procesal de aportar las razones fehacientes que sirvan de fundamento suficiente para hacer viable la medida (C.Nac.Civ., Sala A, 3/6/80, Sala B, 13/5/77, Sala F, 18/5/71 y esta Sala in re “Abbiendi SAIC c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sent. del 21/12/17).
En el caso, “a los fines de que pueda examinarse la confiscatoriedad alegada y en razón de no haber sido autorizada su producción por el Tribunal Fiscal”, la actora solicita “una prueba pericial contable, para que el profesional interviniente establezca, en relación al impuesto a las ganancias del período fiscal 2017, la diferencia de impuesto que surge de aplicar la alícuota general en comparación con la alícuota incrementada prevista en el párrafo agregado a continuación del inciso b) del art. 69 de la ley del gravamen, que fue aplicada para la liquidación del gravamen” (fs. 130vta.). Ello así, resulta claro que se trata de un replanteo de prueba que no se encuentra adecuadamente fundado puesto que la parte interesada en su producción no esbozó razón alguna que permita desvirtuar el fundamento otorgado por el a quo para justificar su denegación. En efecto, Casino de Misiones S.A. omitió explicitar de qué modo la determinación de la diferencia de impuesto que surge de aplicar la alícuota general y la diferencial permitiría tener por acreditada la absorción de una porción sustancial de la renta o el capital; circunstancia que sella la suerte adversa de su pretensión.
6. Que, en lo atinente al fondo de la cuestión, es dable señalar que el párrafo agregado a continuación del inciso b, del artículo 73, de la ley de Impuesto a las Ganancias dispone que: “las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas (de resolución inmediata o no) y/o a través de plataformas digitales tributarán al cuarenta y uno coma cincuenta por ciento (41,50%)”.
Así pues, y de conformidad con los agravios formulados por la recurrente, la cuestión en debate se circunscribe a determinar si el régimen alicuotario supra descripto deviene inconstitucional.
7. Que, en materia de interpretación de las leyes impositivas, el art. 1º de la ley 11.683 dispone que se debe atender al fin con el que han sido dictadas, criterio de hermenéutica reiterado por la Corte federal al señalar que es misión del intérprete indagar el verdadero sentido y alcance de la ley, mediante un examen atento y profundo de sus términos que consulte la realidad del precepto y la voluntad del legislador, pues, cualquiera que sea la índole de la norma, no hay método de interpretación mejor que el que tiene primordialmente en cuenta la finalidad de aquella (conf. CSJ 88/2013 (49-I)/CS1 “INC SA (TF 24.746 – I) c/ DGI”, sent. del 15/7/21, entre otros).
A tal fin, cabe mencionar que la reforma impositiva introducida por la ley 27.346 tuvo su origen en el proyecto remitido el 22/11/16 por el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados en el que no se encontraba previsto el incremento de alícuota que aquí se cuestiona. Puntualmente, el mensaje de elevación consignó que las modificaciones propiciadas (en materia de deducciones personales, tramos e importes contenidos en las escalas del Impuesto a las Ganancias) “se insertan en el marco del dictado de medidas tendientes a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar de manera inmediata y significativa los recursos y el equilibrio fiscal nacional y de las provincias” (conf. Trámite Parlamentario n° 174, mensaje 142/16 del 22/11/16, expediente 0036-PE-2016).
Ahora bien, en la reunión informativa llevada a cabo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el 29/11/16, el Diputado Kosiner indagó acerca de “la posición del gobierno para avanzar sobre el gravamen de ganancias respecto al juego y a la renta financiera” y señaló que “Estos sectores en los últimos años han ganado mucho dinero en la República Argentina, indudablemente más que la capacidad que han tenido de recuperación los salarios”.
