Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Pergamino · Causa 5408
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAcoger parcialmente el recurso de apelación traido por la parte demandada, modificando el criterio de cuantificación de los daños conforme las pautas establecidas en los considerandos de la presente, con más los intereses que allí se determinan.
Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.
Establecer las costas de Alzada en un 80% a cargo de la parte demandada y un 20% a cargo de la parte actora conforme fuera resuelta la cuestión .
Diferir la regulación de honorarios de letrados y peritos hasta tanto obre en autos liquidación firme (art. 51 ley 14.967).
En la ciudad de Pergamino, reunidos en Acuerdo Ordinario los Sres. Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, para dictar sentencia en la causa N° 5408-24 caratulada "CASTELLI FRANCO LUCIANO Y OTROS C/ SINDICATO DE LUZ Y FUERZA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP.
CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)", Expte. 63.111 del Juzgado en lo Civil y Comercial n° 3, se practicó el sorteo de ley que determinó que la votación debía efectuarse en el siguiente orden: Graciela Scaraffia y Roberto Degleue, y estudiados los autos se resolvió plantear y votar las siguientes:
I. ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
II. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo:
El Sr. Juez de la anterior instancia hizo lugar a la demanda instaurada, condenando en consecuencia a Sindicato de Luz y Fuerza de Pergamino, Claudio Schiavonni y Mauricio Chavero a abonar a cada uno de los actores: Franco Luciano Castelli, Julio Ignacio Montero, Marcelo Alejandro Gutierrez, Valentina Lauzzo, en su carácter de heredera del demandante Eduardo Lauzzo, Cristian Ruben Tesone Grasselli, Miguel Gorosito, Lorena Gisela Abraham, Cristian Eduardo Abrego, Cintia Busso, Luciana Noelia Bustos, Claudio Oscar Ginocchio, Diego Oscar Martinez, Claudia Noemi Pizzano, Javier Oscar Rodriguez, Daniel Rodriguez, Marisol Roldan, Joel Andres Toriano, Patricia Vanesa Turco, Adrian Alfredo Del Valle, María Laura Diaz, Jorge Antonio Giuliano, Pablo Martin Colautti, Sandra Nancy Marquez, Karina Veronica Fontana, Walter Osvaldo Gouk, Analia Julieta Lopez y Alvaro Gaston Repetto, dentro de los diez días de notificada la presente, la suma resultante del cálculo establecido en el Considerando V, con más sus intereses calculados del modo establecido en el mismo. Aplicó las costas a la parte demandada, que resulta vencida (Art. 68 C.P.C.). Rechazó la demanda entablada contra Mutual del Sindicato de Luz y Fuerza de Pergamino con costas a los actores perdidosos (Art. 68 del C.P.C.). Difirió la regulación de honorarios de los letrados intervinientes y de los peritos, hasta que medie firme la respectiva liquidación de intereses y gastos (Art. 51 ley 14.967).-
Tal decisorio fue objeto de los recursos de apelación interpuestos por la parte actora (23-8-2024) y por la demandada (21-8-2024), concedidos ambos libremente y en ambos efectos el 26-8-2024. Elevados los autos a esta Alzada con fecha 29-8-2024 se ordenó expresar agravios a la parte actora quien los fundo el 9-9-2024. El día 12-9-2024 se ordenó expresar agravios a la parte demandada quien los fundó el 23-9-2024. El 26-9-2024 se ordenaron los traslados recíprocos, los que fueron evacuados ambos con fecha 4-10-2024. El 8-10-2024 llamamiento de autos, providencia, que firme a la fecha deja la causa en condiciones de ser fallada.-
En sustento de la crítica recursiva, la parte actora expresa los siguientes puntos de agravio: 1) Desestimación de la demanda contra la Mutual de Luz y Fuerza 2) Falta de consideración del empobrecimiento que el incumplimiento de la parte demandada implicó para los accionantes al considerar que los pagos no representan un detrimento patrimonial para los actores al no poder acreditar que las mejoras no estuvieran instaladas en las viviendas. 3) Desconocimiento del perjuicio que alegan sufrido por los accionantes ante la posibilidad de hacerse de la vivienda entre el año 2007 y 2018. 4) Insuficiencia del daño moral concedido a los actores al no contemplar las diversas circunstancias negativas a la se vieron expuestos, 5) Fijación del daño punitivo a un valor histórico sin establecer una pauta actualizadora.
A su turno, la parte demandada desarrolla sus agravios en diversos postulados que habré de exponer a continuación. 1) Incorrecta acreditación de la relación jurídica contractual que se tuvo por celebrada entre los accionantes y el Sr. Schiavoni como representante del Sindicato por cuanto la autenticidad de los documentos acompañados fue oportunamente negada, así como también los recibos de pago, convenios relativos a la incorporación de mejoras y pagos alegados por los demandantes, 2) Indebida interpretación de los alcances del contrato al entender que la parte demandada se obligó a realizar con el dinero del pago de los predjudicatarios la infraestructura de los servicios de agua, cloaca, gas y cordón cuneta, toda vez que en la disposición pertinente no se especifica a que se refiere con infraestructura, 3) Ausencia de enriquecimiento de la parte demandada ya que el dinero abonado por los adjudicatarios en relación al contrato suscripto en el 2007 se habría utilizado de manera íntegra en la adquisición de los lotes y realización completa de los trámites correspondientes a la escrituración y a la preparación del terreno como ser estudio del suelo, estudio hidráulico en tanto gestiones onerosas y necesarias para la realización de la infraestructura posterior. 4) Improcedencia del daño moral por cuanto las demoras ocasionadas se habrían debido a un hecho imputable al Instituto de la Vivienda como ente estatal encargado de ejecutar las obras. 5) Indebida aplicación de la ley de defensa del consumidor puesto que el vínculo entre el sindicato y los actores se basa en acuerdos cooperativos para el desarrollo de viviendas y no en una prestación de servicios o la adquisición de bienes por parte de los actores como consumidores finales. 6) Falta de mención a la actuación personal del Sr. Schiavoni en orden a justificar la atribución de responsabilidad a su parte.
Posteriormente, la parte actora -mediante presentación electrónica de fecha 4/10/2924- contestó el traslado. En tal dirección, expresó su desacuerdo respecto al agravio relativo a la supuesta falta de reconocimiento de la documentación por parte de los demandados, ya que estos habrían cumplido con la carga procesal de negar los documentos acompañados de manera puntual y específica, conforme los arts. 354 inc. 1° y 484 del CPCCBA. En cuanto a la determinación de los hechos de la litis, consideró que la sentencia de primera instancia valoró correctamente la falta de prueba aportada por los accionados, quienes no habrían participaron activamente en los trámites procesales ni presentaron prueba relevante que refutara el reclamo. Argumentó que los agravios relacionados con la resolución contractual fueron correctamente desestimados, dado que los demandados habrían incumplido las obligaciones asumidas, generando un empobrecimiento patrimonial de los actores. En vinculación al daño moral, adujo que la cuantificación de dicho perjuicio fue correctamente efectuada en función de la discrecionalidad judicial. En punto a la aplicación de la legislación consumeril, refirió que la sentencia calificó acertadamente al Sindicato como proveedor de servicios conforme al objeto contractual y su estatuto considerando que los actores no son afiliados al Sindicato. Por último, puntualizó que los agravios contra la atribución de responsabilidad solidaria entre el Sindicato y los codemandados estarían sustentados en el aprovechamiento de la figura sindical por los representantes en detrimento de los actores.
En la misma fecha, hace lo propio la accionada respecto al recurso interpuesto por la parte actora. Principió pidiendo que se declare la deserción del recurso de apelación, por no cumplir la actora con los requisitos del art. 260 CPCC, al no formular críticas concretas ni razonadas a los fundamentos de la sentencia de grado. Seguidamente, descalificó el agravio respecto a la responsabilidad de la entidad demandada, argumentando que no se probó el incumplimiento alegado ni el supuesto enriquecimiento ilícito, dado que las mejoras fueron instaladas y solo se abonaron cuatro de las treinta y seis cuotas pactadas. Apuntó también que no se acredita incumplimiento contractual por parte del Sindicato de Luz y Fuerza, ya que las viviendas fueron entregadas y los supuestos retrasos se deben a la intervención del Instituto de la Vivienda. En lo atinente al daño moral, objetó la pretensión actoral de un monto mayor al ya fijado, considerando que la cuantificación del daño moral es arbitrio judicial y se ajustó a parámetros razonables. Finalmente, en relación al daño punitivo, sostuvo que se trata de una multa de carácter sancionatorio y disuasivo, no indemnizatorio, y el monto otorgado por el juez fue razonable y acorde a su finalidad.
I. Entrando a resolver, es dable puntualizar que la temática sometida a revisión gira en torno a la responsabilidad que le fuera atribuida a la parte demandada con motivo de la relación jurídica contractual que deriva de los convenios celebrados por éstas (en el año 2007 y 2013 respectivamente) con la totalidad de los accionantes que impulsan este proceso en punto a la adjudicación de lotes de vivienda. Y subsecuentemente, en la procedencia y cuantía del contenido de la condena pecuniaria que impone la sentencia apelada.
