Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de la Matanza · Causa 5289
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar la resolución apelada en cuanto fuera materia de agravios, debiendo continuarse con la tramitación del proceso.
2Imponer las costas de Primera y Segunda Instancia por su orden, atento a la forma en que se resuelve y lo novedoso de la cuestión. (artículo 68 2º párrafo del CPCC),
3Dejar sin efecto las regulaciones de honorarios y declarar abstracto el tratamiento de sus respectivas apelaciones.
4Diferir la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad procesal.
PROVINCIA DE BUENOS AIRES PODER JUDICAL CASTELO OSCAR C/ TORRES CRISTIAN HUMBERTO S/ DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSA NRO.: 5289/1
J. CyC NRO.: 4 RSD: 120/18 FOLIO NRO.: 846 En la ciudad de San Justo, Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de mayo de dos mil dieciocho, reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Excelentísima Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Primera, del Departamento Judicial La Matanza, Doctores, Héctor Pérez Catella, Ramón Domingo Posca y José Nicolás Taraborrelli, para dictar pronunciamiento en los autos caratulados: “Castelo Oscar c/ Torres Cristian Humberto y otro s/ Daños y Perjuicios” (Causa nro. 5289/1), habiéndose practicado el sorteo pertinente -art.168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires-, resultó que debía ser observado el siguiente orden de votación: Dr. Posca- Dr.Pérez Catella - Dr. Taraborrelli , resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1ª cuestión: ¿Es justa la sentencia apelada?
A LA PRIMERA CUESTION EL SEÑOR JUEZ DOCTOR RAMON
DOMINGO POSCA, dijo:
A fs. 54/56 vta. el Sr. Juez de la instancia de grado resolvió hacer lugar a la excepción de transacción interpuesta por el demandado Torres Cristian Humberto, impuso las costas a la parte actora y reguló honorarios a los profesionales intervinientes.
Por lo cual, a fs. 61 la parte actora interpone recurso de apelación, el cual fuera concedido en relación a fs. 62 segundo párrafo.
A fs. 63/71 obra glosado el memorial, corriéndose el respectivo traslado a fs. 83/83 vta., dándose por decaído el derecho a la parte demandada a fs. 89.
Finalmente. A fs. 90 se radican las presentes actuaciones ante esta Sala Primera, pasando los autos para sentencia a fs. 95 y practicándose el sorteo de vocalía a fs. 96.
II. De la fundamentación del recurso.
A fs. 63/71 obra glosada la fundamentación del recurso de apelación de la parte actora, quien manifiesta que la resolución dictada por S.S. lo agravia –en lo medular- por: a) errónea interpretación de los alcances de la suspensión de juicio a prueba, como así también que la misma haya implicado una renuncia a la indemnización en sede civil. Que el actor no ha intervenido en la elaboración del acuerdo, interviniendo solo el imputado, la defensa y el fiscal. Que en la especie no se ha configurado una transacción. Que el importe otorgado de $700 lo fue a los fines de cumplir con una norma de conducta impuesta al imputado. Que no fue puesto en conocimiento de la víctima que dicha suma de dinero lo fue en concepto de reparación del daño. b) que la intención de renunciar es de interpretación restrictiva. c) imposición de costas: se agravia por la imposición de costas, como así también por la base tomada en la regulación de honorarios, la cual –entiende- debió ser de $700. d) que la sentencia resulta arbitraria por haberse violentado los derechos de las personas adultas mayores reconocidos internacionalmente y ley 27360.