Posteriormente, en el marco de la reunión informativa de esa misma Comisión concretada el 1°/12/16, el Diputado Ziliotto precisó que la propuesta del bloque justicialista, complementaria del proyecto presentado por el Frente Renovador, “va en línea con la responsabilidad fiscal y política que hemos tenido desde el primer momento (…) nos da la gran tranquilidad de que estamos resolviendo una demanda de un sector muy importante de los trabajadores CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5483/2021 CASINOS DE MISIONES SA (TF 49698-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO argentinos y (…) dando seguridad fiscal ya que esto brinda un equilibrio que garantiza gobernabilidad a través de una sustentabilidad financiera no solo respecto de los gobernadores, sino también del Poder Ejecutivo nacional y, principalmente, la ANSES. Todos sabemos que hoy, cerca de un 20 por ciento de los ingresos de la ANSES corresponde al impuesto a las ganancias. Por eso, como contrapartida de lo que significa modificar considerablemente los distintos montos que hoy están afectando ese impuesto, estamos proponiendo una compensación. En ese sentido, como dije hoy, complementando lo que había presentado el Frente Renovador y enriqueciendo esa postura, estamos planteando que sean dos sectores muy claramente definidos los que hagan un esfuerzo superior a los trabajadores. En esta pequeña reforma tributaria, que tiene como principal contenido una distribución de la renta, queremos que los sectores del juego y aquellos vinculados a la especulación financiera sean los que financien esta mejora salarial para los trabajadores” (el destacado es propio).
A su turno, el Diputado Laspina detalló la incorporación de propuestas al proyecto del Poder Ejecutivo y senaló que “Estos costos fiscales los vamos a reparar con un impuesto al juego. En realidad, estamos proponiendo un impuesto indirecto a las apuestas y uno directo a las famosas máquinas tragamonedas, de modo tal que se pueda compensar en parte el costo fiscal”. En el escenario descripto, la Cámara de Diputados llevó adelante la sesión extraordinaria del 6/12/16 para considerar los dictámenes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a saber: (i) el dictamen de mayoría que incorporaba un “Impuesto específico sobre la realización de apuestas” (Título III) y un “Impuesto sobre las máquinas electrónicas de juegos de azar y/o de apuestas automatizadas” (Título IV); y (ii) el primer dictamen de minoria en el que se proponía elevar la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 40% para “Los establecimientos dedicados a los juegos de azar, carreras de caballos y actividades similares pertenecientes a asociaciones, sociedades o empresas, cualquiera sea su naturaleza, constituidas en el país o en el extranjero”. En dicha ocasión y en lo que aquí interesa, el Diputado Laspina puntualizó que se había incorporado un gravamen a las apuestas y al juego “para compensar el impacto fiscal de esas medidas” y alegó que “como representante del Estado –y en este punto, creo representar también la visión de la mayoría de los bloques opositores–, considero que el juego es una actividad que no debe ser promovida. Buscamos hacer esto con equilibrio. El Poder Ejecutivo nacional debe tener la flexibilidad suficiente para adaptar esa carga impositiva y no comprometer ninguna fuente de trabajo que se haya creado en esa industria, pero al mismo tiempo para poder cumplir con el objetivo de desalentar esa actividad y recaudar los recursos que hoy necesitan los argentinos para poder hacer frente a la reforma” (conf. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 2016, 23ª reunión – 6 de diciembre de 2016, pág. 143) (el destacado es propio). En similar sentido, el Diputado Pastori agregó que los dos impuestos al juego incorporados al proyecto compensan “la mayor detracción de la recaudación por la incorporación de la deducción por alquileres y viáticos” (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 2016, 23ª reunión – 6 de diciembre de 2016, pág. 157).
A su turno, el diputado Lavagna indicó que: “Gracias a estas modificaciones reducimos la brecha fiscal, que el gobierno decía que era de 30.000 millones de pesos, a 20.000 millones. Además, con los gravámenes que sugerimos incorporar –la renta financiera, el juego, las ganancias con dólar futuro, etcétera– podemos decir a los gobernadores que no perderán un peso de sus recursos provinciales. En esto pueden estar tranquilos” (conf. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 2016, 23ª reunión – 6 de diciembre de 2016, pág. 149). Más adelante, sostuvo que “Estamos gravando la renta financiera especulativa, el juego y aquellas rentas que hoy tienen una situación beneficiosa particular” (conf. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 2016, 23ª reunión – 6 de diciembre de 2016, pág. 150) (el destacado es propio).
En cuanto al proyecto de ley acompañado por el primer dictamen de la minoría, el Diputado Kicillof adujo que: “Se incorpora una alícuota más alta para los juegos de azar, entendiendo que se trata de dos rubros (junto con al renta financiera) que, aunque con características muy distintas, presentan muchas veces efectos contradictorios sobre el desarrollo de la matriz productiva local” (conf. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 2016, 23ª reunión – 6 de diciembre de 2016, pág. 120).
En definitiva, el proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados incorporó en el Capítulo III el “Impuesto sobre la ganancia extraordinaria presunta a la comercialización de juegos de azar desarrollada a través de máquinas electrónicas” y el “Impuesto a la realización de apuestas. Impuesto al juego” (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 2016, 23ª reunión – 6 de diciembre de 2016, pág. 196/197).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
5483/2021 CASINOS DE MISIONES SA (TF 49698-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO En oportunidad de tratar el proyecto remitido por la Cámara de Diputados, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores promovió el reemplazo del impuesto a las máquinas por un incremento de la alícuota del Impuesto a las Ganancias para los juegos de azar fijada en el 41,50% y el mantenimiento del Impuesto a las Apuestas en máquinas y on line (conf. reunión del 20/12/16).
En la sesión extraordinaria del 21/12/16, el Senador Perotti expuso que “instaurar un tributo adicional sobre los juegos de azar es una solución adecuada para cubrir parcialmente el bache fiscal que genera la reforma. Esta solución contempla tres aspectos complementarios a los efectos de dar a la tributación de la actividad un enfoque integral. Por un lado, se grava con el 41.5 % las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar.
Complementariamente, se grava con un impuesto específico sobre la realización de apuestas con una alícuota del 0,75 % sobre la base imponible equivalente al valor de cada apuesta. Finalmente y cubriendo un necesidad legislativa surgida por la aparición de nuevas formas de apuestas, se establece un impuesto que grave las apuestas efectuadas en el país a través de cualquier tipo de plataforma digital, con prescindencia de la localización del servidor utilizado para la prestación del servicio, con una alícuota del 2 % sobre el valor bruto de cada apuesta” (conf. Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores de la Nación, año 2016, 22ª reunión – 21 de diciembre de 2016, pág. 114).
Finalmente, la Cámara de Diputados aceptó las enmiendas introducidas por la Cámara de Senadores sancionándose definitivamente la ley 27.346 (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, año 2016, 24ª reunión – 22 de diciembre de 2016).
8. Que, es menester señalar que la Corte Suprema ha considerado razonable que el Estado, con fundamento en su poder impositivo y en atención a los fines perseguidos por su plan de gobierno, alcance a determinadas actividades con un tributo diferenciado, siempre que en la distinción exista una base sólida que la justifique y que no se establezca con la finalidad de hostilizar o favorecer a determinadas personas o clases de personas con consideraciones que no se encuentren relacionadas con los deberes de los contribuyentes (Fallos: 325:2600). En esa misma línea, la Corte tiene dicho que la igualdad preconizada por el artículo 16 de la Constitución Nacional importa, en lo relativo a impuestos, establecer que, en condiciones análogas, deberán imponerse gravámenes idénticos a los contribuyentes (Fallos: 138:313; 328:1750), de modo que “la garantía consagrada por el art. 16 de la Constitución en lo que a impuestos se refiere, no importa otra cosa que impedir distinciones arbitrarias, inspiradas en el propósito manifiesto de hostilidad contra determinadas personas o clases” (Fallos: 150:419).
Así pues, ha reconocido la posibilidad de determinar diversas categorías de contribuyentes por motivos distintos de la sola capacidad económica revelada por el valor de la riqueza gravada. Para así decidir, el Máximo Tribunal ha sostenido que “siendo el tesoro público y el régimen que lo constituye instrumentos de gobierno que tienden a obtener el bien común, hay que tomar en consideración el mayor o menor deber de contribuir que corresponda a cada uno según su condición y la función de sus riquezas en la vida social, apreciando todo ello desde el punto de vista de las exigencias del bien común, en el cual todo bien particular tiene su fundamento y requisito. De tal modo pueden ser desiguales valores económicamente equivalentes o lo contrario, pues la igualdad jurídica con que se constituye el orden de la sociedad es una igualdad proporcional” (Fallos: 210:284 y 1288).
De este modo, ha admitido que los impuestos trasciendan los fines exclusivamente fiscales en su determinación de modo que, además de la capacidad contributiva, puede considerarse también un mayor o menor deber de contribuir en función de las caracteristicas de los bienes, el modo de poseerlos o explotarlos, “por la mayor o menor vinculación del dueño con el país en que la riqueza gravada tiene su asiento o su fuente, por la clase de actividad que con ella se realiza” (el destacado es propio). Por lo tanto, “ese deber puede ser mayor habiendo de por medio valores económicos iguales a los de otros contribuyentes a quienes se cobra menos y viceversa” (Fallos: 314:1293).
