Abriendo la norma
Tribunal del Trabajo N.º 1 de Campana · Causa 30501
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAtento al resultado mayoritario que surge de la anterior cuestión el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1Hacer lugar a la demanda interpuesta por CASTELLANO ANGEL ROBERTO y condenar a la PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Ministerio De Salud De La Provincia De Buenos Aires) a pagarle dentro del plazo de diez días de notificada esta sentencia, en concepto de prestación dineraria, la suma de $ 2.406.938,66 ( art 14 LRT, art 3 ley 26773) . Dicho importe se actualizará o ajustará por el índice Ripte, desde el 17/01/2024 a la fecha de la liquidación de la sentencia. art 11 inc 1.
Al monto resultante se adicionará un interés puro directo del 3% anual desde el 17/01/2024, . Art 767/769/771 CCC.
Declarar la inconstitucionalidad en el caso del inc. 2
2De no darse cumplimiento con la sentencia, dentro del plazo de condena, resultará de aplicación lo dispuesto en el art 770 inc c y art 11 inc 3 ley 27348.
3Las costas se imponen a la demandada perdidosa, (art 24 LEY 15057) y se regulan los honorarios de la parte actora en el 20 % , del monto de la sentencia, los de la demandada en el 14%, ambos con más sus adicionales de ley y el 21% para el caso que acredite su condición del responsable ante el IVA, todo teniendo en cuenta el valor, mérito, y calidad jurídica de la labor desarrollada, el resultado obtenido, el monto de la sentencia y sus intereses, las actuaciones esenciales desarrolladas y los actos de mero trámite, como las etapas del proceso cumplidas y las escalas del …
CASTELLANO ANGEL ROBERTO C/ AUTOASEGURADORA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EXPTE. 30501
En la ciudad de Campana, se reúne el Tribunal del Trabajo Nº 1 del Depto. Judicial de Zarate-Campana, con bajo la presidencia de la Dra. VIVIANA E. MENGOZZI y la asistencia de los Dres. ALEJANDRO H. GATTI y la Dra. VALCARCE YAMILA, para dictar sentencia (art. 54, inc. d), 57, 58, 59 y ccdtes. de la ley 15.057), en el expediente: " CASTELLANO ANGEL ROBERTO C/ AUTOASEGURADORA GOBERNACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. EXPTE. 30501" de acuerdo al siguiente orden de votación: VALCARCE, GATTI y MENGOZZI. A fin de considerar las cuestiones que constituyen el objeto del juicio (art. 57, inc. 4 de la ley 15.057), se plantean las siguientes
¿Es procedente la demanda?; ¿qué pronunciamiento corresponde dictar?
La Dra. Yamila Valcarce dijo:
VISTOS. LOS ANTECEDENTES
En fecha 23/01/2025 se presenta el Sr. Angel Roberto CASTELLANO, junto con su letrado, el Dr. Jorge Hernán RABACHINO, e interpone acción judicial contra la PROVINCIA DE BUENOS AIRES (empleador autoasegurado), persiguiendo el cobro de las prestaciones del régimen de riesgos del trabajo, ley 24.557, dto 1694/2009, leyes 26.773 y 27.348, que indica le corresponden como consecuencia de la incapacidad que denuncia padecer, a partir del accidente que manifiesta ocurrió en fecha 17/1/2024 ; todo ello en las circunstancias que describe en su demanda.
"(..) Que me desempeñaba (a la fecha del accidente de trabajo denunciado en autos) como empleado de mantenimiento en las instalaciones del Hospital Virgen del Carmen de la ciudad de Zárate, sito en la calle Felix Pagola N° 1502 de la ciudad de Zárate, bajo relación de dependencia del MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CUIT 30-62698339-8).
Que justamente, el día miércoles 17 de enero de 2024, siendo aproximadamente 11:00hs (ese día debía cumplir con mis tareas habituales de 07:00hs a 13:00hs) en momentos en que me encontraba prestando mis servicios habituales y en mi puesto de trabajo es que, precisamente en momento en que me encontraba picando una pared (mediante la utilización de masa y corta fierro), es que imprevistamente se rompe el cabo de la masa y me traumatizo gravemente el pié izquierdo, sufriendo así un grave accidente de trabajo por el cual permanecí más de tres (3) meses con incapacidad laboral temporaria (ILT) a cargo las prestaciones de Ley 24.557 de la demandada de autos AUTOASEGURADORA GOBERNACION DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
Que fue tal la violencia de la acción traumática que debió soportar mi pié izquierdo que inmediatamente me invadió un insoportable dolor e inflamándoseme toda la zona traumatizada de mi pié izquierdo." (Sic)
La parte actora agotó la instancia administrativa previa y obligatoria, conforme el expediente administrativo agregado a la causa y el cual concluye que el actor posee secuelas incapacitantes por el accidente de marras en orden al 2.12% por limitación funcional plantar. (Expediente SRT 284239/24).
Sin embargo, CASTELLANO disconforme con aquel dictamen, acude a sede judicial a efectuar su reclamo. Más adelante, ofrece prueba, practica liquidación, formula diversos planteos de inconstitucionalidad y solicita se haga lugar a la demanda con fundamento en la LRT y normas complementarias.
Sustanciada la demanda, en fecha 04/04/2025 comparecen en representación de la demandada dos letrados apoderados de la FISCALIA DE ESTADO, Dres. Fernando Andrés PAGLIARI y Florencia BASSI. Contestan demanda, brindan su propia versión fáctica. Impugnan Liquidación. Ofrecen Prueba y solicitan el rechazo total de la demanda con costas al actor.
Oportunamente, se abre la causa a prueba; se produce la informativa, y se agregan las pericias médica y contable.
Por último, las partes desistieron de la prueba pendiente de producción y pasó el expediente para el dictado de la sentencia.
CONSIDERANDOS. Sobre los hechos que se hubieren tenido por acreditados o no (art. 57 punto 4 ley 15.057)
De acuerdo a las reglas de la carga probatoria - que impone la responsabilidad de demostrar a la parte que afirma un hecho y exime de aquélla a la que lo niega (art. 375 del CPCC) - analizaré las pruebas agregadas al presente caso mediante la sana crítica (cfr. arts. 54 inc. d) y 57 de la ley 15.057).
Asimismo, por no resultar controvertido, habré de considerar como parte de la presente:
a) la fecha de nacimiento del actor: 20/08/1986;
b) el actor es trabajador dependiente del Ministerio De Salud De La Provincia De Buenos Aires (empleador autoasegurado); y
c) la demandada registró el siniestro, reconoció el carácter laboral de la contingencia acaecida en fecha 17/01/2024, brindó prestaciones médicas asistenciales y, por último, determinó la existencia de incapacidad por limitación funcional plantar, la que ponderó en el 2.12%. No obstante, el actor no prestó su conformidad motivo por el cual instó la presente acción judicial. (Expediente administrativo 284293/24).
d) El valor del ingreso base mensual de acuerdo al art. 12 LRT- conforme art. 11, texto ley 27.348- asciende a $ 493.183,74, de acuerdo luce de la pericia contable consentida y firme (art. 474 CPCC, informe de fecha 08/07/2025)
Despejadas estas circunstancias, corresponde determinar judicialmente si el actor porta incapacidad física y - en su caso- si dicha incapacidad guarda o no relación de causalidad con el evento dañoso denunciado. Para ello, se ha producido prueba pericial médica (art. 44 y concordantes ley 15.057).
I.Incapacidad
El perito médico , en fecha 29/10/2025 presentó el informe médico y refirió, según surge de antecedentes, examen físico y estudios complementarios: "(...) ... Se tuvo como referencia para ello, los siguientes baremos:Código de Trabajo de México (.). Baremo del Dr Felix Basile. Tabla de valuación de las incapacidades en el ap. locomotor. de los Dres F.. Blanco y Romano "
Luego, la parte demandada impugnó el dictamen y el galeno ratificó su informe. En este sentido, la pericia médica llevada a cabo resulta, a mi entender, suficientemente fundada desde la ciencia, (art 474 CPCC).
Sin embargo, me apartaré de los baremos utilizados por el perito en vista a la jurisprudencia vertida por la CSJN en el fallo "Recurso de hecho deducido por Asociart ART S.A. en la causa "Ledesma, Diego Marcelo c/ Asociart ART S.A. s/ accidente - ley especial" que, en lo pertinente, determinó el uso obligatorio del Baremo de la Ley 24557 (art. 375 CPCC).
Ello así, de conformidad con el art. 9 de la ley 26.773 " Para garantizar el trato igual a los damnificados cubiertos por el presente régimen, los organismos administrativos y los tribunales competentes deberán ajustar sus informes, dictámenes y pronunciamientos al Listado de Enfermedades Profesionales previsto como Anexo I del Decreto 658/96 y a la Tabla de Evaluación de Incapacidades prevista como Anexo I del Decreto 659/96 y sus modificatorios, o los que los sustituyan en el futuro ". El subrayado me pertenece.
En este orden de ideas, en el presente caso, propicio aplicar el nuevo baremo 549/25 el cual establece incapacidad para la lesión fracturaria que posee el actor (fractura de primer metatarsiano con secuelas) la que mensura en un 4%, con más los siguientes factores de ponderación: 10% por dificultad intermedia para tareas y 3% de acuerdo a la edad del trabajador (37 años). Igualmente, se tiene en cuenta la preexistencia que surge de las actuaciones administrativas por un 3.60% (expediente CM 126457/18) y, en consecuencia, la capacidad restante del 96,40% de la T.O.
Pues, no se puede negar la reparación de una secuela incapacitante que guarda relación de causalidad adecuada con el accidente de autos y que el nuevo baremo incorporó (art. 17, 19 CN; art. 39 CPBA, art. 9 LCT). Por todo lo expuesto, interpretaré la pericia médica del modo que mejor concilie con la prueba obrante en la causa y los baremos del régimen de riesgos del trabajo. Además, el dictamen pericial no conmina al juez a su aceptación literal y no estoy obligada a ceñirse estrictamente a sus conclusiones (SCBA, causas L. 119120; L. 119433; L. 120153; L. 105288; Ac 71624).
En síntesis, como el accidente sufrido por el trabajador no se encuentra controvertido por la accionada (art. 34 parte final ley 15.057, art. 354 inc. 1 CPCC), ni ésta ha aportado prueba alguna que permita quebrar el nexo causal (art. 375 CPCC), considero que el porcentaje de incapacidad física que posee CASTELLANO es del 4.36 % de la T.O con carácter de parcial y permanente y con causa en el accidente objeto de la presente acción judicial (art. 6 ley 24.557, baremo 549/25).
$ 493.183,74 x 53 x 65/37 x 4.36 % = $ 2.005.782,22
Piso indemnizatorio a la fecha del accidente: $ 18.059.225. Piso proporcional al 4.36% : $ 787.382,21. (La indemnización supera el piso indemnizatorio).
Incremento del 20% (Art. 3° Ley 26773): $ 401.156,44
Total indemnización: $ 2.406.938,66
EL DECISORIO
Determinado el grado de incapacidad que posee la actora y su relación causal con el hecho de autos, la ART demandada debe ser condenada a responder en los términos del régimen legal sobre riesgos del trabajo. Al efecto, se trata de una incapacidad laboral permanente definitiva parcial leve - inferior al 50% (arts. 8 ap. 1 y 2, 12, y 14 apartado 2 inc. a) de la Ley 24.557 y sus modificatorias).
Dicho lo anterior, con el objetivo de determinar el quantum indemnizatorio, tengo presente lo resuelto por el Superior Tribunal en la causa L. 129.800 'Muzychuk" (sentencia de fecha 14/07/2025) que en lo que interesa destacar, declaró la inconstitucionalidad del Decreto de necesidad y urgencia PEN 669/19. Acato dicha doctrina y hago propio los argumentos allí expuestos, a los que me remito en honor a la brevedad.
Al mismo tiempo, la Suprema Corte, a través del fallo "Barrios" (L. 124.096, sent. del 18-4-2024) interpela a considerar el menoscabo que sufre el resarcimiento de la persona trabajadora accidentada como consecuencia del proceso inflacionario en afectación de su dignidad y el derecho de propiedad, desatendiendo uno de los objetivos del Derecho que es la reparación de los daños y agrediendo además los derechos y garantías consagrados al respecto tanto en la Carta Magna Nacional y Provincial como en convenios internacionales de similar rango. Indudablemente el análisis y argumentos económicos allí efectuados, se imponen aplicable en la especie, máxime tratándose de un crédito alimentario perteneciente a una trabajadora accidentada- sujeto de tutela constitucional preferente art. 14 bis CN , art. 39 CPBA.
Asimismo, tomo en cuenta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el leading case "Vizzoti, Carlos Alberto c/ AMSA S.A. s/ despido" (14/09/2004) cuyos principios enunciados actúan de guía para determinar un resarcimiento equitativo, justo y suficiente ante la realidad concreta del trabajador. "Sostener que el trabajador es sujeto de preferente atención constitucional no es conclusión sólo impuesta por el art. 14 bis, sino por el renovado ritmo universal que representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que cuenta con jerarquía constitucional a partir de la reforma constitucional de 1994 (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22)"
Puntualmente, la Corte expresó que la base salarial no pueda verse reducida en más de un 33%. Esta pauta, por cierto, recuerda conocida jurisprudencia del Tribunal, relativa a que la confiscatoriedad se produce cuando la presión fiscal excede el señalado porcentaje (Fallos: 209:114, 125/126 y 210:310, 320, considerando 6º, entre muchos otros). Dicho salario (IBM), también, es un componente de la fórmula polinómica adoptada por el sistema (arts. 12, ley 24.557) que debe, necesariamente, ajustarse al actual contexto inflacionario donde, en muchos casos, las tasas bancarias resultan impotentes para satisfacer el objetivo de sostener la indemnidad del poder de compra y del valor adquisitivo.
Entonces, desde los citados precedentes dictados por los Máximos Tribunales de justicia y para determinar la suficiencia, razonabilidad y la finalidad a la que debe apuntar toda la normativa relativa a la reparación de los infortunios laborales y, en su caso, detectar la existencia o no de una brecha lesiva, cotejaré la suma dineraria obtenida con la regla de actualización que contiene la LRT y sus modificatorias (art. 12 LRT, según texto art. 11, ley 27.348, segundo párrafo), con aquella suma que resulte de la aplicación del mecanismo indexatorio que, en este caso, será a través del instrumento previsto en el art. 55 de la ley 27.802 (B.O 6/3/26) que dispone una modalidad de actualización propia para créditos provenientes de relaciones individuales de trabajo, donde el sujeto acreedor es el mismo: la persona trabajadora; y, además, coincide con la directriz fijada por la CSJN en el mencionado fallo "Vizzoti" y también "Aquino".
Hago expresa aclaración que el método de ponderación optado (entre las distintas alternativas que con amplitud brinda la causa "Barrios") será elegido siempre que su resultado sea razonable y se adecue a la realidad a la que se pretende dar respuesta frente a la regla, es decir, la tasa activa (art. 12, LRT).
Para ello, en primer lugar, realizaré el cálculo conforme los parámetros del texto del art. 12 de la ley 24.557 (según art. 11, ley 27.348) - vigente al momento del accidente in itinere con los siguientes datos: edad del trabajador (37 años) , el porcentaje de incapacidad ( 4.36%) , fecha del accidente (17/01/2024) ; y el IBM con más el interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, desde la fecha de la primera manifestación invalidante y hasta el momento de la presente liquidación - art. 11, ap. 2, ley 27.348 ($ 493183.74 + $ 639229.58 = $ 1132413.32).
Art. 14 inc. a) L.R.T
$ 1.132.413,32 x 53 x 65/37 x 4.36 % = $ 4.605.534,03
Incremento del 20% (Art. 3° Ley 26773): $ 921.106,81
Total indemnización: $ 5.526.640,84
Siguiendo el orden de ideas, realizaré el mismo cálculo bajo las pautas fijadas en el art. 55, ley 27802 (modificatoria de la LCT, siendo un régimen transitorio para los juicios en trámite y de "orden público", aplicable de oficio). A tal fin, utilizaré la calculadora que brinda el BCRA en su sitio web oficial: https://www.bcra.gob.ar/calculadora-intereses-creditos-laborales-judicializados/-
" Art. 55. En los juicios en trámite y aún pendientes de sentencia definitiva, a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley, incluidos los recursos de queja que se encuentren pendientes de resolución, los créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo serán actualizados en base a los siguientes criterios:
a) A través de la aplicación de intereses moratorios ajustados a la tasa pasiva determinada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a estos fines para el período correspondiente;
b) En ningún caso el resultado, aplicando las pautas del inciso a) del presente artículo, podrá ser superior al importe derivado de adicionar al capital histórico la suma resultante de la aplicación sobre el mismo del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con más una tasa de interés del tres por ciento (3%) anual;
c) El valor resultante no podrá ser inferior al sesenta y siete por ciento (67%) del cálculo obtenido al aplicar las pautas del inciso b) del presente artículo".
Desde: 17/01/2024. Hasta: 13/11/2026. Monto IBM 493183,74
67% de CER (IPC) +3: $ 1.744.762
Atento a los resultados obtenidos y conforme lo prescripto por el artículo transcripto, en el caso de autos, corresponde aplicar el inciso c); o sea, que el IBM así actualizado asciende a $ 1.744.762. Dicho monto lo considero, razonable, proporcionado y acorde a la realidad. (arts.17,28 CN. Arts. 382,729,772,961,965,1061,1091,1716,1732,1738,1747,1794 y conc. del CCCN).
Continuando el razonamiento se realiza la fórmula de ley, con este nuevo valor de IBM.
Ind. Art. 14 inc. a) L.R.T
$ 1.744.762,00 x 53 x 65/37 x 4.36 % = $ 7.095.961,01
Incremento del 20% (Art. 3° Ley 26773): $ 1.419.192,20
Total indemnización: $ 8.515.153,21
Dicha prestación es superior al mínimo establecido por el DL 1694/09 para el periodo del accidente ya que la resolución de la SRT lo fija en la suma de $ 18.059.225; y el piso proporcional al 4.36% es de $ 787.382,21. No obstante, aplicando el criterio de indexación antedicho (art. 55 inc. c); ley 27.802 ), el piso mínimo actualizado ascendería a la suma de $ 2.785.564, por lo tanto tomaré el resultado de la fórmula polinómica por ser superadora al piso (art. 9, LCT y art. 39 CPBA).
En suma, el total por prestaciones dinerarias actualizadas conforme el art. 55 inciso c) de la ley 27.802 asciende $ 8.515.153,21; mientras que con los parámetros del texto del art. 12 de la ley 24.557 ( según art. 11, ley 27.348) es de $ 5.526.640,84. Frente a esos resultados, se percibe evidente la brecha lesiva y se justifica desplazar el art. 12 de la LRT y utilizar un mecanismo que asegure el cumplimiento de la función resarcitoria. "Mientras la aplicación de la tasa activa, en el período concreto atinente al infortunio de que se trate, no resulte una tasa positiva, la solución legal resulta desplazada por el imperativo constitucional" (Formaro, Juan J. "Ajuste de las prestaciones dinerarias del régimen de riesgos del trabajo"- RC D 515/2025).
En consecuencia, en el presente caso en concreto, atendiendo al planteo del actor en su demanda, se impone declarar la inconstitucionalidad del art. 12 LRT - conforme texto art. 11 de la ley 27.348 (segundo párrafo) - y por lo tanto su inaplicabilidad al caso de autos, de modo que el crédito de la actora debe ser actualizado a fin de garantizar el cumplimiento de la función resarcitoria e indemnidad de las personas trabajadoras (art. 14 bis, 16,17 y 19 CN y 39 de la constitución bonaerense). También, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 7 y 10 de la Ley 23.928 y art. 4 Ley 25.561, en cuanto se utiliza un índice indexatorio.
Pues, por imperio del sistema de control de constitucionalidad difuso, los jueces estamos obligados a realizar un estricto control constitucional y convencional de las normas aplicables a un proceso judicial.
Como lo señala el Dr. Hitters, "Si la supremacía constitucional obliga a los jueces a efectuar el test de constitucionalidad de todas las normas inferiores, lo que dentro de nuestro sistema difuso de control de constitucionalidad alcanza a todos y cada uno de los jueces, el mismo control exige la supremacía de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significa introducir en cada caso judicial dichos instrumentos internacionales y cotejarlos con las normas internas, en tanto aquellos cuentan con jerarquía constitucional" (Revista de Estudios Constitucionales, 2-2009, noviembre 2009).
En efecto, este test no se agota literalmente en la Convención Americana sino que debe extenderse a todos los preceptos de jerarquía constitucional, es decir, a todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que conforma el llamado "bloque de constitucionalidad" previsto en el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional. Insisto que este doble control -de convencionalidad y constitucionalidad- debe realizarse de oficio, conforme lo ha sostenido la Doctrina Legal del Superior Tribunal: "Los jueces deben, aún de oficio, declarar la inconstitucionalidad de las normas que en su aplicación concreta padezcan de algún vicio, ya que el tema de la congruencia constitucional se les plantea antes y más allá de cualquier propuesta de inconstitucionalidad formulada por las partes" (SCBA, c. 112988, S. 17-4-2013)".
Por consiguiente, la suma total por prestaciones dinerarias asciende $ 8.515.153,21; y la demandada deberá abonar dicho monto dentro de los diez (10) días hábiles judiciales de notificada la sentencia de autos.
En atención al progreso de la acción, las costas se imponen a la demandada (art. 24 ley 15.057).
En las regulaciones de honorarios de los letrados intervinientes se observarán los preceptos de la ley 14.967 y los honorarios de los peritos intervinientes, de acuerdo al mérito y complejidad de sus labores. Todas las regulaciones de los profesionales actuantes lo serán con más los aportes pertinentes (conf. Leyes 6716, y modif. Ley 10268,), con las limitaciones establecidas en el art. 277 LCT y art. 730 del CCC (Cfr. SCBA "Zuccoli c/ Sum S.A. s/ Ds. y Ps." del 02-10-2002).Cuando correspondiere se aplicará la doctrina emanada del fallo de la SCBA. Causa Q-75.064 "Pallasa" sent. del 06-11-2019.-
Propicio regular los honorarios de los profesionales intervinientes:
- Representación letrada de la parte actora en el 20 %
- Representación letrada de la parte demandada en el 14 %
Peritos intervinientes:
- Perito médico en el 4 %
- Perito contador en el 4%
Todos los profesionales intervinientes, con más los porcentajes legales arts. 1, 2, 9, 15 inc. d), 28 inc. h), 43, 54 y 57 in fine de la ley 14.967 y Acordada SCBA N° 3938/19 y de acuerdo a lo normado por la ley 24.432, amén de los arts. 175, 179, 187, 193, 207 y 215 de la ley 10.620; adunándose en caso de corresponder el I.V.A. respectivo para cada profesional.
De conformidad art 730 CPCC, corresponde prorratear los honorarios a cargo de la condenada en costas. La constitucionalidad de dicho precepto legal fue resuelta por la CSJN y SCBA (causa "Latino" Y "Papalia", respectivamente), por lo que así cabe aplicarlo, art 1/3 CCC.-
Así, el letrado de la parte actora resulta acreedor del 17,85 %; y los peritos: médico y contador 3.57% para cada uno; con aportes incluidos. Todo, sobre el capital e intereses de la condena.
El crédito por prestación dineraria, art 14 LRT, prestación alimentaria, de carácter irrenunciable ( art 11. 1 LRT)- es de pronto cobro, una vez declarado, ello en virtud de las disposiciones sobre reparación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que constituyen un régimen normativo sancionado por el Congreso Nacional en uso de facultades delegadas- como son la regulación de las relaciones sustanciales del trabajo Art 75 inc 22 CN , que tiene como objetivo la cobertura de los daños derivados de los riesgos del trabajo con criterios de suficiencia, accesibilidad y automaticidad de las prestaciones dinerarias y en especie establecidas para resarcir tales contingencias; régimen que la Provincia, al optar por asegurarse, debe acatar íntegramente, salvo las exclusiones expresamente autorizadas por la normativa nacional, ateniéndose a las reglas de la legislación local, dada la obligación regulada en el art 5 ley 27.348 que establece "Las prestaciones dinerarias deberán ser administradas mediante un régimen de gestión económica y financiera separado del que corresponda a la contabilidad general provincial.
El Autoseguro Público Provincial deberá integrarse al sistema de registros y establecer para cada dependencia o establecimiento con riesgo crítico, de conformidad con lo que determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, un plan de acción específico.
Los autoasegurados públicos provinciales tendrán idénticas obligaciones que las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los empleadores autoasegurados en materia de reportes e integración al Registro Nacional de Incapacidades, según determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo."
Agregando su art art 6° -" Los empleadores que opten por el régimen de Autoseguro Público Provincial deberán:
b) Cumplir con las obligaciones y procedimientos que la ley 24.557 y sus modificatorias ponen a cargo de los empleadores y de las aseguradoras de riesgos del trabajo, en los términos que establezca la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con la excepción de la afiliación, del aporte al Fondo de Reserva de la ley 24.557 y sus modificatorias y de toda otra obligación incompatible con dicho régimen."
A su vez la Resolución 298/17, art. 13 establece un plazo de 5 días hábiles para el pago de las prestaciones dinerarias acordadas en sede administrativa. Normativa nacional que resulta aplicable en la provincia, ( SC Marchetti).
Ello así, en este caso y para garantizar lo arriba expuesto, el pago de la sentencia actualizada con los intereses a la fecha, debe ser abonado dentro del plazo de 10 días de notificada, todo sin perjuicio de lo que corresponda para el caso de mora en el pago de la liquidación, art 163 inc. 7 CPCC, lo que obsta por mandato de la legislación nacional en materia delegada, a que la sentencia pueda ser cumplida dentro del plazo de 60 días hábiles como dispone el art 71 de la ley 15394, so riesgo de afectar los objetivos y finalidades de las prestaciones dinerarias ( art 1/3 LRT, art 1 ley 26.773)
Es la propia legislación nacional, dictada en materia delegada, la que determina la prontitud en el pago de la sentencia, en igualdad de condiciones para los damnificados, a situación que no puede ser alterada por la legislación provincial al establecer una modalidad de pago que extralimita el sistema de la LRT y los límites del autoseguro, al que desborda. Siendo así, el plazo de cumplimiento debe ser fijado por el Tribunal en 10 días hábiles, de conformidad a la facultad que otorga el art 163 inc. 7 y art 5 y 6 Ley 27348, de manera de dar trato igual y justo al trabajador- cualquiera sea el empleador-art 16 CN, art 14 bis, que padeció de una contingencia laboral generadora de incapacidad, por ser sujeto de preferente tutela constitucional, (art 14 bis y 16 CN) CS Vizzotti, siendo el plazo de 60 días hábiles fijado por el propio obligado para abonar, irrazonable e incongruente con las normas de la LRT y del régimen del autoaseguro, a más de contradecir la legislación nacional art 1 ley 26773 , art 13 Resol 298/17, SC Marchetti, lo que lo hace inaplicable por las razones dadas y en atención al sistema nacional de la LRT y el régimen del autoseguro regulado en dicha ley con los alcances del art 5 y 6 ley 27348 y sus concordantes
Los honorarios, de conformidad a lo dispuesto por el art 70 inc. 4 y 71 de la ley 15394 que deroga toda norma que se le oponga y siendo la ley 14967 una norma provincial, en materia no delegada, deberán ser abonados dentro de los 60 días que fija el art 71 de la ley citada, lo que es extensible a los peritos.
Ello así dado que la norma del art 54 ley 14967, de orden provincial, fue modificada, por la ley 15394, en lo que respecta al plazo de pago de los honorarios de los abogados cuando el obligado es el Estado Provincial, ya que no se presenta la misma situación que la tratada respecto a las prestaciones dinerarias del sistema de la LRT, art 11 ley 27348, art 5 y 6 idem ley, puesto que la cuestión de los honorarios es tratada por ley provincial al ser materia no delegada y propia de la Provincia.
El importe a abonar por honorarios de los abogados será el importe equivalente al valor IUS vigente a la fecha del pago, art 54 ley 14967, art 24 y respecto a los peritos deberá adicionarse al importe los intereses devengados a la fecha de pago efectivo, conforme a la tasa activa Banco Pcia. art 768 CCC
En caso de incumplimiento en el pago del monto de condena, se aplicará un interés equivalente al promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco De La Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, acumulándose los intereses al capital en forma semestral, según lo establecido en el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación. (Art. 12 . 3, conforme texto art. 11 ley 27.348).
Alegan las partes diversas inconstitucionalidades, que en todos los casos tal como ha quedado planteado el debate y se propone resolver y considerando la doctrina legal ya fijada por el superior para todos los supuestos tratados, entiendo se tornan de tratamiento abstracto.
ASÍ LO VOTO.
A la misma cuestión, el Sr. Juez, Dr. ALEJANDRO H. GATTI, dijo:
Adhiero al voto de mi estimada colega preopinante, pero con diferentes alcances respecto a los acrecidos e intereses de la prestación que se devengaron a partir de la fecha de la primera manifestación , y a aplicar sobre el monto de la prestación que surge del considerando II, calculado a dicho momento, art 12 inc. a LRT.
De conformidad al art 11 in 2 ley 27348 y art 2 ley 26773, aquel monto llevará intereses tasa activa, la que si bien aplica sobre el IMPB, no modifica la ecuación y se arriba al mismo resultado, que se si aplica sobre el capital, ello sin perjuicio de lo que trataré a continuación, ponderando la inflación habida en el periodo, lo que surge del Precedente Barrios de la SCBA. con sus directivas y el pedido actoral de ajuste , cotejando todo con la tasa de interés que ordena la norma, como mecanismo de actualización de la prestación, estableciendo un medio específico de ajuste habilitado para evaluar la suficiencia y razonabilidad en el medio elegido para tal fin, en el caso, en atención a la realidad económica habida.
Ello dado que la norma expresamente habilita un mecanismo de ajuste, pues en el art 11 ley 27348, se tiende a que el valor de prestación arroje un monto ajustado, actualizado, que sea suficiente, como menta el art 1 y 2 ley 26773.
Así, ese importe dinerario en concepto de prestaciones a la fecha de primera manifestación invalidante ($ 2.406.938,66), repito, de acuerdo a la legislación especial del sistema de riesgos del trabajo llevará intereses tasa activa promedio BNA ( inc 2) como método de ajuste, a fin de mantener actualizado el importe, y hasta la fecha de la liquidación, sin ponderación, en el caso, de la desvalorización monetaria y salarial operada como de la pérdida del contenido económico de la prestación dineraria basada en el salario o remuneración y o capacidad de ganancia real, afectada por la inflación, durante el tiempo corrido desde aquella a la fecha., más allá de los intereses que no le compensan, que ha sido disminuido, desvalorizado, afectado e incidido por el hecho inflacionario, intenso y sostenido, que genera pérdida del valor real del crédito salarial, de mantener su nominalismo con corrección únicamente de intereses a tasa activa plana o lineal, como mecanismo de actualización, como se expone claramente en la doctrina del precedente de la SC- atento a que en la especie resulta aplicable el art 11 ley 27348, disponiendo como medio de actualización a tal fin, la tasa activa ( art 11 ley 27348 y sus motivaciones legislativas para tal criterio SC 139012) que en el caso, como se verá, es insuficiente como instrumento o medio para tal finalidad de mantener un prestación actualizada.
Ello exige atento a lo pedido y los efectos de las variables económicas que se han desarrollado durante su curso, que han afectado el contenido de la remuneración y la consecuente prestación dineraria que la determina y condiciona en su importe y valor real, evaluar su ajuste, actualización o repotenciación por otro mecanismo o instrumento, distinto a la tasa activa, fijada como medio a tal efecto, a fin de mantener el contendido reparador de la prestación evitando su desactualización agraviante del crédito y del derecho de propiedad y retribución justa ( art 14, 17, 14 bis y 28 CN) , desajuste, que se produce, en el caso, por efecto de la pérdida del valor de la obligación ante la inflación, que no se ve corregida, en el caso, por la tasa de interés y sus fines. art 11 ley 27348., y su declarada finalidad de permitir una actualización o ajuste, habilitando, dentro del sistema, métodos de actualización . SC 139012. Máxime ante el reconocimiento legal a una actualización para los créditos derivados de la relación individual del trabajo ( art 54 y 55 ley 27802).
Es decir el sistema legal admite el ajuste, la actualización, y para ello, establece la tasa activa, para los accidentes y enfermedades del trabajo, pero si ese instrumento, para tal fin, se vuelve inadecuado como medio a fin, cabe analizar su reemplazo por otro, instrumento, que satisfaga y cumpla la actualización que habilita, ordena y menta el sistema para dar cumplimento a los objetivos del art 1 ley 26773, y ley 27348, art 11, en relación de medio a fin y dentro del principio de razonabilidad ( art 28 CN)
En tal camino aplicando sobre aquella la tasa de interés legal, el capital con intereses es de $ 5.526.640,84, mientras que de actualizar el capital, ante la desvalorización y pérdida del valor de la remuneración base por el Ripte, Índice oficial, que computa, toma y considera la variación mensual de los salarios o remuneraciones promedio sujetas a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia, y que es ponderado y fijado por el sistema de riesgos del trabajo, para disponer diversos ajustes o actualizaciones, el contenido económico de la prestación dineraria ajustada, en su entidad remunerativa, es superior, permitiendo mantener adecuadamente aquel contenido prestacional, y por medio de la aplicación del citado índice corrector, lo que implica, importa e impone descalificar el instrumento actualizador del art 11 inc 2, por insuficiente y , ante la nueva realidad económica sobrevenida, en atención a la doctrinal citada , su reemplazo a fin de efectivizar la actualización que ordena el sistema, por la solución que el propio sistema contempla como actualización en el inc 1 del art 11. es decir por medio del indice Ripte. Así el instrumento para actualizar que dispone el sistema, se reemplaza por el del propio sistema, en el inc 1, dado que del inc 2, por su insuficiencia, agrede el patrimonio, no actualiza, y no cumple con finalidad de medio a fin, irrealizando tal finalidad.
Dicho índice Ripte por el periodo en cuestión a la fecha y considerando los índices publicados es 3.64 (231.147,95/63.468,76) lo que lleva las prestaciones del art 14 LRT a la suma de $ 8.761.256,72, lo que importa una diferencia sustantiva importante, atento a las circunstancias de la causa, evidenciando que el mecanismo actualizador de la ley - tasa activa- en el caso, no es apto, para mantener la prestación en márgenes de suficiencia, agrediendo el derecho de propiedad del actor, art 17 CN, 14 bis, puesto que la inflación le produce un despojo que excede lo tolerante. Pondero que el ripte utilizado es el último publicado y no se corresponde con el mes actual.
Por ello, cabe declarar que el art 11 inc 2 ley 27348 en el caso es inconstitucional, puesto que es irrazonable, art 28 CN, puesto que como medio se ha vuelto insuficiente, pues los hechos, en este caso, lo han superado
Ello impone disponer, ante el desfasaje que se advierte, en el periodo en consideración, la repotenciación o actualización del capital de la prestación en atención a la inflación y desvalorización salarial operada por su efecto y la consecuente pérdida del valor de la prestación sistémica, por derivación de aquello, a fin de la protección del crédito, su sustancia, art 1 ley 26773 y del derecho de propiedad y retribución justa, art 14, 14 bis 17 CN, art 28) removiendo, en el caso, el instrumento tasa activa del art 11 inc 2, como medio de actualización, por contrariar de manera sobreviniente la CN., al impedir ese ajuste, que agrede derechos constitucionales, en las particularidades de autos, con pérdida de la significación económica del crédito art 1 ley 26773
Pondero, en tal aspecto, que la solución legal que establece- ante la realidad económica actual y su impacto sobre el valor de los bienes y de las remuneraciones, la aplicación solo de la tasa de interés activa, art 11 ley 27348, ( el DNU 669/19 es inconstitucionalidad) afecta, en el caso, derechos y garantías constitucionales del sujeto reclamante, de no poder el índice o mecanismo de actualización o ajustes tendientes a mantener el valor económico de la prestación, art 11 inc 1, más allá de la tasa activa ( art 11 inc 2) ello, todo, ante la gravedad del proceso inflacionario y su impacto sobre los salarios, con atención a un criterio de realismo económico que impone la valoración de las variables económicas que se presentan, situación que el legislador contempló, además, al sancionar la ley 27802 para los créditos derivados de las relaciones individuales del trabajo, art 54 y 55.
Se trata del periodo comprendido entre el mes de enero de 2024 al presente, donde es manifiesto y notorio que la inflación es elevada y sostenida, la que ha sido superior a todo rendimiento compensador que pueda haber producido la aplicación de una tasa de interés, incluso la tasa activa, tal como se pone de manifiesto en el citado precedente , haciendo que no se cumpla con la finalidad de actualización para la fue dispuesta
Se impone, entonces, y como última ratio del orden jurídico , declarar inconstitucional al artículo 11 inc b en el caso específico, por generar una no tolerable erosión de las acreencias de la persona trabajadora aquí demandante (arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución Nacional), máxime que actualmente el ordenamiento legal permite el ajuste de créditos derivados de relaciones del trabajo, es decir cuando el acreedor es un trabajador., ( en el caso trabajador incapacitado) lo que avala y justifica- con apoyo legal,- art 1/3 CCC. ajustar la prestación por Ripte, mÁs allá de lo dispuesto en el art 11 ley 27348, que dispone la tasa activa, como medio de actualización, que en el caso es menor, que por causar perjuicio de derechos constitucionales- art 14 bis y 17 CN- debe ser inaplicada.. Y por lo expuesto del art 11 inc 2 ley 27348, en el caso
Se advierte que el monto actualizado por Ripte, y hasta su liquidación, es una equitativa, razonable y adecuada repotenciación del crédito que refleja- a valores actuales- el monto de la prestación, con el valor actual esperado de las prestaciones en los términos de la doctrina de la SC in re Barrios ( V 17). Por lo que propongo la aplicación del índice Ripte, que pondera la variación de salarios, variable o bien sobre el que se determinan las prestaciones, reparaciones, créditos, indemnizaciones laborales, por lo que siendo un indice que considera los salarios, que sirven de valor para las acreencias laborales, el mismo se advierte equitativo y apropiado para proceder al ajuste o actualización, arrojando un valor que se atiene en su cuantía a la realidad económica, siendo una ponderación objetiva de esa realidad económica a partir de pautas de legítimo resarcimiento y no se advierte desproporcionado, máxime que, dentro de los propio sistema de riesgos, ese índice, es utilizado para actualizar los salarios anteriores a la PMI, lo que lleva a que por razones de congruencia, y sistemáticas, deba también ser usado para determinar el importe actual de las prestaciones a la fecha de la liquidación, cuando la tasa activa legal, es insuficiente como herramienta ante la inflación, y a fin de mantener un valor ajustado y actual, que fue la finalidad del legislador al determinar tal tasa.
Se presenta entonces el supuesto fáctico legal atrapado por la Doctrina Legal de la SCBA en el precedente citado en cuanto dispone, en un análisis fáctico económico jurídico aplicable :
V 9. e. "En la especie, la brecha entre un sistema de mantenimiento del capital adecuado por medio de su actualización más una tasa de interés puro y el sistema hasta ahora aplicado -de capital nominal más intereses a la tasa pasiva BIP (de la anterior doctrina legal)- arroja una pérdida más que considerable en perjuicio del reclamante."
En el caso igual situación se presenta aplicando la tasa de interés activa, tal lo valorado arriba y de no actualizarse el capital por indice Ripte.
Por lo que se presenta lo marcado en la doctrina del procedente en cuanto "Claramente, en cualquier hipótesis se configura una diferencia objetiva apreciable en perjuicio del acreedor, que justifica el óbice constitucional" ya que "las distorsiones económicas de los últimos años han sido extremadamente severas y, en principio, por de pronto, en situaciones como las aquí enjuiciadas, llevan a descartarla como una opción adecuada. En efecto, de emplearse la tasa activa, acorde con el art. 768 del Código Civil y Comercial de mayor aplicabilidad, el resultado sería apreciablemente menor que el de la evolución de la tasa de inflación y no muy superior a la tasa BIP."
Habiendo normas análogas de preservación del valor del capital, dentro del propio sistema, art 11 inc 1 , que menta habilita y dispone que las prestaciones sean ajustadas , se declara la inconstitucionalidad, en el caso, del instrumento mentado en el inc 2 para actualizar, y se ordena la actualización del crédito dinerario calculado a la fecha de la primera manifestación invalidante, por el instrumento del inc 1, ello a fin de efectivizar la actualización permitida del sistema, lo que surge del Mensaje de Elevación del PEN donde se consigna que el propósito de la modificación del art 12 LRT, es "evitar que los efectos de los procesos inflacionarios afecten desfavorablemente " la cuantía de ese concepto ( SC L 139012).
Como se observa del cotejo de importes efectuado, la tasa activa activa, en el caso, no logra tal finalidad o propósito, lo que hace al medio mentado para tal fin, inidóneo, con lesión a derechos constitucionales, por lo que cabe estar al otro instrumento que fija la propia ley para tal fin. ( inc 1 art 11), aplicándolo de manera sistémica, dando efectividad al propósito de ajuste evitando los efectos de los procesos inflacionarios, lo que viene habilitado por el propio sistema, partiendo del entendimiento que las normas integrantes del régimen de riesgos del trabajo contemplan un sistema específico de ajuste de las prestaciones y accesorios. Así, otorgando la propia ley la posibilidad de la solución adecuada a la insuficiencia que, en el caso presenta el instrumento tasa activa como medio de ajuste, por lo explicado y además las consideraciones facticas- económicas legales del precedente Barrios, se acude a la solución legal que contempla el art 11. 1 para tal finalidad de ajuste habilitado por sistema legal, partiendo de la idea de que la preservación del capital derivado de esa acreencia y su no depreciación encuentran respaldo en la manda constitucional, art 14, 14, 17, 19 , 28 CN, como en la norma legal y sus motivaciones ( art 11 ley 27348 y exposición de motivos)
En consecuencia el art 11 inc b ley 27348, es inconstitucional al determinar un instrumento o medio de actualización que menoscaba, en el caso, por la inflación habida, sobreviniente, que lo supera y desnaturaliza en su función actualizadora, el contenido reparador y de suficiencia de la prestación- art 2 ley 26773- por lo que corresponde aplicar otro índice, en el caso, para evitar la agresión de derechos constitucionales, dada la manifiesta insuficiencia entre el medio y el fin del mentado en la norma legal citada, siendo la actualización manda legal.
Considerando las variables económicas del periodo, la inflación acumulada, la variación de los salarios en el período considerado y la evolución del Ripte, los índices arriba ponderados y la desvalorización de los salarios por efecto de la inflación, a fin de mantener el contenido económico de la prestación, entre la época de la generación del derecho y la efectiva liquidación y cancelación, con representación económica real de su valor remunerativo actual, en el caso, el mecanismo específico de preservación del crédito será su ajuste o actualización por el índice Ripte, aplicable desde el mes 01/2024 a la fecha de la liquidación, lo que arrojará un importe ajustado que refleja el real contenido económico actual y esperable de la prestación, sin verse afectado por la desactualización operada y que no sobrepasa el valor actual esperable de la prestación considerando la pauta salarial o remuneratoria que contempla la prestación dineraria por incapacidad regulada en el art 14 LRT y sus modificatorias, en valores ajustados al presente. art 11 inc 1.
No empece a ello, lo dispuesto en la ley 25561, ya que es el propio sistema el que crea un mecanismo de ajuste, autorizando la actualización, que en el caso opera por la regla del art 11 inc 1 dado los motivos expuestos, lo que hace el tratamiento de la cuestión innecesario, todo sin perjuicio de lo que emana del procedente Barrios, respecto a la insuficiencia, en el caso, del sistema de ajuste por tasa activa.
Ha dicho la SCBA en L 139012 Vera "En efecto, se remarcó en la causa de referencia que a medida que se fue profundizando la alteración de las variables económicas, el régimen legal fue sorteando la prohibición de estipular clausulas o establecer opciones de variaciones de costos, actualización monetaria, indexación o repotenciación, entre las cuales se citaron algunas de ellas a modo de ejemplo (v. pto. V.6.c.i. a V.6.c.iii del voto de mi colega doctor Soria, al que presté mi adhesión).
Bajo esos lindes, se tuvo especialmente en cuenta que la brecha entre un sistema de mantenimiento del capital adecuado por medio de su actualización más una tasa de interés puro y el sistema hasta ahora aplicado -de capital nominal más intereses a la tasa pasiva BIP (emergente de la doctrina legal forjada en los por todos conocidos precedentes "Cabrera" y "Trofe")- arrojaba un resultado considerablemente desfavorable para el reclamante (v. pto. V.9.e. del voto del distinguido colega).
En ese contexto, se fijaron diferentes hipótesis de actualización y se dijo que en los casos que no fueran posible dar una solución mediante la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital, el acogimiento de la petición o del agravio respectivo debía de completarse con la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso del art. 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, a fin de posibilitar la actualización monetaria, indexación o repotenciación del crédito dinerario (v. pto. V.17.a. del voto del doctor Soria, respecto del cual -como dije- expresé mi aquiescencia)."
En el caso existe una solución mediante la aplicación de normas análogas o instrumentos alternativos de preservación del valor del capital. art 11 inc 1 LRT Ley 27348. CS Encina Hilda Zulema c ART Interacción SA
Al monto resultante se adicionará un interés puro directo del 3% anual durante todo el lapso comprendido desde la primera manifestación, ponderando el índice aplicado, el ajuste que produce, el monto al que se arriba, siendo razonable por ello, la fijación de tal tasa, en el caso, a efectos de compensar el capital, . Art 767/769/771 CCC.
De no darse cumplimiento con la sentencia dentro del plazo de condena, resultará de aplicación lo dispuesto en el art 770 inc c. art 11 inc 3 ley 27348.
ES MI VOTO
A la misma cuestión la Sra. Jueza, Dra. VIVIANA E. MENGOZZI dijo:
Adhiero al voto de la Dra. VALCARCE, con los mismos alcances y consideraciones vertidos por el Dr. GATTI.
ASÍ LO VOTO
A LA SEGUNDA CUESTION la Sra Jueza Dra. YAMILA VALCARCE dijo:
Atento al resultado mayoritario que surge de la anterior cuestión el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. HACER lugar a la demanda interpuesta por CASTELLANO ANGEL ROBERTO y condenar a la PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Ministerio De Salud De La Provincia De Buenos Aires) a pagarle dentro del plazo de diez días de notificada esta sentencia, en concepto de prestación dineraria, la suma de $ 2.406.938,66 ( art 14 LRT, art 3 ley 26773) . Dicho importe se actualizará o ajustará por el índice Ripte, desde el 17/01/2024 a la fecha de la liquidación de la sentencia. art 11 inc 1.
Al monto resultante se adicionará un interés puro directo del 3% anual desde el 17/01/2024. Art 767/769/771 CCC.
Declarar la inconstitucionalidad en el caso del inc. 2
2. De no darse cumplimiento con la sentencia, dentro del plazo de condena, resultará de aplicación lo dispuesto en el art 770 inc c y art 11 inc 3 ley 27348.
3. Las costas se imponen a la demandada perdidosa, (art 24 LEY 15057) y se regulan los honorarios de la parte actora en el 20 % , del monto de la sentencia, los de la demandada en el 14%, ambos con más sus adicionales de ley y el 21% para el caso que acredite su condición del responsable ante el IVA, todo teniendo en cuenta el valor, mérito, y calidad jurídica de la labor desarrollada, el resultado obtenido, el monto de la sentencia y sus intereses, las actuaciones esenciales desarrolladas y los actos de mero trámite, como las etapas del proceso cumplidas y las escalas del art 21 de la ley 14967 ( arts 1, 15,16,21,22,23,26,28,43,54y conc ley 14967)
A tales fines de conformidad a lo reglado en los art 51 y 24 de la ley 14967 a efectos de establecer su equivalente en JUS sobre la base regulatoria, al practicarse la liquidación por secretaría, se aplicará el porcentual correspondiente y su resultado se transformará en la cantidad de Jus arancelarios vigentes a la fecha, lo que se consignará en la liquidación
Los honorarios de los peritos se regulan en los siguientes porcentajes, teniendo en consideración la importancia, calidad y labor desarrollada. Peritos, médico y contador, en el 4% para cada uno, con más adicionales de ley e IVA en caso de corresponder
Prorratear los honorarios: al letrado de la parte actora el 17.85 %. Peritos, médico y contador, en el 3.57 % para cada uno; con aportes incluidos. Todo, sobre el capital e intereses de la condena.
A la misma cuestión las Sres Jueces Dr. GATTI y MENGOZZI dijeron:
Que adhieren al voto precedente, por compartir fundamentos y conclusiones.
POR ELLO,
EL TRIBUNAL DEL TRABAJO 1 DE CAMPANA, RESUELVE:
Atento al resultado mayoritario que surge de la anterior cuestión el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1. HACER lugar a la demanda interpuesta por CASTELLANO ANGEL ROBERTO y condenar a la PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Ministerio De Salud De La Provincia De Buenos Aires) a pagarle dentro del plazo de diez días de notificada esta sentencia, en concepto de prestación dineraria, la suma de $ 2.406.938,66 ( art 14 LRT, art 3 ley 26773) . Dicho importe se actualizará o ajustará por el índice Ripte, desde el 17/01/2024 a la fecha de la liquidación de la sentencia. art 11 inc 1.
Al monto resultante se adicionará un interés puro directo del 3% anual desde el 17/01/2024, . Art 767/769/771 CCC.
Declarar la inconstitucionalidad en el caso del inc. 2
2. De no darse cumplimiento con la sentencia, dentro del plazo de condena, resultará de aplicación lo dispuesto en el art 770 inc c y art 11 inc 3 ley 27348.
3. Las costas se imponen a la demandada perdidosa, (art 24 LEY 15057) y se regulan los honorarios de la parte actora en el 20 % , del monto de la sentencia, los de la demandada en el 14%, ambos con más sus adicionales de ley y el 21% para el caso que acredite su condición del responsable ante el IVA, todo teniendo en cuenta el valor, mérito, y calidad jurídica de la labor desarrollada, el resultado obtenido, el monto de la sentencia y sus intereses, las actuaciones esenciales desarrolladas y los actos de mero trámite, como las etapas del proceso cumplidas y las escalas del art 21 de la ley 14967 ( arts 1, 15,16,21,22,23,26,28,43,54y conc ley 14967)
A tales fines de conformidad a lo reglado en los art 51 y 24 de la ley 14967 a efectos de establecer su equivalente en JUS sobre la base regulatoria, al practicarse la liquidación por secretaría, se aplicará el porcentual correspondiente y su resultado se transformará en la cantidad de Jus arancelarios vigentes a la fecha, lo que se consignará en la liquidación
Los honorarios de los peritos se regulan en los siguientes porcentajes, teniendo en consideración la importancia, calidad y labor desarrollada. Peritos, médico y contador, en el 4% para cada uno, con más adicionales de ley e IVA en caso de corresponder.
Prorratear los honorarios: al letrado de la parte actora el 17.85 %. Peritos, médico y contador, en el 3.57 % para cada uno; con aportes incluidos. Todo, sobre el capital e intereses de la condena.
4. Los honorarios deberán ser abonados dentro de los 60 días que fija el art 71 de la ley 15.394. El importe a abonar por honorarios de los abogados será el importe equivalente al valor IUS vigente a la fecha del pago, art 54 ley 14967, art 24 y respecto a los peritos deberá adicionarse al importe los intereses devengados a la fecha de pago efectivo, conforme a la tasa activa Banco Provincia para operaciones de descuento.
5. REGISTRESE. LIQUIDESE.
Firmas
Funcionario firmante: GATTI Alejandro Hernan - JUEZ
Funcionario firmante: MENGOZZI Viviana Etel - JUEZ
Funcionario firmante: VALCARCE Yamila - JUEZA
Funcionario firmante: ALVAREZ Lorena Patricia - SECRETARIO
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 216-2026
Fin de la sentencia