Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa EX-2019-74390385-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 221/2013, 222/2013 y 223/2013. Con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Jorge Omar Castillo, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las tareas desarrolladas, conforme lo dispuesto por la ley 27.423, en la siguiente forma:
A) Por el Expediente Ex-2019-74390385-APN–SGAI#TFN, en las sumas de $93.231 equivalente a 1,38 UMA por la representación procesal y $233.078 equivalente a 3,45 UMA por el patrocinio letrado.
B) Por el Expediente EX-201974398371-APN-SGAI#TFN, en las sumas de $128.333 equivalente a 1,90 UMA por la representación procesal y $ 320.832 equivalente a 4,74 UMA por el patrocinio letrado.
C) Por el Expediente EX 2019-74407096-APN-SGAI#TFN, en las sumas de $31.142 equivalente a 0,46 UMA por la representación procesal y $77.856 equivalente a 1,15 UMA por el patrocinio letrado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-107907793-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 29 de Septiembre de 2025 Omar En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente EX-2019-74390385--APN-SGAI#TFN y sus acumulados EX-2019- 74398371--APN-SGAI#TFN y EX-2019-74407096--APN-SGAI#TFN, caratulado "Castillo, Jorge Omar s/apelación" La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Jorge Omar Castillo interpuso el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones emitidas en la Dirección Regional Sur de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
- N° 221/2019: allí se determina de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2014, intimándole el ingreso de $308.000.
- N° 222/2019: allí se determina de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado en el período fiscal 9/2014, intimándole el ingreso de $184.800.
N° 223/2019: allí se determina de oficio su obligación en el impuesto sobre los bienes personales de los períodos fiscales 2014 a 2016, intimándole el ingreso de la suma total de $96.772,49.
Además, en las Resoluciones Nros. 221/2019, 222/2019 y 223/2019 se intima el pago de los intereses resarcitorios en virtud de lo dispuesto en el art. 37 de la ley 11.683 y se difiere la aplicación de las sanciones al juzgamiento de la conducta en sede penal, conforme al art. 20 del régimen penal tributario (t.v.).
En sus presentaciones ante este Tribunal, el Sr. Castillo explica que los ajustes son consecuencia de atribuirle un incremento patrimonial no justificado respecto de un inmueble ubicado en la Provincia de Mendoza, adquirido en el mes de septiembre de 2014 (Partida 11-04261-1), junto con otros dos inmuebles (Partidas 61-41551-9 y 11-08033-0) que también están a su nombre y sí estaban declarados. Aclara que allí funciona el paseo de compras que explota la empresa Mega Polo La Salada S.A.
Invoca la vulneración al principio de la realidad económica –arts. 1 y 2, ley 11.683- ya que, según dice, el inmueble en cuestión fue declarado impositivamente por Mega Polo La Salada S.A., cuyos titulares son él y su conviviente. Destaca que ello obedeció a un error del profesional contable que lo incluyó en las declaraciones juradas de la empresa. Invoca que la empresa no tiene bienes registrables a su nombre y que es entonces un activo societario de la empresa. A continuación, menciona que lo registró como Bien de Uso en los estados Contables al 31.12.2013 por un monto de $1.400.000 que corresponde a “Anticipo adquisición de inmueble”, originado en aportes del Sr. Castillo identificados en la contabilidad como “Directores y Accionistas”.
Agrega que así se mantuvo también en los Estados Contables posteriores -2014 a 2017, cuyas copias adjunta también como prueba documental.
Sigue explicando que el pasivo se redujo a $400.000 en el año 2014 y se registró el pago de la empresa al Sr. Castillo de $1.000.000; por último, en el período fiscal 2015 el Sr. Castillo incluyó dicho importe ($400.000) en el régimen de exteriorización de activos, sinceramiento fiscal, previsto en ley 27.260 y sus regl.
Menciona a continuación que la empresa pagó el impuesto sobre los bienes personales al incluir el terreno como activo, así como también el impuesto a las ganancias y al valor agregado, e invoca a su favor el régimen de compensación del art. 28 de la ley 11.683.
Adjunta prueba documental, consistente en los Estados Contables de Mega Polo La Salada S.A. de los ejercicios 2013 a 2017 y copia del libro diario y de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, del impuesto sobre los bienes personales y del impuesto a la ganancia mínima presunta de dicha empresa de los períodos 2014 a 2016, ofrece prueba informativa y pericial contable sobre las registraciones de Mega Polo La Salada S.A. y, solicita, que se revoquen las Resoluciones.
II. A su turno, el Fisco Nacional contesta el traslado de los recursos de apelación. Allí explica que los ajustes surgieron de la fiscalización llevada a cabo por la Dirección Regional Mendoza a Mega Polo La Salada S.A. en la que el Sr. Castillo es accionista, en la que se constató la falta de declaración de uno de los inmuebles escriturados a su nombre integrante del predio donde funciona la feria La Salada.
Explica que se solicitó a la escribana interviniente la escritura de compra en original y que ésta la aportó. De la misma surgió que el titular era el aquí recurrente, que adquirió el inmueble el 26.9.2014, y que pagó por el mismo $800.000 (Escritura N° 9 del 26.9.2014).
Se constató asimismo que el Sr. Castillo no declaró impositivamente el inmueble en el período fiscal 2016 y fue por ello que el juez administrativo sostuvo la aplicación de la presunción de incremento patrimonial no justificado prevista en el art. 18, inc. f) de la ley 11.683, determinando ingresos omitidos en el impuesto a las ganancias del período fiscal 2014 y ventas sin declarar en el impuesto al valor agregado del período fiscal 9/2014, correspondiente a la fecha de adquisición del inmueble.
Menciona que no resulta aplicable a los hechos acreditados el principio de realidad económica y que el Sr. Castillo reconoció la titularidad del inmueble, por lo que se hizo fue aumentar los ingresos y las ventas sin declarar, en la forma prevista en la norma citada, e incluir el mismo como activo en la base imponible del impuesto sobre los bienes personales. Rechaza, por último, que pueda aplicarse la compensación del art. 28 de la ley 11.683 por no darse los presupuestos allí establecidos, en particular, porque Mega Polo La Salada S.A. es un contribuyente diferente y no es uno de los responsables solidarios de los enumerados en el art. 6° de la misma ley, por lo que no es legalmente procedente la compensación entre los supuestos saldos acreedores.
III.-Por auto del 19 de mayo de 2022 el Tribunal en Pleno dispuso la acumulación de los Expedientes en el que tramitaba en la Vocalía XI y por PV-2024-36654250-APN-VOCXI#TFN se dispuso la apertura prueba de los mismos, haciéndose lugar a la prueba informativa a la Administración Federal de Ingresos Públicos y a la prueba pericial contable. Luego, ante la falta de actividad del Sr. Castillo en producir las pruebas admitidas, se dio por decaído su derecho. Por PV2025-28579569-APN-SGAI#TFN se clausura el periodo probatorio y a continuación se elevan las actuaciones a la Sala, quedando en el IF-2025-105788104-APN-VOCXI#TFN en estado de dictarse la sentencia.
IV. Corresponde resolver sobre la legitimidad de las Resoluciones a partir de los agravios formulados por el Sr. Castillo y las pruebas rendidas en este Expediente y en las actuaciones administrativas previamente sustanciadas. Para ello cabe tener en cuenta que de sus Considerandos surge que los ajustes allí notificados son consecuencia de la causa penal tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora a partir de una denuncia por evasión fiscal en el complejo “La Salada”, que incluyó órdenes de allanamiento, y a las resultas de la cual, además, se dispuso el decaimiento de los beneficios de la ley 27.260 en el período fiscal 2014 (art. 46). Ello, implicó un ajuste en el impuesto a las ganancias sobre los bienes sincerados en dicho ejercicio de $10.000. Además, se le determinaron de oficio diferencias de ingresos por $62.826,43.
El decaimiento de los beneficios sinceramiento tuvo efecto también en el impuesto sobre los bienes personales en los periodos fiscales 2014 y 2015 por el concepto activos no declarados que incrementaron las bases imponibles declaradas por el Sr. Castillo.
En cuanto a estos ajustes, el Sr. Castillo no presentó agravios en ninguno de los gravámenes determinados, por lo que deben considerarse firmes y consentidos.
Respecto del ajuste por incremento patrimonial no justificado, que es contra el cual dirige sus agravios el Sr. Castillo, el indicio adoptado por el juez administrativo conforme al art. 18 inc. f) de la ley 11.683 es la verificación del terreno –Partida 11-04261-1- sin declarar, por lo que éste para refutarlo tenía que acreditar los ingresos para adquirirlo en el año 2014.
No se encuentra en discusión que el Sr. Castillo era el titular del terreno ya que la escritura y la registración dominial están a su nombre. Así surge del Legajo pedido de colaboración, que forma parte de las act. adm., en el que obran las copias de las tres escrituras a su nombre. El Sr. Castillo no niega esta titularidad, ni tampoco la fecha en que se hizo la operación, ni el monto, datos objetivos que surgen de dichos instrumentos.
Lo que dice es que, en realidad, por un error su contador declaró el inmueble en cabeza de Mega Polo La Salada S.A. en la que es accionista junto con su conviviente, y que como ésta pagó los impuestos por la tenencia del mismo, entiende, deben ser compensados por aplicación del art. 28 de la ley 11.683.
Notificado de los ajustes y luego de la Resolución que confirió la vista del art. 17 de la ley 11.683, el Sr. Castillo no presentó descargo, ni defensas ni pruebas.
Sí lo hizo ante este Tribunal, donde junto con el recurso de apelación, adjuntó como prueba documental, la siguiente: • Copia del libro diario de Mega Polo La Salada S.A. en el que obran aportes de accionistas que el 31.12.2013 se registran como “Anticipo compra de inmueble” por $1.400.000.
• El 30.11.2014 se registra en la cuenta particular del Sr. Castillo la suma de $800.000 y el 31.12.2014, de $400.000. • En las DJ del impuesto a la ganancia mínima presunta de los períodos 2014 a 2017, se declaran como bienes computables $4.115.728,02, $8.839.919, $14.107.319 y $24.4641.653,96, respectivamente.
• En las DJ del impuesto sobre los bienes personales –Acc. y Participaciones- de los períodos 2014 a 2017 también, se declaran activos por $6.312.995,56, $8.839.919, $17.297.324,34 y $30.563.216,02, respectivamente.
• En los EE al 31.12.2013 se registra como “Pasivo No corriente- Cargas fiscales”, los aportes de directores y accionistas por $1.400.000; los EE al 31.12.2014, entre los Bienes de Uso, se consigna la suma de $1.400.000 por “Anticipo Adquisición Inmueble”.
De dichos elementos en modo alguno surge la prueba de la justificación patrimonial que el Sr. Castillo debía probar conforme al art. 18, inc. f) de la ley 11.683. Las declaraciones juradas de la empresa fueron presentadas en esta instancia sin los papeles de trabajo con apertura de datos, mientras que lo expuesto en los Estados Contables solo permite dar cuenta de registraciones de movimientos de fondos entre Mega Polo La Salada S.A. y el Sr. Castillo, no de la efectiva existencia de tales movimientos. En definitiva, tanto legal como fiscalmente el único contribuyente por el inmueble en los diferentes gravámenes en el período fiscal 2014 era el Sr. Castillo y es él quien debió justificar la capacidad para adquirirlo en un origen distinto a ingresos y ventas omitidas como presume el Fisco Nacional.
Tampoco ello fue probado a través de informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos ya que el Sr. Castillo no diligenció los oficios con tal fin, ni tampoco impulsó la producción de la prueba pericial contable que perseguía conocer la situación del inmueble en la contabilidad de la empresa, configurándose así el desinterés en su producción que determina también el destino de sus agravios.
Se advierte de ese modo la falta de prueba sobre los agravios con los que pretende desvirtuar la presunción de incremento patrimonial no justificado en las Resoluciones Nros. 221/2013 y 222/2013, que no puede ser salvada invocando genéricamente la aplicación a su favor del principio de realidad económica, que procede ante supuestos disímiles, ni atribuyendo un error al profesional que intervino en la confección de las declaraciones juradas. Ello, en virtud de lo dispuesto en el art. 13 de la ley 11.683 que hace responsable al contribuyente declarante, aún cuando las tareas se deleguen en terceros.
Cabe recordar, además, que el Sr. Castillo no controvierte que él es titular del inmueble, entonces debió justificar su capacidad para adquirirlo, extremo que no logró con la única prueba documental aportada.
Por otro lado, sostiene el Sr. Castillo que quien declaró el inmueble y pagó los impuestos sobre el mismo –Ganancias, IVA, Bienes Personales e impuesto a la ganancia mínima presunta, según dice-, fue Mega Polo La Salada S.A., pero este extremo tampoco fue acreditado, ni en esta instancia ni en la previa administrativa sustanciada en la que no presentó ningún descargo. De cualquier modo, debe decirse que la compensación que pretende no tiene ley que la autorice. En efecto, el art. 28 de la ley 11.683 que es la norma que cita dispone que, “La ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS podrá compensar de oficio los saldos acreedores del contribuyente, cualquiera que sea la forma o procedimiento en que se establezcan, con las deudas o saldos deudores de impuestos declarados por aquél o determinados por la ADMINISTRACION FEDERAL y concernientes a períodos no prescriptos, comenzando por los más antiguos y, aunque provengan de distintos gravámenes. Igual facultad tendrá para compensar multas firmes con impuestos y accesorios, y viceversa. La facultad consignada en el párrafo anterior podrá hacerse extensible a los responsables enumerados en el artículo 6º de esta ley, conforme los requisitos y condiciones que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos”.
Pero asiste razón a la representación fiscal cuando alega que la compensación de los saldos acreedores se encuentra permitida en el mismo contribuyente o, en su caso, con alguno de los responsables solidarios enumerados en el art. 6° de la ley 11.683, supuestos que no se dan en el caso, ni tampoco fue invocado. Más aún, la RG 1658/2004 que reglamentó dicha norma, dispone en su art. 1° que, “Los contribuyentes o responsables mencionados en el Artículo 5° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, podrán solicitar la compensación de sus obligaciones fiscales —determinadas y exigibles— con saldos a su favor aun cuando éstos correspondan a distintos impuestos, de conformidad con el régimen que se establece en la presente resolución general.
Dicha compensación procederá en tanto los saldos deudores y acreedores pertenezcan, a la vez, a un mismo sujeto en su carácter de titular pasivo de su deuda impositiva y titular activo de su crédito contra el Fisco, y siempre que la autoricen las normas que rigen los gravámenes de que se trate”.
Y expresamente aclara que, “Los responsables por el cumplimiento de deuda ajena y los responsables sustitutos a que se refiere el Artículo 6° de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1998 y sus modificaciones, no podrán solicitar la compensación a que alude la presente”.
Es decir, como ya se señaló, la compensación por el pago de impuestos entre contribuyentes que invoca el Sr. Castillo no se encuentra contemplada en el procedimiento tributario nacional.
Por ello, corresponde confirmar la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones, tanto en concepto de capital como intereses resarcitorios que se devengan en forma automática (art. 37, ley 11.68. Las costas se imponen a la vencida. El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Atento al resultado de la votación que antecede,
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 221/2013, 222/2013 y 223/2013. Con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo de Jorge Omar Castillo, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido, las etapas cumplidas y las tareas desarrolladas, conforme lo dispuesto por la ley 27.423, en la siguiente forma:
a) Por el Expediente Ex-2019-74390385-APN–SGAI#TFN, en las sumas de $93.231 equivalente a 1,38 UMA por la representación procesal y $233.078 equivalente a 3,45 UMA por el patrocinio letrado.
b) Por el Expediente EX-201974398371-APN-SGAI#TFN, en las sumas de $128.333 equivalente a 1,90 UMA por la representación procesal y $ 320.832 equivalente a 4,74 UMA por el patrocinio letrado.
c) Por el Expediente EX 2019-74407096-APN-SGAI#TFN, en las sumas de $31.142 equivalente a 0,46 UMA por la representación procesal y $77.856 equivalente a 1,15 UMA por el patrocinio letrado.
Se deja constancia de que las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese y notifíquese Date: 2025.09.26 15:12:55 -03:00 Date: 2025.09.29 07:31:03 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.09.29 11:16:52 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.09.29 11:16:54 -03:00
Fin de la sentencia