A mayor abundamiento, es menester recordar que en un reciente pronunciamiento la Corte Suprema señaló que al “ponderar el principio de igualdad y capacidad contributiva, no deben descartarse los fines extra-fiscales que en la creación de hechos imponibles y la cuantificación de los tributos puede haber tenido el legislador, cuestiones propias del diseño de una política fiscal ajena a la intervención del Poder Judicial, salvo en caso de discriminación o distingo arbitrario o injusto (arg. doct. Fallos: 289:508; 300:1027; 307:993)” (Fallos: 344:1051).
9. Que, a partir de la lectura y del análisis de los antecedentes parlamentarios de la ley 27.346, resulta claro que el incremento de alícuota que aquí se cuestiona respondió a: (i) la voluntad legislativa de paliar el costo fiscal CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5483/2021 CASINOS DE MISIONES SA (TF 49698-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO generado por las modificaciones propiciadas en el Impuesto a las Ganancias para las rentas contempladas en la cuarta categoría del gravamen, y (ii) la valoración de los legisladores con respecto a la actividad del juego y a su situación económica particular; razones que no demuestran per se hostilidad o castigo alguno ni revelan arbitrariedad o irrazonabilidad en la distinción propuesta. En este escenario y de acuerdo a la doctrina jurisprudencial supra reseñada, es dable concluir que el incremento alicuotario dispuesto por la norma para las actividades de explotación de juegos de azar no configuraría per se una violación a los principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva, en los términos alegados por la recurrente.
10. Que, en otro orden de ideas, el Máximo Tribunal tiene dicho que la garantía del derecho de propiedad no es óbice para la legitimidad de impuesto alguno, en tanto no sea confiscatorio (Fallos: 258:230).
Al respecto, la Corte Suprema ha sostenido desde antaño que la confiscatoriedad del tributo se produce cuando hay una absorción por parte del Estado de una porción sustancial de la renta o el capital (Fallos: 242:73 y sus citas; 268:56; 314:1293; 322:3255, entre muchos otros).
Ahora bien, la comprobación de tal supuesto —y la consiguiente violación al derecho de propiedad— está rodeada de rigurosas exigencias de prueba tendientes a poner en evidencia su acaecimiento, esto es, que el exceso alegado ́ como violación de la propiedad resultase de una relacion racional estimada entre el valor gravado y el monto del gravamen y, a tales efectos, se ha requerido la existencia de una prueba concluyente a cargo del actor (Fallos: 314:1293; 322:3255 y sus citas; 328:4542).
Así pues, en el precedente “Candy S.A.” invocado por la actora, el Tribunal Supremo precisó que la accionante había acompañado un informe especial de contador público —respaldado, a su vez, por las conclusiones del perito contador designado de oficio— del que surgía que de no recurrirse al mecanismo correctivo para el período pretendido —vale decir, de determinarse el Impuesto a las Ganancias sin aplicar el ajuste por inflación —, la alícuota efectiva del tributo a ingresar no sería del 35% sino que representaría el 62% del resultado impositivo ajustado, o el 55% de las utilidades —también ajustadas— obtenidas por la contribuyente durante el ejercicio de ese mismo año; porcentajes que excedían los límites razonables de imposición (considerando 8º). Ello así, en dicho antecedente se consideró determinante la pericial acompañada por la actora para llegar a la conclusión de que la ganancia neta determinada no era adecuadamente representativa de la renta, enriquecimiento o beneficio que la ley del Impuesto a las Ganancias pretendía gravar.
Además, la Corte Suprema sostuvo que: “...en razón de las cambiantes circunstancias del país -e incluso bajo las mismas circunstancias- la diversa relación de determinadas especies de impuestos con el bienestar general, derivada de la clase de o actividad gravada, entre otros factores, puede justificar que la determinación del límite varíe en más o en menos. Dicho límite no es absoluto sino relativo, variable en el tiempo y aun susceptible de diferenciaciones en un mismo tiempo”.
En este punto, no resulta ocioso recordar que en Fallos: 328:4542, el Maximo Tribunal revocó la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en tanto consideró que “al omitir particularizar la relación entre el impuesto pagado y el capital de la empresa, el monto anual de sus ventas o cualquier otro índice de su capacidad económica, el pronunciamiento incurre -según mi criterio- en una mera afirmación dogmática al tachar de confiscatorio al gravamen (Fallos: 292:254, cons. 16), pues la compulsa que ha realizado no trasciende el ámbito infraconstitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada (Fallos: 320:1166, cons. 5)”.
11. Que, desde esa óptica, cabe anticipar que en el sub examine la prueba documental acompañada por la recurrente y la pericial contable ofrecida no permiten evidenciar la existencia de un supuesto de confiscatoriedad a la luz del criterio supra descripto. Ello así, toda vez que el punto de pericia formulado resulta inconducente a los fines de acreditar los extremos que invoca, puesto que se limita a requerir la determinación del impuesto a ingresar de conformidad a la alícuota genérica y a la diferencial del Impuesto a las Ganancias (conf. fs. 130/vta., pto. IV, inc. b).
Por su parte, la planilla de liquidación obrante a fs. 107 arroja únicamente el importe ajustado por el Fisco Nacional en el marco de la orden de inspección n° 1749294 (conf. considerando 4° supra).
De este modo, resulta evidente que en el sub examine, la actora no acompañó ni ofreció elementos probatorios que permitan determinar la efectiva gravitación en términos económicos y patrimoniales del aumento de 6,5 puntos porcentuales de la alícuota del Impuesto a las Ganancias respecto a las rentas CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 5483/2021 CASINOS DE MISIONES SA (TF 49698-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO producidas por la explotación de juegos de azar. Máxime, teniendo en cuenta las particulares condiciones en las que se desarrolla la actividad lúdica en general y, en el caso de la recurrente, la existencia de otras rentas derivadas de “Ingresos Hotel”, “Ingresos Cine” y “otros Ingresos” (fs. 107) que no se encuentran alcanzadas por el incremento alicuotario y contribuyen a la cuantificación y valoración de la capacidad contributiva incidida por el gravamen.
En función de lo expuesto, cabe concluir que los instrumentos probatorios de los que pretende valerse la actora no permiten analizar el impacto del pago del tributo sobre su renta y/o su patrimonio ni comportan una demostración concluyente de que la gabela ingresada resultó confiscatoria en los términos alegados, todo lo cual impide dar favorable acogida al planteo formulado.
12. Que, en lo que respecta al agravio referido a la falta de potestades del Congreso Nacional para legislar en la materia vinculada a los juegos de azar, cabe advertir que el precedente citado por la recurrente “Cadegua S.A. c/Municipalidad de Junín s/ demanda contencioso administrativa” (Fallos: 327:4103), versa sobre el ejercicio del poder de policía en el orden provincial y municipal y se inscribe en la doctrina de la Corte Suprema relativa a la potestad de las provincias para reprimir los juegos de azar, por involucrar cuestiones de seguridad, salubridad y moralidad pública atinentes al estado local (conf. Fallos: 7:150; 242:496; 275:314; 301:1053; 303:1050, entre otros). Sin embargo, la controversia de autos gira en torno a la legitimidad del establecimiento de una alícuota diferencial del 41,50%, en el marco de una norma dictada por el Congreso Nacional en ejercicio de las potestades tributarias previstas en el art. 75, inciso 2° de la Constitución Nacional.
Sin perjuicio de ello, vale aclarar que la finalidad extra fiscal mencionada en los debates parlamentarios reseñados como uno de los motivos por los cuales se incrementó la alícuota (conf. considerando 7° supra), resulta insuficiente para considerar que el Congreso Nacional se ha arrogado una potestad reservada por la Constitución a las provincias, tal como alega la recurrente.
13. Que, teniendo en cuenta las constancias presentadas por la parte actora relativas a la liquidación y el pago de la tasa de justicia (v. providencia del 03/05/21), corresponder otorgar vista al Sr. Representante del Fisco, en atención a encontrarse configurado el supuesto previsto en el punto 10, in fine, de la acordada CSJN 20/92.
Por todas las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: a)
rechazar el recurso intentado y confirmar el pronunciamiento apelado en cuanto fue materia de agravio, con costas a la vencida (cfr. art. 68, CPCCN); y b) remitir los autos al Representante del Fisco en los términos dispuestos en el considerando 13 supra.
Regístrese, notifíquese –al Sr. Fiscal a las direcciones electrónicas denunciadas-, cúmplase con la remisión ordenada y, -oportunamente- devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORAN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia