Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa C-1.934/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 128/135, y por consiguiente, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 137 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: C-1.934/13-TSJ Interlocutorio N°: 3.084.-
Actor: CASTELO NORBERTO MIGUEL Demandado:
Objeto: MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN (ART. 18)
Fecha: 17-10-14 Texto: TOMO XXVI – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.084 FOLIO Nº 5.024/5.028 PROT. ELECT. TSS1 054 I.141 Río Gallegos, 17 de octubre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “CASTELO NORBERTO MIGUEL s/ MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN (Art. 18)”, Expte. Nº C-13.810/12 (C-1.934/13-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
Voto de la Dra. Alicia de los Angeles Mercau:
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación que interpusiera la parte actora a fs. 128/135, contra la Sentencia Interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 118/121, la cual confirma la dictada a fs. 92/94 vta., que rechaza la acción incoada por la actora.-
La sentencia de primera instancia rechaza la pretensión por no encontrarse reunidos los requisitos esenciales exigidos para la procedencia del mandamiento de ejecución en los términos del art. 18 de la Constitución Provincial, por entender que para ello se exige “…ineludible y esencialmente la existencia de un deber legalmente impuesto a un funcionario o ente público administrativo y la negativa a su cumplimiento…” (confr. fs. 94).-
La Cámara confirma la sentencia recurrida en cuanto fuera materia de agravios, sosteniendo que “…no procede el libramiento de un mandamien-to de ejecución en los términos del art. 18 de la Constitución Provincial en el caso de autos. La Constitución se refiere a un deber expresamente determinado y que el tribunal deba comprobar previamente la obligación legal. Y de esta comprobación sumaria se desprende la existencia de un conflicto de poderes que debe ser previamente resuelto por la vía y ante quien corresponda…” (confr. fs. 119).- Contra este Interlocutorio se alza el actor, interponiendo recurso de casación, con sustento en la causal de violación de la ley, prevista en el artículo 3º, inciso a) de la ley 1687 -Recurso de Casación-, y arbitrariedad (confr. fs. 128 y vta).-
Dice que “…Luego de citar escuetamente los postulados de la demanda, contestación y pruebas agredas (sic), sin mencionar en absoluto el motivo, causa, razón ni fundamento; menos aún calificación legal alguna, que resultara la subsunción jurídica de la plataforma fáctica a la que fue destinada a decidir, el Tribunal de Segunda Instancia de Caleta Olivia rechaza los agravios y confirma el decisorio de primera instancia, sosteniendo que la cuestión debatida es de objeto complejo, y para cuya resolución previamente debería resolverse un conflicto de poderes que -advierten- se habría suscitado entre los Departamentos del Estado Municipal de Pico Truncado… que resulta absolutamente ajeno a mi…” (confr. fs. 129 y vta.). Expresa “…en el caso de autos, estoy reclamando judicialmente la cancelación del crédito que por desempeño de mi profesión, como asesor letrado del H. Consejo Deliberante de Pico Truncado, y que también sin razón alguna, el Intendente Municipal se niega a reconocer y abonar…” (confr. fs. 129 vta.). Sostiene que la Excma. Cámara de Apelaciones ha incurrido en violación de la ley al dictar su pronunciamiento, afirmando que han resultado violados los artículos 18 de la Constitución Provincial, 47 inciso 4º apartado a), ss. y ccs. y 53 (particularmente sus incisos f y h) de la Ley Provincial Nº 55, lo cual hace procedente el recurso de casación interpuesto, con arreglo al art. 3º inciso a) -Sección 6ta., Capítulo IV- Recursos ante el Excmo. Tribunal Superior de Justicia (conf. art. 5º ley 1687) (confr. fs. 130 vta). Hace reserva de caso federal (confr. fs. 134 y vta).- A fs. 137 y vta, la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la actora.-
II. Que, en primer término, corresponde verificar el cumpli- miento de los requisitos de admisibilidad mínimos que debe sustentar cualquier recurso ante esta instancia extraordinaria provincial; teniendo en cuenta que -tal cual reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, es decir su fundabilidad o procedencia, es preciso que el escrito cumpla con ciertas pautas adjetivas de carácter previo, que la doctrina en general denomina condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (confr.
Carnelutti, “Sistema del Derecho Procesal Civil”, v. III, pág. 639). Los requisitos formales, se insiste, hacen a la admisibilidad, mientras que los otros se refieren a la procedencia, incumbiendo a los primeros el cumplimiento de los trámites adjetivos, tales como el pago del depósito, sentencia definitiva, plazos, etc. (confr. Hitters, Juan Carlos, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, L.E.P. SRL, pág. 183), significando ello en suma que, los requisitos de admisibilidad apuntan a los aspectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación y cuya ausencia hace caer el recurso por inadmisible (confr. Tomo XIV, Interlocutorio, Reg. 1807, Folio 2647/2649; Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).- Que, ello así, surge claramente la falta de acatamiento a un presupuesto inexcusable para la viabilidad del recurso como lo es la formulación de lo prescripto por el art. 4to. inc. d) de la ley 1687 carga económica respecto de la cual debió hacer mérito la Excma.
Cámara de Apelaciones -en la oportunidad de efectuar a fs. 137 y vta el pertinente juicio de admisibilidad- en orden a su trascendencia para la suerte del recurso en esta última instancia provincial; siendo este postulado, por otra parte, enmarcado dentro de supuestos de similares características y cuya dilucidación tuvo oportunidad este Tribunal de resolver en anteriores resoluciones (confr. Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).- Desde este particular cuadrante, cabe mencionar que a los fines del cumplimiento del recaudo formal del depósito para la interposición del recurso extraordinario de casación, debe tomarse el valor del pleito a los fines de su determinación -resultando palmario destacar que tal condición debe efectuarse en aquellas contiendas con un contenido económico determinable sobre las bases de pautas objetivas-, tal como sucede en el caso sub examine.
Así, se observa que la parte actora reclama, entre otras cosas, el pago de las facturas número 0001-00000395 y 0001- 00000396 por la suma de pesos quince mil ($ 15.000) (confr. fs. 6 y 16).- De esta manera, y tras los lineamientos de la normativa citada, el depósito practicado a fs. 127 en el mínimo -$ 850- de la escala legal fijada por este Tribunal Superior -Dirección de Administración- mediante resolución registrada al Tomo CLXIII, Registro 60, Folio 63, del 12/08/08, resulta insuficiente a los efectos de cumplir con la exigencia del artículo 4to., inciso d) de la ley Nº 1687, toda vez que debió abonarse al menos $ 1.500, por ser el 10 % de la sumas en litigio.- En este sentido ha dicho este Excmo.
Tribunal “...que, el depósito participa de la naturaleza de una carga económica y de un requisito esencial sólo para la admisibilidad de este tipo de recurso, habiéndose ya decidido en concordancia con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “…no constituye un impuesto ni ninguna otra clase de gravamen fiscal, sino que importa una restricción procesal” (confr. Doct. de Fallos, noviembre 1983, p. 52 y DJBA 121:357). Como tal, esto es carga económica y forma limitativa de los recursos, debe -inexorablemente- revestirse de un cariz de actualidad que impida que los fundamentos fácticos del depósito -de naturaleza y finalidad absolutamente divergentes con la Tasa de Justicia- concluyan simplemente en una historicidad no deseada, con una efectividad final que redunde directamente en la hábil administración de justicia, en tanto y en cuanto la carga económica del depósito previo aparece como razonable en la forma y condiciones que se determinan.
Trasegando motivaciones de rancio precedente, la jurisprudencia ha sido conteste y uniforme en resolver en tal sentido que el depósito “no impide en modo alguno la libre defensa en juicio, ni crea prerrogativa que pudiere considerarse contraria a la garantía de igualdad ante la ley, pues se impone de igual modo a todos quienes se encuentren en las mismas condiciones” (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1957, v. II, p. 182; v. VI, p. 254; 1958, v. II, p. 435; 1959, v. I, p. 526; v. III, p. 198; 1960, v. IV, p. 489, entre otros)…” (confr. Tomo XVIII, Interlocutorio, Reg. 2370, Folio 3517/3521).-
Queda entonces expositivamente claro, en base a los antece- dentes jurídico-normativos y jurisprudenciales enunciados, la esencialidad con que se halla recubierto el requisito formal del depósito previo que la parte recurrente no ha cumplimentado de manera suficiente y eficiente, por lo que la inviabilidad del petitorio de la nombrada se torna palmario (confr. fallo cit.).-
III. No obstante que lo señalado precedentemente es funda- mento suficiente para el rechazo del recurso de casación articulado, también debemos decir que de conformidad con lo establecido en el artículo 18 de la ley 1687 -Recurso de Casación- y en oportunidad de efectuar el Tribunal el análisis preliminar del recurso interpuesto, se advierte una cuestión crucial que obsta a la procedencia formal del recurso: la falta de definitividad de la sentencia, asunto que resulta de suficiente envergadura para declarar la improcedencia formal del recurso.- Tiene dicho este Tribunal Superior de Justicia, que la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común. Ello nos permite distinguir que, para ingresar a la revisión sobre el mérito del recurso de casación, es decir su fundabilidad, es preciso que cumpla ciertas pautas adjetivas previas o condiciones formales, por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación; lo cual nos indica, que los requisitos de admisibilidad apuntan a los efectos formales referentes a los modos procesales por medio de los cuales debe ejercerse la impugnación, y cuya ausencia hace caer al recurso por inadmisible (confr. XXIII, Interlocutorios, Reg. 2851, Folio 4489/4492).- En tal sentido, para que el concepto de sentencia definitiva, al que alude el requisito de procedencia de la normativa invocada supra, opere de manera efectiva se hace necesario que el caso expuesto esté ya acabadamente resuelto o fallado, es decir que no le quede al perdidoso ninguna oportunidad de juzgamiento (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIII, Interlocutorio, Reg. 1698, Folio 2470/2473).-
Explica Sagüés, que la idea de sentencia definitiva es esencial para el recurso extraordinario. Dice que las sentencias definitivas propiamente dichas, son aquellas que ponen fin al pleito tornando imposible su revisión; y agrega que las resoluciones equiparadas a sentencia definitiva, tienen subtipos principales; a) las que impiden la prosecución de la causa; b) las que causan un gravamen de imposible, tardía, difícil o insuficiente reparación ulterior; c) las que conllevan gravedad institucional (confr. Sagüés, Néstor Pedro “Las resoluciones sobre competencia y su asimilación a las sentencias definitivas para el recurso extraordinario”, LL 1987-E, pág. 432/433).- Expresado ello, y en el caso particular, se desprende de los propios dichos del actor en su escrito de demanda de fs. 16/28, que el objeto de la misma es “…el cumplimiento de pago de las facturas nros. 0001-00000395 y 0001- 00000396, como asimismo de cumplir las formalidades necesarias para registrar la designación en el cargo de asesor letrado del Honorable Concejo Deliberante local, y proceder a la liquidación y pago de las retribuciones por tal concepto de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 2012, con más sus respectivos intereses moratorios desde la fecha en que debieron haber sido abonados, esto es a los treinta días de la presentación de la facturación y de la notificación de la designación…” (confr. fs. 16).-
Sin lugar a dudas, del propio objeto de la demanda surge la no definitividad expuesta, subsistiendo para el Dr. Castelo diversas vías procesales a los fines de la consecución de su pretensión.-
Conforme lo expuesto: “…Alsina ha expresado con claridad que en materia de remedios extraordinarios el concepto de sentencia definitiva está referido a la irreparabilidad de perjuicio, de tal modo que si el agravio es superable por otro canal, el fallo carece de aquella condición. Clariá Olmedo en forma coincidente, apunta que la vía excepcional en estudio procede contra las sentencias definitivas, o contra las asimilables a las mismas. En esta última categoría entran ciertos actos pronunciados en un incidente o en un artículo del proceso, aún durante la ejecución, si de alguna manera se decide sobre el fondo....En verdad, importa más a los fines de la determinación del concepto de definitividad, el efecto de la sentencia con relación al proceso, que su propio contenido.
Lo que interesa saber es si al recurrente le queda -o no- otra vía jurídica para solucionar su agravio, pues si tiene la posibilidad de peticionar ante algún órgano de decisión, el carril extraordinario no queda habilitado...” (confr. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación’, ed. LEP 2ª edición, págs. 511/512).- Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido que: “¼Los recursos extraordinarios son admisibles únicamente respecto de las sentencias definitivas, es decir aquellas que, recayendo sobre el asunto principal objeto del litigio o sobre un artículo, produzca el efecto de finalizar la litis, haciendo imposible su continuación’ (Acuerdos y Sentencias, serie 2ª -VII-298; causas Ac. 29.611; 25-XI-80; Ac. 34.307, 12-II-85; Ac. 34.913, 2-VII-85; Ac. 50.922, 18-VIII-92; Ac. 54.244, 28-IX-93; Ac. 62.349, 5-3-96)¼ (confr. fallos de la CSJN cit. por Hitters, Juan Carlos en ob. cit., pág. 512).
A mayor abundamiento, Hitters aclara: “¼Ha sostenido hasta el hartazgo nuestro más Alto Tribunal Nacional que hay definitividad, si no es posible reeditar lo planteado en un proceso posterior. En el mismo sentido la Suprema Corte bonaerense ha remarcado que este atributo de los pronunciamientos judiciales se da si la “cuestión no puede renovarse en otra oportunidad o en otro juicio”. Es indispensable... que aun cuando recaiga sobre un artículo, produzca el efecto de finalizar la litis haciendo imposible su prosecución que es el efecto de la definitiva...”. En otros términos puede afirmarse que no es dable atribuir esa naturaleza a aquellas resoluciones que aun cuando concluyan una determinada controversia no están vinculadas al evento principal en litigio... y por lo tanto, no le ponen fin’¼ (confr.
Hitters, Juan Carlos, ob. cit., pág. 513/514).- De lo expuesto se concluye, que en manera alguna la naturaleza de la cuestión traída a decisión implica la conclusión del pleito, por cuanto la resolución en crisis sólo alcanza, en virtud de los límites expuestos, una aparente sustancialidad insusceptible de reemplazar, por sí sola, el concepto de sentencia definitiva como decisión “de modo final, directa o indirectamente, sobre la existencia del derecho de fondo”, careciendo por lo tanto la cuestión planteada de un requisito mínimo de admisibilidad (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XIX, Interlocutorio Reg. 2440, Folio 3676/3678).-
IV. Que, en virtud de lo expuesto, jurisprudencia citada, y ante la insuficiencia del requisito formal establecido por el artículo 4º inciso d) de la ley Nº 1687 -Recurso de Casación-, corresponde declarar mal concedido el recurso articulado por la actora a fs. 128/135., en consecuencia, revocar el interlocutorio emanado de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 118/121, en cuanto lo declara formalmente admisible, y teniendo presente la reserva del caso federal efectuada.- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani y Paula Ernestina Ludueña Campos, por compatir los fundamentos, adhieren al voto de la Dra. Mercau.-
Voto en disidencia del Dr. Enrique Osvaldo Peretti:
Que, por el presente expreso mi DISIDENCIA con la solución propuesta. He de advertir que no comparto los argumentos vertidos por mi distinguida colega preopinante, pues si bien es cierto que es doctrina de este Tribunal que el depósito previsto en el artículo 4° inciso d), de la ley 1687, es un requisito indispensable a los efectos de la apertura de la casación, destacándose, además, que debe ser íntegro y oportuno -esto significa que se debe depositar el total que corresponda, según el caso, al presentar el recurso y su incumplimiento acarrea el rechazo, sin necesidad de previa intimación- no lo es menos que dicha previsión consagra una limitación a la garantía de acceso a la justicia y al debido proceso, ambas, de rango constitucional (confr. art. 18) y convencional (confr. art. 75 inc. 22 de la Carta Magna) y por ello, a mi modo de ver, debe primar un criterio restrictivo, a la hora de decidir sobre la viabilidad de un recurso en base al referido depósito; ponderando, en el caso concreto, su exigibilidad, de acuerdo a las particulares circunstancias que surgen de la causa.
Máxime cuando la aplicación mecánica del referido artículo puede implicar una indebida limitación del derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del cual se halla la garantía de que las sentencias sean revisadas por instancias superiores.- Los límites que pueden establecer los Estados al ejercicio de los derechos y específicamente al derecho de acceso a la justicia, no pueden afectar la esencia de la garantía en cuestión. El deber del Estado de organizar el aparato gubernamental y de crear las estructuras necesarias para la garantía de los derechos está vinculado con el artículo 8 de la Convención Americana que regula en un primer apartado el derecho de toda persona a acceder a una jurisdicción eficaz, sea cual fuere la naturaleza del proceso que deba enfrentar (confr.
Albanese, Susana, Garantías Judiciales, 2ª. Ed., Buenos Aires, Ediar, 2007, págs. 44/46).- Sin embargo, he de ser prudente a la hora de fijar límites a las contribuciones que deben hacer los justiciables para acceder a la tutela judicial eficaz. Tales ingresos sirven al Estado para financiar una efectiva prestación de justicia y, también, para desalentar la utilización indebida de los recursos por quienes peticionan sin derecho. Por ello, coincido con Bidart Campos, cuando señala que no es nada fácil avanzar hasta la formulación de un principio generalizado con severidad y rigor para todos los casos en que se impongan cargas dinerarias para acceder a la instancia judicial. Según el autor, todo depende, en cada caso, de cuales son las circunstancias y conforme a ellas en un caso será inconstitucional que para acceder a un tribunal de justicia haya que pagar o depositar una suma dineraria, y en otro caso podrá no serlo.
Empero, si tal contribución existe no debe cercenar el derecho a la jurisdicción (confr. Bidart Campos, Germán J., “La tasa de justicia y el derecho a la tutela judicial”, La Ley, 1997 – A, p. 41).- Así, observo, en la especie, que el recurrente abonó una parte sustancial del depósito, lo cual indica que existió de su parte voluntad de cumplir, que la insuficiencia del pago fue contingente.-
En el concreto caso de autos encuentro que la restricción de acceso al máximo Tribunal local se sustenta en una interpretación, a mi juicio, dogmática y de excesivo rigor formal, que podría lesionar la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional, art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y art. 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros), siendo el presente un supuesto que amerita el apartamiento del criterio adoptado por este Tribunal Superior de Justicia en anteriores precedentes. Ello así pues debemos tener en cuenta que la presente es una acción que emana directamente de la Constitución de la Provincia (confr. art. 18); y plausible de un régimen procedimental específico, que alcanza, también, al requisito procedimental en cuestión.- En este contexto, atento a la raigambre constitucional de la acción promovida, considero que es posible salvar el diferendo suscitado, mediante la previa intimación al recurrente para complementar el depósito, en un plazo perentorio bajo apercibimiento, para el caso de incumplimiento, de declarar inadmisible la casación.-
En mi parecer, ello es lo que salvaguardaría ambas posturas, aventando la posibilidad de que se vulneren derechos constitucionales.-
Por lo ut supra señalado, soy de opinión que el Excmo. Tribunal Superior de Justicia; debería dictar resolución intimando a la actora recurrente, para que en el plazo de cinco días complete el depósito previsto en el artículo 4º inciso d) de la ley 1687, bajo apercibimiento de declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto a fs. 128/135. Así lo voto.-
Por todo lo expuesto, el voto mayoritario y concordante de los Sres. Vocales, Dra. Alicia de Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, y Paula Ernestina Ludueña Campos, y el voto en disidencia del Sr. Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 128/135, y por consiguiente, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 137 y vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 1.600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1054I.141 Tomo: XXVI Interlocutorio: 3.084.-
Folio N°: 5.024/5.028.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia