Abriendo la norma
Cámara Segunda Civil y Comercial Sala I de la Plata · Causa 132.473
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe revoca la resolución del día 10 de junio de 2022; y, en su mérito, se hace lugar a la petición de legítimo abono deducida por Mirna Raquel Leiva contra Nestor Rubén Silva. Previo cumplimiento de los recaudos de ley que garanticen la operación, deberá la Magistrada de la instancia otorgar la escritura traslativa de dominio del inmueble ubicado en la calle 74 N°902 esq. 13 de La Plata; cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción II, Sección J, Manzana 145-a, Parcela 1-a, inscripto en la matrícula (055) 94.521. Costas de Alzada a la Sra. Mirna Raquel Leiva.
JS
En la ciudad de La Plata, a los 13 días del mes de Septiembre de 2022, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Segunda de Apelación, Doctores Jaime Oscar López Muro y Ricardo Daniel Sosa Aubone, para dictar sentencia en los autos caratulados:
"CASTAÑO MERCEDES Y SILVA NESTOR RUBEN S/ SUCESION
AB-INTESTATO" (causa: 132473), se procedió a practicar el sorteo que prescriben los artículos 168 de la Constitución de la Provincia, 263 y 266 del Código Procesal, resultando del mismo que debía votar en primer término el doctor Sosa Aubone.
LA SALA RESOLVIO PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:
1ra. ¿ Es justa la apelada sentencia del 10 de junio de 2022?.
2a. ¿ Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el doctor Sosa Aubone dijo:
1. Antecedentes 1.a) Mediante la resolución dictada el 10 de junio de 2022, la Sra. Jueza de la instancia resolvió rechazar el pedido de legítimo abono formulado por la Sra. Mirna Raquel Leiva; indicando que a los fines propuestos debía ocurrir por ante la vía correspondiente (arts. 34 y 736 del CPCC).
Para resolver en tal sentido, sostuvo que para acceder a una declaración como la pretendida es necesaria la conformidad de todos los herederos, bastando la negativa de uno de ellos o el silencio frente al traslado del pedido, para que el crédito no sea admitido como tal, debiendo remitir al interesado al proceso pertinente; y agregó que en autos no existen personas que reúnan aquella calidad, mientras que la Fiscalía de Estado ha expresado su falta de interés en la prosecución del presente, de allí que la acreedora carece de la conformidad necesaria para que proceda el legítimo abono.
1.b. Contra dicha forma de resolver se alzó Mirna Raquel Leiva, a través del recurso que llega fundado en el memorial del 11 de julio de 2022, donde expone que -tal como señaló el Magistrado- los requisitos esenciales para la procedencia del legitimo abono son: 1) deuda cierta y exigible, a lo cual se remite a la contestación que efectúa la Fiscalía en el sucesorio; y 2) conformidad de los herederos del causante.
Sobre esta base, continuó diciendo que, aquí, no pueden obrar dicha conformidad, pues no hay herederos, y el informe de Fiscalía tampoco se encuadra dentro de los términos de una herencia vacante, lo que interpreta, a falta de aquellos como una conformidad para la procedencia del legitimo abono.
Luego de ello, discurrió sobre el principio de economía procesal, por ser la base en la cual se justifica el instituto; y manifestó que se la ha impuesto encausar su reclamo a través de la vía procesal pertinente, esto es, una acción contra una sucesión sin herederos, pero que tampoco resulta ser sucesión vacante, lo cual es contrario a la directriz invocada. Por último, argumentó que la falta de herederos no se puede interpretar como silencio o negación, y la Fiscalía no interviene ya que no existen bienes del causante, entendiendo que el único bien a su nombre ya salió del acervo.
2. Tratamiento de los agravios 2.a) No existen dudas que estas actuaciones exhiben marcadas particularidades que las diferencian de otras; como ser la inexistencia de herederos del causante Nestor Rubén Silva, y la expresa falta de interés manifestada por la Fiscalía de Estado al tiempo de su convocatoria, cuyo Titular decidió -a través del acto respectivo- "No iniciar y/o proseguir el trámite de la sucesión de la causante Sr. Néstor Raúl Silva" (ver adjunto al trámite del 7-3-2022).
Esta aclaración se realiza con el objeto de adelantar que la lectura que, a mi modo de ver, cabe hacer de las mismas escapa por completo a la lógica lineal aplicable a supuestos que resultan más habituales u ortodoxos a las previsiones legales (art. 1 y 2 del Código Civil y Comercial).
Ahora bien, también es indudable, porque las propias circunstancias ya descriptas así lo evidencian, que el cumplimiento de los requisitos que se exigen para la viabilidad del instituto del legítimo abono ("reconocimiento expreso y unánime de los herederos"; art. 2357 del Código Civil y Comercial) no puede ser satisfecho en este proceso, a poco que se advierta -como hemos dicho- que mal puede pretenderse la conformidad de herederos que no existen -o, al menos, no se han presentado en autos a pesar de la convocatoria por edictos-, ni tampoco de la Fiscalía de Estado, quien ha dejado en claro su postura, precisamente con base sustancial en el pedido de la Sra. Leiva. Obrar de otra manera importaría tanto como exigir lo imposible.
Vale decir, que una respuesta formal a la pretensión aludida, marcada por un análisis literal de los recaudos de ley, conllevaría a una natural respuesta desfavorable, tal como ha ocurrido; pero, desde donde lo veo, esa interpretación carece de una debida lectura prospectiva. Me explico. La consecuencia prevista en el referido art. 2357 del Código Civil y Comercial para el caso de ausencia de conformidad expresa es facultar al interesado "para deducir las acciones que le corresponden", tal como se resolviera en el decisorio objetado. Pero esa consecuencia parte necesariamente de una premisa clara, que es la existencia de herederos que pudiesen haber brindado el consentimiento; en cuyo caso, y como es lógico, aquel podrá insinuar su crédito en un marco de debate más amplio y los herederos dar la discusión pertinente, con igual grado de extensión. Mas, en el caso de autos, esa pauta originaria no se hace presente. Esta particularidad tiene entonces un impacto claro a futuro, dado que las mismas condiciones que se presentan actualmente en el sucesorio se proyectarán, de manera indisputada, a ese eventual proceso posterior. Lo que quiero poner en evidencia es que la ausencia de legítimos contradictores a la manifestación de deseo expuesta aquí por la Sra. Leiva habrá de verificarse también en la pretensión ulterior.
Va de suyo entonces que la resolución apelada le está imponiendo a la interesada acudir "ante la vía correspondiente", sin reparar en que toda pretensión futura tendrá como legitimado pasivo al aquí causante -hoy su sucesión-, que no cuenta con herederos, ni tampoco habrá de ser declarada vacante. Ergo, la misma situación de aquí, se evidencia allá; sólo que se le impone la realización de nuevos trámites, sin prever la situación futura. 2.b) Con pie en ello, entiendo que es necesario realizar una interpretación que contemple tanto los derechos y garantías de orden constitucional y convencional de todas aquellas personas que pudiesen tener interés en la temática aquí debatida, como la eficacia y economía que debe buscarse siempre en la prestación del servicio de justicia. 2.c) Desde el primer plano, es necesario poner de resalto que, tal como surge de las constancias aquí glosadas, una vez abierta la sucesión del Sr.
Silva, se ha ordenado "la publicación de edicto por un día en el Boletín Judicial, citándose a todos los que se consideren con derecho a los bienes dejados por el referido causante, para que dentro del plazo de treinta días lo acrediten" (ver trámite del 23 de agosto de 2021); sin que, como consecuencia de dicha convocatoria, se hubiese presentado persona alguna a hacer valer sus derechos (arts. 18 CN; 8 CADH; 734 del CPCC). Tampoco existe constancia en autos -ni mucho menos medida trabadaque ponga en evidencia la tramitación de proceso alguno relativo al bien objeto de contrato; y habiendo realizado una compulsa de la web de Receptoría General de Expedientes con el objeto de identificar procesos relativos al aquí causante, la misma sólo ha arrojado como resultado el presente sucesorio (ver adjunto; correspondiente al 7/9/2022, 11:32 hs).
Asimismo, y previendo también ese hipotético proceso posterior, es preciso poner de resalto que las condiciones de autos tampoco colocan la situación del titular registral en la figura del 'ausente', dado que no es posible hablar en sentido estricto de una persona incierta, ni mucho menos con domicilio ignorado. Por el contrario, está clara la eventual legitimación pasiva del referido; el obstáculo está dado entonces por la ausencia de alguien que 'continúe' su persona y, por ende, pueda ser citado en dicha calidad. Siguiendo este razonamiento, tampoco cabe acudir al supuesto de 'herederos desconocidos', en cuya situación esta Sala -con diferente integración- ha aceptado la convocatoria del Defensor Oficial (causa 101322, RSI 357-4, 09/12/2004), toda vez que el supuesto concreto no es de ausencia de identificación, sino de inexistencia; máxime cuando obrar en otro sentido importaría transferirle el ejercicio de la vocación hereditaria de aquellos.
Por estos motivos, no es razonable prever que el Defensor Oficial asuma una función en el indicado proceso posterior, la cual -con esa miradale es ajena (art. 145, 341 del CPCC).
En la misma línea, creo indispensable poner de resalto una circunstancia extra que se aduna a mi razonamiento y que fue expresamente valorada por el Fiscal de Estado en su acto adminstrativo, consistente en que el pedido de legítimo abono se apoya en un boleto de compraventa que cuenta con rúbricas certificadas por ante la Escribana Silvia Eleonora De Virgilis, Actuación Notarial DAA018273931, de fecha 8 de Mayo de 2015; con el efecto que, en materia de autoría, le asigna el art. 296 del Código Civil y Comercial.
2.d. En lo que refiere al segundo aspecto, relativo a la eficacia y economía del servicio, no se me escapa que el proceso sucesorio tiene finalidades bien marcadas: identificar a los sucesores, determinar el contenido de la herencia, cobrar los créditos, pagar las deudas, legados y cargas, rendir cuentas y entregar los bienes (art. 2335 del Código Civil y Comercial).
Si bien puede aparecer extraño que un proceso sucesorio se ordene escriturar un inmueble a favor de un tercero, nada obsta a que ello pudieran haberlo hecho los herederos, en caso de haber existido y prestado su conformidad (art. cit.); o la Magistrada, en el supuesto anterior, pero incumpliendo luego los herederos la conducta a la que se hubieran comprometido (cfr. Goyena Copello, Héctor, Curso de Procedimiento Sucesorio, 1978, pág. 272.; García de Ghiglino, Silvia S., "Los acreedores del causante y la declaración de legítimo abono...", LL 1996-A , 1164). Al fin y al cabo, de continuar con la tesitura expuesta en el decisorio de marras, es razonable prever que en el hipotético proceso posterior se llegaría a idéntica conclusión, sólo que allí se descansaría en la formal tranquilidad que brinda la expresa norma del art. 510 del CPCC; cuando, en rigor de verdad, ella aplica a toda resolución judicial que imponga una condena de esta índole (art. 497 y cit. del CPCC) y, en especial, si se repara en que no habrá "obligado" que pueda cumplir, en la medida que ese no sería otro más que el aquí causante.
Si esta lógica se comparte, no veo óbice alguno entonces para que, en las condiciones actuales y a los fines de evitar nuevos trámites, gastos y tiempo, sea posible hacerlo dentro de las presentes actuaciones, previo cumplimiento, claro está, de los recaudos formales y sustanciales respectivos.
2.e. En virtud de todo lo expuesto, no obstante la ausencia de herederos del causante y considerando tanto la expresa postura asumida por la Fiscalía de Estado en el acto administrativo dictado por su Titular -en el sentido de no tener interés en la prosecución del presente-, como lo que surge de la documentación que acompañara la peticionaria (boleto de compraventa con firma certificada), entiendo que corresponde revocar la resolución apelada; y, en su mérito, hacer lugar a la petición de legítimo abono que se dedujera.
Consecuentemente, voto por la NEGATIVA.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo:
En circunstancias como las que nos ocupa, reconozco la sabiduría de maestros como el Dr. Augusto M. Morello, y su tenaz colaborador, el Dr. Gualberto Lucas Sosa, quien me precediera en la función que ejerzo, y cuyo reemplazo me tocó en suerte, sustitución que, como siempre he dicho, ha sido ante todo formal, habida cuenta de que jamás podré estar a la altura científica de hombres que han sido verdaderos hitos en el derecho nacional y formadores de generaciones de juristas. Corresponde recordar tantos otros que nos enseñaron no solamente con su intenso pregonar, su pluma y su ejemplo de vida, trabajando en horas inusitadas para completar artículos y libros, preparar sus clases y cumplir con dedicación y excelencia, con todo aquello que habían emprendido y prometido.
Valga por ello mi tributo a estos abogados que abrieron el camino, y las mentes, a nuevos desafíos de la abogacía y la magistratura. Y en ese camino han quedado líneas de pensamiento que, como principios generales, se mantienen vigentes y generan soluciones “novedosas”. Como bien dijera Unamuno, en su Sentido Trágico de la Vida, a menudo, para grandes novedades, conviene volver a los clásicos. Quiero por ello hacer hincapié en esta función del abogado, sea quien patrocina al cliente, sea el que trabaja como juez, de defender el derecho, de apoyar y ser garantía dinámica de su ejercicio pleno. En ese sentido, el debate puede darse en la cátedra o en las publicaciones, pero la cuestión termina teniendo éxito o fracasando, viendo la luz o no, en el campo de las realizaciones.
Así, principios como el de favorecer la validez de los actos, el reconocimiento eficiente de los derechos, la economía de trámites y de procedimientos, se vinculan con el esfuerzo que veo cristalizado en el voto de mi estimado colega, quien, mediante una excelente construcción, ha avanzado hacia una solución que, despojada de formas y rituales, permite satisfacer, con arreglo a derecho, las justas pretensiones de un justiciable. Veo que la problemática traída está sujeta, como tantas otras, a opiniones disímiles, y señalo que la solución a la que arriba este fallo está lejos de resultar obvia y lineal; por lo que su elaboración debió gestarse fundado en aquéllos principios, pero no sin el ánimo y el esfuerzo puestos sobre el teclado. Porque es sabido que, a la hora de convertirse en hechos, el derecho requiere de intelectos abiertos y voluntades tesoneras que lo impulsen.
Dicho ello, por análogas razones a las meritadas por el colega preopinante, adhiero a la solución propuesta; y, en consecuencia, también doy mi voto la NEGATIVA.
A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Dr. Sosa Aubone dijo:
En atención el acuerdo logrado corresponde, y así lo propongo, revocar la resolución del día 10 de junio de 2022; y, en su mérito, hacer lugar a la petición de legítimo abono deducida por Mirna Raquel Leiva contra Nestor Rubén Silva. En consecuencia y previo cumplimiento de los recaudos de ley que garanticen la operación, deberá la Magistrada de la instancia otorgar la escritura traslativa de dominio del inmueble ubicado en la calle 74 N°902 esq. 13 de La Plata; cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción II, Sección J, Manzana 145-a, Parcela 1-a, inscripto en la matrícula (055) 94.521.
Las costas habrán de imponerse a la Sra. Leiva, atento los elementos considerados para resolver del modo en que se lo hiciera, la falta de oposición a su pedido y su carácter de beneficiaria de lo decidido (art. 68, 69 del CPCC).
ASI LO VOTO.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor López Muro dijo que, por idénticos motivos, votaba en igual sentido que el doctor Sosa Aubone.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
POR ELLO, y demás fundamentos expuestos, se revoca la resolución del día 10 de junio de 2022; y, en su mérito, se hace lugar a la petición de legítimo abono deducida por Mirna Raquel Leiva contra Nestor Rubén Silva. Previo cumplimiento de los recaudos de ley que garanticen la operación, deberá la Magistrada de la instancia otorgar la escritura traslativa de dominio del inmueble ubicado en la calle 74 N°902 esq. 13 de La Plata; cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción II, Sección J, Manzana 145-a, Parcela 1-a, inscripto en la matrícula (055) 94.521. Costas de Alzada a la Sra. Mirna Raquel Leiva. REGISTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
Fin de la sentencia