II. Como cuestión previa, resulta importante aclarar que en orden a resolver lo atinente al examen de la responsabilidad y cuantificación del daño patrimonial en tanto concepto de naturaleza intrínsecamente patrimonial que integra la fórmula de condena, el juez de grado se ha servido de la teoría del enriquecimiento sin causa como esquema lógico-jurídico para determinar la medida de la obligación restitutoria a cargo de las partes codemandadas.
Sin perjuicio de las reservas que me merece la pertinencia técnica del referido instituto al presente caso, habré igualmente de ajustar mi análisis a partir de dicha base analítica, habida cuenta de que su utilización en aras de justipreciar la procedencia del reclamo ha sido consentida tácitamente por la parte actora (en tanto no se ha agraviado sobre la atingencia del método utilizado) y por la parte demandada (en tanto su disgusto apunta principalmente a la falta de configuración de los requisitos de procedencia de la figura, más no a su improcedencia como criterio resolutivo -siendo deficitaria por abstracta y genérica la crítica basada en el carácter subsidiario de la mentada teoría-).
Me apresuro en aclarar que aquí no está en juego una cuestión netamente jurídica que pueda ser suplida oficiosamente mediante el principio "iura novit curia", toda vez que desde el prisma del citado instituto no sólo se cifran cuestiones de neto corte jurídico, sino presupuestos fácticos y valoraciones probatorias que ya han direccionado la actividad procesal de las partes en uno u otro sentido conforme se desprende del tenor de los escritos constitutivos de sus respectivas expresiones de agravios de fecha 9/9/2024 y 23/9/2024.
De manera que la modificación en esta instancia del epicentro normativo y analítico de la responsabilidad endilgada a las codemandadas resultaría sorpresiva para las partes en tanto -como he dicho ut supra- éstas han estructurado su faena impugnatoria desde aquella premisa básica.
III. Formulada la aclaración aludida, considero que resulta necesario de modo preliminar traer a colación los lineamientos jurídicos principales que regulan el funcionamiento del instituto mencionado en orden a garantizar su correcta aplicación en el caso concreto.
Desde tal atalaya, es dable referir que el eje cardinal de la teoría del enriquecimiento sin causa están en el tránsito de un valor sin causa de un patrimonio a otro. Este supuesto o antecedente es precisamente el que va a generar una obligación restitutoria que tiene como acreedor al empobrecido por la traslación de un bien o valor de su patrimonio y como deudor al enriquecido.
El punto de partida debe ser entonces fijado en derredor de esta premisa básica: como regla, los enriquecimientos que experimentan las personas deben permanecer dentro de su patrimonio, salvo que exista una causa legal que determine lo contrario. Está en juego aquí el valor seguridad jurídica.
Como consecuencia lógica de lo anterior, cualquier pretensión restitutoria orientada a desvirtuar esa realidad requiere de una sólida justificación que la torne preferible a la seguridad que aquella permanencia proporcione. De ahí que, en caso de duda, por la permanencia del desplazamiento patrimonial y por la no mutación de la situación fáctica existente.
El fundamento de la figura radica en una exigencia de equidad que impide que alguien pueda enriquecerse sin causa a expensas de otro. Por lo que dicho valor jurídico operaría como argumento suficiente para gestar la obligación restitutoria hasta la concurrencia del provecho obtenido. A nivel positivo, el Código de Vélez -aplicable a la especie por ultraactividad (art. 7 del CCyC) atento a que el traspaso patrimonial injustificado como causa originante de la figura data de una fecha anterior a la entrada en vigencia del Código actual- no contiene una legislación sistemática del instituto. Empero, la vigencia de la regla puede inferirse a partir de sus numerosos supuestos particulares de aplicación. Verbigracia, acción de empleo útil en los casos de nulidad de contrato (art. 1165), gastos funerarios (art. 2307), gestión de negocios impropia (art. 2301), etc. A su vez, el Código vigente contiene una regulación general de la figura en los arts. 1794 y 1795. Y aún cuando esta no resulte inmediatamente aplicable al caso por las razones explicadas ut supra, es dable de ser considerada como argumento interpretativo. En tal orientación, este Tribunal ha dispuesto que: "si bien el citado cuerpo normativo no resulta inmediatamente aplicable al caso, tal circunstancia debe ser tenida en cuenta como pauta interpretativa coadyuvante" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino, "DAVICINO JORGE NEREOC/ FERNANDEZ CARLOS ALBERTO Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)" , 4/11/2022).
Configurado el enriquecimiento sin causa, nace contra el enriquecido un acción restitutoria que actualmente es conocida como acción de enriquecimiento sin causa o acción "in rem verso". Se trata de una acción conferida a toda persona que ha experimentado sin justa causa una disminución patrimonial a raíz del desplazamiento de un bien que ha salido de su patrimonio, contra quien se ha beneficiado injustamente por ello (GARRICA, Román, El enriquecimiento sin causa: sus caracteres y efectos, JA 1949-IV-685).
Concebida de tal modo la cuestión, es menester la presencia de cinco requisitos básicos: enriquecimiento del demandado, empobrecimiento del actor, correlatividad entre empobrecimiento y enriquecimiento, ausencia de justa causa y subsidiariedad.
1. El enriquecimiento consiste en la obtención de una atribución patrimonial o ventaja económica. Se trata de un concepto amplio que puede ser inferido a través de una comparación entre el estado actual del patrimonio y aquél que presentaría en caso de no haber operado el desplazamiento injustificado de valores.
El enriquecimiento puede producirse de diferentes maneras: a)
Por un incremento patrimonial proveniente de un aumento que afecte al activo, tal es lo que sucede cuando se hace ingresar al patrimonio un derecho nuevo (vgr. la propiedad de un auto) o se incrementa el valor de uno ya existente (vgr. se beneficia el propietario de una finca por las edificaciones realizadas en ellas); o bien, por un aumento que afecte al pasivo patrimonial, como sucede cuando se cancela sin fundamento jurídico una deuda que grava el patrimonio de otro. b) Por no disminución patrimonial en circunstancias en que ésta debería producirse. Opera por ahorro o economía de gastos. Tal es lo que sucede cuando se le evita a alguien un desembolso en circunstancias normales debería afrontar (vgr. se sustenta económicamente a un niño, descargando con ello el deber de sus progenitores).
2. Empobrecimiento del demandante: consiste en una merma experimentada por el actor que proviene del egreso de bienes incorporados al patrimonio, o la destrucción o deterioro injustificado de los mismos, como el no ingreso de aquellos que deberían incorporarse.
La necesidad de empobrecimiento es exigida como requisito indispensable de la figura y también tiene importancia para determinar la medida de la acción.
Por regla, el empobrecimiento debe ser tomado en cuenta en el momento en que tuvo lugar. Por tratarse de una deuda de valor no sometida al principio nominalista, deberá tenerse en cuenta tal circunstancia al momento de calibrar la condena.
3. Correlatividad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Ambos términos deben ser correlativos, expresión que debe entenderse como fenómenos concomitantes. En efecto, es indispensable que exista correspondencia entre ambos. Uno se empobrece porque el otro se enriquece y a la inversa (Cf. MOSSET ITURRASPE, Jorge, El enriquecimiento sin causa, JA, Doctrina, 1970-445).
La intermediación patrimonial de un tercero no es obstáculo para la procedencia de la acción en la medida de que resulte comprobable que el enriquecimiento se ha producido exclusivamente por el empobrecimiento del actor.
4. Ausencia de justa causa: es preciso que no exista una causa legítima que justifique dicha situación de mutación patrimonial. A contrario sensu, el enriquecimiento es con causa cuando éste tiene una fuente regular, tal es lo que sucede cuando deriva de un acto jurídico válido o de una regla legal o consuetudinaria.
La expresión "causa" alude, en este sentido, a la causa eficiente del enriquecimiento obtenido por el demandado o, lo que es igual, a la existencia de un título legítimo que pueda ser opuesto al demandante para enervar su pretensión restitutoria y mantener el bien o valor incorporado al patrimonio.
La causa debe ser valorada en relación a ambos protagonistas de la acción, conclusión que deviene lógica si se tiene en cuenta el carácter correlativo que debe presidir al enriquecimiento y empobrecimiento.
5. Carencia de otra acción o también llamada subsidiariedad legal: tiene lugar cuando el demandante no dispone de otra acción contra el enriquecido que le permita revertir los efectos del empobrecimiento, obteniendo un beneficio equivalente.
El fundamento de este recaudo se vincula con el carácter de la figura como doctrina praeter legem que condiciona la aplicabilidad de la teoría a otras soluciones semejantes de derecho positivo (PIZARRO, Ramón Daniel, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Obligaciones, Tomo IV, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pag. 112).
IV. Expuestos ya los postulados principales del instituto aplicado en la sentencia apelada, procederé al tratamiento de los agravios expresados por las partes.
IV.1. Ya impuesta en la correspondiente faena, advierto que la primera de las críticas dirigidas por la parte actora radica en que el Juez de grado no habría considerado que los pagos realizados por los adquirentes de los terrenos en cuestión configuran un empobrecimiento.
Una lectura atenta de la resolución apelada me convence de la inexactitud de la diatriba expuesta, por cuanto dichos pagos han sido considerados, más no del modo en que pretende el recurrente. Lo que sentenció el Juez de grado fue que los pagos efectuados que permitieron tener por configurado el enriquecimiento fueron aquellos oblados en cumplimiento del primer convenio celebrado correspondiente al año 2007 obrante a fs. 1300. Tal es así que el convenio concertado entre las partes en el año 2013 que consta a fs. 1308 tiene por objeto la ejecución de las mejoras sobre la vivienda -lo que proporciona la pauta de que las mismas no fueron realizadas-.
Ahora bien, si lo que pretendía el apelante era controvertir que los actos solutorios correspondientes al convenio de pago sobre mejoras del plan de viviendas del año 2013 también debían ser estimados como parte del empobrecimiento sufrido por la parte actora, tenía la carga de atacar el fundamento expresado por el Juez de origen para resolver en sentido contrario, es decir que no se demostró que las mejoras no estuviesen instaladas. El apelante no sólo no ha acreditado dicho extremo, sino que en su expresión de agravios ha reconocido la situación inversa al indicar que en el año 2018 las viviendas les fueron efectivamente entregadas. En virtud de ello, corresponde mantener lo decidido en tal sentido.
Como consecuencia derivada de lo anteriormente expuesto, queda asimismo justificada la exclusión de la Mutual del Sindicato de Luz y Fuerza de la extensión subjetiva de la condena fundada en el enriquecimiento sin causa de dicho demandado -punto de agravio traido por la actora- siendo claro que no se vislumbran los presupuestos que configuran el factor objetivo de imputación.-
IV.2. Respecto a la segunda crítica basada en el desconocimiento del perjuicio sufrido por los accionantes ante la posibilidad de hacerse de la vivienda entre el año 2007 y 2018, entiendo que no asiste razón a los recurrentes.
Esto se debe a que no se ha acreditado que la parte demandada hubiera incurrido en mora en el período de referencia. En efecto, del cotejo del convenio de pago (ver. vgr. fs. 1300 y 1308) correspondiente a los años 2007 y 2013 respectivamente no surge que se haya establecido un plazo para la ejecución de la obra ni tampoco se infiere éste a partir de la naturaleza y circunstancias de la obligación. Tal situación incluso está expresamente reconocida por la parte actora en la demanda de fs. 1720/1733.
De lo expuesto, es dable colegir que estamos ante una típica obligación con plazo indeterminado propiamente dicho que opera como excepción al principio de la mora automática. En tales supuestos, la exigibilidad de la obligación está condicionada a la deducción previa de una acción de fijación de plazo en orden a que el juez determine el término inicial de la mora (art. 887 del CCyC).
Queda claro entonces que en el plazo indeterminado propiamente dicho, el plazo no está determinado y no existen elementos que permitan inferirlo inequívocamente de la naturaleza y circunstancias de la obligación. La indeterminación es absoluta y lo único que queda por hacer es solicitar la fijación judicial del término para el cumplimiento de la obligación ((PIZARRO, Ramón Daniel, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Obligaciones, Tomo II, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pag. 538).
Esto último no ha ocurrido en la especie. Por lo que no corresponde responsabilizar a la accionada por las consecuencias derivadas del incumplimiento de una obligación que no era exigible en el tiempo en que tuvo lugar la omisión que es objeto de reproche.
IV.3. En cuanto al daño moral -controvertido por todas las partesadvierto que la crítica deviene insuficiente para conmover el monto de condena por el rubro de referencia. Los apelantes refieren genéricamente al derrotero que tuvieron que transitar para concretar la conclusión de las viviendas en las condiciones estipuladas, aluden vagamente a "mentiras, burlas, presiones y abusos por parte de los accionados", más no indican los hechos y menos aún las constancias probatorias que respaldan las específicas imputaciones de referencia.
Por otro lado, se cita un precedente de este Tribunal que no guarda correlación fáctica (se trataba de un accidente de tránsito) ni jurídica (se aplicaron las reglas de la responsabilidad por acto ilícito) con la presente causa para extraer una supuesta regla porcentual del perjuicio extrapatrimonial que el propio fallo citado desconoce como directriz necesariamente aplicable a todos los procesos judiciales.
Y finalmente, se compara el monto de condena con un bien de mercado de valor similar para concluir dogmáticamente que el producto de referencia no satisface el perjuicio extrapatrimonial sufrido por los actores. Al respecto, es dable remarcar que el embate contra la sentencia de Primera Instancia llevado a cabo por medio del memorial -o expresión de agravios, en su caso- debe ser concreto, preciso y claro; en una palabra, suficiente, dado que en el sistema dispositivo que nos rige, esta pieza procesal se erige como cuña que tiende a romper el fallo atacado, pero, para ello, atento el adagio tantum devolutum quantum apellatum, hace falta que el quejoso ponga de manifiesto los errores de la providencia impugnada. Si este embate no se cumple, o se lleva a cabo en forma deficitaria, el decisorio deviene firme, ya que es el atacante quien a través de su expresión de agravios fija el ámbito funcional de la Alzada, la que no está facultada constitucionalmente para suplir los déficit argumentales, ni para ocuparse de las quejas que éste no dedujo.
La apuntada carga procesal supone la demostración del agravio, no correspondiendo al Juzgador suplir en esa tarea al justiciable, por ser un imperativo del propio interés del peticionario en un asunto que es de su exclusiva incumbencia.
Se exige al apelante una exposición sistemática, tanto en la interpretación del fallo recaído -en cuanto juzgado erróneo- como en las impugnaciones de las consideraciones decisivas. Deben precisarse parte por parte los errores, omisiones y demás deficiencias que se atribuyen al fallo recurrido, especificándose con toda exactitud los fundamentos de las objeciones, sin que las afirmaciones genéricas y las impugnaciones de orden general -dentro de las que se hallan las meras citas doctrinarias o jurisprudenciales- puedan llegar a reunir los requisitos mínimos indispensables para desvirtuar la solución realmente dotada de congruencia (conf. Causa nº 22.549, R.S. 89/89).
Es que la función de la Cámara es revisora, pues no se trata de un nuevo juicio, y aquélla encuentra su límite en la existencia y extensión de los agravios, que deben constituir la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo de Primera Instancia con lo que se disconforma, demostrando cuales son los errores en él incurridos, pues, de lo contrario, la insuficiencia de la queja conlleva a la deserción del recurso, y si bien es cierto que la corriente general de la jurisprudencia es que basta un mínimo de crítica, ello no significa que pueda el órgano jurisdiccional sustituir o subsidiar la actividad propia del recurrente (arts. 260, 261, 34, inc. 5º, pto. c), del Cód. Procesal; Causa nº 32.277, R.S. 228/94).
Trasladando estos conceptos al caso de autos, vemos que la argumentación en modo alguno llega a satisfacer los recaudos técnicos enunciados, por ende, no resulta eficaz para conmover la decisión judicial adoptada respecto del rubro en análisis.
IV.4. En punto al agravio relativo al daño punitivo por cuanto no se habría dispuesto una pauta actualizadora, entiendo que no resulta procedente.
Si bien este Tribunal en pronunciamientos anteriores ha convalidado una flexibilización del principio de congruencia en aquellos casos en que la sumas pretendidas en demanda resultan inferiores a las efectivamente acreditadas en juicio, en la medida en que se haya empleado una fórmula petitoria que permita calibrar el importe del resarcimiento por encima del monto nominalmente reclamado y se trate de deudas indemnizatorias que conllevan implícitamente el imperativo de reparación real (ver Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Pergamino, "GAUNA VERONICA DEL CARMEN C/ RUIZ DIAZ ANDREA PAOLA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , 13 de Diciembre; y más recientemente, "SOLDATI JOSE OMAR C/ BANCO COMAFI S.A. Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJUICIOS EXTRACONTRACTUAL (EXC. AUTOM./ESTADO)" , 6/8/2024), considero que tal lógica no puede extenderse por analogía al rubro de referencia.
Ello se debe al carácter esencialmente punitivo del rubro de referencia que exige la predeterminación cualitativa y cuantitativa de la pena aplicable. En términos positivos, lo que pretendo destacar es que todo ejercicio de la potestad punitiva debe estar presidido por una determinación clara, precisa y computable de la pena máxima que se pretende obtener por medio de la condena punitiva.
Desde el prisma constitucional, cabe remarcar que el principio de legalidad penal, en su dimensión procesal, también se vincula con el principio de congruencia, el cual establece que debe existir coherencia y correlación entre la acusación, la defensa y la sentencia. Este principio impide que el tribunal imponga una pena mayor o diferente a la solicitada expresamente en la acusación, dado que el imputado debe conocer con exactitud los hechos y las consecuencias jurídicas que se le atribuyen, asegurando su derecho de defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional).
No estamos frente a un mero rigorismo formal, sino que se dirime aquí la eficacia misma del derecho de defensa de las partes y del debido proceso legal. En efecto, el destinatario de la pena debe tener la posibilidad de contradecir y defenderse de la pretensión punitiva en su totalidad, lo que implica saber de antemano cuál y cuánto es la pena que se solicita. La pena debe estar determinada concretamente en la imputación.
Dejar "en blanco" o "sujeta a los elementos que surjan de la causa" la posibilidad de una pena mayor genera incertidumbre y afecta la seguridad jurídica del imputado, quien debe tener claridad sobre el alcance de la pretensión punitiva desde el inicio del juicio.
En definitiva, la reserva genérica de aplicar una pena superior debe reputarse una violación al principio de legalidad procesal, dado que el imputado tiene derecho a defenderse de una pretensión concreta, no de hipótesis abstractas o abiertas.
En virtud de las razones expuestas, habré de rechazar el agravio expresado por la parte actora en relación al punto de referencia.
V.1. Transitando a los embates vertidos por la parte demandada, habré de principiar por aquel que comienza por negar la autenticidad de la documental. Anticipando que el mismo no ha de prosperar.
En este sentido, el recurrente no ha logrado revertir el argumento mediante el cual el Juez tuviera por reconocida la mentada documental, esto es, que no se ha cumplido con la carga negatoria del art. 354 del CPCCBA. Es que, cotejada la contestación de demanda de fecha 5/5/2021, puedo advertir que asiste razón al juzgador de origen, por cuanto el aquí apelante se limitó en la oportunidad de referencia a efectuar una negativa genérica de la documental acompañada, lo cual habilitó la consecuencia procesal prevista en el artículo precitado. A saber, que se tenga por configurado el "reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a la que se refieren".
Por otra parte, no puedo soslayar que en la propia pieza defensiva la propia parte aludió a que "el monto inicial de los convenios que se firmara con los preadjudicatarios y las cuotas a abonar resultaba directamente el precio de compra de terreno, en su totalidad, para llevar adelante el plan de viviendas". De manera que si pretendía negar que los instrumentos acompañados por los demandantes no eran los auténticos, de mínima -por principios básicos de buena fe y colaboración probatoria- le correspondía arrimar aquellos instrumentos que sí eran auténticos según su propia versión de las cosas o, cuanto menos, justificar la imposibilidad de acompañarlos (art. 34 inc. 4.d. del CPCCBA).
Al respecto, cabe referir que el concepto de carga de la prueba ha evolucionado en el derecho procesal, aceptándose un criterio de interpretación más flexible de la clásica regla de distribución de esa carga, basado en el deber de colaboración que incumbe a cada parte de acuerdo a su postura respecto de la situación jurídica y en el principio de lealtad y buena fe, resultando así que en buena medida la prueba es tarea común de ambas partes (cf. art. 34 inc. b del CPCC, art. 9 del CCyC). Y tal excepción se acentúa en situaciones como la acontecida en el presente caso en el cual se encuentran en juego los derechos del consumidor (ley 24.240). Sobre el punto, la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Dolores ha sostenido que: "Tratándose de una relación de consumo, donde rige la teoría de la “carga dinámica de la prueba” o “prueba compartida” (art. 53, ley 24.240), por la cual se hace recaer en ambas partes la obligación de aportar elementos de juicio al juzgador, privilegiando la verdad objetiva sobre la formal para brindar la efectiva concreción de la justicia. Se trata de un concepto particularmente útil cuando los extremos son de muy difícil comprobación..." (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores, en causa Nº 97.106 caratulada:
"CURUCHET, LILIANA BEATRIZ C/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES",
25 de Octubre de 2018).
Más allá de la profusa doctrina y jurisprudencia que en materia de derechos del consumidor viene sosteniendo que la prueba deberá ser llevada a cabo por quien se encuentre en mejores condiciones, la última reforma legal pretendió evitar malos entendidos al establecer en su art. 53 que: “Los proveedores deberán aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio” (cf, Iturraspe, J.M. y Wajntraub, J.H., “Ley de defensa del consumidor”, Rubinzal-Culzoni, 2008, pág. 283/284, ap. III, comentario al art. 53, tercer párrafo, ley citada).
En estricta relación a este tema, la SCBA ha resuelto que: "…todo procedimiento en el que se encuentre en juego una relación de consumo importa la vigencia en materia probatoria de las "cargas dinámicas", principio que es llevado en estos casos a su máxima expresión (conf. Junyent Bas, Francisco y Del Cerro, Candelaria, art. cit.; Berstein, Horacio, "El derecho-deber de información y la carga de la prueba en las infracciones a la ley de defensa del consumidor" (SCBA LP Rc 122162, Int. del 15/08/2018). Asimismo, sostuvo el Superior Tribunal -en el Acuerdo supra referido- que "el art. 3 en coordinación con el art. 65 de la citada ley establece la preeminencia del régimen tuitivo y su carácter de orden público, de allí que ante cualquier colisión entre una norma o criterio de derecho común y otra que proteja a los consumidores, prevalecerá esta última, se trate de aspectos sustanciales o procesales, entre estos últimos lo relativo a la distribución de las cargas probatorias y las presunciones emergentes de la ley especial".
Los pilares fundamentales sobre los cuales reposa la teoría de las cargas probatorias dinámicas son, por un lado, la búsqueda por igualar a quienes se encuentran en inferioridad de condiciones frente a su adversario y, por el otro, sobre el deber de colaboración en el proceso (conf. ARAZI, Roland — BERIZONCE, Roberto O. — PEYRANO, Jorge W., "Cargas probatorias dinámicas", LA LEY del 01/08/2011, AR/DOC/2379/2011). En razón de tales principios, es dable afirmar que en los procesos en que se discuten relaciones de consumo, el riesgo de la ausencia de prueba que existe en poder del proveedor no debe recaer en el consumidor o usuario, sino en quien, conforme las características del bien y servicio que es motivo de litigio, debería aportar los elementos respectivos (Cf. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Dolores, en causa Nº 97.106 caratulada: "CURUCHET, LILIANA BEATRIZ C/ LA CAJA DE SEGUROS S.A. Y OTRO/A S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS CIVILES/COMERCIALES", 25 de Octubre de 2018).
De manera que la convicción judicial, al momento de sentenciar, se integra con todos los elementos arrimados al proceso, se trate de las afirmaciones a cargo de las partes y pruebas rendidas, incluidas las actitudes negativas y el reconocimiento tácito. Todo ello puede englobarse en un común denominador: la conducta procesal de las partes (cf. FENOCHIETTO, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado, anotado y concordado, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2009, pag. 445).
V.2. En cuanto al segundo agravio vertido por la parte demandada vinculado al alcance material que el aquo le confiriera a la expresión "infraestructura" al contemplar en esta denominación a los servicios de agua, cloaca, gas y cordón cuneta, he de seguir también un temperamento contrario a su efectiva admisión.
Ciertamente, estamos aquí ante la utilización de un concepto indeterminado y de textura abierta, toda vez que la expresión es susceptible de incluir una mayor o menor extensión según cual sea el contenido con el que finalmente se la integre. A priori, y con los elementos colectados (puntualmente el convenio celebrado en el 2007 que no hace especificación alguna respecto a cuál sería la infraestructura pasible de ser incluida en la prestación debida por el Sindicato demandado), no resulta posible establecer con precisión dicho punto.
Ahora bien, la pregunta que surge es entonces si, a pesar de tal circunstancia, procedió correctamente el Juez de grado al entender que las mejoras que fueron a la postre individualizas por el perito ingeniero interviniente -ver informe presentado mediante escrito de fecha 20/02/24-. Entiendo que sí. Y ello no responde a una interpretación expansiva de los términos del acuerdo mencionado, sino a un incumplimiento del deber de información que pesaba sobre el organizador del plan de viviendas.
En aras de pronunciarme sobre tal cuestión, deviene útil efectuar una aproximación conceptual y jurídica al deber de información. En este sentido, se lo ha calificado como un deber jurídico obligacional, de causa diversa, que incumbe al poseedor de la información vinculada con una relación jurídica o con la cosa involucrada en la prestación, o atinente a actividades susceptibles de causar daños a terceros o a uno de los contratantes, derivado de dicha información, y cuyo contenido es el de poner en conocimiento de la otra parte una cantidad de datos suficientes como para evitar los daños o mitigar la inferioridad negocial que pueda generarse en la otra parte si no son suministrados (PÉREZ GARCÍA, Pedro Antonio, El deber de información en la contratación privada, Ministerio de Sanidad y Consumo, Instituto Nacional del Consumo de España, Madrid, pag. 56). En el estado actual del derecho, el deber de información se ha constituido como un presupuesto básico de las relaciones jurídicas, y su violación puede aparejar efectos relevantes, llegando incluso a anular el consentimiento prestado (y por tanto el acto jurídico al que éste se vincula) y/o generar obligaciones indemnizatorias (Cf. HEDEMANN, J. W., Tratado de Derecho Civil. Derecho de las Obligaciones, vol. III, RDP, Madrid, 1958, pag. 51).
En cuanto a su fundamento jurídico general, este deber deriva del principio de buena fe, el cual ha sido tipificado en el artículo 9º del Código Civil y Comercial, y cuenta con numerosas proyecciones transversales en todas las relaciones jurídicas que regula este nuevo cuerpo normativo. En punto a su extensión operativa en las diversas fases de la relación jurídica obligacional, la doctrina nacional y extranjera coincide en que el deber de información actúa no sólo en la etapa "precontractual", sino también durante la "ejecución del contrato". Mientras que, en el primer supuesto, la información de todas aquellas circunstancias que refieren a la prestación en sí, y a las condiciones económicas y jurídicas de adquisición del producto o contratación del servicio, tiende a facilitar la emisión de un consentimiento esclarecido, informado y por tanto plenamente eficaz, en el segundo caso, básicamente se presenta como un efecto del contrato perfeccionado, que persigue, principalmente, que el consumidor o usuario pueda hacer valer sus derechos (HERNÁNDEZ, Carlos A. - QUAGLIA, Marcelo C. , Consideraciones sobre las recientes reformas a la LDC. Una mirada desde el subsistema de protección del consumidor. Publicado en: SJA 02/11/2016, 02/11/2016, 30 Cita Online: AP/DOC/1111/2016).
Cuando nos trasladamos a la esfera de los consumidores, el deber de información adquiere una hondura especial, no bien se constata que: “…el objetivo prioritario del movimiento viene configurado por la necesidad de profundizar las comunicaciones al público, sobre el complejo de los elementos determinantes para la libre elección de las operaciones económicas más convenientes” (STIGLITZ, Gabriel A., Protección jurídica del consumidor, Depalma, Buenos Aires, 1986, pag. 36). Es que el fortalecimiento del deber de información deviene absolutamente lógico en esta rama del derecho: a la acentuación del nivel de anoticiamiento, sigue por naturaleza la concientización del consumidor sobre sus propios derechos y, por ende, el fortalecimiento, en alguna medida, de su originaria posición de debilidad en el mercado. Y el art. 4 de la ley 24.240 así lo refrenda, confiriéndole un reconocimiento expreso, autónomo y acentuado a este deber jurídico: "ARTICULO 4º — Información. El proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las condiciones de su comercialización".
De este modo, la necesidad de consolidar la confianza de los consumidores en la contratación ha motivado que el legislador haya establecido numerosas exigencias en relación con la información que se debe suministrar al consumidor. Exigencias informativas que alcanzan a todas las fases de la formación y ejecución del contrato, tanto a la fase precontractual como a la fase posterior a la perfección del contrato, dándose así protección a los consumidores durante todo el proceso contractual. No obstante, esta información tiene una especial trascendencia en el tiempo previo a la conclusión del contrato, al ser el momento en el que se configura el consentimiento contractual.
Este deber ha adquirido una dirección nueva a partir del reconocimiento progresivo del principio de prevención en el ordenamiento jurídico argentino. La autora belga Françoise Domont-Naert ha resaltado, en este sentido, que “la información al consumidor… tiene un efecto preventivo: permite al consumidor renunciar a un contrato que no responda a sus expectativas” (DOMONT-NAERT, Françoise, Las tendencias actuales del derecho de contratos con respecto a la reglamentación de las cláusulas abusivas, en Stiglitz, Gabriel A. (dir.), Defensa de los consumidores de productos y servicios, La Rocca, Buenos Aires, 1994., p. 219).
El norte esencialmente tuitivo del deber de información le confiere a éste un contenido esencialmente elástico y ajustable a las circunstancias del caso concreto, de modo que una determinada cantidad y calidad de información pueden resultar adecuadas y suficientes para un consumidor y deficitaria para otro. Al respecto, Bonfanti advierte que “si el consumidor o usuario carece de un mínimo de educación (económica), la información podríamos decir que lo habrá de ‘complicar’ (gráficamente) más que ilustrar”. No obstante lo dicho, aclaraba “que con esto no queremos decir que no haya que informar, sino ubicar este deber en sus límites adecuados” (BONFANTI, Mario A., Derecho del Consumidor y del Usuario, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, 96).
En este sentido, el proveedor tiene la obligación de suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, garantizando la gratuidad del suministro informativo, sea en soporte físico o por cualquier otro medio alternativo de comunicación que el proveedor ponga a disposición (GROVER DORADO, John, Los contratos electrónicos de consumo en el derecho argentino. Publicado en El Derecho. Diario de doctrina y jurisprudencia. • ISSN 1666-8987 • Nº 14.076 • AÑO LIV • ED 270).
El alcance y la forma de la información están determinados por las características particulares de cada situación y, en especial, por la necesidad de asegurar una elección racional por parte del consumidor, y el uso correcto y seguro de bienes y servicios contratados.
A tales fines, la disposición precitada establece que la información debe ser cierta, clara y detallada.
Finalmente, la información debe ser comprensible. Esto significa que el proveedor no sólo debe informar sino que, además, no puede desentenderse de que el consumidor efectivamente comprenda el mensaje. Tal exigencia informativa se desprende del art. 42 de la CN en cuanto garantiza el carácter adecuado de la información, condición que no puede desvincularse del estado subjetivo del consumidor, como también se extrae por inferencia lógica de disposiciones particulares de la ley 24.240 que expresamente aluden a la necesidad de que la información sea comprendida (art. 14 y 61).
No obstante, lo que la ley señala no es que la información sea “efectivamente comprendida” sino que sea “comprensible”, es decir que tenga una potencialidad razonable para que ello ocurra.
El problema que aquí se presenta es discernir si se satisface el requisito de “lo comprensible” cuando ello puede ser entendido por un consumidor medio o si, por el contrario, se deberá tener particularmente en cuenta el tipo de público o mercado hacia el cual se destina un bien o servicio.
Si bien no puede afirmarse que el deber de información es de resultado (es decir que sólo se cumple si el consumidor en concreto toma y comprende los datos que se le suministran), no menos cierto es que su cumplimiento exige un nivel de diligencia especial por parte del proveedor, debiendo prever, por ejemplo, el tipo de público hacia el cual apuntan sus productos. En especial, cuando estamos frente a consumidores vulnerables, como pueden ser los ancianos, los discapacitados, las personas analfabetas, etc. (art. 75 inc. 22 de la CN).
Entre los diversos aspectos que constituyen el contenido del deber de información, interesa destacar -por su pertinencia con el caso en tratamiento- aquel que refiere a las condiciones legales de contratación. En este sentido, se ha dicho que es necesario el usuario acepte las condiciones generales antes de utilizar el producto o servicio. Y que, cuando se incluyan cláusulas adicionales, estas deberán ser escritas en letra destacada y suscritas por ambas partes (MOREA, Adrián Oscar, El deber de información en la contratación electrónica de consumo, Ed. Rubinzal Culzoni, doctrina on line).
Recapitulando, podemos afirmar a la luz de los estándares expuestos que la especificación de los alcances materiales del término "infraestructura" que fuera utilizado en el contrato formaba parte del deber de brindar información precisa y detallada a cargo de la demandada, ya que concernía al contenido mismo de la prestación objeto de la obligación asumida. De ahí que el estado de indeterminación e incerteza que trajo aparejada la inobservancia de esta exigencia resulta imputable a ella. La consecuencia jurídica de lo expuesto nos conduce a privilegiar la interpretación judicial adoptada respecto al alcance del contrato y a desestimar la tesitura restrictiva pregonada por la parte demandada para integrar y suplir la situación de ambigüedad contractual, toda vez que o contrario implicaría conculcar el principio hermenéutico general que prohíbe beneficiarse de la propia conducta ilegítima (art. 9 del CCyC). La solución propiciada se complementa a su vez con el art. 3 de la ley 24.240 que establece que en caso de duda corresponde resolver en favor del consumidor.
Sobre tal temperamento, la Sala III de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, expuso que “…Al consumidor o usuario le son aplicables los principios "in dubio pro consumidor", así como también el deber de información y de seguridad, de lo que se sigue que en caso de duda debe estarse a la interpretación más favorable al consumidor, principio que no sólo se refiere a la interpretación del derecho, sino también a los hechos y a la prueba rendida en el ámbito jurisdiccional (arg. art. 3 y 37 de la ley 24.240)…” (sent. del 24/5/2016 recaída en causa nº 160311 “Amelotti, Alma Elvira s/ Sucesión c/ Los Gallegos Martínez Navarro y Cia SA s/Daños y perjuicios”, Sumario Juba B 5048696).
V.3. Los argumentos normativos utilizados (específicamente, la aplicación del art. 4 de la ley 24.240) nos redirigen y emplazan hacia otro de los agravios principales planteados por la parte demandada, cuál es, la inaplicabilidad de la legislación consumeril al caso concreto por cuanto el vínculo entre el sindicato y los actores estaría basado en acuerdos cooperativos para el desarrollo de viviendas y no en una prestación de servicios o la adquisición de bienes por parte de los actores como consumidores finales.
Adelanto que la crítica expresada resulta incongruente con las reglas que rigen el ámbito de aplicación de la ley de defensa del consumidor.
A modo de prolegómeno, conviene señalar que los ámbitos de aplicación del derecho de consumo delimitan el campo de aplicación válido de esta rama del derecho.
Con mayor precisión, cabe advertir que si alguno de estos ámbitos no se verifica en el caso concreto, la consecuencia es la exclusión de la situación de hecho contemplada del radio de cobertura de las reglas y principios consumeriles, sin perjuicio de que dicha situación pueda encuadrar en otra órbita jurídica diferente.
En relación a los ámbitos en particular, cabe señalar que el ámbito subjetivo determina la condición que deben asumir los sujetos, integrantes de la relación jurídica obligatoria, para poder ser considerados sujetos de la relación de consumo.
Ya impuestos en esta tarea, consideramos necesario destacar que según lo dispuesto por el artículo 1 de la L.D.C: “…Se considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en forma gratuita u onerosa, bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda equiparado al consumidor quien, sin ser parte de una relación de consumo como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios, en forma gratuita u onerosa, como destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social…”.
De la norma transcripta se desprende que para el ordenamiento jurídico argentino, la condición fundamental para perfilar el concepto de consumidor es la de ser "destinatario final" de un producto, actividad o servicio. A diferencia del texto originario de la ley 24.240, la legitimación ya no se centra en el hecho jurídico de consumir, sino en el destino final del acto o relación de consumo.
En este sentido, el punto clave es que los bienes o servicios sean adquiridos para quedar dentro del ámbito personal, familiar o doméstico del consumidor sin que retornen al mercado. El destinatario final adquiere los bienes y servicios, no para renegociarlos, sino para quedarse con ellos. Así entonces, el único elemento que hoy permite determinar quién es consumidor y quién no lo es, es el de ser o no ser “destinatario final”. Ello así, puede afirmarse, sin mayor hesitación, que nuestro ordenamiento ha receptado el concepto amplio –aunque no universal- de nuestra Constitución Nacional, que concibe al derecho de consumo no sólo como un régimen tutelar sino también como una herramienta reguladora del mercado, y de allí la amplitud que debe guiar la interpretación de cada caso.
En este sentido, las circunstancias de autos permiten inferir fácilmente que el objeto del convenio celebrado tuvo por mira la adquisición de terrenos para viviendas en favor de los adjudicatorios. Tal es así que tanto los convenio celebrados en el año 2007 y 2013 describen al proyecto como "un emprendimiento habitacional" de donde deviene claro que el objeto de la adquisición persigue un destino personal o familiar. Por su parte, el Sindicato encuadra en la figura de proveedor toda vez que constituye una persona jurídica que ha intervenido (montando un emprendimiento habitacional) de manera profesional (con relevante capacidad de obrar) ha puesto a ofrecido a bienes destinados a consumidores (unidades funcionales concretas) -art. 2 de la ley 24.240-. No empece a dicha calificación que el vínculo se base en acuerdos cooperativos toda vez que dicha circunstancia es per se inhábil para desmantelar el rol de consumidor y proveedor que asumen las partes intervinientes al encuadrar en el tipo legal especificado ut supra. Tampoco revierte la conclusión pretérita el hecho de que el Sindicato de Luz y Fuerza de Pergamino no tenga entre sus objetivos estatutarios el proporcionar o crear acceso a la vivienda a sus afiliados, puesto que lo que hay que indagar no es si la parte demandada tenía aptitud legal para desarrollar la actividad crítica, sino simple y sencillamente si desarrolló la actividad crítica.
En este aspecto, el principio de realidad en materia de consumo es un criterio hermenéutico que deriva del principio protectorio (art. 42 de la CN) y que busca garantizar que las relaciones de consumo sean analizadas y resueltas teniendo en cuenta la verdadera naturaleza de los hechos y las prácticas que se producen en el mercado, más allá de las formalidades jurídicas o contractuales. A los efectos de deslindar la tutela del consumidor, poco interesa si el Sindicato demandado contemplaba en su objeto social el desarrollo de este tipo de proyectos. Lo verdaderamente relevante son los hechos que refleja la realidad fáctica de la relación, y éstos muestran a las claras que hubo una adquisición efectiva de bienes con destino final por parte de los accionantes que se correspondió correlativamente con una obligación asumida por parte del Sindicato como persona jurídica que intervino profesionalmente en dicha transacción.
Finalmente, no obsta a la afirmación precedente el hecho que el Sindicato no sea una empresa con el fin de generar réditos propios, habida cuenta de que la calidad legal exigible a la persona del proveedor no es el ánimo de lucro ni la forma empresarial, sino la profesionalidad permanente u ocasional. Al respecto, Alvarez Larrondo que esta condición implica la posibilidad de ejercer una actividad con relevante capacidad y aplicación para obrar resultados óptimos más allá de que los consiga o no (ALVAREZ LARRONDO, Manual de Derecho de Consumo, Ed. Erreius, Buenos Aires, 2017, pag. 479). En este sentido, el Sindicato cumple prima facie con la calificación indicada, toda vez que cuenta con personas calificadas, dispone de recursos técnicos y económicos propios y cuenta con personería jurídica, entre otras condiciones.
Para cerrar el control de aplicabilidad de la legislación consumeril, he de referirme más lacónicamente al ámbito objetivo de atribución, toda vez que este espectro del análisis no ofrece mayores dificultades.
Este ámbito comprende a todas aquellas actividades que integran el objeto de la relación de consumo.
Uno de los grandes cambios que generó la reforma introducida por la ley 26.361 se concretó precisamente en este campo. De tener una casuística limitada a los viejos tres incisos que tanto debate generaran, se transitó hacia un campo de aplicación que alcanza a todo contrato o negocio, exigiéndose tan solo que exista un proveedor y un destinatario final. Verificados ambos requisitos, todo vínculo queda alcanzado por la ley de consumo.
No obstante lo expuesto, el legislador quiso precisar algunos contratos tales como “la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo, cementerios privados y figuras afines”, lo cual resulta sobreabundante por cuanto aquí se ha prescindido del reduccionismo de la ley anterior. Lo que sí resulta comprensible y absolutamente justificado es la regulación diferenciada de ciertas operaciones o contratos (vgr. “operaciones de venta de crédito”) que, por sus características especiales, requieren, amén de la tutela genérica de la normativa consumeril, un régimen de protección especial.
Con un foco más particularizado, conviene detenerse en la compraventa de inmuebles, dado que ante la derogación del viejo artículo 1, la ley alcanza actualmente a la compraventa de inmuebles nuevos como usados, lo que generó un cambio de magnitud en la aplicación del marco legal, incluido el régimen de vicios redhibitorios.
A su vez, se suprimió la exigencia de que el bien esté destinado a vivienda, con lo cual, el único requisito es que se le otorgue un destino final. Así, por ejemplo, la compra de un galpón para ser utilizado por los compradores como cochera para sus autos también queda alcanzada por la ley, o la adquisición de un predio compuesto de una cancha de tenis para uso familiar y social, o un campo para producir lo necesario para el consumo personal y familiar.
Como consecuencia lógica de lo expuesto, la nómina de actividades comprendidas dentro del ámbito objetivo de aplicación de la normativa consumeril se ha visto notoriamente ampliada.
Con todo, entendemos que en términos estrictamente técnicos la ampliación es más aparente que real pues la enumeración contenida en la redacción originaria de la ley 24.240 tenía un carácter meramente enunciativo, el hecho de haberla suprimido trasunta claramente la intención de universalizar el objeto potencial de la relación de consumo –en la medida de que se verifique la concurrencia de un consumidor y un proveedor- y elimina cualquier margen interpretativo que permita sostener una tesis restrictiva o limitada del ámbito objetivo de la LDC.
Es precisamente desde esta óptica que debe analizarse la inclusión de la actividad desarrollada por el Sindicato que, por estar referida a la adquisición de bienes, queda inexorablemente atrapada por la fuerza centrípeta del epicentro normativo de la legislación consumeril. Verificado entonces tanto el ámbito subjetivo como objetivo de la ley 24.240, puedo concluir sin mayor hesitación que el agravio esbozado por el apelante en tal sentido debe ser desestimado.
V.4. Continuare pues con el punto de crisis relativo a la ausencia de enriquecimiento de la parte demandada por cuanto el dinero abonado por los adjudicatarios en relación al contrato suscripto en el 2007 se habría utilizado de manera íntegra en la adquisición de los lotes y realización trámites pertinentes. En este punto, anticipo que haré una concesión parcial a la actividad impugnatoria del apelante.
Para comprender lo antedicho resulta útil recordar que la sentencia de primera instancia determinó la medida del enriquecimiento de la actora en la retención del pago efectuado por los demandantes en razón del convenio celebrado en el año 2007 sin haber abonado las mejoras que cobraran. Posteriormente, al tratar el punto correspondiente al rubro daño material, el Juez de grado entendió que la partida de referencia debía determinarse por el monto equivalente al valor de la infraestructura que los demandantes pagaron y los demandados cobraron.
Es precisamente aquí donde a mi criterio anida el margen de acierto de la crítica recursiva y el margen de refutabilidad de la sentencia de grado. Es que si bien es razonable colegir que el empobrecimiento de la parte accionante guarda exacta correlación con el valor de las mejoras (por cuanto pagaron el importe pactado por tal concepto conforme lo estipulado en el convenio del año 2007 y no obtuvieron en contrapartida la prestación prometida debiendo hacer un nuevo desembolso posterior a los mismos fines en el año 2013), no puede adoptarse idéntica lógica respecto al requisito del enriquecimiento.
Quiero decir que la automática asimilación entre el valor de las mejoras y el enriquecimiento del demandado resulta improcedente, por cuanto la primera cuestión no resulta en sí misma demostrativa del incremento patrimonial experimentado por la parte accionada.
Lo expuesto se torna más evidente al advertir que de la propia causa se desprende (ver convenio de rescinción firmado por el IVBA y el Sindicato, por medio del cual se deja sin efecto el convenio de financiación que los vinculara -fs. 381/382 de la causa penal incorporada los presentes autos-), que la obra de vivienda a cargo del Sindicato ya había tenido un incipiente avance físico y las obras de infraestructura también habían alcanzado un grado inicial de desarrollo.
Por otra parte, es dable señalar que en el durante el periodo transcurrido entre el año 2007 y el año 2018 -lapso temporal en el que tuvo lugar la obra contratada- el costo de la construcción experimentó un notorio incremento incluso por encima del índice general de inflación. Sólo considerando el término comprendido entre Enero de 2011 (adopté este punto de partida porque como parte de este proceso de revisión del INDEC impulsado en el año 2015, se discontinuaron los datos anteriores a 2011 al no considerarse confiables o comparables con los nuevos estándares, tal es así que los los registros disponibles hoy comienzan a partir de 2011 o, en algunos casos, desde 2016) a Enero de 2018 puede notarse un incremento porcentual del 478% cuando la inflación en idéntico período osciló el 260% (ver IPC e ICC según INDEC https://www.indec.gob.ar/).
Calamandrei define a los hechos notorios como aquellos que "entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un lugar, a un círculo social y a un momento determinado, en el momento en que ocurre la decisión" (Cit. en MORELLO, Agusto M.; SOSA, Gualberto L., BERIZONCE, Roberto O., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y dela Nación. Comentados y anotados., Buenos Aires, Ed. Abeledo Perrot, 2016, T.V., pag. 888).
La doctrina reconoce como notorios en términos generales a los hechos históricos o políticos, los accidentes geográficos y los acontecimientos de cuya existencia dan cuenta los medios corrientes de difusión, siempre que sean conocidos y tenidos como verdaderos por la generalidad de las personas de mediana cultura en el lugar y en el tiempo en que se desenvuelve el proceso (PALACIO, Lino, E., Derecho Procesal civil, Tomo IV, Buenos Aires, Ed. LexisNexis, 2005, pag. 336/7). La concepción de notoriedad procura dos altos fines de política procesal: 1) ahorrar esfuerzos al relevar a las partes de producir pruebas innecesarias; 2) prestigiar la justicia evitando que esta viva de espaldas al saber común o disponible para la gente.
En punto a la relación existente entre la teoría de los hechos notorios y las facultades judiciales, la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata ha dicho que: "Pueden considerarse hechos notorios aquellos que entran en conocimiento, la cultura y la información normal de los individuos, con relación a un lugar y un círculo social y a un momento determinado en el tiempo en que ocurre la decisión. En el campo de la fijación y la aplicación de los hechos notorios, como de las máximas de la experiencia, el juez puede, con la más absoluta libertad, no sólo servirse de su ciencia privada, sino, además, hacer, en los campos técnicos más alejados de su cultura normal, todas las investigaciones necesarias para adquirir directamente y sin la intervención de peritos las nociones de que carece" (Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala III, 25-9-73, E.D. 51-409).
Recapitulando, entiendo que las circunstancias señaladas (realización parcial de la obra, demora en la ejecución durante el tiempo indicado, variación porcentual del precio de la construcción por encima del índice general de inflación durante la mayor parte del período crítico) permiten inferir con un nivel de certeza relativa (pero suficiente para formar convicción en los términos del art. 386 del CPCCBA) que el Sindicato experimentó algún grado de enriquecimiento -téngase presente que el desarrollo de la obra prometida fue mínimo- pero de ningún modo puede afirmarse -con base en las circunstancias apuntadas precedentemente- que el referido incremento patrimonial resulta equiparable al valor a la totalidad del valor de las mejoras como sentenciase oportunamente el Juez de primera instancia.
Sobre la base de esta premisa básica, surge el interrogante acerca de cómo debe proceder la judicatura en un caso como el de autos en el que conforme a los elementos colectados, los datos disponibles y los indicios que consecuentemente pueden colegirse a partir de dichas variables, existe certeza suficiente acerca de la existencia del enriquecimiento, de su inferioridad numérica respecto al empobrecimiento sufrido por el actor, más no se sabe con exactitud la diferencia cuantitativa entre ambos extremos.
En este particular escenario, considero razonable acudir a un criterio hermenéutico establecido en el art. 165 del CPCCBA que ha sido aplicado reiteradamente por esta Alzada y por otros tribunales provinciales en relación a una situación análoga que se suscita en materia de daños y perjuicios.
En punto a ello, este Tribunal se ha hecho eco de un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata en el que se resolvió que: "Conforme el último párrafo del art. 165 del C.P.C.C., probado el daño, a falta de pautas concretas de las constancias de autos, el monto de la indemnización ha sido diferido por la ley al prudente criterio del juez y éste ha de remitirse a las máximas de la experiencia. Cuadra así subrayar que la insuficiencia de la prueba aportada para demostrar la cuantía del daño, no conduce a descartar la existencia del mismo, ya que se trata de dos aspectos que es menester diferenciar. Una cosa es la demostración de la existencia del daño , y otra distinta, es la referente a la determinación del monto del mismo -pérdida experimentada-. Acreditado el primer extremo, el órgano jurisdiccional tiene que proceder a fijarlo, aunque no se haya justificado fehacientemente el "quantum" del daño. Precisamente, en esos casos, surge la potestad que confiere a los jueces el art. 165 del ordenamiento adjetivo, en punto a la fijación del mismo para lo cual debe valerse de lo que indican las máximas de la experiencia universal. Ahora bien, dicha potestad debe ser utilizada con suma prudencia, a fin de no generar un enriquecimiento sin causa ni suplir la carga probatoria que pesa sobre las partes" (Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, "GAMBAROTTA LUCAS C/ PEZ GERARDO ADRIAN S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) ", 02/02/2016, CC0201 LP 119135 RSD 01/16) -ver en Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino en la causa N° 3137-17 caratulada "DELL ´OSO EMMANUEL C/ RODRIGUEZ VIVIANA MARIA Y OTROS S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)" , res. de fecha 11 de Abril de 2019).
Mutatis mutandis, considero que cuando esté probada la existencia del enriquecimiento (patentizada en la especie en la retención parcial de los importes abonados), pero no resulte posible determinar con exactitud su precisa cuantía (no se sabe con exactitud cuál fue la cantidad efectivamente retenida), corresponde proceder a su prudente fijación judicial aplicando un criterio restrictivo. Dicha estrictez y mesura en la estimación se justifican en virtud de lo dispuesto por el art. 375 del CPCCBA en cuanto establece que la carga de la prueba de los hechos que operan como presupuesto del derecho invocado corresponden al actor que los reclama (en el caso, es el actor quien pretende una compensación por el daño material y, por ende, tiene la carga de demostrar el recaudo que justificaría su otorgamiento).
Con fundamento en las consideraciones precedentes, y en el marco del ejercicio de las facultades estimatorias del art. 165 del CPCCBA, considero prudente establecer entonces que el enriquecimiento de la parte demandada se determine en un 50% del valor de la infraestructura ($ 762.781.126,97) lo que arroja la cifra 381.390.563,48. Monto que, al ser dividido por la cantidad de viviendas (148), arroja un resultado de $ 2.576.963,26 para cada demandante.
Ello así, y no habiendo quedado objeciones en pie respecto a la configuración de los restantes requisitos de la acción in rem verso, habré de concluir que este es el numeral que corresponde conceder a cada uno de los actores por el concepto de referencia, debiendo reducir en el sentido aludido el importe concedido en la instancia de origen.
He de acotar que no corresponde en relación al rubro de referencia la realización de la pericia contable solicitada por el demandado para que este concepto se liquide en la forma sugerida en el párrafo final del quinto agravio oportunamente expresado. Ello se debe a que los importes desiguales que las partes habrían abonado -según lo refiere la propia sentencia de primera instancia- están vinculados al convenio del año 2013, y -como ya he dicho ut supra- el enriquecimiento sin causa cuya procedencia y cuantificación ha sido objeto del pronunciamiento de primera instancia se corresponde con la infraestructura comprometida en el convenio del año 2007 a cuya referencia los señalados actos solutorios no conciernen.
V.5. En punto al agravio relativo al daño moral, entiendo que la defensa ensayada por la parte demandada no resulta de recibo. Ello es así por cuanto, allende los fundamentos aportados por el juez de grado, la causa efectivo del perjuicio extrapatrimonial no reside tanto en la prolongación del estado de mora respecto a la ejecución de la obra (téngase en cuenta que, como hemos indicado ut supra, estamos ante una obligación de plazo indeterminado propiamente dicho), sino a la retención indebida de los importes entregados al Sindicato con motivo del convenio celebrado en el año 2013 en tanto los mismos no fueron íntegramente aplicados a la realización de las mejoras objeto del contrato.
A mayor abundamiento, cabe referir que tratándose de una cuestión derivada de una relación de consumo, todo proceder ilégitimo exteriorizado por la parte proveedora conlleva "per se" la presunción de molestias, incomodidades, aflicciones padecidas por la actora (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8bis, 10 bis, 13, 17, 18, 37, 38, 40 y concs. L.D.C.; arts. 1066, 1067, 1078, 1083 y concs. Cód. Civ.; art. 1741 y concs. CCCN; este Tribunal, causa nº 62.827, 05/06/2018, “Barcelonna, María Paula y otro/a vs. Naldo Lombardi S.A. y otro/a s. Daños y perjuicios”).
En esta línea, la jurisprudencia del Máximo tribunal bonaerense, si bien no desconoce la aplicación restrictiva del daño moral en materia contractual, no ha vacilado en relativizar tal criterio en los últimos tiempos cuando se trata de relaciones de consumo, y así se ha entendido que se debe aplicar un criterio flexible, ya que están en juego los derechos del consumidor, objeto de especial tutela en nuestro régimen constitucional (esta Sala causa nro. 117.024 del 18/12/2018; SCBA LP 115486 S 30/09/2014, CC0002 AZ 62827 85 S 05/06/2018, CC0201 LP 120537 rsd 286/16 S 25/10/201, CC0102 MP 161454 263-S S 03/11/2016, CC0002 QL 16462 113/15 S 07/08/2015, CC0002 QL 16312 49/15 S 16/04/2015, CC0001 LM 213 RSD-25- S 09/09/2004; JUBA; Farina, Juan M., “Defensa del consumidor y del usuario”, Astrea, 2008, p. 481, con cita de C.N.Civ. y Com. Fed., Sala III, 19/02/08, “Borlenghi c. Cubana de Aviación”).
V.6. Para culminar el tratamiento de las cuestiones apeladas, habré de referirme al agravio vinculado a la falta de mención a la actuación personal del Sr. Schiavoni en orden a justificar la atribución de responsabilidad a su parte.
Adelanto que el referido agravio escuetamente expuesto en dos párrafos por la parte recurrente lejos está de constituir una crítica concreta y razonada a la sentencia apelada.
En primer lugar no es rigurosamente cierto que no haya mención alguna a la responsabilidad del Sr. Schiavoni. Si bien es verdad que la situación jurídica del nombrado no ha recibido tratamiento en un capítulo independiente del pronunciamiento apelado, puede advertirse que las consideraciones vertidas sobre la realidad fáctica y jurídica del caso sometido a juzgamiento repercuten elípticamente sobre la persona del nombrado.
Asimismo, y para despejar cualquier atisbo de duda sobre la falsedad de la premisa introducida en el agravio en tratamiento, el propio magistrado de origen se expidió en relación a la situación personal de los representantes sindicales: "Que, respecto de los codemandados Schiavonni y Chavero, no se ha controvertido que fueran ellos quienes, en representación del Sindicato accionado, suscribieran los convenios mediante los cuales se generara el desplazamiento patrimonial motivo de enriquecimiento para el Sindicato y de empobrecimiento para los preadjudicatarios de las viviendas. De tal modo, su obrar se enmarca en la responsabilidad reglada por el Art. 1109 del C.C., puesto que fueron quienes, obrando de modo culpable, han ocasionado el daño. En consecuencia, habrán de responder solidariamente por las consecuencias dañosas de los hechos ventilados en autos".
En segundo término, no resulta decisivo a que en la causa penal 201-2013 que tramitó por ante el Juzgado Correccional n° 1 el órgano interviniente haya descartado la responsabilidad penal del Sr. Schiavoni. En punto a ello, no resulta ocioso repasar las reglas que rigen la prejudicialidad penal.
A modo de prolegómeno, conviene empezar diciendo que un mismo hecho puede ser idóneo para comprometer la responsabilidad civil y penal de un sujeto. En tal caso, se genera una doble reacción del ordenamiento jurídico frente al hecho ilícito. Por un lado, la proveniente del derecho penal frente al delito castigado por la ley criminal, orientada a sancionar represivamente al culpable mediante la imposición de una pena prevista en dicha normativa. Y por otro, la derivada del derecho civil frente al daño injustamente causado, orientada a la reparación del perjuicio en las condiciones que fija la ley. Resulta claro que se trata de una situación contingente y no fatalmente necesaria, pues podría ocurrir que el delito penal no conlleve responsabilidad civil (por ejemplo, delitos de peligro abstracto que no implican causación de daños), del mismo modo que también podría suceder que ciertos ilícitos civiles no comprometan responsabilidad penal alguna (por ejemplo, por falta de tipicidad de la conducta antijurídica).
VI. En cuanto a los intereses aplicables a la obligación restitutoria a cargo de la parte demandada, anticipo que habré de confirmar lo decidido sobre tal aspecto con expresa salvedad de lo concerniente a la determinación del término inicial para el cómputo de los intereses que fueran finalmente aplicados. En relación a dicho punto, he de propiciar una modulación afín con las características específicas de la acción in rem verso.
En este sentido, calificada doctrina entiende que corresponde imponer intereses moratorios a la obligación restitutoria objeto de condena, debiéndose activar su cómputo a partir del momento en que se verifique la mala fe del demandado (ver cf. PIZARRO, Ramón Daniel, VALLESPINOS, Carlos Gustavo, Obligaciones, Tomo IV, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pag. 116).
Tal condición se configura cuando el demandante conoce que su adquisición carece de causa. Dicho de otro modo, esa obligación nace perfecta y determinada en el mismo instante en que le consta que no hay causa para adquirir y, por lo tanto, al faltar la buena fe, si no restituye inmediatamente lo que percibiera incurre en mora.
De este modo, si la adquisición fue inicialmente de mala fe, tendrá que pagar los intereses correspondientes desde el momento que haya operado el enriquecimiento. Contrariamente, si la adquisición comenzó siendo de buena fe, tendrá que pagar los intereses correspondientes desde el momento en que haya cesado esa buena fe.
Se trata, en definitiva, de una solución que debe ser calibrada en función de las circunstancias del caso. Insisto, no es una cuestión que se relacione con la mora, sino que deviene directamente de la buena o mala fe del demandado (cf. arts. 2433, 2434 y cctes. del C.C.).
En la especie, no advierto que la parte demandada haya obrado con mala fe desde el inicio de la relación negocial, es decir, no existe evidencia probatoria ni es dable presumir conforme a las máximas de experiencia que obraron premeditadamente con la intención de retener ilegítimamente parte de las sumas entregadas en el año 2007. Ahora bien, esa buena fe inicial se desintegró fatalmente cuando las accionadas promovieron la suscripción de un nuevo convenio en el año 2013 para financiar mejoras que ya habían sido prometidas y abonadas -por la contraparte- en tiempo pretérito. Tal circunstancia patentiza claramente que las codemandadas tuvieron entonces la intención de cohonestar la retención patrimonial injustificada.
En virtud de lo expuesto, habrá de propiciar que los intereses correspondientes a los Ap. IV a) y b) de la sentencia recurrida se computen desde la fecha de celebración del segundo convenio de fecha julio de 2013. En consecuencia, el interés aplicable al daño material objeto de condena regirá desde la fecha de celebración del segundo convenio (julio de 2013) y hasta la fecha de la presentación del informe pericial (20/02/24) a una tasa pura del 6% anual. Y desde allí hasta su efectivo pago se calcularán "... según la tasa pasiva más alta fijada por el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días...", vigentes en los distintos períodos de aplicación (SCBA, "Vera, Juan Carlos contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", causa C. 120.536, 18/04/2018; SCJBA, "Nidera S. A. contra Provincia de Buenos Aires. Daños y perjuicios", C. 121.134, 3/5/2018).
Con respecto a la indemnización correspondiente al daño moral, los accesorios se calcularán, desde la fecha de celebración de cada uno de los contratos, aplicándose la misma tasa que se dispusiera en el párrafo anterior (6% anual) conforme fuera establecido en la instancia. Y, a partir del dictado de la sentencia de primera instancia y hasta su efectivo pago, conforme la tasa pasiva más alta aludida en el párrafo anterior. Por las razones dadas, citas legales de referencia y con el alcance indicado, VOTO POR LA AFIRMATIVA A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
A la segunda cuestión la señora Jueza Graciela Scaraffia dijo: De conformidad al resultado habido al tratarse la cuestión precedente, estimo que el pronunciamiento que corresponde dictar es:
Desestimar el recurso de apelación deducido por la parte actora. Acoger parcialmente el recurso de apelación traido por la parte demandada, modificando el criterio de cuantificación de los daños conforme las pautas establecidas en los considerandos de la presente, con más los intereses que allí se determinan.-
Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.-
Establecer las costas de Alzada en un 80% a cargo de la parte demandada y un 20% a cargo de la parte actora conforme fuera resuelta la cuestión .
Diferir la regulación de honorarios de letrados y peritos hasta tanto obre en autos liquidación firme (art. 51 ley 14.967).-
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión el señor Juez Roberto Degleue por análogos fundamentos votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el presente Acuerdo, dictándose la siguiente;
Acoger parcialmente el recurso de apelación traido por la parte demandada, modificando el criterio de cuantificación de los daños conforme las pautas establecidas en los considerandos de la presente, con más los intereses que allí se determinan.
Confirmar en todo lo demás la sentencia apelada.
Establecer las costas de Alzada en un 80% a cargo de la parte demandada y un 20% a cargo de la parte actora conforme fuera resuelta la cuestión .
Diferir la regulación de honorarios de letrados y peritos hasta tanto obre en autos liquidación firme (art. 51 ley 14.967).
Regístrese. Notifíquese por Secretaría (Ac. 4013 SCBA)
remitiéndose copia digital de la presente sentencia a los domicilios electrónicos de las respectivas partes. Devuélvase.
Fin de la sentencia