LA SOLUCION
III. Arbitrariedad de la sentencia:
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tenido oportunidad de expedirse manifestando que: “Cabe recordar que la doctrina de la arbitrariedad debe aplicarse únicamente en aquellos fallos en los que las deficiencias lógicas del razonamiento o la total ausencia de fundamento normativo impiden considerar el decisorio como sentencia fundada en ley, a la que aluden los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (Fallos: 308:2351, 2456, 311:786, 2293; 312:246 entre otros). Por esta razón, dicha doctrina es de carácter excepcional y exige para su procedencia un apartamiento inequívoco de las normas que rigen el caso o una absoluta falta de fundamentos (Fallos: 329:717 entre otros). ”.(Flores, Lorena Romina c. Giménez, Marcelino Osvaldo y otro s/ daños y perjuicios (acc. trán. c/ les. o muerte) Corte Suprema de Justicia de la Nación (CS) Fecha: 06/06/2017. LA LEY 19/06/2017, 19/06/2017, 4 – LA LEY2017-C, 490 – LA LEY 26/06/2017 , 5, con nota de Felipe F. Aguirre; LA LEY 2017-C , 552, con nota de Felipe F. Aguirre; LA LEY 17/06/2017, 17/06/2017, 8 – LA LEY2017-C, 450 – RCyS2017-VII, 173).
Por su parte, nuestro Tribunal Provincial tiene dicho que: “La doctrina de la arbitrariedad es de aplicación restrictiva, pues no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales en orden a temas no federales, dado que-para su procedencia- se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido” (Berdichevsky, Claudia contra Swiss Medical S.A. Amparo Queja SCBA LP Rc 120988 I 19/04/2017 B3902576) . “El concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, sino que es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca. (SCBA, conf. L. 83.456, sent. del 19-XII-2007; L. 91.739, sent. del 20-II-2008; L. 89.858, sent. del 19-III-2008).
En consecuencia, de la atenta lectura de la sentencia de Primera Instancia, no se advierte que el Sr. Juez de grado haya dictado una sentencia arbitraria ni que pueda tacharse de absurda, pues la misma –a ver de este sentenciante- se encuentra lo suficientemente fundada, pues dicho pronunciamiento judicial constituye un razonamiento lógico jurídico derivado del análisis y estudios de los elementos producidos en autos.
IV. La suspensión del Juicio a prueba. Reparación integral del daño. Transacción.
Que a los fines de adentrarnos al tratamiento de los agravios expuestos por el apelante, debo comenzar por destacar que la suspensión del procedimiento a prueba es un instrumento procesal que detiene el ejercicio de la acción penal a favor de un sujeto imputado por la comisión de un ilícito, quien se somete, durante un plazo, a una prueba en la cual deberá cumplir satisfactoriamente con ciertas y determinadas obligaciones legales e instrucciones que le imparta el tribunal para el caso concreto, a cuyo término se declara extinguida la acción penal, sin consecuencias jurídico-penales posteriores. Si se transgrede o incumple insatisfactoriamente la prueba, el tribunal, previa audiencia en la que interviene el imputado, tiene la facultad de revocar la medida y retomar la persecución penal contra él. (Bovino, Alberto. “La Suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino”. Editores del Puerto SRL. Pág. 2.”)
Del mismo modo, la ley 24.361 modificó el Código Penal Argentino, disponiendo en su artículo tercero que: “Artículo 76 bis. – El imputado de un delito (…) con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba. En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años. Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada”.
En efecto, el nuevo instituto permite que se resigne el interés protegido por la persecución penal oficial para alcanzar la protección de otros intereses, interrumpiendo la persecución penal pública. De esta manera, la aplicación de la suspensión del procedimiento en el caso concreto representa una excepción al deber estatal de perseguir todos los hechos punibles de acción pública (art. 71 C.P.). (ob. cit. Bovino, Alberto…pág. 3).
Dicha norma contiene, como requisito de admisibilidad de la solicitud para que se suspenda el procedimiento penal, la obligación del imputado de realizar un ofrecimiento a la persona damnificada en el cual acepta hacerse cargo de reparar el daño causado, en la medida de sus posibilidades. El texto del art. 76 bis párrafo III CP dispone, en este sentido, que el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, esto es en la medida de sus propias capacidades económicas. Así se trata del pago de una suma de dinero y el alcance de la obligación no puede exceder la cantidad que el imputado pueda abonar, realizando un esfuerzo significativo pero que, al mismo tiempo, resulte acorde con su capacidad económica personal. En síntesis, se trata de comprobar que el imputado realiza un esfuerzo sincero para reparar el daño, que no implica exigencias desproporcionadas respecto de su capacidad personal para afrontar la obligación. Esta posibilidad se destaca por que: “…tiende a permitir la aplicación del instituto respecto de personas que, por su situación económica, no están en condiciones de indemnizar todo el daño ocasionado pero demuestran predisposición para hacerlo en cuanto le resulte posible”. La limitación del deber de reparar a las posibilidades del imputado es sumamente afortunado. A través de esta regla se favorecerá un uso más igualitario del instituto, pues se posibilitará que pueden acceder a él los imputados de escasos recursos económicos. (ob. cit. Bovino, Alberto… pág. 134).
Que por otra parte, respecto al ámbito de la responsabilidad civil es preciso recordar que el principio de reparación plena o integral del daño, es una construcción jurídica, que se asienta sobre estas dos premisas: 1. Son resarcibles en su totalidad los daños que se encuentren en relación causal adecuada con el hecho generador, conforme los estándares de imputación fijados por el código civil, que varían ligeramente según se trate de responsabilidad por incumplimiento obligacional (contractual) o por actos ilícitos (extracontractual).La idea de previsibilidad del daño desempeña un papel fundamental en este proceso. 2. Una vez determinados cuáles son los daños que el sistema considera resarcibles, el principio de la reparación plena o integral es invocado, de manera más precisa y rigurosa, como la necesidad de una razonable equivalencia jurídica entre el daño y la reparación, a través de una evaluación en concreto. Esta idea de razonable equivalencia entre el daño y su indemnización es la que genera mayores dificultades, pues puede transitar desde una equivalencia económica y rigurosa, a otra más flexible, ponderada en función de distintos elementos. El principio de la reparación plena o integral, así concebido, proyecta sus efectos a la determinación de los daños susceptibles de reparación y, una vez fijados éstos, se erige en una directiva esencial para su evaluación y cuantificación. De manera general, conduce a la aplicación de cuatro reglas fundamentales: el daño debe ser fijado al momento de la decisión; la indemnización no debe ser inferior al perjuicio; la apreciación debe formularse en concreto y la reparación no debe ser superior al daño sufrido. En Argentina, el principio de la reparación plena o integral es una de las grandes columnas sobre las que se asienta el sistema de la responsabilidad civil. La Corte Suprema de Justicia suele hacer referencia a él como "el principio constitucional de la reparación integral" (CS,24/9/95, Pérez Fredy c. Ferrocarriles Argentinos, JA, 1998-III- síntesis), elevándolo al plano de derecho constitucional, con todo lo que ello implica, particularmente a la hora de establecer la razonabilidad de sus limitaciones posibles. (Ramón Daniel Pizarro. “El principio de la reparación integral en el derecho argentino. Situación actual. Perspectiva”.)
Asimismo, esta Sala Primera ha tenido oportunidad de expedirse en numerosas oportunidades a favor de la reparación integral de la víctima, manifestando que: “…el daño a la persona incide, en cualquier aspecto del ser humano, designándoselo como daño a la integridad psicosomática, con lo cual se cubre lo que de naturaleza posee y tiene el hombre. Se entiende por salud, según la definición formulada por la Organización Mundial de la Salud, “...un estado de completo bienestar psíquico, mental y social“. Todo daño a la persona repercute en la salud del sujeto al alterar, en alguna dimensión, su estado de bienestar integral y general.(…)Que el art. 12 de la Constitución de la Pcia. de Bs. As. As., determina que todas las personas en la Provincia tienen derecho a la vida, a la “integridad física, psíquica y moral“.
Por ello la afectación de dicha integridad configura un daño indemnizable. No se trata de reparar una incapacidad, sino todo daño real ocasionado a una persona humana, en cuanto ésta tiene derecho a conservar frente a lo demás aquella integridad, a que su cuerpo no se vea dañado o alterado (art. 1.068, 1.069, 1.083 del Cód. Civ.). (…)Transita la vigencia de la “tesis de la inviolabilidad de la persona humana“, y el que daña a un tercero debe resarcir el mal causado, sobre la base del apotegma romanista “no dañar al prójimo“, -con fundamento cristiano- que cobra lozanía con raíz constitucional en el art. 19 de la C. N. En el Congreso Internacional de Derechos de Daños (junio de 1991) la Comisión n° 1, al tratar el Daño a la persona, aprobó las siguientes conclusiones: 1°) La inviolabilidad de la persona humana, como fin en si misma, supone su primacía jurídica como valor absoluto. 2°) La persona debe ser protegida no sólo por lo que tiene y puede obtener, sino por lo que es y en la integrad de su proyección...“. „...3°) El daño a la persona configura un ámbito lesivo de honda significación y trascendencia en el que pueden generarse perjuicios morales y patrimoniales...“.El Juzgador no puede estar ajeno al principio de progresividad que enuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), recordando que la dignidad de la persona humana constituye el centro o eje sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional, haciendo presente el art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a la satisfacción de los derechos económicos y sociales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Es por ello que, en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, no está ausente la evaluación del daño como frustración del desarrollo de la plena vida.(…)Dice Kemelmajer de Carlucci que en nuestros días tiende a prevalecer el criterio de que todo menoscabo o detrimento que se sufra en áreas como las relaciones sociales, deportivas, artísticas, sexuales, etc., debe también computarse como incapacidad materialmente indemnizable. Una fervorosa defensa de esta posición puede consultarse en Mosset Iturraspe, Responsabilidad por daños, II-B, nº 234, b, p. 208. CNCiv. Sala D, 5/6/79, ED, 87-643; CNCiv. y Com. Fed. Sala III, 11/11/81, LL, 1982-C-182, cit. por Kemelmajer de Carlucci A., en la obra colectiva de Belluscio-Zannoni, Cód.
Civ. Comentado, Ed. Astrea, año 1990, p. 220).(esta Sala Primera “In re” “Leal Jorge Antonio c/ Cárdenas Sociedad Anónima empresa de Transporte y otro s/ daños y perjuicios” (causa nro. 4651/1) RSD: 92/17 folio 670 23/05/2017, “Gorgone Claudia C/ Barbiero Fernando y Otro/a S/ Daños y Perjuicios Causa Nro.:4926/1, RSD: 233/17, Folio 1737 23/11/2017, "Mansilla Gloria Viviana c/ La Cabaña SA y otros s/ Daños y Perjuicios", Causa Nro.:4460 RSD: 35/17 Folio 269, 14/03/2017, votos del doctor Taraborrelli, entro otros).
Por otra parte, respecto a la transacción (defensa opuesta por la parte demandada al contestar la demanda) el Código Civil dispone en su artículo 832 que: “La Transacción es un acto jurídico bilateral, por el cual las partes, haciéndose concesiones recíprocas, extinguen obligaciones litigiosas o dudosas”. Como así también, en su artículo 835 dispone que: “las transacciones deben interpretarse estrictamente…”. Desde ya adelanto, que en la especie no se encuentra tipificado jurídicamente hablando, transacción alguna entre las partes en el presente litigio.
En efecto, respecto al beneficio de la suspensión del juicio a prueba para el imputado de un delito y el deber de ofrecimiento de reparación del daño a la víctima, la Sala Primera de la Excma. Suprema Corte de la Provincia de Mendoza en los autos caratulados “Montenegro Washington Argentino c/ escobar Blanco, Luis Horacio y otros s/ Daños y Perjuicios” (21/09/2000) ha tenido oportunidad de expedirse de la siguiente manera: “la "suspensión del juicio a prueba" se da en determinados casos, cuando se trata de delitos de acción pública que no tienen pena mayor de 3 años, con acuerdo del imputado y del Fiscal; pudiendo el Juez resolver, luego de realizada la primera parte del proceso penal y antes del juicio, que éste no se lleve a cabo evitando de tal modo un dispendio de actividad jurisdiccional.
Como en esa oportunidad se dijo "...así vamos a poner énfasis en el juzgamiento de los delitos más graves...". Como se aprecia de lo único que se trata es de resolver el proceso penal con exclusiva atinencia a la situación del imputado y no en miras al resarcimiento a la víctima. En este sentido ha podido ser sostenido en doctrina que "el propósito manifiesto y reiterado de los legisladores que intervinieron en la sanción de la Ley 24.316, ha sido que la suspensión del juicio a prueba evite que sujetos imputados por delitos leves, sufran la imposición efectiva de una condena, con todas las implicancias negativas que ello conlleva" (Conf. Marcelo Sayago, "Suspensión del juicio a prueba. Aspectos Conflictivos", pág. 25 y sgtes.).
Para ello y como condición del instituto, el imputado deberá someterse al cumplimiento de ciertas reglas de conducta y deberá reparar -en la medida de lo posible-, el daño causado, sin consideración a si ha sido o no intentada la acción civil en sede penal, si existen o no terceros civilmente responsables, si existe o no aseguradora. En tal caso, la suspensión del proceso y con ello la pena, se mantiene latente por un término previamente determinado, tras el que -cuando el sujeto no comete nuevos delitos y se somete regularmente a las reglas indicadas- se extingue la acción penal. Es decir, que "la probation" debe ser entendida dentro del contexto de las medidas alternativas a la pena privativa de libertad, teniendo como fin evitar el encarcelamiento del condenado y lograr su resocialización en libertad, por intermedio de un sistema de control y vigilancia (Eduardo Mathus, en Revista del Foro de Cuyo Nº 24 pág. 100 y sgtes. citado por el pronunciamiento originario).
También se ha dicho al respecto que: "La probation en su forma pura es uno de los paradigmas de la tesis resocializadora y de la llamada "ideología del tratamiento" que pone el acento en la función preventiva del Derecho Penal" (Freeland López Lecube; Tamini, A. "La Ley 24316: Probation a la manera americana, a la europea o qué?"; J.A 1994-IV-885, citado por Edgardo I. Saux en J.A., 1995, II, pág 707). Conforme con estos antecedentes, nos es permitido afirmar sin lugar a dudas, que así como la ley tuvo en miras solamente la situación del imputado y no la de la víctima para la creación del instituto, el recaudo exigido por la ley de "ofrecer" hacerse cargo de la reparación del daño, sólo lo es con aquella finalidad, es decir posibilitar una sanción sustitutiva del encierro propendiendo a la integración social del imputado.
Es por ello que a la víctima sólo le incumbe aceptar o no el ofrecimiento -por insuficiente que sea-, no resultando tampoco un recaudo esencial para la concesión del beneficio en favor del imputado que medie una efectiva aceptación de la víctima, toda vez que la ley dispone que "la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida y, en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente". En este orden de ideas el Tribunal de Alzada entiende -a mi juicio erróneamente- que el retiro por parte de la actora del depósito efectuado, equivalía a su aceptación y, por ende, al pago del daño causado; y que, además, con tal aceptación, implicaba de hecho abdicar al derecho de intentar o proseguir la acción civil.
En este punto no puedo dejar de discrepar con el temperamento sustentado en el decisorio. Considero al respecto que, de las constancias existentes en las actuaciones penales, en manera alguna puede inferirse que haya mediado aceptación o consentimiento a un monto indemnizatorio determinado y, menos aún, que haya habido alguna manifestación o actitud de la que pueda inferirse algún tipo de renuncia o abdicación al derecho de accionar frente al daño causado (…)Ninguna mención se hace respecto al daño causado, su existencia o determinación; advirtiéndose que, al resolver, sólo se toma en cuenta las circunstancias del hecho y la situación económica del imputado, para reducir el monto que éste ofreciera, omitiendo toda consideración respecto a la finalidad reparativa del importe otorgado.
Como bien lo afirma la Cámara el monto de tal reparación no surge de alguna pretensión ejercida por el damnificado, sino por iniciativa del imputado quien pretende beneficiarse y como recaudo del instituto de la "probation", sin que ello implique la confesión ni reconocimiento de su responsabilidad civil. Pues bien, si con tal ofrecimiento el imputado no asume ni puede presumirse obligación derivada de su responsabilidad, mal puede entonces interpretarse, esta vez en relación al damnificado, que con el solo retiro de los fondos depositados, se ha producido una suerte de "aceptación voluntaria de una transacción del conflicto privado" como lo entiende el Juez de primera instancia (…)La transacción en cambio, como acto jurídico bilateral extintivo de obligaciones litigiosas o dudosas (Art.832 del C.C) requiere de la expresa manifestación de la intención de transigir mediante mutuas concesiones recíprocas y con la finalidad clara de extinguir esas obligaciones litigiosas o dudosas.
En el caso no puede hablarse de bilateralidad (…) ni tampoco expresó cuál era su pretensión, como así tampoco consta el haber efectuado alguna concesión a la obligada la que, por supuesto, debió ser expresa....”.
Ahora bien, sentada la doctrina y jurisprudencia que considero aplicable al presente caso bajo juzgamiento, comenzaré a dar desarrollo y resolución a los agravios expuestos.
Así las cosas, a fs. 12/16 obra glosada la demanda de daños y perjuicios interpuesta por el Sr. Oscar Castelo, la cual fuera dirigida contra el Sr. Torres Cristian Humberto, ello en virtud del hecho que supuestamente ocurriera el día 18 de diciembre de 2011, en circunstancias en que el actor acompañado de su esposa Jorgelina Alvarenga conduciendo su rodado y en situación de efectuar una maniobra de paso en la intersección de Jujuy y América de Villa Luzuriaga, tiene un altercado con el demandado, quien se baja de su vehículo –según relata- y comienza a propinarle golpes de puño en la cabeza y rostro del actor.
Corrido el traslado de demanda a fs. 17/18, se presenta el demandado a fs. 28/36 vta. interponiendo como excepción de falta de acción (transacción), destacando que la aceptación de la indemnización (en la suspensión de juicio a prueba) en concepto de reparación de daño a la víctima cierra la vía civil para todo reclamo posterior.
En consecuencia, a fs. 37 S.S. corre traslado de la respectiva excepción, la cual fuera contestada por la actora a fs. 39/44, resolviendo finalmente el sentenciante de grado a fs. 54/56 vta., haciendo lugar a la excepción interpuesta, imponiendo las costas a la parte actora y regulando los honorarios de los profesionales intervinientes; situación que motivara el presente recurso de apelación por el accionante.
Por otra parte, y continuando con el análisis de la prueba aportada al proceso, la causa penal nro.: 567/12 que corre por cuerda ha sido ofrecida como medio probatorio por la parte actora y la parte demandada en este proceso, quedando incorpora como medio probatorio instrumental público y con “validez y eficacia jurídica” a este juicio por el principio de adquisición procesal y todas sus actuaciones, trámites, constancias, declaraciones testimoniales, pericias, etc., prueban en contra o a favor de cualquiera de las partes involucradas en el proceso.
Es así, que luego de iniciada la presente causa por denuncia del Sr. Oscar Castelo –hoy actor-, a fs. 155/159 vta. se presenta el demandado solicitando la suspensión del juicio a prueba. Del mismo modo, a fs. 162/163 se lleva adelante un acta en donde se deja la siguiente constancia: “Comparecen las partes en presencia de S.S.a., siendo el agente fiscal el doctor Daniel Sueiro de la UFIYJ nro. 3 Deptal., por la defensa se encuentra el Doctor Eduardo Chaca defensor particular (Tº28 Fº 285 CASI) y el imputado Cristian Humberto Torres, a los fines de realizar una audiencia en los términos del artículo 67 de la ley 12061, en la causa nro. 567/12 caratulada “Torres, Cristian Humberto s/ Leiosnes Leves”, por lo que seguidamente se concede la palabra a las partes que manifiestan que han arribado a un acuerdo, expresando el agente fiscal que habiendo mantenido conversaciones con la defensa brinda el consentimiento para la aplicación de la suspensión de juicio a prueba solicitando por el término de un año el cumplimiento de la regla que fija el art. 27 bis inc. 1 primera parte del Código Penal: Fijar residencia. Por su parte la Defensa y su asistido adhieren a lo manifestado por el Ministerio Público Fiscal ofreciendo indemnizar a la víctima con la suma de setecientos pesos ($700), contando con la aquiescencia del pretensor público…”.
Por lo cual, a fs. 167/169 el Sr. Juez del Tribunal Correccional Nro. 1 Deptal, resuelve que atento al “acuerdo entre el representante del Ministerio Público Fiscal, la defensa y el imputado, brindando el primero el consentimiento para la aplicación del instituto de Suspensión de Juicio a Prueba por el término de ley y de acuerdo con lo establecido por el art. 76 bis del Código de fondo, solicitando el cumplimiento de la regla que establece el art. 27 bis apartados 1) primera parte del aludido ordenamiento legal, adhiriendo la defensa y su pupilo, y el pago de una indemnización de setecientos pesos ($700) en concepto de reparación del daño a la víctima”. Del mismo modo, en dicha resolución se destacan las condiciones personales del imputado, como ser no poseer antecedentes penales y que el delito que se le endilga contempla una pena cuyo máximo no excede a los tres años de prisión. Finalmente, en cuanto a la razonabilidad del ofrecimiento, destacó que: “el que consiste en una indemnización de setecientos pesos ($700) a efectuarse en concepto de reparación del daño a la víctima y existiendo expresa conformidad del representante del ministerio Público Fiscal, resulta suficiente, atento la naturaleza del hecho y siendo que el endilgado, a fin de tener acceso al instituto analizado, debe ofrecer reparar el daño en la medida de sus posibilidades. Que atento a la entidad del injusto y la posibilidad cierta de Torres de asumir dicha reparación conforme sus posibilidades, entiendo razonable el ofrecimiento impetrado en punto a satisfacer el requerimiento legal a los fines del otorgamiento del instituto del que se viene hablando…”, declarando por ello procedente la suspensión de juicio a prueba.
En consecuencia, a fs. 190 se labra acta en el cual se deja constancia que el imputado hace entrega de setecientos pesos ($700) al Sr. Oscar Castelo, quien recibe dicho importe.
Ahora bien, del relato pormenorizado de los hechos no puedo dejar de advertir dos cuestiones:
En primer lugar, que el artículo 76 bis del Código Penal dispone que a los fines de obtener el beneficio de la suspensión del juicio a prueba, el imputado debe ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño “en la medida de lo posible”, dicha cuestión resulta completamente opuesta a lo que dispone el principio de reparación integral e inviolabilidad de la persona humana, el cual se encuentra fundado en normas constitucionales. Vale decir, ya he destacado que dicha reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida, ni tampoco si el resarcimiento resulta en valores irrisorios o insignificantes en relación con la entidad del daño resarcible.
Como hemos podido constatar de lo “ut supra” desarrollado, la razonabilidad que se aplica en el derecho penal a los fines de analizar la indemnización otorgada a la víctima, es en miras al patrimonio del imputado y sus posibilidades económicas, por lo cual dicho requisito se analiza a los fines de facilitar o beneficiar la situación del imputado, permitiéndole acceder a la suspensión del procedimiento penal, en donde la suma ofrecida puede –incluso- no indemnizar todo el daño ocasionado a la víctima. Es evidente, que este beneficio no pone énfasis en las condiciones o secuelas padecidas por la víctima. No escapa a este sentenciante, que la resolución de fs. 167/169 de la causa penal ha analizado la razonabilidad del ofrecimiento en virtud de las posibilidades ciertas del imputado Torres, como así también solo se han analizado las condiciones personales de éste (como ser no tener antecedentes penales, plazo de la pena, etc.) sin que se haya hecho mención alguna a la condición física del actor, secuelas padecidas, rubros al que correspondería la indemnización fijada, etc.
En consecuencia, lo actuado en sede penal ha hecho foco en el victimario y no en la víctima del daño, haciendo que la suma otorgada no esté destinada a cumplir con el deber de otorgar una reparación integral sino más bien con una formalidad que ha beneficiado la situación penal del demandado Torres Cristian.
En segundo lugar, respecto al agravio que gira en torno a que entre las partes ha existido una transacción, debo adelantar que de la atenta lectura de la causa penal no surge que haya existido una negociación entre el actor y el demandado para que pueda tenerse por configurada la extinción de la obligación que hoy se reclama en los autos principales. Vale decir, conforme el relato pormenorizado de los hechos, ha quedado acreditado que: a) la suspensión del juicio a prueba lo ha solicitado el propio imputado; b) que a fs. 162/163 se ha efectuado un acta en donde el acuerdo ha sido efectuado y negociado entre el propio imputado, el agente fiscal y el defensor –no surgiendo la participación ni consentimiento por parte del actory c) el ofrecimiento de reparación por el importe de 700 pesos ha sido aceptada por el Fiscal interviniente.
Que asimismo, a fs. 167/169 el Sr. Juez Correccional ha destacado nuevamente que se ha efectuado un acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal, la defensa y el imputado y que ha sido el Fiscal interviniente quien ha dado su consentimiento para la obtención de la suspensión de juicio a prueba. Como así también, que el importe de 700 pesos en concepto de indemnización por reparación del daño ha sido ofrecido con expresa conformidad del representante del Ministerio Público Fiscal. En suma, insisto, no observo intercambio ni acuerdos efectuados por el accionante que hagan presumir la participación de este en la negociación sobre la suma otorgada en concepto de reparación. Tanto en el acta de acuerdo como en la resolución que declara el otorgamiento del beneficio de suspensión de juicio a prueba, no existe intervención ni negociación por parte del apelante.
Para hablar de transacción en los términos del art. 832 del Código Civil, como acto jurídico bilateral que extingue obligaciones litigiosas o dudosas, requiere de la expresa manifestación de voluntad de las partes de transigir haciéndose concesiones recíprocas y con la clara finalidad de extinguir dichos derechos. Dicha situación no puede –a ver de este sentenciante- tenerse por configurada en la especie, pues no hay manifestación de voluntad expresa por parte del actor que haga viable dar una interpretación distinta. Si bien a fs. 190 de las actuaciones penales compulsadas, el actor ha recibido el dinero otorgado por el imputado, no surge en dicha acta que el actor haya renunciado a obtener la reparación del daño en sede civil, pues pudo aceptar el ofrecimiento dinerario a los fines de que el hoy demandado pueda continuar con el beneficio otorgado, pero de ninguna manera puede interpretarse que en dicha acta haya existido una renuncia expresa a la reclamación del daño por vía civil, pues conforme dispone el art. 874 del Código Civil, la intención de renunciar no se presume y la interpretación de los actos que induzca a probarla debe ser restrictiva.
Así las cosas, en base a lo “ut supra” expuesto poco trecho queda recorrer para advertir que asiste razón al apelante en sus agravios, debiendo revocarse la resolución apelada, la cual tiene por operada la extinción de la obligación por transacción y continuarse con el trámite de las actuaciones, dejándose sin efecto la regulación de honorarios allí practicada y declarándose abstracto el tratamiento de sus respectivas apelaciones. Finalmente, quiero destacar que lo aquí resuelto de ningún modo puede considerarse como prejuzgamiento por esta Alzada, puesto que el Principio de Reparación Integral del Daño solo será posible en la medida de configurarse y acreditarse los diversos presupuestos de la responsabilidad civil mediante la prueba que se aporte al proceso.
En cuanto a las costas generadas en Primera y Segunda Instancia, propicio se impongan por su orden, atento a la forma en que se resuelve y lo novedoso de la cuestión. (artículo 68 2º párrafo del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad.
Por ello y los fundamentos precedentemente expuestos, VOTO POR LA NEGATIVA.
CONSIDERANDO: Conforme la votación que instruye el Acuerdo que antecede, éste Tribunal
1. REVOCAR la resolución apelada en cuanto fuera materia de agravios, debiendo continuarse con la tramitación del proceso. 2°) IMPONER las costas de Primera y Segunda Instancia por su orden, atento a la forma en que se resuelve y lo novedoso de la cuestión. (artículo 68 2º párrafo del CPCC), 3º) DEJAR SIN EFECTO las regulaciones de honorarios y declarar abstracto el tratamiento de sus respectivas apelaciones. 4º) DIFERIR la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad procesal. REGISTRESE.
DEVUELVASE.-
Fin de la sentencia